Hoy se publica en la prensa regional la noticia que recoge que en la memoria del año 2025 de EMULSA, que se presentará al consejo de administración, confirma que cada residente en Gijón generó 464 kg de residuos el año pasado, pero apenas 169 kg se separaron para reciclaje, lo que supone un 36,4 % del total. Esta cifra está muy por debajo del 55 % que fijan las directivas de la Unión Europea para 2025 y ni siquiera alcanza el objetivo mínimo del 50 % que debía cumplirse desde 2020, reflejando un estancamiento de años en la tasa de reciclaje .
En términos absolutos, Gijón produjo 128.765 toneladas de basura, un 2,8 % más que el año anterior, atribuible en parte al crecimiento de la población, aunque el dato per cápita se mantiene estable en aproximadamente 1,3 kg por persona y día . De esa basura, 81.864 toneladas (2,6 % más) fueron residuos no reciclados depositados en el contenedor gris y enviados directamente al vertedero de Cogersa .
Entre las fracciones reciclables, el papel y cartón recogió más material (+1,4 %), y los envases también crecieron ligeramente, pero el vidrio se redujo un 0,8 % y los restos orgánicos cayeron un 8,2 % . Este descenso de la fracción orgánica coincide con cambios en los contenedores (nuevas bocas con acceso mediante tarjeta) que han reducido los residuos impropios, aunque no han impulsado suficiente el reciclaje .
Ante este panorama, el Ayuntamiento aprobó en diciembre el Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030, una estrategia con más de 30 medidas para incrementar la separación de residuos, reforzar infraestructuras y concienciar a la ciudadanía, con sanciones y medidas coercitivas previstas si en 2027 no se avanza hacia los objetivos de reciclaje marcados por la UE . Entre las iniciativas que se licitarán están campañas de información, nuevos contenedores para orgánicos, ropa y aceite, y un posible sistema de pago por generación que vincule la tasa de basuras al volumen que no se recicla .
👉 Más detalles en: Gijón se estanca en el reciclaje y mantiene brecha con objetivos
europeos (Gijón.es)
👉 Y sobre el plan: Gijón aprueba el Plan Residuos Cero 2025‑2030 (La Voz de
Asturias)
Por otro lado también se ha publicado en la prensa la noticia donde se informe que el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que rechaza los sistemas de cupos predeterminados de caza o extracción de lobos establecidos en programas de gestión autonómicos, especialmente el de Asturias y también el de Cantabria. El alto tribunal estima los recursos presentados por asociaciones conservacionistas como ASCEL y Ecologistas en Acción y subraya que, tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), este animal goza del máximo nivel de protección legal en España, lo que impide planes de caza con límites globales sin justificación individualizada https://bit.ly/4rtKA7U
La sentencia —confirmada por varias fuentes nacionales— indica que sólo se puede autorizar la caza de un lobo cuando sea la única solución para evitar daños graves al ganado después de haber intentado todas las medidas preventivas, y siempre de forma selectiva y justificada caso por caso . Esto significa que los programas con cupos anuales de capturas quedan anulados si no se ajustan a estos criterios jurídicos rigorosos https://bit.ly/4anAf7p
En el caso concreto de Asturias, el Tribunal Supremo ha declarado nulo el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-23 aprobado por el Gobierno autonómico porque, pese a que la normativa cambió en 2025 para permitir legalmente la caza en ciertas condiciones, los planes autonómicos no estaban en consonancia con el marco legal superior al incluir cupos de ejemplares .
👉 Más sobre la sentencia en: El Supremo da la razón a ecologistas frente a planes de gestión del lobo (Europa Press)
Las dos noticias reflejan problemas distintos —la gestión de residuos en Gijón y el control del lobo en Asturias— pero comparten un elemento común: la tensión entre obligaciones legales superiores (europeas y estatales) y las decisiones políticas adoptadas a nivel autonómico y municipal en Asturias.
En el caso del reciclaje, los datos oficiales de la memoria de la empresa municipal EMULSA muestran que Gijón mantiene una tasa de separación del 36,4%, muy por debajo del 55% exigido por la normativa europea para 2025. El marco jurídico de referencia es la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, modificada en el año 2018 para reforzar los objetivos de reciclaje, que obliga a los Estados miembros —y, por extensión, a sus administraciones territoriales— a cumplir metas progresivas. España ha incorporado esas exigencias a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
En este contexto, la crítica política se centra en la gestión municipal y autonómica. Los datos evidencian estancamiento en la recogida selectiva, especialmente en la fracción orgánica, y un volumen significativo de residuos que continúa destinándose a vertedero. La consecuencia no es solo ambiental, sino también económica: mayores costes de gestión y la eventual posibilidad de sanciones europeas si el Estado incumple los objetivos globales. La responsabilidad última ante la Unión Europea recae en el Estado, pero la ejecución material depende de ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que convierte la gestión local en un elemento clave. La aprobación de un nuevo plan municipal de residuos confirma que existe un reconocimiento institucional de que los resultados actuales son insuficientes.
En cuanto al lobo, la controversia gira en torno a la aplicación de la normativa de protección ambiental. Tras la inclusión de todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el año 2021, la regla general pasó a ser la prohibición de su captura, con excepciones estrictamente tasadas. Esta decisión se enmarca en la transposición española de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). El Tribunal Supremo ha reiterado que cualquier extracción debe ser excepcional, justificada caso por caso y adoptada como última medida tras haber agotado otras alternativas preventivas.
El debate político surge cuando, pese a ese marco de restricción, se aprueban programas autonómicos con cupos predeterminados de extracción como ha sucedido en Asturias. El Supremo ha considerado que ese sistema no se ajusta al régimen de protección reforzada vigente en el momento de su aprobación. Sin embargo, la situación normativa ha variado recientemente tras la modificación del estatus del lobo a nivel estatal y europeo, lo que añade complejidad jurídica al escenario actual.
Desde un punto de vista institucional, lo que muestran ambos casos es una tensión entre distintos niveles de gobierno y entre prioridades políticas contrapuestas: por un lado, la obligación de cumplir compromisos ambientales internacionales; por otro, las presiones sociales, económicas o sectoriales (como la gestión ganadera en el caso del lobo). La actuación de los ejecutivos implicados puede interpretarse políticamente de distintas maneras, pero jurídicamente está condicionada por un marco normativo que fija límites claros y que, en el caso del lobo, ha sido precisado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En síntesis, las dos situaciones evidencian dificultades en la aplicación práctica de políticas ambientales que requieren planificación a medio plazo, coherencia normativa y estabilidad en los criterios de actuación. La clave no está tanto en la confrontación partidista como en la capacidad de las administraciones para ajustar sus decisiones a los estándares legales vigentes y a los objetivos ambientales comprometidos, cuestión que de momento los políticos de distintas formaciones políticas como Foro, PP y PSOE parecen no querer respetar.
La gestión del lobo en nuestro país ha sido un elemento de confrontación política desde una posición demagógica por los partidos de la derecha extrema como PP y Foro o de la ultraderecha de VecinosxLlanes o Vox. En su ignorancia se niegan a aprender de modelos de gestión exitosa como el que a continuación describo en un país europeo. La gestión del lobo en Suiza se considera una referencia europea porque ha logrado combinar tres objetivos complejos: conservar la especie, reducir el conflicto con la ganadería y mantener un marco jurídico claro y estable. No se trata de la ausencia de problemas —los hay— sino de un modelo basado en planificación técnica, prevención sistemática y decisiones administrativas regladas.
El lobo regresó de forma natural a Suiza en los años noventa, procedente de Italia. Desde entonces, la población ha crecido progresivamente hasta consolidarse en varias manadas reproductoras. La especie está protegida por el Convenio de Berna de 1979, del que Suiza es parte, y por la legislación federal suiza en materia de caza y protección de mamíferos y aves silvestres. Sin embargo, Suiza ha optado por un sistema de gestión adaptativa: protección como principio general, pero con posibilidad de regulación bajo condiciones estrictas.
El elemento central del modelo suizo es la prevención estructural de daños. Antes de autorizar cualquier abatimiento, las autoridades exigen la aplicación de medidas de protección del ganado: uso sistemático de perros mastines especializados, cercados eléctricos adecuados y vigilancia reforzada en zonas de riesgo. Estas medidas están financiadas en gran parte por el Estado federal y los cantones. Solo cuando se demuestra que un lobo o una manada concreta ha causado daños significativos pese a la correcta aplicación de estas medidas, puede autorizarse su eliminación.
Otro pilar fundamental es la compensación económica rápida y reglada. Los ganaderos reciben indemnizaciones por los animales muertos si se acredita el ataque y si habían aplicado las medidas preventivas exigidas. Esto reduce la conflictividad social y evita que el coste recaiga exclusivamente sobre el sector primario.
Desde el punto de vista institucional, Suiza distribuye competencias entre la Confederación (nivel federal) y los cantones. La Confederación establece el marco legal general y los criterios técnicos; los cantones ejecutan y autorizan intervenciones concretas. En 2020 y posteriormente en 2023 se introdujeron reformas legales que permiten regulaciones preventivas de determinadas manadas cuando su crecimiento amenaza la viabilidad de la ganadería alpina o la seguridad pública, siempre bajo criterios científicos y cupos motivados.
La clave del modelo no es una política de erradicación ni de protección absoluta, sino un sistema de gestión basada en datos. El seguimiento de las manadas se realiza mediante análisis genéticos, rastreo sistemático y monitorización anual. Las decisiones de extracción se fundamentan en informes técnicos que identifican grupos concretos y justifican la proporcionalidad de la medida.
Además, existe un esfuerzo sostenido de comunicación pública y transparencia. Las decisiones de regulación se publican, se explican y pueden ser recurridas judicialmente. De hecho, algunas autorizaciones han sido suspendidas por los tribunales cuando no cumplían los requisitos legales, lo que refuerza la seguridad jurídica del sistema.
En términos de resultados, Suiza ha logrado mantener una población estable y en crecimiento controlado, al tiempo que ha reducido en determinadas regiones la conflictividad gracias a la generalización de medidas preventivas. El modelo funciona porque combina cuatro factores: claridad normativa, prevención obligatoria financiada públicamente, compensación económica efectiva y regulación puntual basada en criterios técnicos verificables.
No es un sistema exento de debate político, pero su éxito radica en que las decisiones no se apoyan en cupos genéricos ni en respuestas reactivas como sucede en nuestro país, sino en protocolos predefinidos, evaluación caso por caso y coordinación entre niveles de gobierno.
La controversia política en Asturias sobre la gestión del lobo se intensificó tras su inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta figura jurídica establecía la prohibición general de capturar o dar muerte a ejemplares, permitiendo únicamente extracciones excepcionales, justificadas de forma individualizada y como último recurso, conforme a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En ese contexto, diversos dirigentes políticos asturianos manifestaron públicamente su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE y defendieron su salida del listado, pese a que el Estado español está obligado, en virtud de sus compromisos europeos, a transponer y aplicar las directivas aprobadas en el marco de la Unión Europea. Entre ellos, Álvaro Queipo (Partido Popular) sostuvo que la protección reforzada dificultaba la gestión de la especie y perjudicaba gravemente al sector ganadero, reclamando la recuperación de un modelo que permitiera establecer controles poblacionales más amplios por parte de las comunidades autónomas.
También Luis Venta (Partido Popular) criticó reiteradamente la inclusión del lobo en el LESPRE, defendiendo la necesidad de autorizar extracciones para reducir la presión sobre la ganadería extensiva y reclamando una gestión con cupos similares a los existentes antes de 2021.
Desde Foro Asturias, Adrián Pumares pidió revisar la inclusión del lobo en el listado y devolver a las comunidades autónomas mayor capacidad para fijar controles. Por su parte los ultraderechistas, Enrique Riestra y Juan Valladares (VecinosxLlanes) realizaron declaraciones públicas reclamando la posibilidad de eliminar lobos con mayor amplitud, vinculando la protección especial con el aumento de ataques al ganado y solicitando la retirada del régimen reforzado.
El eje común de estas posiciones fue la crítica a la decisión del Gobierno central de incluir al lobo en el LESPRE y la defensa de su salida del listado para permitir planes de control con mayor margen de actuación. Desde el punto de vista jurídico, mientras la especie estuvo incluida en el LESPRE, cualquier extracción debía ajustarse a criterios estrictos de excepcionalidad, motivación técnica y proporcionalidad, tal como ha recordado el Tribunal Supremo al rechazar sistemas de cupos globales predeterminados durante ese periodo.
En síntesis, las declaraciones de Álvaro Queipo, Luis Venta, Adrián Pumares, Enrique Riestra y Juan Valladares se centraron en exigir la retirada del lobo del LESPRE y en reclamar un modelo de gestión con controles poblacionales más amplios. El núcleo del debate ha sido la confrontación entre esa posición política electoralista de la derecha extrema y la reacción timorata del PSOE desde el gobierno regional en el marco jurídico vigente en este momento, que impone límites estrictos a la eliminación de ejemplares mientras la protección especial estuvo en vigor.
Para terminar el post quiero manifestar que las noticias conocidas evidencian una tensión profunda entre el discurso político y la responsabilidad institucional. Cuando determinados dirigentes como los de la derecha extrema convierten cuestiones complejas —como la gestión de residuos o la conservación de la biodiversidad— en banderas de confrontación, el riesgo es desplazar el debate del terreno técnico y jurídico al terreno de la consigna. En un Estado de derecho, la discrepancia política es legítima; lo que es un grave error es actuar o promover actuaciones al margen del marco normativo vigente. Las leyes pueden reformarse, pero mientras están en vigor obligan a todos por igual.
La crítica pública forma parte del juego democrático, pero cuando el ruido sustituye a la gestión y la “performance” eclipsa el rigor, los problemas estructurales permanecen sin resolver. Las cifras sobre reciclaje, los objetivos europeos incumplidos o las controversias judiciales en materia ambiental no se corrigen con declaraciones altisonantes, sino con planificación, inversión, coordinación administrativa y cumplimiento estricto de la legalidad.
Del mismo modo, la tibieza o la falta de coherencia en la acción de gobierno puede generar desconfianza si transmite la sensación de avances intermitentes o decisiones condicionadas por la presión política. La ciudadanía percibe con claridad cuándo las políticas públicas responden a una estrategia sostenida y cuándo se mueven a golpe de coyuntura.
En última instancia, el sistema democrático ofrece un mecanismo claro para exigir responsabilidades y corregir rumbos: el voto. Son los ciudadanos quienes, con su participación, avalan o rechazan modelos de gestión, estilos de liderazgo y grados de compromiso con la legalidad y con el interés general. La solución a los déficits de gobernanza, a la confrontación permanente o a la falta de resultados no está en la descalificación continua, sino en la rendición de cuentas y en la decisión soberana de la sociedad en las urnas, mandando al vertedero a estos apestosos políticos que hoy nos representan en Asturias.
Ya lo dijo Aristóteles: “La ley debe ser soberana sobre los gobernantes, y los gobernantes servidores de la ley”.
