RIESTRA, BARBÓN Y EL SOCIALISMO LLANISCO: ENTRE EL TEATRO, EL CÁLCULO Y LA AUSENCIA DE ÓRDAGOS POR LLANES

Hoy podemos leer en la prensa regional que el Consejo de Gobierno del Principado aprobará la declaración del proyecto de implantación de la multinacional Costco en el polígono de Bobes (Siero) como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), una figura pensada para agilizar inversiones generadoras de empleo. La decisión, adelantada por La Nueva España https://bit.ly/4qYKiox, llega más de seis meses después de que la documentación completa fuese remitida a la agencia Sekuens y superando ampliamente el plazo legal de tres meses que fija la normativa, que considera el silencio administrativo como desestimatorio.

La tramitación comenzó con el registro de la solicitud el 25 de junio y el envío completo de la documentación el 1 de julio. Tras requerirse información adicional en agosto, la resolución definitiva fue rubricada el 6 de febrero. El proyecto prevé una inversión mínima de 45 millones de euros en dos años, la creación de al menos 170 empleos en los tres primeros años —260 en los tres siguientes—, con un 47% de contratos indefinidos a tiempo completo, además de unos 700 empleos indirectos. Incluye también una estación de servicio con al menos 16 surtidores.

                    Foto: Ángel García y Adrián Barbón

La decisión no ha estado exenta de polémica. El consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, votará en contra, manteniendo la postura crítica de su formación. Izquierda Unida, junto con Comisiones Obreras, la Unión de Comerciantes y el Partido Comunista de los Trabajadores de España, presentó alegaciones al considerar que el proyecto no cumplía algunos requisitos exigidos para ser declarado estratégico, como el carácter novedoso de la actividad o su contribución a la cohesión territorial. Estos reparos motivaron la incorporación de un compromiso formativo previo a la contratación de la plantilla.

Uno de los principales obstáculos era que las directrices regionales de comercio impedían la instalación en suelo industrial. La vía del PIER permitió sortear esta limitación, ya que la declaración prevalece sobre el planeamiento urbanístico y habilita modificaciones normativas. El Gobierno regional descartó modificar “ad hoc” la normativa comercial y optó por esta alternativa jurídica.

El respaldo al proyecto tiene también una dimensión política. La aprobación supone una posición discrecional del Ejecutivo, basada en informes técnicos, pero no exenta de posibles recursos judiciales, que podrían ser impulsados por competidores del sector. No obstante, la interposición de demandas requeriría avales económicos debido al impacto que tendría paralizar la inversión.

En el plano político, la luz verde a Costco rebaja la tensión entre el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi” (PSOE), y el Gobierno regional presidido por Adrián Barbón. García había criticado el retraso en la tramitación y llegó a advertir en rueda de prensa: “Espero que no sea necesario que desde Siero preparemos una candidatura para presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender nuestros intereses”, denunciando lo que consideraba un trato “injusto” hacia el concejo. Sus palabras desataron un intenso cruce de declaraciones.

Barbón enmarcó la situación en un contexto más amplio, afirmando que “hay un grupo de empresarios asturianos que desde hace más de un año están analizando, trabajando, planteando la posibilidad de crear un nuevo partido de la derecha asturiana”, con el objetivo de “reordenar” ese espacio político ante el declive de Foro Asturias y la desaparición de Ciudadanos. Desde la oposición, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, respondió que la izquierda vive “una crisis profunda que responde al miedo y a la certeza de que van a perder el poder”, añadiendo que Asturias no necesita “un Partido Socialista en descomposición” ni que “nos regale un Jesús Gil”.

Según recoge también la información publicada posteriormente en el mismo diario https://bit.ly/4avKTrm, la inminente aprobación del proyecto, el más ansiado por el alcalde sierense, parece reconducir la situación y alejar, al menos por ahora, la posibilidad de una ruptura política. Así, la declaración estratégica de Costco no solo desbloquea una inversión relevante para Siero, sino que también contribuye a devolver cierta estabilidad a las relaciones entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico.

En los últimos días, el escenario político asturiano ha estado marcado por la tensión generada tras las declaraciones del alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, quien insinuó la posibilidad de promover una candidatura alternativa en las próximas elecciones autonómicas si su concejo seguía recibiendo, a su juicio, un trato “injusto” por parte del Gobierno regional. Esa advertencia coincidió con rumores sobre movimientos empresariales para articular un nuevo partido de ámbito autonómico de cara a las elecciones de mayo de 2027.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio verosimilitud a esos movimientos, con el objetivo de “reordenar” ese espacio político ante el declive de otras formaciones. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de preocupación ante la posible fragmentación o reconfiguración del mapa político regional. Desde la oposición, el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, intervino sembrando su toxicidad a la que os tiene acostumbrados hablando de algo que ni le va ni loe viene, mientras gobiernos en los que participa como Gijón y Llanes, viven momentos de zozobra con sus políticas en problemas como la vivienda.

En este contexto, algunos análisis interpretan que la mera posibilidad de una nueva fuerza política ha generado inquietud en el Ejecutivo autonómico, especialmente por el efecto que podría tener en el equilibrio electoral tanto en las autonómicas como en las municipales de 2027. La aprobación del proyecto de Costco en Siero, muy defendido por el alcalde, ha contribuido a rebajar la tensión interna y a cerrar, al menos de momento, la amenaza de ruptura.

En política, movimientos como el protagonizado por el alcalde de Siero se describen a menudo como un “órdago”. El término procede del mus, un juego de cartas tradicional en el que un jugador puede apostar todo lo que tiene en una sola jugada. Trasladado al ámbito político, un órdago es una apuesta máxima: una amenaza o desafío lanzado públicamente para forzar una reacción del adversario —o incluso de un compañero de partido—, sabiendo que si no se cumple puede debilitar gravemente la credibilidad de quien lo lanza.

Un órdago político, por tanto, no es solo una declaración contundente, sino una maniobra estratégica que en este caso le ha salido redonda al alcalde de Sier. Esta acción implica medir fuerzas, calcular apoyos reales y evaluar las consecuencias. Si el rival cede, quien lanzó el órdago sale reforzado, como es el caso del alcalde de Siero, si no, puede quedar expuesto y perder autoridad. En el caso asturiano, la insinuación de una candidatura alternativa funcionó como un desafío de alto voltaje que agitó el tablero político regional. Sin embargo, la rápida reconducción de la situación sugiere que el órdago cumplió su función como instrumento de presión más que como antesala de una ruptura definitiva.

Un análisis de la trayectoria política del alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, muestra un estilo de gestión caracterizado por posiciones firmes y, en ocasiones, confrontativas cuando considera que una decisión es beneficiosa para el concejo.

Nada más acceder a la alcaldía protagonizó un conflicto relevante con la Policía Local, derivado de desacuerdos organizativos y laborales que acabaron judicializándose. Aquel episodio marcó el inicio de un mandato en el que el alcalde evidenció una disposición clara a sostener sus planteamientos incluso ante una fuerte contestación interna.

Más recientemente, anunció su intención de privatizar el servicio público del agua, una medida que no figuraba explícitamente en su programa electoral. La decisión generó un fuerte rechazo entre parte de la ciudadanía, hasta el punto de que vecinos de Siero han iniciado una recogida de firmas para promover un referéndum que permita a la población decidir sobre el futuro del servicio. El alcalde, sin embargo, se ha mostrado contrario a la convocatoria de dicha consulta, defendiendo que la gestión propuesta es la más adecuada desde el punto de vista técnico y económico.

A este contexto se suma el anuncio del rector de la Universidad de Oviedo sobre la retirada de Lugones como sede del Centro de Inteligencia Artificial, alegando desavenencias con el Ayuntamiento de Siero, según recoge la información publicada https://bit.ly/40fmq4M La salida del proyecto supone un revés simbólico y estratégico para el municipio, que aspiraba a posicionarse en un ámbito tecnológico emergente.

Estos episodios refuerzan la percepción de un alcalde cuyo liderazgo político apuesta por decisiones ejecutivas, incluso cuando generan fricción institucional o social. Sus defensores interpretan esta actitud como determinación y capacidad de iniciativa; sus críticos, como una forma de gobernar poco dada al consenso y a la autocracia. En cualquier caso, el patrón común en los distintos conflictos apunta a una manera de ejercer la alcaldía basada en sostener con firmeza la postura propia frente a presiones externas, aun a riesgo de abrir controversias políticas y sociales de calado.

En el actual contexto político asturiano, y teniendo en cuenta el peso decisivo de la circunscripción central en unas elecciones autonómicas, la tensión generada por las advertencias del alcalde de Siero ha sido interpretada como un factor de presión relevante para el presidente del Principado, Adrián Barbón. Acostumbrado a una estructura orgánica cohesionada y sumisa dentro de la FSA, la posibilidad de que surgiera una nueva formación capaz de fragmentar el voto en la circunscripción  central —donde se concentra buena parte del electorado— habría obligado al presidente a recular en su estrategia. En ese escenario, el pulso lanzado desde Siero se convirtió en un elemento a gestionar con cautela, hasta el punto de que determinadas decisiones políticas parecen haber contribuido a rebajar la tensión interna y a evitar un desgaste que pudiera comprometer las expectativas electorales socialistas en 2027.

 

La comparación entre lo ocurrido en el municipio de Siero y la situación política del municipio de Llanes reflejan dos estilos distintos de confrontación institucional, pero con un elemento común: el recurso al gesto de alto impacto como herramienta de presión. En el caso de Llanes, bajo el gobierno municipal fascista de; VecinosxLlanes y el PP, la estrategia frente al Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón ha estado marcada por acciones simbólicas y mediáticas —colocación de pancartas en el balcón consistorial, envío de comunicaciones en catalán al Gobierno regional, convocatorias de manifestaciones y escenificaciones públicas de protesta— que han buscado situar el conflicto en el centro del debate político.

Estos movimientos pueden interpretarse como “órdagos de papel”: desafíos lanzados no tanto desde la capacidad real de alterar el equilibrio institucional, sino desde la intención de generar relato, tensión y visibilidad con el teatro que se montaba para ello. El fin último es ocultar su incapacidad de gestión como viene acreditada tras algo más de diez años de gobierno municipal. A diferencia de un órdago clásico —que implica asumir riesgos políticos concretos y medibles—, aquí el peso recae más en la puesta en escena que en la consecuencia jurídica o administrativa inmediata. Son gestos diseñados para cohesionar al electorado propio, marcar perfil ideológico y proyectar una imagen de firmeza ficticia frente al Gobierno autonómico.

Sin embargo, este tipo de confrontación simbólica tiene efectos ambivalentes. Por un lado, refuerza la identidad del bloque político que gobierna el municipio y alimenta la narrativa de agravio frente a la administración regional. Por otro, traslada hacia fuera una percepción de conflicto permanente que impacta negativamente en la imagen institucional del concejo, especialmente cuando las acciones se perciben como provocaciones más que como propuestas que sirvan para resolver los problemas.

En ese sentido, los órdagos lanzados desde el gobierno municipal de Llanes no parecen orientados a negociar desde una posición técnica o institucional sólida como ha sido el caso del alcalde de Siero, sino a tensionar el espacio público y polarizar el debate. Son movimientos que buscan erosionar políticamente al Ejecutivo de Barbón, pero cuyo resultado práctico depende menos de la eficacia administrativa que de la batalla del relato. Como ocurre con todo órdago, el riesgo está en que, si no se traduce en resultados tangibles para el municipio como sucede en Llanes, se termina percibiendo como una sucesión de gestos sin efecto real más allá del ruido político y la comedia.

En Llanes, una parte significativa del debate político local gira en torno al papel que desempeña el grupo municipal socialista en la oposición. La crítica que se escucha con frecuencia no se centra únicamente en discrepancias ideológicas, sino en la percepción de una oposición débil, excesivamente condicionada por las directrices orgánicas de la FSA y más preocupada por no incomodar al Gobierno autonómico que por ejercer una fiscalización firme y constante del equipo de gobierno municipal. Esa actitud es interpretada por algunos sectores de población como una renuncia práctica a liderar reivindicaciones propias del concejo cuando estas implican tensionar la relación con Oviedo.

Desde esa óptica crítica, el socialismo llanisco aparece como una estructura más pendiente de los equilibrios internos del partido —congresos, alineamientos orgánicos y posicionamientos dentro de la federación— que de construir una alternativa municipal sólida y reconocible. Se reprocha una falta de iniciativa política sostenida en el tiempo, una escasa capacidad para marcar agenda y una tendencia a reaccionar más que a proponer. En lugar de capitalizar el desgaste del gobierno local o de abanderar demandas concretas ante el Principado, se percibe un discurso contenido, medido y prudente hasta el punto de resultar políticamente inofensivo.

Foto: cargos orgánicos socialistas del Ayuntamiento de Llanes  con "paracaidista" incluido, reunidos con los fascistas que hoy gobiernan el municipio de Llanes

A ello se suma la crítica hacia la implantación social de sus representantes. Parte del electorado considera que algunos perfiles no han desarrollado durante la legislatura un trabajo visible y constante en el tejido asociativo, económico o vecinal del concejo, lo que dificulta que se consolide una relación de confianza basada en hechos tangibles. En política municipal, donde el conocimiento directo y la cercanía pesan especialmente, la falta de presencia continuada se traduce en pérdida de credibilidad. La expresión “por sus obras los conoceréis” resume bien esa exigencia ciudadana: no basta con la etiqueta partidista, sino que se demanda una trayectoria concreta y verificable.

El problema que señalan los críticos no es tanto la pertenencia a un proyecto político autonómico como la sensación de dependencia excesiva del mismo. Cuando la oposición municipal parece actuar más como delegación orgánica que como voz autónoma del concejo, se genera la impresión de que las prioridades locales quedan subordinadas a cálculos estratégicos de ámbito regional. En ese contexto, el socialismo llanisco afronta el desafío de reconstruir liderazgo propio lejos de los “paracaidistas” que se proponen y validan desde la FSA, reforzar su implantación real en el municipio y demostrar con trabajo continuado que su proyecto no es únicamente una extensión disciplinada de la estructura regional,  sino una alternativa municipal con identidad y compromiso propios.

Para terminar el post quiero manifestar en definitiva, Llanes no necesita más gestos teatrales ni pancartas de balcón, ni tampoco una oposición muda pendiente de no incomodar a nadie en Oviedo. Llanes necesita dirigentes que sepan medir sus fuerzas y, cuando sea necesario, lanzar órdagos reales por los intereses del concejo, no desafíos de cartón piedra ni silencios tácticos. La política municipal exige valentía, pero también eficacia; firmeza, pero con resultados tangibles. Lo que se demanda por los llaniscos no es ruido ni disciplina orgánica ciega, sino liderazgo con arraigo, capacidad de negociación y determinación para plantar cara cuando Llanes lo requiera. Porque los llaniscos no viven de escenificaciones (teatrillos) ni de cálculos internos de partido, sino de decisiones que mejoren su día a día sus vidas… Y de momento eso no lo tienen.

Ya lo dijo Aristóteles: “No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”.


ASTURIAS EN CAMPAÑA PERMANENTE: BARBÓN, QUEIPO Y MORIYÓN, PODER SIN RENDICION DE CUENTAS Y PACTOS SIN MEMORIA

 

Hoy se publican dos informaciones en la prensa regional que dibujan un mismo escenario político en Asturias: el de una legislatura que entra en fase preelectoral, con movimientos estratégicos en ambos bloques ideológicos ante la posibilidad real de un cambio de mayorías en la Junta General.

Ese contexto también revela el temor de quienes no han sabido consolidar un proyecto alternativo durante estos tres años. En algunos casos, se percibe una resistencia a abordar cambios desde los órganos internos —como ocurre en la FSA— en municipios que arrastran dinámicas políticas muy enquistadas, como Llanes, o en plazas relevantes como Gijón, donde parte de la militancia y del electorado progresista cuestiona la falta de renovación y autocrítica en la oposición municipal frente a los gobiernos del PP, Foro y la ultraderecha de VecinosxLlanes.

En el ámbito de la izquierda, el debate surge tras las declaraciones del coordinador regional de IU, Ovidio Zapico (otro perdedor), que planteó la posibilidad de una coalición electoral con el PSOE en las circunscripciones del Oriente y Occidente de cara a las próximas autonómicas. La comisión ejecutiva autonómica de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) optó por no abordar formalmente la cuestión bajo la premisa de que “ahora no toca”, pero el debate ya se ha trasladado a la militancia y a las agrupaciones locales, especialmente en las llamadas “alas”, donde la representación se decide por pocos miles de votos.

La propuesta de IU parte de una lógica aritmética y estratégica que ya había sido apuntada tras las elecciones autonómicas de 2023. En aquellos comicios, la candidatura Convocatoria por Asturias —integrada por IU, Más País (hoy Sumar) e Izquierda Asturiana— obtuvo 5.186 votos en las alas que no se tradujeron en escaño debido al sistema de tres circunscripciones establecido en la ley electoral asturiana. Diversos análisis publicados entonces en la prensa regional ya advertían de que la fragmentación del voto de izquierdas podía resultar determinante en distritos pequeños donde el valor del escaño es más alto https://bit.ly/4qOqyUw La hipotética coalición PSOE-IU no necesariamente aumentaría el número de diputados de la izquierda, pero sí podría elevar el umbral efectivo para lograr escaño, dificultando la entrada de Vox y amortiguando el impacto de una posible alianza PP-Foro. De hecho, tras los comicios de 2023 varios medios subrayaron que, de haber concurrido juntos PP y Foro, la derecha habría obtenido un diputado más en el Oriente, arrebatándolo al PSOE y logrando la mayoría parlamentaria.


Sin embargo, dentro del PSOE asturiano la propuesta genera importantes reticencias. Alcaldes y dirigentes de los concejos del Oriente y Occidente reclaman que cualquier decisión se adopte teniendo en cuenta la realidad territorial y, sobre todo, la opinión de las agrupaciones locales. Temen que un eventual acuerdo suponga la cesión de puestos de salida a candidatos de IU en circunscripciones donde el PSOE mantiene estructuras consolidadas, una preocupación que, para muchos, constituye el verdadero núcleo del debate interno. Además, existen antecedentes de relaciones tensas entre ambas formaciones en algunos municipios —como en Llanes— donde, en la pasada legislatura, IU gobernó junto a Vecinos por Llanes con su concejala Priscila Alonso, quien posteriormente, tras finalizar el mandato como tránsfuga con el escaño de IU, concurrió en esa misma formación como candidata en las elecciones del año 2023 como miembro de la ultraderecha de VecinosxLlanes. La cuestión, por tanto, no es únicamente aritmética, sino también orgánica y emocional dentro del partido, al afectar a equilibrios internos, liderazgos locales y memorias políticas todavía recientes.

En paralelo, en el bloque de la derecha extrema (PP y Foro Asturias) se percibe un movimiento similar, aunque más avanzado y claramente condicionado por necesidades internas de liderazgo y supervivencia política. El Partido Popular y Foro Asturias llevan meses explorando la posibilidad de concurrir juntos tanto a las elecciones autonómicas como a las municipales https://bit.ly/4kDzc6v, en una estrategia que busca recomponer el espacio del centro-derecha tras los resultados del año 2023.

El punto de inflexión se sitúa en el liderazgo del PP asturiano: para Álvaro Queipo, esta podría ser la última oportunidad para aspirar a la presidencia del Principado después del intento fallido de la pasada convocatoria electoral. En ese contexto, la aproximación a Foro responde también a una lógica pragmática: evitar la fragmentación del voto conservador y maximizar las opciones parlamentarias.

Por su parte, Foro Asturias atraviesa una etapa de debilidad estructural y electoral que le obliga a replantear su estrategia si quiere garantizar su continuidad institucional. La integración en una candidatura conjunta permitiría asegurar representación autonómica —con Adrián Pumares como principal activo en la Junta General— y mantener presencia en algunos ayuntamientos. En definitiva, más allá del discurso público, la negociación entre ambas formaciones parece sustentarse en una combinación de cálculo electoral, necesidad orgánica y voluntad de consolidar apoyos para gobernar en un escenario político cada vez más polarizado.

La buena relación personal entre Queipo y Adrián Pumares, secretario general y único diputado autonómico de Foro, ha contribuido a destensar una relación históricamente compleja. El pacto de colaboración parlamentaria firmado el 15 de marzo de 2025 en la Junta General fue interpretado por buena parte de la prensa como el embrión de una futura coalición electoral, era un secreto a voces. Desde entonces, el alineamiento de Pumares con el grupo popular en votaciones clave ha reforzado la percepción de que el acuerdo es cuestión de tiempo por muchos que se disfracen.

 

La prensa regional ya había señalado tras las autonómicas de 2023 que la división del centro-derecha penalizó sus opciones de gobierno. El precedente aritmético —la posibilidad de haber sumado un diputado más y haber alterado la mayoría si hubieran concurrido juntos— pesa ahora en las negociaciones para calmar su única preocupación, llegar al poder para gobernar contra la mayoría premiando y privilegiando a una minoría como hacen en el Ayuntamiento de Gijón. A nivel autonómico, el encaje parece relativamente asumible: el PP lideraría la candidatura y Foro podría ocupar puestos destacados que le permita mantener su diputado (única aspiración de Moriyón y su cuadrilla).

Más complejo es el escenario municipal. La intención de ambas formaciones sería cerrar un acuerdo global para evitar contradicciones ante el electorado, pero cada concejo presenta dinámicas propias. En Gijón, donde gobierna Carmen Moriyón (Foro) en coalición con el PP, el ajuste de una lista única sería especialmente delicado por la pugna de protagonismo. En Colunga, donde gobierna Foro pero mantiene tensiones con el PP local, la negociación requerirá intervención directa de las direcciones autonómicas. Oviedo y otras plazas también exigirán equilibrios finos.

Ambas noticias, leídas conjuntamente y a la luz de los análisis previos publicados en la prensa asturiana, reflejan un contexto de creciente polarización en bloques y de optimización estratégica del voto ante un escenario que las encuestas describen como muy competitivo. La izquierda estudia fórmulas para evitar que votos dispersos queden sin representación en las alas; la derecha intenta corregir la fragmentación que le impidió gobernar en 2023. En ambos casos, la aritmética electoral, el sistema de circunscripciones y las tensiones internas territoriales se convierten en factores decisivos que pueden determinar el próximo equilibrio de poder en el Principado.

Como ciudadano, resulta llamativo que quienes llevan casi tres años ocupando responsabilidades públicas —ya sea en gobiernos municipales o en la Junta General— sitúen en el centro del debate la aritmética de futuras coaliciones en lugar de priorizar la rendición de cuentas sobre su gestión y los resultados obtenidos. Esa secuencia —hablar primero de pactos para conservar el poder y después, si acaso, de balance— transmite la sensación de que la preocupación principal es asegurar la continuidad institucional más que explicar con claridad el alcance de las políticas aplicadas. En el caso de Álvaro Queipo, su trayectoria política ha estado vinculada durante más de una década a la dinámica interna de la ultraderecha con su respaldo de estrategias de confrontación política en ámbitos municipales como Llanes, donde el debate público ha girado en torno a cuestiones como la presión fiscal, la gestión de los servicios municipales —agua, saneamiento o dependencia— y el acceso a la vivienda. A nivel regional, su liderazgo en el PP se ha caracterizado por una oposición firme al Gobierno del Principado, especialmente en materias como infraestructuras (el plan de vías de Gijón o el vial de Jove), política fiscal y modelo territorial, defendiendo posiciones críticas que han generado fricción institucional. Ese estilo, basado en la confrontación política y en la crítica a la gestión socialista, es legítimo dentro del juego democrático, pero también ha sido objeto de cuestionamiento por parte de quienes consideran que la cooperación interadministrativa y la búsqueda de consensos podrían haber facilitado avances más rápidos en proyectos estratégicos para Asturias.

En esta legislatura, Álvaro Queipo ha quedado especialmente expuesto en debates donde sus posicionamientos han sido señalados por su falta de coherencia política. En el caso del lobo y su inclusión en el LESPRE, ha defendido con contundencia su salida del listado y ha cargado contra el Gobierno central por las restricciones a su control, pese a que el marco normativo depende de decisiones estatales y europeas que siguen vigentes, lo que ha convertido su discurso en una confrontación más retórica que resolutiva. Algo similar ocurre con el peaje del Huerna (AP-66), donde ha exigido responsabilidades y soluciones al Ejecutivo socialista sin reconocer que la prórroga de la concesión —que extendió durante décadas el peaje— se aprobó en los años noventa bajo el mandato de su “padrino” político, Francisco Álvarez-Cascos, como ministro de Fomento. Esa omisión histórica ha sido utilizada por sus adversarios para cuestionar la solidez de su argumentario. En ambos asuntos, la crítica no se ha centrado solo en el fondo de las propuestas, sino en lo que muchos interpretan como un uso selectivo de la memoria política y una estrategia de desgaste institucional más orientada a la confrontación que a la asunción de responsabilidades compartidas.

En el caso de Carmen Moriyón, la actual legislatura ha estado marcada por decisiones y episodios que han generado una fuerte controversia pública en Gijón y en el conjunto de Asturias. Tras las elecciones municipales, pese a haber manifestado en campaña que no pactaría con fuerzas extremistas, alcanzó un acuerdo de gobierno con Vox, lo que abrió un intenso debate sobre coherencia política. Posteriormente, fue objeto de una resolución del Tribunal de Cuentas que la obligó a reintegrar cantidades percibidas indebidamente en relación con su etapa anterior en la Alcaldía. A ello se sumaron críticas por acuerdos urbanísticos como el alcanzado con el Grupo Quirón, relativo al intercambio de parcelas públicas por suelos privados, operación cuestionada por la oposición municipal por su conveniencia para el interés general. También se debatió públicamente sobre la compatibilidad y transparencia de las retribuciones que percibía desde distintas responsabilidades —Ayuntamiento, actividad profesional sanitaria privada y presidencia de Foro Asturias—. Todo ello ha configurado un clima de fuerte desgaste político en torno a su figura y ha reavivado el debate sobre el rumbo y la identidad de Foro Asturias en el actual escenario político asturiano… Decir que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad de tanta tropelía.

De Adrián Barbón también se han señalado contradicciones en la gestión orgánica del partido, especialmente en relación con determinadas agrupaciones socialistas donde, según voces críticas internas, no se han impulsado procesos de renovación ni cambios profundos pese a dinámicas locales enquistadas desde hace demasiados años. En concejos como Llanes, algunos sectores consideran que la falta de intervención o de reorientación política ha contribuido a mantener escenarios de confrontación permanente con gobiernos municipales liderados por VecinosxLlanes y el PP, sin que se perciba una estrategia clara de reconstrucción alternativa.


A Barbón se le reprocha en ocasiones una posición cambiante ante determinados conflictos políticos (detesta el “barullu” político si el mismo no se alinea con sus tesis), alternando gestos de firmeza con etapas de perfil bajo o conciliación, lo que ha alimentado la percepción de una dirección más táctica que doctrinal. Parte de esas críticas también se proyectan sobre su equipo más cercano y la estructura orgánica regional, incluida la secretaría de organización, a la que algunos sectores atribuyen responsabilidad en la gestión interna y en la falta de cohesión territorial del proyecto socialista en determinados municipios.

A lo largo de la legislatura, Adrián Barbón ha mantenido diversas discrepancias públicas con el Gobierno de la Nación presidido por Pedro Sánchez, pese a compartir siglas, en asuntos clave para Asturias. Una de las más sonadas fue la inclusión del lobo en el LESPRE, decisión del gobierno español sujeto a la Directiva Hábitats (92/43/CEE) de la Unión Europea, que establece obligaciones de conservación para determinadas especies, entre ellas el lobo en parte del territorio comunitario. Barbón expresó su rechazo y pidió rectificaciones, evidenciando una falta de alineamiento interno que dejó al Principado en una posición políticamente incómoda ante el medio rural.

En materia de infraestructuras, las tensiones también fueron evidentes. En el Plan de Vías de Gijón y el alcance del soterramiento ferroviario, el Gobierno asturiano defendió públicamente posiciones que no siempre se tradujeron en avances concretos, alimentando la percepción de bloqueo institucional. Especialmente controvertido fue el caso del vial de Jove: el Ejecutivo autonómico cuestionó el proyecto impulsado por el Ministerio, manteniendo una postura crítica sin que se hicieran públicos respaldos técnicos alternativos concluyentes. El resultado fue la paralización del desarrollo previsto, mientras los barrios del oeste de Gijón continúan soportando el tráfico pesado vinculado al puerto de El Musel. En la actualidad, la infraestructura permanece encallada en el ámbito competencial de la Consejería de Infraestructuras, sin una solución definitiva sobre la mesa del catador de vino, Alejandro Calvo.

A ello se suman las reclamaciones reiteradas sobre financiación autonómica y política industrial, donde Barbón ha exigido mayor sensibilidad hacia la singularidad asturiana en términos de envejecimiento, dispersión territorial y transición energética. Sin embargo, esas reivindicaciones han convivido con una relación política ambivalente con el Ejecutivo central, alternando la crítica pública con la disciplina partidaria, lo que ha generado debate sobre la eficacia real de su estrategia de presión institucional.

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Para terminar el post quiero manifestar que El hilo conductor que une las trayectorias recientes de: Álvaro Queipo, Carmen Moriyón y Adrián Barbón, no es tanto la confrontación ideológica como una forma de ejercer el poder —o la oposición— donde la prioridad parece ser la conservación de posiciones antes que la rendición exhaustiva de cuentas. Tras casi tres años de legislatura, el debate público se ha llenado de cálculos electorales, alianzas preventivas y maniobras de supervivencia, mientras los balances de gestión quedan diluidos en argumentarios defensivos y en una narrativa que desplaza responsabilidades hacia el adversario.

En lugar de ofrecer una evaluación clara y contrastable de resultados —en vivienda, industria, infraestructuras, servicios públicos o fiscalidad— el discurso dominante gira en torno a quién suma con quién, quién bloquea a quién y quién necesita a quién para seguir ocupando el sillón. Esa dinámica proyecta una política autorreferencial, más pendiente de preservar estructuras y liderazgos que de afrontar con transparencia los errores cometidos o las promesas incumplidas.

Cuando la ciudadanía es convocada a respaldar estrategias sin que exista una asunción nítida de responsabilidades por decisiones controvertidas o por parálisis evidentes, el mensaje implícito es que el voto debe otorgarse como cheque en blanco. Y ahí es donde se instala la desafección: no por la discrepancia ideológica, sino por la percepción de que las prioridades institucionales han sido moldeadas por intereses tácticos, equilibrios internos y cálculos personales como el de estos tres políticos. Sin autocrítica real ni compromiso verificable con el interés general, la política se vuelve opaca, poliédrica en su discurso y tóxica en sus efectos, erosionando la confianza pública que dice defender.

Ya lo dijo Demóstenes: “El poder no se revela en las palabras, sino en los actos”.

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RIESTRA, BARBÓN Y EL SOCIALISMO LLANISCO: ENTRE EL TEATRO, EL CÁLCULO Y LA AUSENCIA DE ÓRDAGOS POR LLANES

Hoy podemos leer en la prensa regional que el Consejo de Gobierno del Principado aprobará la declaración del proyecto de implantación de ...