En política, tancredismo suele significar una actitud de inmovilidad o pasividad ante un problema grave, como si el político “se quedara quieto” esperando que el peligro pase solo.
Viene de Don Tancredo, un personaje del toreo cómico que se quedaba inmóvil sobre un pedestal para que el toro lo confundiera con una estatua. La RAE define dontancredismo —sinónimo de tancredismo— como la “actitud imperturbable” de quien parece no darse cuenta de un peligro grande.
En política se usa para criticar a quien:
- no toma decisiones importantes;
- evita enfrentarse a un conflicto;
- deja que el problema crezca;
- actúa como si no pasara nada.
El 28 de abril de 2026, La Voz de Asturias publicó las declaraciones de Nieves Roqueñí, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano. Roqueñí defendió que el informe de la Inspección General de Servicios encargado por el Ejecutivo autonómico a raíz del accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, no establece una vinculación entre lo ocurrido y la gestión política. La exconsejera, de cuya Consejería dependía el servicio de Minas, figura entre las siete personas señaladas por responsabilidad en el borrador de dictamen elaborado por Covadonga Tomé, presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el accidente. Ante las peticiones de dimisión, Roqueñí afirmó que el informe “ha marcado actuaciones a mejorar”, pero “no hace una vinculación del accidente y la gestión política”, y reiteró que mantiene esa posición de falta de relación entre la causa del siniestro y la gestión realizada en la Consejería.
El 29 de abril de 2026, El Comercio informó del debate en la Junta General sobre las responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo. En esa sesión, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, defendió que la responsabilidad política del Gobierno del Principado pasa por asumir las once recomendaciones recogidas en el informe de la Inspección General de Servicios. También explicó que el Ejecutivo trabaja, junto al Instituto de Transición Justa, en una evaluación sobre la explotación de carbón en Asturias y sobre posibles conflictos con la normativa vigente, como la Ley de Cambio Climático y el plan de cierre de la minería no competitiva. Sánchez restó peso al borrador del dictamen de la comisión de investigación presentado por Covadonga Tomé, al afirmar que contiene “errores” y que necesita “bastantes mejoras”. Entre esos errores citó que se atribuyeran responsabilidades al IDEPA pese a reconocer, según su interpretación, que no tenía competencias directas en la autorización o control de la actividad minera. También criticó que se señalara a funcionarios con nombres y apellidos, al considerar que podría afectar a su derecho a la presunción de inocencia.
El 30 de abril de 2026, RTPA recogió las declaraciones de Adrián Barbón en el pleno de la Junta General. El presidente del Principado (Don Tancredo) insistió en que, por el momento, no se ha demostrado que existan responsabilidades políticas en su administración, “por acción o por omisión”, en el accidente de la mina de Zarréu/Cerredo que costó la vida a cinco trabajadores. No obstante, admitió que su Gobierno no hizo “una valoración correcta” al suprimir en 2019 el Servicio de Seguridad Minera. Barbón afirmó que si más adelante aparecen nuevos elementos podría cambiar de posición y depurar responsabilidades “caiga quien caiga”, pero subrayó que no está dispuesto a condenar a nadie ni a decir que determinadas personas son responsables de cinco muertes cuando, según él, no hay pruebas que lo demuestren. También señaló a la empresa por realizar una actividad no autorizada, que calificó como la causa directa del siniestro.
En conjunto, las informaciones publicadas entre el 28 y el 30 de abril de 2026 reflejan que el Gobierno asturiano y cargos señalados en el borrador de la comisión parlamentaria aceptan la existencia de actuaciones a mejorar, la necesidad de aplicar recomendaciones y la conveniencia de recuperar el Servicio de Seguridad Minera, pero niegan que esté demostrada una relación directa entre la gestión política y el accidente. Frente a esa posición, la oposición y Covadonga Tomé mantienen la exigencia de responsabilidades políticas por las decisiones administrativas previas, la supresión del Servicio de Seguridad Minera, el funcionamiento del Servicio de Minas y la falta de control sobre la explotación.
En las noticias citadas del 28, 29 y 30 de abril de 2026 no aparecen declaraciones directas de familiares de los trabajadores fallecidos ni de los trabajadores heridos en el accidente de Cerredo. Las declaraciones recogidas corresponden a cargos políticos e institucionales: Nieves Roqueñí, Borja Sánchez, Covadonga Tomé y Adrián Barbón.
El 22 y 23 de abril publiqué dos post en el blog donde explicaba las responsabilidades del gobierno autonómico amparándose en lo que dice la ley en cuanto a las responsabilidades legales que tenían con el servicio de minas. Se puede leer en los siguientes enlaces: https://bit.ly/4uhXsi6, https://bit.ly/4cYgkfl
Confrontados los dos posts que escribí con las declaraciones de Nieves Roqueñí, Borja Sánchez y Adrián Barbón, casan solo en un punto: todos parten de que la causa directa del accidente fue la actividad de la empresa en una explotación no autorizada. Pero no casan con el núcleo de mi argumentación de los post, porque en los mismos separo dos planos distintos: una cosa es la responsabilidad penal directa por la explosión y otra la responsabilidad política y administrativa por el funcionamiento del Servicio de Minas, por las autorizaciones, las inspecciones, la vigilancia, la tramitación de denuncias y la reacción ante indicios de irregularidad. Esa separación aparece expresamente en mis posts: señalo que el dictamen provisional no sostiene que la Administración causara directamente el accidente, sino que hubo fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que contribuyeron a mantener un contexto de riesgo no corregido https://bit.ly/4ucdkTi
Roqueñí intenta cerrar el debate afirmando que el informe de la Inspección General de Servicios “ha marcado actuaciones a mejorar”, pero “no hace una vinculación del accidente y la gestión política”. Ese argumento desplaza el foco desde la gestión del Servicio de Minas hacia la causalidad directa del siniestro. El problema, según lo desarrollo en los posts, es que la responsabilidad política no exige demostrar que un cargo público provocó materialmente la explosión, sino determinar si quienes dirigían la Consejería competente cumplieron con su deber de supervisar un servicio público que tenía funciones de autorización, inspección, vigilancia y reacción ante actividades mineras irregulares https://bit.ly/48wa8cZ
El argumento de Borja Sánchez sigue una línea parecida. El consejero afirma que la responsabilidad política del Gobierno pasa por asumir las once recomendaciones del informe de la Inspección y por completar la evaluación de la explotación de carbón en Asturias. También resta valor al borrador de dictamen por contener, a su juicio, errores, entre ellos el señalamiento de funcionarios y la atribución de responsabilidades al IDEPA. Sin embargo, el propio hecho de asumir once recomendaciones sobre planificación inspectora, herramientas digitales, revisión de transmisiones de derechos mineros, regulación de los Proyectos de Investigación Complementaria y posible refuerzo organizativo del servicio confirma que existían deficiencias relevantes en la gestión previa. El Gobierno de Barbón, por tanto, admite la necesidad de corregir el sistema, pero evita traducir esas deficiencias en responsabilidades políticas concretas https://bit.ly/4cVx3Q9
La posición de (“Don Tancredo”) Barbón es la más clara en esa estrategia defensiva. El 30 de abril de 2026 admitió que, “visto en perspectiva”, su Gobierno no hizo una “valoración correcta” al suprimir el Servicio de Seguridad Minera al inicio de la legislatura, pero rechazó que esa reestructuración pueda vincularse al accidente y volvió a colocar el centro de la responsabilidad en la empresa, afirmando que si esta no hubiera hecho algo para lo que no tenía autorización no habría habido cinco muertos. Esa afirmación puede servir para señalar la causa empresarial directa, pero no responde al reproche político-administrativo planteado en mis post: por qué una actividad ilegal o irregular pudo mantenerse sin una reacción pública eficaz en un sector sometido precisamente a control minero https://bit.ly/4mYos3M
Ahí está la principal contradicción. El Gobierno regional sostiene que no hay responsabilidad política demostrada porque no se ha acreditado una relación directa entre la actuación administrativa y el resultado mortal. Mis posts, en cambio, sostienen que ese no es el estándar propio de una comisión parlamentaria ni del control político. La Junta General controla la acción del Consejo de Gobierno y puede exigir responsabilidad política; la responsabilidad política y administrativa no se confunde con la penal. La Ley de Minas tipifica como infracción grave la realización de actividades de aprovechamiento sin autorización, y la Ley 40/2015 reconoce a las Administraciones la potestad de comprobar, verificar, investigar e inspeccionar actividades sometidas a la legislación aplicable… Cuestión que el gobierno de Barbón se paso por el arco del Triunfo https://bit.ly/4cImfpP
Por eso, las responsabilidades que el Gobierno de Barbón elude o rebaja en su discurso no son, estrictamente, responsabilidades penales por los homicidios, sino responsabilidades políticas y administrativas por el estado y funcionamiento del control público minero. Entre ellas figuran la supresión en 2019 del Servicio de Seguridad Minera, la falta de una planificación inspectora suficientemente reglada, las deficiencias en la trazabilidad y tramitación de denuncias, la necesidad de revisar las transmisiones de derechos mineros, la utilización de los PIC en un contexto de cierre de la minería no competitiva y la ausencia de una reacción más intensa tras antecedentes e indicios previos. El informe de Inspección, asumido por el propio Gobierno, apuntó a recomendaciones precisamente en esos ámbitos, y Europa Press recogió que el informe señalaba el uso de los PIC como vía para autorizar extracción de carbón y eludir el plan de cierre https://bit.ly/3OPywje
En mis posts, la crítica no consiste en negar que la empresa tenga responsabilidad directa, sino en rechazar que esa responsabilidad empresarial borre las obligaciones públicas de vigilancia, inspección y reacción que tiene el Gobierno de Barbón. El razonamiento es que una explotación clandestina o irregular no convierte a la Administración en ajena al problema, sino que activa precisamente el ámbito de actuación de la autoridad minera. Si había deberes públicos de inspección y control, y si el propio informe oficial detecta fallos en inspecciones, denuncias, trazabilidad, transmisiones, cobertura normativa y organización del servicio, entonces la tesis gubernamental de que todo queda reducido a la conducta de la empresa resulta insuficiente para cerrar el debate político https://bit.ly/4dea18y
En resumen, Roqueñí, Sánchez y Barbón no rebaten el fondo de mis explicaciones en los dos post: desplazan el debate desde la responsabilidad política por la gestión del Servicio de Minas hacia la ausencia de prueba penal directa contra cargos públicos. Admiten mejoras, reconocen fallos de valoración y aceptan reformas del sistema, pero evitan asumir que esas mismas deficiencias puedan generar responsabilidades políticas. Esa es la responsabilidad eludida por el Gobierno regional: no la de haber provocado directamente la explosión, sino la de haber dirigido, mantenido o no corregido a tiempo un sistema de control minero que, según el informe y el debate parlamentario, funcionó con carencias graves antes de la tragedia de Cerredo.
El “tancredismo” que puede apreciarse en esta situación no consiste en que el Gobierno asturiano no haya hecho absolutamente nada después del accidente. Sí ha encargado un informe, ha anunciado recomendaciones, ha hablado de recuperar el Servicio de Seguridad Minera y ha prometido mejoras. El “tancredismo” está en otra parte: en moverse administrativamente, pero permanecer inmóvil políticamente. Es decir, reconocer fallos, admitir que hubo cosas que mejorar, incluso aceptar que la supresión del Servicio de Seguridad Minera no fue una valoración correcta, pero evitar que todo eso tenga consecuencias políticas concretas. La RAE define el “dontancredismo”, sinónimo de “tancredismo”, como la actitud imperturbable de quien parece no darse cuenta de la amenaza de un peligro grande. En este caso, aplicado al debate político, el peligro no es solo el accidente ya ocurrido, sino la posibilidad de que un sistema público de control minero haya fallado gravemente y que, aun así, nadie asuma responsabilidad política por ello.
La posición de Nieves Roqueñí encaja en esa lógica porque desplaza el debate desde la gestión política del Servicio de Minas hacia la causa directa del accidente. Ella sostiene que el informe de la Inspección General de Servicios marca actuaciones a mejorar, pero no vincula el accidente con la gestión política, e insiste en que no hay relación entre la causa del siniestro y la gestión realizada en la Consejería. Esa defensa puede tener sentido si se está hablando de responsabilidad penal directa por la explosión, pero resulta insuficiente si el debate es político y administrativo. Roqueñí fue consejera del área de la que dependía el Servicio de Minas, y el reproche que se plantea no es que ella provocara materialmente la explosión, sino si desde su Consejería se ejercieron con suficiente rigor las funciones de supervisión, inspección, vigilancia y reacción ante irregularidades en una explotación minera.
El argumento de Borja Sánchez sigue el mismo patrón. El consejero presenta la asunción de las once recomendaciones del informe como la forma de asumir la responsabilidad política. Pero ahí aparece una sustitución: se cambia la responsabilidad política por los fallos detectados por una hoja de ruta de mejoras futuras. Asumir recomendaciones es necesario, pero no equivale por sí solo a depurar responsabilidades por lo ya ocurrido. El propio informe, según Europa Press, apunta al uso de los Proyectos de Investigación Complementaria como vía para autorizar extracción de carbón y eludir el Plan de cierre; menciona ausencia de consultas al Instituto de Transición Justa; constata reducción de efectivos e incremento de funciones en el Servicio de Minas; y detecta áreas de mejora en transmisiones de derechos y concesiones mineras en unidades en abandono o cierre. Si el Gobierno de Barbón asume ese informe como propio, no puede reducirlo a un simple catálogo técnico de mejoras sin afrontar la dimensión política de esos fallos.
En el caso de Adrián Barbón, el “tancredismo” es todavía más visible porque hay una admisión expresa de error seguida de una negativa a extraer consecuencias políticas. El 30 de abril de 2026 reconoció que, “visto en perspectiva”, su Gobierno no realizó una valoración correcta al suprimir el Servicio de Seguridad Minera al inicio de la legislatura. Sin embargo, rechazó vincular esa reestructuración con el accidente y volvió a centrar la causa en la empresa, afirmando que si la empresa no hubiera hecho algo para lo que no tenía autorización, no habría habido cinco muertos. Esa afirmación señala una causa empresarial directa, pero no responde a la pregunta política central: ¿Cómo pudo mantenerse una actividad no autorizada en un sector sometido a control público minero?
Ahí está el núcleo del problema. Barbón, Roqueñí y Sánchez no niegan que existieran fallos, pero intentan encapsularlos como “ámbitos de mejora”, “errores a corregir” o “valoraciones incorrectas”. Eluden convertir esos fallos en responsabilidad política. Dicho de otro modo: aceptan que el sistema debía funcionar mejor, pero rechazan que quienes dirigían ese sistema tengan que responder políticamente por no haberlo corregido antes. Esa es la forma concreta de “tancredismo”: quedarse quietos en la atribución de responsabilidades mientras anuncian movimiento en las reformas futuras.
Mis posts anteriores apuntan precisamente a esa separación entre planos. No plantean, al menos según el contenido enlazado, que la Administración causara directamente la explosión, sino que la Administración minera pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que contribuyeron a mantener un contexto de riesgo no corregido. En uno de mis post se recoge que el debate no se limita a la conducta de la empresa, porque el Gobierno del Principado tenía atribuciones en autorización, inspección y vigilancia de trabajos mineros, además de potestad sancionadora y de declaración de caducidad.
Ese enfoque tiene respaldo normativo. La Ley 40/2015 establece que las Administraciones deben velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación aplicable y que, dentro de sus competencias, pueden comprobar, verificar, investigar e inspeccionar hechos, actos, actividades y circunstancias necesarias. La Ley de Minas, por su parte, considera infracción grave realizar actividades de aprovechamiento de recursos sin autorización o concesión, así como la intrusión de labores, los aprovechamientos fuera del perímetro otorgado, la falta de dirección facultativa y la conservación inadecuada de explotaciones si de ello puede resultar riesgo grave para las personas o el medio ambiente.
Por eso, la tesis gubernamental de Barbón que “la empresa actuó ilegalmente” no cierra el debate político. Al contrario: si una empresa actuaba ilegalmente en una mina, el papel de la autoridad minera era precisamente controlar, inspeccionar, verificar, sancionar o paralizar cuando procediera. La ilegalidad empresarial no convierte a la Administración en ajena al problema; activa el terreno propio de la vigilancia pública. Más aún cuando el propio informe habla de Proyectos de Investigación Complementaria, transmisiones de derechos, falta de consultas al ITJ, reducción de efectivos, necesidad de revisar el dimensionamiento del servicio y mejoras en procedimientos administrativos.
La pregunta que planteo como ciudadano es, ¿Si hubiese muerto, un hijo, un padre o un hermano de Barbón, Roqueñi y Sánchez habrían mantenido la misma postura?, tiene valor como interpelación moral y política, para poner de relieve otra cuestión: la distancia entre la frialdad institucional del argumento y la gravedad humana de lo ocurrido. Cuando se responde a cinco muertes con fórmulas como “no hay vinculación demostrada”, “el informe no señala responsabilidades políticas” o “asumir recomendaciones ya es responsabilidad política”, la sensación pública puede ser que el Gobierno se protege a sí mismo antes que asumir el alcance de los fallos detectados. Esa pregunta desnuda el problema ético de fondo: si ante una tragedia de esa magnitud basta con anunciar mejoras sin que nadie asuma consecuencias.
El “tancredismo” de esta supuesta “izquierda” representada por Barbón, estaría en presentarse como defensor de lo público, de los trabajadores y de la seguridad, mientras en un caso con cinco muertos reduce la responsabilidad política a esperar informes definitivos, discutir el borrador de la comisión, señalar a la empresa y prometer reformas. No es una acusación penal; es una crítica política: si el Servicio de Minas dependía del Gobierno autonómico, si el Servicio de Seguridad Minera fue suprimido en 2019, si el informe oficial constata deficiencias relevantes y si ahora se anuncia recuperar o reforzar lo que antes se debilitó, entonces la explicación pública no puede limitarse a decir que todavía no hay una relación causal directa probada.
En conclusión, el “tancredismo” está en confundir deliberadamente o políticamente la ausencia de condena penal con la ausencia de responsabilidad política. Barbón, Roqueñí y Sánchez sostienen que no se ha demostrado que la gestión política causara directamente el accidente. En mis posts se responde que esa no es la única cuestión: la cuestión es si el Gobierno asturiano dirigió, organizó y supervisó adecuadamente el sistema público encargado de controlar la actividad minera. Con los datos citados, lo que se puede afirmar sin elucubraciones es que el Gobierno reconoce fallos, acepta recomendaciones y anuncia correcciones, pero evita asumir responsabilidades políticas personales o institucionales por el funcionamiento previo del Servicio de Minas. Ese es el punto donde la acusación de “tancredismo” adquiere sentido político.
Resulta bochornoso que la derecha y la ultraderecha asturiana —PP, Foro y Vox— pretendan aparecer ahora como guardianes de la vergüenza política en el caso de Cerredo, cuando en otras tragedias de enorme gravedad, como la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, la exigencia de verdad, responsabilidades y reparación no ha recibido siempre el mismo tratamiento político. Aquella catástrofe dejó 237 víctimas mortales recordadas en el homenaje de Estado, según RTVE, mientras la investigación judicial sigue centrada en las responsabilidades derivadas de la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia, donde El País cifra 230 muertos https://bit.ly/4tLmzu4
Esa contradicción no absuelve al Gobierno de Adrián Barbón. Al contrario, la hace todavía más evidente. Que PP, Foro o Vox utilicen el accidente de Cerredo para desgastar políticamente al Ejecutivo asturiano no elimina el fondo del problema: cinco trabajadores murieron en una explotación minera en la que, según lo que se viene conociendo, existían problemas de autorización, control, inspección y supervisión. Y ante una tragedia de esa magnitud no basta con decir que la culpa directa fue de la empresa, ni con refugiarse en que no existe todavía una responsabilidad penal acreditada contra cargos públicos. La responsabilidad política no funciona así. No exige que un consejero haya provocado materialmente una explosión; exige responder por cómo funcionaba el servicio público encargado de evitar que una actividad irregular llegara hasta ese punto.
En el caso de Cerredo, lo que debería exigirse con absoluta claridad es que toda la documentación relativa a autorizaciones, inspecciones, denuncias, transmisiones de derechos mineros, Proyectos de Investigación Complementaria, decisiones administrativas y funcionamiento interno del Servicio de Minas sea remitida a la Fiscalía, para que se depuren las responsabilidades que procedan. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, ni a cargos políticos ni a funcionarios. Se trata de que quienes participaron en la cadena administrativa que permitió la falta de control sean examinados con todas las garantías, porque estamos hablando de cinco trabajadores muertos y de un servicio público cuya finalidad era precisamente vigilar una actividad de riesgo.
Lo que no resulta aceptable es convertir las deficiencias reconocidas en simples “mejoras futuras”. Barbón admite que su Gobierno no hizo una valoración correcta al suprimir el Servicio de Seguridad Minera, pero al mismo tiempo niega que eso permita hablar de responsabilidad política. Roqueñí sostiene que el informe no vincula el accidente con la gestión política. Borja Sánchez plantea que asumir las once recomendaciones del informe equivale a asumir responsabilidades. Esa línea argumental tiene un problema evidente: reconoce que había cosas que funcionaban mal, pero evita que quienes dirigían políticamente ese sistema asuman consecuencia alguna por ello.
Ese es el “tancredismo” de fondo. No es inactividad absoluta; es inmovilidad política. Es moverse en el terreno de los informes, los anuncios, las reformas y las recomendaciones, mientras se permanece quieto en lo esencial: la asunción de responsabilidades. Se acepta que el sistema debe corregirse, pero se niega que quienes lo organizaron, lo mantuvieron o no lo corrigieron a tiempo tengan que responder políticamente. Se señala a la empresa, cuya responsabilidad debe investigarse hasta el final, pero se intenta dejar fuera del foco a la Administración que tenía deberes de vigilancia, inspección y control.
La ciudadanía tiene derecho a no conformarse con esa explicación. Tiene derecho a exigir verdad, documentación, investigación y responsabilidades. También tiene derecho a recordar que, cuando la política se parapeta detrás de informes técnicos para evitar consecuencias, la democracia queda reducida a una escenificación. En una tragedia con trabajadores muertos, el Gobierno no puede limitarse a decir que aprenderá para el futuro. Debe explicar qué falló, quién decidió, quién supervisó, quién omitió controles, quién recibió advertencias y por qué no se actuó antes.
Tampoco se puede esperar demasiado de un Barbón que, en otros escenarios, ya mostró una forma de entender el poder más pendiente del equilibrio interno del partido que de afrontar determinadas realidades incómodas. En Llanes, durante demasiado tiempo, permitió que un socialismo deteriorado conviviera con una dinámica política cada vez más tóxica, mientras la ultraderecha de VecinosxLlanes y PP utilizaban la hemeroteca para señalar contradicciones que él prefería esquivar. Esa forma de actuar ayuda a entender por qué, en Cerredo, la prioridad vuelve a parecer la autoprotección política antes que una asunción clara de responsabilidades.
Al asturiano de a pie le queda, al menos, una herramienta: pasar factura democrática las próximas elecciones autonómicas. Es cierto que las listas cerradas no son el mejor mecanismo para exigir responsabilidades personales, porque muchas veces protegen a quienes deberían dar explicaciones directas. Pero aun así el voto sigue siendo una forma de castigar a quienes no quieren asumir el marrón que generaron o permitieron. Ante un caso como Cerredo, lo mínimo exigible es apoyar a quienes reclamen responsabilidades con hechos, documentos y argumentos, y no a quienes utilicen la tragedia solo como arma partidista como la derecha y la ultraderecha cuando en otras tragedias actuaron como “Don Tancredo”.
La vergüenza política no puede ser selectiva. No puede exigirse en Asturias y negarse en Valencia, ni reclamarse contra Barbón mientras se blanquean otras tragedias cuando afectan a gobiernos del propio signo. Pero esa hipocresía de la derecha y ultraderecha no limpia la responsabilidad del Gobierno asturiano. Cerredo exige verdad, Fiscalía, documentación completa y responsabilidades políticas. Y lo que hasta ahora muestran Barbón, Roqueñí y Sánchez es una defensa que intenta separar las mejoras reconocidas de las consecuencias políticas que esas mismas mejoras hacen inevitables. Ahí está el núcleo del problema: cinco muertos, un sistema de control cuestionado y un Gobierno de Barbón que, en lugar de asumir el peso político de lo ocurrido, sigue instalado en el “tancredismo”.
Ya lo dijo Harry S. Truman: “La responsabilidad termina aquí.”
(Es la traducción política de su lema “The buck stops here”, asociado
a la idea de que quien gobierna no puede pasar la responsabilidad a otros. La
Biblioteca Truman explica que el presidente tenía ese lema en su mesa y lo
vinculaba directamente con la obligación de decidir y no pasar la carga a nadie
más.)
