El análisis de los datos de Cogersa correspondientes al Ayuntamiento de Llanes entre los años 2017 y 2025 revela una realidad preocupante: no solo no se ha alcanzado el objetivo legal de reciclaje del 55 %, sino que ni siquiera se ha avanzado de forma sostenida hacia esa meta. La evolución demuestra falta de ambición, ausencia de medidas estructurales eficaces y un estancamiento incompatible con las obligaciones normativas vigentes por parte del incompetente gobierno fascista que lleva gobernando algo más de diez años.
El marco legal es claro. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone las directivas europeas en materia de gestión de residuos, establece que en el año 2025 los municipios deben alcanzar al menos un 55 % de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales. Esta meta no es orientativa ni simbólica: es un mandato legal derivado de la normativa europea y aprobado por el Gobierno español, de obligado cumplimiento para todas las administraciones locales.
Foto: José Ramón Amor Sordo jurando su cargo en presencia de Enrique Riestra
Frente a ese 55 % exigido por ley, el gobierno municipal de Llanes presenta los siguientes datos:
En el año 2017 el porcentaje de residuos separados era del 8,64 %. En el año 2018 subió al 9,43 % y en el año 2019 alcanzó el 10,47 %. Aunque hubo una ligera mejora inicial, los valores seguían siendo extremadamente bajos. Entre los años 2020 y 2021 se produjo el único avance significativo del periodo: en el año 2020 se alcanzó el 12,86 % y en 2021 el máximo registrado, 13,61 %. Sin embargo, incluso en ese mejor año, el municipio estaba a más de 41 puntos porcentuales del objetivo legal.
Foto: datos de reciclaje del Ayuntamiento de Llanes desde el año 2017. Fuente: COGERSA
Lejos de consolidarse esa mejora, a partir del año 2022 se produce un retroceso claro. En el año 2022 el porcentaje cae al 10,32 %, en el año 2023 se sitúa en 10,67 %, en el año 2024 en 10,57 % y en el año 2025 baja ligeramente al 10,52 %. Es decir, durante los últimos cuatro años el reciclaje ha quedado estancado en torno al 10-11 %, sin una tendencia ascendente real.
El dato más contundente es el siguiente: en ocho años (2017-2025) el municipio solo ha incrementado el porcentaje de reciclaje en 1,88 puntos porcentuales (del 8,64 % al 10,52 %). A este ritmo de crecimiento, alcanzar el 55 % sería matemáticamente inviable en décadas.
Además, el volumen total de residuos gestionados apenas varía (10.805,25 toneladas en el año 2025 frente a 10.837,35 en el año 2024), mientras que los residuos separados incluso descienden (1.145,17 Tn en el año 2024 frente a 1.136,70 Tn en el año 2025). Esto evidencia que no existe un impulso decidido para aumentar la recogida selectiva.
Desde una perspectiva crítica, los datos reflejan que:
- No se ha producido una implantación efectiva de sistemas avanzados de recogida (puerta a puerta, quinto contenedor obligatorio para orgánica, pago por generación, etc.).
- No se aprecia una estrategia sostenida de incremento anual.
- No existe una hoja de ruta visible para aproximarse al objetivo legal.
- El máximo histórico (13,61 %) fue coyuntural y no estructural.
El contraste entre el 55 % exigido por la Ley 7/2022 y el 10,52 % alcanzado en 2025 es abrumador: Llanes se sitúa 44,48 puntos porcentuales por debajo del objetivo legal. Esto no es una desviación leve, sino una brecha estructural que evidencia una falta de adaptación a la normativa estatal y europea.
En conclusión, el estudio muestra que él gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y PP no ha adoptado medidas suficientes ni eficaces para cumplir con la obligación legal de alcanzar el 55 % de reciclaje en 2025. La evolución no solo es insuficiente, sino que en los últimos años refleja un claro estancamiento. Desde una perspectiva jurídica y ambiental, la situación exige una revisión profunda del modelo de gestión de residuos municipal si se pretende cumplir con la legislación vigente y con los compromisos europeos en materia de economía circular.
El incumplimiento del objetivo del 55 % de reciclaje en el año 2025 no es una cuestión simbólica ni meramente ambiental; tiene implicaciones jurídicas y económicas reales que afectan directamente a los vecinos de Llanes. La obligación deriva de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone las directivas europeas y fija objetivos vinculantes para todas las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos.
En primer lugar, la responsabilidad jurídica primaria recae sobre el Estado español ante la Unión Europea. Si España no cumple los objetivos de reciclaje fijados para el año 2025, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción. Este procedimiento puede culminar con sanciones económicas al Estado. Aunque la multa la impone la UE al Estado, la legislación española permite posteriormente repercutir responsabilidades económicas a las administraciones que hayan contribuido al incumplimiento (en este caso será sancionado el Ayuntamiento de Llanes). Es decir, si un municipio presenta niveles muy inferiores a los exigidos, podría verse afectado por mecanismos internos de compensación o ajustes financieros.
En segundo lugar, existe una consecuencia económica directa ya vigente: el impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero y la incineración, introducido por la propia Ley 7/2022. Este impuesto grava cada tonelada de residuos que no se recicla y acaba en vertedero. Cuanto menor es el porcentaje de reciclaje, mayor es el volumen de residuos sujetos a este impuesto. El coste de este tributo lo asumen inicialmente las entidades gestoras, pero en la práctica se traslada a los municipios y, finalmente, a los ciudadanos a través de la tasa de basuras.
En un municipio como Llanes, donde en el año 2025 el reciclaje se sitúa en torno al 10,52 %, más del 89 % de los residuos municipales continúan tratándose como fracción resto. Esto implica una elevada exposición al impuesto de vertido. A mayor tonelaje no reciclado, mayor carga fiscal anual. Ese incremento puede traducirse en:
- Subida de la tasa municipal de recogida de residuos.
- Incremento del canon que el municipio paga a la entidad gestora.
- Reducción de capacidad presupuestaria para otros servicios públicos.
En tercer lugar, el incumplimiento de objetivos ambientales puede afectar al acceso a subvenciones y fondos europeos vinculados a economía circular y transición ecológica. Muchas líneas de financiación exigen compromisos verificables en materia de reciclaje. Si los indicadores municipales son estructuralmente bajos, la capacidad de captar financiación puede verse limitada, lo que repercute en menor inversión en infraestructuras locales.
En cuarto lugar, si el Ayuntamiento se ve obligado a implantar de forma acelerada medidas correctoras (como recogida puerta a puerta, contenedor marrón obligatorio, sistemas de control o digitalización), el coste de implantación puede ser elevado. Si esas inversiones no se planifican progresivamente, suelen financiarse mediante:
- Incrementos extraordinarios de tasas.
- Endeudamiento municipal.
- Reasignación de partidas presupuestarias.
Desde el punto de vista estrictamente económico, el principal coste para los llaniscos no sería una multa individual directa, sino un aumento progresivo del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. La combinación de impuesto estatal al vertido, posibles ajustes financieros internos y necesidad de inversión correctiva puede traducirse en un encarecimiento estructural del servicio.
En síntesis, las consecuencias reales y verificables del incumplimiento en el municipio de Llanes son:
- Mayor carga fiscal derivada del impuesto al vertedero.
- Posible incremento de la tasa de basuras.
- Menor acceso a financiación ambiental.
- Necesidad de inversiones correctivas que pueden repercutirse en el recibo municipal.
No se trata de hipótesis especulativas, sino de efectos previstos en el propio marco normativo vigente. Cuanto más lejos esté el municipio del 55 % exigido, mayor será la presión económica y financiera para corregir esa desviación. Y, en última instancia, el impacto económico acaba trasladándose a los vecinos a través del sistema de financiación local.
Foto: porcentaje de reciclaje de los distintos municipios del Oriente de Asturias en el año 2025. Fuente: COGERSA
A partir de los datos de 2025 que figuran en la tabla de COGERSA, el análisis del reciclaje en los municipios del Oriente de Asturias muestra un incumplimiento generalizado y muy amplio del objetivo legal del 55 % de preparación para la reutilización y reciclado fijado por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. No se trata de desviaciones pequeñas ni coyunturales, sino de diferencias estructurales de más de 30 y 40 puntos porcentuales respecto al mínimo exigido.
En el año 2025, el Ayuntamiento de Llanes presentaba un 10,52 % de residuos separados sobre el total (1.136,70 toneladas separadas de 10.805,25 gestionadas). La distancia respecto al 55 % es de 44,48 puntos porcentuales. Llanes no solo no se aproxima al objetivo, sino que se sitúa cinco veces por debajo del umbral legal.
Amieva registra un 7,14 %, Cabrales un 12,94 %, Cangas de Onís un 11,15 %, Caravia un 16,15 %, Colunga un 12,73 %, Onís un 21,39 %, Parres un 19,36 %, Ponga un 8,24 %, Peñamellera Alta un 19,12 %, Peñamellera Baja un 21,55 % y Ribadedeva un 16,10 %. Ninguno de estos municipios alcanza siquiera la mitad del objetivo legal. El que presenta el mejor dato, Peñamellera Baja (21,55 %), se encuentra todavía a 33,45 puntos del 55 %. Onís, con 21,39 %, está a 33,61 puntos. Parres, con 19,36 %, a 35,64 puntos. Incluso los municipios con cifras relativamente más altas siguen muy lejos de la exigencia normativa.
En el extremo inferior, Amieva (7,14 %) y Ponga (8,24 %) se sitúan a casi 47 puntos del objetivo. Llanes (10,52 %) y Cangas de Onís (11,15 %) superan ligeramente el 10 %, pero siguen a más de 43 puntos del 55 %. En términos objetivos, el margen de incumplimiento es masivo en todos los casos.
Si se observa el volumen de residuos gestionados, la situación es especialmente relevante en municipios con mayor tonelaje total. Llanes gestiona más de 10.800 toneladas anuales, Cangas de Onís más de 4.400 toneladas y Parres más de 3.100. En estos casos, el bajo porcentaje de reciclaje implica que miles de toneladas continúan tratándose como fracción resto, con el consiguiente impacto económico y ambiental.
Desde el punto de vista estrictamente legal, el objetivo del 55 % no distingue por color político ni por tamaño del municipio. Es una obligación general. En el conjunto de municipios analizados, gobernados por distintas formaciones políticas, el resultado es homogéneo: todos incumplen el mínimo exigido en 2025. No hay ningún caso que pueda considerarse alineado con la senda de cumplimiento.
En términos comparativos, la diferencia entre el mejor y el peor municipio apenas supera los 14 puntos porcentuales (entre aproximadamente 7 % y 21 %), pero la diferencia respecto a la meta legal supera los 30 puntos en todos los casos. Esto indica que el problema no es aislado ni puntual, sino estructural en todo el Oriente de Asturias.
En conclusión, los datos de 2025 muestran que ningún municipio del Oriente asturiano alcanza el 55 % de reciclaje exigido por la legislación estatal. Las cifras reales oscilan entre el 7 % y el 21 %, muy por debajo del umbral legal. La brecha no es marginal, sino sustancial, y refleja un incumplimiento generalizado del objetivo normativo vigente.
Los datos de reciclaje de Llanes en 2025 no dejan margen para la complacencia. Un 10,52 % de separación frente al 55 % exigido por la Ley 7/2022 supone una brecha de 44,48 puntos porcentuales. Tras ocho años, el incremento acumulado es de apenas 1,88 puntos. La evolución no refleja una senda de convergencia hacia el objetivo legal, sino un estancamiento persistente.
En una administración democrática, la responsabilidad es concreta. En Llanes, la dirección política del Ayuntamiento corresponde al alcalde, Enrique Riestra, y la gestión directa de áreas clave vinculadas a la prestación de servicios y a la planificación presupuestaria recae en los concejales José Ramón Amor Sordo (Obras y Servicios) y Juan Valladares (Hacienda). Cuando los indicadores estratégicos permanecen tan alejados de lo que marca la ley, la responsabilidad política no es difusa: tiene nombres y apellidos, en este caso tres fascistas incompetentes.
No se trata de un debate ideológico, sino de resultados verificables. Los datos muestran que no se ha consolidado una estrategia capaz de elevar de forma sostenida la recogida selectiva. El máximo histórico del 13,61 % en 2021 no se mantuvo; desde 2022 el porcentaje gira en torno al 10-11 %, sin crecimiento estructural. Más del 89 % de los residuos siguen tratándose como fracción resto.
Las consecuencias no son abstractas. A mayor volumen de residuos no reciclados, mayor exposición al impuesto estatal de vertido, mayor presión sobre la tasa municipal de basuras y mayor carga presupuestaria. La gestión ambiental no es solo una cuestión ecológica: es también una cuestión económica que afecta directamente a los vecinos de Llanes.
El problema, además, no es exclusivo de Llanes. En el conjunto del Oriente de Asturias, ningún municipio alcanza siquiera la mitad del 55 % exigido. Los porcentajes oscilan entre el 7 % y el 21 %. La homogeneidad del incumplimiento sugiere una inercia institucional donde la adaptación al marco legal no ha sido prioritaria en términos de resultados.
Gobernar implica cumplir la ley y rendir cuentas por los resultados. Cuando los objetivos son conocidos desde hace años y la distancia no se reduce, la exigencia democrática es revisar el modelo, fijar metas intermedias verificables y ejecutar medidas con impacto real. Los datos del año 2025 sitúan a Llanes muy lejos del estándar legal. La responsabilidad de corregir esa brecha corresponde, sin ambigüedades, a quienes dirigen y gestionan el Ayuntamiento y si no lo han conseguido solo tienen un camino… Dimitir e irse para su casa en lugar de sangrar los bolsillos de los llaniscos con su “mierda” política.
Ya lo dijo Montesquieu: “La corrupción de cada gobierno comienza casi siempre por la de sus principios.”
