Hoy se celebró pleno municipal en el Ayuntamiento de Gijón, la afirmación realizada por Carmen Moriyón, actual alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, según la cual “no he cometido ningún delito porque si no, no estaría aquí sentada como alcaldesa”, plantea una cuestión que trasciende el plano estrictamente jurídico y se sitúa en el ámbito de la ética pública. En efecto, el hecho de no haber sido condenado por un delito constituye un requisito mínimo para el ejercicio del cargo, pero no agota el conjunto de principios que deben guiar la actuación de quien asume responsabilidades en el servicio público.
Desde la tradición política de la Antigua Grecia, el ejercicio del poder no se entendía como mera legalidad formal, sino como una práctica orientada al bien común. En la Política, Aristóteles sostuvo que la finalidad de la ciudad (polis) es posibilitar una vida buena para sus ciudadanos. El gobernante, en consecuencia, no debe limitarse a cumplir la ley, sino actuar conforme a la virtud (areté) y a la prudencia (phronesis), es decir, a la capacidad de deliberar rectamente sobre aquello que conviene al conjunto de la comunidad. La legitimidad política, desde esta perspectiva, no se mide solo por la ausencia de delito, sino por la orientación constante hacia el interés general.
Del mismo modo, Platón, en su reflexión sobre el gobierno en la República, defendía que quienes ejercen el poder deben hacerlo movidos por la justicia y no por la conveniencia personal o partidista. La justicia, entendida como armonía entre las partes y subordinación del interés particular al común, constituye un principio rector del buen gobierno. Bajo esta óptica, la gestión municipal debe evaluarse no solo en términos de legalidad administrativa, sino también de equidad, transparencia y coherencia con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía.
En la práctica contemporánea, los principios que deben regir la acción pública —legalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y eficacia en la gestión— forman parte del núcleo de cualquier sistema democrático. La legalidad es el punto de partida: ninguna actuación debe vulnerar el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la ética pública exige un estándar más elevado. La transparencia implica facilitar información clara y accesible sobre decisiones y recursos; la responsabilidad conlleva asumir las consecuencias políticas de los actos de gobierno; la rendición de cuentas obliga a explicar y justificar las decisiones ante los ciudadanos; y la eficacia requiere que los recursos públicos se administren de manera eficiente y orientada a resultados socialmente útiles.
En este marco, una revisión de la gestión municipal desde la llegada de Moriyón al gobierno local debería atender a indicadores verificables: grado de cumplimiento de programas electorales, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, calidad de los servicios públicos, políticas urbanísticas y de desarrollo económico, gestión de contratos y subvenciones, así como mecanismos de participación ciudadana. El análisis, para ser riguroso, debe apoyarse en datos oficiales, informes de intervención, resoluciones judiciales cuando existan, y evaluaciones técnicas, evitando interpretaciones subjetivas.
La tradición griega recordaba que la política es, ante todo, una práctica moral orientada al bien común. La ausencia de delito constituye un requisito indispensable, pero no suficiente. Como señalaba Aristóteles, la excelencia política se mide por la virtud y la prudencia en la acción. En una democracia contemporánea, esa excelencia se traduce en gobierno responsable, transparente y eficaz. Por tanto, el debate sobre la gestión municipal no debe limitarse a la dimensión penal, sino situarse en el plano más amplio de la ética pública y del servicio a la ciudadanía.
Dicho lo anterior hagamos un recorrido por lo sucedido con Moriyón al frente del gobierno municipal desde junio del año 2023, ahí veremos que efectivamente delios no cometió pero que su ética política es cuando menos manifiestamente mejorable a ojos de la ciudadanía.
Pacto con formaciones políticas y coherencia programática
En las elecciones municipales de mayo de 2023, Moriyón obtuvo la alcaldía gracias a un acuerdo de investidura con el Partido Popular (PP) y con Vox, formación situada en el espectro de la ultraderecha política. Este pacto permitió que el bloque de la derecha extrema sumase mayoría absoluta en el pleno municipal y resultase investida alcaldesa el 17 de junio de 2023.
Durante la campaña y en declaraciones públicas previas, Moriyón había expresado que no pactaría con extremismos, haciendo hincapié en la importancia de reglas claras y respeto a la legalidad democrática. Sin embargo, para cerrar su investidura aceptó el apoyo de Vox, otorgándole responsabilidades de gobierno y compaginando políticas municipales con ese respaldo externo.
La concreción de ese pacto generó tensiones internas y críticas públicas porque implicó alianzas que algunos consideraron contrarias a los compromisos éticos y programáticos iniciales de su candidatura… Pero para Moriyón lo más importante era tocar moqueta frente a los principios que decía defender en la campaña electoral.
Meses después, en octubre del año 2023, Moriyón anunció la ruptura del pacto con Vox, tras apenas unos meses, aduciendo que la formación de la ultraderecha, “antepuso sus siglas al interés general de la ciudad” y que no había sabido ejercer las responsabilidades asignadas. Curiosamente uno de los dos concejales de Vox en el gobierno municipal, fue cooptado por Foro Asturias como tránsfuga en su gobierno, Oliver Suárez, pese al repudio que producía dicha figura política a Moriyón como manifestó en un diario del Oriente de Asturias el día 17 de julio del año 2021, a los cuales llamaba corruptos https://bit.ly/4bMK7sr
Este vaivén entre declaraciones de campaña —que aseguraban no pactar con extremismos— y la posterior alianza con Vox para asegurar su investidura, y su posterior ruptura para integrar a un tránsfuga en su gobierno, ha sido interpretado por sectores políticos y sociales como un ejemplo de la complejidad de mantener coherencia entre promesas y decisiones estratégicas de gobierno.
Sentencia del Tribunal de Cuentas por pagos improcedentes
En junio de 2024, el Tribunal de Cuentas dictaminó que Moriyón debía devolver 31.314,29 € a las arcas del Ayuntamiento por pagos considerados indebidos o no justificados durante su anterior etapa al frente del Ayuntamiento (2017-2019) con cargo al grupo municipal de Foro Asturias. Esto incluyó, entre otras partidas, dietas mensuales que fueron calificadas como sobresueldos y gastos sin justificar.
La sentencia provocó una fuerte reacción de la oposición, que solicitó explicaciones en Pleno y planteó la necesidad de transparencia ante el uso de recursos públicos. Según informaciones de prensa, Moriyón defendió que se trató de una “errónea interpretación contable”, sin embargo, no ofreció mayores detalles que satisficieran a todos los grupos políticos que formaron parte del pleno.
El hecho de que una autoridad municipal de primer nivel sea condenada por este tipo de gestión financiero-contable genera un debate profundo sobre la ética pública y la gestión de lo que pertenece a la ciudadanía.
Análisis general: principios del servicio público
Los acontecimientos descritos pueden analizarse a partir de los principios clásicos de la ética política y del servicio público:
- Legalidad y ética: La legalidad es el mínimo exigible —ninguna condena penal o contable debe operar como justificación de una conducta—. Sin embargo, el servicio público exige ir más allá de lo puramente legal y aspirar a la transparencia, integridad y responsabilidad en la gestión de recursos públicos.
- Consistencia programática: Vincular decisiones de gobierno a compromisos claros adquiridos ante la ciudadanía forma parte de la ética democrática moderna. La gestión pública se fundamenta no solo en ganar elecciones, sino en mantener coherencia entre promesas y prácticas, tal como plantearon filósofos clásicos como Aristóteles, que veía en la política una búsqueda del bien común, o Platón, que destacaba la justicia como eje rector del gobierno político.
- Transparencia y rendición de cuentas: La Sentencia del Tribunal de Cuentas subraya la importancia de que las autoridades rindan cuentas de manera clara y oportuna sobre el uso de recursos. La falta de justificación pública adecuada daña la confianza ciudadana y va en contra de la idea de un gobierno orientado al interés común.
Otra de las acciones con las que se cubrió de gloria del gobierno de Moriyón fue con la acción que cometió con la permuta de terrenos públicos del Ayuntamiento con el Grupo Quirón salud. En el contexto de la ampliación del Hospital de Cabueñes, el gobierno municipal encabezado por Carmen Moriyón impulsó una operación de permuta de terrenos con el Grupo Quirónsalud, por la cual se intercambiaron parcelas municipales por suelos vinculados al desarrollo hospitalario. La alternativa jurídica de la expropiación forzosa —figura prevista en el ordenamiento para actuaciones de interés público— no fue la opción elegida, optándose en su lugar por un acuerdo negociado con la entidad privada. Esta decisión fue objeto de crítica por parte de la oposición municipal y de colectivos ciudadanos, que sostuvieron que la operación podía resultar menos ventajosa para el patrimonio público que una expropiación ajustada a justiprecio, al implicar la cesión de suelo municipal con un valor estratégico. El debate se centró, por tanto, en la idoneidad del instrumento empleado y en si la permuta protegía adecuadamente los intereses económicos del Ayuntamiento y, en consecuencia, de los vecinos de Gijón.
En el ámbito de la transparencia retributiva, la figura de Carmen Moriyón volvió a situarse en el centro del debate público cuando, a raíz de declaraciones judiciales en el procedimiento contra Francisco Álvarez-Cascos, se conoció que, además de su salario como alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, percibía una asignación de su partido, Foro Asturias, así como mantenía actividad profesional vinculada a la medicina privada. La oposición municipal solicitó entonces que se clarificara de forma detallada el conjunto de sus ingresos y que se actualizara su declaración de actividades conforme a los principios de publicidad activa y rendición de cuentas. Desde el gobierno municipal se sostuvo que las percepciones eran legales y compatibles, si bien la controversia no giró tanto en torno a la legalidad como a la suficiencia de la información ofrecida a la ciudadanía. El debate se centró, por tanto, en la necesidad de que quienes ejercen responsabilidades públicas detallen con precisión el origen y cuantía de sus retribuciones, como garantía de transparencia institucional y confianza pública. La polémica en torno a la falta de claridad sobre el conjunto de retribuciones de Carmen Moriyón, en el marco de su responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Gijón y como dirigente vinculada a Foro Asturias, proyecta una imagen profundamente contradictoria con el principio de ejemplaridad que debe regir el servicio público. Cuando la transparencia se exige con firmeza a la ciudadanía, a los empleados públicos o a la oposición, pero se diluye o se retrasa en lo que afecta al propio poder, se erosiona la credibilidad institucional. La legalidad formal puede cumplirse, pero la ética pública demanda algo más: claridad inmediata, rendición de cuentas sin ambigüedades y voluntad inequívoca de someterse al mismo escrutinio que se reclama a los demás. La percepción de opacidad, especialmente en materia retributiva, no es un asunto menor; afecta directamente a la confianza democrática y alimenta la idea de que la transparencia se convierte en un principio selectivo, aplicable según la posición que se ocupe en la estructura de poder.
Foto: Enrique Riestra y su grupo municipal... Fascistas todos ellos de marca registrada
En el ámbito municipal asturiano, el caso de Llanes ha sido objeto de debate político continuado en los últimos años debido a la estabilidad de un gobierno local sostenido por VecinosxLlanes y el Partido Popular. Durante aproximadamente una década, la oposición municipal ha cuestionado determinadas prácticas de gestión, señalando falta de transparencia en decisiones urbanísticas, contratación pública y relaciones políticas internas. Estas críticas no han derivado necesariamente en responsabilidades penales firmes, pero sí han alimentado una controversia persistente sobre la calidad institucional, la claridad en la rendición de cuentas y el uso del poder municipal. El debate en Llanes, al igual que en otros municipios, no se sitúa exclusivamente en el plano jurídico como hoy afirmó Moriyón en el pleno municipal, sino en el terreno de la exigencia democrática de transparencia, coherencia y ejemplaridad en el ejercicio del gobierno local.
La gestión de cualquier cargo público se evalúa en múltiples dimensiones: legal, ética y política. La ausencia de delito no es garantía de excelencia gubernamental; la historia de la alcaldesa Moriyón en Gijón desde el año 2023 muestra tensiones entre decisiones estratégicas de poder, compromisos de campaña y exigencias de transparencia en la gestión de lo público.
Este escenario invita a recordar que la acción política en democracia debe regirse no solo por la ley, sino por principios de coherencia, servicio desinteresado, justicia y responsabilidad ante quienes confían su representación a quienes se presentan al servicio público. En última instancia, esos principios son los que sostienen la legitimidad ética del ejercicio del poder.
Para terminar el post quiero manifestar que a la vista de los hechos expuestos, el problema no radica en la existencia o no de ilícitos penales, sino en la degradación progresiva del estándar ético que debe presidir la vida pública. Cuando la acción de gobierno se mueve en el límite de lo estrictamente legal, pero se aleja de la ejemplaridad, la coherencia y la transparencia, la democracia se empobrece. Un Ayuntamiento no es un espacio de poder patrimonial ni un instrumento al servicio de estrategias coyunturales; es la institución que administra lo común en nombre de todos. Convertir la política municipal en una sucesión de pactos contradictorios, decisiones discutidas y explicaciones insuficientes erosiona la confianza ciudadana y transmite la idea de que el ejercicio del poder se orienta más a su conservación que al interés general.
Quiero decirle a Moriyón que la democracia local exige algo más que mayorías aritméticas y formalidades jurídicas: requiere integridad, claridad en las decisiones y rendición de cuentas constante. Cuando estos principios se debilitan, la institución se percibe como un ámbito cerrado, distante y poco permeable al escrutinio público. No se trata de retórica moralizante, sino de una exigencia básica de calidad democrática. Gobernar no es simplemente ocupar un cargo sin haber cometido delito alguno; es asumir la responsabilidad de administrar lo público con una ética que esté a la altura de la confianza depositada por la ciudadanía. Sin esa premisa, el poder municipal corre el riesgo de reducirse a un ejercicio discrecional que, aunque formalmente válido, resulta políticamente empobrecedor y éticamente insuficiente.
Ya lo dijo Montesquieu: “La
legalidad es el mínimo; la ejemplaridad es la verdadera medida del poder
democrático”.
