Llanes: diez años de gobierno y las contradicciones del discurso sobre la presión fiscal
Ayer se celebro pleno en el Ayuntamiento de Llanes y el alcalde fascista Enrique Riestra presume de congelar los impuestos municipales para el año 2027, pero los datos que nos ofrece el Instituto de Estudios Económicos y FADE dibujan una realidad bastante menos favorable para el gobierno fascista de VecinosxLlanes y el Partido Popular. Llanes mantiene un tipo de IBI urbano superior a las medias asturiana y española, una circunstancia que obliga a cuestionar el triunfalismo fiscal del ejecutivo municipal y a examinar qué ha ocurrido realmente con los impuestos y las tasas desde la llegada de esta coalición al Ayuntamiento en el año 2015.
El anuncio realizado por el gobierno municipal de Llanes sobre la congelación de los principales impuestos para 2027 y la reducción del 50 % del IBI de determinadas instalaciones ganaderas ha servido al alcalde Enrique Riestra para reivindicar su política económica. Según recogieron el 7 de octubre El Fielato y La Nueva España, el ejecutivo local presenta estas decisiones como una muestra de su compromiso con la contención fiscal y el alivio económico de los contribuyentes. Sin embargo, congelar un impuesto no significa necesariamente que ese impuesto sea bajo, ni mantener un tipo impositivo equivale a reducir la presión fiscal que soportan los vecinos. Esta distinción resulta fundamental para analizar las afirmaciones del regidor, porque una cosa es anunciar que determinados tributos no subirán durante el próximo ejercicio y otra muy diferente es demostrar que Llanes disfruta de una fiscalidad reducida en comparación con otros municipios asturianos. La primera afirmación puede comprobarse examinando las ordenanzas fiscales; la segunda exige acudir a estadísticas independientes y realizar comparaciones homogéneas.
El principal elemento que contradice la imagen de baja fiscalidad proyectada por el gobierno municipal de Llanes aparece en el informe «La competitividad fiscal en el Principado de Asturias. Una propuesta de mejora», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en colaboración con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y presentado en mayo de 2025. Este documento (al que el gobierno municipal de Llanes le tiene alergia) está basado en información del Ministerio de Hacienda, analiza la fiscalidad autonómica y local e incluye una comparación de los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en los 25 municipios más poblados de Asturias. Los resultados son suficientemente expresivos: Llanes aplicaba en 2024 un tipo de gravamen del IBI urbano del 0,75 %, frente al promedio asturiano del 0,66 % y al promedio nacional del 0,59 %. Esto significa que el tipo aplicado en Llanes superaba en aproximadamente un 13,6 % la media regional y en un 27,1 % la española. No se trata de una interpretación partidista ni de una estimación elaborada por la oposición municipal (que en estas cuestiones está completamente fuera de juego), sino de cifras publicadas por una institución especializada en análisis económico y recogidas en un estudio promovido junto a la patronal asturiana. Los datos pueden consultarse directamente en la página 99 del informe del IEE y FADE, gráfico 36.
La comparación con otros concejos asturianos resulta especialmente significativa. Según ese mismo estudio, mientras Llanes mantenía un tipo del IBI urbano del 0,75 %, Oviedo aplicaba el 0,54 %, Gijón el 0,45%, Siero el 0,58 %, Villaviciosa el 0,59 % y Carreño el 0,40 %. En consecuencia, el tipo de Llanes era aproximadamente un 39% superior al de Oviedo, un 67% superior al de Gijón y un 27% superior al de Villaviciosa. Incluso dentro del grupo de los 25 municipios asturianos más poblados, Llanes se situaba entre los ocho con mayor tipo impositivo. Estas diferencias no significan automáticamente que todos los propietarios de Llanes paguen más dinero que los de esos concejos, puesto que el recibo depende también del valor catastral de cada inmueble y de las bonificaciones aplicables. Lo que sí demuestran es que Llanes no se encontraba entre los municipios asturianos con un tipo reducido del IBI urbano, sino claramente por encima de las medias regional y nacional. Esta realidad merece una explicación por parte de un gobierno fascista que aplica el “principio gebbeliano” de repetir una mentira 1000 veces hasta que la misma se dé por cierta, para ello que se reitera la congelación de los impuestos como uno de sus principales logros económicos.
La primera gran contradicción del discurso municipal consiste precisamente en confundir estabilidad de los tipos tributarios con baja presión fiscal. Un Ayuntamiento puede mantener congelado durante varios ejercicios un impuesto que ya resulta elevado en comparación con otros municipios. La ausencia de nuevas subidas no elimina las diferencias existentes ni convierte automáticamente su política fiscal en favorable para los contribuyentes. En el caso de Llanes, los datos del IEE y FADE muestran que, al menos en 2024, el tipo del IBI urbano seguía siendo considerablemente superior a las referencias regional y nacional. Por tanto, cuando Riestra destaca que su gobierno lleva años sin incrementar determinados impuestos, está ofreciendo una información parcial que necesita contextualizarse. La pregunta relevante no es únicamente cuánto tiempo llevan congelados los impuestos, sino cuánto pagan realmente los vecinos, cómo ha evolucionado esa cantidad desde 2015 y qué posición ocupa Llanes respecto a los demás concejos asturianos. Sin responder a estas cuestiones, la congelación tributaria puede convertirse en un argumento propagandístico que destaca una decisión puntual mientras deja fuera del debate la situación fiscal acumulada.
Existe, además, una segunda cuestión que debe incorporarse al análisis: la diferencia entre el tipo impositivo, la cuota que paga cada contribuyente y la recaudación total obtenida por el Ayuntamiento. En el IBI, la cantidad abonada depende de la base liquidable del inmueble, del tipo de gravamen y de las bonificaciones o reducciones que correspondan. Por eso, aunque un gobierno municipal mantenga inalterado el porcentaje del impuesto, la evolución de los valores catastrales y de las circunstancias de los inmuebles puede modificar los recibos individuales. Del mismo modo, la recaudación municipal puede aumentar sin necesidad de elevar el tipo general, por ejemplo, si se incorporan nuevas propiedades al padrón tributario. Para determinar si los vecinos de Llanes soportan hoy una carga fiscal mayor que en 2015 no basta con escuchar las declaraciones del alcalde: es necesario comparar los recibos, las bases tributarias, las liquidaciones presupuestarias y las ordenanzas fiscales de ambos períodos. La propia documentación municipal permite iniciar esa comprobación, ya que el Ayuntamiento publica sus ordenanzas fiscales de distintos ejercicios. Sin embargo, hasta disponer de una comparación completa, sería incorrecto presentar como demostrado que todos los impuestos municipales han aumentado o que lo han hecho más que en el resto de Asturias.
La tercera contradicción del discurso de Enrique Riestra aparece cuando el gobierno fascista de VecinosxLlanes y el Partido Popular presume de congelar los impuestos y las tasas municipales, intentando presentar esa decisión como una demostración de buena gestión económica y de protección de las familias, mientras evita explicar las responsabilidades políticas acumuladas durante más de una década al frente del Ayuntamiento. Un ejemplo especialmente significativo es el de la tasa de recogida de basuras, cuya modificación quedó recogida en la Ordenanza Fiscal número 111, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 30 de junio de 2025. Para comprender lo ocurrido es necesario recordar algo que el discurso municipal suele dejar en segundo plano: la reforma de la gestión de residuos no fue una ocurrencia del Gobierno de España, sino la consecuencia de una política europea aprobada años antes para reducir los residuos, aumentar su reutilización y reciclaje y avanzar hacia una economía circular. La Directiva (UE) 2018/851, aprobada el 30 de mayo de 2018, estableció nuevas obligaciones y objetivos de reciclaje, entre ellos alcanzar el 55% de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Posteriormente, España incorporó estas exigencias a su ordenamiento jurídico mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, cuyo artículo 11.3 concedió a los ayuntamientos un plazo de tres años, hasta abril de 2025, para establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que reflejase el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, permitiendo avanzar hacia sistemas en los que quien genera más residuos pague en consecuencia. Por tanto, los ayuntamientos conocían con suficiente antelación el cambio normativo y disponían de años para adaptar sus servicios, mejorar la separación de residuos, fomentar el reciclaje y adoptar medidas destinadas a contener los costes que finalmente soportarían los ciudadanos. En el caso de Llanes, donde VecinosxLlanes y el Partido Popular llegaron al gobierno en 2015, resulta legítimo exigir explicaciones sobre qué actuaciones concretas se desarrollaron durante ese período, qué inversiones se realizaron para mejorar los resultados de reciclaje y hasta qué punto se aprovecharon los plazos concedidos. Si, como debe comprobarse mediante las estadísticas anuales de COGERSA, los indicadores de reciclaje del concejo han retrocedido durante los últimos ejercicios, estaríamos ante un resultado especialmente preocupante que exigiría responsabilidades políticas al ejecutivo municipal. Porque la obligación legal de cubrir el coste del servicio no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad sobre la eficiencia de la recogida, la prevención de residuos y la participación ciudadana en el reciclaje. Tampoco puede atribuirse exclusivamente a Bruselas o al Gobierno central el importe final de una tasa cuya configuración corresponde a cada entidad local dentro del marco legal. La Unión Europea estableció objetivos ambientales, la legislación española fijó obligaciones y plazos, pero fue el Ayuntamiento de Llanes quien tuvo que decidir cómo organizar el servicio, qué medidas implantar y cómo distribuir sus costes. Por eso, antes de presumir de congelaciones fiscales, Riestra debería explicar qué hizo su gobierno para anticiparse a una normativa conocida desde 2018, qué resultados obtuvo en materia de reciclaje y qué parte del coste actual podría haberse evitado mediante una gestión más eficaz (de esto no dijo nada él mangante político que hoy ocupa la alcaldía). Lo que no puede pretender es convertir la congelación anunciada para 2027 en una absolución política de las decisiones adoptadas durante los años anteriores. La verdadera medida de una buena gestión no consiste en presumir de que una tasa deja de subir, sino en demostrar que se han aprovechado todos los recursos y oportunidades disponibles para prestar un servicio eficiente, mejorar el reciclaje y evitar que los llaniscos paguen las consecuencias de una planificación insuficiente a la que nos tienen acostumbrados.
La documentación oficial permite comprobar, además, la dimensión económica de algunos de estos servicios. Según el padrón tributario correspondiente al sexto bimestre de 2025, publicado en el BOPA el 5 de febrero de 2026, el importe del padrón de recogida de basuras de ese período ascendió a 351.400,93 euros, mientras que el correspondiente al suministro de agua potable alcanzó los 207.603,85 euros y el de alcantarillado los 54.589,32 euros. Estas cantidades corresponden a un período concreto y no deben confundirse con la recaudación anual efectiva, pero reflejan la importancia económica de unos conceptos que también forman parte de las obligaciones habituales de los hogares y establecimientos del concejo. Si el Ayuntamiento pretende acreditar que su gestión ha reducido la carga soportada por los contribuyentes, debería facilitar una comparación transparente de las tarifas y de los importes efectivamente pagados desde 2015, distinguiendo entre impuestos, tasas y otros precios o prestaciones municipales.
Tampoco debe confundirse una rebaja fiscal dirigida a un colectivo concreto con una reducción general de la presión tributaria del municipio. La bonificación del 50 % del IBI anunciada para cuadras y naves ganaderas puede constituir una medida positiva para las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos. El sector agroganadero afronta dificultades económicas y cualquier reducción efectiva de sus costes merece ser valorada por sus resultados. Sin embargo, esta decisión no modifica por sí misma la situación fiscal del conjunto de propietarios, trabajadores, autónomos y familias del concejo. Para conocer su alcance real será necesario determinar cuántos inmuebles podrán beneficiarse, qué condiciones deberán reunir y cuál será el ahorro total estimado. Presentar una bonificación sectorial como prueba de una política general de bajos impuestos supone extender indebidamente sus efectos a contribuyentes que no necesariamente resultarán beneficiados. Una valoración rigurosa debe reconocer la utilidad de la medida para sus destinatarios sin convertirla en una justificación automática de toda la política fiscal municipal.
El informe publicado por FADE y el IEE aporta otro elemento importante al debate. En su presentación, ambas organizaciones advirtieron de los problemas que una fiscalidad elevada puede generar para la competitividad económica, la inversión y el desarrollo empresarial en Asturias. La Federación Asturiana de Empresarios defendió la necesidad de introducir mejoras en el sistema tributario, mientras que el Instituto de Estudios Económicos señaló expresamente la importancia de analizar tanto los tributos autonómicos como los locales. Resulta especialmente llamativo que Llanes figure con un tipo de IBI urbano superior a las medias asturiana y española en un estudio promovido por organizaciones que reclaman una fiscalidad más competitiva. Esto significa, sencillamente, que existe una referencia independiente y cuantificable que cuestiona la imagen de excepcional moderación fiscal que pretende transmitir el gobierno municipal fascista que hoy gobierna en el municipio de Llanes.
Después de más de una década de gobiernos encabezados por Vecinos por Llanes, en coalición con el Partido Popular durante buena parte de ese período, la discusión sobre los impuestos debería abandonar los anuncios aislados y centrarse en un balance verificable de la evolución fiscal desde 2015. Ese balance tendría que mostrar los tipos de gravamen aprobados cada año, las modificaciones de las tasas, la recaudación por habitante, la evolución de los recibos representativos y las diferencias con municipios comparables. También debería distinguir los incrementos derivados de decisiones municipales de aquellos ocasionados por cambios legislativos, revisiones catastrales u otras circunstancias externas. Solo así sería posible determinar con precisión si la carga fiscal ha aumentado, disminuido o permanecido estable y en qué medida esos cambios pueden atribuirse a las decisiones del gobierno local. La transparencia fiscal no consiste en repetir que los impuestos están congelados, sino en proporcionar los datos necesarios para que cualquier vecino pueda comprobar cuánto pagaba antes, cuánto paga ahora y por qué.
La afirmación de Riestra de que una gestión eficiente permite mantener los servicios municipales sin aumentar los impuestos tampoco debería aceptarse como una conclusión demostrada únicamente por el anuncio de las ordenanzas. La eficiencia del gasto público se acredita mediante resultados, ejecución presupuestaria, costes de los servicios, calidad de las prestaciones y comparación con otras administraciones, no mediante declaraciones políticas. Un gobierno puede mantener los tipos impositivos sin que ello demuestre automáticamente que administra mejor los recursos, del mismo modo que un aumento de la recaudación no implica necesariamente una subida de los impuestos. Para evaluar la gestión económica del Ayuntamiento de Llanes sería preciso examinar conjuntamente los ingresos, los gastos, las inversiones, el endeudamiento y los servicios efectivamente prestados. La estabilidad tributaria constituye un dato relevante, pero no sustituye una evaluación completa de la gestión municipal.
La conclusión que permiten extraer los datos disponibles es clara: el gobierno municipal de Llanes no puede presentarse sin matices como un ejemplo de baja fiscalidad municipal cuando el informe de FADE y el IEE sitúa su tipo de IBI urbano por encima de las medias asturiana y española. La congelación anunciada para 2027 puede ser cierta y la rebaja destinada a determinadas instalaciones ganaderas puede resultar beneficiosa, pero ninguna de esas decisiones borra la posición comparativa del concejo ni demuestra que los vecinos soporten una carga fiscal reducida. Tampoco permite concluir, sin un análisis histórico adicional, que la presión fiscal haya aumentado más que en otros municipios desde el año 2015. Lo acreditado es suficientemente relevante por sí mismo: en 2024, Llanes aplicaba un tipo de IBI urbano del 0,75 %, frente al 0,66 % de media asturiana y el 0,59 % de media española. Por eso, la verdadera cuestión que debería responder el fascista Enrique Riestra y su gobierno de sicarios políticos que viven del presupuesto municipal, no es cuántas veces ha anunciado una congelación tributaria, sino por qué Llanes mantiene un tipo del IBI notablemente superior al de numerosos concejos asturianos y qué balance fiscal concreto puede presentar después de más de diez años de gobierno. Los llaniscos merecen una explicación basada en cifras, no únicamente en propaganda.
Llanes: impuestos como en Luxemburgo y servicios como en Nairobi
En Llanes empieza a cobrar sentido una expresión tan provocadora como significativa del debate sobre la gestión municipal: «Los llaniscos pagan impuestos como en Luxemburgo, pero reciben servicios como en Nairobi». Se trata de una comparación retórica, pero los datos fiscales permiten plantear una cuestión que el alcalde fascista Enrique Riestra debería responder: ¿qué reciben realmente los vecinos a cambio de los impuestos que pagan y cuánto les cuesta mantener la estructura política del Ayuntamiento? Según el informe sobre competitividad fiscal elaborado por FADE y el Instituto de Estudios Económicos, Llanes aplicaba en 2024 un tipo del IBI urbano del 0,75 %, frente al 0,66 % de media asturiana y el 0,59 % de media española, lo que representa un tipo impositivo un 13,6 % superior al promedio regional y un 27,1 % superior al nacional. Una diferencia que contrasta con el discurso de moderación fiscal defendido por el gobierno municipal. Pero existe otra cuestión que merece especial atención: el coste económico del propio equipo de gobierno que presume de gestionar eficientemente los recursos públicos. Según el cuadro de retribuciones correspondiente a 2023, facilitado para este análisis, los siete cargos políticos relacionados percibían unas retribuciones anuales que sumaban 293.902 euros, a los que se añadían 47.824 euros anuales correspondientes a un asesor, elevando el importe conjunto declarado a 341.726 euros al año. Esto equivale aproximadamente a 28.477 euros mensuales si se distribuye el importe anual entre doce meses, aunque las retribuciones individuales del cuadro parecen calcularse sobre catorce pagas. Conviene recordar que estas cantidades corresponden a 2023, que no se ha contrastado todavía su vigencia en 2026 y que tampoco incluyen necesariamente todos los costes laborales asociados. El dato plantea una cuestión legítima sobre las prioridades presupuestarias: qué proporción de los recursos municipales se destina a retribuciones políticas y qué resultados obtiene la ciudadanía de ese gasto. La comparación resulta especialmente pertinente cuando el gobierno muncipal presenta la congelación de determinados impuestos como prueba de eficiencia económica. Sin embargo, un tipo elevado del IBI y unas retribuciones políticas de esta cuantía no demuestran por sí solos que exista una mala prestación de servicios ni que los impuestos se hayan incrementado para financiar esos salarios. Para evaluar esa relación sería necesario contrastar la evolución del gasto político con la inversión ejecutada por habitante, los costes de mantenimiento, los indicadores de recogida y reciclaje de residuos publicados por COGERSA y la calidad de los servicios municipales. Lo que sí resulta exigible después de más de una década de gobierno fascista es una rendición de cuentas que permita conocer no solamente cuánto pagan los llaniscos y cuánto cuesta su gobierno, sino también qué servicios reciben, cuánto cuestan y cómo se comparan con los de otros concejos asturianos. Porque la eficiencia de una administración no se acredita anunciando congelaciones fiscales, sino demostrando con cifras que los recursos públicos se traducen en servicios adecuados, inversiones ejecutadas y resultados verificables.
Ya lo dijo Nelson Mandela: «El verdadero carácter de una sociedad se revela en cómo trata a sus miembros más vulnerables».
