Estos días estamos pudiendo leer en la prensa asturiana el disparate político al que asistimos con el problema de la vivienda. Cuando se ponen los datos sobre la mesa, aparece un patrón muy coherente: el Principado intenta frenar un mercado de vivienda disparado, mientras varios gobiernos municipales de los ayuntamientos de Llanes y Gijón y los partidos políticos de Foro y PP empujan justo en la dirección contraria, reforzando la lógica especulativa… Y todo eso en una comunidad donde irse de Asturias es, estadísticamente, la mejor forma de subir el sueldo. La Voz de Asturias
En el Ayuntamiento de Llanes, un estudio técnico encargado por la Consejería de Ordenación del Territorio para justificar la declaración de zona de mercado residencial tensionado en Llanes es demoledor, incluso antes de hablar del PGOU que aprobó hace escasos días:
- En la villa llanisca, el alquiler medio deflactado se sitúa en 709 € al mes, a los que se suman unos 263 € de suministros, es decir, 972 € mensuales de coste de techo.
- Con una renta media neta por hogar de 2.547,10 €, el esfuerzo se dispara al 38,2 % de los ingresos, muy por encima del límite del 30 % que fija la Ley de Vivienda para considerar que hay tensión grave.
- En compraventa, el precio medio del
metro cuadrado pasa de unos 1.987 €/m² en 2019 a 2.438 €/m² en 2023,
un aumento del 22,7 % frente a un IPC acumulado en Asturias del 12,9
% en ese periodo: la vivienda se encarece casi el doble que el coste
de la vida. Actualidad Asturias
Con esos números, el mensaje del Principado es claro: aquí hay que topar precios y reforzar parque asequible. Pero justo al lado aparece el PGOU de Llanes, aprobado provisionalmente por el gobierno fascista de VecinosxLlanes y PP, que va en la dirección opuesta:
- Para un concejo de unos 13.500 habitantes, el plan permite levantar 5.862 viviendas nuevas.
- Eso supone incrementar un 36 % el parque residencial y generar capacidad para alojar casi otro Llanes entero, si se toma una ocupación media de 2,2–2,6 personas por vivienda. iVoox
- De esas 5.862, solo 246 serían de vivienda protegida, alrededor de un 4,2 % del total, muy lejos del 30 % que la legislación exige en determinadas categorías de suelo urbanizable.
- Además, 3.335 de esas viviendas (casi el 57 %) se localizan en núcleos rurales, donde no hay obligación de reservar VPO, de modo que el crecimiento se desplaza justamente a donde es más fácil esquivar la protección. iVoox+1
El resultado es casi irónico: mientras el Principado prepara la declaración de zona tensionada porque el alquiler se lleva casi el 40 % del sueldo y la compra sube un 22,7 %, el PGOU municipal que ha aprobado el gobierno fascista diseña un Llanes con capacidad extra para miles de segundas residencias y vivienda vacacional y deja la VPO reducida a un papel testimonial o de escombros.
En el municipio de Gijón, la película es parecida, pero con más capas. La Consejería de Vivienda quiere declarar zonas tensionadas en Cimavilla y La Arena para poder intervenir alquileres en barrios donde los precios se han disparado, siguiendo la misma lógica de la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda que se está aplicando en sitios como Bilbao o A Coruña, donde ya se empiezan a notar efectos de contención en las rentas. Cadena SER+2Cadena SER+2
El Ayuntamiento, con Foro y PP al frente, ha aprobado en pleno una moción que dice básicamente “no queremos zonas tensionadas aquí”, con el apoyo de Vox, y acusa al consejero Ovidio Zapico de intervencionismo. Cadena SER+1
El discurso del PP gijonés es muy claro:
- Rechazo “claro y rotundo” a las zonas tensionadas.
- Defensa de “menos impuestos, más suelo y más vivienda” como receta casi única.
- Y una idea clave: reformular la vivienda protegida subiendo el módulo, es decir, elevar el precio máximo para que sea más atractiva para los promotores privados. Europa Press+1
Es decir, el socio de gobierno de Moriyón, el PP, propone que la VPO salga adelante no porque la administración tire de parque público robusto, sino porque al promotor le resulte rentable construir “vivienda protegida” a precios más altos. En la práctica, es un modelo muy cercano al que dibuja el PGOU de Llanes: mucha fe en el mercado, poca reserva real para rentas bajas.
En ese mismo Gijón, el caso Quirón–Cabueñes–Nuevo Gijón enseña cómo funciona este urbanismo “a la carta” cuando entra en juego un gran operador privado.
Los datos básicos de la operación son estos:
- Quirón se hace con cuatro parcelas privadas en Cabueñes, clasificadas como sistema general sanitario, imprescindibles para los nuevos accesos de la ampliación del hospital público de Cabueñes.
- El Ayuntamiento pacta una permuta: recibe esas parcelas y, a cambio, entrega a Quirón dos fincas municipales en Nuevo Gijón, con unos 17.700 m² de terreno público frente a unos 12.300 m² que aporta Quirón en Cabueñes. Es decir, la ciudad entrega alrededor de un 40 % más de superficie y, además, en un emplazamiento urbano con un potencial de negocio enorme para un hospital privado de unos 55 millones de euros, con 93 habitaciones y varios aparcamientos. Planta Doce
Sobre el papel, la alcaldesa Moriyón defiende que así se “blindan” los terrenos de Cabueñes para la sanidad pública, pero:
- El sindicato CSI ha presentado varios recursos para intentar anular la permuta y el plan especial. Europa Press+1
- Colectivos como Asturies pola Sanidá Pública o IU Xixón hablan directamente de “trampa” heredada del anterior mandato de Moriyón, que habría permitido a Quirón colocarse en una posición negociadora privilegiada comprando precisamente el suelo que luego el Ayuntamiento necesitaba. La Voz de Asturias+2izquierdaunidaxixon.com+2
Lo más llamativo es el escudo que el gobierno municipal le ofrece a la empresa: si los tribunales tumbaran la permuta, el Ayuntamiento se compromete a comprar directamente las parcelas de Cabueñes a Quirón, garantizando que, pase lo que pase, la operación le salga bien al actor privado. Europa Press+2Facebook+2
Dicho de otro modo: se socializa el riesgo y se consolida un modelo en el que la ciudad entrega más suelo, mejor localizado y con mayor potencial de negocio a cambio de resolver un problema que podría haberse afrontado vía expropiación directa, mucho más alineada con la idea de interés público.
Foto: impulsores de la exclusión social en Asturias: Moriyón, Ruiz, Queipo y Feijóo
Sobre este paisaje de alquileres desbocados, planes que relegan la VPO y operaciones urbanísticas muy favorables a lo privado, se coloca un último dato que hace el cuadro aún más inquietante: el nivel salarial.
Según la estadística de Movilidad del Mercado de Trabajo de la Agencia Tributaria, analizada por La Voz de Asturias, quienes se marchan de Asturias por trabajo entre 2023 y 2024 lo hacen por un sueldo anual medio de 30.287 €, mientras que quienes llegan a trabajar al Principado lo hacen por 28.607 €. La diferencia no parece enorme a primera vista, pero el dato clave es éste:
Irse de Asturias supone, de media, el mayor aumento salarial territorial de toda España: un +18,1 %. La Voz de Asturias
Por género, la brecha también es la mayor del país:
- Las asturianas que se van pasan a ganar unos 26.799 €, frente a las que llegan, que cobran 25.284 €.
- Los asturianos que se marchan llegan a 33.318 €, frente a 31.548 € de quienes vienen. La Voz de Asturias
Y, aun así, Asturias registra un saldo laboral positivo (248 trabajadores más) y ha ganado más de 9.000 habitantes desde 2022 por saldo migratorio favorable, al tiempo que la OCDE señala que es la región española con mayor diferencia de empleo entre población nativa y migrante, lo que refleja dificultades para integrar plenamente a quienes llegan. La Voz de Asturias+1
¿Qué significa todo esto aterrizado en la vivienda? Que en una comunidad donde:
- los sueldos medios siguen siendo relativamente bajos,
- quienes logran mejorar de verdad sus ingresos tienden a marcharse,
- y los que llegan suelen aceptar salarios algo más bajos,
se está construyendo un modelo territorial en el que:
- Llanes impulsa un PGOU que aumenta un 36 % el parque residencial pero reserva solo un 4 % a vivienda protegida, en pleno contexto de declaración de zona tensionada por alquileres que ya devoran más del 30 % de la renta. Actualidad Asturias+1
- Gijón rechaza las zonas tensionadas y confía en que sea el promotor privado quien haga VPO si se le sube el módulo, mientras recalifica suelo público para un hospital privado y protege a la empresa frente al riesgo judicial de la operación. elDiario.es+3Cadena SER+3Europa Press+3
- Y el Principado intenta usar las pocas herramientas fuertes que le da la Ley de Vivienda —declarar zonas tensionadas, topar alquileres, ajustar módulos— en un contexto donde los ayuntamientos más orientados al negocio inmobiliario se resisten abiertamente.
El efecto combinado es lo verdaderamente sorprendente: las políticas locales y urbanísticas empujan a Asturias hacia un modelo donde la vivienda se comporta como un activo turístico y financiero, justo cuando los salarios y la estructura del mercado de trabajo hacen cada vez más difícil que los asturianos puedan vivir y emanciparse en su propia tierra.
La conclusión que tienen que sacar —a la vista de los datos, de los planes urbanísticos, de las operaciones inmobiliarias y de la posición política explícita de PP, Foro y VecinosxLlanes— es contundente y difícil de maquillar:
Estos gobiernos priorizan sistemáticamente el interés económico privado por encima del derecho a la vivienda, y esa elección no es un accidente: es su modelo político que prioriza el interés particular de determinados actores frente al interés general de la ciudadanía.
Y ese modelo tiene consecuencias directas para asturianos, gijoneses y llaniscos.
1. En materia de vivienda, estas fuerzas políticas han elegido un bando: no el de la ciudadanía que necesita un hogar, sino el del negocio inmobiliario.
- PP y Foro en Gijón rechazan la declaración de zonas tensionadas, pese a que están pensadas para proteger a los inquilinos de alquileres abusivos.
- VecinosxLlanes y PP
impulsan un PGOU en Llanes que permite casi 6.000 nuevas viviendas…
…pero solo 246 de protección oficial.
Es decir: la VPO queda relegada a lo testimonial, justo cuando el estudio del Principado confirma que Llanes ya es una zona donde el alquiler absorbe más del 30 % del sueldo y la compra ha subido un 22,7 % en solo cuatro años. - El PP de Gijón exige subir el módulo de VPO para que sea “atractiva al promotor privado”, lo que en la práctica encarece la vivienda protegida y dificulta su acceso para quienes más la necesitan.
Foto: Valladares, Riestra y Armas, los tres sicarios de AVALL (asociación de enemigos de Llanes) que abanderan la exclusión social en Llanes con la vivienda
La conclusión es simple:
su concepto de “vivienda protegida” es una VPO más cara, menos accesible
y subordinada al interés del constructor.
2. El caso Quirón en Gijón revela un patrón: cuando hay conflicto entre patrimonio público y oportunidad privada, el gobierno local se alinea con el privado.
El Ayuntamiento de Gijón:
- entrega a Quirón suelo público de mayor valor en Nuevo Gijón,
- recibe a cambio suelo privado que podía haber expropiado por ser Sistema General Sanitario,
- y encima ofrece a la empresa un “seguro”: si la permuta se cae en los tribunales, comprará igualmente sus parcelas.
Esto envía un mensaje nítido de la pérfida Moriyón y sus mariachis concejales del gobierno municipal :
Si eres un gran
operador privado, el Ayuntamiento te blinda.
Si eres un vecino intentando alquilar, comprarte un piso o emanciparte, te deja
solo ante el peligro.
3. Tanto en Llanes como en Gijón, estos gobiernos usan la planificación urbanística para moldear un territorio pensado para quien pueda pagar más, no para quien vive y trabaja allí.
Llanes diseña:
- crecimiento en núcleos rurales donde no hay obligación de VPO,
- facilidades para vivienda vacacional y segunda residencia,
- un modelo disperso que encarece la vida a familias con sueldos modestos.
Gijón facilita:
- proyectos privados de alto valor,
- resistencia a controles de alquiler,
- y un discurso económico centrado en “ampliar oferta”, pero nunca en reforzar parque público estable.
La conclusión evidente:
· Estas políticas no buscan abaratar la vivienda: buscan revalorizar el territorio.
· Y cuando un territorio se revaloriza sin protección pública, el que paga más se queda, el que cobra menos se va.
4. En una Asturias donde emigrar supone un aumento salarial del 18 %, dejar la vivienda en manos del mercado equivale a expulsar a parte de la población.
Los datos de la Agencia
Tributaria muestran que irse de Asturias es el mayor salto salarial
territorial de España.
En ese contexto, si:
- los alquileres suben,
- la vivienda protegida se reduce,
- los sueldos no acompañan,
- y las ciudades planifican para turismo y negocio,
la consecuencia es inevitable:
Asturias pierde población joven y formada porque aquí no puede pagar una vivienda digna. Y esas decisiones políticas aceleran esa expulsión silenciosa.
CONCLUSIÓN QUE DEBEN SACAR LOS ASTURIANOS, GIJONESES Y LLANISCOS
PP, Foro y VecinosxLlanes han demostrado con hechos —no con palabras— que su prioridad no es garantizar el derecho a la vivienda, sino garantizar oportunidades al mercado inmobiliario y a los actores privados con más capacidad económica.
Cuando llega el momento de elegir entre proteger a quienes viven de un sueldo o favorecer al propietario, al promotor, al inversor o a la empresa, siempre escogen lo segundo.
Y eso significa, en términos prácticos:
- viviendas más caras,
- alquileres más tensos,
- VPO más escasa,
- operaciones urbanísticas más desequilibradas,
- y ciudadanos con menos opciones de quedarse en su tierra.
La conclusión política es aún más clara:
Si la ciudadanía quiere poder vivir, trabajar y formar una familia en Asturias, Llanes o Gijón, tendrá que elegir gobiernos que consideren la vivienda un derecho, no un producto financiero. Hay que decir también que la oposición socialista en los consistorios de Gijón y Llanes es para echarse a llorar, con su incapacidad y falta de respuesta contundente ante los atropellos constantes que sufren los ciudadanos de dichos municipios.
Porque los gobiernos que hoy están en esos ayuntamientos de la derecha extrema del PP y Foro y la ultraderecha de VecinosxLlanes han elegido ya su modelo, y no es el de la mayoría social: es el modelo del inversor, del constructor, del especulador y del negocio privado.
Para terminar el post quiero manifestar que estos meses, Asturias asiste a un fenómeno que no puede explicarse ni por la casualidad ni por el despiste administrativo. Lo que ocurre en Llanes, en Gijón y en otros puntos de la región no es un accidente urbano ni una simple suma de malas decisiones: es la expresión clara de un proyecto político. PP, Foro y VecinosxLlanes han identificado en la vivienda —la necesidad más elemental para sostener una vida digna— la herramienta perfecta para modelar el territorio según los intereses de unos pocos. Y la utilizan con absoluta naturalidad, sin disimulo y sin rubor.
Cuando un gobierno coloca por delante el interés del inversor y deja para el final al vecino que busca un alquiler asequible, no está gestionando con torpeza. Está decidiendo, de manera consciente, quién merece vivir en ese territorio y quién debe marcharse. Cuando un ayuntamiento entrega suelo público de gran valor a una empresa privada mientras pide a sus jóvenes que sobrevivan con alquileres imposibles, no comete un error: revela su jerarquía de prioridades. Y cuando un PGOU como el de Llanes diseña miles de viviendas destinadas a turistas y rentas altas dejando apenas unas decenas de protección oficial, lo que está haciendo no es planificar el futuro, sino expulsar del presente a quienes sostienen el concejo todo el año.
Así, poco a poco, casi sin que muchos se den cuenta, la vivienda se convierte en herramienta de filtro social. Separa a quienes pueden pagar de quienes no; distingue a quienes tienen derecho a quedarse de quienes deben irse; define un concejo para visitantes y un concejo para expulsados. Y lo más inquietante es que estas decisiones se toman sin titubeos, sin dudas y sin ofrecer una alternativa real. Porque no son fallos: son decisiones. No son improvisaciones: son prioridades.
En esta lógica, la derecha que gobierna en Llanes y Gijón no actúa como un poder público que protege, sino como un administrador de privilegios. El territorio deja de ser un bien común para convertirse en un bien de cambio. La vivienda deja de ser un derecho y pasa a ser un peaje. Y la ciudadanía deja de ser un sujeto político para transformarse en un obstáculo que puede desplazarse si resulta incómodo para los intereses dominantes.
El resultado es un modelo que no busca progreso, sino selección. No pretende estabilidad, sino depuración silenciosa. No se orienta hacia la libertad, sino hacia una dependencia económica que obliga a aceptar lo que hay o marcharse. A medida que los salarios se estancan, los alquileres suben, las VPO se reducen y las segundas residencias se multiplican, Asturias va caminando hacia una transformación profunda: la de convertirse en un escaparate hermoso, pero vacío de quienes lo sostienen.
Y lo más grave es que esto no es un derrumbe improvisado, sino la aplicación, paso a paso, de una convicción antigua: que la vivienda no es un derecho, que el mercado se regula solo, que el territorio es un producto y que quien no pueda comprarse su sitio, sencillamente no lo merece.
Pero la realidad ha demostrado lo contrario: el mercado se ha regulado, sí, pero solo en beneficio de unos pocos; y esa regulación está expulsando a quienes siempre vivieron aquí. Por eso este epílogo no quiere ser solo una denuncia: aspira a ser una advertencia.
Si la ciudadanía no reacciona, si no se moviliza, si no recuerda lo que está ocurriendo cuando llegue el momento de decidir en las elecciones de mayor del 2027, estos gobiernos fascistas seguirán utilizando la vivienda como un mecanismo de selección social. Y el mensaje seguirá siendo el mismo: quien no pueda pagar, que se vaya.
Asturias no puede permitirse ese destino. Ni Llanes. Ni Gijón. Ni ninguna persona que aspire a vivir dignamente en la tierra que considera su hogar.
Ya lo dijo Sócrates: “No es vivir lo más importante, sino vivir bien.”



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