La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, ha aprobado mediante resolución la declaración de los barrios gijoneses de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado. La medida será comunicada el lunes al Consejo de Gobierno y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Según la información recogida en la prensa regional, la declaración tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable anualmente sí, tras la evaluación correspondiente, se comprueba que siguen existiendo las causas que la justificaron https://bit.ly/4nyaC8F
La resolución culmina un procedimiento iniciado el 15 de diciembre del año anterior y agota la vía administrativa. Contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en un plazo de dos meses. Esta posibilidad es especialmente relevante porque el gobierno municipal de Gijón, formado por Foro, PP y un tránsfuga, estudia ahora las condiciones jurídicas que podrían permitirle recurrir la decisión en los tribunales, tal y como recoge la prensa regional https://bit.ly/43bpCzV Aunque el rechazo político del Ayuntamiento es claro, el Ejecutivo local quiere analizar primero si existe base jurídica suficiente antes de tomar una decisión definitiva.
La declaración de La Arena y Cimavilla llega en un contexto de fuerte enfrentamiento entre la Consejería y el Ayuntamiento de Gijón, presidido por Carmen Moriyón. Las discrepancias entre ambas administraciones no se limitan a las zonas tensionadas, sino que también afectan a otras políticas de vivienda, como el Plan Llave, el programa “Gijón confía alquilando” o la recuperación del plan Ecojove de vivienda protegida. A ello se suma otro conflicto político por la decisión de la Consejería de retirar el monumento del Simancas al considerarlo un símbolo de exaltación franquista que el gobierno de Moriyón defiende a capa y espada.
Foto: Jesús Mártinez Salvador y Carmen Moriyón, dos políticos fracasados con el problema de la vivienda en Gijón
La medida cuenta con la oposición de Foro, PP, Vox y tránsfuga, que ya habían presentado alegaciones contra los informes de la Consejería. También impulsaron en el pleno municipal, con el apoyo de la concejal de Vox y tránsfuga, una iniciativa contra la declaración de estos barrios como zonas tensionadas. Desde el gobierno municipal de derecha se cuestiona el sesgo de los datos utilizados por el Principado y se expresa el temor a que la intervención del mercado pueda reducir la oferta de alquiler estable.
En el caso de La Arena, el informe técnico del Principado concluye que concurre uno de los criterios legales necesarios para declarar el barrio como zona tensionada: la carga económica media asociada al acceso a la vivienda, incluyendo gastos y suministros básicos, supera el umbral legalmente establecido. En concreto, el precio de compra pasó en cinco años de 1.815 euros por metro cuadrado a 2.470 euros, lo que supone un incremento del 36%, 16,1 puntos por encima del IPC. En el alquiler, el precio medio subió de 6,1 a 7,4 euros por metro cuadrado, un aumento del 21,3%, 3,9 puntos por encima del IPC.
Respecto a la relación entre los precios de la vivienda y la renta de los hogares en La Arena, el informe señala que un vecino del barrio tendría que dedicar al pago de la hipoteca y de los suministros básicos un 36,4% de su renta anual. Esto equivale a 13.162 euros frente a unos ingresos medios de 36.158 euros, superando así el límite del 30% establecido como referencia. Sin embargo, en el caso del alquiler no se cumple ese criterio, ya que una renta media mensual de 540 euros, sumada a los gastos, supondría el 25,9% de los ingresos del hogar, por debajo del umbral legal.
En Cimavilla concurren dos de los supuestos previstos por la ley para intervenir el mercado residencial. Por un lado, al igual que en La Arena, la carga económica asociada a la vivienda supera el límite recomendado. El coste medio anual de la hipoteca, junto con gastos y suministros básicos, se cifra en 11.168 euros, lo que representa el 32,36% de los ingresos medios del hogar en el barrio, situados en 34.514 euros según el último dato oficial de 2023. Por otro lado, el precio de compra de la vivienda ha experimentado un crecimiento acumulado muy superior al IPC asturiano. En los últimos cinco años, el metro cuadrado pasó de 1.824 a 2.671 euros, lo que supone un aumento del 46,4%, 26,5 puntos por encima del IPC acumulado en ese periodo, que fue del 19,9%.
La resolución firmada por el consejero sostiene que en ambos barrios se ha acreditado la necesidad de intervención pública debido a la existencia de un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de vivienda en condiciones de asequibilidad. Según el Principado, esta situación dificulta el acceso a la vivienda para la población residente y justifica la adopción de medidas para corregir desequilibrios y contener los precios.
La consecuencia práctica más relevante de la declaración es que se abre la puerta a limitar los precios en los nuevos contratos de alquiler. Estos quedarán vinculados al precio del último contrato, con los ajustes permitidos por la ley, y al índice de referencia del Ministerio de Vivienda. La limitación también afectará a las viviendas que no hubieran estado arrendadas durante los últimos cinco años, cuya renta no podrá superar el índice ministerial correspondiente.
Además, en las zonas declaradas tensionadas se modifica el concepto de gran tenedor. En Asturias, tendrán esa consideración las personas físicas o jurídicas propietarias de cinco o más inmuebles dentro del área delimitada, frente al criterio general que eleva el umbral a diez propiedades. Esta condición implica la aplicación de medidas específicas sobre las viviendas de esos propietarios.
Los inquilinos de La Arena y Cimavilla podrán beneficiarse de una mayor protección frente a subidas abusivas y de una mayor estabilidad contractual. Al mismo tiempo, los defensores de la medida sostienen que los propietarios contarán con mayor seguridad jurídica, reglas más claras, incentivos para contratos duraderos y un mercado más previsible.
Entre las ventajas para los propietarios se incluyen incentivos fiscales en el IRPF. Se prevé una reducción general del 50% sobre los rendimientos netos del alquiler, una reducción del 60% en determinados casos de rehabilitación de viviendas, del 70% en supuestos como el alquiler a jóvenes y del 90% cuando se firme un nuevo contrato reduciendo la renta al menos un 5%.
La declaración de La Arena y Cimavilla se suma a otras zonas asturianas ya incluidas en esta categoría. El Principado también aprobará la declaración de La Magdalena, en Avilés, y anteriormente, el 24 de abril, ya habían sido declaradas tensionadas las localidades de Llanes y Nueva, en el concejo de Llanes, así como Arenas y Poo, en Cabrales. El Gobierno autonómico mantiene la intención de declarar hasta 16 zonas tensionadas en seis concejos: Gijón, Llanes, Langreo, Avilés, Gozón y Cabrales. Esta estrategia se adoptará de forma gradual, después de que el Principado descartara su intención inicial de incluir prácticamente la totalidad de las ciudades de Gijón y Oviedo.
Los colectivos vecinales de Cimavilla y La Arena valoran la medida como un paso positivo a pesar de la oposición de Moriyón y su gobierno, aunque advierten de que no resuelve por sí sola el problema de fondo. El presidente de la asociación vecinal Gigia de Cimadevilla, afirma que la situación es “insostenible” y considera necesario ir más allá de la limitación de precios, ya que el principal problema es la falta de oferta de alquiler. Por ello, defiende incrementar la oferta construyendo nuevas viviendas o activando el mercado del alquiler residencial con pisos vacíos o actualmente destinados a uso turístico. Por su parte, María José Cuervo, representante vecinal de La Arena, confía en que la declaración permita que aparezcan más viviendas para alquiler permanente y que los precios se frenen.
El balance del gobierno municipal de Moriyón en vivienda en Gijón, con casi tres años del inicio del mandato, es durísimo porque enfrenta una necesidad social urgente con unos resultados materiales prácticamente nulos desde el gobierno municipal. El problema no es solo que la vivienda se haya encarecido o que La Arena y Cimavilla hayan acabado siendo declaradas zonas de mercado residencial tensionado; el problema político central es que el gobierno local de Foro, PP y tránsfuga ha llegado a este punto sin poder exhibir una respuesta municipal efectiva en forma de vivienda protegida entregada, parque público ampliado o alquiler asequible ya disponible.
La fotografía es especialmente grave porque el propio Ayuntamiento presentó el Plan Llave como su gran respuesta al problema. En la página municipal se describía como un proyecto para garantizar el acceso a la vivienda mediante la construcción de viviendas públicas en suelo municipal a precios asequibles, con el compromiso de levantar “al menos 500 viviendas públicas” durante el mandato y empezar con 120 pisos en 2025. Esa era la promesa política. El resultado, sin embargo, ha sido muy distinto: anuncios, pliegos, suspensiones, relicitaciones y enfrentamientos institucionales, pero no viviendas disponibles para la ciudadanía https://bit.ly/4tKzUlB
Ahí está el primer gran fracaso de Moriyón y de su gobierno de la derecha extrema: convertir una emergencia habitacional en una operación de propaganda de gestión. El problema de la vivienda no se mide por ruedas de prensa, ni por nombres comerciales, ni por titulares de planes municipales. Se mide por llaves entregadas, alquileres asequibles puestos en circulación y familias que dejan de estar expulsadas del mercado. En ese terreno, el balance del gobierno de Foro, PP y el edil tránsfuga es desolador. La comparación entre retribuciones y resultados agrava todavía más el juicio político. Según el siguiente enlace https://bit.ly/49VKDlV las retribuciones de Moriyón y su concejal de Urbanismo, Martínez Salvador, habrían ascendido respectivamente, 198.817,68 y 196.284,24 euros, Moriyón, con dedicación parcial al 90%, tenía asignados 66.272,56 euros anuales, mientras que los ediles con dedicación exclusiva como el de Urbanismo percibían 65.428,08 euros brutos al año. Con esos niveles de responsabilidad política y remuneración pública, el listón exigible no puede ser “hemos intentado hacer algo”, sino haber producido resultados reales ante una crisis que afecta directamente a jóvenes, familias trabajadoras e inquilinos https://bit.ly/4dsREvp
El Plan Llave del gobierno de Moriyón es el símbolo más claro de dicho desastre. La primera fase, pensada para 120 viviendas protegidas, acabó suspendida en julio de 2025 para modificar los pliegos e incorporar posibles actualizaciones del precio del módulo de vivienda protegida. La propia información publicada entonces señalaba que CAC-Asprocon, la patronal del sector, había planteado una consulta sobre qué ocurriría ante una eventual subida del módulo, y que a partir de ahí el Ayuntamiento optó por suspender la licitación. Ese hecho es políticamente muy revelador: el gobierno local no fue capaz de blindar su principal política de vivienda frente a los intereses, condiciones y cálculos de viabilidad del sector promotor privado.
La crítica que recoge el siguiente post que publique sobre dicha situación en el siguiente https://bit.ly/42FTLXW, sobre la relación entre el gobierno local de Moriyón y Asprocon no necesita adornos si se observan los hechos y datos conocidos. La patronal respaldó “sin reservas” el nuevo pliego del Plan Llave después de que se incorporasen modificaciones solicitadas al gobierno local, y defendió que el plan permitía movilizar suelo público, atraer inversión privada y generar vivienda asequible. Desde el Principado, el director general de Vivienda acusó a la patronal de politizar el acceso a la vivienda protegida para “salvar el Plan Llave” y advirtió de que no se iba a tolerar que PP, Foro, tránsfuga y los promotores hicieran negocio con la vivienda protegida. La dureza de esa acusación muestra hasta qué punto el modelo municipal ha quedado cuestionado: no solo por la oposición, sino por otra administración con competencias directas en materia de vivienda https://bit.ly/4fqfo5Z
El segundo gran fracaso es la ausencia de cooperación institucional efectiva. En una crisis de vivienda, un Ayuntamiento no puede actuar como si el problema fuese un pulso de poder con el Principado. Sin embargo, la legislatura se ha llenado de choques con la Consejería: zonas tensionadas, cesión de suelo, Plan Llave, Ecojove y programas de alquiler. El resultado visible no ha sido una política coordinada, sino una guerra de reproches. El consejero llegó a acusar al gobierno municipal de Moriyón de bloquear “por activa y por pasiva” la cesión de suelo público para construir vivienda pública y de incumplir un acuerdo alcanzado meses antes, hasta el punto de anunciar que el Principado compraría suelo directamente en Gijón para impulsar promociones públicas https://bit.ly/4nHevs8
Ese dato es demoledor para Moriyón: si otra administración tiene que plantearse comprar suelo en Gijón porque el Ayuntamiento no desbloquea el suelo municipal, el discurso de la colaboración queda vacío. Un gobierno local que presume de gestión no puede convertir el suelo público en un cuello de botella mientras la ciudadanía soporta alquileres cada vez más difíciles de pagar. La vivienda requiere suelo, financiación, tramitación y voluntad política. Cuando lo que hay es bloqueo, pelea y dilación, el efecto práctico es el mismo que si no hubiera política de vivienda: el ciudadano sigue sin casa asequible.
La declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas es también una enmienda indirecta al gobierno local. No porque esa medida resuelva por sí sola todo el problema, sino porque certifica que en barrios concretos de Gijón el mercado está expulsando a parte de la población residente y requiere intervención pública. El gobierno municipal de Moriyón, en vez de liderar medidas propias contundentes, se ha situado en la resistencia a la declaración, con Foro, PP, Vox y tránsfuga impulsando el rechazo municipal a que Cimavilla y La Arena fueran declaradas zonas tensionadas sin acuerdo previo con el Principado https://bit.ly/4wEO2Q4
La posición del gobierno local frente a las zonas tensionadas revela una contradicción de fondo. Por un lado, reconoce que hay un problema de vivienda. Por otro, se opone a una herramienta de intervención sobre los precios y centra buena parte de su discurso en que limitar alquileres no resolverá la falta de oferta. Ese argumento puede formar parte del debate, pero queda debilitado cuando quien lo formula tampoco ha conseguido generar oferta pública propia. Es decir: si el gobierno de Moriyón rechaza la intervención de precios y al mismo tiempo fracasa en la construcción o activación de vivienda protegida municipal, su política se queda sin las dos patas principales: ni contención del abuso ni aumento público efectivo de la oferta.
El tercer gran fracaso es haber fiado la solución a un modelo que depende demasiado de la colaboración público-privada sin haber demostrado capacidad para gobernarla. El Plan Llave pretendía poner suelo municipal al servicio de vivienda protegida, pero el itinerario real ha evidenciado la fragilidad del esquema: suspensión de licitación, discusión sobre módulos, presión del sector, nuevo pliego y finalmente una primera fase que no produjo las viviendas prometidas en los plazos anunciados. Cuando una política pública esencial se atasca porque no salen los números de los promotores, la pregunta política es inevitable: ¿estaba diseñada pensando prioritariamente en el derecho a la vivienda o en la viabilidad del negocio constructor?
El cuarto fracaso es de prioridades. En una ciudad con barrios tensionados, con jóvenes sin acceso a alquiler, con familias asfixiadas por precios y con una oferta residencial insuficiente, el gobierno local ha dedicado demasiada energía a discutir con el Principado y demasiada poca a producir resultados verificables. La política de vivienda de Moriyón se ha convertido en un expediente de excusas cruzadas: que si el Principado no actualiza módulos, que si las zonas tensionadas no sirven, que si hace falta diálogo previo, que si Ecojove, que si el Plan Llave se relanza. Pero la ciudadanía no vive de relanzamientos. Vive, o intenta vivir, pagando alquileres e hipotecas.
Por eso el balance es tan severo. Moriyón no puede presentar esta legislatura como una etapa de soluciones al problema de la vivienda. Pese a ello pide cuatro años más de gobierno, me pregunto como ciudadano, ¿Para qué?, ¿para seguir cobrando del erario público y defender los intereses de la patronal de la construcción y no de quien le paga el suelo en el Ayuntamiento de Gijón? Moriyón puede presentar diagnósticos, planes, disputas competenciales y anuncios, pero no un cambio material suficiente. La diferencia entre prometer 500 viviendas públicas y llegar al tramo final del mandato con la política municipal empantanada es políticamente enorme. En una emergencia social, anunciar mucho y entregar poco no es un simple retraso administrativo: es un fracaso de gobierno.
El desastre, en definitiva, no está solo en que el municipio de Gijón siga sin una respuesta municipal fuerte en vivienda protegida. Está en que el gobierno de Moriyón ha elegido una estrategia que combina oposición a las herramientas del Principado, dependencia del sector privado, conflicto institucional y ausencia de resultados tangibles. En el momento en que La Arena y Cimavilla aparecen oficialmente como zonas tensionadas, la política de vivienda de Moriyón queda retratada: mucho discurso de gestión, mucho choque político y muy pocas llaves para los ciudadanos de Gijón que necesitan vivienda.
En idéntica situación a la del municipio de Gijón con el problema de la vivienda se encuentra el municipio de Llanes con un gobierno de ultraderecha integrado por VecinosxLlanes y PP. Con los datos verificables, el caso de Llanes presenta un balance lamentable en vivienda: un municipio con presión turística estructural, mucha vivienda no habitual, núcleos ya declarados tensionados y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite miles de viviendas nuevas, pero que, reserva un porcentaje del 4,7% para vivienda protegida, esto es una parte meramente testimonial para vivienda asequible. Ese 4,7% sería aplicado sobre un total de 5.774 viviendas previstas que recoge la prensa regional, equivaldría aproximadamente a 271 viviendas protegidas. La desproporción política es evidente: un plan que abre la puerta a miles de viviendas, pero que no coloca la vivienda pública o protegida en el centro de la respuesta social, no afronta el problema de acceso a la vivienda; lo administra de forma insuficiente https://bit.ly/4ufJhum
Foto: Juan Carlos Armas y Enrique Riestra, dos ultras que fracasaron tras once años de gobierno municipal donde el problema de la vivienda les importo un comino
La gravedad aumenta porque el problema de Llanes no es abstracto. El propio Principado ha declarado como zonas de mercado residencial tensionado el núcleo urbano de Llanes y Posada de Llanes, junto con Arenas y Poo en Cabrales. La resolución justifica la intervención por una oferta efectiva limitada de vivienda habitual, el peso elevado de viviendas no destinadas a residencia permanente, la incidencia de los usos turísticos, un mercado de alquiler estructuralmente insuficiente, el crecimiento sostenido de precios y las dificultades de acceso, especialmente para jóvenes. Es decir, el Gobierno Regional ha certificado que Llanes no vive una simple incomodidad de mercado, sino una tensión estructural que afecta al derecho básico a vivir en el propio concejo.
En ese contexto, el gobierno de Vecinos x Llanes y PP queda retratado por la diferencia entre lo que cobra, lo que promete y lo que entrega a los llaniscos. La prensa regional publicó que el alcalde ultra Enrique Riestra (VxLl) cobraría 3.300 euros brutos al mes, el mismo salario que el edil de Urbanismo, Juan Carlos Armas (PP). Riestra pasaría a cobrar 46.200 euros anuales y por primera vez podrían cobrar los nueve concejales del equipo de gobierno, entre liberaciones y dietas. Con esa cifra anual, Riestra y Armas, acumularía 138.600 euros en tres años; entre ambos, 277.200 euros. Con ese nivel de responsabilidad pública, la exigencia no puede ser una gestión de mínimos ni una sucesión de expedientes: tiene que haber resultados visibles en forma de vivienda pública, protegida o asequible https://bit.ly/4uzJpFz
El PGOU aprobado inicialmente o impulsado por el gobierno ultra agrava esa lectura. Tras su aprobación en el Pleno extraordinario del 28 de abril, el Plan General de Ordenación Urbana y el Catálogo Urbanístico se sometieron a información pública durante 45 días hábiles, hasta el 9 de julio, según la información publicada tras el anuncio en el BOPA. El documento, por tanto, no es una idea suelta ni una declaración de intenciones: es la gran herramienta urbanística con la que Llanes pretende ordenar su futuro. Precisamente por eso resulta tan criticable que, en plena crisis habitacional, la vivienda protegida aparezca como una parte ínfima del conjunto y no como la columna vertebral del modelo territorial.
La cifra total del plan es enorme para un concejo como Llanes: 5.774 viviendas nuevas calculadas a una media de 100 metros cuadrados; de ellas, 3.347 en núcleos rurales, 1.503 en suelo urbano consolidado, 570 en suelo urbano no consolidado y 354 en suelo urbanizable. Esos datos muestran que no estamos ante un plan incapaz de generar vivienda. Al contrario: capacidad residencial hay. Lo que queda en cuestión es para quién se genera esa vivienda, bajo qué régimen, con qué prioridad social y con qué garantías de que servirá para que los llaniscos puedan vivir en Llanes y no para alimentar un modelo de segunda residencia, inversión, turismo o vivienda libre inaccesible https://bit.ly/4ugZrUv
El urbanismo, además, no es neutral. La normativa asturiana define entre los fines propios de la actividad urbanística formular políticas que contribuyan a ordenar el mercado inmobiliario, mediante patrimonios públicos de suelo y la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. También reconoce la facultad de calificar terrenos para vivienda protegida y establece que, en sectores de urbanización prioritaria, el 30% del suelo residencial debe reservarse para vivienda protegida o con precio tasado, pudiendo elevarse ese porcentaje. Sin afirmar aquí que el PGOU incumpla la legalidad, sí es evidente que un 4,7% sobre el conjunto de viviendas previstas queda políticamente muy lejos de una respuesta ambiciosa al problema social existente de Llanes.
La actuación del gobierno local resulta especialmente perniciosa porque se produce en un municipio donde el parque residencial ya está profundamente desviado de la función de vivienda habitual. Según datos citados por Podemos Llanes a partir del actual PGOLL, el concejo contaría con 12.890 viviendas familiares, de las cuales solo 5.687 serían principales; es decir, el 56% no serían viviendas habituales, con un 38% de segundas residencias y un 17,7% de viviendas vacías. Aunque se trate de una fuente política, el dato encaja con el diagnóstico que después utiliza el Principado al hablar de presión turística, segunda residencia y oferta efectiva limitada para residencia habitual https://bit.ly/4nBWxY3
El propio Ayuntamiento ha tenido que reconocer la dimensión del problema turístico. En octubre de 2025 aprobó inicialmente un Plan Especial de Usos Turísticos que prolonga la suspensión de nuevas licencias para viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico en núcleos saturados, entendiendo por tales aquellos donde la suma de VV y VUT supera el 5% del total de viviendas existentes. El alcalde ultra explicó entonces que el objetivo era frenar la compra de vivienda con fines especulativos y ampliar, dentro de las competencias municipales, la oferta de alquiler para todo el año. Ese reconocimiento es demoledor: si el propio gobierno admite que la compra especulativa y la vivienda turística tensionan el mercado, resulta todavía más incomprensible que el PGOU no convierta la vivienda protegida en una prioridad masiva.
El gobierno local intenta desplazar parte de la responsabilidad hacia el Gobierno del Principado mediante la Reserva Regional de Suelo. El Ayuntamiento comunicó en enero de 2025 que ponía nuevamente a disposición del Principado 25.000 metros cuadrados de suelo municipal para vivienda protegida, recordando un convenio firmado en 2007 con el Principado y SEDES para edificar vivienda protegida en la reserva situada entre Llanes y Poo. También se preguntaba por qué desde 2007 no se había construido ni una sola vivienda de protección en ese ámbito. Ese dato demuestra dos cosas a la vez: que hay un atasco histórico real y que, casi dos décadas después, el resultado sigue siendo el mismo para quien busca casa: suelo, convenios y reproches, pero no viviendas disponibles.
La oposición municipal lleva tiempo situando precisamente ahí el problema. En marzo del año 2024, el PSOE registró una propuesta para que el PGOU dotase suelo público destinado a vivienda protegida y social, y planteó también convenios con entidades privadas como la SAREB para destinar suelo a vivienda pública. La propuesta partía de una idea elemental: el Ayuntamiento no puede limitarse a observar el encarecimiento, sino que debe usar el planeamiento para reservar suelo, buscar financiación y ampliar el parque público. Que esa reclamación siga vigente a estas alturas muestra que la política municipal de vivienda no ha estado a la altura de la urgencia.
El debate plenario de abril de 2025 fue especialmente claro. En el acta figura la crítica de portavoz del PSOE, acusando al gobierno de llevar diez años sin hacer una sola vivienda pública y sosteniendo que el PGOU no ofrece solución real en materia de vivienda. También se afirma en esa intervención que Llanes tiene un gravísimo problema de vivienda de promoción pública, que afecta sobre todo a jóvenes, trabajadores y sectores ligados al turismo, y que el plan no responde a esa necesidad. Es una valoración política de la oposición, pero queda recogida en el acta municipal y conecta directamente con los diagnósticos posteriores sobre tensión residencial.
El resultado es una contradicción central: el gobierno local ultra admite que hay problema de vivienda, admite presión turística, tramita límites a viviendas vacacionales, presume de suelo disponible y aprueba un PGOU con capacidad para miles de nuevas viviendas; pero, según el dato que recoge su PGOU solo reserva un 4,7% para vivienda protegida. Esa combinación no es una política de vivienda transformadora. Es una política urbanística que permite crecer sin garantizar suficientemente que ese crecimiento sirva para la población residente.
Por eso el balance debe ser severo y duro con estos mantenidos que hoy gobiernan en el Ayuntamiento de Llanes. Llanes no necesita únicamente más ladrillo; necesita vivienda habitual, asequible y protegida. En un concejo tensionado, con presión de segunda residencia, vivienda turística y dificultades para jóvenes y trabajadores, aprobar un planeamiento que no coloque la vivienda pública en el centro equivale a mirar el problema desde el lado equivocado. El gobierno ultra de VecinosxLlanes y PP puede hablar de ordenación, de tramitación y de desbloqueo urbanístico, pero los hechos disponibles muestran una respuesta insuficiente ante la emergencia habitacional.
La conclusión es clara: el perjuicio para los llaniscos no nace solo de la falta de vivienda pública entregada, sino de un modelo que, incluso cuando planifica miles de viviendas, no garantiza en proporción suficiente que sean viviendas para vivir. Si el PGOU contempla 5.774 viviendas y apenas un 4,7% protegido, el mensaje político es devastador: se planifica crecimiento, pero no se blinda el derecho de los vecinos a quedarse en su concejo. En un municipio ya declarado tensionado, eso no es gestión responsable; es una oportunidad perdida y un fracaso político en una de las necesidades más graves que hoy sufren los llaniscos.
Para terminar el post quiero manifestar que Moriyón en Gijón y Riestra en Llanes no son dos casos aislados: son dos ejemplos claros de cómo se gobierna de espaldas a la emergencia de la vivienda mientras se intenta disfrazar el fracaso con ruido, bronca institucional y propaganda. En ambos municipios, los hechos pesan más que cualquier excusa: barrios y núcleos declarados zonas tensionadas, precios fuera del alcance de la mayoría, falta de vivienda pública efectiva, jóvenes expulsados, trabajadores sin posibilidad real de vivir donde trabajan y gobiernos locales incapaces de ofrecer una respuesta útil.
Moriyón ha convertido Gijón en un escaparate de anuncios vacíos. Prometió soluciones, presentó planes, vendió gestión y terminó entregando conflicto. El Plan Llave, que debía ser su gran bandera en vivienda, se ha convertido en el símbolo de una política fallida: mucho titular, mucha foto, mucho expediente y ninguna solución proporcional a la gravedad del problema. Mientras La Arena y Cimavilla son declaradas zonas tensionadas porque el mercado ya no garantiza el acceso a una vivienda digna, el gobierno gijonés responde con resistencia, recursos, acusaciones y confrontación. Es la tinta del calamar: oscurecerlo todo para que no se vea lo esencial, que el balance es pobre, insuficiente y políticamente demoledor.
Riestra, en Llanes, reproduce el mismo patrón con otro envoltorio. Un concejo tensionado por la presión turística, la segunda residencia, la vivienda vacía y la falta de alquiler estable no necesita un urbanismo complaciente con el crecimiento sin garantías sociales. Necesita vivienda pública, protegida y asequible para que los llaniscos puedan seguir viviendo en Llanes. Pero aprobar un PGOU con miles de viviendas previstas y una reserva mínima para vivienda protegida no es afrontar el problema: es perpetuarlo. Es planificar más suelo sin asegurar que ese suelo sirva para quienes necesitan una casa, no para quienes ven la vivienda como negocio.
Lo más grave es que ambos gobiernos conocen el problema. No pueden alegar ignorancia. Los datos están encima de la mesa, las zonas tensionadas lo certifican y los vecinos lo sufren cada día. Pero cuando toca elegir entre intervenir, cooperar y asumir responsabilidades, optan por la coartada permanente. Si el Principado actúa, lo llaman imposición. Si se señalan los precios, hablan de inseguridad. Si se exige vivienda pública, responden con planes que no llegan. Si se critica su gestión, se refugian en la confrontación. Y si los hechos los dejan sin relato, sacan la tinta del calamar y pretenden que todos acepten pulpo como animal de compañía.
Ese es el núcleo del fracaso: no han resuelto el problema, pero tampoco han dejado de cobrar, de anunciar, de culpar a otros ni de presentarse como víctimas de quienes sí intentan intervenir. La ciudadanía no necesita alcaldes que conviertan la vivienda en una guerra de trincheras. Necesita gobiernos que entreguen viviendas, movilicen suelo público, limiten abusos, activen alquiler residencial y pongan el derecho a vivir por encima del negocio.
Moriyón y Riestra han demostrado que su prioridad no ha sido proteger al vecino, sino proteger su relato político. En Gijón, el resultado son zonas tensionadas y una política municipal sin llaves. En Llanes, el resultado es un modelo urbanístico que permite crecer sin garantizar vivienda suficiente para los llaniscos. Dos municipios distintos, una misma conclusión: cuando se gobierna para no tocar los intereses de siempre, el ciudadano acaba pagando la factura.
Y esa factura es brutal. La paga el joven que no puede emanciparse, la familia que no encuentra alquiler, el trabajador que tiene que marcharse, el vecino que ve cómo su barrio o su concejo se convierte en un espacio cada vez más inaccesible. La pagan quienes necesitan una vivienda para vivir, no para especular. La pagan los de siempre.
Por eso el balance debe decirse sin suavizantes: Moriyón y Riestra han fracasado estrepitosamente en el problema de la vivienda. Han tenido tiempo, sueldo, competencias, instrumentos y obligación política. Lo que no han tenido es voluntad y vergüenza suficiente para poner la vivienda pública y protegida en el centro. Han preferido la bronca al acuerdo, el titular al resultado, el urbanismo complaciente a la justicia social y la excusa a la solución.
La derecha extrema y la ultraderecha de Gijón y Llanes pueden intentar envolverlo en tecnicismos, recursos, pliegos, planes generales y discursos de gestión. Pero detrás de toda esa tinta solo queda una verdad sencilla: gobiernan ellos, sufren los vecinos. En Gijón y en Llanes, la vivienda no se ha convertido en un derecho más garantizado, sino en una angustia más profunda. Y cuando un gobierno no es capaz de dar respuesta a una necesidad básica, no estamos ante una diferencia de criterio: estamos ante un fracaso político con nombres y apellidos por mucho que se quieran esconder.
Ya lo dijo Aristóteles: Cuando la política deja de buscar el bien común, la ciudad deja de ser hogar y se convierte en negocio.”
