Emvisa y Emulsa: el Gobierno municipal vuelve a apoyarse en Vox para desbloquear las cuentas de dos empresas públicas
El 5 de octubre de 2026, la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa) consiguió aprobar, en un segundo intento, su presupuesto para 2027. Las cuentas ascienden a 8.034.700 euros, un 5,3 % más que el ejercicio anterior, después de que la primera propuesta no consiguiera el 17 de septiembre la mayoría absoluta necesaria en el consejo de administración. En aquella votación inicial apoyaron el proyecto los representantes de Foro, PP y el miembro designado por la Junta de Gobierno, mientras que PSOE, Vox, IU y Podemos se abstuvieron y el representante del Conseyu de la Mocedá votó en contra. Finalmente, el cambio de posición de Vox permitió desbloquear el presupuesto tras alcanzar un acuerdo con el gobierno municipal. Así lo recogen tanto La Voz de Asturias como Europa Press.
Carmen Moriyón: «No nos apoyaremos para gobernar en partidos de los extremos ideológicos» https://tinyurl.com/5u7chyhd . Las palabras se las lleva el viento, cuando el “fascismo de baja intensidad” gobierna como sucede con Carmen Moriyón
Las cifras permiten situar la importancia de las cuentas aprobadas. Emvisa dispondrá de 1.485.000 euros para inversiones, entre ellas 350.000 euros para la adquisición de viviendas, 450.000 para actuaciones en inmuebles propiedad de la empresa municipal, 20.000 para equipamiento de viviendas y oficinas y 600.000 euros para promover un edificio en La Calzada. El presupuesto total aumenta en 404.300 euros respecto al ejercicio precedente. Sin embargo, antes del acuerdo con Vox el PSOE había cuestionado la política presupuestaria de la empresa porque las ayudas al alquiler pasan de 4,12 millones a 3,785 millones de euros, una reducción del 8,13%, mientras las destinadas a estudiantes bajan de 60.000 a 30.000 euros. El concejal socialista Tino Vaquero vinculó además la menor ejecución de las ayudas con el límite de renta establecido para acceder a ellas y reclamó elevar ese tope.
Pero el aspecto políticamente más relevante no reside tanto en las cantidades como en las condiciones aceptadas por el gobierno municipal para obtener el voto favorable de Vox. El acuerdo supone modificar las bases del Programa Municipal de Adjudicación de Vivienda para que los años de empadronamiento en Gijón tengan mayor peso en la puntuación de los solicitantes. El concejal de Vivienda y presidente de Emvisa, Guzmán Pendás, ha defendido posteriormente este principio como una «prioridad vecinal» en lugar de la (“prioridad nacional”) del partido fascista de Vox, argumentando que, ante la escasez de vivienda pública, considera razonable valorar especialmente a quienes llevan más tiempo residiendo en el municipio. Onda Cero Gijón recogió el 6 de octubre las explicaciones de Pendás y su rechazo a las acusaciones de discriminación formuladas desde la izquierda.
El tiempo de residencia no será el único criterio que se modificará. También se valorarán la estabilidad laboral y la búsqueda activa de empleo, incluyendo la inscripción como demandante de empleo. Paralelamente, las futuras bases deberán contemplar situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la actual crisis de vivienda, entre ellas menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, personas con discapacidad, unidades familiares con dependientes, personas sin alternativa habitacional y hogares en situación de hacinamiento. Vox presentó estos cambios como una condición fundamental para modificar su voto, sosteniendo que la vivienda pública debe valorar el arraigo, la necesidad efectiva y el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios. La propia formación explicó públicamente los términos de su acuerdo en su comunicado sobre las cuentas de Emvisa.
El pacto alcanza además a quienes ya disfrutan de una vivienda municipal. Emvisa deberá realizar una auditoría operativa y de gestión sobre las adjudicaciones y el mantenimiento posterior de los requisitos, con la posibilidad de resolver adjudicaciones cuando se acrediten fraudes o incumplimientos relacionados con el empadronamiento o con las condiciones exigidas. El acuerdo incorpora igualmente la pretensión de que el acceso y la permanencia estén relacionados con un «comportamiento cívico y responsable», pudiendo tener consecuencias los incumplimientos contractuales graves y reiterados, anteriores resoluciones o desahucios imputables a la conducta del adjudicatario o vulneraciones persistentes de las normas de convivencia.
Este es precisamente uno de los aspectos que ha provocado una reacción especialmente dura de la oposición de izquierdas. PSOE, IU y Podemos interpretan el mayor peso del empadronamiento como una forma indirecta de introducir en la política municipal de vivienda la denominada «prioridad nacional» defendida por Vox. IU calificó el acuerdo de «auténtica infamia» y su portavoz, Javier Suárez Llana, acusó al PP de incorporar criterios discriminatorios en el acceso a la vivienda pública. El PSOE teme, además, que valorar la estabilidad laboral pueda terminar perjudicando precisamente a quienes se encuentran en peor situación económica, mientras Podemos considera contradictorio utilizar ese criterio dentro de un programa concebido para atender necesidades sociales. Las posiciones de los tres partidos fueron recogidas conjuntamente por miGijón y las críticas específicas de IU fueron difundidas también por Europa Press.
La cuestión tiene, por tanto, dos interpretaciones políticas claramente enfrentadas. Para Vox y el gobierno municipal (Foro y PP), el criterio introducido es de arraigo o «prioridad vecinal» y pretende favorecer a quienes llevan años desarrollando su vida en Gijón. Para la izquierda municipal, aunque formalmente no se establezca una preferencia basada directamente en la nacionalidad, dar más puntos por años de empadronamiento puede perjudicar en la práctica a personas recién llegadas al municipio, entre ellas inmigrantes legalmente residentes, pero también —como señaló Podemos— ciudadanos procedentes de otros concejos asturianos que se hayan trasladado recientemente a Gijón. Conviene distinguir aquí el hecho de la valoración política: lo acordado es aumentar el peso de la antigüedad en el padrón; calificar ese mecanismo como «prioridad nacional», «racista» o, por el contrario, «prioridad vecinal» corresponde a las distintas interpretaciones de los partidos.
El precedente inmediato de Emulsa
Lo ocurrido en Emvisa no constituye un episodio aislado. Apenas cinco días antes se había producido una situación muy similar en la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa). Sus previsiones económicas para 2027 tampoco consiguieron inicialmente la mayoría reforzada necesaria y salieron adelante en una segunda votación, el 30 de septiembre, gracias al voto favorable de Vox después de un acuerdo con el gobierno municipal. Europa Press confirmó que las dos principales condiciones planteadas por Vox fueron una auditoría externa e independiente de la empresa y la elaboración de un Plan Especial de Limpieza para los distritos de Gijón.
En este caso se desbloqueó un presupuesto de alrededor de 55 millones de euros para 2027, de los cuales aproximadamente 37,3 millones corresponden a gastos de personal. Según las cifras utilizadas por Vox para justificar su exigencia de una auditoría, el gasto global de Emulsa habría pasado de 39 a 55 millones de euros en tres años y la aportación municipal de 24,3 a 30,2 millones. La auditoría pactada deberá analizar las cuentas, departamentos administrativos, servicios operativos, procesos de gestión, utilización de recursos y absentismo laboral. miGijón detalló tanto las cifras del presupuesto como el alcance anunciado de esa revisión.
La segunda contrapartida fue un Plan Especial de Limpieza para todos los distritos urbanos, con actuaciones intensivas en calles, plazas, parques y jardines. El compromiso incluye además informes trimestrales que especifiquen los trabajos realizados, medios empleados y horas dedicadas a labores como baldeos, limpieza de contenedores, desratización, siega o mantenimiento del mobiliario urbano. En paralelo, Emulsa continúa desarrollando otras actuaciones previstas dentro del Plan Municipal de Residuos Cero, entre ellas una red de ocho puntos limpios móviles anunciada por el propio Ayuntamiento de Gijón el mismo 30 de septiembre.
También en Emulsa el acuerdo provocó críticas políticas. El PSOE lo bautizó como una reedición del «pacto de la basura» y Ramón Tuero cuestionó especialmente que la auditoría se centre en el absentismo sin estudiar simultáneamente las condiciones laborales, la prevención de riesgos, los descansos, la organización y las cargas de trabajo o el envejecimiento de la plantilla. Su argumento es que un análisis de las bajas laborales desligado de esos factores podría ofrecer una imagen incompleta de las causas del absentismo.
Vistos conjuntamente, Emulsa y Emvisa muestran una misma dinámica política en el Ayuntamiento de Gijón de cara a 2027. En ambos casos, las cuentas de una empresa municipal fracasaron en su primera votación; en ambos, el gobierno municipal necesitaba ampliar sus apoyos; y en ambos fue Vox quien terminó proporcionando los votos necesarios después de negociar cambios o compromisos específicos. En Emulsa, esos compromisos se concentraron en el control de la gestión y en el servicio de limpieza; en Emvisa tienen un alcance político y social considerablemente mayor porque afectan directamente a quién obtiene prioridad para acceder a una vivienda pública y bajo qué condiciones puede conservarla.
Por eso, más allá de las cifras presupuestarias, la principal consecuencia política de ambos episodios es la creciente capacidad de Vox para condicionar decisiones relevantes del gobierno municipal en dos empresas públicas en apenas una semana. Una situación que resulta especialmente significativa a la luz de lo ocurrido tras las elecciones municipales y la investidura de Carmen Moriyón, quien durante la campaña electoral había insistido reiteradamente en que no pactaría con los extremos. La realidad política posterior, sin embargo, ha situado a Vox en una posición determinante para desbloquear algunas de las decisiones económicas del Ejecutivo local. El gobierno municipal presenta estos acuerdos como ejercicios de negociación, responsabilidad y búsqueda de consensos necesarios para sacar adelante las cuentas, mientras que la oposición de izquierdas los interpreta como una muestra evidente de la creciente influencia de Vox sobre las políticas municipales y de la dependencia del Ejecutivo respecto a sus votos en determinadas decisiones. En el caso de Emvisa, el propio concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Guzmán Pendás (PP), agradeció públicamente a Vox su «voluntad de cooperación y sentido de la responsabilidad». Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco —conocida también por su parentesco con el cardenal Antonio María Rouco Varela—, dejó claro que el respaldo de su formación no iba a consistir simplemente en facilitar la aprobación de las cuentas, sino que debía traducirse en cambios concretos en las políticas y criterios de actuación de la empresa municipal.
La diferencia fundamental entre ambos pactos está en sus efectos. La auditoría y el plan de limpieza de Emulsa afectan principalmente al funcionamiento interno de la empresa y a la prestación de un servicio municipal. El acuerdo de Emvisa, en cambio, modifica las reglas que determinarán el acceso y la permanencia de ciudadanos concretos en el parque municipal de vivienda, introduciendo como factores el tiempo de empadronamiento, la situación laboral, la búsqueda activa de empleo y determinadas pautas de cumplimiento y convivencia. Será necesario conocer la redacción definitiva de las nuevas bases —que todavía deberán pasar por el consejo de administración— para determinar hasta dónde llegan esos cambios en la práctica. Esa concreción será especialmente relevante porque permitirá comprobar qué peso exacto recibe cada criterio y qué efectos reales tendrá sobre los colectivos con mayor necesidad de vivienda.
Carmen Moriyón: la política de la moqueta y el abrazo a Vox
Hay partidos que nacen alrededor de una ideología, otros alrededor de un proyecto de transformación social y algunos, sencillamente, alrededor del poder. Foro Asturias pertenece, a mi juicio, a esta última categoría. Cuesta encontrar hoy detrás de sus siglas una doctrina política reconocible que vaya mucho más allá de un regionalismo cada vez más difuso, de la reivindicación de una supuesta gestión pragmática y, sobre todo, de una extraordinaria capacidad para adaptarse a aquello que resulte necesario para conservar la moqueta institucional. Si hubiera que definir la ideología que ha guiado a Foro durante esta legislatura en Gijón, quizá habría que buscarla menos en los manuales de ciencia política que en una palabra mucho más sencilla: poder.
Y la primera gran demostración llegó antes incluso de comenzar a gobernar. Carmen Moriyón había repetido durante la campaña electoral de 2023 que Foro no se apoyaría en partidos situados en los «extremos ideológicos». No es una reconstrucción interesada hecha tres años después. La Voz de Asturias recogía inmediatamente después de las elecciones que Moriyón lo había repetido «hasta la saciedad» cuando era preguntada por un posible pacto con Vox.
Duró poco aquella línea roja.
El 17 de junio de 2023 Carmen Moriyón fue investida alcaldesa gracias a los votos del PP y de Vox y nació un gobierno formado por Foro, PP y Vox. Europa Press documentó aquella investidura y la composición del tripartito. La contradicción fue tan evidente que provocó incluso una crisis dentro del propio Foro: Inaciu Iglesias abandonó la dirección y se dio de baja como militante porque consideraba incompatible con sus principios el acuerdo alcanzado con Vox. En su despedida llegó a advertir de que «en política el fin no justifica los medios» y de que la continuidad en cargos y sueldos no debía convertirse en la prioridad (para Moriyón y su caterva de vividores del gobierno sí lo es).
Aquella frase merece ser recordada porque resume bastante bien lo ocurrido después.
Moriyón presentó entonces el acuerdo con PP y Vox como un «ejemplo de madurez política» y sostuvo que respondía al sentir mayoritario del centro-derecha gijonés. Así lo defendió en su propio discurso de investidura. Tres meses y medio después, el relato cambió radicalmente: Moriyón expulsó a Vox del gobierno municipal acusándolo de anteponer sus siglas al interés general y proclamó que mientras ella fuese alcaldesa Gijón no admitiría «injerencias» externas. La ruptura se produjo el 4 de octubre de 2023, apenas superados los cien días del tripartito.
Parecía el divorcio definitivo. Pero el tiempo ha demostrado que Vox salió del gobierno, no necesariamente de la ecuación política de Moriyón.
Ahí es donde aparece lo que denominó «fascismo de baja intensidad». No utilizo la expresión como una categoría jurídica ni pretendo afirmar que el Ayuntamiento de Gijón constituya un régimen fascista, porque semejante afirmación sería absurda. La empleo como una caracterización política de un fenómeno diferente y más sutil: normalizar progresivamente postulados procedentes de la derecha radical sin necesidad de asumir formalmente toda su doctrina; aceptar partes de su marco discursivo cuando hacen falta sus votos; desplazar poco a poco las fronteras de lo políticamente aceptable y presentar después esas concesiones como simples acuerdos técnicos, administrativos o presupuestarios.
No hace falta compartir todo el programa de Vox para contribuir a normalizar una parte de sus postulados. Basta con necesitarlos, negociarlos, incorporarlos y después cambiarles el nombre.
Y en 2026 esa relación vuelve a ser especialmente visible. En apenas unos días, dos empresas públicas municipales, Emulsa y Emvisa, consiguieron aprobar sus cuentas para 2027 después de fracasar inicialmente y después de que Vox negociara contrapartidas para prestar sus votos. En Emulsa, el acuerdo contempló una auditoría externa y un Plan Especial de Limpieza; en Emvisa, el pacto entra en un terreno mucho más delicado porque afecta directamente a los criterios de acceso y permanencia en la vivienda pública. La documentación que hemos recopilado muestra que las cuentas de Emvisa salieron adelante después del cambio de posición de Vox y que el acuerdo introduce una mayor valoración de los años de empadronamiento, junto con otros criterios laborales y sociales. El precedente de Emulsa había ocurrido solo cinco días antes: también hubo una primera votación fallida y posteriormente un acuerdo con Vox que permitió aprobar las previsiones económicas.
La vivienda: cuando la necesidad social termina convertida en moneda política
Es probablemente en vivienda donde esta deriva resulta más preocupante, porque hablamos de uno de los principales problemas cotidianos de miles de gijoneses. El acceso a un alquiler asequible se ha convertido en una carrera de obstáculos para jóvenes, trabajadores y familias, y la respuesta política debería comenzar por una pregunta elemental: ¿quién necesita más urgentemente una vivienda pública?
Sin embargo, el acuerdo alcanzado para Emvisa establece que los años de empadronamiento en Gijón tendrán mayor peso en la puntuación de los solicitantes. También se valorarán la estabilidad laboral y la búsqueda activa de empleo. La izquierda municipal ha denunciado que el primero de esos criterios supone introducir por la puerta de atrás la denominada «prioridad nacional» de Vox, mientras el gobierno municipal prefiere denominarlo «prioridad vecinal». IU llegó a calificar el acuerdo de «auténtica infamia» y denunció públicamente que podía introducir criterios discriminatorios en el acceso a la vivienda pública. Las críticas de Javier Suárez Llana fueron recogidas por Europa Press.
Y aquí aparece una de las operaciones políticas más reveladoras de toda esta legislatura: Vox habla de prioridad nacional; el gobierno acaba aceptando una mayor puntuación por arraigo y empadronamiento y lo rebautiza como «prioridad vecinal». Cambia la etiqueta, pero la pregunta política permanece: ¿debe una persona necesitada tener menos posibilidades de acceder a una vivienda pública simplemente porque lleva menos años viviendo en Gijón?
Porque un trabajador llegado de Avilés hace dos años puede necesitar una vivienda exactamente igual que quien nació en Cimavilla. Una familia inmigrante con residencia legal puede encontrarse exactamente en la misma situación de emergencia que una familia nacida en Gijón. La vivienda pública debería atender prioritariamente a la necesidad social acreditada, no convertirse en una competición sobre quién puede exhibir más años de padrón.
El problema resulta todavía más llamativo cuando las propias cuentas de Emvisa muestran que las ayudas al alquiler pasan de 4,12 millones a 3,785 millones de euros, mientras las destinadas a estudiantes descienden de 60.000 a 30.000 euros. Al mismo tiempo, el Gobierno municipal defiende otras actuaciones: el programa Confía Alquilando, por ejemplo, pretende movilizar vivienda privada ofreciendo garantías a los propietarios, y el Ayuntamiento plantea entre 160 y 180 viviendas de alquiler asequible en Perchera-Nuevo Gijón. El propio concejal Guzmán Pendás presentó esas medidas en febrero. Moriyón también reclama al Principado desbloquear EcoJove, donde sostiene que podrían desarrollarse hasta 1.900 viviendas. Esa es la posición defendida por la alcaldesa. Es justo incorporar esos datos porque criticar al gobierno no exige ocultar lo que el gobierno sí está haciendo; exige valorar si resulta suficiente y hacia dónde orienta sus prioridades.
Y la valoración política dista mucho de ser unánime. El consejero asturiano de Vivienda, Ovidio Zapico, llegó a definir Gijón como un «fracaso total y absoluto» de las políticas de vivienda defendidas por la derecha. Es una valoración partidista, naturalmente, no un hecho objetivo, pero demuestra hasta qué punto la vivienda se ha convertido en uno de los grandes campos de confrontación política de esta legislatura. Sus declaraciones pueden consultarse aquí.
Emulsa y Emvisa: Vox fuera del gobierno, pero dentro de las decisiones
Lo sucedido con Emulsa y Emvisa desmonta además buena parte de la comodidad del relato de la ruptura de 2023. Vox ya no tiene concejales integrados en el ejecutivo, cierto. Pero cuando sus votos son necesarios, el Gobierno municipal de Moriyón negocia con ellos y acepta condiciones para conseguirlos.
En Emulsa, Vox permitió sacar adelante las previsiones para 2027 después de acordar una auditoría externa y un Plan Especial de Limpieza para los distritos de Gijón. En Emvisa, las consecuencias son todavía más profundas porque las modificaciones afectan a quién obtiene prioridad para acceder a una vivienda pública y a las condiciones para permanecer en ella.
Por eso la cuestión política no consiste en afirmar que Foro y Vox sean exactamente lo mismo. Evidentemente no lo son. La cuestión es otra: ¿de qué sirve presumir de haber expulsado a Vox del gobierno si, llegado el momento, se aceptan partes de su agenda para conseguir sus votos?
Ahí está la contradicción.
Una ciudad convertida demasiadas veces en escenario de confrontación
La vivienda tampoco constituye el único frente. La oposición municipal ha acusado al gobierno durante esta legislatura de concentrarse excesivamente en grandes anuncios y proyectos mientras persisten problemas en los barrios. En el Debate sobre el Estado del Municipio celebrado en enero de 2026, los grupos de oposición coincidieron en denunciar un gobierno que, a su juicio, presentaba muchas infografías y materializaba pocos grandes proyectos, además de señalar el abandono de zonas alejadas del centro. El gobierno respondió reivindicando inversiones y mejoras, y Jesús Martínez Salvador aseguró que «mientras otros hablan, Gijón lidera». El debate y ambas posiciones fueron recogidos por Europa Press.
También la política medioambiental y de movilidad ha generado fuertes controversias. El Observatorio Xixonés de Movilidad y Ecoloxistes n'Aición llevaron al Ministerio sus dudas sobre la falta de activación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada y advirtieron incluso del posible riesgo relacionado con fondos europeos. Europa Press informó de aquella iniciativa en abril. El Ayuntamiento, por su parte, aprobó posteriormente su proyecto de ordenanza y plantea una implantación progresiva, con información en 2027, avisos en 2028 y régimen sancionador posterior. El proyecto puede consultarse en la información oficial del Ayuntamiento.
Los pisos turísticos constituyen otro terreno de disputa directamente relacionado con la vivienda. El gobierno defiende que su moratoria redujo drásticamente el ritmo de nuevas licencias y en junio de 2026 rechazó la nueva moratoria reclamada por Podemos. Foro sostiene que su intervención hizo caer las nuevas autorizaciones de 76 a tres mensuales. Esa es la versión del Ejecutivo y merece figurar junto a las críticas porque un balance serio debe confrontar resultados y argumentos, no sustituirlos por consignas.
Gobernar rectificando
Hay además un elemento que ha terminado caracterizando esta legislatura: las rectificaciones dentro del propio gobierno. Regulación de patinetes, cuestiones sociales y otras polémicas han acabado en ocasiones con Moriyón modulando o corrigiendo públicamente posiciones previamente defendidas por miembros de su equipo. miGijón recopiló en mayo varios de esos episodios bajo un significativo balance de «tres años de rectificaciones públicas».
Mientras tanto, el relato oficial es radicalmente diferente. Moriyón sostiene que Gijón tiene actualmente «el doble de oportunidades y la mitad de problemas que hace tres años» y reivindica 151 millones de euros de inversión licitada durante el mandato, además de proyectos como La Pecuaria, Naval Azul y distintas actuaciones de vivienda. Es el balance presentado por la propia alcaldesa en septiembre de 2026.
El lector puede decidir cuál de los dos Gijones reconoce.
Del «no pactaremos con los extremos» al «necesitamos sus votos»
Pero al final todas estas controversias desembocan en una cuestión política mucho más sencilla. Carmen Moriyón pidió el voto presentándose como una opción alejada de los extremos y terminó siendo alcaldesa gracias a un acuerdo con Vox. Expulsó después a Vox de su gobierno y ahora su Ejecutivo vuelve a negociar con Vox cuando necesita sus votos para sacar adelante decisiones relevantes.
Eso no es una interpretación: la secuencia básica de acontecimientos está documentada. La valoración política que hagamos de ella sí nos pertenece.
Y la mía es clara: Foro ha demostrado durante esta legislatura una elasticidad ideológica extraordinaria cuando está en juego conservar el poder. Puede proclamarse moderado mientras pacta con Vox; puede expulsar a Vox y presentarlo como una cuestión de principios; y puede volver después a negociar con Vox y denominarlo responsabilidad institucional.
Ese es precisamente el mecanismo que aquí denomino “fascismo de baja intensidad”: no porque Carmen Moriyón, Foro o el PP puedan ser etiquetados sin más como fascistas —sería una simplificación intelectualmente pobre—, sino porque la normalización de determinadas ideas de la extrema derecha puede producirse también desde gobiernos que se presentan como moderados cuando aceptan parte de sus marcos políticos a cambio de estabilidad, presupuestos o votos.
Hoy puede llamarse «prioridad vecinal». Mañana puede adoptar otro nombre. Lo importante no es la etiqueta que se coloque encima, sino qué principio se está introduciendo debajo y quién consiguió que se introdujera.
Y quizá ahí esté la mayor paradoja de esta legislatura. Vox fue expulsado formalmente del gobierno municipal en octubre de 2023, pero tres años después no necesita ocupar un despacho en la Alcaldía para demostrar su influencia. Le basta con que sus votos sean necesarios.
La historia comenzó con una promesa de Carmen Moriyón: «no pactaremos con los extremos».
Después llegó la investidura con los votos de Vox.
Después, el gobierno con Vox.
Después, la ruptura con Vox, presentada como una cuestión de principios.
Y ahora llegan, de nuevo, los acuerdos con Vox para desbloquear los presupuestos de Emulsa y Emvisa.
No parece, por tanto, que aquel «extremo» estuviera tan lejos como Moriyón quiso hacer creer a los gijoneses. Quizá simplemente había que alcanzar la moqueta para descubrir hasta dónde podían acercarse a él cuando los votos resultaban necesarios. Porque pocas cosas reflejan mayor pobreza política que convertir los principios proclamados en campaña en argumentos de usar y tirar una vez alcanzado el poder. Y eso es precisamente lo que merece una explicación: cómo se pasa de prometer que nunca se pactará con los extremos a gobernar con ellos, romper después con ellos y terminar recurriendo nuevamente a sus votos cuando las cuentas no salen. Los gijoneses podrán juzgar por sí mismos cuánto queda hoy de aquella palabra dada.
Ya lo dijo Rochefoucauld: «La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud».
