El 8 de octubre de 2026, La Nueva España informó de la decisión de Adrián Barbón de designar directamente a Adriana Lastra como cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, de cara a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. La decisión fue adoptada por el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, y trasladada a la Comisión Ejecutiva autonómica, sin esperar a que concluyera el procedimiento de participación de la militancia para la elaboración de las candidaturas. La elección de Lastra se justificaba por su trayectoria política, su experiencia parlamentaria y su conocimiento de los asuntos de Asturias, aunque su anterior renuncia a las responsabilidades orgánicas federales y a su escaño en el Congreso había generado dudas sobre su posible regreso a la política parlamentaria.
La designación se produjo cuando todavía permanecía abierto el plazo para presentar candidaturas y antes de que las agrupaciones socialistas celebrasen sus asambleas, previstas entre el 10 y el 13 de octubre. Aunque la militancia podía proponer y votar aspirantes para integrar las listas al Congreso y al Senado, la dirección regional conservaba la facultad de determinar su composición definitiva y el orden de los candidatos, que posteriormente debía someterse a los órganos competentes del partido (o sea participación democrática para nada si luego tenía la última palabra la dirección del partido). Barbón ya había utilizado en el año 2023 esa prerrogativa para garantizar la presencia de Lastra al frente de la candidatura asturiana, en un contexto de enfrentamiento interno con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. En aquella ocasión, según las fuentes socialistas recogidas por el periódico, la intervención del secretario general asturiano había tenido como finalidad proteger la continuidad parlamentaria de Lastra frente a un posible veto procedente de la dirección federal.
La decisión adquiría especial relevancia porque las agrupaciones socialistas se encontraban inmersas en un proceso de elaboración de propuestas en el que circulaban distintos nombres para ocupar los puestos de la candidatura. Entre ellos figuraban el alcalde de Corvera, Iván Fernández; el diputado Roberto García Morís; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, vinculado al respaldo del SOMA; y otros dirigentes como Alejandro Calvo, Dolores Carcedo, María Pineda o Constantino Vaquero. También se contemplaban distintas opciones para el Senado, entre ellas la de Iván González. La designación anticipada de Lastra condicionaba, por tanto, el alcance efectivo de la participación de las agrupaciones, al quedar decidido de antemano el principal puesto de la candidatura al Congreso.
Un día después, el 9 de octubre de 2026, La Nueva España publicó una segunda información en la que recogía el malestar provocado por la designación directa de Adriana Lastra entre dirigentes locales, militantes y distintos sectores del socialismo asturiano. El principal motivo de las críticas no era necesariamente la elección de Lastra, sino la decisión de situarla al frente de la candidatura sin someter previamente su nombre a la consulta de la militancia. Diversas voces internas consideraban que no existía impedimento para que participase en el procedimiento ordinario, puesto que, incluso si no obtenía el mayor respaldo, la dirección regional conservaba la potestad de proponerla como número uno.
El malestar se extendió a conversaciones internas y grupos de WhatsApp del partido, donde comenzaron a expresarse críticas sobre la forma en que se había desarrollado el procedimiento. Algunas personas que valoraban presentar su candidatura decidieron dar marcha atrás al considerar que los puestos con posibilidades reales de obtener representación parlamentaria estaban previamente determinados. Asimismo, determinadas direcciones locales optaron por no promover candidaturas ni comprometer apoyos, ante la percepción de que la consulta podía quedar reducida a un trámite de escasa capacidad decisoria. La situación generó especial incomodidad en agrupaciones pequeñas y medianas, en las alas de Asturias, en sectores próximos al SOMA y en la organización socialista de Gijón, donde existía interés por impulsar nombres propios para la candidatura.
Frente a estas críticas, la dirección de la FSA defendió la legalidad y legitimidad del procedimiento. Sus fuentes recordaron que la consulta abierta a la militancia no era obligatoria para la propuesta de candidatos y que, en numerosas organizaciones territoriales, las ejecutivas elaboraban directamente las listas. También señalaron que el secretario general disponía de capacidad para proponer nombres, sujetos a la validación de la Ejecutiva autonómica, y que la candidatura definitiva sería sometida a votación en el Comité Autonómico del 14 de octubre. Como precedentes de intervenciones directas de Barbón en la configuración de candidaturas, se mencionaron los casos de Juan Cofiño y Celia Fernández, respecto de los cuales la dirección aseguraba que no se habían producido protestas internas (escusas de mal pagador para tapar el pucherazo que había pergeñado Barbón con la complicidad y silencio de Lastra)
La FSA justificó la elección de Lastra destacando su trayectoria en defensa de los intereses de Asturias, su conocimiento de los asuntos del Principado y su reconocimiento en los ámbitos sociales y empresariales. Según la argumentación oficial, estas cualidades la convertían en la persona mejor situada para movilizar y concentrar el voto socialista en unas elecciones que el partido afrontaba en un contexto complicado ( la militancia en este contexto importa un comino si va en contra del parecer de la ejecutiva de Barbón). Sin embargo, las voces críticas insistían en que los méritos políticos de una candidata no explicaban por qué debía prescindirse de la participación de los afiliados, especialmente cuando existía un procedimiento abierto para formular y votar propuestas.
La incomodidad también tuvo reflejo en la reunión de la Ejecutiva autonómica. Aunque las intervenciones respaldaron mayoritariamente los argumentos de Barbón, el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, advirtió de que la designación de Lastra al margen de la consulta podía generar malestar en determinados sectores del partido. Aquella observación anticipaba las críticas que se extendieron durante la jornada siguiente y que apuntaban a una cuestión de mayor alcance: la relación entre las facultades de la dirección política y el papel efectivo de la militancia en la elección de sus representantes (ya sabemos que Barbón no le gusta el “barullu” el le gusta cocinar los platos en la trastienda y luego dárselos a la militancia precocinados).
La controversia adquiría una dimensión adicional por la distribución de los puestos de salida. Con Adriana Lastra designada como número uno y teniendo en cuenta los criterios de paridad, la capacidad de la militancia para influir en los puestos con mayores posibilidades de obtener escaño quedaba concentrada fundamentalmente en el número dos, que correspondería a un hombre. En ese escenario, Roberto García Morís había iniciado movimientos para recabar apoyos, mientras que Pablo García aparecía como otra alternativa respaldada por sectores del SOMA. También se mencionaba la posibilidad de incorporar a Iván Fernández, alcalde de Corvera y miembro de la Ejecutiva Federal socialista, aunque este no se había pronunciado sobre su eventual candidatura.
Distintas fuentes socialistas consideraban que, si Iván Fernández no concurría al proceso, García Morís podía obtener un respaldo superior al de otros aspirantes. La posibilidad de que la candidatura terminase encabezada por Lastra y seguida por García Morís alimentaba entre los sectores descontentos la impresión de que el resultado estaba decidido antes de que las agrupaciones pudieran pronunciarse. La expresión recogida por el periódico, «Parece que todo ya está decidido de antemano», resumía el sentimiento de quienes cuestionaban que un proceso formalmente participativo pudiera desarrollar plenamente su función cuando las decisiones fundamentales se habían adoptado previamente.
El 29 de junio de 2026, el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, realizó una serie de declaraciones sobre los procedimientos de selección de candidatos dentro del Partido Socialista que ahora adquieren especial relevancia al relacionarlas con las decisiones adoptadas posteriormente por la dirección autonómica. Según recogió elDiario.es en su información sobre la reunión del Comité Autonómico de la FSA-PSOE, Barbón emplazó a las agrupaciones socialistas a elegir candidatos que tuvieran capacidad real para ganar las elecciones municipales de mayo de 2027, por encima de su habilidad para imponerse en los procesos orgánicos internos, incluidas las primarias.
Durante su intervención ante el Comité Autonómico, máximo órgano de decisión del partido entre congresos, el dirigente socialista insistió en que la elección de candidatos debía responder fundamentalmente a criterios de competitividad electoral y capacidad para conectar con la ciudadanía. En ese contexto, pronunció una de las afirmaciones más significativas de su discurso: «De nada sirve ganar dentro, si luego no ganamos fuera». Con estas palabras, Barbón advertía de que obtener el respaldo de la militancia en una competición interna no garantizaba necesariamente disponer del perfil más adecuado para alcanzar una victoria electoral. El secretario general situaba así la capacidad de ganar elecciones como un criterio fundamental para la selección de candidatos, diferenciándola expresamente de la capacidad para obtener apoyos dentro de la organización (parece que la cabra (Barbón) tira al monte).
Estas manifestaciones se produjeron después de que el Comité Federal del PSOE hubiera aprobado el calendario de primarias para la elección de candidatos municipales y autonómicos, con tres periodos voluntarios comprendidos entre julio y septiembre. Ante el inicio de ese proceso, Barbón aseguró que la FSA-PSOE «no tiene candidatos» y que «ni los pone ni los quita» (ya lo vemos con Adriana Lastra), trasladando formalmente a las agrupaciones la responsabilidad de decidir quiénes debían encabezar las candidaturas. Sin embargo, acompañó esa afirmación de una advertencia expresa: las organizaciones locales no debían obsesionarse con ganar las disputas internas, sino preocuparse por identificar a las personas con mayores posibilidades de obtener el respaldo de los ciudadanos en las urnas (como Barbón con la designación de Lastra).
El dirigente socialista defendió la necesidad de buscar cabezas de lista «que sumen y no que resten» a lo que representa «la marca PSOE», subrayando que las decisiones sobre candidaturas no debían limitarse a los equilibrios de poder dentro del partido. En su planteamiento, las agrupaciones tenían que escuchar permanentemente a la ciudadanía, conocer sus demandas y valorar qué perfiles podían ampliar el respaldo electoral del socialismo asturiano. La capacidad de conectar con los votantes, atraer apoyos y contribuir a una victoria electoral debía prevalecer, según su discurso, sobre las estrategias destinadas exclusivamente a controlar los órganos internos o imponerse en unas primarias.
Las declaraciones se enmarcaron en un momento político especialmente delicado para el PSOE, marcado por los casos de corrupción que afectaban a antiguos responsables de la dirección federal. Barbón reconoció la gravedad de esos acontecimientos y llegó a definir la corrupción como la «kriptonita» del Partido Socialista, utilizando la referencia al material que debilita a Superman para ilustrar el daño que estas conductas provocan en la credibilidad de la organización. Al referirse a los casos relacionados con los antiguos secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, defendió que el partido no podía mirar hacia otro lado y que debía reaccionar ante comportamientos incompatibles con sus principios.
Pese a ese escenario, el secretario general de la FSA sostuvo que «los corruptos y los traidores» no debían arrebatar la esperanza a un proyecto político construido precisamente sobre ella. Reclamó afrontar las próximas citas electorales «con humildad», reconociendo las dificultades del momento y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. Esta apelación a la humildad estuvo acompañada de una insistencia en la responsabilidad de las organizaciones territoriales a la hora de preparar las candidaturas y evitar que las disputas internas perjudicasen las posibilidades electorales del partido.
Barbón también abordó la situación política nacional y la posibilidad de que las elecciones generales coincidieran con el ciclo autonómico y municipal. En relación con las peticiones de la oposición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza, consideró que ese debate quedaría políticamente resuelto mediante la presentación, discusión y votación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 anunciados por el Ejecutivo central. Asimismo, reclamó que la elaboración de esas cuentas tuviera en consideración las necesidades de los distintos territorios y que, además de consolidar los avances sociales dirigidos a las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables, incorporase medidas destinadas a las clases medias, a las que reivindicó expresamente como parte de la base social del PSOE.
En el ámbito autonómico, el presidente del Principado se comprometió a mantener una actitud de escucha hacia la sociedad asturiana y sus demandas, vinculando esa disposición con la necesidad de que las instituciones y los responsables políticos conservaran una relación directa con la ciudadanía. La apelación a escuchar a la gente de la calle reforzaba su argumento de que la selección de candidatos debía atender a las expectativas sociales y no quedar condicionada exclusivamente por los intereses y correlaciones de fuerzas dentro de las agrupaciones socialistas. (la pregunta que se tiene que hacer Barbón y Lastra es ¿Qué imagen transmiten a la ciudadanía con los pucheros que hacen dentro de su partido para ocupar plaza para cobrar del pesebre público?)
La reunión del Comité Autonómico también estuvo acompañada de cambios en la composición de sus órganos de dirección. Antes de comenzar la sesión, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, fue designada por unanimidad presidenta del Comité Autonómico, mientras que Mario Efrén García asumió la vicepresidencia, sustituyendo respectivamente a Juan Manuel Cofiño y Norma Bernard, que habían presentado su dimisión.
Estas declaraciones del 29 de junio de 2026 constituyen un antecedente relevante para interpretar la posterior controversia sobre la designación directa de Adriana Lastra como cabeza de lista al Congreso por Asturias, anunciada el 8 de octubre de ese mismo año. Aunque ambos episodios correspondían a procesos electorales diferentes —el primero referido a las candidaturas municipales y autonómicas de 2027 y el segundo a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026—, permiten observar la importancia que Barbón atribuía a la capacidad de los candidatos para obtener buenos resultados electorales frente a su fortaleza en los procesos internos.
La comparación entre ambos acontecimientos plantea una cuestión política significativa. En junio, Barbón había asegurado que la FSA «ni pone ni quita candidatos» (ya lo vimos), al tiempo que reclamaba a las agrupaciones que eligieran personas capaces de ganar elecciones. En octubre, sin embargo, fue el propio secretario general quien impulsó directamente la designación de Adriana Lastra como número uno de la candidatura al Congreso, antes de que concluyera el proceso de consulta a la militancia. No se trataba de procedimientos idénticos ni sujetos necesariamente a las mismas reglas, pero el contraste entre ambas actuaciones permite examinar el alcance de la autonomía de las agrupaciones y el margen de intervención de la dirección regional en la selección de candidatos.
En definitiva, las palabras pronunciadas por Adrián Barbón el 29 de junio de 2026 adquieren especial interés a la luz de los acontecimientos posteriores, porque permiten relacionar su defensa de las candidaturas electoralmente competitivas con el debate sobre la participación de la militancia y las facultades de los órganos dirigentes. La cuestión central no reside únicamente en quién reúne mejores condiciones para ganar unas elecciones, sino también en quién debe determinarlo, mediante qué procedimiento y qué capacidad efectiva de decisión corresponde a los afiliados del partido.
El «dedazo» del PRI mexicano y la designación directa de candidatos: un paralelismo con el caso de Adriana Lastra
La decisión de Adrián Barbón de designar directamente a Adriana Lastra como número uno de la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias, anunciada el 8 de octubre de 2026, permite establecer una comparación, limitada al procedimiento de selección de candidatos, con una práctica histórica de la política mexicana conocida popularmente como el «dedazo», asociada durante décadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El «dedazo» fue uno de los mecanismos característicos del sistema político mexicano durante la prolongada hegemonía del PRI, partido que ocupó ininterrumpidamente la presidencia de México desde 1929, contando sus organizaciones predecesoras, hasta el año 2000. Consistía en que el presidente de la República saliente ejercía una influencia decisiva en la elección de su sucesor como candidato presidencial del partido gobernante. Aunque existían procedimientos formales de nominación y órganos partidarios encargados de ratificar las candidaturas, la decisión política fundamental se adoptaba generalmente en el entorno del presidente, cuya preferencia resultaba determinante.
Este mecanismo estaba estrechamente relacionado con el denominado «tapadismo», por el que la identidad del candidato elegido se mantenía sin revelar hasta el momento en que el presidente saliente o su entorno hacían pública la decisión. Una vez conocido el nombre del aspirante favorecido, las estructuras del partido se movilizaban para respaldarlo y formalizar su candidatura. La característica fundamental del sistema era la concentración de la capacidad efectiva de selección en la máxima autoridad política, mientras que los órganos partidarios intervenían posteriormente en la formalización de una decisión previamente adoptada.
El funcionamiento del «dedazo» debe entenderse dentro de las particularidades del sistema presidencial mexicano de aquella época. El presidente no podía optar a la reelección, por lo que la selección de su sucesor constituía uno de los principales instrumentos de continuidad del poder político. Además, durante buena parte del siglo XX, la hegemonía electoral del PRI hacía que obtener su candidatura presidencial tuviera una trascendencia política extraordinaria. La práctica fue perdiendo su papel tradicional con las transformaciones democráticas y la creciente competencia electoral que culminaron con la alternancia presidencial del año 2000.
Esta práctica histórica, ampliamente estudiada por la ciencia política, puede contextualizarse mediante las referencias generales de Encyclopaedia Britannica sobre el Partido Revolucionario Institucional y su prolongada hegemonía en México y la documentación histórica del Instituto Nacional Electoral de México.
El paralelismo con la designación de Adriana Lastra no reside en la naturaleza de los regímenes políticos, sino en un aspecto concreto: la intervención decisiva del máximo dirigente de una organización en la selección de un candidato antes de que concluya el procedimiento de participación interna.
Según informó La Nueva España el 8 de octubre de 2026, Adrián Barbón decidió situar a Adriana Lastra al frente de la candidatura socialista al Congreso por Asturias cuando todavía permanecía abierto el plazo para presentar aspirantes y antes de que las agrupaciones celebrasen sus asambleas para proponer y votar candidatos como sucedió en el año 2023 en las elecciones al Congreso de los Diputados. La decisión fue trasladada a la Ejecutiva autonómica, que respaldó la propuesta, mientras que la candidatura definitiva debía continuar su tramitación por los órganos competentes del partido.
La dirección de la FSA justificó el procedimiento señalando que el secretario general disponía de facultades para proponer candidatos y que la consulta abierta a la militancia no constituía una obligación reglamentaria en todos los casos. Por tanto, la designación directa no demuestra por sí misma que se incumplieran las normas internas del PSOE. Sin embargo, sí permite constatar que la decisión sobre el primer puesto de la candidatura se produjo por iniciativa de la dirección regional, sin esperar al resultado del proceso participativo que estaba desarrollándose en las agrupaciones.
Precisamente en este punto aparece la semejanza procedimental con el «dedazo» mexicano: la diferencia entre disponer de mecanismos formales de participación y que esos mecanismos tengan capacidad efectiva para determinar quién ocupará la candidatura principal. En el sistema histórico del PRI, la decisión presidencial precedía habitualmente a la ratificación partidaria. En el caso asturiano, la propuesta de Barbón precedió a la conclusión de las consultas a la militancia y dejó determinado el número uno de la lista al Congreso.
La comparación adquiere mayor interés al considerar las declaraciones realizadas por Barbón el 29 de junio de 2026, recogidas por elDiario.es en su información sobre el Comité Autonómico de la FSA-PSOE (donde lo dicho en ese momento es testimonio fedatario de la doble moral del personaje). En aquella intervención, referida a la preparación de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, el dirigente socialista aseguró que la FSA «no tiene candidatos» y que «ni los pone ni los quita», al tiempo que defendía la necesidad de elegir personas capaces de ganar elecciones por encima de su fortaleza en los procesos orgánicos internos.
Su afirmación «De nada sirve ganar dentro, si luego no ganamos fuera» expresaba la importancia que concedía a la competitividad electoral frente a las victorias en las primarias. Cuatro meses después, al decidir directamente que Adriana Lastra encabezase la candidatura al Congreso, Barbón ejerció una facultad de intervención que la propia dirección regional consideraba legítima. Aunque sus declaraciones de junio se referían a otro proceso electoral y no pueden interpretarse como una renuncia general a sus competencias orgánicas, el contraste permite examinar hasta qué punto la selección de candidatos depende de las agrupaciones y hasta qué punto puede quedar determinada por la dirección autonómica.
La reacción interna a la designación de Lastra también resulta relevante para comprender las consecuencias de este procedimiento. Según publicó La Nueva España el 9 de octubre de 2026, la decisión provocó malestar entre militantes y dirigentes locales, algunos de los cuales consideraron que los principales puestos de la candidatura estaban decididos de antemano. La información recogía que determinadas personas habían desistido de presentar sus candidaturas y que algunas agrupaciones habían optado por no impulsar propuestas propias.
Estas reacciones muestran una de las cuestiones que plantea cualquier procedimiento de designación desde la dirección: cuando el puesto principal se adjudica antes de finalizar la participación de los afiliados, la consulta posterior pierde capacidad para influir sobre esa decisión concreta, aunque conserve utilidad para determinar otros integrantes de la candidatura.
No obstante, sería históricamente incorrecto equiparar plenamente el procedimiento seguido por Barbón con el «dedazo» practicado durante décadas por el PRI mexicano, aunque ambos presentan semejanzas en la concentración del poder de decisión sobre las candidaturas. Existen diferencias sustanciales entre ambos contextos. El sistema mexicano se desarrolló bajo un régimen de partido hegemónico, en el que el presidente de la República ejercía una influencia determinante sobre la sucesión presidencial y las estructuras del partido. En cambio, el caso asturiano se sitúa dentro de un sistema democrático multipartidista, con normas internas, órganos colegiados de aprobación y competencia electoral entre distintas formaciones políticas. Sin embargo, la existencia de esas garantías formales no impide cuestionar la calidad de la democracia interna cuando la dirección utiliza sus prerrogativas para decidir anticipadamente los principales puestos de una candidatura, reduciendo la participación de la militancia a un procedimiento sin capacidad real para modificar esas decisiones. Esta situación resulta especialmente controvertida cuando las facultades de la dirección pueden favorecer determinados intereses personales u orgánicos frente a la voluntad de los afiliados, aunque ello no permita dar por acreditada la existencia de tales intereses en este caso concreto. Además, Barbón no estaba designando a su sucesor en la presidencia del Principado, sino a quien debía encabezar una candidatura al Congreso. La diferencia entre ambos sistemas es evidente, pero también lo es la semejanza en el mecanismo de designación: una decisión adoptada desde la cúpula del partido que se antepone a la participación de sus bases. La cuestión de fondo no es únicamente si el procedimiento se ajusta a las normas internas, sino si su aplicación respeta el principio de democracia interna o termina convirtiendo la participación de la militancia en una formalidad subordinada a las decisiones de la dirección.
La semejanza, por tanto, debe circunscribirse a la concentración de la iniciativa política en el dirigente y a la anticipación de su decisión respecto del procedimiento participativo, sin extenderla al conjunto de las características del sistema político mexicano.
Desde esta perspectiva, el precedente del PRI ofrece una referencia histórica útil para comprender una distinción fundamental en el funcionamiento de los partidos: la diferencia entre que los órganos de dirección tengan capacidad legal o estatutaria para designar candidatos y que la militancia disponga de una capacidad efectiva para decidir quiénes serán sus representantes.
En el caso de Adriana Lastra, los hechos conocidos permiten afirmar que Adrián Barbón promovió directamente su designación como cabeza de lista antes de que concluyese la consulta a las agrupaciones, que la dirección regional defendió la legitimidad de ese procedimiento y que la decisión generó críticas internas por reducir la intervención de la militancia en la elección del primer puesto. No permiten, en cambio, afirmar que existiera una vulneración reglamentaria, una imposición ilegal o un acuerdo oculto entre los protagonistas.
El paralelismo histórico con el «dedazo» mexicano no demuestra una equivalencia entre ambos casos, pero permite identificar un rasgo organizativo común: la capacidad de una dirección política para determinar anticipadamente una candidatura que después debe recorrer los procedimientos formales de aprobación del partido. La cuestión que plantea este tipo de decisiones es qué función desempeña la participación de los afiliados cuando el principal puesto de representación ya ha sido definido por la dirección.
La democracia interna no puede quedarse en un discurso: cuando las direcciones eligen por la militancia
Que en partidos de la derecha y la ultraderecha, como PP, Foro Asturias, Vox o formaciones locales como VecinosxLlanes, las direcciones ejerzan un control decisivo sobre la elaboración de candidaturas y la designación de cargos de representación puede resultar coherente con modelos organizativos que conceden un amplio poder a sus órganos dirigentes. En estos partidos, los procedimientos de selección no son idénticos y pueden combinar votaciones internas, propuestas de las agrupaciones y decisiones de las direcciones territoriales o nacionales, sin que necesariamente se aplique un sistema de democracia directa basado en el principio de «un militante, un voto», en el que todos los afiliados puedan elegir libremente entre distintas candidaturas y el resultado de la votación determine de manera efectiva quién será el candidato, sin modificaciones posteriores impuestas por la dirección. Por tanto, no sería riguroso afirmar que todos sus candidatos son elegidos a dedo o que carecen por completo de mecanismos democráticos. Sin embargo, la concentración de poder en las cúpulas y la limitada capacidad de decisión de las bases constituyen prácticas legítimamente cuestionables allí donde se produzcan. Lo verdaderamente llamativo es que comportamientos semejantes aparezcan en una organización como el PSOE, que ha convertido las primarias, el principio de «un militante, un voto», la participación de sus afiliados y la democracia interna en elementos destacados de su identidad política. Resulta difícil defender la superioridad democrática de un modelo participativo cuando, llegado el momento de decidir quién ocupa el principal puesto de una candidatura, la dirección interviene anticipadamente y deja a la militancia sin capacidad efectiva para pronunciarse sobre esa elección. Porque la verdadera democracia interna no consiste simplemente en permitir que los afiliados voten, sino en garantizar que su voto sea libre, directo y decisivo, y que el resultado de las urnas determine quién representa al partido, en lugar de quedar subordinado a las preferencias de quienes controlan su dirección.
El contraste entre las palabras de Adrián Barbón y su actuación en la designación de Adriana Lastra resulta especialmente significativo. El mismo dirigente que el 29 de junio reclamaba buscar candidatos con capacidad, carisma y posibilidades de ganar elecciones, que advertía de que «de nada sirve ganar dentro, si luego no ganamos fuera» y que aseguraba que la FSA «ni pone ni quita candidatos», decidió posteriormente quién debía encabezar la lista socialista al Congreso por Asturias sin esperar a que concluyera el procedimiento de participación de la militancia. ¿Con qué autoridad política se puede reivindicar la democracia interna cuando se impide que los afiliados intervengan en la elección del principal candidato? ¿Qué sentido tiene pedir a las agrupaciones que busquen personas capaces de conectar con la ciudadanía si la dirección se reserva la posibilidad de decidir anticipadamente quién debe ocupar el primer puesto? La existencia de facultades estatutarias para hacerlo no elimina la contradicción política entre proclamar la participación como principio fundamental y limitar su alcance cuando se trata de adoptar una decisión relevante.
Lo que resulta especialmente censurable no es que Adrián Barbón tenga una candidata preferida, sino que utilice su posición orgánica para promover su designación antes de que termine el procedimiento participativo. Si Adriana Lastra reunía, como sostenía la dirección socialista, las mejores condiciones para representar al PSOE asturiano, nada impedía políticamente defender su candidatura ante la militancia y permitir que los afiliados expresaran su respaldo o sus preferencias por otras personas. La verdadera fortaleza democrática de un partido no se demuestra evitando las consultas, sino aceptando sus resultados, incluso cuando estos no coinciden con las preferencias de quienes dirigen la organización. Convertir las primarias en una bandera política mientras se recurre a designaciones directas para resolver los puestos más importantes transmite una imagen de incoherencia que merece una crítica especialmente severa.
Resulta difícil exigir a los partidos de la derecha y la ultraderecha mayores niveles de participación democrática si quienes presumen de defender un modelo organizativo diferente terminan recurriendo a procedimientos igualmente dirigidos desde arriba. El problema no consiste en que todos los partidos deban utilizar idénticos mecanismos para elaborar sus candidaturas, sino en la coherencia entre los principios que cada organización proclama y las prácticas que realmente desarrolla. Si el PSOE reivindica las primarias como una garantía de democracia interna, debería asumir las consecuencias de ese compromiso y evitar que la intervención de sus dirigentes vacíe de contenido la capacidad de decisión de los afiliados. De lo contrario, las diferencias entre unos modelos y otros corren el riesgo de quedar reducidas al discurso, mientras las decisiones fundamentales continúan concentrándose en quienes controlan los aparatos de los partidos.
La cuestión de fondo es qué valor tiene la militancia para una dirección política cuando sus preferencias pueden quedar subordinadas a decisiones adoptadas previamente. Los afiliados no deberían ser considerados únicamente una fuerza de movilización electoral, una fuente de legitimación de los dirigentes o una mayoría que se convoca para ratificar decisiones. Son quienes sostienen la organización y quienes deberían disponer de una participación efectiva en la elección de sus representantes. Una democracia interna que solo funciona mientras sus resultados coinciden con los deseos de la dirección deja de ser un verdadero instrumento de participación para convertirse en un mecanismo de legitimación del poder orgánico.
Por eso resulta tan difícil conciliar el discurso de Adrián Barbón sobre la necesidad de encontrar candidatos capaces de ganar elecciones con su decisión de anticiparse a la militancia para situar a Adriana Lastra al frente de la candidatura al Congreso. No basta con reclamar personas que sumen, que tengan carisma, que conecten con la ciudadanía y que sean capaces de ganar fuera del partido. También es necesario permitir que dentro del partido puedan surgir alternativas, competir candidaturas y expresarse libremente las preferencias de los afiliados. La capacidad para ganar elecciones no debería utilizarse como argumento para reducir la participación democrática, del mismo modo que ganar un congreso interno no debería otorgar a ningún dirigente una autoridad política incuestionable sobre todas las decisiones posteriores.
Lo que debería provocar una profunda reflexión en el socialismo asturiano (cuestión que dudo por su funcionamiento a la “búlgara”) es que una organización que presume de primarias pueda terminar reproduciendo prácticas de designación desde la cúpula que sus propios discursos sobre democracia interna pretenden superar. Barbón puede considerar que su decisión es estatutariamente correcta y políticamente conveniente, pero eso no la convierte necesariamente en un ejemplo de participación democrática. La democracia interna no consiste en que el secretario general tenga siempre la última palabra, sino en que la militancia disponga de una capacidad real para decidir, incluso cuando su voluntad no coincida con la de quien dirige el partido. Porque cuando las candidaturas se resuelven antes de escuchar a los afiliados, las consultas corren el riesgo de convertirse en una simple formalidad. Y cuando un partido presume de democracia participativa mientras reserva a sus dirigentes las decisiones fundamentales, el problema ya no es solamente cómo elige a sus candidatos, sino la credibilidad de su propio discurso democrático.
Ya lo dijo Rosa Luxemburgo: «La libertad es siempre la libertad de quien piensa de manera diferente».
