Ayer se publicaba la noticia en El Comercio —“Claves de la futura Loita: agilidad, flexibilidad y dinamización económica”— sitúa a la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) en su tramo final antes de llegar a la Junta General. El consejero Ovidio Zapico confía en que el proyecto pueda aprobarse antes del 30 de junio para iniciar después una tramitación parlamentaria con un calendario realista y con el objetivo de que la norma quede aprobada antes del final de la legislatura. La jornada celebrada en la Laboral de Gijón, organizada por Llana Consultores con CAC-Asprocon (patronal de la construcción asturiana), sirvió como foro técnico y político para revisar los principales cambios de la ley. La agenda oficial del Principado confirma que ese 14 de mayo estaban previstas la clausura de Zapico y las intervenciones de Ignacio Ruiz Latierro y Laura López en una jornada sobre el nuevo marco legislativo urbanístico en Asturias.
El contexto institucional es que la LOITA ya había sido presentada como anteproyecto el 13 de febrero de 2026. El Gobierno asturiano la define como una norma destinada a actualizar el marco urbanístico vigente desde el año 2004, simplificar el planeamiento, reforzar el acceso a la vivienda pública y proteger tanto el medio rural como el litoral. Además, la información pública del anteproyecto estuvo abierta inicialmente del 16 de febrero al 13 de marzo de 2026 y fue ampliada hasta el 20 de marzo.
El eje central de la reforma es la búsqueda de más agilidad y flexibilidad en la planificación urbanística. La noticia destaca que la LOITA separa la planificación estratégica de la ordenación detallada, de manera que los ayuntamientos no tengan que rehacer todo su planeamiento cuando solo necesiten modificar aspectos concretos. Laura López, directora general de Urbanismo, lo resume en la idea de que “cada ayuntamiento decida qué necesita”: si un concejo quiere rehacer toda su planificación, podrá hacerlo; si solo necesita actuar sobre puntos concretos, podrá recurrir a un plan de ordenación detallada. Esta idea coincide con la explicación oficial del Principado, que señala que la ley sustituye los planes generales tradicionales por dos instrumentos: la Estrategia de Ordenación del Concejo, para definir el modelo territorial y de desarrollo municipal, y los Planes de Ordenación Detallada, para regular ámbitos concretos como barrios, poblaciones rurales o actuaciones específicas.
La ley también introduce un tratamiento más ajustado a la realidad territorial asturiana. Según la información oficial, los municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán exigencias urbanísticas más sencillas y, cuando exista mayor presión urbanística, el Principado podrá prestar apoyo técnico y económico. Además, se reconoce el núcleo rural como una clase de suelo propia, distinta del suelo urbano y del suelo rural, con clasificación según su morfología y ubicación. Esto conecta con uno de los objetivos señalados en la jornada: que la ordenación del territorio sirva también para responder al despoblamiento rural y a las necesidades específicas de los concejos pequeños.
Otro punto importante es la llamada “infraestructura verde territorial”. En la jornada, el urbanista Gerardo Roger explicó que este instrumento busca ordenar y conectar los sistemas ambientales, paisajísticos y ecológicos del territorio, tomando como referencia experiencias como la valenciana. La información oficial del Principado confirma que la LOITA incorpora ese enfoque ambiental al definir la Infraestructura Verde Territorial de Asturias, reforzar la protección del litoral y priorizar la rehabilitación y la regeneración urbana frente a nuevos crecimientos. La ley, por tanto, no se plantea solo como una norma urbanística clásica, sino como una herramienta de adaptación territorial ante problemas ambientales y climáticos.
La noticia también subraya la dimensión económica de la ordenación territorial. María Calvo, presidenta de FADE donde integrada la patronal de la construcción Asprocon, defendió que el urbanismo debe entenderse como una herramienta para facilitar la implantación de empresas, generar actividad económica y mejorar el acceso a vivienda. Laura López añadió que la LOITA abre la posibilidad de que el patrimonio público de suelo pueda destinarse también a actividades económicas, no solo a usos residenciales o dotacionales. En ese sentido, la ley se presenta como un intento de vincular planificación urbanística, dinamización productiva y disponibilidad de suelo.
La vivienda aparece como uno de los grandes debates de fondo. La LOITA incorpora estándares mínimos de vivienda pública y eleva las reservas obligatorias de vivienda protegida: el 40% en nuevas urbanizaciones residenciales y el 20% en actuaciones de renovación urbana, según la presentación oficial del anteproyecto. En la jornada, Gerardo Roger defendió un modelo fuerte de empresa pública de vivienda, inspirado en ciudades europeas como Viena, capaz de ofrecer alquileres asequibles al no perseguir beneficio empresarial. El urbanista sostuvo que una empresa pública puede ofrecer alquileres de 300 o 400 euros al mes porque no busca beneficio empresarial y obtiene financiación más barata y cargó contra la descalificación de vivienda protegida en España durante las últimas décadas. “Eso es el mayor disparate que se produjo en España”, afirmó. María Calvo, en cambio, defendió el papel de la iniciativa privada y recordó que gran parte de la vivienda protegida construida en España salió adelante precisamente gracias a la colaboración público-privada. La presidenta de la Fade reconoció que los plazos de protección pueden revisarse, pero advirtió de que excluir a la iniciativa privada sería un error.
El debate enlaza con Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda mencionada por Zapico. Según La Moncloa, el Consejo de Ministros acordó el 9 de diciembre de 2025 transformar SEPES en CASA47, una entidad pública destinada a crear y gestionar un parque estatal de vivienda asequible. Sus recursos procederán tanto de construcción propia como de viviendas y suelos de otros ministerios y de activos de la Sareb; el Gobierno central cifra esos activos recuperados en más de 40.000 inmuebles y 2.400 suelos con capacidad para unas 55.000 viviendas. También se prevé que los alquileres del parque estatal puedan durar hasta 75 años y que el precio no supere el 30% de la renta media del territorio.
En conjunto, la noticia presenta la LOITA como una norma llamada a reorganizar el urbanismo asturiano sobre tres ideas principales: simplificar los trámites, dar más margen de decisión a los ayuntamientos y vincular la ordenación territorial con vivienda, actividad económica, medio rural y protección ambiental. El complemento publicado por el Principado confirma que el anteproyecto pretende pasar de un modelo rígido de planeamiento general a otro más gradual, con instrumentos diferenciados, participación ciudadana previa, indicadores de seguimiento y una mayor atención a la vivienda pública, los núcleos rurales, el litoral y la infraestructura verde.
Con el grave problema que existe un nuestro país y la comunidad asturiana, llamo la atención de dicho acto el debate que mantuvieron dos de los presentes en dicho acto, Gerardo Roger y María Calvo. En las declaraciones publicadas que he localizado de, Gerardo Roger Fernández, defiende una tesis muy clara: la vivienda asequible para rentas bajas y medias-bajas no puede descansar principalmente en la promoción privada, sino en una actuación directa del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos mediante empresas públicas de vivienda. Su argumento es económico y urbanístico: si la Administración dispone de suelo público, no persigue beneficio empresarial y puede financiarse a menor coste, el alquiler resultante puede situarse en rangos mucho más bajos que los que ofrece la colaboración público-privada.
Roger lo expuso en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el 23 de octubre de 2024. Allí defendió la creación de sociedades públicas de gestión y promoción que trabajen con recursos públicos, porque, a su juicio, si la vivienda se considera “el quinto pilar del Estado del bienestar”, debe recibir un tratamiento similar al de la sanidad o la educación. Añadió que la inversión pública en vivienda no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión social recuperable mediante las rentas mensuales de alquiler. En esa comparecencia sostuvo que, con gestión pública directa, el coste del suelo sería cero, el beneficio empresarial sería cero, la Administración buscaría rentabilidad social y no ganancia económica, y la financiación podría venir del ICO o del Banco Europeo de Inversiones con costes inferiores a los del mercado privado. Con ese esquema, calculó alquileres de unos 300 euros para apartamentos de uno o dos dormitorios y de unos 600 euros para viviendas mayores https://bit.ly/3RHaS9o
Esa misma tesis aparece en entrevistas posteriores. En Valencia Plaza, Roger afirmó que, igual que existe un Sistema Nacional de Salud, debería existir un Sistema Nacional de Vivienda, formado por suelos dotacionales y por un parque público que no se venda. También contrapuso tres modelos: la vivienda privada libre; la colaboración público-privada, donde la Administración aporta suelo y el promotor privado construye y explota durante décadas; y la vivienda pública promovida por una empresa pública. Según sus cálculos, la colaboración público-privada puede acabar en alquileres de unos 1.000 euros mensuales, mientras que la promoción pública directa, al no incluir beneficio empresarial y al financiarse más barato, podría situarse en torno a 400 o 500 euros https://bit.ly/42yidup
Por tanto, Roger no niega que la colaboración público-privada pueda tener un papel, pero la limita a determinados segmentos de renta. En el Congreso sostuvo que ese modelo puede servir para clases medias con ingresos más altos, pero no para “mileuristas” ni para trabajadores que no pueden pagar alquileres de 900, 1.000 o 1.200 euros. Su conclusión fue que, para esos sectores, no encuentra otra alternativa que la promoción y gestión pública directa mediante empresas públicas, con suelo a coste cero, beneficio cero y financiación pública https://bit.ly/4ugJ1LS
Otra parte central de su posición es la crítica a la pérdida del parque público de vivienda. Roger reprocha que España haya apostado durante décadas por vivienda protegida que, pasado un tiempo, podía descalificarse y pasar al mercado libre. En su opinión, esa descalificación fue uno de los grandes errores de la política de vivienda española, porque impidió acumular un parque público permanente. En Valencia Plaza afirmó que España conserva en torno al 2,5% de parque público, frente a porcentajes mucho mayores en modelos europeos como Viena u Holanda, y defendió que la vivienda pública debe permanecer protegida y no venderse.
Frente a esa posición, María Calvo, presidenta de FADE, ha defendido públicamente la necesidad de que participe el sector privado en la producción de vivienda asequible y protegida. En noviembre de 2024, al valorar el Plan Llave del gobierno municipal de Moriyón en el Ayuntamiento de Gijón, afirmó que era “el camino acertado” que los ayuntamientos pusieran suelo municipal a disposición para vivienda a precio asequible. También dijo que los constructores acogerían el plan “con interés”, pero advirtió de que el precio del módulo de vivienda protegida debía actualizarse año a año. En esa misma información se recogía que, en reuniones previas con el Ayuntamiento, habían trasladado que en el caso de las viviendas en alquiler debía haber un número suficiente para que resultasen rentables para los constructores https://bit.ly/4dcOu06
En enero de 2026, también sobre el Plan Llave, Calvo volvió a insistir en esa idea. Dijo que hacía falta un plan con una “rentabilidad adecuada”, no una rentabilidad fuera de lo normal, pero sí suficiente para cubrir la subida de costes salariales y de otros costes. También defendió aumentar la oferta, agilizar suelo y licencias, apostar por la colaboración público-privada y hacer eficaz el Plan Estatal de Vivienda. Añadió que la vivienda pública promovida por el sector público es necesaria, pero que “nunca” será suficiente por sí sola, por lo que, a su juicio, debe complementarse con la actuación del sector privado https://bit.ly/4uRyOp2
Con los textos publicados, la diferencia entre ambos planteamientos queda así: Roger defiende que la solución estructural para alquileres realmente asequibles debe liderarla la Administración mediante empresas públicas, sin beneficio empresarial y con rentabilidad social; Calvo defiende que el sector público no basta y que la iniciativa privada debe participar con condiciones que hagan viable la promoción, incluyendo actualización de módulos, seguridad jurídica, agilidad administrativa y una rentabilidad suficiente para los promotores.
Calvo reclama que la promoción de vivienda protegida o asequible sea rentable y viable para los constructores y promotores privados; Roger, en cambio, sostiene que precisamente el beneficio empresarial y la financiación privada encarecen el alquiler y que, para rentas bajas y medias la respuesta debe ser una empresa pública de vivienda.
Foto: Carmen Moriyón (Foro) y Enrique Riestra (VxLl)
Con los datos publicados, la contradicción política de fondo es clara: los gobiernos municipales de Gijón y Llanes presentan sus políticas urbanísticas como respuesta al problema de la vivienda, pero las fórmulas elegidas descansan en buena medida en la promoción privada, la rentabilidad del operador y la movilización de suelo para construir, no en la creación directa de un parque público potente, permanente y asequible. Esa orientación encaja mejor con el planteamiento defendido por María Calvo que con el modelo de Gerardo Roger.
En Gijón, el Plan Llave se anuncia como una iniciativa para construir vivienda pública o asequible, pero su primera fase se articula mediante la enajenación de seis parcelas municipales en régimen de permuta por obra futura. La información publicada señala que el plan prevé 120 viviendas de protección concertada y que el Ayuntamiento incorporaría unas 20 viviendas a su patrimonio como pago por el suelo, para destinarlas después a alquiler asequible a través de la Empresa Municipal de la Vivienda. Es decir, el suelo municipal sirve para activar una operación en la que el promotor privado construye y una parte minoritaria de las viviendas revierte al Ayuntamiento. Sobre dicho negocio para la patronal de la construcción escribí el siguiente post en este enlace https://bit.ly/4tDjA62
Ese diseño coincide con la tesis empresarial expresada por FADE. María Calvo ha defendido que el Plan Llave va “en el buen camino”, pero ha condicionado su eficacia a que exista una “rentabilidad adecuada” para cubrir costes salariales y otros costes, a la actualización del módulo, a la agilización de suelo y licencias y a la colaboración público-privada. También ha afirmado que la vivienda promovida desde lo público no será suficiente “nunca” y que el sector privado debe poder hacer viviendas protegidas o asequibles “ágilmente”. Al gobierno municipal de Moriyón no se le cae la cara de vergüenza con dicha situación, al contrario, hacen de agentes de Asprocon ante otras administraciones, como el Gobierno del Principado, para que encuentren los menos obstáculos posibles para realizar dicho negocio https://bit.ly/4tFFvcR
Frente a esa posición, Gerardo Roger sostiene exactamente lo contrario en el punto decisivo: para las rentas bajas y buena parte de las rentas medias, la colaboración público-privada no abarata lo suficiente porque mantiene beneficio empresarial, costes financieros privados y una lógica de recuperación de inversión que acaba trasladándose al alquiler. En su comparecencia en el Congreso defendió que la promoción pública directa permitiría trabajar con suelo a coste cero, beneficio empresarial cero y financiación pública más barata, con rentas mucho más bajas. También afirmó que, para quienes están entre los 1.000 y 2.000 euros de ingresos, no ve otra alternativa que la gestión pública directa mediante empresa pública. Esta realidad al gobierno del Moriyón le importa un pimiento, tampoco hay que sacar extrañarse ya que los problemas de los ciudadanos de Gijón no están en sus prioridades https://bit.ly/4ueHTZf
Ahí aparece la contradicción del gobierno de Moriyón: el gobierno local habla de vivienda asequible, pero el instrumento elegido no rompe con la lógica de mercado, sino que intenta hacerla atractiva para el constructor. Puede generar viviendas, pero no responde plenamente al diagnóstico de Roger, porque no construye de forma directa un parque público amplio, estable y protegido frente a la especulación futura. El resultado es una política que se presenta como social, pero cuyo mecanismo central sigue siendo hacer viable la operación para la iniciativa privada.
En el gobierno municipal ultra del Ayuntamiento de Llanes integrado por, VecinosxLlanes y PP, la contradicción se expresa de otra manera. El PGOU aprobado por VecinosxLlanes y PP contempla un crecimiento residencial muy elevado: la RTPA informó de 5.774 nuevas viviendas, con más de 3.000 en núcleos rurales, y el acta plenaria recoge que el documento fue aprobado con los votos favorables de VXLL y PP y la abstención del PSOE https://bit.ly/43cUKis Pero solo el 4,7% de esas viviendas se reserva para vivienda protegida o para atender a demandantes de rentas bajas y medias, la desproporción entre crecimiento urbanístico y respuesta social es evidente: se habilita capacidad residencial, pero no se garantiza que esa capacidad sirva de forma prioritaria para quienes no pueden acceder al mercado libre.
Es cierto que el Ayuntamiento de Llanes ha publicado que pone a disposición del Principado 25.000 metros cuadrados de suelo municipal para vivienda protegida en la reserva regional de suelo entre Llanes y Póo, y que manifiesta su disposición a ejecutarlo o a firmar un nuevo convenio https://bit.ly/4udOjrn Pero ese dato no elimina la contradicción principal: si el planeamiento general permite miles de viviendas nuevas y la reserva protegida es muy reducida, la política urbanística queda más cerca de ordenar crecimiento residencial que de garantizar vivienda asequible como prioridad estructural.
La relación con FADE y ASPROCON refuerza el contexto del debate, pero conviene formularlo con precisión. CAC-ASPROCON es la patronal asturiana de la construcción, se integró en FADE y se define como la gran patronal del sector en Asturias. Además, la propia página de FADE identifica a María Calvo como presidenta del Grupo de Promotores de CAC-ASPROCON y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España https://bit.ly/3P9nci5 Por tanto, cuando Calvo reclama rentabilidad, actualización de módulos, agilidad y colaboración público-privada, no habla desde una posición neutral, sino desde la representación empresarial de un sector directamente interesado en que la política de vivienda genere actividad promotora.
Con rigor, no puede afirmarse sin una prueba específica que esos gobiernos “están para” beneficiar a ASPROCON como finalidad declarada. Lo que sí puede sostenerse, con base en los datos publicados, es que sus políticas de vivienda y suelo crean un marco favorable para la participación del sector promotor privado, y que ese marco coincide con las demandas expresadas por FADE y por la patronal de la construcción. Esa es la contradicción política: los ayuntamientos son instituciones públicas y tienen la obligación de atender una necesidad ciudadana básica, pero optan por fórmulas que subordinan una parte relevante de la solución a la rentabilidad privada empresarial.
Desde el planteamiento de Roger, la solución más coherente para municipios con fuerte presión residencial como Gijón y Llanes sería otra: suelo público, empresa pública de vivienda, alquiler asequible permanente, ausencia de beneficio empresarial y blindaje del parque público para que no se venda ni se descalifique. Esa fórmula atacaría directamente el problema de las rentas bajas y medias, porque sacaría una parte de la vivienda de la lógica del mercado. Las fórmulas de Gijón y Llanes, en cambio, aceptan esa lógica y tratan de modularla. Por eso pueden aumentar la oferta, pero no garantizan por sí mismas que los vecinos con menos capacidad económica sean los principales beneficiarios.
Para terminar el post quiero manifestar que lo ocurrido con las políticas de vivienda en los municipios de Gijón y Llanes no puede tratarse como una simple discrepancia técnica sobre urbanismo. Es una decisión política. Y como toda decisión política, retrata a quien la toma. Cuando una institución pública dispone de suelo, competencias y capacidad de orientar el desarrollo urbano, pero elige fórmulas que hacen depender la solución habitacional de la rentabilidad del promotor privado, está enviando un mensaje claro: antes que garantizar vivienda asequible como derecho, prefiere construir un marco cómodo para los intereses del sector de la construcción.
Eso es lo que representan los gobiernos municipales de Carmen Moriyón en Gijón y de Enrique Riestra en Llanes, pero que en la práctica sitúan a la iniciativa privada en el centro de la respuesta. Dos gobiernos que, en lugar de fortalecer de manera decidida un parque público amplio, estable y protegido, optan por mecanismos que encajan mucho mejor con las demandas de la patronal de la construcción que con las necesidades reales de quienes no pueden pagar un alquiler o comprar una vivienda en condiciones dignas.
El problema no es que se construya. El problema es para quién se construye, bajo qué condiciones y al servicio de qué intereses. Porque aumentar suelo residencial o facilitar operaciones urbanísticas no garantiza por sí mismo vivienda asequible. Puede aumentar la actividad económica, puede beneficiar al sector promotor y puede generar titulares, pero no resuelve el problema de fondo si la vivienda sigue sometida a la lógica del mercado y de la rentabilidad empresarial.
Una institución pública como un ayuntamiento no está para actuar como intermediaria de los intereses de ASPROCON, FADE o cualquier otra organización privada. Está para defender el interés general. Está para proteger a los vecinos. Está para intervenir cuando el mercado expulsa a la gente de sus barrios, de sus concejos y de su derecho a vivir con dignidad. Cuando un ayuntamiento renuncia a ese papel y convierte el suelo público en una herramienta para hacer viable el negocio privado, deja de estar a la altura de su responsabilidad.
Esta situación no es una anécdota. Es la expresión concreta de una forma de gobernar. La derecha y la ultraderecha hablan constantemente de libertad, gestión y eficacia, pero cuando llegan a las instituciones demuestran cuál es su prioridad real: garantizar seguridad, rentabilidad y facilidades a determinados sectores económicos, mientras los ciudadanos quedan abandonados a su suerte frente a alquileres imposibles, precios disparados y una vivienda convertida en mercancía.
Los municipios de Gijón y Llanes son hoy dos ejemplos claros de esa política contra los ciudadanos. Gobiernos municipales que podrían utilizar el poder público para construir una alternativa real, pública y permanente, pero que prefieren plegarse a una receta ya conocida: suelo, colaboración público-privada, rentabilidad suficiente para el constructor y promesas de vivienda asequible que no atacan la raíz del problema. Esa es la verdadera contradicción. Y también la verdadera cara política de quienes dicen gobernar para todos, pero terminan gobernando para los de siempre.
Ya lo dijo Aristóteles: “Cuando el poder gobierna para una parte y no para el bien común, deja de ser gobierno justo y se convierte en dominio.”
