“El problema de la vivienda se arregla metiéndole dinero”. Así de claro fue ayer el presidente de la patronal asturiana de la construcción CAC-Asprocon, Joel García, sobre cómo solucionar uno de los principales problemas para los españoles y para los asturianos. En ese sentido, explicó que el precio lo marcan variables como la mano de obra, los materiales o la energía: “Nadie puede pretender que trabajemos a pérdidas. Si hay que hacer vivienda asequible, primero marquemos cuánto cuesta y luego demos la ayuda necesaria para que todo el mundo pueda acceder a ella”.
Durante su intervención en la asamblea general de la patronal, el presidente de la confederación defendió que, “como es lógico”, las empresas tienen que ser rentables y favorecer el desarrollo económico y crear empleo, y señaló que “no puede haber una política de vivienda correcta sin la participación de los promotores y constructores”. Por eso, García pidió, como en anteriores ocasiones, que se reduzcan los trámites para la concesión de licencias y que se ponga solución a la burocracia.
Además, reclamó al Principado que cumpla con el compromiso del 3% de inversión en infraestructuras en los presupuestos de 2026 y que el gasto sea “cada vez más eficaz”. También expresó su preocupación por el final de los fondos europeos en 2027 y por el “necesario” gasto en defensa, que «no se dedica a infraestructuras y pisos». Además, anunció un acuerdo con la Universidad de Nebrija para lanzar un máster de Urbanismo.
Otras cuestiones que abordó durante su discurso fueron el «alarmante aumento de las bajas laborales», la necesidad de unos impuestos «justos y proporcionales», el «compromiso» de las empresas frente a la siniestralidad laboral o la inminente llegada de trabajadores de Hispanoamérica –en este caso Paraguay– para paliar la falta de profesionales.
Por su parte, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, calificó de «fundamental» al sector de la construcción, porque «no solamente resuelve problemas a los ciudadanos, sino también a las administraciones públicas». En esa línea, reconoció que el de la vivienda es «el mayor reto que tenemos» y defendió que el impulso económico y presupuestario del Principado en esta materia refleja que «está comprometido con un trabajo que tiene muchas capas y en el que la colaboración con los municipios es fundamental para facilitar suelo».
Asimismo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez, hizo hincapié en la necesidad de impulsar la vivienda protegida: «Es uno de los problemas más importantes que tenemos en el horizonte. Urge la colaboración entre administraciones, pero también con el sector privado» bit.ly/3XT3aJl
También reclamó el presidente de CaC-Asprocon que el aumento del precio del módulo de vivienda protegida "no suponga un encarecimiento para el comprador" y que, al mismo tiempo, ese incremento "refleje los costes de construcción como los materiales o el precio de la energía", de modo que constructores y promotores "no trabajen a pérdidas". La solución, a su juicio, pasa por que en el precio final intervengan "las políticas públicas de vivienda".
En este sentido, García saludó las medidas incluidas en el nuevo Plan Nacional de Vivienda y urgió a su "rápida aplicación" en Asturias. También considera una noticia positiva que en los Presupuestos del Principado de 2026 hayan aumentado en 30 millones de euros, hasta los 187 millones, las políticas de promoción de vivienda. Y remarcó que el segmento de la construcción de vivienda industrializa será "una contribución importantísima" a las necesidades inmobiliarias de la población y al abaratamiento de los costes.
García también llamó a la agilización de la burocracia administrativa, lamentando que "las licencias se eternizan, los trámites se duplican y las autorizaciones de las administraciones no se coordinan". "No hay financiación que resista eso", alertó.
García puso el foco en otro asunto "alarmante": las bajas laborales en Asturias. "No parece muy normal que hayan crecido un 43% en cinco años. Las cifras lo dicen todo: 20.000 trabajadores faltan al trabajo cada día en Asturias", advirtió García, que instó a todos los agentes públicos y económicos a "aclarar perfectamente las causas, y las medidas que se pueden poner en marcha para prevenir y controlar seria y correctamente este problema". bit.ly/44WgKPX
Las afirmaciones de Joel García —que “el problema de la vivienda se arregla metiéndole dinero”, que hay que reconocer y repercutir costes (mano de obra, materiales, energía) y que las políticas públicas deben intervenir para sostener precios asequibles— adquieren otra dimensión cuando cruzamos ese discurso con las cuentas públicas de la patronal/ asociación de promotores y constructores objeto de análisis. Los estados financieros muestran que la organización tiene unos ingresos anuales modestos (orden de cientos de miles de euros), una fuerte dependencia de ingresos públicos, un resultado negativo profundo en 2023 y un patrimonio neto negativo, lo que plantea consecuencias prácticas, de credibilidad y de riesgo de conflicto de intereses a la hora de pedir más dinero público y cambios regulatorios. FORO Asturias+1
Datos clave (hechos observables).
- Ingresos ordinarios gestión 2023: 412.486,60 € (frente a 549.046,45 € en 2022). Esto muestra una caída de ingresos ordinarios año a año. FORO Asturias
- Del total de ingresos ordinarios 2023, 397.649,60 € proceden de origen público y apenas 14.837,00 € de origen privado (afiliados, servicios, otros). Es decir, ~96% de los ingresos provienen de fondos públicos/grants/contratos. FORO Asturias
- Resultado del ejercicio 2023: -318.943,05 € (negativo), explicado en buena parte por gastos vinculados a “actividad electoral” (gastos extraordinarios de 380.580,84 €) que dejan el balance fuertemente tensionado. El patrimonio neto resulta -161.911,98 € al cierre de 2023. FORO Asturias+1
Consecuencias (análisis y riesgos derivados de comparar discurso y cifras).
- Argumento político- fundamentado pero
dependiente del dinero público.
Cuando la patronal declara que “hay que meterle dinero” para hacer vivienda asequible, su capacidad real de influir depende de su posición financiera y de su acceso a fondos públicos. Los datos muestran que la asociación en cuestión recibe la mayor parte de sus ingresos desde la administración: esto le da legitimidad para reclamar más inversión pública (porque ya opera con subvenciones/contratos), pero también la coloca en una posición de dependencia que condiciona su independencia de criterio y aumenta la percepción de que su mensaje puede estar apoyado por recursos públicos que ella misma gestiona. Para los responsables políticos, esto convierte la petición en doble filo: dar más dinero puede atender la demanda, pero también perpetuar una dependencia y crear presiones de rendición de cuentas. FORO Asturias - Credibilidad y asimetría entre discurso
y solvencia.
Una organización como la CAC-Asprocon que factura en torno a algunos centenas de miles de euros y que muestra pérdidas extraordinarias puede no ser percibida como representante de un sector con capacidad financiera para asumir riesgos o inversiones a gran escala. Cuando su presidente pide reducción de trámites, revisión del módulo de vivienda protegida o mayores inversiones, los interlocutores (gobierno, ayuntamientos, bancos, sindicatos) puede dar lugar a que los ciudadanos se pregunten hasta qué punto esas demandas buscan realmente viabilidad social o cubrir necesidades de supervivencia asociativa. La caída de ingresos del año 2022 a 2023 (y el resultado negativo) debilita la posición negociadora de la patronal a menos que aporte proyectos concretos con financiación ajena o privada. FORO Asturias+1 - Presión para captar más fondos públicos
y justificar su uso.
Dado el peso de los ingresos públicos en su cuenta, la patronal tendrá incentivos fuertes para pedir incrementos presupuestarios, compromisos de inversión (p.ej. el 3% en infraestructuras que reclamó) y contratos de promoción de vivienda. Esto tiene dos efectos prácticos: - (a) puede acelerar la ejecución de obra pública si la administración concede fondos, y
- (b) obliga a la administración a exigir mayor transparencia y control sobre a qué actividades se destinan esos fondos (para evitar que ayuda pública financie gastos estructurales o electorales). La existencia de gastos electorales extraordinarios en 2023 (380.580,84 €) hará más probable la exigencia de auditorías o justificaciones por parte de la administración. FORO Asturias
- Incentivo a la industrialización de la
vivienda como argumento técnico y comercial.
La patronal cuestiona el encarecimiento por materiales/energía y propugna la industrialización para abaratar costes. Dada su limitada capacidad de tesorería (tesorería 12.206,25 € y saldo corriente reducido) y su endeudamiento/cuentas a pagar, promover la industrialización puede ser una estrategia lógica: ofrece una solución técnica para reducir plazos y costes, que a su vez puede atraer inversión pública o privada específica (líneas de ayuda a innovación o pilotaje). Pero para que esto funcione será necesario que la patronal articule proyectos concretos con socios industriales y financiación externa; un discurso genérico no será suficiente. FORO Asturias - Riesgo reputacional: conflicto entre
pedir ayudas y mostrar resultados negativos.
El llamamiento a que “las políticas públicas entren en el precio final” y que no se obligue a construir “a pérdidas” choca con la imagen de una organización con patrimonio neto negativo. Sectores críticos (sindicatos, partidos) pueden argumentar que la patronal busca transferir riesgos privados al sector público. Además, el hecho de que una gran parte de sus ingresos procedan del sector público puede elevar sospechas sobre la priorización de intereses privados a costa del interés público, lo que exige comunicación más transparente. (Ver reacciones públicas a declaraciones similares en prensa y sindicatos). FORO Asturias+1 - Capacidad limitada para
enfrentar problemas internos del sector (bajas laborales, formación,
contratación internacional).
El presidente menciona bajas laborales y necesidad de trabajadores de Hispanoamérica. La patronal parece querer intervenir en formación e importación de mano de obra; pero con recursos limitados y dependencia de subvenciones, su capacidad para diseñar y financiar grandes programas de formación o contratación internacional será reducida a menos que obtenga convenios públicos o financiación europea específica. Además, la finalización de fondos europeos (mención a 2027) agrava la fragilidad financiera si no hay alternativas sostenibles. FORO Asturias+1
Implicaciones prácticas para administraciones y actores (qué actuaciones cabe esperar o exigir).
- Mayor exigencia de transparencia: contratación y ejecución vinculada a fondos públicos exigirá auditorías, justificación de costes y seguimiento estricto. Los estados muestran partidas que justifican esa exigencia. FORO Asturias
- Negociación política con condiciones: la administración puede responder a la demanda de más fondos a cambio de compromisos concretos (p.ej. industrialización pilotada, objetivos de vivienda protegida, plazos, controles de subcontratación).
- Preferencia por modelos mixtos: ante la fragilidad asociativa, el Principado y ayuntamientos tenderán a financiar proyectos con checks and balances (cofinanciación pública-privada, concursos con garantías).
- Mayor escrutinio sobre el uso de recursos para “actividad electoral”: los gastos extraordinarios detectados en el año electoral del 2023 pueden acelerar cambios en la forma en que se permite a asociaciones del sector destinar fondos a campañas o actividades políticas; los financiadores públicos suelen restringir esta práctica. FORO Asturias
Recomendaciones (para la patronal y para las administraciones).
- Para la patronal (CAC-Asprocon / ASPROCON) tiene como deberes:
- Publicar y explicar con detalle la composición de ingresos (origen y finalidad) y justificar los gastos extraordinarios de 2023 para recuperar confianza. FORO Asturias
- Acompañar demandas (más inversión, menos burocracia) con propuestas concretas, proyectos piloto de vivienda industrializada y planes de ejecución con cronograma y fuentes de financiación identificadas. Actualidad Asturias
- Diversificar ingresos (servicios de formación, consultoría, proyectos europeos) para reducir dependencia del 96% de ingresos públicos. FORO Asturias
- Para las administraciones (Principado / Ayuntamientos) tienen como deberes:
- Atender las propuestas del sector, pero condicionar aumentos de presupuesto a métricas de resultado (viviendas entregadas, costes reales, plazos) y a cláusulas de transparencia.
- Promover instrumentos de cofinanciación y riesgo compartido para proyectos de industrialización, con exigencia de informes de seguimiento. Actualidad Asturias
- Revisar y coordinar controles sobre subvenciones y evitar que partidas públicas financien gastos electorales no vinculados a proyectos. FORO Asturias
Conclusión (síntesis final).
Las declaraciones de Joel García sobre “meterle dinero” y
repercutir costes son coherentes con la queja por encarecimiento
(materiales, energía, mano de obra). No obstante, el contraste entre ese
discurso y las cuentas disponibles revela una patronal/ asociación con ingresos
modestos, altamente dependiente de fondos públicos, con un resultado
negativo importante en el año electoral del 2023 y con resultado de patrimonio
neto negativo. Eso transforma sus demandas en peticiones legítimas pero
políticamente sensibles: el Principado y los ayuntamientos pueden tener
razones para financiar medidas propuestas (por su posible efecto sobre el
mercado de la vivienda) —pero también razones para exigir mayor
transparencia, condiciones y proyectos concretos antes de ampliar la dotación.
En suma: su argumentación técnica para aumentar recursos públicos existe, pero
su capacidad financiera real y la dependencia de subvenciones hacen
imprescindible que cualquier inyección de fondos vaya acompañada de controles y
compromisos verificables. FORO Asturias+1
- En las cuentas públicas de ASPROCON (Confederación / Asociación de Promotores y Constructores de Edificación Urbana de Gijón) aparece una partida contable explícita denominada “actividad electoral” con ingresos electorales y gastos de actividad electoral que, en 2023, arrojan un resultado neto negativo importante: Ingresos electorales de origen público: 67.386,89 €; ingresos electorales de origen privado: 1.500,00 €; gastos de actividad electoral: -380.580,84 €; resultado actividad electoral: -311.693,95 €. Estas cifras constan en la cuenta de resultados 2023 hecha pública. FORO Asturias.
- Esa misma cuenta muestra además que la asociación depende en gran medida de fondos públicos para su funcionamiento ordinario (ej. “Ingresos de origen público” 397.649,60 € en 2023). Esto convierte cualquier gasto electoral vinculado a fondos públicos en una cuestión de interés público y de transparencia. FORO Asturias.
- La ley española regula estrictamente la financiación de actividades electorales y de partidos; existe un régimen de subvenciones públicas para gastos electorales (con rendición de cuentas ante los órganos competentes) y normas sobre lo que pueden o no hacer los agentes privados durante periodos electorales. Las responsabilidades y controles aplicables a transferencias públicas y financiación de campañas son materia de la Ley Orgánica de financiación y de la normativa electoral. BOE+1.
2) ¿Qué muestran los números (hechos comprobables)?
Extraído de la Cuenta de Resultados al 31-12-2023 de ASPROCON:
- Ingresos de origen público (gestión ordinaria): 397.649,60 €.
- Ingresos de origen privado (gestión ordinaria): 14.837,00 €.
- Ingresos electorales de origen público: 67.386,89 €.
- Ingresos electorales de origen privado: 1.500,00 €.
- Gastos de las operaciones de la actividad electoral: -380.580,84 €.
- Resultado de la actividad electoral (2023): -311.693,95 €; y Resultado del ejercicio: -318.943,05 €. FORO Asturias.
Vista la situación de la patronal de la construcción asturiana, ¿Por qué el gobierno de Moriyón (Foro + PP) impulsa la subida del módulo de vivienda protegida que pide CAC-ASPROCON? A continuación detallo las razones:
1. Porque subir el módulo beneficia directamente al sector privado y ese sector es el principal actor en la producción de vivienda protegida
El “módulo” es el precio máximo al que se puede vender o alquilar una vivienda protegida. Cuando el módulo sube, ocurre lo siguiente:
- Las promotoras privadas pueden ganar más por cada vivienda.
- La construcción de VPO se vuelve más rentable, por lo que aceptan promover más.
- Se estimula la actividad empresarial de constructoras como las integradas en CAC-ASPROCON.
Es decir, subir el
módulo = crear mejores márgenes para las empresas.
Un gobierno municipal conservador-liberal como Foro + PP suele defender
este enfoque: si las empresas no tienen beneficio, no construirán
vivienda protegida; por tanto, hay que subir el módulo para que la oferta
aumente.
2. Porque Gijón tiene un problema grave de falta de vivienda pública y necesita que el sector privado construya rápido
Gijón está en una situación crítica:
- Falta de vivienda de alquiler asequible.
- Subida acelerada de precios.
- Muy bajo parque público de vivienda.
Foto: Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador en la Ería del Piles visitando las obras
El Ayuntamiento de Gijón no
tiene capacidad suficiente para construir por sí solo.
Depende del sector privado para que se produzca vivienda protegida.
Por eso, desde su óptica, facilitar mejores condiciones económicas al promotor privado es una forma de “activar” obra rápida sin aumentar el gasto municipal.
El gobierno de Moriyón interpreta que si no se mejora la rentabilidad, no habrá VPO suficiente en Gijón, y la presión política caerá sobre ellos.
3. Porque Foro + PP comparten una visión ideológica de mercado con CAC-ASPROCON
La ideología de Foro y PP en materia urbanística y vivienda se basa en tres pilares:
- Menos intervención y menos burocracia.
- Mayor protagonismo del sector privado para generar oferta.
- Incentivos económicos al promotor para que produzca vivienda.
Esto coincide exactamente con el discurso de CAC-ASPROCON:
- “Las licencias tardan demasiado.”
- “Las empresas no pueden trabajar a pérdidas.”
- “Si queremos vivienda asequible, hay que meter dinero.”
- “El módulo debe subir para reflejar los costes reales.”
Ø Por
tanto, el gobierno de Moriyón (Foro y PP) cree que existe un alineamiento
ideológico que cumple el siguiente axioma:
“lo que beneficia a los constructores beneficiará a la ciudad”.
4. Porque CAC-ASPROCON tiene un peso político e institucional muy grande en Asturias
CAC-ASPROCON no es una patronal menor. Es una organización que:
- Representa a la mayor parte de las constructoras y promotoras asturianas.
- Mantiene relación continua con ayuntamientos y Principado.
- Presiona para cambiar normativa, agilizar trámites y asegurar rentabilidad.
- Participa activamente en debates públicos y asambleas económicas.
En la práctica, actúa como grupo de presión con enorme capacidad de influencia.
El gobierno de Moriyón necesita:
- Evitar la paralización urbanística.
- Mantener contento al sector que construye en Gijón.
- Asegurarse inversiones privadas (planes urbanísticos, regeneración urbana, nuevos barrios).
Por eso Moriyón y su concejal de Urbanismo, Martínez Salvador, se han convertido en altavoces —“arietes”— de las demandas de CAC-ASPROCON ante el Principado.
5. Porque la subida del módulo no depende del Ayuntamiento, sino del Principado
El módulo de VPO lo
fija el Gobierno autonómico, no el Ayuntamiento. Si el
Ayuntamiento de Gijón quiere que suba, solo puede presionar políticamente.
De ahí que actúe como “ariete”:
- Genera debate público.
- Crea presión mediática.
- Intenta obligar al Principado (PSOE) y su coaligado de IU a aceptar la subida.
Foro + PP usan esta estrategia porque no tienen la competencia para cambiarlo directamente.
6. Porque el Principado (PSOE) ha mostrado resistencia a subidas fuertes del módulo
El Principado sostiene que:
- Subir el módulo encarece al comprador.
- Puede expulsar a familias del rango de precios protegidos.
- Solo beneficia a promotores privados.
- Es preferible más inversión pública, no elevar precios máximos.
Esto enfrenta al gobierno municipal (conservador-liberal) con el autonómico (socialdemócrata). Por eso, el Ayuntamiento convierte el asunto en un pulso político donde se presenta como defensor del “dinamismo económico” con la cartera de los ciudadanos, frente a un Principado “inmovilista” que rehúye de castigar a los ciudadanos en su cartera.
7. SÍNTESIS: ¿por qué el gobierno de Moriyón actúa como ariete?
Porque convergen 4 intereses:
- Interés del promotor privado: aumentar márgenes → construir más → menos riesgo financiero.
- Interés del gobierno local: activar vivienda rápido sin gastar dinero propio.
- Interés ideológico de Foro + PP: mercado + incentivos al sector privado.
- Interés político: atacar al Principado mostrando que “bloquea” la solución habitacional.
En conjunto, esto explica que el gobierno de Moriyón repita literalmente los argumentos de CAC-Asprocon:
- “Hay que subir el módulo.”
- “Los promotores no pueden trabajar a pérdidas.”
- “La vivienda asequible requiere más dinero público.”
- “La burocracia paraliza la construcción.”
Conclusión
El gobierno de Moriyón actúa como ariete de CAC-Asprocon porque:
Ø Necesita al sector privado para construir vivienda.
Ø Comparte su visión económica y política.
Ø Tiene interés en presionar al Principado.
Ø Busca trasladar la responsabilidad de la falta de vivienda al Gobierno autonómico.
En términos políticos, es
una alianza estratégica:
Lo que pide CAC-ASPROCON coincide con lo que el gobierno municipal de
Moriyón (Foro + PP) quieren defender como modelo de ciudad.
A continuación preparo el mapa de intereses (visual y claro) y después un análisis crítico sobre si subir el módulo genera más vivienda o simplemente traslada renta al sector privado. Al final doy recomendaciones prácticas para evaluar y acompañar cualquier subida.
[Promotores / CAC-ASPROCON]
/ ↑ \
/ | (presión, lobby) \
(demanda / | \ (contratos, suelo)
de más / | \
rentabilidad) | v
[Ayuntamiento Gijón (Foro+PP)] <———> [Principado (Gob. autonómico, PSOE/otros)]
| (interés: activar obra) | (interés: proteger poder adquisitivo, coste fiscal)
| |
|--- busca: subir módulo |--- exige: condiciones / control / subvenciones
| |
v v
[Vecinos / Demandantes] [Presupuestos / Política pública / Legislación]
(interés: precio asequible) (interés: viabilidad fiscal / equidad)
Breve explicación de la red:
- Promotores / CAC-ASPROCON: quieren que el módulo suba porque incrementa el precio máximo permitido de una VPO y por tanto mejora márgenes y viabilidad de promociones (y reduce el riesgo de “construir a pérdidas”). Además presionan por menos trabas administrativas y por medidas que absorban el aumento de costes (materiales, energía, mano de obra). Europa Press+1
- Ayuntamiento de Gijón (Gob. Moriyón — Foro + PP): actúa como canal o “ariete” político del sector. Motivos: (a) necesidad de entregar vivienda (salir del problema de escasez), (b) visión ideológica pro-mercado (activar al sector privado en vez de asumir gasto directo), (c) presión política local para mostrar acción. Por eso exige al Principado que revise el módulo. PSOE Gijón/Xixón+1
- Principado / Gobierno autonómico: tiene la competencia para fijar el módulo y equilibra varios objetivos: garantizar vivienda asequible, controlar impacto en presupuestos, evitar que el módulo sirva de “subsidio encubierto” al promotor. Suele responder con cautela: subirlo puede incentivar obra, pero también encarecer el acceso para familias de menor renta. Hay ejemplos autonómicos que ponen límites o acompañan la subida con ayudas. Cadena SER+1
- Vecinos / Demandantes: quieren precios asequibles. Si el módulo sube sin contrapartidas, parte del beneficio puede acabar convirtiéndose en precio efectivo pagado por compradores protegidos o en exclusión del colectivo al que iba dirigido. El País
- Órganos de control / opinión pública / sindicatos: presionan por transparencia y por evitar transferencias injustificadas de fondos públicos o beneficios privados derivados de reajustes regulatorios.
2) ¿Subir el módulo genera realmente más vivienda o solo más beneficio privado? — Análisis
Voy por puntos (explico con lógica económica + evidencia práctica de comunidades autónomas).
a) Mecanismo económico (cómo actúa subir el módulo)
- El módulo es el precio máximo/techo legal para Vivienda Protegida en una región; su aumento eleva el precio al que se pueden vender o alquilar legalmente esas viviendas. (Marco y cálculo: normativas autonómicas regulan el módulo). Habitatge+1
- Efecto incentivo: con un precio máximo más alto, proyectos que antes no eran viables pueden volverse viables → mayor oferta potencial (promotores retoman promociones). Esto es la idea básica que defiende el sector. Cadena SER
b) Efectos deseados (por los defensores)
- Aumento de promociones de VPO (reapertura de promociones paradas).
- Atracción de inversión privada y rapidez de ejecución (menos gasto directo para administraciones).
- Posible reducción de plazos si se acompaña de agilización burocrática.
c) Efectos adversos y riesgos (evidencia y lógica)
- Traslado de renta / windfall: si el módulo sube sin condiciones, parte del incremento puede convertirse en beneficio extra para el promotor y/o en mayor precio final que pagará el comprador “protegido” (o que elevará el umbral de acceso, excluyendo a las familias más pobres). Ejemplos y debate público han surgido en varias comunidades donde las subidas llevaron a polémica por encarecer la vivienda protectora. El País+1
- Problema de targeting: al subir el tope, el grupo que accede puede desplazarse hacia familias con mayor poder adquisitivo (captura por rentas más altas), reduciéndose la protección real para los más vulnerables. En Comunidades donde los topes son altos, ha aumentado la demanda de colectivos no prioritarios. El País
- No garantiza oferta suficiente si hay otros cuellos de botella: la obra no depende solo del precio: suelo disponible, licencias, cadena de suministros, mano de obra, acceso a financiación y costes de construcción son limitaciones reales. Es decir: aunque subas el módulo, si falta suelo o las licencias siguen tardando, no aparecerá automáticamente más vivienda. Joel García y la patronal ponen énfasis en estos factores. Europa Press+1
- Necesidad de acompañamiento público: subir el módulo sin contrapartidas (por ejemplo, subvenciones complementarias, requisitos de reserva de plazas, precio social vinculado, control de beneficiarios) aumenta la probabilidad de que la medida beneficie más al promotor que a la gente con necesidad real. Por ello varias comunidades han acompañado subidas con ayudas directas a la demanda. (Ej: Aragón combinó subida con subvenciones a compradores). Cadena SER
d) Evidencia empírica / ejemplos
- Aragón (2025): subió el precio máximo para hacer viables promociones tras el encarecimiento de costes — la medida fue presentada como necesaria para reactivar la oferta y se combinó con ayudas a compradores. Autoridades reconocieron que sin ese ajuste la promotora privada no tiraría adelante los proyectos. Resultado: reactivación prevista de promociones, pero con debate sobre quién soporta el alza. Cadena SER
- Madrid y otras comunidades: subidas del módulo han venido acompañadas de debates públicos: aumentan promociones protegidas, pero también se constata subida del precio medio y riesgo de acceso para rentas bajas si no se acompaña de políticas activas de reparto y priorización. Leganés Activo+1
e) Conclusión técnica y ponderada
- Subir el módulo puede generar más vivienda cuando la principal barrera para construir es la inviabilidad económica del promotor (es decir, el proyecto no sale por falta de margen). En esos casos, la subida actúa como estímulo y puede reactivar promociones. Cadena SER
- Pero con alta probabilidad de generar beneficios privados si la subida no va acompañada de:
- condiciones de asignación estrictas (quién accede),
- cláusulas que limiten ganancias extraordinarias (ej.: límites de margen, obligación de reinversión, reservas de cupos para colectivos prioritarios),
- medidas sobre suelo y agilización que eliminen cuellos de botella, y
- complementos a la demanda (subvenciones a compradores vulnerables). El País+1
En resumen: no es una panacea. Puede aumentar la oferta en el corto plazo en contextos concretos, pero también es fácilmente “capturable” por el sector privado si se adopta de forma aislada.
3) Recomendaciones prácticas (cómo diseñar una subida del módulo que minimice captura privada y maximice vivienda pública efectiva)
- Subida condicionada a objetivos de entrega: ligar la revisión del módulo a compromisos de entrega de un número mínimo de VPO en plazo (p.ej. % de la promoción a entregar en X años).
- Cláusulas anti-windfall: exigir auditoría de costes y topes de margen razonable; si los márgenes superan umbrales, parte de la diferencia se reinvierte en vivienda social.
- Reserva de cupos para colectivos vulnerables: obligar a que un % de las VPO vaya a colectivos con menor renta (jóvenes, familias numerosas, emergentes).
- Acompañamiento con ayudas a la demanda: cheques/subvenciones a compradores para que la subida no implique exclusión. (Modelos vistos en Aragón). Cadena SER
- Acelerar suelo y licencias: reducir fricción burocrática y facilitar suelo público o suelos con precio regulado para asegurar que la oferta puede materializarse. (Reclamación recurrente de CAC-ASPROCON). Europa Press
- Transparencia y control: publicar los contratos, beneficiarios y márgenes de cada operación; auditar partidas y subvenciones relacionadas. (Evita sospecha de que fondos públicos o cambios regulatorios financien ganancias privadas). Europa Press
4) Lecturas / fuentes clave (para profundizar)
- Declaraciones de Joel García (CAC-ASPROCON) sobre el problema de la vivienda y la necesidad de revisar costes / módulo. Europa Press+1
- Ejemplo de ajuste autonómico (Aragón) que subió el precio máximo de vivienda protegida y lo acompañó con ayudas para compradores. Cadena SER
- Reportajes y análisis sobre el efecto de subidas del módulo y riesgos de encarecimiento de VPO (prensa nacional/regional). El País+1
- Explicación técnica del cálculo del precio máximo/módulo por comunidades. Habitatge+1
Para terminar el post quiero manifestar que la solución a los problemas estructurales de una sociedad —vivienda, empleo, servicios— se reduzca a abrir la cartera y mirar al mercado como única respuesta es una trampa fácil y peligrosa. No es un acto de valentía gobernar delegando responsabilidades: es esconder la incapacidad de planificar, regular y garantizar derechos bajo el confortable paraguas del beneficio privado como hoy vemos en partidos como Foro, PP, Vox o VecinosxLlanes. Cuando partidos y cargos públicos convierten su acción en coro de lobbies y titulares, los que se quedan fuera son siempre los mismos: familias con sueldos estancados, jóvenes que no pueden emanciparse, pensionistas que no llegan a fin de mes.
No vale decir “subamos el módulo” sin exigir contrapartidas sociales; no vale pedir agilidad administrativa para acelerar promociones si no se garantiza que una parte real de esa obra llegue a quien la necesita. La política pública tiene que ser eso: políticas públicas. Regulación firme, control de garantías, transparencia absoluta en el uso de fondos y mecanismos que impidan que cualquier ajuste normativo se convierta en una transferencia de rentas hacia quienes ya obtienen beneficios. Quien defiende lo contrario como los partidos de la derecha extrema (Foro o PP) y de la ultraderecha (Vox o VecinosxLlanes) debería explicar por qué prefiere construir márgenes en lugar de construir comunidad.
Criticar al mercado no es demonizar a la empresa: es reclamar que la empresa funcione dentro de reglas claras y justas. Y criticar a quien gobierna no es anti política: es exigir responsabilidad. No nos valen excusas sobre costes o “falta de margen” si, a la hora de la verdad, la alternativa es dejar a la mayoría fuera del tren que marca la sociedad. Gobernar es decidir dónde ponemos los límites entre el interés privado y el interés colectivo; es priorizar a las personas cuando las fuerzas del mercado empujan hacia la exclusión.
Exigimos, pues, más que promesas y declaraciones en asambleas: queremos medidas concretas, condicionadas y auditables. Queremos que las subidas de módulo vayan acompañadas de cláusulas anti-windfall, reservas para colectivos vulnerables, auditorías públicas de costes y programas de ayuda a la demanda para quien no puede pagar un precio de mercado maquillado. Queremos que la agilización administrativa sea sinónimo de control público, no de cheques en blanco.
Si el discurso público solo sirve para amplificar el megáfono de los más poderosos, perderemos la oportunidad histórica de construir una ciudad y una comunidad más justa. Y si la política se convierte en retórica para favorecer intereses privados, la ciudadanía debe recordarlo en las urnas y en la calle. No se trata de escoger entre Estado o mercado; se trata de exigir que el Estado obligue al mercado a cumplir con la justicia social.
Termino con una advertencia y una llamada: la solución real pasa por regulación, transparencia y coraje político —no por el ejército de lobbies que vienen cada temporada a pescar beneficios a las administraciones como sucede en Llanes y Gijón. No se deje atrás a quienes sostienen la ciudad con su trabajo diario; hagan política para todos, no para los que mejor presionan.
Ya lo dijo Amartya Sen: “No basta con que el mercado sea libre; debe ser justo.”
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