La noticia publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA aborda el debate político y económico existente en Asturias en torno al impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Gobierno del Principado, encabezado en materia fiscal por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha dejado claro que actualmente no contempla realizar modificaciones en este tributo, a pesar de la creciente presión ejercida por distintas organizaciones empresariales asturianas.
La polémica surge después de que representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS) criticaran públicamente la política fiscal asturiana. Tanto la presidenta de FADE, María Calvo, como el presidente de AEFAS, Íñigo Cabal, consideran que Asturias se está quedando atrás respecto a otras comunidades autónomas que han reducido notablemente el coste de las herencias mediante bonificaciones y rebajas fiscales. Según las asociaciones empresariales, esta situación perjudica seriamente la competitividad económica de la región, ya que desincentiva la inversión y favorece que grandes patrimonios trasladen su residencia fiscal fuera de Asturias. La lobista, María Calvo, llegó a definir el problema como “grave” y afirmó que resulta urgente revertirlo para impulsar el desarrollo económico del Principado.
Frente a estas críticas, el consejero del Principado defendió firmemente la posición del Ejecutivo autonómico. El consejero explicó que el impuesto de Sucesiones no grava la actividad empresarial en sí misma, sino el patrimonio personal heredado. Además, subrayó que las transmisiones de empresas familiares ya cuentan con una bonificación del 99%, por lo que, en opinión del Gobierno, no existe una afectación real sobre la continuidad de los negocios familiares ni sobre la actividad económica.
El consejero insistió también en que el impuesto es “justo” y cuenta con respaldo doctrinal y económico. Para reforzar esta idea, mencionó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señalando que este organismo considera el impuesto de Sucesiones una herramienta útil para redistribuir la riqueza y reducir desigualdades sociales, además de tener un impacto limitado sobre la economía productiva.
Durante sus declaraciones, el consejero volvió a defender lo que el Gobierno autonómico denomina “vía fiscal asturiana”. Este modelo fiscal, según explicó, pretende construir un sistema tributario más progresivo y orientado a beneficiar especialmente a las clases medias y trabajadoras. En este contexto, recordó que el Ejecutivo regional ha aprobado deducciones fiscales valoradas en 90 millones de euros y ha reducido el IRPF para las rentas medias y bajas en aproximadamente 38 millones de euros. También destacó la creación de un tipo superreducido del 2% en el impuesto de Donaciones para los primeros 150.000 euros donados.
El consejero argumentó que todas estas medidas buscan dos objetivos fundamentales: por un lado, hacer el sistema fiscal más equitativo y, por otro, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos y del Estado del bienestar. En una de las frases más destacadas de la noticia, afirmó que el Estado del bienestar “es el patrimonio de los que no tienen patrimonio”, defendiendo así la necesidad de mantener una recaudación suficiente para financiar servicios públicos esenciales.
A pesar de que descartó cambios inmediatos en el impuesto de Sucesiones, el consejero dejó abierta la posibilidad de seguir analizando la situación de cara a futuros presupuestos autonómicos. Indicó que el Gobierno continuará “monitorizando” la evolución económica y fiscal antes de tomar cualquier decisión.
La noticia también dedica espacio a otro asunto relacionado con la gestión tributaria en Asturias. Antes de realizar estas declaraciones, el consejero se reunió con la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, para evaluar el funcionamiento de los convenios firmados entre los ayuntamientos asturianos y el Ente Público de Servicios Tributarios. Según explicó el consejero, estos acuerdos ya cubren al 90% de los concejos asturianos y el objetivo es alcanzar el 100% en 2027.
Con los datos disponibles, la afirmación de que Asturias tenga ahora una tasa excepcionalmente alta de renuncias no se sostiene para el año 2024. Según los datos del Consejo General del Notariado recogidos por El País, en España se tramitaron casi 348.000 sucesiones en 2024 y hubo 54.811 renunciantes, un 15,7% orientativo. Asturias fue la comunidad de régimen común con menor proporción de renuncias: 13,2%. Por encima quedaron Madrid, con 14,3%, y muy por encima La Rioja, 21,6%, Andalucía, 20,6%, y Murcia, 19,5% https://bitly/3Pix1ud
Esto no elimina el debate fiscal, pero sí obliga a separar datos de interpretación: el Notariado advierte que la renuncia se explica principalmente por deudas del fallecido, no por el impuesto, aunque la fiscalidad puede influir en casos concretos. Además, la estadística cuenta renunciantes, no herencias completas rechazadas; una misma herencia puede tener varios herederos que renuncien https://bit.ly/42Letps
En el año 2023, la situación fue distinta: Asturias apareció como una de las comunidades con mayor tasa, con referencias periodísticas que la situaban en torno al 23,32%, por encima de la media nacional de ese año. Pero el dato más reciente cerrado en el año 2024 muestra un cambio claro: Asturias pasa a estar por debajo de la media española y por debajo de varias autonomías con fiscalidad sucesoria más bonificada https://bit.ly/4wPAjGe
En fiscalidad, Asturias sí se sitúa entre las comunidades más exigentes en varios tributos. En IRPF, aplica una escala autonómica con un tipo que llega al 26% para bases superiores a 175.000 euros, más alta que comunidades como Madrid o Castilla y León, que tienen escalas inferiores a la estatal. En Sucesiones, Asturias mantiene una reducción relevante para familiares directos —hasta 300.000 euros—, pero no sigue el modelo de bonificación casi total de Madrid, Andalucía o Cantabria. En Donaciones, el informe de Hacienda sitúa a Asturias como la única comunidad de régimen común que no aplica una rebaja significativa general para parientes de grupos I y II, aunque sí ha introducido medidas concretas https://bit.ly/49bWts2
También en vivienda la carga fiscal asturiana es notable: en transmisiones patrimoniales, Asturias aplica una escala general del 8% al 10% para inmuebles, mientras Madrid aplica el 6% y otras comunidades se sitúan en el 7% o 8%. En Actos Jurídicos Documentados, Asturias aplica el 1,2%, por debajo del 1,5% de muchas comunidades, pero por encima del 0,75% de Madrid y Canarias https://bit.ly/4uYk1ZG
La contrapartida de esta presión fiscal es que Asturias aparece muy arriba en gasto sanitario público por habitante: en el año 2024 fue la segunda comunidad con más gasto sanitario per cápita, 2.322 euros, solo por detrás del País Vasco, y claramente por encima de la media nacional, 2.084 euros. En el extremo inferior estuvieron Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana https://bit.ly/4fA06f1
Por tanto, un análisis sin elucubraciones sería el siguiente: Asturias mantiene una fiscalidad autonómica relativamente alta en IRPF para rentas elevadas, Sucesiones para patrimonios altos, Donaciones e ITP, pero no puede afirmarse con los datos cerrados del año 2024 que esa fiscalidad esté provocando una tasa de renuncia a herencias superior a la del resto de España. En el año 2024 ocurrió lo contrario: Asturias tuvo la tasa más baja entre las comunidades de régimen común. Su modelo fiscal se compensa parcialmente con un gasto sanitario per cápita de los más altos del país, aunque eso no prueba por sí solo que todos los servicios públicos sean mejores que en otras autonomías.
Sin entrar en grandes patrimonios, la mejora fiscal más clara para rentas medias y bajas en Asturias sería actuar sobre el IRPF autonómico, no sobre Sucesiones. Asturias ya tiene muchas deducciones autonómicas: alquiler, vivienda protegida, familias numerosas, monoparentales, libros de texto, guardería, jóvenes, transporte, enfermedad celíaca, descendientes, etc. La Agencia Tributaria recoge 27 deducciones autonómicas asturianas para el año 2025 https://bit.ly/3RlYWtL El problema es que muchas son deducciones condicionadas, con requisitos concretos, límites de renta, edad, tipo de gasto o municipio, y además el propio Principado advierte que no vienen marcadas por defecto en el borrador de la renta https://bit.ly/4uyjduY Por tanto, una mejora real sería simplificarlas y hacerlas automáticas cuando Hacienda ya tenga los datos, porque una deducción que existe pero que mucha gente no aplica no alivia de forma efectiva a las rentas medias y bajas.
La segunda medida sería deflactar la tarifa autonómica del IRPF, es decir, adaptar los tramos a la inflación para que una subida salarial destinada solo a compensar precios no haga pagar más impuestos. Madrid, por ejemplo, ha aplicado deflactación de la tarifa autonómica y la presenta como una rebaja que beneficia especialmente a rentas bajas https://bit.ly/4dYegW9 En Asturias se ha rebajado el primer tramo al 9%, pero no se ha hecho una deflactación amplia y sistemática de todos los tramos bajos y medios. Esta medida beneficiaría a trabajadores, pensionistas y autónomos con ingresos normales, sin tocar a los grandes patrimonios.
También tendría sentido elevar los mínimos personales y familiares autonómicos, que son la parte de la renta destinada a cubrir necesidades básicas y que no debería tributar. La Agencia Tributaria define precisamente el mínimo personal y familiar como la cuantía ligada a las necesidades básicas del contribuyente y su familia https://bit.ly/4nJB2UV Subir esos mínimos para contribuyentes con hijos, mayores a cargo o discapacidad sería una rebaja selectiva para hogares medios y bajos, más limpia que multiplicar pequeñas deducciones.
Otra mejora sería convertir algunas deducciones en deducciones reembolsables o parcialmente reembolsables. Ahora, muchas deducciones solo sirven si el contribuyente tiene cuota suficiente que restar. Esto deja fuera a trabajadores con salarios bajos, jóvenes precarios o familias con poca cuota autonómica. Por ejemplo, Asturias ha creado una deducción de gastos vitales para menores de 35 años de hasta 2.000 euros, pero exige no superar 28.000 euros de base imponible y depende de gastos acreditados https://bit.ly/49flNgE Si parte de esa deducción fuera reembolsable, ayudaría también a quien más lo necesita, no solo a quien ya paga suficiente IRPF.
En vivienda, Asturias podría reforzar el alivio fiscal para inquilinos de renta media y baja. Ya existen deducciones por arrendamiento y el Principado ha anunciado mejoras en vivienda y alquiler https://bit.ly/49aKLhi Pero una mejora concreta sería ampliar la deducción por alquiler habitual con mayor límite para jóvenes, familias monoparentales, trabajadores con ingresos bajos y zonas tensionadas, y hacerla compatible con situaciones reales de mercado, siempre con contrato declarado.
En resumen: lo más razonable fiscalmente en Asturias para rentas medias y bajas sería menos propaganda de deducciones dispersas y más medidas estructurales: deflactar el IRPF autonómico, subir mínimos personales y familiares, automatizar deducciones, hacer reembolsables algunas ayudas fiscales y reforzar vivienda y conciliación. Eso reduciría carga fiscal a trabajadores y familias sin beneficiar de forma directa a grandes patrimonios.
Esta es la fiscalidad del gobierno del Principado de Asturias, nos puede gustar más o menos, puede haber mejoras para las rentas medias y bajas mayores que se pueden aplicar como afirme anteriormente y no se han hecho. Pero veamos que sucede en otras administraciones con los servicios y necesidades de los ciudadanos. Me voy a centrar en los gobiernos municipales de Gijón y Llanes.
La noticia publicada hoy en la LA NUEVA ESPAÑA informa sobre el inicio de la elaboración del presupuesto municipal de Gijón para 2027, el último del actual mandato del gobierno de Carmen Moriyón, integrado por los partidos de la derecha extema, Foro, PP y un tránsfuga. La principal línea política anunciada por el Ayuntamiento será mantener la congelación fiscal por cuarto año consecutivo, evitando subidas de impuestos y tasas municipales, al mismo tiempo que se intentará aumentar el gasto público dentro de los límites permitidos por las reglas fiscales estatales.
Recaudacion fiscal por habitante según el estudio elaborado por FADE y IEE
La concejala de Hacienda, María Mitre, defendió este modelo asegurando que Gijón “tiene todas las herramientas para generar crecimiento sin necesidad de recurrir a subidas indiscriminadas de impuestos”. Según explicó, el objetivo del gobierno municipal es continuar impulsando el crecimiento económico de la ciudad mediante la atracción de inversiones y el desarrollo de grandes proyectos urbanos sin incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas.
El presupuesto de 2027 estará condicionado por dos grandes principios. El primero será el límite de crecimiento del gasto público, que no podrá superar el 3,4%, porcentaje marcado por las reglas fiscales que afectan a todas las administraciones públicas españolas. El segundo será la continuidad de la política de contención fiscal aplicada durante todo el mandato, manteniendo congeladas las tasas e impuestos municipales.
La edil relacionó esta estrategia económica con el momento de transformación que, según el ejecutivo local, atraviesa actualmente Gijón. Entre los proyectos destacados mencionó la futura conversión de Tabacalera en un gran centro de arte para la ciudad y la llegada de la Universidad Europea a La Pecuaria, dentro del proceso de ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Según Mitre, estos proyectos reflejan una ciudad “modernizada y ajustada a los tiempos”, capaz de atraer empresas de primer nivel y nuevas inversiones privadas. El gobierno municipal sostiene que la combinación de estabilidad fiscal, planificación técnica y proyectos estratégicos permitirá mantener la mejora de los servicios públicos y consolidar el crecimiento económico sin aumentar impuestos. La concejala insistió en que el objetivo es convertir Gijón en una ciudad “privilegiada para vivir e irrechazable para la inversión”.
La noticia también detalla las restricciones presupuestarias a las que deberá adaptarse el Ayuntamiento. El presupuesto municipal actual asciende a 309,9 millones de euros, aunque la cifra global del denominado Grupo Ayuntamiento —incluyendo organismos autónomos y empresas municipales— supera los 431 millones de euros. Además del límite general de gasto, Hacienda municipal exigirá una contención estricta del gasto corriente y priorizará inversiones ya comprometidas o consideradas financieramente sostenibles. Uno de los mayores desafíos será el aumento del gasto de personal. Actualmente, el capítulo salarial ya absorbe 77,2 millones de euros del presupuesto municipal y para el año 2027 deberá aplicarse un incremento del 5% sobre la masa salarial consolidada. Por ello, el Ayuntamiento ha pedido a las distintas concejalías que ajusten sus gastos “a las necesidades imprescindibles”.
La fiscalidad municipal de Gijón debe analizarse no solo desde el anuncio político de congelación de impuestos y tasas, sino también desde la evolución real de algunos recibos y desde la calidad de los servicios públicos. El gobierno municipal de Carmen Moriyón defiende que el presupuesto del año 2027 mantendrá la contención fiscal por cuarto año consecutivo, con un incremento del gasto limitado al 3,4% por las reglas fiscales y sin nuevas subidas generalizadas de tributos. Sin embargo, esta afirmación debe matizarse, ya que desde su llegada al gobierno municipal en 2023 la tasa de recogida de basura doméstica pasó de 90 euros anuales a 112,50 euros anuales en 2025, lo que supone una subida del 25%, equivalente a 22,50 euros más al año o 1,87 euros más al mes por vivienda.
Además, la congelación fiscal no puede desligarse de los problemas pendientes de la ciudad. Gijón mantiene carencias importantes en materia de vivienda pública, pese a disponer de suelo municipal, y en tres años de legislatura no se ha impulsado ninguna promoción pública relevante. Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en si se suben o no los impuestos, sino en qué servicios se prestan, qué necesidades quedan sin cubrir y qué prioridades presupuestarias marca el gobierno municipal.
En términos comparativos, según el análisis publicado en un post que escribí en el blog sobre la presión fiscal municipal asturiana, Gijón registró en 2024 una recaudación de 464 euros por habitante en los principales impuestos municipales —IBI, IVTM, IAE, plusvalía municipal e ICIO—, una cifra ligeramente inferior a la media nacional de 474 euros. Esta cantidad sitúa a Gijón por debajo de municipios asturianos como Carreño, Llanes, Gozón, Llanera, Corvera o Cangas de Onís. Por tanto, Gijón no aparece entre los municipios asturianos con mayor presión fiscal por habitante, pero el dato fiscal debe ponerse en relación con la capacidad del Ayuntamiento para responder a problemas estructurales como la vivienda, la calidad de los servicios públicos y la ejecución de inversiones comprometidas.
En el caso del municipio de Llanes, la elevada presión fiscal municipal que sufren los llaniscos debe analizarse junto a la calidad real de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Según los datos aportados por FADE Y IEE, el concejo recauda 724 euros por habitante en los principales impuestos municipales, una cifra muy superior a la media nacional de 474 euros de media de los municipios de nuestro país. Por tanto, Llanes no presenta un modelo de baja carga fiscal, sino un ayuntamiento con una capacidad recaudatoria elevada que debería traducirse en mejores servicios y en una respuesta más eficaz a las necesidades básicas del municipio.
Sin embargo, tras once años de gobierno municipal, siguen existiendo carencias importantes. La falta de vivienda accesible continúa siendo uno de los principales problemas del concejo, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y personas que quieren desarrollar su vida en Llanes durante todo el año. Esta necesidad difícilmente quedará resuelta con el actual PGOU en trámite de aprobación por el gobierno de ultraderecha de VecinosxLlanes y PP, ya que el documento contempla aproximadamente 6.570 viviendas en total, de las cuales solo 274 serían viviendas de protección oficial, apenas un 4,17% del conjunto: 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Esta proporción resulta claramente insuficiente para responder a la demanda existente y agrava un problema ya condicionado por el peso del turismo y la presión sobre el mercado inmobiliario.
A ello se suman deficiencias en servicios esenciales como: la atención a la dependencia, la escuela de 0 a 3 años, el saneamiento, el abastecimiento de agua y el mantenimiento de infraestructuras básicas. Estos ámbitos afectan directamente a la calidad de vida de la población residente y muestran que una alta recaudación municipal no garantiza, por sí sola, una buena prestación de servicios si no va acompañada de planificación, inversión y prioridades claras.
El modelo económico de Llanes también presenta un problema de fondo: la excesiva dependencia del turismo. El concejo mantiene un modelo de monocultivo turístico que genera actividad en determinadas épocas del año, pero no asegura empleo estable, diversificación económica ni oportunidades suficientes para fijar población. La ausencia de una política municipal sólida de promoción económica limita las posibilidades de atraer nuevas actividades, apoyar al tejido productivo local y crear alternativas laborales más allá del sector turístico.
Esta realidad contrasta con el coste de la estructura política municipal. Según la noticia publicada en prensa en el año 2023, el equipo de gobierno suponía un coste anual de 293.902 euros, al que se añadía un asesor con un coste de 47.824 euros anuales, lo que eleva el conjunto a más de 341.000 euros al año https://bit.ly/4dzeO4V Con estos niveles de retribución que perciben los concejales del gobierno ultra y una presión fiscal elevada, resulta razonable exigir resultados claros en vivienda, servicios sociales, educación infantil, infraestructuras y promoción económica.
En conclusión, el debate fiscal en Llanes no debe limitarse a cuánto paga la ciudadanía, sino a qué recibe a cambio. Si el gobierno municipal ultra de Llanes recauda por encima de la media y mantiene una estructura política costosa, pero no resuelve problemas básicos como la vivienda, la dependencia, la escuela infantil, el saneamiento o la diversificación económica, la cuestión central es la calidad de la gestión municipal y la eficacia en la prestación de los servicios públicos.
Para terminar el post quiero manifestar que en definitiva, el debate fiscal en Asturias no puede reducirse únicamente a la comparación entre territorios ni a la defensa partidista de modelos tributarios. La cuestión central debe ser siempre si la presión fiscal que soportan los ciudadanos se traduce realmente en mejores servicios públicos, oportunidades y calidad de vida. Los casos de Gijón y Llanes muestran que congelar impuestos o mantener una elevada capacidad recaudatoria no garantiza, por sí solo, una respuesta eficaz a problemas estructurales como la vivienda, la dependencia, la educación infantil, el saneamiento o la diversificación económica.
En Gijón, pese al discurso de estabilidad fiscal del gobierno municipal, siguen existiendo carencias importantes en vivienda pública y servicios básicos, mientras los ciudadanos sí han visto incrementos concretos como la subida de la tasa de basura. En Llanes, la elevada presión fiscal municipal contrasta con déficits persistentes en vivienda asequible, atención a mayores, escuela de 0 a 3 años, infraestructuras y promoción económica, en un municipio cada vez más condicionado por un modelo de monocultivo turístico que dificulta fijar población y generar empleo estable durante todo el año.
Al mismo tiempo, el Gobierno del Principado mantiene una estructura fiscal que continúa ofreciendo margen de mejora para las rentas medias y bajas. El gobierno del Principado de Asturias ha avanzado en deducciones y rebajas parciales, pero siguen existiendo asimetrías fiscales que afectan especialmente a trabajadores, pensionistas, jóvenes y familias. La falta de una deflactación amplia del IRPF autonómico, la complejidad de muchas deducciones, la ausencia de automatismos fiscales o las dificultades de acceso a beneficios tributarios hacen que parte de esas medidas no lleguen realmente a quienes más las necesitan.
Por ello, una reforma fiscal útil para Asturias debería centrarse menos en el debate sobre grandes patrimonios y más en aliviar de forma efectiva la situación de las rentas medias y bajas. Simplificar deducciones, elevar mínimos personales y familiares, adaptar los tramos del IRPF a la inflación, reforzar las ayudas fiscales vinculadas a vivienda y conciliación o convertir determinadas deducciones en medidas realmente accesibles serían pasos más eficaces para mejorar la situación cotidiana de miles de asturianos.
Porque la fiscalidad en Asturias no debe medirse únicamente por cuánto recauda una administración, sino por su capacidad para garantizar servicios públicos eficaces, corregir desigualdades y responder a las necesidades reales de la ciudadanía.
Ya lo dijo Richard Musgrave: “La fiscalidad solo es justa cuando lo que se recauda vuelve a la ciudadanía en forma de derechos, servicios y oportunidades.
