La vicealcaldesa de Gijón y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ángela Pumariega, calificó de «muy preocupante» la existencia de irregularidades administrativas en la contratación de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo por parte de Divertia, hechos que motivaron el cese del concejal tránsfuga Óliver Suárez como presidente de la empresa municipal.
Pumariega subrayó que, para el Partido Popular, es fundamental que todas las actuaciones realizadas dentro del Ayuntamiento se ajusten a la legalidad. Según explicó, su formación tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de la prensa local y no recibió información previa por parte de Foro Asturias, su socio en el Gobierno municipal. La comunicación entre ambos partidos se produjo después de hacerse pública la decisión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de apartar a Suárez de sus responsabilidades en Divertia.
Foto: Carmen Moriyón (la dictatorzuela) y Ángela Pumariega (la tonta útil)
La portavoz popular afirmó que el PP dispone, por el momento, de poca más información que la publicada por los medios de comunicación y señaló que se encuentra a la espera del informe solicitado a la Secretaría municipal. Este documento deberá aportar más detalles sobre las contrataciones y sobre la forma en la que se resolverá la situación generada. Pumariega expresó también su deseo de que el Partido Popular pueda conocer el contenido del informe de primera mano.
A pesar de no haber sido informado previamente, Pumariega aseguró que la relación entre el Partido Popular y Foro Asturias continúa siendo «cordial» y «correcta». Añadió que los concejales populares siguen centrados en la gestión de las áreas que tienen delegadas dentro del Gobierno municipal.
La vicealcaldesa insistió en que la principal preocupación del PP es conocer cómo se solucionarán las irregularidades detectadas y garantizar que cualquier actuación posterior se lleve a cabo dentro de la legalidad municipal. Recordó, además, que Divertia pertenece a un área gestionada por Foro Asturias en virtud del reparto de competencias acordado entre los dos socios del Ejecutivo local.
Sobre las posibles consecuencias políticas del cese de Óliver Suárez, cuyo voto ha sido determinante para garantizar la mayoría del Gobierno de Foro y PP en el Pleno, Pumariega reconoció que se abre una situación diferente a la existente hasta ahora. Señaló que desconoce si el asunto tendrá mayores implicaciones y admitió que existe incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir a partir de este momento dentro del Gobierno municipal.
Las declaraciones completas fueron recogidas por los medios locales en esta información y en esta segunda crónica.
Un gobierno desconectado de la realidad de Gijón
Las declaraciones de Ángela Pumariega, lejos de transmitir seguridad, coordinación y capacidad de respuesta, dejan una imagen profundamente preocupante del Gobierno municipal de Gijón. La vicealcaldesa y portavoz del Partido Popular reconoce que su formación conoció por la prensa local las irregularidades detectadas en Divertia y el cese de Óliver Suárez. También admite que Foro Asturias solo informó al PP después de difundirse el comunicado oficial. No estamos hablando de un asunto secundario, sino de la destitución del presidente de una empresa pública municipal y de una decisión que puede alterar la mayoría política sobre la que se ha sostenido el Ejecutivo local. Que uno de los dos socios del Gobierno se entere por los medios demuestra que la coordinación interna resulta manifiestamente insuficiente.
La posición del PP se parece demasiado a la de un convidado de piedra: ocupa la Vicealcaldía, dirige varias concejalías y sostiene políticamente a Carmen Moriyón, pero asegura desconocer decisiones esenciales adoptadas dentro del mismo Gobierno al que pertenece. Pumariega afirma que los populares están “expectantes”, que esperan recibir información y que necesitan conocer de primera mano el informe de la Secretaría municipal. Sin embargo, un partido que forma parte del Ejecutivo no debería limitarse a esperar explicaciones como si fuera un grupo de la oposición. Su responsabilidad no consiste únicamente en gestionar las parcelas administrativas que le fueron adjudicadas, sino también en participar de manera efectiva en la dirección, el control y la responsabilidad conjunta del Ayuntamiento.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando Pumariega sostiene que la relación con Foro continúa siendo “cordial” y “correcta”, mientras reconoce al mismo tiempo que no existió comunicación previa y que se ha abierto una situación de incertidumbre dentro del Gobierno municipal. La cordialidad protocolaria no puede sustituir a la confianza política, ni una distribución de concejalías puede presentarse como un verdadero gobierno de coalición cuando cada partido parece limitarse a administrar su propio territorio y la Alcaldía adopta decisiones fundamentales sin compartirlas previamente con su socio. Las segundas declaraciones publicadas reflejan precisamente esa desconexión entre la apariencia pública de normalidad y el desconocimiento reconocido por la propia portavoz popular.
Los hechos que motivaron el cese tampoco permiten reducir el caso a una simple diferencia política. Según la información difundida sobre la decisión de la Alcaldía, al menos dos contrataciones de “Los Conciertos del Parque” no fueron sometidas al Consejo de Administración de Divertia y fueron firmadas unilateralmente por su presidente, sin disponer en ese momento de los poderes necesarios. El propio comunicado municipal señaló que ese procedimiento privó a los integrantes del Consejo de Administración de información y capacidad de control sobre las decisiones de la empresa pública. El problema afecta, por tanto, a los mecanismos elementales de supervisión de una sociedad financiada y controlada por el Ayuntamiento.
Ante una situación de esta naturaleza, cesar al responsable político puede ser una medida necesaria, pero no es una explicación suficiente. El Gobierno municipal debe aclarar cómo pudieron tramitarse y firmarse esas contrataciones, qué controles administrativos fallaron, qué personas tuvieron conocimiento de ellas, qué efectos económicos produjeron y qué medidas se adoptarán para impedir que vuelva a ocurrir. La responsabilidad política no termina apartando a una persona y nombrando inmediatamente a otra. También exige explicar públicamente el funcionamiento de la organización que permitió que se produjeran los hechos.
Por eso, la respuesta adecuada no debería limitarse a un informe interno conocido únicamente por el Gobierno. Resulta razonable reclamar una auditoría externa e independiente de la gestión de Divertia, con especial atención a la contratación, las delegaciones de facultades, el cumplimiento de los procedimientos, la actuación de los órganos de control y la información proporcionada al Consejo de Administración. Sus conclusiones deberían ser publicadas, acompañadas de un calendario de correcciones y explicadas ante el Pleno y ante la ciudadanía. La transparencia no consiste en comunicar un cese cuando el problema ya ha estallado, sino en permitir que los gijoneses conozcan cómo se ha administrado una empresa que pertenece a todos.
Además, el episodio no aparece en un escenario de estabilidad institucional. El actual mandato comenzó después de que Foro y PP firmaran un acuerdo que presentaron como la recuperación de un Gobierno capaz de ofrecer “soluciones y no problemas”. Aquel pacto distribuyó las áreas municipales entre ambas formaciones y creó la Vicealcaldía que ocupa Pumariega. Posteriormente se constituyó un Ejecutivo con la participación de la ultraderecha de Vox, partido que Carmen Moriyón expulsó apenas tres meses y medio después de renegar en campaña electoral, afirmando que no pactaría con los extremos políticos. Desde entonces, la estabilidad del Gobierno quedó vinculada al voto de Óliver Suárez, que abandonó Vox y pasó a ser concejal tránsfuga.
La destitución de Suárez al frente de Divertia vuelve a mostrar la fragilidad de esa arquitectura política. Su voto había resultado determinante para sacar adelante iniciativas del Gobierno, por lo que no sorprende que la propia Pumariega reconozca ahora la existencia de incertidumbre. Lo verdaderamente preocupante es que esta incertidumbre no surge de una discrepancia programática transparente, sino de unas irregularidades administrativas detectadas en la gestión de una empresa municipal y de una decisión que el PP conoció cuando ya había sido comunicada públicamente.
Durante este mandato también se conoció la sentencia del Tribunal de Cuentas que declaró a Carmen Moriyón responsable contable directa y la obligó a reintegrar 31.314,29 euros, más intereses, por pagos injustificados efectuados con cargo a la asignación del Grupo Municipal de Foro entre 2017 y 2019. La resolución señaló gastos sin justificación o sin título válido que los amparase. Aunque los hechos correspondían a un periodo anterior, la sentencia se produjo en el año 2024, con Moriyón nuevamente en la Alcaldía, y reforzó la obligación política de ofrecer explicaciones completas y favorecer el control público sobre la gestión económica.
Divertia, además, ya había tenido que afrontar otros problemas jurídicos. En enero de 2026, el propio Ayuntamiento informó de que la empresa municipal había recurrido una sentencia que anulaba las bases del programa “Siente Xixón 2025/2026”. La existencia de resoluciones judiciales adversas y de irregularidades posteriores en la contratación de conciertos debería llevar al Gobierno a revisar en profundidad los procedimientos de la sociedad, no a tratar cada episodio como un incidente aislado.
No hace falta elucubrar sobre maniobras electorales ni atribuir motivaciones ocultas a los protagonistas. Los hechos conocidos son suficientemente graves: el presidente de una empresa municipal firmó contratos sin seguir el procedimiento correspondiente; la alcaldesa lo destituyó; el PP, socio del Gobierno y titular de la Vicealcaldía, reconoció haberse enterado por la prensa; y la continuidad de la mayoría municipal ha quedado sometida a una nueva incertidumbre. Todo ello revela un Ejecutivo fragmentado, con déficits de comunicación, controles que no funcionaron adecuadamente y una transparencia que llega después de que los problemas hayan salido a la luz.
Un gobierno conectado con la realidad de Gijón debería responder con explicaciones, documentos, responsabilidades y controles independientes. Un gobierno que se limita a proclamar que las relaciones internas son excelentes mientras sus integrantes conocen por la prensa las decisiones fundamentales corre el riesgo de confundir la estabilidad institucional con la conservación de los cargos. Después de tres años de pactos rotos, mayorías dependientes de un concejal no adscrito, resoluciones adversas e irregularidades en empresas municipales, el problema ya no puede presentarse como una sucesión de accidentes inconexos. Es una cuestión de forma de gobernar.
Gijón necesita un Ayuntamiento en el que las empresas públicas estén sometidas a controles efectivos, los socios compartan la información antes de tomar decisiones y la Alcaldía rinda cuentas sin convertir la transparencia en una concesión tardía. Mientras eso no ocurra, la imagen que proyectará el Ejecutivo de Moriyón será la de un gobierno encerrado en sus equilibrios internos, preocupado por mantener una mayoría cada vez más frágil y alejado de la exigencia ciudadana de rigor, legalidad y claridad en la gestión de los recursos públicos.
Gijón, atrapado entre el desgobierno y una oposición sin pulso
Un juicio riguroso sobre el regreso de Carmen Moriyón a la política municipal obliga a preguntarse qué ha ganado realmente Gijón con su vuelta. A la vista de la sucesión de conflictos, improvisaciones, fracturas internas y problemas de gestión, resulta difícil sostener que la ciudad haya recuperado estabilidad, solvencia institucional o una dirección política reconocible. Más bien se ha instalado una forma de gobernar basada en los anuncios, en la construcción de un relato complaciente y en la presentación propagandística de una normalidad que los hechos desmienten una y otra vez.
La propaganda comienza precisamente cuando el discurso deja de servir para explicar la realidad y empieza a utilizarse para ocultarla. Un gobierno puede multiplicar los actos públicos, las fotografías, los eslóganes y las promesas, pero nada de eso sustituye a una administración eficaz, transparente y coordinada. Cuando los problemas se acumulan y la respuesta consiste en envolverlos en mensajes triunfalistas, la comunicación institucional deja de informar y se convierte en una cortina tras la que se pretende disimular la falta de rumbo.
Las declaraciones de Ángela Pumariega sobre el cese de Óliver Suárez son una expresión especialmente reveladora de ese deterioro. Que la vicealcaldesa y portavoz del Partido Popular reconozca que su formación tuvo conocimiento de una decisión de semejante importancia a través de los medios demuestra hasta qué punto el supuesto gobierno de coalición funciona como una suma de compartimentos estancos. El PP ocupa cargos, dispone de concejalías y aporta respaldo institucional, pero parece quedar al margen de las decisiones fundamentales de la Alcaldía.
No basta con afirmar que la relación entre los socios es cordial cuando uno de ellos se entera por la prensa de asuntos que afectan directamente al funcionamiento del Gobierno municipal. La cordialidad puede servir para mantener las apariencias, pero no reemplaza la confianza, la coordinación ni la responsabilidad compartida. Un socio de gobierno que desconoce las decisiones esenciales corre el riesgo de convertirse en un simple acompañante: una presencia institucional útil para proporcionar estabilidad formal, repartir responsabilidades y justificar políticamente actuaciones en cuya elaboración ni siquiera ha participado.
El problema no es únicamente la debilidad del PP frente a Moriyón. También lo es su aceptación de ese papel. Quien forma parte de un gobierno no puede presentarse ante la ciudadanía como un observador sorprendido por decisiones ajenas. No puede disfrutar de las ventajas del poder y comportarse, cuando aparecen los problemas, como si no tuviera ninguna responsabilidad (los tontos útiles). Gobernar significa participar, controlar, preguntar y responder. Cuando un partido se limita a gestionar sus concejalías y evita cuestionar el funcionamiento general del Ejecutivo, deja de ser un contrapeso y pasa a formar parte del problema.
El regreso de Moriyón ha consolidado una política municipal excesivamente personalista (una dictatorzuela). La Alcaldía aparece como el centro casi exclusivo de las decisiones, mientras sus colaboradores se ven reducidos con demasiada frecuencia al papel de ejecutores, portavoces o justificadores posteriores. Esa forma de ejercer el poder empobrece las instituciones, debilita los controles internos y transforma el debate político en una cuestión de lealtades personales (todo por la pasta del sueldo). Un Ayuntamiento no puede funcionar como la prolongación de una dirigente ni depender de su capacidad para mantener unidos, mediante equilibrios cada vez más precarios, a quienes sostienen su mayoría.
Pero la gravedad de la situación no puede atribuirse únicamente al Gobierno municipal. También existe una responsabilidad evidente de la oposición socialista. Frente a un Ejecutivo vulnerable, dividido y sometido a continuas controversias, cabría esperar una oposición rigurosa, activa y capaz de ofrecer una alternativa reconocible. Sin embargo, el PSOE gijonés transmite con demasiada frecuencia una sensación de parálisis, rutina y falta de iniciativa.
La dirección de José Ramón “Monchu” García no ha conseguido convertir el malestar existente en una fiscalización política eficaz. Una oposición útil no consiste en emitir comunicados previsibles ni en reaccionar tarde a las decisiones del Gobierno. Consiste en investigar, solicitar documentación, formular propuestas, exigir responsabilidades y explicar a la ciudadanía qué modelo de ciudad se defiende. Cuando la oposición se limita a administrar su propia supervivencia interna, deja libre el terreno a quien gobierna y contribuye involuntariamente a prolongar aquello que afirma combatir.
Gijón queda así atrapado entre dos insuficiencias. Por un lado, un Gobierno personalista, fragmentado y demasiado pendiente de controlar su relato público. Por otro, una oposición socialista incapaz de ejercer con contundencia su función de vigilancia y de construir una alternativa solvente. La ciudad no debería tener que elegir entre un mal gobierno y una oposición irrelevante. Sustituir una dirección sin rumbo por otra que tampoco demuestra capacidad política no resolvería ninguno de los problemas de fondo.
La política municipal necesita recuperar dignidad, competencia y sentido de servicio público. Los cargos no pueden convertirse en una moqueta cómoda sobre la que se amortigüen los errores del poder. Tampoco las organizaciones políticas pueden utilizarse como refugios para preservar posiciones internas mientras la ciudad pierde oportunidades. Gijón necesita dirigentes que conozcan sus problemas, que rindan cuentas, que coordinen sus decisiones y que no confundan la propaganda con la gestión.
La ciudadanía merece explicaciones antes de que estallen los escándalos, transparencia sin necesidad de reclamarla constantemente y responsabilidades que no se diluyan entre socios desinformados, concejales sorprendidos y opositores ausentes. Merece un gobierno que gobierne y una oposición que se oponga con inteligencia, documentación y propuestas. Lo contrario es condenar a Gijón a una política mediocre, ensimismada y desconectada de la vida cotidiana de quienes sostienen la ciudad con su trabajo.
El verdadero castigo para Gijón no es la existencia de una dirigente concreta o de un secretario general determinado. Es la consolidación de un sistema político en el que la incompetencia no tiene consecuencias, la lealtad pesa más que la capacidad, la propaganda sustituye a los resultados y la oposición se conforma con sobrevivir. Mientras esa dinámica no se rompa, cambiarán los nombres, pero permanecerán intactos los problemas.
Ya lo dijo George Orwell: «El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdaderas y dar apariencia de solidez al puro viento».
