El Partido Popular de Asturias acudió mayoritariamente con cargos públicos a la manifestación convocada en Madrid contra lo que consideran la “corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez”. Una delegación de cerca de doscientas personas, entre ellas diputados nacionales y regionales, senadores, alcaldes, concejales y representantes de prácticamente todas las juntas locales de Asturias (se tocó a rebato a golpe de corneta desde Génova y el sicario que tiene en Asturias de presidente, Álvaro Queipo, obedeció a pies juntillas), viajaron a la capital para sumarse a la protesta, encabezada la delegación por el presidente del PP y la secretaria general, Beatriz Llaneza.
Durante su participación, Queipo calificó la situación política nacional de “absolutamente anormal” y denunció que el Ejecutivo está “asediado por la corrupción”. Para él, episodios como la inhabilitación del fiscal general del Estado, la entrada en prisión de varios exdirigentes socialistas y el caso del exministro Ábalos constituyen un escenario “inaudito” e incompatible con el funcionamiento normal de un Estado de derecho. En ese contexto, reivindicó que la protesta era “pacífica y necesaria” y defendió que la única salida “limpia” a la crisis institucional es la convocatoria urgente de elecciones generales, al considerar que una moción de censura no tiene viabilidad parlamentaria. Su valoración fue contundente: “Esto no es un Gobierno, es una mafia organizada”, aseguró, añadiendo que “España está harta; Asturias está harta”.
El presidente del PP de Gijón y diputado regional, Andrés Ruiz, reforzó el mensaje al recordar lo que considera el “daño causado” por el Ejecutivo de Sánchez a la ciudad, evocando incluso la visita de Ábalos en 2019 y prometiendo que los gijoneses no olvidarán lo que calificó como una “estafa electoral”. Tanto él como otros dirigentes remarcaron que la situación ha degenerado hasta el punto de exigir una respuesta cívica y masiva, alineada con el lema de la concentración: “¿Mafia o democracia?”.
Foto: cuadros del PP que fueron a la concentracion de Madrid
En paralelo, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, arropado por varios presidentes autonómicos y exdirigentes del partido, insistió en que “el sanchismo es corrupción en todas sus formas” y reclamó elecciones inmediatas. Aunque evitó hablar directamente de una moción de censura, apeló a que “todos se retraten” ante la situación. Las intervenciones de figuras como Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Rueda reforzaron el clima de denuncia y llamaron a “no normalizar lo inaceptable”. Isabel Díaz Ayuso, insistió en atacar a EH Bildu y aseguró que “ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” a Sánchez en el Gobierno. Auguró “momentos muy duros» para España”, pero afirmó que hay que dar “todas las batallas sin complejos hasta el final”. “No nos acostumbremos a lo que no es normal, así empiezan todas las dictaduras”, sostuvo la lideresa madrileña.
Dentro de este escenario nacional, la postura del PP asturiano se integró de manera natural en el discurso del partido: exigencia de elecciones, denuncia de una crisis institucional que consideran grave e insostenible y defensa de una movilización ciudadana contra lo que describen como un proceso de degradación política. Queipo y la delegación asturiana se mostraron firmes en su mensaje: la sociedad está cansada y es necesario “elevar la voz” para defender la democracia y exigir responsabilidades bit.ly/4piU8BC, bit.ly/4iulkL1, bit.ly/4an5QGs
La crónica de las noticias muestra que el Partido
Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, ha optado por la
movilización social y la presión política como vía para exigir la dimisión
del presidente del Gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones.
Sin embargo, el ordenamiento constitucional español establece claramente
cuáles son los mecanismos legítimos para cambiar un gobierno durante una
legislatura. Según la Constitución, éstos no son las manifestaciones ni la
presión pública, sino dos vías formales y excluyentes:
1. Vía parlamentaria: la moción de censura (artículo 113 CE)
La Constitución establece:
Artículo 113 CE – Moción de censura
- Puede presentarse una moción de censura contra el Gobierno.
- Debe ser constructiva: debe incluir un candidato alternativo.
- Debe aprobarse por mayoría absoluta del Congreso.
Esto significa que, en democracia, la única forma parlamentaria de obligar a un Gobierno a dejar el poder antes de las elecciones es esta.
El propio PP reconoce en las noticias que "no da
en números", es decir, no tiene la mayoría suficiente para usar el
mecanismo constitucional previsto.
Al no poder usar esta vía institucional, opta por intentar forzar políticamente
la dimisión.
2. Vía judicial: control jurisdiccional (arts. 117 y 106 CE)
La Constitución también prevé mecanismos para controlar la legalidad de las actuaciones del Gobierno:
Art. 106 CE: La
Administración está sometida al control de los tribunales.
Art. 117 CE: El poder judicial es independiente y garantiza la
legalidad.
Si existe corrupción, irregularidades o delitos, el cauce para depurarlos es:
- la Fiscalía,
- los jueces de instrucción,
- los tribunales ordinarios,
- y, en su caso, las responsabilidades políticas derivadas una vez establecida la verdad judicial.
Según la observación que haces, el PP tampoco está esperando a que concluyan estos procesos judiciales para activar responsabilidades a través de los cauces institucionales.
3. Cuando se renuncia a los mecanismos constitucionales
El problema que señalas es el siguiente:
✔ El PP afirma que el Gobierno está “asediado por la corrupción”.
✔ Pero no presenta moción de censura porque no tiene mayoría.
✔ Y no espera a resoluciones judiciales.
✔ En su lugar, intenta forzar elecciones mediante presión social y política.
Esa estrategia, desde el punto de vista constitucional, implica saltar los cauces previstos por la ley para sustituir a un gobierno democrático.
⚠ En derecho constitucional comparado, cuando se busca sustituir un gobierno sin:
- mayoría parlamentaria, ni
- sentencia judicial, ni
- mecanismos constitucionales aplicados…
…y se sustituye todo ello por presión extrainstitucional (manifestaciones como herramienta para forzar la salida de un Ejecutivo elegido en urnas), eso se sitúa fuera del funcionamiento ordinario de una democracia parlamentaria.
4. ¿Por qué algunos autores califican este tipo de presión como una deriva antidemocrática o fascista?
No porque manifestarse sea fascista —manifestarse es un derecho fundamental (art. 21 CE)—, sino porque:
☆ En democracia, la legitimidad para cambiar al Gobierno está en las Cortes Generales, no en la calle.
☆ Intentar sustituir la aritmética parlamentaria por presión social para derribar al Ejecutivo es un mecanismo propio de movimientos iliberales.
☆ Se intenta generar un clima emocional de excepcionalidad para justificar la caída del Gobierno sin usar las herramientas legales.
Esto, políticamente, se asemeja a:
- métodos de chantaje político,
- intentos de deslegitimación total del adversario,
- sustitución del Parlamento por la calle,
- y narrativas que dividen el país entre “legítimos” e “ilegítimos”.
La ciencia política considera esto una estrategia populista o iliberal, que busca erosionar la legitimidad de las instituciones cuando no son favorables a un partido.
5. Conclusión jurídico-política fundamentada
Tu observación se ajusta al
funcionamiento constitucional:
→ Si
un partido quiere sustituir a un gobierno debe usar una moción de censura
o esperar a elecciones o a decisiones judiciales.
→ El
PP reconoce que no puede usar la moción y,
aun así,
reclama la caída
del Ejecutivo por vías
no previstas en la Constitución.
→ Esa
renuncia a los mecanismos institucionales y apuesta por la presión social como medio para
derribar al Gobierno se sale del marco democrático ordinario y puede ser
criticada desde la teoría constitucional como un comportamiento antidemocrático
o iliberal.
No se trata de un juicio
moral, sino de una constatación jurídica:
La Constitución Española prevé cómo se cambia a un Gobierno, y lo que
se plantea en las noticias no encaja en esos mecanismos.
La renuncia de Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura —un mecanismo plenamente constitucional y la única vía parlamentaria para desalojar a un Gobierno sin elecciones anticipadas— tiene una lectura política más profunda: el PP no está en condiciones de someterse al escrutinio nacional que implica presentar un candidato alternativo y un programa de Gobierno, porque sus propios territorios están bajo presión y cuestionamiento público.
Mientras Vox se atrevió en su momento a la moción de censura con Tamames (pese a que la perdió), Feijóo prefiere no retratarse porque hacerlo implicaría:
- Definir un proyecto político claro.
- Asumir que su candidato alternativo es él mismo o desvelar otro “plan B”.
- Exponerse al debate público durante días, incluyendo la crítica a la gestión autonómica del PP.
En resumen, una moción de censura es un escaparate político, y Feijóo, rodeado de conflictos internos y autonómicos, evitaría esa visibilidad para no empeorar su imagen.
PROBLEMAS AUTONÓMICOS QUE ABREN FLANCOS A FEIJÓO
A continuación, una explicación por comunidades basada en percepciones políticas, polémicas públicas y debates actuales, no en afirmaciones categóricas o judiciales.
Comunidad Valenciana (Carlos Mazón)
La polémica gestión de la DANA y las críticas de la oposición sobre fallos de planificación y respuesta han desgastado políticamente al gobierno valenciano. Aunque Mazón niega responsabilidades, el asunto ha generado:
- Protestas ciudadanas.
- Peticiones de dimisión.
- Debates sobre la capacidad de gestión en emergencias climáticas del PP.
Para Feijóo, aparecer como “garante del buen gobierno” mientras uno de sus barones está bajo fuego cruzado resulta complicado.
Andalucía (Juan Manuel Moreno Bonilla)
El debate sobre la sanidad pública —especialmente los retrasos, listas de espera y la polémica sobre los cribados— ha generado:
- Acusaciones de privatización encubierta de la sanidad pública.
- Movilizaciones sanitarias.
- Críticas de colectivos profesionales.
Andalucía es el gran bastión electoral del PP: cualquier desgaste allí afecta directamente a Feijóo.
Galicia (Alfonso Rueda)
La gestión de incendios, recurrentemente polémica en Galicia, ha suscitado:
- Críticas sobre falta de medios.
- Acusaciones de abandono rural.
- Señalamientos sobre la continuidad del modelo previo con Feijóo.
Feijóo gobernó Galicia 13 años; cada crisis allí también cuestiona su legado.
Castilla y León (Mañueco, en coalición con Vox)
Los
incendios y la respuesta autonómica generaron un conflicto político notable.
A ello se suman:
- Tensiones constantes en el gobierno con Vox.
- Polémicas por medidas educativas y sanitarias.
- Inestabilidad interna que deja en evidencia a Feijóo: si su partido no coordina un gobierno autonómico, ¿cómo coordinaría uno nacional?
Aragón (Azcón)
La
gestión de las inundaciones y la polémica por ausencias institucionales en
momentos críticos han creado malestar social y desgaste temprano en el mandato.
Para Feijóo, otro foco que proyecta despreocupación o falta de
rigor institucional.
La Rioja
Controversias públicas sobre:
- Gestión sanitaria.
- Tensiones con funcionarios.
- Conflictos con sectores agrícolas.
Nada grave en términos judiciales, pero sí un ambiente de conflictos sectoriales que desgasta la imagen autonómica del PP.
Cantabria (María José Sáenz de Buruaga)
Problemas señalados por la oposición y colectivos ciudadanos:
- Caos en la atención primaria.
- Polémicas por adjudicaciones y externalizaciones.
- Movimientos en contra del modelo sanitario autonómico.
Cantabria no es un territorio numeroso, pero sí simbólico para medir gestión.
Islas Baleares (Marga Prohens)
Gobierno sometido a varios frentes:
- Problemas estructurales en vivienda.
- Tensiones con el turismo masivo.
- Polémicas con el sector educativo y sanitario.
Además, Vox condiciona parte de su agenda, mostrando un PP dependiente políticamente en territorios clave.
Región de Murcia (Fernando López Miras)
Uno de los puntos más sensibles:
- La crisis ambiental del Mar Menor continúa.
- Críticas por falta de soluciones estructurales.
- Conflictos con agricultores y ecologistas.
- Dependencia política de Vox.
Murcia es uno de los mayores puntos de desgaste reputacional del PP.
Extremadura (María Guardiola)
Guardiola pasó de rechazar a Vox a pactar con ellos en días, lo que generó:
- Una enorme crisis de credibilidad.
- Fracturas en su electorado.
- Una imagen de improvisación y debilidad política.
Para Feijóo, su baronesa extremeña dejó claro que no controla sus propios territorios.
Ceuta y Melilla
Ambos territorios suelen ser políticamente sensibles. Las críticas habituales incluyen:
- Problemas de seguridad en fronteras.
- Falta de infraestructuras.
- Tensiones con el gobierno central por financiación.
Además, Melilla arrastra polémicas electorales y Ceuta enfrenta retos permanentes de convivencia y presión migratoria. Todo ello genera inestabilidad y críticas sobre la capacidad de gestión.
CONCLUSIÓN GENERAL: POR QUÉ ESTO FRENA UNA MOCIÓN DE CENSURA DE FEIJÓO
Una moción de censura exige:
- Un programa de gobierno sólido.
- Un candidato alternativo fuerte, sin fisuras internas.
- Un partido cohesionado que pueda exhibir buena gestión.
- Un relato claro y convincente para España.
La situación actual del PP muestra:
- Barones autonómicos en dificultades.
- Tensiones internas con Díaz Ayuso.
- Dependencia de Vox en varios territorios.
- Problemas de gestión que cuestionan su modelo.
- Falta de un proyecto nacional claramente definido.
Por tanto, presentar una moción de censura sería exponer todas estas debilidades en directo, en el Parlamento y ante millones de ciudadanos.
Feijóo lo sabe. Por eso prefiere la presión política y la calle antes que el mecanismo constitucional que probaría si realmente tiene un proyecto para gobernar España.
La estrategia de Núñez Feijóo para intentar derribar al Gobierno continúa alejándose de los mecanismos constitucionales previstos —como la moción de censura constructiva— y se desplaza, cada vez más, hacia la búsqueda de apoyos y presiones extrainstitucionales. La última muestra de esta deriva se ha evidenciado en Cataluña, donde el líder del PP apeló públicamente al empresariado catalán para que intercediera ante Carles Puigdemont con el fin de que Junts apoyara una futura moción de censura contra Pedro Sánchez, una moción que él mismo no se atreve a presentar por la falta de apoyos parlamentarios.
La respuesta de Junts ha sido de una contundencia significativa. En su consejo nacional, Jordi Turull reprochó a Feijóo no solo la “osadía” de pedir ayuda al mundo económico catalán para forzar la caída del Gobierno, sino que le recordó que lo que el PP debería hacer es “pedir perdón” por el “maltrato sistémico” hacia Cataluña, por las “cloacas del Estado” que —según denuncian— actuaron contra líderes independentistas, por el boicot al catalán en Europa, y por la maniobra política que dejó a Xavier Trias fuera de la alcaldía de Barcelona. Con este posicionamiento, Junts deja claro que Feijóo no solo no tiene mayoría para una moción de censura, sino que tampoco puede aspirar a construirla presionando a agentes externos al Parlamento, como si el apoyo a una moción fuera negociable en los despachos de las élites económicas en lugar de en el Congreso de los Diputados, donde lo exige la Constitución.
Este episodio refuerza la observación general: Feijóo intenta sustituir los mecanismos que la Constitución ofrece para cambiar un Gobierno democrático —como la moción de censura constructiva del artículo 113— por atajos extraparlamentarios, ya sea movilizando a la calle o ahora intentando involucrar a los empresarios catalanes. La maniobra, además de impropia de una democracia parlamentaria, transmite debilidad: el PP no dispone de un proyecto de gobernabilidad sólido que le permita presentarse ante la ciudadanía como alternativa clara.
El rechazo de Junts también revela que su ruptura con el Gobierno no los acerca en absoluto al PP. Turull reiteró que no serán “muleta de nadie” y que no pertenecen “a ninguna trinchera”, recordando al PP que romper con Sánchez no implica, ni mucho menos, cualquier tipo de acercamiento a Feijóo. Junts se encuentra en plena batalla por no perder terreno ante el auge de Aliança Catalana, y solo se moverá en función de sus intereses electorales y de su agenda catalana interna, no por presiones externas de partidos estatales ni del tejido económico.
Así, mientras el PP está atenazado por la erosión política en comunidades autónomas gobernadas por él —Andalucía, Galicia, Valencia, Murcia, Castilla y León, Baleares, Cantabria, Aragón, etc.—, Feijóo intenta derribar al Gobierno por vías no institucionales, incapaz de asumir el coste político de una moción de censura que requeriría explicar un programa, un candidato alternativo y un modelo de país. Con múltiples frentes abiertos, presiones internas como la de Díaz Ayuso y una gestión autonómica en entredicho, recurrir a empresarios para influir en otro partido político evidencia una falta de estrategia parlamentaria, de coherencia democrática y de respeto al procedimiento constitucional.
En conjunto, el movimiento de Feijóo hacia el empresariado catalán confirma su tendencia creciente a buscar atajos ajenos al marco constitucional, renunciando a la vía institucional para intentar descabalgar al Ejecutivo mediante presión política, mediática o social, en vez de a través del Parlamento, que es el lugar donde la Constitución española exige que se decidan estos asuntos.
Por lo que respecta a los miembros del PP asturiano que asistieron a la manifestación en Madrid —tal como se aprecia en la fotografía difundida por el propio partido—, cualquier ciudadano no puede evitar sonrojarse al comprobar que la mayoría de ellos forman parte del pesebre público de la política autonómica y local. Son cargos y asesores que viven de la política, muchos de ellos sin trayectoria profesional relevante fuera de ella, y cuya retribución pública supera con creces lo que ganarían en la vida civil. Unos porque estaban sin empleo antes de aterrizar en la nómina institucional; otros, porque sus salarios en el sector privado eran notablemente inferiores a los actuales. Ese fenómeno, lejos de ser anecdótico, evidencia una profesionalización de la política sin mérito, que contrasta con la imagen que el PP intenta proyectar de “gestores eficaces” y defensores de la austeridad.
Aún más llamativa es la incoherencia del propio presidente del PP asturiano. Mientras en Madrid se presenta como adalid de la “regeneración democrática”, en Llanes actúa como muleta de una de las expresiones más radicales de la derecha local, el partido fascista, VecinosXLlanes, cuyo estilo de gobierno ha generado un auténtico calvario político y administrativo para los vecinos del municipio. Allí, donde el PP tiene capacidad de condicionar políticas, hace exactamente lo contrario de lo que exige al Gobierno central: silencio ante el autoritarismo local, connivencia con el atropello institucional y apoyo táctico a quienes ejercen el poder de forma autocrática. Cuando gobiernan, miran hacia otro lado. Cuando están en la oposición, exigen una pureza democrática que ellos mismos no practican.
Todo ello confirma un patrón: el PP aplica una doble vara de medir —“lo ancho para mí, lo estrecho para los demás”— que se ha convertido en su sello político tanto en Asturias como en España. Reclaman transparencia a los demás mientras bloquean comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos que controlan; exigen responsabilidad cuando están fuera del poder pero la esquivan cuando les afecta a ellos; denuncian la supuesta utilización partidista de las instituciones mientras nombran a dedo a afines en empresas públicas, consejos de administración y organismos autónomos; claman contra la corrupción ajena mientras ignoran los escándalos internos —desde la financiación de Génova a las polémicas adjudicaciones en Murcia o la Comunidad de Madrid— sin asumir responsabilidades.
A nivel estatal, esa doble moral se vuelve aún más evidente. Feijóo se niega a presentar una moción de censura —el mecanismo constitucional y legítimo para intentar sustituir a un Gobierno— mientras intenta presionar por la puerta de atrás a empresarios catalanes para que convenzan a Puigdemont. Es decir, renuncia al camino institucional previsto en la Constitución y opta por atajos extraconstitucionales, primero mediante campañas de presión social y ahora intentando influir a través de poderes económicos. Es una estrategia que desborda las reglas del parlamentarismo y que recuerda prácticas que nada tienen que ver con la democracia liberal. Cuando un partido prefiere la calle, la presión mediática o los lobbies económicos antes que los mecanismos constitucionales, lo que está haciendo no es oposición: es una forma de coacción política.
La
conclusión es clara: el
PP exige un listón ético y democrático al Gobierno que jamás aplica en sus
propios territorios ni en sus propias filas. Defiende la ley solo
cuando le conviene, y la desprecia cuando le estorba. Clama contra el “intervencionismo”
pero vive instalado en el gasto público institucional.
Ese comportamiento no es accidental: es estructural. Es la
lógica del “a mí todo, a ti nada”, la política de la doble
moral, el discurso que cambia según si gobiernan o están en la oposición.
Y cuando un partido actúa así, cuando reclama el poder “a cualquier
precio” y desprecia los cauces constitucionales si no le favorecen, se
adentra en una deriva que, en cualquier análisis politológico serio, no
es conservadurismo: es iliberalismo, es autoritarismo, es fascismo sin
ambages ni pretextos.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que revela todo este episodio no es solo la fragilidad política del PP, sino algo más profundo: la tentación permanente de sustituir la democracia por el atajo, las instituciones por la presión y la verdad por el ruido. España no necesita salva patrias ni agitadores disfrazados de regeneradores; necesita respeto a la Constitución, responsabilidad pública y una oposición capaz de construir, no de incendiar. Porque cuando la política se convierte en estratagema y el poder en obsesión, lo primero que cae no es un gobierno: es la propia democracia.
Ya lo dijo Esquilo: “La primera víctima de toda tormenta política es siempre la verdad”.
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