Ayer se publicaba en un diario del oriente de Asturias que el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha dictado una providencia de alcaldía para que los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento estudien la posibilidad de anular las multas impuestas en las calles reguladas por la ORA durante los primeros días de esta Semana Santa. Esa posible medida de gracia, en caso de aplicarse tras revisar cada situación, afectaría únicamente a los residentes, ya que la nueva normativa prevista para entrar en vigor el próximo 1 de junio los eximirá del pago. El propio alcalde ha reconocido que los cambios introducidos en el sistema no se comunicaron de forma adecuada a la ciudadanía y ha asumido públicamente esa falta de información, afirmando que corresponde pedir disculpas cuando las cosas no se hacen como deberían.
Entre las modificaciones ya aplicadas desde el pasado viernes figuran la desaparición de la media hora gratuita de cortesía y la eliminación de las dos horas sin coste que tradicionalmente existían entre las dos y las cuatro de la tarde. Estos cambios han generado malestar y confusión, especialmente porque su entrada en práctica se produjo antes de que la nueva regulación esté plenamente implantada. Mientras tanto, la gestión de la nueva ORA de Llanes, que incluirá Zona Azul y Zona Verde, sigue en fase de licitación, con la previsión de ponerse en marcha entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
El nuevo modelo contempla 174 plazas de Zona Azul de pago para todos los usuarios y 1.373 plazas de Zona Verde gratuitas para los residentes que cuenten con la viñeta del concejo. Además, endurece el régimen sancionador, ya que no colocar ticket pasará a castigarse con una multa de 30 euros y exceder el tiempo permitido supondrá una sanción de 15 euros. En medio de la polémica, el portavoz del PSOE de Llanes, Óscar Torre, ha reclamado que se restituyan las condiciones anteriores a la nueva ordenanza, recuperando la media hora gratuita, la gratuidad en la franja del mediodía, los domingos sin coste y el importe de 4 euros para anular sanciones. A su juicio, las disculpas del alcalde no compensan ni el perjuicio económico ni la confusión ocasionada a los vecinos, y considera insuficientes las explicaciones ofrecidas, criticando además que el gobierno local intente justificar el cambio apelando a la mejora de la movilidad y negando cualquier intención recaudatoria https://bit.ly/41z3Wgm
Foto: Oscar Torre (PSOE) y el alcalde fascista Enrique Riestra (VxLl)
No se puede afirmar con rigor que ya exista una vulneración declarada sin ver la providencia concreta de alcaldía y, en su caso, la resolución que anule unas multas sí y otras no. Pero, si la razón para perdonar sanciones es la falta de información a la ciudadanía, y esa falta afectó también a quienes no están empadronados, limitar la anulación solo a residentes encaja mal con varios preceptos. Además, conviene distinguir: no toda diferencia entre residentes y no residentes en un sistema ORA es ilegal, porque la ley permite a los municipios regular el estacionamiento y la jurisprudencia ha admitido regímenes diferenciados en materia de aparcamiento; el problema aquí no sería tanto la ORA en sí, sino usar el padrón como criterio para revocar sanciones nacidas del mismo defecto informativo.
El precepto más directo es el artículo 109.1 de la Ley 39/2015. Ese artículo permite a la Administración revocar actos desfavorables, como una multa, pero añade expresamente que esa revocación no puede constituir una dispensa o exención no permitida por las leyes ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Dicho de forma simple: si el Ayuntamiento decide retirar sanciones por un fallo suyo de información, hacerlo solo a los empadronados podría chocar de frente con ese artículo, porque estaría dispensando a unos sí y a otros no ante una misma causa. También entra en juego el artículo 110 de la misma ley, que pone límites a la revisión de actos cuando sea contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
A nivel constitucional, el encaje más claro está en el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley, y en el artículo 9.3, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y garantiza la seguridad jurídica. Si dos personas fueron sancionadas en la misma situación de desinformación y solo una obtiene el perdón por estar empadronada, la medida podría ser impugnada por trato desigual sin justificación objetiva y razonable y por arbitrariedad. A eso se suma el artículo 103.1 de la Constitución, según el cual la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con pleno sometimiento a la ley y al Derecho.
En el plano local, también es relevante el artículo 6.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a las entidades locales a actuar con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y la Ley de Tráfico, en su artículo 7, da al municipio competencia para regular y sancionar en vías urbanas, pero esa regulación debe hacerse buscando una equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios; ese artículo no autoriza, por sí mismo, una “amnistía selectiva” de multas basada solo en el padrón cuando la causa alegada es una información defectuosa general.
Como apoyo adicional, podrían invocarse los principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015: artículo 25 (legalidad), artículo 27 (tipicidad) y artículo 29 (proporcionalidad). No son tan directos como el artículo 109 de la Ley 39/2015, pero refuerzan la idea de que en materia sancionadora la Administración no puede apartarse del marco legal ni dar respuestas desiguales a hechos homogéneos sin base normativa suficiente.
En resumen, los artículos más sólidos para discutir esa discriminación serían: art. 109.1 y 110 de la Ley 39/2015; arts. 14, 9.3 y 103.1 de la Constitución; y art. 6.1 de la Ley 7/1985. El art. 7 de la Ley de Tráfico serviría más como marco competencial y de equidad general del sistema que como la base principal del reproche.
La petición de perdón de Enrique Riestra no puede entenderse como una rectificación real, sino como un gesto puramente cosmético que intenta rebajar el malestar ciudadano sin corregir el fondo del problema. Si de verdad hubiera voluntad de enmendar el perjuicio causado, lo lógico habría sido restituir de inmediato aquellas condiciones que durante años aliviaban mínimamente la carga sobre vecinos y usuarios, como la media hora gratuita de cortesía y el tramo sin coste entre las dos y las cuatro de la tarde. Sin embargo, eso no se hace. Se pide disculpas, pero se mantiene intacto el mecanismo que perjudica al contribuyente. Por eso ese perdón resulta ficticio: no devuelve derechos, no repara el daño y no corrige la decisión que ha provocado la indignación.
La gravedad del asunto aumenta todavía más si se tiene en cuenta que el contrato de la ORA seguía pendiente de licitación. Es decir, el gobierno municipal se apresuró a poner en marcha el cobro y el régimen sancionador antes incluso de que el servicio estuviera definitivamente adjudicado. Esa prisa no puede interpretarse como una medida pensada para ordenar el tráfico o mejorar la movilidad, sino como una voluntad política de empezar a recaudar cuanto antes, cargando sobre los bolsillos de llaniscos y visitantes el coste de una decisión mal explicada, mal ejecutada y socialmente lesiva. Cuando una administración actúa así, sin pedagogía, sin sensibilidad y sin respetar siquiera los tiempos razonables de implantación de una medida tan sensible, la conclusión es evidente: el afán recaudatorio pesa más que el interés general.
Además, el alcalde fascista Riestra pretende presentar como gesto de buena voluntad lo que en realidad es una rectificación mínima e interesada. Anunciar la posible anulación de algunas multas mientras se conserva el resto de la nueva carga económica no es una solución, sino una maniobra de maquillaje político. Se intenta calmar a una parte de la población sin desmontar el sistema injusto que ha generado el conflicto. Y eso encaja con una forma de gobernar ya conocida en Llanes: no rectificar hasta que la presión social, política o judicial obliga a hacerlo. El ejemplo lo vimos de forma nítida con 25 vecinos de Nueva, a quienes se les negó durante seis años el saneamiento que pagaban todos los meses y no tenían hasta perder todos los litigios (3), demuestra precisamente ese patrón: resistencia obstinada, desprecio por las reclamaciones vecinales y cumplimiento tardío solo cuando no queda más remedio y la justicia obliga al ñu que hoy ocupa la alcaldía.
Por todo ello, la tesis es clara: no estamos ante un error aislado ni ante una disculpa sincera, sino ante una forma de actuar basada en imponer primero y justificar después. Riestra no recula en lo esencial, aunque admita superficialmente que las cosas se hicieron mal. Mantiene la eliminación de beneficios que aliviaban a los llaniscos, acelera el cobro de la ORA en un contexto discutible y pretende convertir una rectificación parcial en un gesto de responsabilidad. Pero no hay responsabilidad verdadera cuando no se restaura lo quitado, no se compensa el perjuicio causado y no se asume plenamente el abuso cometido. En ese sentido, su perdón no solo resulta insuficiente: resulta engañoso.
A todo ello se suma un dato que refuerza todavía más la idea de que detrás de esta decisión no hay un verdadero interés por mejorar la movilidad, sino una clara voluntad recaudatoria. No solo se eliminan pequeñas concesiones que durante años habían aliviado a vecinos y usuarios, sino que además se endurece el régimen sancionador, elevando a 30 euros la multa por no colocar ticket y a 15 euros la sanción por exceder el tiempo permitido. Este incremento no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de una política municipal que desde hace años viene cargando cada vez más peso sobre el contribuyente llanisco. Hay que recordar, además, que Llanes es el segundo municipio de Asturias, de un total de 78, con mayor presión fiscal en el ámbito municipal, según un estudio de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos (IEE), elaborado para ofrecer una visión detallada de la fiscalidad municipal en el Principado, analizando la recaudación por habitante, la competitividad fiscal de los municipios y su impacto en la actividad empresarial a partir de impuestos como el IBI, el IVTM, el IAE, el IIVTNU y el ICIO. En ese estudio se recoge que, en el año 2024, Carreño es el municipio con mayor recaudación por habitante, con 805 euros, seguido de Llanes con 724 euros, Gozón con 677, Llanera con 638, Corvera con 527 y Cangas de Onís con 487, mientras que la media nacional se sitúa en 474 euros por habitante. En ese contexto, tampoco sorprende que mientras se aprieta aún más a vecinos y visitantes, los llaniscos sigan soportando cada mes 24.409 euros en salarios destinados a siete liberados del gobierno y a un asesor nombrado a dedo. Por eso, lejos de parecer una medida puntual, esta nueva vuelta de tuerca en la ORA encaja en una forma de gobernar donde el bolsillo del ciudadano vuelve a convertirse en el recurso más fácil https://bit.ly/4lXwGbS
Resulta difícil tomar en serio la indignación tardía del PSOE de Llanes cuando, en el momento en que tocaba retratarse de verdad, su posición política fue la abstención. Porque una cosa es denunciar hoy en notas y declaraciones el perjuicio económico y la confusión provocada por la nueva ORA, y otra muy distinta es haber alzado la voz con claridad cuando el asunto se debatió en el lugar donde había que hacerlo: el pleno municipal. Si no se opusieron entonces con firmeza a una medida que ahora presentan como un atropello, su crítica actual queda inevitablemente debilitada por la incoherencia. No basta con pedir ahora que se restablezcan las condiciones anteriores sí, cuando existía la oportunidad política de frenar o señalar con contundencia ese abuso, se optó por una posición cómoda y equidistante.
Ese es precisamente uno de los grandes problemas del PSOE de Llanes: da demasiadas veces la impresión de querer parecer oposición sin ejercerla de verdad. Mientras los vecinos de Llanes soportan más carga económica, más confusión y una gestión municipal cada vez más agresiva con el bolsillo del contribuyente, los socialistas comparecen tarde, mal y sin la contundencia que exigiría la gravedad de lo que está ocurriendo. Con la que está cayendo en Llanes, no basta con una oposición de declaraciones, de gestos calculados y de apariciones esporádicas. Hace falta una alternativa seria, sólida, constante y creíble. Y hoy por hoy esa alternativa no se ve.
A ello se suma, además, una forma de hacer política dentro del propio PSOE llanisco que tampoco transmite precisamente renovación, apertura ni voluntad real de construir una alternativa fuerte. Cuesta creer en un proyecto que reclama confianza para desalojar al gobierno municipal fascista mientras internamente parece más preocupado por blindar liderazgos que por abrir espacios de participación y reforzar su legitimidad. Cuando una organización se atrinchera en vez de ensanchar su base, cuando prioriza las inercias internas frente a la movilización política y social que exige el momento, lo que proyecta hacia fuera no es fortaleza, sino resignación. Y esa resignación es letal para cualquier proyecto que aspire a recuperar la confianza de la ciudadanía.
Por eso el problema no es solo lo que hace el gobierno municipal, sino también la debilidad de una oposición que no está sabiendo estar a la altura. Porque mientras unos aprietan cada vez más a los llaniscos, otros parecen conformarse con administrar la queja sin convertirla en una verdadera herramienta de confrontación política. Y así, entre el abuso del gobierno y la inconsistencia de la oposición, quienes acaban pagando el precio son los vecinos de Llanes, condenados a seguir sin una alternativa rigurosa, firme y creíble.
Para terminar el post, quiero manifestar que lo ocurrido con la ORA en Llanes retrata con claridad el momento político que vive Llanes: de un lado, un gobierno fascista recaudador que impone primero, cobra después y, cuando estalla la indignación social, intenta refugiarse en unas disculpas ficticias que no restituyen derechos, no reparan el perjuicio causado y no corrigen lo esencial de la decisión adoptada; de otro, una oposición socialista instalada en la excusa permanente, incapaz de defender a los llaniscos allí donde de verdad hay que hacerlo, que es en el pleno municipal, cuando toca votar, fijar posición y plantar cara sin ambigüedades. Así, mientras el gobierno municipal castiga el bolsillo de llaniscos y visitantes con más cargas, más sanciones y menos concesiones, el PSOE de Llanes comparece tarde, con palabras que ya no compensan sus silencios anteriores. Y ese es hoy el gran fracaso político de Llanes: unos gobiernan desde la voracidad recaudatoria y otros practican una oposición tan débil e incoherente que termina dejando desprotegidos a los llaniscos justo cuando más necesitan una defensa firme, clara y sin titubeos.
Ya lo dijo Aristóteles: “El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad.”
