La Consejería de Vivienda del Principado de Asturias y la patronal de la construcción CAC-Asprocon han alcanzado un acuerdo para impulsar la construcción de 400 viviendas de protección oficial en la comunidad. El pacto contempla una actualización del 3,7% en el precio del módulo y la equiparación de su valor en las alas de Asturias con el vigente en la zona central, según anunció el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, durante la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
El acuerdo fue presentado después de una reunión entre el consejero y una representación de la patronal encabezada por su presidente, Joel García, a la que también asistió la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo. Zapico indicó que el pacto se formalizará en el marco de la concertación social de Asturias, en una reunión prevista «en torno al día 10 y 11».
El precio máximo del módulo de vivienda protegida pasará de 2.124 a 2.202,59 euros por metro cuadrado. Esto supone un incremento de 78,59 euros por metro cuadrado que repercutirá en el precio abonado por los compradores. Según el consejero, la actualización permitirá mantener el coste aproximado de una vivienda protegida en torno a los 150.000 euros.
Además de la subida del módulo, el Principado concederá a los promotores una ayuda de 139,41 euros por cada metro cuadrado construido. Sumadas ambas medidas, los promotores recibirán un 10,26 % más que con las condiciones anteriores: un 3,7 % procederá de la actualización del precio de venta y el resto se cubrirá mediante subvenciones autonómicas.
Zapico destacó que el precio del módulo no se actualizaba desde 2022 y defendió que el incremento acordado es inferior al crecimiento acumulado de los salarios durante ese periodo. También señaló que las nuevas condiciones permitirán a las empresas constructoras afrontar las promociones con mayores garantías y margen de beneficio.
Por su parte, Joel García afirmó que el acuerdo llevaba tiempo negociándose y mostró su esperanza de que contribuya a mejorar la situación de la vivienda en Asturias. El presidente de CAC-Asprocon situó a Gijón, Siero, Oviedo y Avilés entre los municipios con mayor necesidad de vivienda protegida, aunque destacó también la importancia de igualar el precio del módulo en los municipios de las alas con el de la zona central.
Respecto a los plazos, Ovidio Zapico situó el objetivo de construcción en 2027. Joel García evitó concretar una fecha, ya que el inicio de cada promoción dependerá, entre otros factores, del tiempo necesario para obtener las correspondientes licencias municipales.
El anuncio del acuerdo ha llevado al Ayuntamiento de Gijón a preparar el relanzamiento del Plan Llave. Su primera fase prevé la construcción de 120 viviendas de protección oficial en seis parcelas municipales que serán vendidas a promotores privados. La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, señalaron que los pliegos están preparados y que la nueva licitación se publicará una vez se formalicen las medidas anunciadas por el Principado, según explicaron los responsables municipales tras conocer el pacto.
El Ayuntamiento espera sacar la licitación de las seis parcelas después del verano. También pretende poner en marcha la segunda fase del Plan Llave, que contempla la adjudicación de derechos de superficie durante 75 años sobre parcelas situadas en Nuevo Gijón. En ellas, las empresas adjudicatarias construirían y gestionarían viviendas destinadas al alquiler.
La primera licitación de las parcelas para las 120 viviendas quedó desierta al no presentarse ofertas de los promotores. El Gobierno municipal relacionó este resultado con las condiciones económicas vigentes hasta ahora y considera que la actualización del módulo y las subvenciones autonómicas pueden facilitar que la nueva convocatoria reciba propuestas.
Moriyón reprochó al Principado el tiempo empleado en adoptar estas medidas y aseguró que el Ayuntamiento llevaba dos años reclamando una mejora de las condiciones económicas para hacer viable el Plan Llave. La alcaldesa sostuvo que, de haberse aprobado antes, las viviendas previstas en las parcelas municipales podrían encontrarse ya en construcción.
Martínez Salvador valoró positivamente el cambio, aunque pidió rapidez en su aplicación y una ampliación del número de viviendas protegidas. El concejal señaló que, si las 400 viviendas anunciadas se construyen en dos años, supondrían unas 200 viviendas anuales, una cifra que considera insuficiente para atender la demanda existente.
En relación con el Plan Llave, Joel García indicó que las nuevas condiciones económicas pueden favorecer su desarrollo, aunque precisó que no conoce con detalle las cifras del proyecto municipal. Durante su intervención, Zapico también se refirió a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. El consejero cuestionó los datos difundidos sobre un supuesto traslado de viviendas del alquiler de larga duración al alquiler de temporada en el barrio gijonés de La Arena y afirmó que la futura Ley de Vivienda del Principado permitirá disponer de datos oficiales.
Zapico añadió que, según los índices de referencia del Ministerio, una vivienda de 70 metros cuadrados en La Arena tendría un alquiler de alrededor de 650 euros mensuales. Defendió que la declaración de zonas tensionadas permite ofrecer precios asequibles a los trabajadores, sin perjudicar a los propietarios, y contribuye a limitar las prácticas especulativas. El consejero respondió asimismo a las críticas de Foro Asturias recordando que el Principado está construyendo vivienda pública en Gijón y Colunga, dos de los cuatro municipios gobernados por esa formación, mientras que Salas y Peñamellera Alta están incluidos en el Plan de Vivienda Rural que prepara el Gobierno autonómico.
Lo primero que trasmite la noticia una vez leída, es que tenemos un consejero de vivienda que nos hace palidecer con los hechos y realidades que suceden bajo su mandato. Respecto a la afirmación del consejero Ovidio Zapico de que el incremento acordado es inferior al crecimiento acumulado de los salarios desde 2022, conviene introducir una precisión. Aunque el precio que pagarán directamente los compradores solo aumentará un 3,7 %, los promotores recibirán además una ayuda pública de 139,41 euros por metro cuadrado construido. Por tanto, una parte del incremento de los costes no desaparece, sino que se traslada al presupuesto de la Administración y se financia indirectamente con recursos aportados por los contribuyentes. En consecuencia, el menor aumento del módulo no implica por sí mismo una reducción equivalente del coste total de las promociones, sino un reparto de ese coste entre los compradores de vivienda protegida y el conjunto de la ciudadanía. Tampoco puede afirmarse que la subvención cubra exactamente la diferencia con el IPC, ya que este indicador refleja la evolución general de los precios y no específicamente la de los costes de construcción.
Lo que parece claro es que, para este viaje, no hacían falta las alforjas de más de tres años perdidos. Durante ese tiempo, ni el Principado ni ayuntamientos como los de Gijón y Llanes han sido capaces de construir una sola vivienda pública en sus respectivos territorios. La apelación constante a la ley del mercado tampoco ofrece una respuesta a quienes necesitan acceder a una vivienda y se ven obligados a aceptar los precios fijados por quienes disponen de inmuebles para alquilar, en un mercado cada vez más difícil de controlar.
Ahora, después de años de retrasos y enfrentamientos, el consejero Ovidio Zapico termina aceptando la necesidad de mejorar las condiciones económicas ofrecidas a los promotores privados. Para ello, además de elevar un 3,7% el precio del módulo que pagarán los compradores, destinará dinero público a subvencionar a las constructoras con 139,41 euros por metro cuadrado construido. El resultado es que serán los contribuyentes quienes financien una parte de la rentabilidad necesaria para que la iniciativa privada construya las 400 viviendas protegidas anunciadas.
A todo ello se pueden añadir otros reproches relacionados con la gestión de la vivienda durante la presente legislatura. En el caso del consejero Ovidio Zapico, resulta cuestionable que se haya llegado a agosto de 2026 sin una Ley de Vivienda autonómica aprobada y plenamente operativa. La propia Consejería continúa refiriéndose a ella como una norma futura, pese a que la legislatura comenzó en el año 2023. Esta demora ha impedido disponer antes de instrumentos que ahora se anuncian, como un registro unificado de demandantes, un inventario fiable de vivienda protegida, un servicio específico de inspección y mecanismos permanentes de seguimiento.
No se trata únicamente de una crítica política. La Sindicatura de Cuentas, tras fiscalizar la gestión de la vivienda protegida durante 2023 y 2024, recomendó al Principado elaborar un verdadero Plan Autonómico de Vivienda con objetivos claros, indicadores de necesidad, planificación plurianual, mecanismos de evaluación y una coordinación más eficaz con los ayuntamientos (se lo pasaron por el forro). También señaló la necesidad de mejorar los registros y agilizar los procedimientos administrativos. Por tanto, puede reprocharse a la Consejería haber gestionado durante una parte importante de la legislatura sin una planificación autonómica suficientemente integrada, evaluable y ajustada a las necesidades reales.
También puede cuestionarse el retraso en la aplicación de las zonas tensionadas. Zapico señaló en febrero de 2025 que uno de sus objetivos para aquel año era declarar las primeras zonas de este tipo en Asturias, pero la declaración definitiva de las zonas asturianas, entre ellas La Arena y Cimavilla en Gijón y varios núcleos de Llanes, no se publicó hasta 2026. La medida puede ser defendida o discutida, pero resulta evidente que su tramitación se prolongó mientras continuaban aumentando las dificultades de acceso al alquiler.
En Gijón, el principal reproche al Gobierno de Carmen Moriyón es la distancia entre los anuncios y los resultados. El Plan Llave fue presentado en noviembre de 2024 con la previsión de licitar durante los primeros meses de 2025 seis parcelas municipales para construir unas 120 viviendas protegidas. La licitación fue aprobada en abril de 2025, pero el procedimiento terminó declarándose desierto en diciembre de ese mismo año. En agosto de 2026, el Ayuntamiento se dispone a repetirlo con nuevas condiciones, por lo que ninguna de las viviendas de esa primera fase ha sido todavía construida ni entregada.
Asimismo, puede cuestionarse el modelo elegido por el Ayuntamiento gijonés. La primera fase del Plan Llave se basa en la permuta o enajenación de seis parcelas públicas para que sean desarrolladas por promotores privados. De las aproximadamente 120 viviendas previstas, el Ayuntamiento estimaba recibir unas veinte para incorporarlas a su patrimonio y destinarlas al alquiler asequible. El resto serían viviendas protegidas de promoción privada. Por tanto, el plan no supone la incorporación de las 120 viviendas a un parque público permanente, sino la entrega de suelo municipal a cambio de una parte limitada de las viviendas resultantes.
También es reprochable que el Ayuntamiento de Gijón mantenga un recurso contra la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas mientras su principal iniciativa para aumentar la oferta protegida continúa sin materializarse. El Gobierno municipal tiene derecho a discrepar jurídicamente de la medida, pero esa oposición no ha ido acompañada hasta ahora de la entrega de las viviendas anunciadas como alternativa. El pleno rechazó en agosto de 2026 solicitar la retirada del recurso, con los votos de Foro, PP y Vox (los talibanes de la política).
En Llanes conviene realizar una crítica diferente, porque el Ayuntamiento sí solicitó formalmente la declaración de zonas tensionadas y aprobó medidas para limitar nuevas viviendas turísticas. No sería exacto atribuirle una oposición total a esas actuaciones. El pleno municipal pidió en abril de 2025 al Principado que iniciara la declaración y ratificó su disposición a ceder terrenos municipales para vivienda asequible. Además, desde octubre de 2024 existe una moratoria sobre nuevas autorizaciones de viviendas turísticas en distintos núcleos, posteriormente prorrogada mediante la tramitación de un Plan Especial de Usos Turísticos.
Lo que sí puede reprocharse al Gobierno de Enrique Riestra es la lentitud para convertir el suelo municipal disponible en viviendas concretas. En enero de 2025, el propio Ayuntamiento reconocía que contaba con unos 25.000 metros cuadrados para vivienda protegida en la reserva regional de suelo situada entre Llanes y Poo y reclamaba recuperar un convenio firmado con el Principado y SEDES en 2007 que nunca llegó a ejecutarse. A pesar de disponer de terrenos y de reconocer públicamente la gravedad del problema, durante esta legislatura las actuaciones conocidas continúan centradas en estudios, cesiones y propuestas, sin que se haya materializado una nueva promoción municipal de vivienda pública en esos suelos.
Finalmente, existe una responsabilidad compartida por el enfrentamiento permanente entre administraciones. El Principado reprocha a los ayuntamientos la falta de suelo, colaboración o voluntad para aplicar determinadas medidas, mientras que Gijón y Llanes atribuyen al Gobierno autonómico la falta de financiación y promoción directa. Sin embargo, el Principado tiene las competencias y los recursos para promover vivienda pública, y los ayuntamientos disponen de competencias en planeamiento, gestión del suelo, concesión de licencias y promoción de vivienda protegida. Después de más de tres años de legislatura, los anuncios, los recursos judiciales y el intercambio de acusaciones no pueden sustituir al resultado que debe exigirse a todos ellos: viviendas públicas y asequibles terminadas, incorporadas a un parque permanente y puestas efectivamente a disposición de quienes las necesitan.
Para terminar el post quiero manifestar que el balance de esta legislatura en materia de vivienda no puede maquillarse con anuncios de última hora, fotografías institucionales ni promesas para 2027. Mientras miles de personas soportan alquileres cada vez más difíciles de pagar y ven alejarse la posibilidad de acceder a una vivienda digna, las administraciones han consumido más de tres años entre retrasos, enfrentamientos, planes fallidos, licitaciones desiertas, recursos judiciales y proyectos que siguen sin convertirse en llaves entregadas. El Principado no ha aprobado todavía los instrumentos que anunció, Gijón no ha construido las viviendas prometidas mediante el Plan Llave y Llanes continúa disponiendo de suelo público sin transformarlo en promociones concretas.
La ciudadanía no paga los sueldos de sus representantes para que se intercambien reproches, celebren reuniones interminables o presenten una y otra vez las mismas promesas con distinto envoltorio. Les paga para gobernar, tomar decisiones y ofrecer resultados. Y en vivienda, el resultado no se mide en declaraciones, convenios, titulares ni ruedas de prensa, sino en viviendas públicas terminadas, adjudicadas y habitadas.
Después de años de parálisis, resulta especialmente indignante que quienes no fueron capaces de actuar a tiempo pretendan ahora presentarse como salvadores del problema. La solución anunciada consiste, además, en elevar el precio que pagarán los compradores y entregar dinero público a promotores privados para hacer rentable una construcción que las propias administraciones no han sabido impulsar directamente. No es una victoria política: es la constatación de un fracaso previo que terminarán pagando, una vez más, los ciudadanos.
Lo verdaderamente intolerable no es solo la falta de vivienda pública, sino la ausencia de consecuencias políticas ante la inacción. Los responsables continúan en sus cargos, perciben sus remuneraciones, anuncian nuevos planes y se exculpan culpando a la Administración vecina, mientras quienes necesitan una vivienda siguen esperando. Esa distancia entre el privilegio del cargo y la realidad de la calle constituye una de las expresiones más claras de la degradación política: cobrar por gestionar, fracasar en la gestión y pretender que el fracaso se olvide con una nueva promesa.
No se les exige que hagan milagros. Se les exige que cumplan con sus responsabilidades. Y cuando, después de más de tres años, el balance sigue siendo suelo sin construir, viviendas sin entregar y ciudadanos sin alternativas, ya no estamos ante un simple retraso administrativo. Estamos ante una negligencia política colectiva que merece una censura contundente y, llegado el momento, una respuesta igualmente contundente en las urnas.
Ya lo dijo José Saramago: «Los gobiernos no cumplen con sus deberes porque no saben, no pueden o no quieren».
