El 19 de mayo se publicaba en la prensa regional la preocupación que tiene el alcalde Siero con la problema de la vivienda en su municipio https://bit.ly/4dUgIwS “Los miro casi todos los días”; afirmó el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se refería a los portales inmobiliarios: “Apenas hay oferta en el municipio”. En Lugones se ofrecen –entre todas las inmobiliarias– cuatro pisos con precios que rondan los 800 euros al mes. En La Pola, tres por los que hay que pagar unos 700 € al mes. Y para una renta en una vivienda de la barriada de Pumarabule se están reclamando 550 euros. Por eso el alcalde expresó su “máxima preocupación” cuando conoció el dato concreto de la demanda para poder acceder a los 44 pisos con renta asequible para jóvenes que promueve el Principado y que adelantó EL COMERCIO: casi 400 solicitudes, según fuentes de la empresa constructora, Avintia. “Pero es que hay más, porque para una edificación privada, de mercado libre, hay 140 solicitudes para poder comprar uno de los 24 que se van a ofrecer en la avenida de Viella”. Es por eso que la solución que pone sobre la mesa es clara: habilitar más suelo público para poder construir vivienda con el precio tasado. “Esto ratifica nuestra propuesta que hacemos de generar la máxima superficie posible en el concejo para atender esta alta demanda; el que haya este desajuste, con poca oferta, hace que los precios se disparen”, manifestó el alcalde socialista. “Como administración tenemos que trabajar para que haya más ofertas en el mercado, independientemente de que sea pública o no, pero que se controlen los precios”. No obstante, apuntó a que la preferencia del equipo de gobierno sierense es apostar, sobre todo, por la vivienda con el precio regulado.
Estas manifestaciones tienen el trasfondo del plan para construir hasta un millar de viviendas asequibles en las inmediaciones de Parque Principado. Pero hay condiciones para ello: una de ellas es que el suelo ahora es del centro comercial y lo cedería al Consistorio como compensación a una ampliación que ahora no permiten las directrices sectoriales de comercio, que iban a sr modificadas por el ejecutivo sin que se haya avanzado al respecto. El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó el pasado lunes que “el proyecto será examinado con mucho afecto y mucho aprecio por parte del Gobierno de Asturias”. Y recordó que todavía no hay propuesta en firme sobre la mesa.
Pero el alcalde señala que no hay que perder de vista el objetivo último, que es contribuir a la resolución de uno de los mayores problemas que hay en la actualidad: “La gente necesita todas las noches un sitio donde dormir y no puede esperar años para una solución”. Por eso, ya instó al Gobierno regional “a buscar herramientas, que seguro que las hay, para facilitar la construcción de vivienda asequible en el municipio». Señaló que para la modificación de un plan urbanístico se tardarían diez años: “No estamos para esperar ese tiempo; solo hace falta voluntad política”.
El alcalde respondía, de este modo, a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que depende políticamente de Izquierda Unida (IU). Por medio de un comunicado, el pasado miércoles, el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, advirtió de que la propuesta del Ayuntamiento para promover la construcción de entre 500 y 1.000 viviendas implicaría una revisión profunda del modelo territorial del concejo. Este plan conllevaría, también, autorizar la ampliación del centro comercial, ya que la parcela en cuestión sería cedida a cambio de ello.
La obra que se está ejecutando del gran bulevar de Lugones permitirá generar suelo en la zona de La Ería para la construcción de hasta 2.000 nuevas viviendas: se espera desde el equipo de gobierno que alrededor de un 60% sean con el precio regulado.
La zona de Les Bellotines –donde precisamente acaba ese bulevar– también está experimentando un crecimiento urbanístico. Es ahí donde en junio acabarán las obras de los mencionados 44 pisos de alquiler para jóvenes. Y justo al lado ya han dado comienzo las obras para la construcción de otro tipo de pisos: una promoción de 72 viviendas en la que se ofrece piscina privada en la urbanización de acceso exclusivo para los propietarios o un área de gimnasio “con todo el equipamiento necesario”.
Viaje al norte de Italia para conocer la edificación industrial
El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', dio este martes cuenta del viaje que realizó la semana pasada al norte de Italia, a la ciudad de Bolzano, acompañado de dos técnicos del Ayuntamiento, con varios objetivos: “Acudimos para conocer el tejido empresarial, las distintas inversiones que se realizan en materia de ocio y de vivienda”. Más en detalle, el regidor señaló que estuvieron acompañados de un fabricante europeo especializado en la construcción industrial: “Hace cosas novedosas, innovadoras y modernas”.
¿Se encontraron soluciones para poder aplicar en el municipio? “Aprendimos mucho. Otra cosa es que pueda servir o no para replicarlo”. El regidor detalló que el viaje fue sufragado por el Ayuntamiento.
Son frecuentes las misiones comerciales y empresariales del alcalde sierense. El secretario general de los socialistas en el concejo, Luis Blanco, defendía este tipo de acciones, el pasado fin de semana, en una entrevista a EL COMERCIO: “Hay alcaldes que dicen que les gustaría ser como Siero, que atrae empresas. Pero hay que destacar que no vienen solas, vamos a buscarlas. Ofrecemos suelo y máxima agilidad en las tramitaciones y permisos administrativos”.
En el año 2024, el alcalde completó una agenda de reuniones comerciales en Jordania, cuyo objetivo fue establecer y fortalecer relaciones estratégicas en los ámbitos de la industria, el comercio, la inversión y la cultura. También mantuvo encuentros con representantes de la Cámara de Industria de Amán y de Jordania; de la Jordan Europe Business Association (JEBA); de la Greater Amman Municipality; y con miembros del Consejo Empresarial Iraquí.
La fotografía que nos ofrece la noticia sobre el proceder del alcalde de Siero y de lo que sucede en dicho municipio, nos puede gustar más o menos a los ciudadanos. Pero contrasta de forma radicalmente opuesta con lo que sucede en Gijon y Llanes, con gobiernos de la derecha extrema en Gijon (Foro, PP y tránsfuga) y la ultraderecha de Llanes, (VecinosxLlanes y PP).
La oferta de vivienda en alquiler en Gijón sigue siendo relativamente amplia en comparación con otros municipios asturianos, aunque el mercado muestra una fuerte presión sobre los precios y una reducción progresiva de la disponibilidad. En los principales portales inmobiliarios, especialmente Idealista y Fotocasa, actualmente se anuncian alrededor de entre 350 y 400 pisos y apartamentos en alquiler dentro del concejo gijonés. Idealista concentra aproximadamente 365 anuncios de pisos y apartamentos, mientras que Fotocasa se mueve en cifras cercanas a los 190 anuncios, aunque parte de esa oferta coincide entre plataformas https://bit.ly/43lG6pf
Los precios en Gijón han subido de forma notable durante el último año. El precio medio del alquiler ronda ya los 11,3 euros por metro cuadrado, según Idealista, con incrementos cercanos al 8 % interanual. En la práctica, esto se traduce en que los estudios y pisos pequeños de una habitación rara vez bajan ya de los 600 euros mensuales, incluso en barrios periféricos. En zonas medias como El Llano, Nuevo Gijón o La Calzada, los alquileres habituales de pisos de uno o dos dormitorios oscilan entre 650 y 900 euros https://bit.ly/49OKb95
En los barrios con mayor demanda, especialmente La Arena, Viesques, El Bibio o las zonas próximas a la playa de San Lorenzo, los precios suben claramente. Allí es frecuente encontrar viviendas entre 950 y 1.200 euros al mes, incluso para superficies medias https://bit.ly/4tJh521 Además, una parte importante de la oferta corresponde a alquileres temporales o de temporada, algo cada vez más habitual en Gijón debido al turismo y a la demanda universitaria.
En Llanes la situación es distinta. La oferta es mucho más reducida y extremadamente condicionada por el turismo estacional. En los portales inmobiliarios apenas aparecen alrededor de 60 o 70 viviendas en alquiler en todo el concejo https://bit.ly/4uiq37w Sin embargo, buena parte de esos anuncios corresponden a alquileres temporales para verano o temporada escolar, y no a vivienda habitual durante todo el año.
Los precios en Llanes también son elevados para el tamaño del mercado local. Los apartamentos pequeños parten aproximadamente de los 450 o 500 euros mensuales, mientras que las viviendas de dos o tres dormitorios suelen situarse entre 575 y 900 euros, especialmente en zonas próximas a la costa o a núcleos turísticos como Posada, Barro o el casco urbano de Llanes https://bit.ly/4fzN5lG La escasez de vivienda permanente hace que encontrar alquiler estable durante todo el año resulte especialmente complicado en el concejo.
Por otro lado, otro factor importante que refleja el grave problema que hoy tenemos en nuestra país y en Asturias viene por la retribución que perciben las personas que buscan casa. La situación salarial en Gijón y Llanes muestra con bastante claridad el desequilibrio existente entre ingresos y vivienda. En ambos municipios, especialmente en Llanes por el peso del turismo y en Gijón por la presión urbana y universitaria, el acceso al alquiler consume una parte muy elevada de los ingresos medios de la población.
En Gijón, la renta bruta media declarada se sitúa en torno a los 31.500 euros anuales, según los últimos datos tributarios disponibles https://bit.ly/4dkruwg Eso equivale aproximadamente a unos 2.250-2.350 euros brutos mensuales en 14 pagas, aunque el salario más habitual real está bastante por debajo de esa cifra, especialmente en sectores como hostelería, comercio, logística o servicios. Asturias registra actualmente un salario medio cercano a los 27.200 euros brutos anuales y unos 1.940 euros brutos mensuales en doce pagas.
Con este nivel salarial, el mercado del alquiler en Gijón tensiona especialmente a jóvenes y trabajadores con empleos medios o precarios. Los alquileres más comunes ya se mueven entre 700 y 1.000 euros mensuales para viviendas normales, mientras que en zonas de mayor demanda los precios superan fácilmente esa cifra. Esto provoca que una sola renta absorba entre el 35 % y el 50 % del sueldo neto mensual de muchos trabajadores, muy por encima de los porcentajes considerados asumibles en economía doméstica.
En Llanes el problema es todavía más acusado por la escasez estructural de vivienda habitual. La renta bruta media declarada ronda actualmente entre 24.700 y 26.200 euros anuales, dependiendo de la fuente y del ejercicio estadístico https://bit.ly/4dDmXUz Esto supone unos ingresos claramente inferiores a los de Gijón, en un municipio donde el peso de la hostelería, el turismo y la temporalidad laboral es mucho mayor.
Sin embargo, pese a tener salarios más bajos, los precios del alquiler en Llanes se acercan ya a los de ciudades más grandes durante buena parte del año. Los pisos disponibles rara vez bajan de los 500 o 600 euros, y muchas viviendas salen directamente al mercado turístico en lugar de al residencial estable. Esto hace que trabajadores locales, especialmente jóvenes y empleados del sector servicios, tengan enormes dificultades para independizarse o permanecer viviendo en el concejo… Con este gobierno de ultraderecha es lo que llevan exportando desde que llegaron en el año 2015 al gobierno municipal, vecinos oriundos de Llanes ante la imposibilidad de asentarse donde nacieron.
La consecuencia es que tanto en Gijón como en Llanes existe una fuerte desproporción entre la evolución de los salarios y el precio de la vivienda. Mientras los ingresos crecen de forma moderada, los alquileres llevan años aumentando a un ritmo mucho mayor, en un contexto de poca oferta disponible y elevada demanda https://bit.ly/49hcIE1
Frente a una crisis de vivienda que ya no es una hipótesis sino una realidad medible —alquileres de 700, 900 o más de 1.000 euros en Gijón, oferta escasa en Llanes y salarios que no acompañan—, los gobiernos municipales de Gijón y Llanes han optado por una política insuficiente, tardía y profundamente ideológica. En lugar de asumir que el mercado por sí solo no está garantizando vivienda estable, asequible y permanente, han convertido el problema en una batalla política contra el Gobierno del Principado, mientras los llaniscos y gijoneses sigue enfrentándose a precios imposibles y a una oferta cada vez más reducida.
El contraste con Siero es evidente. Allí, el alcalde reconoce abiertamente que mira casi a diario los portales inmobiliarios, admite que apenas hay oferta y plantea la necesidad de habilitar suelo para vivienda con precio regulado. Su diagnóstico es claro: poca oferta, precios disparados y necesidad de intervención pública. Incluso afirma que “la gente necesita todas las noches un sitio donde dormir y no puede esperar años para una solución” . En Gijón y Llanes, con Moriyón y Riestra la respuesta política aparece mucho más centrada en el choque institucional, en los anuncios grandilocuentes y en las fórmulas que no atacan con contundencia la raíz del problema.
En Gijón, el gobierno municipal ha presentado el llamado Plan Llave como gran respuesta al problema, con promociones de alquiler asequible y cesión de parcelas. Sin embargo, los propios anuncios muestran que hablamos de cifras parciales frente a una emergencia mucho mayor: una fase inicial de 120 viviendas y otra actuación de hasta 180 viviendas en Nuevo Gijón, con alquileres máximos anunciados de 8,5 euros por metro cuadrado útil https://bit.ly/42Jarhn Son medidas que pueden aliviar casos concretos, pero no corrigen por sí solas un mercado donde los alquileres ordinarios ya expulsan a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias. Además, el gobierno municipal de Gijón de la derecha extrema rechazó declarar zonas tensionadas en barrios como Cimavilla y La Arena, una decisión política significativa porque evita activar una herramienta de intervención sobre las zonas donde la presión del alquiler es más evidente https://bit.ly/4nIsQUX
La gestión gijonesa resulta especialmente criticable porque combina anuncios de vivienda asequible con rechazo a medidas de regulación más contundentes. Es una política de escaparate: se presenta como solución lo que en realidad llega tarde, en cantidades limitadas y sin alterar de fondo las dinámicas del mercado. Mientras tanto, el discurso del gobierno de Moriyón se desplaza hacia la confrontación con otras administraciones, como si el problema fuese únicamente competencial, cuando el Ayuntamiento también tiene capacidad de movilizar suelo, orientar planeamiento, condicionar usos, limitar la turistificación y empujar un parque público más ambicioso.
En Llanes, el problema es todavía más grave porque la vivienda habitual compite directamente con el uso turístico y la segunda residencia. El propio documento aportado señala que la oferta en portales apenas ronda las 60 o 70 viviendas y que muchas corresponden a alquileres temporales, no a vivienda estable . En un concejo con salarios más bajos y una economía muy marcada por la hostelería y la temporalidad, esta situación tiene un efecto demoledor: quienes trabajan en Llanes tienen cada vez más difícil vivir en Llanes. El resultado es una expulsión silenciosa de población local, especialmente joven y trabajadora.
La respuesta del gobierno de Llanes aparece como claramente insuficiente. Ha habido reuniones con la Consejería de Vivienda para estudiar medidas de regulación del alquiler y vivienda pública, pero el problema sigue enquistado. También se han planteado incentivos para fomentar alquileres durante todo el año, pero esa vía depende demasiado de la voluntad de propietarios particulares y no garantiza por sí sola un parque estable, amplio y asequible. En un municipio donde el turismo tensiona directamente la vivienda, limitarse a incentivar sin intervenir con más firmeza equivale a dejar que el mercado siga marcando las reglas a los llaniscos.
La crítica sin paliativos de fondo es que ambos gobiernos parecen más cómodos defendiendo una solución basada en construir, liberar suelo y atraer promoción privada que en construir una política pública fuerte de vivienda. Esa orientación coincide con los intereses tradicionales del sector constructor: más actividad edificatoria, más suelo disponible y menos regulación estructural. ASPROCON, como patronal asturiana de la construcción, ha reclamado una política de vivienda a largo plazo y participa activamente en el debate urbanístico asturiano https://bit.ly/3PS5EqY Lo que no se puede afirmar sin una prueba directa es que los gobiernos municipales de Llanes y Gijón actúen “al dictado” de esa patronal; lo que sí puede criticarse es que sus políticas se alinean mucho más con la lógica de la oferta privada que con una defensa contundente del derecho a la vivienda de los ciudadanos que les pagan por representarles en las instituciones públicas.
El balance, por tanto, es insufrible para gijoneses y llaniscos: en Gijón se anuncian planes, pero se rechazan herramientas de regulación; en Llanes se reconoce el problema, pero no se actúa con la intensidad que exige un municipio devorado por la presión turística; y en ambos casos se utiliza la confrontación con el Principado como forma de desplazar responsabilidades. Mientras tanto, los precios siguen subiendo, la oferta estable se reduce y los salarios no permiten absorber el coste de alquilar. Esa es la gestión criticable: mucha pelea política, mucho anuncio parcial y poca transformación real del mercado de vivienda.
Para terminar el post quiero manifestar que mientras todo esto sucede, mientras miles de gijoneses y llaniscos destinan entre el 40 % y el 50 % de su salario a pagar un alquiler o directamente renuncian a emanciparse, los gobiernos municipales de Carmen Moriyón y Enrique Riestra continúan gobernando como si el problema fuese secundario, como si bastase con anuncios, titulares y confrontación política para tapar una emergencia social que cada año empeora más. Porque los gobiernos de Moriyón y Riestra no salen gratis a sus ciudadanos. Nunca sale gratis tener gobiernos que miran antes por los equilibrios políticos y económicos que por las necesidades reales de la población a la representan.
Mientras una parte creciente de la ciudadanía no puede acceder a una vivienda digna, los máximos responsables municipales perciben salarios públicos elevados sufragados precisamente por esos mismos contribuyentes que padecen el problema. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, percibe una retribución anual cercana a los 70.000 euros brutos, dentro de uno de los gobiernos municipales más costosos de Asturias en estructura política y cargos de confianza. Por su parte, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, mantiene igualmente una dedicación retribuida con un salario público de 46.200 euros para las dimensiones del concejo y un ejecutivo municipal sostenido con recursos públicos mientras el acceso a la vivienda se degrada año tras año.
El problema no es únicamente cuánto cobran, sino qué resultados ofrecen a cambio. Porque gobernar no consiste en convertir cada debate en una pelea partidista contra el Principado mientras los precios se disparan, la oferta desaparece y los jóvenes tienen que marcharse de los lugares donde nacieron. Gobernar exige asumir responsabilidades, intervenir cuando el mercado fracasa y entender que la vivienda no puede quedar reducida a un negocio o a una mercancía sometida exclusivamente a la lógica de la rentabilidad.
En Gijón, la ciudad avanza hacia un modelo donde vivir cerca del centro o del litoral se convierte progresivamente en un privilegio económico. En Llanes, directamente, el riesgo es convertirse en un municipio donde quienes trabajan allí ya no puedan residir allí. Y todo ello ocurre bajo gobiernos de la derecha extrema y ultraderecha que han demostrado mucha más comodidad hablando de liberalización, promoción privada o trabas administrativas que impulsando una política pública fuerte, sostenida y valiente en materia de vivienda.
Porque al final hay una realidad imposible de ocultar: cuando una administración permite durante años que los salarios queden muy por detrás del coste de la vivienda, cuando normaliza que media nómina se marche en un alquiler y cuando acepta como inevitable la expulsión silenciosa de vecinos y jóvenes, esa administración está gobernando de espaldas a la ciudadanía.
Y quien gobierna de espaldas a los ciudadanos no merece perpetuarse en las instituciones. Merece el castigo democrático más contundente: abandonar la política y pasar a la irrelevancia pública. Porque las instituciones no están para garantizar comodidad a quienes gobiernan, sino derechos a quienes las sostienen con sus impuestos.
Ya lo dijo Aristóteles: “La política debe ser el arte de servir al bien común, no de servirse de él.”
