Tomando los datos de COGERSA que ha publicado del año 2025 y que aparecen en la siguiente imagen, la evolución del reciclaje en el municipio de Llanes entre los años 2022 y 2025 no muestra una mejora sólida, sino un estancamiento. En el año 2022 el concejo separó 1.109,56 toneladas sobre un total gestionado de 10.756,40, es decir, un 10,32%. En 2023 hubo una mejora hasta 1.132,38 toneladas y un 10,67%. En 2024 las toneladas separadas subieron ligeramente hasta 1.145,17, pero como también aumentó el total gestionado, el porcentaje volvió a bajar al 10,57%. En 2025 se aprecia un nuevo retroceso: 1.136,70 toneladas separadas y un 10,52%. El balance completo del periodo es muy pobre: en cuatro ejercicios solo se gana un 0,20 puntos porcentuales y 27,14 toneladas de residuos separados, con un máximo en 2023 y un estancamiento posterior. Además, la fracción no separada sigue prácticamente igual que al inicio del periodo: 9.646,83 toneladas en 2022 y 9.668,56 en 2025. Eso significa que alrededor del 89,5% de los residuos gestionados en 2025 siguió yendo fuera de la separación.
Políticamente, estos datos afectan al gobierno municipal encabezado por Enrique Riestra. Vecinos por Llanes y el PP ya gobernaban conjuntamente en la legislatura anterior y revalidaron ese acuerdo tras las elecciones municipales de 2023, manteniendo la alcaldía en manos de Vecinos por Llanes y la portavocía para el PP. Por tanto, los datos de 2022, 2023, 2024 y 2025 permiten hablar de una continuidad política suficiente como para atribuir a ese bloque de gobierno la responsabilidad y negligencia de la evolución observada.
Ahora bien, conviene ser exactos: el dato de COGERSA que muestras es el porcentaje de “residuos separados sobre el total”, mientras que la Ley 7/2022 fija el objetivo jurídico de “preparación para la reutilización y reciclado” de los residuos municipales. No son magnitudes idénticas. Aun así, los datos de Llanes no acreditan en absoluto que el municipio esté cerca del nivel exigido. La ley fijó para 2025 un mínimo del 55% en peso, que deberá subir al 60% en 2030 y al 65% en 2035. También marcó una reducción del 13% de los residuos generados en 2025 y del 15% en 2030, respecto de 2010, y obligó a las entidades locales a establecer en el plazo de tres años una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que cubra el coste real del servicio. En ese contexto, un 10,52% de residuos separados en 2025 queda, como referencia operativa, 44,48 puntos por debajo del 55% legal.
En prosa clara: con los datos disponibles, el reciclaje en Llanes bajo los gobiernos de la ultraderecha de VecinosxLlanes y PP no presenta una senda de mejora consistente. Hubo una pequeña subida en 2023, pero después el porcentaje vuelve a bajar y el volumen de basura no separada permanece prácticamente intacto. Por eso, el problema no es solo que Llanes no alcance los niveles exigidos por la normativa europea y estatal, sino que la evolución de estos cuatro años no muestra una aproximación real a esos objetivos.
La consecuencia más directa para el llanisco no es una multa individual de la Comisión Europea, sino pagar más por el servicio municipal de residuos por tener unos gestores pésimos al frente del gobierno municipal. La Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento. En Llanes, el propio expediente municipal de 2025 reconoce que la ordenanza de basura se vuelve a modificar para cumplir esa ley; además, deja constancia de una subida previa del 2,3 %, fija para 2025 un coste total previsto del servicio de 2.089.386,76 euros y señala que las nuevas tarifas suponían una subida media ponderada del 12,65 %, con un aumento de recaudación aproximado de 470.935,46 euros. Traducido a lenguaje llano: cuando reciclar poco encarece el sistema, ese sobrecoste acaba entrando en el recibo que pagan vecinos y negocios.
La razón económica es muy concreta. COGERSA aplica en 2026 una tarifa de 82 euros por tonelada a los residuos domésticos mezclados, y ese precio incluye el impuesto al depósito en vertedero. En cambio, la recogida separada de envases ligeros, papel-cartón y vidrio es gratuita para los ayuntamientos porque está financiada por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor; la fracción orgánica separada tiene un coste de 0 euros por tonelada si lleva menos del 20 % de impropios, de 24,60 euros entre el 20 % y el 30 %, y de 41 euros entre el 30 % y el 40 %. Si supera el 40 % de impropios, deja de tratarse como orgánica separada y pasa a considerarse residuo doméstico mezclado. Por tanto, separar mal o no separar no es un fallo abstracto: es elegir la vía más cara.
Con los datos que hemos conocido por COGERSA, en el año 2025 Llanes tuvo 9.668,56 toneladas no separadas y solo 1.136,70 toneladas separadas. Eso significa que aproximadamente el 89,48 % del residuo siguió yendo por la vía económicamente más gravosa. Aplicando solo la tarifa 2026 de COGERSA para residuos mezclados, esas 9.668,56 toneladas equivalen a unos 792.821,92 euros al año solo en tratamiento de esa fracción, sin contar la recogida municipal, el personal, los camiones, la contenerización, la limpieza ni otros costes del servicio. Dicho de otra manera: mientras la mayor parte de la basura de Llanes siga entrando como mezcla, la tasa tendrá muy poco margen para bajar, porque la ley obliga a que cubra el coste real del servicio.
Hay además una segunda consecuencia para la cartera del vecino: el municipio tiene que sostener igualmente toda la estructura que exige la ley para recoger por separado. La misma Ley 7/2022 obligó a la recogida separada de biorresiduos en los municipios de más de 5.000 habitantes antes del 30 de junio de 2022, y a la de textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y voluminosos antes del 31 de diciembre de 2024. Esos contenedores, circuitos, campañas y tratamientos hay que financiarlos exista o no una buena respuesta ciudadana. Cuando el resultado sigue siendo que casi nueve de cada diez kilos van mezclados, el vecino termina soportando un sistema doblemente costoso: se paga la infraestructura de separación y, al mismo tiempo, se sigue pagando en gran volumen la fracción mezclada, que es la más cara.
Por eso, para el llanisco que vive en el municipio, no alcanzar los objetivos legales de reciclaje tiene una consecuencia muy clara sobre su bolsillo. Significa una tasa de basura más alta o, al menos, una tasa sin margen real para abaratarse. Significa también que cada tonelada que no se separa bien cuesta más dinero público local y obliga a cargar más coste sobre los recibos. Y significa que el vecino que sí separa correctamente no ve reflejado todo el ahorro potencial mientras el conjunto del municipio mantenga unos porcentajes tan bajos de separación. No es una posibilidad teórica: el gobierno ultra del Ayuntamiento de Llanes ya dejó por escrito en 2025 que adaptaba su ordenanza a la Ley 7/2022 y que esa adaptación llevaba asociada una subida media ponderada del 12,65 %.
Tras once años de gobierno ultra de VecinosxLlanes y del Partido Popular, la conclusión que los llaniscos deben extraer es tan clara como preocupante: no han sido gobernados por un equipo que haya defendido sus intereses con seriedad en materia de residuos, sino por un gobierno que ha elegido la salida más cómoda, la menos exigente y la más perjudicial para el vecino. En lugar de trabajar durante años para mejorar la separación de residuos, aumentar el reciclaje y evitar que el coste del sistema se disparase, han dejado pasar el tiempo sin resultados reales. Y ahora, cuando la ley obliga a cumplir objetivos y a repercutir el coste verdadero del servicio, la consecuencia la paga el ciudadano en su recibo.
Eso es lo verdaderamente grave. No se trata solo de que Llanes no recicle lo suficiente. Se trata de que durante más de una década no se ha hecho el trabajo que correspondía hacer. No se ha construido una política útil, no se ha logrado una mejora sostenida, no se ha preparado al municipio para las exigencias legales que venían anunciadas desde hace años. El resultado es un concejo estancado, muy lejos de los niveles exigidos, con una gestión incapaz de transformar el problema y con unos vecinos que terminan soportando en su bolsillo las consecuencias de esa dejadez.
Cuando un gobierno dispone de once años y, aun así, no es capaz de sacar al municipio de unos porcentajes raquíticos de separación de residuos, ya no puede hablarse de dificultad, ni de circunstancias, ni de mala suerte. Hay que hablar de fracaso. De fracaso político, de fracaso de gestión y de falta de compromiso con el interés general. Porque gobernar no consiste en esperar a que llegue la obligación legal para después pasarle la factura al contribuyente. Gobernar consiste en anticiparse, organizar servicios eficaces, concienciar, exigir resultados y evitar precisamente que sea el vecino quien pague la incompetencia del Ayuntamiento.
Lo que ha ocurrido en Llanes en esta materia retrata una forma de gobernar: la de no resolver los problemas cuando todavía tienen arreglo y limitarse después a trasladar el coste al ciudadano. Es la política del mínimo esfuerzo bien retribuida por los ciudadanos que ven como se les saquea la cartera por no hacer nada. La política de dejar que todo siga igual mientras se pueda y, cuando ya no hay margen, imponer la carga sobre los de siempre. No han protegido al llanisco; lo han dejado expuesto. No han defendido su dinero; han permitido que la falta de gestión acabe entrando por la puerta del recibo. No han demostrado responsabilidad; han demostrado comodidad.
Y esa es la crítica de fondo que merecen estos once años: no solo no han estado a la altura, sino que han hecho recaer sobre los vecinos el precio de su nulo trabajo en reciclaje. Han tenido tiempo de sobra para actuar y no lo han hecho. Han tenido margen para mejorar y no lo han aprovechado. Han tenido la obligación de pensar en el futuro del municipio y han preferido la inercia. Por eso hoy el llanisco no se encuentra ante una mala racha puntual, sino ante la factura acumulada de once años de pasividad política.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que reflejan estos datos no es un tropiezo puntual, sino una mala gestión sostenida en el tiempo. Llanes sigue muy lejos de los niveles de separación y reciclaje que exige la ley, y esa distancia no se traduce en un debate técnico, sino en una consecuencia directa para la ciudadanía: más coste, más presión sobre el recibo y menos margen para aliviar la carga económica de vecinos y negocios. Después de años de gobierno, ya no caben excusas ni discursos vacíos. Cuando un gobierno municipio no corrige un problema durante tanto tiempo, deja de ser un problema heredado o coyuntural y pasa a ser una responsabilidad política propia. Y en Llanes esa responsabilidad tiene nombres, Enrique Riestra Rozas y sus concejales de gobierno municipal, y tiene consecuencias. La situación es grave porque no solo evidencia un municipio estancado en reciclaje, sino un modelo de gestión que ha permitido que la inacción termine pagándose en la cartera de los llaniscos. Eso es lo que de verdad queda al final: un concejo que no avanza como debería y unos vecinos obligados a soportar el precio de no haber tenido un gobierno a la altura.
Ya lo dijo George Bernard Shaw: “La democracia es el mecanismo que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos.”
