Las declaraciones efectuadas el 9 de agosto de 2026 por María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y vinculada también a la patronal de la construcción CAC-Asprocon, merecen ser confrontadas con los términos concretos del acuerdo alcanzado pocos días antes entre el Gobierno del Principado y el sector promotor para impulsar 400 nuevas viviendas protegidas. No es necesario entrar en especulaciones ni atribuir intenciones a nadie. Basta con comparar lo que se ha dicho públicamente con lo que recoge el propio acuerdo anunciado por el Gobierno de Asturias.
El 6 de agosto, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció un acuerdo con CAC-Asprocon y FADE destinado a facilitar la construcción de 400 viviendas protegidas durante 2027.
Foto: reunión de "trileras", Carmen Moriyón y María Calvo
La información oficial puede consultarse aquí:
Zapico anuncia un acuerdo con la patronal para construir 400 viviendas protegidas
El acuerdo contiene dos elementos económicos fundamentales:
1. Por una parte, se eleva el precio máximo del módulo de la vivienda protegida un 3,7 %, pasando de 2.124 euros a 2.202,59 euros por metro cuadrado útil.
2. Por otra, el Principado establece una aportación pública adicional de 139,41 euros por cada metro cuadrado construido, destinada directamente a garantizar la viabilidad económica de estas promociones.
El Gobierno de Asturias lo explica de manera inequívoca:
«Para garantizar la viabilidad técnica y económica de las promociones sin trasladar el incremento de los costes de construcción al precio que paguen las familias, el Principado complementará el coste de ejecución con una aportación pública de 139,41 euros por metro cuadrado construido, financiada a través del Plan Estatal de Vivienda».
Por tanto, estamos ante una operación en la que intervienen dos fuentes de financiación. La primera procede del comprador de la vivienda protegida, que podrá pagar un precio máximo superior al vigente desde diciembre del año 2022.
La segunda procede directamente de fondos públicos.
Y precisamente aquí aparece una cuestión difícil de conciliar con las declaraciones realizadas tres días después por la presidenta de FADE.
«NO CONSUME RECURSOS PÚBLICOS»
En la entrevista publicada el 9 de agosto, María Calvo defendió la necesidad de que los promotores privados participasen en la construcción de vivienda protegida. Su argumento fue el siguiente:
«Siempre hemos dicho que la solución no podía venir únicamente de la vivienda pública. Era imprescindible que los promotores pudiéramos hacer vivienda protegida, porque tenemos más capacidad y, además, no consume recursos públicos».
La entrevista puede consultarse aquí:
María Calvo: «El acuerdo sobre vivienda es útil para los promotores, pero más para los ciudadanos»
La afirmación resulta difícilmente compatible con los términos económicos del acuerdo que ella misma está defendiendo. La promoción privada contemplada en este pacto sí consume recursos públicos.
No se trata de una interpretación. Lo dice expresamente el Gobierno del Principado. Existirá una aportación pública de 139,41 euros por metro cuadrado construido, financiada a través del Plan Estatal de Vivienda.
Que esos fondos procedan del Estado y no directamente de una partida autonómica no cambia su naturaleza: siguen siendo recursos públicos financiados por el conjunto de los contribuyentes. Puede sostenerse que la promoción privada necesita menos recursos públicos que una promoción realizada íntegramente por la Administración. Puede argumentarse que el promotor privado asume la construcción, la financiación, los riesgos empresariales y parte del coste de la operación. Pero eso es algo diferente a afirmar que «no consume recursos públicos».
El acuerdo demuestra que sí los consume.
LOS PROMOTORES RECIBEN UNA AYUDA PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE LAS OBRAS
El propio comunicado del Principado explica además cuál es la finalidad de esos 139,41 euros por metro cuadrado. Se conceden para «garantizar la viabilidad técnica y económica de las promociones». Y añade que servirán para absorber parcialmente el incremento del precio de los materiales, de la mano de obra y de las mayores exigencias en calidad constructiva, accesibilidad y eficiencia energética. Es decir, la Administración ha decidido utilizar dinero público para conseguir que unas promociones que el sector consideraba económicamente inviables puedan volver a resultar realizables.
La patronal de la construcción tampoco oculta esta circunstancia. CAC-Asprocon calificó el acuerdo de estratégico porque la nueva situación permitirá a los promotores afrontar estas obras con márgenes de beneficio garantizados, manteniendo al mismo tiempo el precio de las viviendas protegidas alrededor de los 150.000 euros.
Información sobre el acuerdo:
El Principado acuerda con la patronal la construcción de 400 viviendas protegidas
Estamos, por tanto, ante un mecanismo fácilmente comprensible:
se incrementa el precio máximo que puede pagar el comprador y, además, se complementa económicamente la promoción con una ayuda sufragada con fondos públicos.
No significa que esa ayuda constituya automáticamente beneficio limpio para el constructor. La aportación está destinada a compensar costes y garantizar la viabilidad de las promociones. Pero tampoco puede afirmarse que esas viviendas se construirán únicamente con recursos privados.
«ÚTIL PARA LOS PROMOTORES, PERO SOBRE TODO PARA LOS CIUDADANOS»
María Calvo realizó otra afirmación relevante:
«Creemos que este acuerdo lo es. Para los promotores, pero sobre todo para los ciudadanos, especialmente los jóvenes».
Que las viviendas protegidas puedan beneficiar a quienes finalmente accedan a ellas es evidente. El objetivo de una vivienda protegida es precisamente permitir el acceso a precios inferiores o más controlados que los existentes en buena parte del mercado libre. Además, según el Gobierno asturiano, estas viviendas tendrán protección permanente una vez que se apruebe la futura Ley de Vivienda de Asturias. Pero afirmar que los ciudadanos son quienes resultan más beneficiados exige tener en cuenta que esos mismos ciudadanos participan también en la financiación del sistema.
El comprador aporta el precio de adquisición. Y el conjunto de los contribuyentes aporta, mediante fondos públicos, 139,41 euros por cada metro cuadrado construido. Por ello, el coste que no se traslada directamente al comprador no desaparece. Se financia parcialmente a través de los presupuestos públicos.
UN EJEMPLO PARA ENTENDER LA MAGNITUD DE LA AYUDA
El Gobierno utiliza como referencia una vivienda protegida de más de 70 metros cuadrados útiles, cuyo precio estará en torno a los 150.000 euros, sin incluir determinadas dependencias adicionales. La subvención, sin embargo, no se calcula sobre metros útiles, sino sobre metros cuadrados construidos.
Por eso no es correcto sumar directamente el 3,7 % de aumento del módulo con la ayuda pública y convertirlo automáticamente en un porcentaje de incremento del ingreso del promotor. Son superficies de referencia distintas. Pero sí podemos comprobar la dimensión económica de la aportación pública mediante un ejemplo sencillo.
Si una vivienda tuviera, por ejemplo, 85 metros cuadrados construidos, la ayuda pública correspondiente sería:
85 × 139,41 = 11.849,85 euros.
Si fueran 90 metros construidos:
90 × 139,41 = 12.546,90 euros.
Estas cantidades no proceden del comprador directamente.
Proceden del Plan Estatal de Vivienda.
Y por tanto son recursos públicos. Multiplicadas por cientos de viviendas, estamos hablando de una cantidad significativa de dinero público destinado a hacer posible la promoción privada de vivienda protegida. La cuantía total dependerá, naturalmente, de la superficie construida efectiva de las 400 viviendas.
NO SON 400 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DIRECTA
También conviene hacer una precisión importante. Las 400 viviendas anunciadas no son 400 viviendas que vaya a construir directamente la Administración pública. El propio acuerdo establece que será la patronal de la construcción la que se compromete a promover esos 400 pisos durante 2027. Por tanto, estamos ante vivienda protegida promovida mediante participación privada y apoyo público, no ante 400 viviendas públicas construidas íntegramente por el Principado.
Esta diferencia es importante para entender el debate.
María Calvo precisamente sostiene que la Administración pública por sí sola no puede atender toda la demanda y que necesita la capacidad constructora del sector privado. Es una posición perfectamente defendible y entendible siendo ella y su sector los beneficiados. Lo que resulta más difícil de defender es presentar esa fórmula como una alternativa que «no consume recursos públicos», cuando el propio acuerdo incorpora expresamente una subvención pública destinada a hacerla viable.
EL ACUERDO PRETENDE RESOLVER UN PROBLEMA REAL DE VIABILIDAD
Conviene también señalar un hecho para no convertir el análisis en una crítica unilateral. El precio máximo de la vivienda protegida llevaba sin actualizarse desde diciembre del año 2022. Los promotores venían reclamando desde hacía más de dos años una revisión porque consideraban que, con el aumento de los costes de construcción, resultaba económicamente inviable desarrollar determinadas promociones. María Calvo volvió a recordarlo públicamente pocos días después del acuerdo. El pasado 7 de agosto manifestó que la patronal llevaba más de dos años planteando esa actualización y celebró que finalmente se hubiera alcanzado un acuerdo.
María Calvo propone más oferta y menos trabas para facilitar el acceso a la vivienda
Por tanto, el objetivo declarado del acuerdo es claro: conseguir que vuelva a resultar económicamente viable construir vivienda protegida. El problema no está necesariamente en que exista una ayuda pública. Las administraciones públicas utilizan subvenciones en numerosos ámbitos cuando pretenden conseguir objetivos económicos o sociales. La cuestión es otra:
Sí se utiliza dinero público para garantizar la viabilidad de una actividad privada, debe reconocerse que se están utilizando recursos públicos y explicar con transparencia cuál es su coste.
EL CIUDADANO PAGA DE DOS FORMAS: COMO COMPRADOR Y COMO CONTRIBUYENTE
Este es probablemente el aspecto más importante del acuerdo. El ciudadano puede aparecer en dos posiciones diferentes. Quien finalmente compre una VPO pagará el precio de adquisición conforme al nuevo módulo. Pero además, él y el resto de ciudadanos participan como contribuyentes en la financiación de la aportación pública destinada a los promotores. Por tanto, existe un reparto del coste:
· Una parte la soporta el comprador de la vivienda.
· Otra parte se financia colectivamente a través de los presupuestos públicos.
Eso no convierte necesariamente el acuerdo en perjudicial para los ciudadanos. Puede ser una fórmula eficaz si consigue producir viviendas que de otra manera no se construirían. Pero sí obliga a abandonar una idea que no se corresponde con los datos publicados:
· la vivienda protegida promovida por empresas privadas en virtud de este acuerdo no se realizará sin consumir recursos públicos.
LA PREGUNTA QUE FALTA POR RESPONDER
El Principado ha explicado la cuantía de la ayuda y su finalidad. Los promotores han explicado que necesitaban mejores condiciones económicas para volver a construir VPO. Y el Gobierno asegura que la operación permitirá mantener las viviendas a precios asequibles. Pero existe una cuestión que resulta fundamental para evaluar completamente el acuerdo:
¿cómo se han calculado exactamente los 139,41 euros por metro cuadrado construido?
Para conocer si la aportación pública es estrictamente la necesaria para hacer viable cada promoción sería conveniente conocer con detalle los costes utilizados para fijarla:
· coste de construcción, suelo, financiación, costes técnicos, fiscalidad, exigencias de eficiencia energética y margen empresarial considerado razonable.
No es necesario cuestionar la legitimidad del beneficio empresarial. Una empresa privada necesita obtener rentabilidad para desarrollar una promoción. Pero cuando una parte de esa viabilidad se garantiza mediante recursos públicos, la transparencia sobre los costes y los márgenes debería formar parte inseparable del acuerdo ( en este acuerdo del consejero Ovidio Zapico las explicaciones brillan por su ausencia, más allá del autobombo de dicho acuerdo).
400 VIVIENDAS EN 2027
Según el comunicado oficial del Principado, CAC-Asprocon se ha comprometido a promover 400 viviendas de estas características durante 2027. Es importante utilizar exactamente esos términos. A día de hoy hablamos de un compromiso de promoción, no de 400 viviendas construidas ni entregadas. El resultado del acuerdo deberá medirse finalmente por las viviendas que efectivamente comiencen a construirse, se terminen y lleguen a sus adjudicatarios. Será entonces cuando pueda evaluarse también cuánto dinero público se ha empleado por cada vivienda finalmente incorporada al parque protegido.
UNA CONTRADICCIÓN QUE LAS CIFRAS DEJAN A LA VISTA
No hace falta convertir este asunto en una discusión ideológica. Las propias declaraciones y los documentos oficiales permiten establecer los hechos. María Calvo afirma que la participación de los promotores privados en la vivienda protegida «no consume recursos públicos». El acuerdo alcanzado por el Principado con la patronal establece una aportación pública de 139,41 euros por metro cuadrado construido. María Calvo asegura que el pacto resulta útil para los promotores, pero «sobre todo para los ciudadanos». Los ciudadanos que accedan a estas viviendas podrán beneficiarse de un precio protegido, pero el conjunto de los ciudadanos financiará también mediante sus impuestos parte del coste necesario para garantizar la viabilidad de las promociones privadas. Y el propio sector constructor reconoce que las nuevas condiciones permitirán desarrollar las obras con márgenes de beneficio garantizados.
Todos estos hechos pueden coexistir.
La colaboración público-privada puede ser útil.
La subvención puede estar justificada.
El constructor puede legítimamente obtener un beneficio.
Y el comprador puede obtener una vivienda a un precio inferior al que encontraría en determinadas zonas del mercado libre.
Pero existe una conclusión que resulta difícil discutir a la vista de los documentos oficiales:
· no estamos ante vivienda protegida privada que no consume recursos públicos.
· Estamos ante vivienda protegida promovida por empresas privadas cuya viabilidad se apoya también en dinero público.
Por eso, más allá de las declaraciones políticas o empresariales, la cuestión que deberán poder conocer los ciudadanos es sencilla:
· cuánto dinero público acabará destinándose a esas 400 viviendas, qué coste tendrá cada vivienda para el contribuyente y qué criterios económicos se han utilizado para determinar que 139,41 euros por metro cuadrado construido es la aportación necesaria.
Porque cuando una política se financia con recursos de todos, la transparencia sobre quién paga, cuánto paga y quién recibe esos recursos no debería ser una cuestión secundaria.
FUENTES
Gobierno del Principado de
Asturias, 6 de agosto de 2026:
Zapico anuncia un
acuerdo con la patronal para construir 400 viviendas protegidas
Entrevista a María Calvo,
presidenta de FADE, publicada el 9 de agosto de 2026:
«El
acuerdo sobre vivienda es útil para los promotores, pero más para los
ciudadanos»
Declaraciones de María Calvo
sobre el acuerdo, 7 de agosto de 2026:
Europa
Press: María Calvo propone más oferta y menos trabas ideológicas
Información sobre la
valoración de CAC-Asprocon:
El
Principado acuerda con la patronal la construcción de 400 viviendas protegidas
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Tres
años sin viviendas: la incompetencia que terminamos pagando todos
Hay fotografías políticas que explican mucho más que una rueda de prensa. Y la que deja el reciente acuerdo sobre vivienda protegida en Asturias resulta especialmente reveladora: la patronal de la construcción reclamaba desde hacía años mejores condiciones económicas para volver a construir VPO; el Gobierno asturiano termina aceptando una subida del módulo y una aportación pública directa por metro cuadrado construido; los empresarios celebran el acuerdo y desde el gobierno municipal de Gijón se recibe el desbloqueo como la confirmación de que aquello que llevaban tiempo reclamando finalmente se ha hecho.
Y en medio de todos ellos está el ciudadano. El mismo ciudadano al que todos dicen defender y que, paradójicamente, acabará participando en la financiación de la solución como comprador y como contribuyente.
El pasado 6 de agosto, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU), anunció el acuerdo alcanzado con la patronal de la construcción para promover 400 viviendas protegidas durante 2027. El acuerdo establece que el módulo máximo de la VPO pasa de 2.124 a 2.202,59 euros por metro cuadrado útil, un incremento del 3,7 %. Pero la operación no termina ahí. Para hacer económicamente viables las promociones, el Principado aportará además 139,41 euros de dinero público por cada metro cuadrado construido, cantidad financiada mediante el Plan Estatal de Vivienda.
Así lo explica el propio Gobierno de Asturias en su comunicado oficial sobre el acuerdo. No hablamos, por tanto, de una interpretación política. Hay una subida del precio máximo que puede soportar el comprador y existe simultáneamente una aportación pública destinada a garantizar la viabilidad económica de las promociones privadas. Y eso hace particularmente llamativas las declaraciones efectuadas pocos días después por la presidenta de FADE, María Calvo.
Calvo afirmó que era imprescindible que los promotores privados pudieran construir vivienda protegida porque disponen de mayor capacidad y porque, según sus palabras, «no consume recursos públicos». La frase resulta difícilmente conciliable con el contenido del acuerdo. Porque 139,41 euros públicos por cada metro cuadrado construido son recursos públicos, independientemente de que procedan del presupuesto autonómico o del Plan Estatal de Vivienda.
Y no hay que suponer para qué sirven.
Lo dice el propio Gobierno: para garantizar la viabilidad técnica y económica de las promociones. La entrevista de María Calvo puede consultarse aquí.
LA PATRONAL CONSIGUE LO QUE LLEVABA TIEMPO RECLAMANDO
CAC-Asprocon no ha escondido su satisfacción. Su presidente, Joel García, celebró públicamente tanto el acuerdo para promover las 400 viviendas como la actualización del módulo y la ayuda pública próxima a los 140 euros por metro cuadrado construido. Puede consultarse la valoración de CAC-Asprocon en Europa Press. No existe nada extraño en que una organización empresarial defienda los intereses de las empresas que representa.
Ésa es precisamente su función.
Lo que merece una explicación política mucho más profunda es otra cosa: hasta qué punto una Administración que se presenta como progresista ha terminado aceptando las condiciones económicas reclamadas por el sector privado y destinando recursos públicos a garantizar la viabilidad de sus promociones. Porque el Gobierno no se limita a actualizar un precio congelado desde 2022. También introduce dinero público para cerrar la diferencia que el mercado y el precio protegido no permiten cubrir.
Y GIJÓN RESPONDE: ERA LO QUE VENÍAMOS PIDIENDO
La reacción del Ayuntamiento de Gijón resulta especialmente significativa. La alcaldesa, Carmen Moriyón (FORO), recordó inmediatamente que la actualización del módulo era algo que Gijón llevaba reclamando desde hacía tiempo y acusó a Ovidio Zapico de haber retrasado durante dos años el acceso a vivienda asequible. Tras conocerse el acuerdo, el Ayuntamiento anunció además la reactivación del Plan Llave, cuya anterior licitación no había conseguido atraer a los promotores.
La información puede consultarse en Onda Cero y en las declaraciones de Carmen Moriyón recogidas por Europa Press. La alcaldesa considera que Zapico antepuso durante demasiado tiempo la ideología a la solución del problema. Pero hay otra lectura posible de los mismos hechos:
· el Gobierno asturiano ha terminado aceptando precisamente el mecanismo económico que reclamaban los promotores y que reclamaba también el Ayuntamiento de Gijón para conseguir que su Plan Llave resultase atractivo para el sector privado.
Y aquí la fotografía política comienza a resultar difícil de explicar desde la tradicional división entre izquierda y derecha.
¿DÓNDE QUEDA ENTONCES LA POLÍTICA DE IZQUIERDAS?
IU gestiona la Consejería de Vivienda dentro de un Gobierno presidido por el PSOE. Y finalmente la solución adoptada consiste en mejorar las condiciones económicas de la promoción privada para conseguir que vuelva a construir vivienda protegida.
Puede argumentarse que es pragmatismo.
Puede argumentarse que las licitaciones estaban quedando desiertas.
Puede argumentarse que los costes de construcción habían aumentado y que mantener el módulo de 2022 hacía inviables las promociones.
Todo eso merece ser considerado.
Pero precisamente por ello la izquierda asturiana debería explicar con absoluta transparencia qué alternativa estudió antes de aceptar las condiciones reclamadas por el sector constructor y por qué ésta resulta más favorable para el ciudadano que otras posibilidades de intervención pública.
Porque existe una diferencia fundamental entre reconocer que una empresa necesita obtener un beneficio para construir y utilizar dinero público para garantizar que las condiciones económicas sean suficientemente atractivas para que esa empresa decida hacerlo. Esto último exige rendición de cuentas.
UNA EXTRAÑA CONVERGENCIA
Lo llamativo de la situación es la extraordinaria convergencia que finalmente se produce:
· FADE está satisfecha.
· CAC-Asprocon está satisfecha.
· El Ayuntamiento de Gijón considera que finalmente se ha hecho aquello que venía reclamando.
· Y el Gobierno de PSOE e IU presenta el acuerdo como una buena noticia para las familias trabajadoras.
Todos parecen haber encontrado motivos para celebrar. Pero existe un pequeño detalle que no debería desaparecer detrás de esa unanimidad:
· una parte de la factura la pagará el comprador y otra parte la pagaremos entre todos.
Por eso resulta imprescindible preguntarse quién ha conseguido exactamente qué en esta negociación. Los promotores han conseguido la actualización del módulo que llevaban reclamando. Han conseguido además una aportación pública de 139,41 euros por metro cuadrado construido destinada a garantizar la viabilidad de las promociones. Los ayuntamientos que reclamaban esa actualización pueden reactivar proyectos que no conseguían atraer promotores. El Gobierno puede anunciar 400 nuevas viviendas protegidas.
¿Y qué obtiene el ciudadano?
Si las viviendas finalmente se construyen, obtiene algo muy importante: 400 viviendas protegidas que actualmente no existen. Pero para obtenerlas tendrá que existir también una aportación pública. Y ésa es precisamente la parte que no puede ocultarse detrás de las celebraciones.
NO ES NECESARIO HABLAR DE CONSPIRACIONES NI DE LOBBIES OCULTOS
FADE y CAC-Asprocon son organizaciones empresariales conocidas y públicas. Defienden los intereses del tejido empresarial y, en el caso de CAC-Asprocon, específicamente los del sector de la construcción. No necesitan esconderlo. La pregunta democrática debe dirigirse, por tanto, no contra quienes legítimamente defienden sus intereses empresariales, sino hacia quienes administran los intereses generales y el dinero público. Los empresarios negocian buscando condiciones que permitan rentabilizar sus inversiones. Eso es perfectamente previsible. Quien tiene la obligación de demostrar que el acuerdo es también el mejor posible para los ciudadanos es el Gobierno. Y esa obligación corresponde especialmente a quienes gobiernan proclamando que la vivienda constituye un derecho y no simplemente una mercancía.
LA IZQUIERDA NO PUEDE LIMITARSE A DECIR QUE «NO HABÍA OTRA SOLUCIÓN»
Si la explicación consiste simplemente en que con el módulo anterior los promotores no construían, entonces debería publicarse la memoria económica que permite conocer por qué la solución adecuada son exactamente 139,41 euros públicos por metro cuadrado construido.
¿Por qué 139,41?
¿Por qué no 100?
¿Por qué no 80?
¿Por qué no 170?
¿Qué coste real de construcción se ha utilizado?
¿Qué coste financiero?
¿Qué precio del suelo?
¿Qué margen empresarial?
¿Qué rentabilidad privada considera razonable el Gobierno garantizar mediante la combinación de precio regulado y dinero público?
Estas preguntas no son ideológicas. Son exactamente las preguntas que deben hacerse cuando se administran recursos públicos.
EL MAYOR FRACASO SERÍA QUE DESPUÉS DE PAGAR SIGUIÉRAMOS SIN VIVIENDAS
Hay además una cuestión que no debería olvidarse. De momento no existen esas 400 nuevas viviendas. Existe un acuerdo para promoverlas durante 2027. Por eso el éxito de esta política no puede medirse por fotografías, ruedas de prensa, satisfacción empresarial o felicitaciones políticas. Debe medirse por viviendas terminadas:
· Cuántas empiezan a construirse.
· Cuántas se terminan.
· Cuánto dinero público recibe cada promoción.
· Cuánto termina costando al contribuyente cada vivienda efectivamente entregada.
· Y qué precio paga finalmente cada familia adjudicataria.
Ésa será la verdadera auditoría del acuerdo.
Porque después de años de retrasos, planes, anuncios y licitaciones fallidas, sería difícilmente justificable que la Administración mejorase las condiciones económicas reclamadas por los promotores, aportase además dinero público y las viviendas continuasen sin llegar.
LA FOTOGRAFÍA FINAL
La fotografía política que queda es incómoda. Una patronal que reclama mejores condiciones económicas. Un sector constructor que considera insuficiente el anterior modelo. Gobiernos municipales que reclaman esas mismas modificaciones para poder sacar adelante sus planes. Y finalmente un Gobierno autonómico sostenido por PSOE e IU que acepta elevar el módulo y complementarlo con dinero público para garantizar la viabilidad de las promociones privadas.
Después todos celebran el acuerdo.
Pero el dinero público no pertenece ni a IU, ni al PSOE, ni a FORO, ni al PP, ni a FADE, ni a CAC-Asprocon. Pertenece a los ciudadanos. Y por eso la discusión verdaderamente importante no consiste en decidir qué partido puede apuntarse el mérito del acuerdo. Consiste en saber si cada euro público destinado a garantizar la viabilidad del negocio privado es estrictamente necesario para conseguir esas viviendas.
María Calvo puede celebrar el acuerdo. CAC-Asprocon puede celebrarlo. Carmen Moriyón puede afirmar que finalmente se ha hecho aquello que reclamaba. Y Ovidio Zapico puede presentarlo como una solución para las familias trabajadoras.
Pero existe una realidad que ninguna celebración debería borrar:
los promotores han conseguido mejores condiciones económicas; la Administración ha aceptado financiarlas parcialmente con recursos públicos y los ciudadanos tienen derecho a exigir que se demuestre que ese sacrificio económico es imprescindible, proporcionado y beneficioso para ellos.
Porque la cuestión no es quién sale sonriente en la fotografía. La cuestión es quién paga la fotografía, cuánto paga y qué recibe realmente a cambio.
Para cerrar el post quiero manifestar que al final, el tiempo será quien quite la propaganda de en medio. Dentro de unos meses ya no importarán las fotografías, los titulares ni las declaraciones de satisfacción. Importará saber cuántas de aquellas 400 viviendas prometidas existen realmente, cuánto dinero público se ha destinado a hacerlas posibles y cuánto han terminado pagando las familias por ellas.
FADE y CAC-Asprocon han hecho su trabajo: defender los intereses de quienes representan. Lo verdaderamente preocupante sería que quienes administran el dinero de todos confundieran esos intereses particulares con el interés general. Porque una Administración puede negociar con los empresarios, colaborar con ellos e incluso subvencionar una actividad privada cuando exista una razón de interés público que lo justifique. Lo que no puede hacer es pedir al ciudadano que pague la factura y, al mismo tiempo, explicarle que esa factura no existe.
María Calvo afirmó que este modelo «no consume recursos públicos». Las cifras del propio acuerdo dicen otra cosa. Y quizás ahí se resume todo este asunto.
Cuando llegue 2027 habrá que volver a este acuerdo, contar viviendas en lugar de promesas y euros públicos en lugar de discursos. Entonces sabremos quién tenía motivos para celebrar y, sobre todo, si los ciudadanos recibieron aquello por lo que ya han empezado a pagar.
Ya lo dijo Platón: «El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres.»
