A La crisis actual de la vivienda en Asturias y en España no puede explicarse como una simple repetición de la que vivimos en nuestro país en el año 2008. Entonces el problema estaba marcado por el sobreendeudamiento de los hogares y por un exceso de oferta; ahora, en cambio, la presión nace de una combinación distinta: abundancia de liquidez, fuerte apetito inversor por el ladrillo residencial y una oferta insuficiente allí donde la población quiere vivir. En Asturias, más de la mitad de las compraventas de vivienda realizadas en 2025 no requirieron hipoteca, un dato que ilustra hasta qué punto el mercado ya no depende solo del comprador que adquiere una casa para residir en ella, sino también de quienes disponen de capital y ven la vivienda como refugio y fuente de rentabilidad https://bit.ly/4bO0F2M
A esa transformación económica se suma un cambio profundo en la función social de la vivienda. Durante décadas, en España predominó una cultura de pequeños propietarios que entendían la vivienda como un bien de uso: un lugar para vivir, para dejar en herencia o para obtener una renta estable y sostenida en el tiempo. Ese modelo ha ido cediendo terreno ante otra lógica, más agresiva y cortoplacista, en la que la vivienda se compra y se explota como un bien de cambio, orientado a extraer el mayor rendimiento posible en el menor tiempo. Tras la digestión de la crisis inmobiliaria, la entrada de fondos y de nuevos inversores en el mercado residencial consolidó esa mutación, y con ella se extendieron prácticas como la rotación acelerada de inquilinos, la combinación de alquiler habitual con alquiler turístico o de temporada, y la búsqueda constante de plusvalías
Esa lectura conecta con el diagnóstico del sociólogo Javier Gil, que describe el presente como el paso de una burbuja basada en la deuda privada de los hogares a otra alimentada por inversores y por un contexto sostenido por deuda pública e intervención monetaria. El resultado, sostiene, es parecido: los precios de la vivienda se separan de la realidad económica de los salarios y de la capacidad adquisitiva de las familias. De ahí surge lo que denomina “generación inquilina”, una población joven que ya no queda fuera de la propiedad por elección, sino porque los precios de compra han dejado de ser compatibles con sus ingresos. Según resume, hoy el acceso a la vivienda en propiedad depende cada vez más de transferencias familiares, de que los padres puedan aportar la entrada o incluso “poner el piso” https://bit.ly/4m7BUSy
La gravedad del problema no reside solo en la escalada de precios, sino en la debilidad de los mecanismos públicos para contenerla. España construyó durante décadas un volumen muy importante de vivienda protegida, pero gran parte de ese esfuerzo acabó diluyéndose al pasar al mercado libre una vez finalizados los periodos de protección. Hoy el parque de vivienda protegida disponible es reducido, también en Asturias, y muy inferior al que permitiría intervenir de manera efectiva sobre los precios. Por eso cobra relevancia el proyecto de Ley de Vivienda del Principado, que pretende reforzar el sistema asturiano de vivienda protegida y evitar la descalificación futura de nuevas promociones sometidas a protección. El objetivo es reconstruir una herramienta de intervención estable y no volver a perder, con el paso del tiempo, vivienda financiada con recursos públicos.
Sin embargo, las respuestas a corto plazo siguen siendo inciertas. La activación de vivienda vacía tropieza con un problema básico de información, porque ni siquiera existe un mapa actualizado y completo de cuántas viviendas infrautilizadas hay y dónde están. También genera debate la intervención directa sobre los precios del alquiler en zonas tensionadas: se plantea como una medida de urgencia, aunque persisten dudas sobre su eficacia real si no va acompañada de un aumento sostenido de la oferta protegida. A ello se añade un elemento especialmente sensible en Asturias como en poblaciones como Llanes y en otras muchas zonas del país: el avance del alquiler turístico, que reduce la oferta residencial, desplaza a la población local y tensiona todavía más el mercado. Tanto en entornos urbanos como rurales, su expansión altera el equilibrio entre la vivienda como derecho y la vivienda como negocio.
Javier Gil plantea como referencia modelos como el vienés, donde una parte mayoritaria del mercado del alquiler no está regida por la lógica del beneficio privado, sino por criterios sociales, públicos o cooperativos. Su argumento es claro: mientras la vivienda siga organizada prioritariamente como activo financiero, seguirá reproduciendo desigualdad, exclusión y precariedad, sobre todo si ese hecho depende de gobiernos de la derecha extrema como: Foro y PP o la ultraderecha de VecinosxLlanes. Frente a ello propone reforzar la intervención pública, impulsar vivienda asequible, dar respaldo a fórmulas cooperativas y limitar operaciones especulativas que elevan el precio del suelo y expulsan a quienes buscan una vivienda para vivir y no para rentabilizarla https://bit.ly/4cpDeNn
Las consecuencias de esta crisis ya no se perciben solo en estadísticas o debates académicos, sino en trayectorias vitales muy concretas. Uno de los efectos más visibles es el retorno de jóvenes asturianos desde Madrid al Principado. Entre 2020 y 2024, más de 10.000 personas cambiaron Madrid por Asturias, en una inversión de tendencia que rompe con años de salida continua hacia la capital. Madrid sigue ofreciendo oportunidades laborales, pero para muchos ya no compensa el coste de vida que impone, especialmente en materia de vivienda. El diferencial es muy claro: mientras en Asturias el precio medio del metro cuadrado superó los 1.700 euros en febrero, en Madrid ronda los 4.700 euros, una brecha que condiciona por completo cualquier proyecto de emancipación o de formación de una familia https://bit.ly/48reAtg
Los testimonios recogidos entre jóvenes asturianos que viven o han vivido en Madrid describen una realidad asfixiante: pisos de tamaño estándar en zonas periféricas que cuestan entre 600.000 y 700.000 euros, entradas inasumibles de entre 100.000 y 150.000 euros, alquileres que absorben hasta la mitad del salario y requisitos cada vez más duros para acceder a un arrendamiento, incluidos avales bancarios de miles de euros. Incluso personas con empleos estables y sueldos por encima de la media reconocen que no pueden ahorrar lo suficiente para comprar, porque el alquiler consume su capacidad de ahorro. La consecuencia no es solo económica: es la sensación de no poder construir un proyecto de vida estable, de vivir en una provisionalidad permanente, de trabajar sin que el esfuerzo garantice un horizonte habitable https://bit.ly/4saGtwL
La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad social y territorial. La crisis actual no responde únicamente a una falta de casas, sino a la transformación del mercado residencial en un espacio de extracción de rentas, a la debilidad del parque público y protegido, a la presión del alquiler turístico y a la desconexión creciente entre salarios y precios. En Asturias, esa crisis se refleja tanto en el debate legislativo sobre cómo reconstruir un sistema de vivienda protegida eficaz como en el retorno de jóvenes que descubren que en Madrid el trabajo ya no basta para sostener una vida digna. El problema de la vivienda ha dejado de ser una cuestión sectorial: es ya una cuestión central de bienestar, de igualdad y de futuro
Fuente: (La crisis actual de la vivienda es diferente a la de 2008; Javier Gil y la “generación inquilina”; Madrid, “un infierno” de vivienda que empuja a volver a Asturias).
Llanes: una emergencia de vivienda que ya no admite excusas pese al fascismo de un gobierno municipal de VecinosxLlanes y PP... Que ni saben ni pueden resolver el problema
El problema de la vivienda en Llanes no es una exageración, ni una consigna, ni una moda discursiva: es un hecho material. El dato más demoledor es que el concejo tenía en el Censo de 2021 un total de 12.902 viviendas, pero solo 5.687 eran principales; 4.915 eran secundarias y 2.288 estaban vacías. Cuando en un municipio hay más vivienda no destinada a residencia habitual que vivienda efectivamente habitada todo el año, el problema ya no puede describirse como una simple “tensión de mercado”. Es una desfiguración del uso residencial del concejo.
A eso se suma la presión del alojamiento turístico. El propio Ayuntamiento encargó en el año 2024 un informe técnico específico sobre viviendas vacacionales y de uso turístico, lo que ya demuestra que la situación había dejado de ser anecdótica. Después llegó la respuesta institucional: aprobación inicial de un Plan Especial de Usos Turísticos y prórroga de la moratoria para nuevas autorizaciones, extendida a los núcleos donde la suma de VV y VUT supera el 5% del total de viviendas. Cuando una administración local de Llanes tiene que estudiar el fenómeno, regularlo y congelar nuevas licencias, lo que está reconociendo es su incompetencia ante un problema, que alimentó y dejo crecer y cuando quiso ponerle coto ya era tarde para los llaniscos, porque el mismo se le ha ido de las manos.
El segundo gran fracaso es urbanístico. Llanes ha llegado a esta crisis sin un planeamiento general plenamente estabilizado y teniendo que apoyarse en unas Normas Provisionales aprobadas por el Principado en el año 2024. Un año después, en noviembre de 2025, la propia Consejería de Ordenación del Territorio afeó públicamente al Ayuntamiento que estuviera incumpliendo los plazos dados por el Consejo de Gobierno para la aprobación provisional del PGOU. Dicho sin rodeos: mientras el acceso a la vivienda empeoraba, el instrumento central para ordenar suelo, reservas y crecimiento seguía embarrado en retrasos. En un problema de esta magnitud, llegar tarde no es una anécdota administrativa: es una forma de irresponsabilidad política al que los llaniscos ya están demasiado acostumbrados con el filonazi de Enrique Riestra Rozas y sus “mariachis” concejales de gobierno.
Tampoco puede decirse que el gobierno municipal haya demostrado una voluntad clara de colocar la vivienda protegida y la vivienda pública en el centro de su acción. En marzo del año 2024 el pleno rechazó, con los votos de VXLL y PP, una moción para que el PGOU dotara suelo público o privado destinado a vivienda protegida y vivienda social. En enero del año 2025 el gobierno fascista volvió a rechazar otra moción para crear vivienda pública en Llanes mediante cesión de suelo al Principado; en ese mismo debate se hablaba de más de 20.000 metros cuadrados de suelo municipal disponibles. Se podrá discutir el instrumento concreto, pero lo que no se puede negar es el patrón: el problema estaba reconocido y las iniciativas para reforzar la vivienda asequible fueron tumbadas por la mayoría del gobierno filonazi municipal.
Mientras tanto, la realidad del mercado aprieta. En marzo del año 2026, las referencias de oferta en Fotocasa situaban a Llanes pueblo en 3.416 €/m² y mostraban anuncios de alquiler en la villa en el entorno de 720 y 1.200 euros mensuales; en Posada-Barro el valor medio de compra aparecía en 2.423 €/m². Son precios de oferta, no de cierre, pero sirven para medir la temperatura del mercado: para mucha población local, el acceso a una vivienda estable en su propio concejo se ha convertido en una carrera imposible por alcanzar la propiedad de una vivienda. Y cuando eso ocurre en un municipio con tanta vivienda construida, el problema no es solo cuánto se edifica, sino para quién y para qué se está usando lo ya edificado.
No todo depende del Ayuntamiento, claro que no. La crisis de vivienda tiene causas estatales, autonómicas, financieras y turísticas. Pero eso no exonera al poder local, porque el Ayuntamiento decide cómo ordena el suelo, qué prioriza en su planeamiento y qué mensaje político envía cuando se discute vivienda pública. Tras una década larga con el filonazi de Enrique Riestra en la alcaldía, y con un bipartito VXLL-PP en el mandato actual, el balance verificable no es el de una política municipal robusta de vivienda asequible, sino el de una catástrofe para los llaniscos. La foto es el de un concejo con una enorme presión sobre la vivienda habitual, con planeamiento retrasado, con normas provisionales, con intervención tardía sobre el alojamiento turístico y con propuestas de vivienda protegida o pública rechazadas en pleno.
Por eso el problema de la vivienda en Llanes no puede presentarse ya como un efecto colateral inevitable del éxito turístico ni como una simple consecuencia del mercado. Es una cuestión de modelo de concejo que ha diseñado la derecha fascista que hoy gobierna en el municipio, VecinosxLlanes y PP. Un municipio donde la residencia habitual pierde peso, donde vivir todo el año se vuelve más difícil y donde la respuesta pública llega tarde o se queda corta, corre el riesgo de convertirse en un lugar muy rentable para invertir y cada vez menos habitable para vivir. Y ahí está el núcleo del problema: Llanes no necesita más autocomplacencia institucional. Necesita una política de vivienda de verdad.
Foto: los miembros de la oposición socialista de procesión religiosa... Muy coherente con el artículo 2.2 de los estatutos federales
Con el grave problema que están sufriendo los llaniscos con la vivienda, la crítica al grupo socialista en el Ayuntamiento de Llanes debe formularse con precisión precisamente porque no hace falta exagerar nada. Los Estatutos Federales del PSOE definen al partido como “laico” en su artículo 2.2. A partir de ahí, el problema no es que cargos o militantes socialistas entren en una iglesia, asistan a un acto religioso o aparezcan en una fotografía de carácter ceremonial. El problema empieza cuando esa imagen pública ocupa un lugar central en su manera de estar en la vida municipal, porque entonces se proyecta una contradicción política evidente entre lo que el partido dice ser y lo que su representación local transmite.
Dicho de forma clara: un partido laico no tiene por qué vivir de espaldas a las tradiciones de un municipio, pero tampoco debería confundirse con ellas ni acomodarse a una política de estampita, solemnidad y presencia ritual como si ahí estuviera el núcleo de su función pública. Cuando una agrupación socialista aparece envuelta en ese tipo de escenografía, lo que debilita no es solo su coherencia ideológica, sino también su perfil político. Deja de parecer una fuerza con voluntad de transformación y pasa a parecer una pieza más del paisaje institucional más convencional.
La cuestión de fondo no es religiosa, sino política. Un grupo socialista de oposición debería distinguirse por su capacidad para representar conflicto democrático, fiscalización del poder, defensa de derechos sociales y conexión con los problemas materiales de la mayoría. Si, en cambio, proyecta una imagen demasiado volcada en el ceremonial local, en la respetabilidad de salón y en la integración en los códigos más clásicos del municipio, corre el riesgo de vaciar de contenido su propia identidad. Y eso es especialmente grave en un momento en que Llanes necesita una oposición reconocible por su firmeza ante la crisis de la vivienda, el planeamiento atascado y la falta de alternativas reales para la gente joven.
Por eso la crítica al grupo socialista de Llanes no debe formularse en términos de creencias personales, sino de coherencia pública. Si el PSOE de Llanes se define estatutariamente como un partido laico, su acción local debería reflejar esa cultura política con más claridad: menos dependencia de la foto ceremonial como forma de visibilidad y más presencia en el terreno donde de verdad se mide una oposición, que es el de los problemas concretos del concejo. Cuando eso no ocurre, la consecuencia es que el grupo acaba pareciendo más pendiente de encajar en el decorado tradicional de Llanes que de disputar seriamente su rumbo político.
Eso es, en el fondo, lo más criticable: no que estén en una iglesia, sino que, siendo un partido que se define como laico, su imagen pública pueda aparecer más asociada al simbolismo confesional y al folclore institucional que a una oposición nítida, moderna y centrada en las urgencias reales del municipio.
Para terminar el post quiero manifestar que el balance final es demoledor. Llanes sufre una crisis de vivienda cada vez más grave mientras el gobierno municipal filonazi de, VecinosxLlanes y PP, ha demostrado una mezcla de pasividad, retraso e incapacidad para anticiparse a un problema que llevaba años creciendo. No ha ordenado a tiempo, no ha protegido lo suficiente y no ha situado el derecho a la vivienda en el centro de su acción política. El resultado está a la vista: más presión sobre la residencia habitual, más dificultad para vivir todo el año en el concejo y más sensación de abandono entre quienes simplemente quieren quedarse en su tierra sin ser expulsados por el mercado.
Pero tan preocupante como un gobierno que no responde es una oposición que no termina de comparecer políticamente. El grupo socialista parece demasiado cómodo en la escenografía tradicional y demasiado poco reconocible en la batalla diaria por los problemas reales del municipio. Mientras Llanes necesita una oposición firme, constante y centrada en vivienda, planeamiento y futuro, lo que proyecta es una imagen desdibujada, atrapada entre la inercia institucional y su propia contradicción pública en torno a la laicidad que proclama.
Y así, entre un gobierno que no resuelve y una oposición que no acaba de ejercer como tal, quienes pagan el precio son los llaniscos. Esa es la verdad política de fondo: el problema de la vivienda en Llanes ya no solo revela un fracaso de gestión, sino también una alarmante falta de alternativa.
Ya lo dijo Leilani Farha: “La vivienda es un derecho humano, no solo una mercancía”.
