La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (la Pilar Primo de Rivera de la derecha asturiana), ha expresado su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno del Principado de Asturias declare el conjunto del municipio como zona de mercado residencial tensionado. La respuesta de la regidora se produjo después de que el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunciara que el Ejecutivo autonómico trabaja en una segunda fase para estudiar la incorporación de nuevas áreas y concejos asturianos a esta figura. Entre los territorios que podrían ser analizados se encuentra el resto de Gijón.
Moriyón reaccionó a través de una publicación en sus redes sociales, en la que calificó las declaraciones del consejero como una amenaza para la autonomía municipal. La alcaldesa sostuvo que la intención del Principado no se limitaría a actuar sobre determinados barrios con dificultades de acceso a la vivienda, sino que buscaría extender la intervención al conjunto de la ciudad. En ese contexto, afirmó que el Ayuntamiento no permitirá que se adopte unilateralmente una decisión de estas características sobre Gijón.
Foto: Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador, los dos principales responsables del problema de la vivienda en Gijón
La regidora considera que el planteamiento del Ejecutivo autonómico rompe el marco de colaboración institucional entre ambas administraciones. Según manifestó, una posible declaración de toda la ciudad como zona tensionada supondría una intromisión del Principado en asuntos que afectan directamente al municipio. También criticó que una decisión de esta importancia pueda impulsarse desde el Gobierno asturiano sin contar con la posición del Ayuntamiento gijonés.
Ante esta posibilidad, Moriyón anunció que el Gobierno municipal empleará todas las medidas que tenga a su alcance para defender los intereses de Gijón. La alcaldesa dejó así clara la oposición del Ayuntamiento a una intervención generalizada del mercado del alquiler en la ciudad, anticipando un nuevo enfrentamiento político e institucional con el Principado en materia de vivienda y planificación urbana.
La controversia surge pocas semanas después de que Asturias comenzara a aplicar sus primeras declaraciones de zonas de mercado residencial tensionado. Esta figura está recogida en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda y permite adoptar medidas sobre los precios del alquiler en áreas donde se acredita una presión especialmente elevada sobre el mercado residencial. El Gobierno asturiano sostiene que el análisis de nuevas zonas responde a los problemas existentes para acceder a una vivienda.
La segunda fase anunciada por Zapico no se limitaría a Gijón, ya que también incluiría el estudio de otros municipios asturianos en los que existen dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda. Por el momento, lo anunciado es la realización de ese análisis, mientras que el Ayuntamiento de Gijón ya ha comunicado públicamente que se opondrá a cualquier iniciativa destinada a extender la declaración al conjunto del concejo.
La información original fue publicada el 3 de agosto de 2026 y puede consultarse en miGijón: «Moriyón se enfrenta al Principado por las zonas tensionadas».
Tres años de anuncios, suelo público y ninguna solución efectiva
Las declaraciones de Carmen Moriyón contra la ampliación de las zonas tensionadas chocan frontalmente con el balance de su propio Gobierno municipal en materia de vivienda. La alcaldesa habla de amenazas, intromisiones y ataques contra Gijón, pero los hechos acumulados durante más de tres años muestran a un Ejecutivo que ha sido incapaz de transformar el suelo municipal disponible y sus sucesivos anuncios en nuevas viviendas públicas.
El ejemplo más evidente es el denominado Plan Llave, presentado en noviembre de 2024 como la gran respuesta municipal al problema de la vivienda y con la promesa de impulsar hasta 500 pisos protegidos. Su primera fase contemplaba la enajenación mediante permuta de seis parcelas municipales para que empresas privadas construyeran 120 viviendas de protección concertada. A cambio de esos terrenos públicos, el Ayuntamiento calculaba incorporar únicamente 20 pisos a su patrimonio para destinarlos al alquiler asequible. Es decir, el principal proyecto de Moriyón no consistía en que el Ayuntamiento construyera directamente un parque municipal de vivienda, sino en poner suelo público en manos de promotores privados y recibir una parte reducida de las viviendas resultantes ( Y no se pone colorada Moriyón y sus secuaces del gobierno municipal)
Ni siquiera ese modelo produjo los resultados anunciados. En mayo de 2026, un año después de aprobarse las bases de la primera fase, el balance reconocido públicamente era de cero viviendas licitadas y una convocatoria fallida. El principal plan de vivienda del Gobierno local no había levantado una sola vivienda, no había iniciado las obras y ni siquiera había conseguido superar con éxito su fase de contratación. Frente a la magnitud del problema, el resultado concreto era ninguno.
Tampoco se materializó en el plazo previsto el compromiso de poner suelo municipal a disposición del Principado para construir hasta 300 viviendas públicas de alquiler asequible. El acuerdo aprobado por unanimidad establecía que la cesión debía hacerse efectiva durante el primer trimestre de 2026, pero el plazo terminó sin avances. Ante esta situación, la Consejería de Vivienda anunció que tendría que adquirir directamente terrenos en Gijón para poder promover vivienda pública.
Esta es la contradicción que Moriyón no puede ocultar elevando el tono contra otras administraciones. Durante más de tres años, su Gobierno ha contado con suelo, competencias urbanísticas, una empresa municipal de vivienda y capacidad presupuestaria. Sin embargo, su proyecto estrella llegó a mayo de 2026 con cero viviendas licitadas, mientras los acuerdos para facilitar promociones públicas autonómicas permanecían sin ejecutar. Ahora, cuando el Principado aplica una herramienta legal destinada a intervenir en mercados donde el coste de la vivienda resulta desproporcionado para los hogares, la alcaldesa convierte el problema en otra batalla política.
La declaración de una zona de mercado residencial tensionado no surge de una decisión caprichosa tomada desde un despacho. La Ley por el Derecho a la Vivienda exige un procedimiento previo, información pública, datos sobre precios, rentas y esfuerzo económico de los hogares, así como una memoria que justifique objetivamente la insuficiencia de vivienda asequible. La competencia para realizar la declaración corresponde a la Administración autonómica competente en vivienda.
Los barrios de La Arena y Cimadevilla fueron declarados zonas tensionadas mediante una resolución de la Consejería del 14 de mayo de 2026. La medida permite limitar determinadas rentas en los nuevos contratos, aplicar índices de referencia a los grandes propietarios y ofrecer incentivos fiscales cuando se rebajan los alquileres o se arrienda a jóvenes. Las asociaciones vecinales de ambos barrios respaldaron la declaración y reclamaron más actuaciones frente al encarecimiento de la vivienda. La respuesta del Gobierno municipal fue anunciar su disposición a acudir a los tribunales.
Moriyón pretende presentarse ahora como defensora de Gijón frente a una supuesta invasión exterior, pero resulta difícil sostener ese papel después de tres años sin resultados efectivos en su principal programa municipal. Quien dispone de suelo público y no construye; quien anuncia centenares de viviendas y termina con cero licitadas; quien incumple los plazos para colaborar en la creación de alquiler público, carece de autoridad política para acusar de inacción o de hostilidad a la Administración que intenta aplicar medidas previstas legalmente.
La alcaldesa tiene derecho a discrepar de las zonas tensionadas y a defender otro modelo de vivienda. Lo que no puede hacer es borrar su propio balance. Su Gobierno ha dedicado más esfuerzo a confrontar, anunciar recursos y fabricar enfrentamientos institucionales que a poner viviendas públicas a disposición de quienes las necesitan. Mientras muchas familias y jóvenes afrontan alquileres cada vez más difíciles de pagar, el gobierno municipal de la derecha extrema ofrece titulares, disputas y promesas aplazadas.
Tres años después, el problema no es que el Principado quiera intervenir el mercado de la vivienda. El problema es que el Gobierno de Moriyón no ha intervenido de manera efectiva para garantizar viviendas públicas. Cuando no hay resultados, la bronca se convierte en refugio. Y cuando se amenaza con gastar recursos municipales en combatir medidas dirigidas a contener los alquileres, después de no haber ejecutado las alternativas propias, la supuesta defensa de Gijón se parece demasiado a una excusa para ocultar tres años desperdiciados. Se lo digo de forma certera y clara a Moriyón y sus secuaces… “Donde no hay mata no hay patata”.
El recurso de Moriyón contra las zonas tensionadas: una estrategia jurídicamente posible, pero con obstáculos evidentes
La estrategia del Gobierno municipal de Carmen Moriyón para detener en los tribunales la declaración de La Arena y Cimadevilla como zonas de mercado residencial tensionado tiene recorrido procesal, pero eso no significa que disponga de una base suficiente para lograr la anulación de la medida. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha admitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Gijón y ha abierto una pieza separada para resolver la solicitud de suspensión cautelar. Esa admisión permite que el procedimiento continúe, pero no constituye un pronunciamiento favorable sobre el fondo. La propia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que la admisión no impide apreciar posteriormente causas de inadmisibilidad y, mucho menos, anticipa el contenido de la sentencia.
El Ayuntamiento está legitimado para acudir a los tribunales. La legislación permite a las entidades locales recurrir actos de las comunidades autónomas que afecten al ámbito de su autonomía. La resolución del Principado, además, agotaba la vía administrativa y señalaba expresamente la posibilidad de interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en el plazo de dos meses. Por tanto, no estamos ante un recurso imposible ni ante una actuación carente de cauce legal. El problema para Moriyón no está en poder presentar la demanda, sino en demostrar que la resolución autonómica incurre realmente en una infracción jurídica.
El principal argumento municipal conocido sostiene que el Principado ha invadido competencias del Ayuntamiento en materia de vivienda, urbanismo y fiscalidad. Esa tesis se enfrenta a un obstáculo fundamental: el artículo 18 de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda atribuye la declaración de estas zonas a la Administración competente en materia de vivienda. El Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de Asturias competencia exclusiva sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. La resolución recurrida fue dictada precisamente por la Consejería competente y fundamenta expresamente su actuación en ese título competencial.
Es cierto que los municipios tienen competencias propias sobre planeamiento y gestión urbanística, así como sobre promoción y gestión de vivienda de protección pública. Pero la Ley de Bases del Régimen Local establece que esas competencias municipales se ejercen en los términos determinados por la legislación estatal y autonómica. De ello no se deriva un derecho municipal a autorizar o vetar una declaración autonómica de zona tensionada. La existencia de competencias municipales relacionadas con la vivienda no elimina las competencias del Principado ni convierte al Ayuntamiento en la Administración decisoria en este procedimiento.
La jurisprudencia constitucional conocida refuerza esta dificultad. El Tribunal Constitucional ha declarado conforme con la distribución constitucional de competencias el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley de Vivienda. El tribunal ha señalado que son las comunidades autónomas las que deciden si declaran estas zonas y que, cuando lo hacen, deben respetar el régimen jurídico establecido en la ley estatal. También ha considerado constitucionales los criterios, las garantías procedimentales y la obligación de elaborar planes específicos vinculados a la declaración. Por tanto, una impugnación basada en rechazar de manera general el modelo de zonas tensionadas parte de una posición debilitada por varios pronunciamientos constitucionales.
La expresión política utilizada por Moriyón, al presentar la medida como una intervención decidida unilateralmente desde Oviedo, tampoco coincide con la tramitación que aparece reflejada en el BOPA. El procedimiento comenzó en diciembre de 2025, contó con documentación técnica, fue sometido a información pública y posteriormente se concedió audiencia al Ayuntamiento de Gijón. El Consistorio y la Empresa Municipal de la Vivienda presentaron alegaciones, que, según la resolución, fueron examinadas mediante informes jurídicos y técnicos. La discrepancia del Ayuntamiento con la decisión final no equivale jurídicamente a falta de audiencia ni a exclusión del procedimiento.
Para obtener la anulación, el Ayuntamiento deberá demostrar algo más concreto: que los datos son incorrectos, que la metodología utilizada no permite alcanzar las conclusiones recogidas en la resolución, que la delimitación territorial es arbitraria, que falta algún trámite esencial o que la motivación no acredita los requisitos exigidos por la ley. La jurisdicción contencioso-administrativa no tiene como función decidir si la medida gusta al Gobierno municipal ni si existe una política de vivienda alternativa que Moriyón considere mejor. El tribunal debe comprobar si el acto se ajusta al ordenamiento jurídico y únicamente podrá anularlo si aprecia una infracción legal, incluida una eventual desviación de poder.
Ese posible frente técnico es el que puede ofrecer mayor contenido al recurso, pero también exige una prueba sólida. El artículo 18 permite declarar una zona tensionada cuando el esfuerzo medio para pagar la vivienda, incluidos los gastos básicos, supera el 30% de la renta media de los hogares o cuando el precio de compra o alquiler ha crecido durante los cinco años anteriores al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC autonómico. Basta con que concurra una de esas circunstancias, siempre que quede acreditada mediante datos objetivos y una memoria justificativa.
La resolución afirma que en La Arena se supera el umbral del 30% y que en Cimadevilla concurren tanto el criterio del esfuerzo económico como el del incremento del precio de la vivienda. Esto significa que, en el caso de Cimadevilla, no sería suficiente con desacreditar únicamente uno de los dos parámetros si el otro continuara válidamente acreditado. El gobierno de Moriyón tendría que demostrar errores relevantes en la información, en el cálculo, en las fuentes o en la aplicación de los criterios legales, y no limitarse a manifestar una opinión distinta sobre la eficacia futura de la medida.
La alegación de invasión de la autonomía municipal también encuentra dificultades en el contenido de los planes aprobados. La resolución establece que esos planes orientarán la actuación pública, pero señala expresamente que no tienen por sí mismos carácter normativo ni producen efectos jurídicos directos frente a terceros. También dispone que las actuaciones se desarrollarán dentro de las competencias del Principado y, cuando resulte necesario, mediante coordinación con el Ayuntamiento, con respeto expreso a la autonomía local. Para desmentir ese contenido, el Gobierno municipal tendrá que identificar una obligación concreta impuesta al Ayuntamiento sin cobertura legal, una alteración efectiva de sus competencias o una carga financiera obligatoria. La invocación genérica de la autonomía municipal no basta.
Especialmente débil parece, a la vista de la resolución publicada, el argumento relacionado con una posible pérdida de ingresos procedentes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El Gobierno local ha citado el ICIO entre los ámbitos afectados por la medida, pero la resolución recurrida no modifica el impuesto, no altera la ordenanza fiscal de Gijón y no impone al Ayuntamiento ninguna reducción tributaria. Su contenido directo se refiere a la declaración de las zonas, al régimen aplicable a determinados alquileres y a planes de actuación en materia de vivienda. Para convertir una hipotética reducción futura de ingresos en motivo de anulación sería necesario demostrar una relación jurídica directa y no una mera previsión económica sobre la actividad constructora.
El primer enfrentamiento decisivo será el relativo a la suspensión cautelar. La presentación del recurso no paraliza automáticamente la declaración. Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos mientras un tribunal no acuerde su suspensión o los anule mediante sentencia. Para conceder la medida cautelar, el TSJA deberá apreciar que mantener la declaración durante la tramitación podría hacer perder al recurso su finalidad legítima. Al mismo tiempo, tendrá que valorar los intereses generales y los derechos de terceros que podrían resultar perjudicados por la suspensión.
En esta fase, el Ayuntamiento deberá acreditar perjuicios concretos, actuales y de difícil reparación. No será suficiente afirmar que la regulación es intervencionista, que puede reducir la oferta o que perjudicará la recaudación municipal. Frente a esas afirmaciones estará el interés público invocado por el Principado: contener el coste del alquiler, favorecer el acceso a la vivienda habitual y actuar sobre mercados que, según las memorias, presentan dificultades objetivas de asequibilidad. La ley obliga al tribunal a realizar una ponderación circunstanciada de esos intereses, no a aceptar automáticamente la suspensión solicitada por una Administración recurrente.
El recurso de Moriyón, por tanto, tiene recorrido para ser tramitado y examinado, pero su posibilidad de prosperar dependerá de que el Ayuntamiento consiga desmontar jurídicamente el expediente autonómico. La competencia para declarar las zonas corresponde en principio al Principado; el Tribunal Constitucional ha respaldado el marco legal; el Ayuntamiento fue oído; existen memorias justificativas; se identifican los criterios legales aplicados y los planes declaran respetar la autonomía municipal.
El Gobierno local puede discutir los cálculos, la metodología, la delimitación y la motivación, pero deberá probar errores sustanciales. No puede sustituir esa prueba por una confrontación política con el Ejecutivo de Adrián Barbón. Los tribunales no juzgarán la retórica de Moriyón (Pilar Primo de Rivera) ni decidirán qué partido posee la mejor política de vivienda. Juzgarán si la resolución de la Consejería fue dictada por el órgano competente, siguió el procedimiento legal y acreditó con datos objetivos la existencia de un mercado residencial tensionado.
Si esos elementos resisten el examen judicial, la estrategia municipal fracasará. Y fracasará no porque el Ayuntamiento carezca de derecho a recurrir, sino porque acudir a los tribunales no convierte una discrepancia política en una ilegalidad ni transforma la autonomía municipal en un poder de veto sobre las competencias que la ley atribuye al Principado.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, detrás de toda la propaganda, de las declaraciones grandilocuentes y de la permanente búsqueda de enemigos exteriores, queda un balance imposible de maquillar. Después de más de tres años de gobierno, Carmen Moriyón no puede presentar ante los gijoneses una sola política municipal de vivienda que haya producido resultados a la altura de la emergencia que vive la ciudad. Ha dispuesto de suelo público, recursos económicos, competencias urbanísticas y una empresa municipal de vivienda, pero el resultado sigue siendo una sucesión de anuncios incumplidos, licitaciones fallidas, parcelas paralizadas y viviendas que nunca llegaron a construirse.
Ese es el verdadero retrato de su gestión. Mientras miles de jóvenes, familias trabajadoras y personas con ingresos modestos soportan alquileres que absorben una parte insoportable de sus salarios, el Gobierno de Moriyón ha respondido con planes que no avanzan y promesas que se deshacen al enfrentarse con la realidad. El llamado Plan Llave, presentado como la gran solución, terminó convertido en la demostración de una incapacidad política evidente: mucho titular, mucho anuncio y ninguna vivienda efectiva para quienes llevan años esperando.
Moriyón pretende ahora compensar ese fracaso emprendiendo una batalla judicial contra las zonas tensionadas. En lugar de explicar por qué no ha construido vivienda pública, por qué no ha ejecutado sus propios compromisos o por qué no ha puesto el suelo municipal al servicio de una solución directa, vuelve a recurrir a la bronca institucional. Cuando el balance propio está vacío, siempre resulta más cómodo acusar al Principado, denunciar supuestas invasiones competenciales y presentarse como víctima de una agresión exterior.
Pero ninguna demanda puede borrar estos tres años perdidos. Ningún recurso ante los tribunales levantará las viviendas que su Gobierno no promovió. Ningún discurso sobre la autonomía municipal podrá ocultar que esa autonomía fue utilizada para bloquear, retrasar o abandonar medidas, no para garantizar un techo asequible. Moriyón reclama libertad para decidir, pero durante todo este tiempo ha demostrado que su decisión consistía esencialmente en no hacer nada efectivo.
Lo más grave es que esta política no se mide únicamente en expedientes administrativos o estadísticas. Se mide en jóvenes obligados a abandonar Gijón porque no pueden emanciparse, en familias que destinan la mayor parte de sus ingresos al alquiler, en personas que viven pendientes de una subida de renta y en trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden acceder a una vivienda digna. Esa es la consecuencia material de una gestión municipal que ha dejado a demasiados gijoneses atrapados en una situación insoportable.
El triste legado de Moriyón en vivienda es una ciudad con suelo público, pero sin vivienda pública nueva; con planes, pero sin resultados; con recursos, pero sin ejecución; y con un Gobierno que prefiere gastar tiempo, dinero y energía en enfrentarse a las medidas de otras administraciones antes que asumir su propia responsabilidad. No es una política de vivienda: es la renuncia a tenerla.
Gijón no necesita una alcaldesa convertida en protagonista permanente de una guerra institucional. Necesita viviendas, alquileres asumibles y una Administración que utilice todo el patrimonio público disponible para proteger a quienes peor lo están pasando. Después de tres años desperdiciados, Moriyón ya no puede esconderse detrás de otro anuncio ni de otro recurso judicial. Su balance está a la vista: cero soluciones efectivas, demasiadas excusas y una crisis de vivienda que ha dejado a una parte de los gijoneses sumida en la precariedad más absoluta.
La bronca podrá llenar titulares. Los tribunales podrán prolongar el conflicto. Pero nada de eso alterará el hecho central: mientras Gijón necesitaba vivienda pública, el Gobierno de Moriyón ofreció propaganda, parálisis y confrontación. Y ese fracaso político, pagado con dinero público y sufrido por quienes no pueden acceder a una vivienda digna, constituye una de las páginas más tristes de su gestión.
Ya lo dijo Martin Luther King: «Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda».
