La visita a Asturias del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha servido para escenificar su respaldo a Álvaro Queipo y para situar el modelo político desarrollado por el PP andaluz como una referencia que el presidente de los populares asturianos considera útil para su propio proyecto de cara a las elecciones autonómicas de 2027. Moreno participó el viernes en Llanes en la entrega del II Premio «Tomás Antuña» a la asociación El Patiu, acompañado por Queipo y por la presidenta del PP llanisco, Aurora Aguilar, y prolongó posteriormente su estancia en Asturias con una visita a Avilés, donde grabó un podcast junto al dirigente asturiano y recorrió el centro histórico antes de regresar a Andalucía. El mensaje político más explícito lo dejó en Llanes: «Álvaro Queipo será presidente del Principado de Asturias y, como lo va a hacer muy bien, va a estar una larga temporada al frente del Gobierno, en beneficio de Asturias y de España», afirmó Moreno, que expresó su confianza en tener que telefonearle dentro de nueve meses para felicitarle por haber ganado las elecciones. «Espero que me cojas el teléfono», bromeó durante su intervención. La afirmación constituye una previsión política del propio Moreno, no un hecho comprobable, y se produjo en un acto en el que el dirigente andaluz presentó a Queipo como la persona que, a su juicio, puede encabezar el cambio que defiende el PP para Asturias, según recoge la información original sobre el acto de Llanes.
Foto: el "sonrisas" Moreno Bonilla y su discipulo Álavro Queipo con sus subalternos de la politica municipal
Moreno justificó ese respaldo destacando de Queipo «la pasión, el compromiso y ese amor por Asturias muy arraigado, y lo demuestra en todas y cada una de las reuniones que tenemos», y vinculó su proyecto con la experiencia política iniciada por el PP en Andalucía en 2018. Otras informaciones publicadas sobre el encuentro, como la crónica de COPE Ribadesella sobre la presencia de Queipo y Moreno en Llanes, recogen que el presidente andaluz presentó al dirigente asturiano como una persona que conoce y quiere su comunidad y a la que definió como «moderado, sensato y realista». Moreno sostuvo además que Asturias «necesita y merece un cambio» y resumió algunas de las líneas que atribuye al proyecto de Queipo: menos impuestos y burocracia, mayores apoyos a los autónomos, atracción de inversiones, mejora de los servicios públicos y respaldo al campo y a los sectores productivos. «Álvaro Queipo sueña un cambio en Asturias como el que hemos hecho en Andalucía. A nosotros nos decían que era imposible, pero hemos demostrado que es posible», afirmó. Moreno defendió asimismo que Andalucía ha «recobrado la ilusión y el entusiasmo» y aseguró que actualmente «Andalucía funciona y es una comunidad líder, próspera y moderna», una valoración política sobre la gestión de su Ejecutivo.
El presidente andaluz vinculó además el futuro que desea para Asturias con el conjunto del país y trasladó a Queipo un respaldo explícito: «Querido Álvaro, confiamos en ti. Somos muchos los que confiamos en ti y somos muchos los que confiamos en que necesitamos una Asturias fuerte para tener una España fuerte». Moreno sostuvo que «cada uno desde nuestra posición hacemos más grande a este país» y recomendó al dirigente asturiano afrontar los próximos meses trabajando «con firmeza, pero también con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con mucho criterio», después de señalar que andaluces y asturianos comparten problemas que requieren «acciones y soluciones». El respaldo de Moreno a Queipo y la comparación con el cambio político producido en Andalucía también fueron recogidos por Canal Sur en su información sobre la visita del presidente andaluz a Asturias.
Queipo recogió precisamente esa comparación con Andalucía, aunque introdujo una diferencia expresa entre ambas comunidades. «Asturias no es Andalucía», señaló, antes de argumentar que existen ideas que, a su juicio, trascienden los territorios: «ninguna comunidad autónoma está condenada a seguir haciendo siempre lo mismo; ninguna mala trayectoria es irreversible; y el futuro puede ser prometedor si se hacen bien las cosas». Para el presidente del PP asturiano, la presencia de Moreno tenía un «significado especial» porque, según explicó, «Andalucía demostró en 2018 que, después de décadas de gobiernos del mismo signo, era posible abrir una nueva etapa». Queipo resumió su valoración afirmando que «la Andalucía de Juanma Moreno es un ejemplo de crecimiento y dinamismo», unas declaraciones recogidas tanto en la información original sobre el encuentro de Llanes como en la crónica de Europa Press sobre la entrega del Premio Tomás Antuña.
El dirigente asturiano contrapuso esa experiencia a su diagnóstico sobre el Principado y responsabilizó al PSOE de «la suma de años y años de políticas erradas», afirmaciones que forman parte de su crítica política al Ejecutivo autonómico. Queipo sostiene que Asturias cuenta con los ingredientes necesarios para convertirse en una comunidad autónoma puntera y explicó que las 83 medidas que viene planteando no constituyen, en sus palabras, «una tómbola de anuncios», sino «la preparación de un proyecto para gobernar, y para hacerlo desde el primer día». Ese paquete había sido presentado por Queipo apenas dos días antes de la visita de Moreno, durante el Debate de Orientación Política celebrado en la Junta General, y está compuesto por 83 medidas distribuidas en veinte ámbitos y articuladas alrededor de tres grandes objetivos: generar más oportunidades, mejorar la gestión y reforzar la asturianía. El planteamiento completo puede consultarse en la información oficial del PP de Asturias sobre la intervención de Álvaro Queipo y sus 83 medidas y en la crónica de Europa Press sobre las 83 medidas para Asturias.
Entre esas propuestas figuran una rebaja fiscal que Queipo plantea como la mayor de la historia autonómica, la movilización de suelo y medidas destinadas a aumentar la oferta de vivienda, el alquiler con opción a compra, actuaciones dirigidas a autónomos y empresas, una auditoría del funcionamiento del Servicio de Salud del Principado de Asturias, cambios para agilizar los expedientes de dependencia y una reorganización de la Administración autonómica. A ellas se añaden propuestas relacionadas con industria y energía, infraestructuras y ferrocarril, campo y ganadería, educación, Formación Profesional, universidad, ciencia e innovación, patrimonio, turismo y relaciones con los ayuntamientos. Queipo plantea también defender los intereses de Asturias ante el Gobierno de España con independencia del partido que gobierne. La información de EFE sobre el programa presentado por Queipo detalla especialmente sus propuestas fiscales, de vivienda, sanidad, dependencia y reorganización administrativa, mientras que la crónica de RTPA sobre el debate entre Barbón y Queipo recoge el enfrentamiento entre ambos dirigentes sobre la fiscalidad y el futuro económico de la comunidad. El presidente del Principado, Adrián Barbón, rechazó durante el debate el diagnóstico y las propuestas del dirigente popular y cuestionó la concreción de su alternativa de gobierno, por lo que las afirmaciones sobre la situación de Asturias y la eficacia de las medidas representan posiciones enfrentadas entre Gobierno y oposición.
La dimensión política de la visita convivió en Llanes con el motivo principal del acto, el reconocimiento a El Patiu mediante un premio que recuerda a Tomás Antuña, médico de familia, antiguo presidente del PP de Llanes y teniente de alcalde del concejo. Moreno lo recordó como «un hombre admirable, ejemplo de cómo servir a los demás» y destacó de El Patiu su «labor diaria de compromiso social y de implicación en situaciones de necesidad» y sus «más de 25 años de cariño y apoyo a los más vulnerables», antes de dirigirse a sus integrantes para afirmar: «Vuestra labor es absolutamente admirable». Queipo evocó las facetas personal, profesional y política de Tomás Antuña —«médico de familia, marido, padre, abuelo, amigo, presidente del Partido Popular de Llanes y teniente de alcalde de este concejo»— y lo definió, «por encima de todo, [como] una buena persona». El dirigente asturiano destacó igualmente que El Patiu trabaja «con niños y adolescentes, con familias, con personas en riesgo de exclusión, con personas sin hogar y con quienes necesitan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral», como recoge la información sobre la entrega del II Premio Tomás Antuña a El Patiu.
Las informaciones adicionales publicadas tras el acto precisan que la entrega se celebró en el Hotel Silken Hacienda de Don Juan y que El Patiu desarrolla su actividad desde hace 27 años. Su presidente, Jesús García, explicó además que uno de sus próximos objetivos es conseguir vivienda estable tutelada para usuarios que quieran abandonar situaciones de sinhogarismo y que su empresa de inserción laboral, transformada actualmente en una empresa de servicios integrales, mantiene contratadas a tres personas en situación de riesgo. Estos aspectos de la actividad de la entidad aparecen desarrollados en la información de COPE Ribadesella sobre El Patiu y el Premio Tomás Antuña.
Antes de la entrega del galardón, Moreno, Queipo y Aurora Aguilar recorrieron también Llanes y mantuvieron un encuentro con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, reconocida en 2026 con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Queipo calificó la distinción como «un reconocimiento merecidísimo a siglos de historia, de trabajo y de compromiso con Llanes y con Asturias». El dirigente asturiano inició además su intervención felicitando al ciclista Benjamín Noval por proclamarse bicampeón mundial júnior de ciclismo tras imponerse en contrarreloj y ruta, resultado que calificó como «un hito histórico para nuestro deporte y un logro que es motivo de orgullo para toda Asturias». El paseo previo por Llanes y el encuentro con la Cofradía aparecen recogidos en esta crónica de la visita de Moreno y Queipo a la villa. De este modo, el acto permitió a Queipo combinar la presentación de su proyecto político con referencias al tejido social, deportivo y cultural asturiano, mientras Moreno concentró buena parte de su discurso en respaldar personalmente al líder autonómico y establecer paralelismos con el cambio de gobierno producido en Andalucía.
La estancia de Moreno continuó este sábado en Avilés, donde volvió a aparecer acompañado por Queipo para grabar un podcast antes de tomar el avión de regreso a Sevilla, según recoge la noticia original sobre el recorrido de Juanma Moreno por Avilés. Allí el contenido de sus declaraciones se alejó de la confrontación política y se centró fundamentalmente en la ciudad y en Asturias. Moreno, que aseguró llevar cerca de quince años sin pasear por Avilés, expresó su sorpresa por su patrimonio y afirmó: «Tenéis uno de los centros históricos más bonitos que hay en España». El presidente andaluz explicó que «cuando uno piensa en Avilés piensa en su industria, que es una referencia, pero cuando ves esta monumentalidad, esta historia, esta ciudad milenaria... Impresiona». Durante el paseo fue saludado por ciudadanos y se detuvo en un establecimiento de alimentación para comprar productos que llevaría a su familia, entre ellos el tradicional mantecado de Avilés. «Me ha encantado», aseguró después de probarlo, antes de bromear sobre sus calorías y señalar que era un dulce que no conocía porque en Andalucía no tienen «nada parecido».
Moreno cerró así su paso por Asturias anunciando su intención de regresar a Avilés antes de que transcurran otros quince años y hacerlo acompañado por su familia. «Volveré antes y la próxima vez quiero hacerlo con mi familia. Me gustaría venir de vacaciones, para disfrutar todos de la gastronomía, de los paisanos y de las historias maravillosas de esta ciudad», manifestó en la información sobre su visita a Avilés. La estancia en la ciudad completó de esta forma una visita a Asturias que había tenido en Llanes un contenido fundamentalmente político: Moreno expresó de manera inequívoca su apoyo a Queipo ante las próximas elecciones autonómicas, mientras que Queipo utilizó la experiencia andaluza como referencia para defender que un cambio de gobierno después de un periodo prolongado de ejecutivos de otro signo es posible, aunque subrayando que Asturias requiere un proyecto adaptado a su propia realidad. El elemento que conecta sus intervenciones es esa idea: Moreno presenta la evolución política de Andalucía desde 2018 como referencia para respaldar el proyecto de Queipo, mientras el presidente del PP asturiano articula su alternativa alrededor de las 83 medidas que acaba de presentar y de tres ejes —oportunidades, gestión y asturianía— con los que pretende construir su propuesta para Asturias.
Álvaro Queipo presentó el 23 de septiembre de 2026 un plan de 83 medidas repartidas en 20 ámbitos, articulado en tres grandes objetivos: generar más oportunidades, gestionar mejor los servicios públicos y reforzar la asturianía. Esto figura tanto en la comunicación oficial del PP de Asturias como en EFE y Europa Press.
Pero hay una salvedad importante: no he localizado publicado un documento que enumere correlativamente las 83 medidas, de la 1 a la 83. La propia información oficial del PP anuncia las 83, pero solo desarrolla una parte. Por eso no sería riguroso fabricar una lista de 83 descomponiendo artificialmente las propuestas. Lo que sí podemos reconstruir con seguridad es el contenido que Queipo hizo público:
- Fiscalidad: plantea la que denomina «mayor rebaja fiscal de la historia» de Asturias, con actuaciones sobre IRPF, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, IAE y fiscalidad vinculada a la compra de vivienda. En concreto, defendió acabar con Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, ampliar bonificaciones a otros supuestos, reducir progresivamente Patrimonio y eliminar el recargo autonómico del IAE.
- Vivienda: aumentar la oferta, movilizar suelo público, impulsar vivienda protegida, reducir impuestos asociados a la adquisición y potenciar el alquiler con opción a compra como vía para acceder a la propiedad. Queipo se opone a la declaración de zonas tensionadas de la Ley de Vivienda estatal, porque sostiene que reduce la oferta y genera inseguridad jurídica.
- Autónomos: impulsar una iniciativa específica de medidas urgentes para autónomos, incluyendo la propuesta de cuota cero autonómica, reducción de trabas burocráticas y acompañamiento desde el inicio de la actividad hasta la consolidación, crecimiento y eventual relevo del negocio.
- Empresas y actividad económica: reorganizar el sistema de promoción empresarial, reducir obstáculos administrativos y generar mejores condiciones para que las empresas inviertan y crezcan en Asturias.
- Industria y energía: actualizar el marco energético industrial con el objetivo declarado de mejorar la competitividad de la industria asturiana.
- Ciencia, investigación e innovación: incrementar el gasto en I+D+i y favorecer un entorno que haga más atractivo investigar e invertir en Asturias.
- Universidad: aprobar una nueva Ley de Universidades de Asturias para ordenar el nuevo escenario universitario, incluida la coexistencia entre la Universidad de Oviedo y nuevos operadores privados, con criterios de calidad, coherencia y complementariedad.
- Campus de El Cristo: acelerar el traslado/desarrollo del Campus de El Cristo, incluido por Queipo dentro de las actuaciones relacionadas con universidad, conocimiento e innovación.
- Infraestructuras: establecer una planificación regional integrada de las comunicaciones, coordinando aeropuerto, puertos, ZALIA y conexiones con la Meseta. Queipo lo resumió señalando que las conexiones deben medirse «en minutos y no solo en kilómetros».
- Carreteras: mejorar el estado de la red viaria asturiana y dar prioridad a las comunicaciones consideradas estratégicas. Queipo aseguró durante el debate que «seis de cada diez carreteras asturianas presentan deterioros graves o muy graves».
- Autovía del Suroccidente: reclamar la culminación de la autovía del Suroccidente, sobre la que Queipo sostuvo que «no caben más demoras para una infraestructura esencial».
- Ferrocarril: elaborar una estrategia ferroviaria propia para Asturias, integrada en la planificación regional de movilidad.
- Lagos de Covadonga: estudiar la viabilidad de construir un tren cremallera para acceder a los Lagos de Covadonga.
- Campo y ganadería: simplificar la actividad administrativa relacionada con las explotaciones y facilitar que quienes viven y trabajan en los pueblos puedan «producir, invertir y gestionar su explotación» con menos obstáculos burocráticos.
- Lobo y fauna salvaje: modificar la política de gestión de la fauna salvaje y de los daños provocados por el lobo. Queipo utilizó durante su intervención las cifras de ataques al ganado para justificar ese cambio de política.
- Montes: impulsar una nueva Ley de Montes para Asturias.
- Ríos y salmón: desarrollar actuaciones destinadas a recuperar los ríos salmoneros asturianos.
- Pesca: reforzar la defensa de la pesca artesanal asturiana.
- Sanidad: realizar una auditoría integral del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para analizar su funcionamiento y las listas de espera. Queipo situó este asunto entre los principales problemas de gestión que pretende abordar.
- Listas de espera sanitarias: adoptar medidas específicas para reducirlas. Queipo afirmó en el debate que existen más de 185.000 asturianos en alguna lista de espera sanitaria; esa cifra forma parte de la argumentación presentada por el PP.
- Dependencia: agilizar los expedientes y reducir sus tiempos de tramitación.
- Resolución única de dependencia: unificar en una sola resolución el reconocimiento del grado de dependencia y la prestación correspondiente, con el objetivo de acortar el procedimiento.
- Residencias: ampliar las plazas residenciales para afrontar las listas de espera existentes.
- Discapacidad: desarrollar respuestas específicas para las personas con discapacidad, dentro de la reforma de los servicios sociales defendida por Queipo.
- Autismo: mejorar la coordinación de la atención a las personas con autismo.
- Protección de menores: potenciar el acogimiento familiar de menores.
- Educación: adoptar medidas para mejorar el rendimiento académico, utilizando Queipo los resultados del informe PISA como argumento para reclamar cambios.
- Elección de centro educativo: implantar el distrito único, que el PP vincula con una mayor libertad de elección de centro por parte de las familias.
- Profesorado: aplicar la Ley de Autoridad del Profesorado y adoptar medidas para dar estabilidad a los docentes que ocupan plazas de difícil cobertura.
- Formación Profesional: potenciar la FP Dual, aumentando la vinculación entre formación y empresas.
- Administración autonómica: revisar los organismos existentes para determinar si siguen siendo necesarios y si sus funciones están correctamente definidas.
- Estructura del Gobierno: reorganizar la Administración y mejorar la coordinación entre consejerías.
- Burocracia: simplificar procedimientos administrativos y reducir cargas, especialmente las que afectan a autónomos y empresas.
- Ayuntamientos: mejorar la relación del Principado con los municipios y reforzar el Fondo de Cooperación Municipal.
- Residuos: elaborar/actualizar el Plan Integral de Residuos de Asturias, cuya ausencia en 2026 criticó Queipo.
- Valorización energética: estudiar la valorización energética del combustible sólido recuperado (CSR) dentro de la política de residuos.
- Patrimonio: aprobar un plan plurianual de conservación del patrimonio asturiano.
- Cultura y tradiciones: proteger y promocionar el patrimonio, la cultura y las tradiciones asturianas, integrado en el tercer gran eje que Queipo denomina «asturianía».
- Deporte: fomentar la práctica deportiva dentro de las políticas de promoción social y territorial.
- Turismo: impulsar la desestacionalización turística, buscando actividad fuera de los meses de mayor afluencia.
- Asturianos en el exterior: «mantener vivo el vínculo con los asturianos que están fuera», incorporando la diáspora asturiana al eje de «asturianía».
- Defensa de los intereses de Asturias: mantener, según Queipo, una posición firme ante el Gobierno de España independientemente del partido que gobierne en Madrid. Su formulación fue: «Defender Asturias significa hacerlo siempre, por encima de cualquier interés personal o partidista».
Por tanto, estas son las propuestas concretas que si he podido verificar públicamente dentro del paquete anunciado de 83 medidas. No equivalen todavía a una transcripción completa de las 83, porque las fuentes consultadas —incluida la comunicación oficial del PP— no publican en abierto una relación numerada 1–83. La fuente oficial puede consultarse aquí: PP de Asturias — intervención y plan presentado por Álvaro Queipo.
Las 83 medidas propuestas por Queipo, algunas de las cuales requerirían posteriormente leyes, presupuestos, decisiones administrativas o actuaciones del Gobierno para aplicarse.
Las propuestas que Álvaro Queipo está planteando para Asturias permiten identificar un modelo político bastante definido en algunos ámbitos y mucho menos cerrado en otros. Su programa conocido combina rebajas fiscales, apoyo a autónomos y empresas, simplificación administrativa, aumento de la oferta de vivienda, reorganización de la Administración y reformas en sanidad, dependencia y educación, junto con políticas específicamente asturianas sobre industria, energía, ganadería, lobo, pesca, montes, patrimonio, infraestructuras o comunicaciones. Para valorar qué podrían significar estas medidas para los asturianos resulta especialmente útil compararlas con comunidades en las que el Partido Popular ya gobierna, principalmente Andalucía bajo la presidencia de Juanma Moreno, porque algunas de las propuestas de Queipo coinciden de manera directa con políticas que allí ya se encuentran implantadas. La comparación, sin embargo, tiene límites: que dos gobiernos adopten medidas semejantes no permite atribuir automáticamente a esas medidas toda la evolución económica o social de una comunidad, porque sobre empleo, crecimiento, vivienda o servicios públicos intervienen también la coyuntura nacional e internacional, la estructura productiva, la población, los fondos europeos, las políticas estatales y otras muchas variables.
La coincidencia más evidente se encuentra en la fiscalidad. Queipo propone para Asturias la que denomina «mayor rebaja fiscal de la historia», actuando sobre IRPF, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, IAE y fiscalidad relacionada con la vivienda. En este terreno el paralelismo con el Gobierno de Juanma Moreno es claro. Andalucía aplica actualmente una bonificación del 99 % en la cuota del Impuesto sobre Donaciones para los grupos I y II de parentesco, es decir, fundamentalmente cónyuges, ascendientes y descendientes, según puede comprobarse en la información tributaria de la Junta de Andalucía. En Patrimonio, Andalucía introdujo en 2022 una bonificación autonómica del 100 % de la cuota, aunque la posterior creación estatal del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas obligó a modificar técnicamente el sistema. La propia Junta de Andalucía explica la tributación actual del Impuesto sobre el Patrimonio y las adaptaciones realizadas mientras permanezca vigente el impuesto estatal.
Por tanto, la orientación fiscal de Queipo tiene un precedente directo en la política desarrollada por Moreno en Andalucía. No es, además, una característica exclusivamente andaluza dentro del PP. La Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 99 % en Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges y parejas de hecho, y desde julio de 2025 elevó al 50 % la bonificación para determinados familiares del grupo III, como recoge la información tributaria oficial de la Comunidad de Madrid. Castilla y León también aplica una bonificación del 99 % de la cuota de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, mientras que Galicia estableció para determinados herederos directos una reducción de hasta un millón de euros en Sucesiones. Esto permite afirmar que Queipo se sitúa en una línea fiscal reconocible dentro de los gobiernos autonómicos del PP: reducción de la tributación autonómica sobre renta y patrimonio y, especialmente, disminución muy intensa de Sucesiones y Donaciones entre familiares.
¿Qué supondría esto para un ciudadano asturiano? Aquí es necesario diferenciar. Quienes actualmente pagan los impuestos que Queipo pretende reducir obtendrían un ahorro fiscal directo si las rebajas finalmente se aprueban en los términos anunciados. El efecto sería especialmente perceptible para contribuyentes afectados por Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, determinados tramos autonómicos del IRPF o los impuestos relacionados con operaciones inmobiliarias. Pero no puede afirmarse todavía cuánto ahorraría «un asturiano medio», porque Queipo no ha publicado una memoria fiscal completa con nuevos tipos, tramos, mínimos, bonificaciones, número de beneficiarios y pérdida o aumento esperado de recaudación. Tampoco puede asegurarse que una reducción tributaria vaya a financiarse automáticamente mediante mayor crecimiento económico. Para evaluar completamente la propuesta falta conocer su coste recaudatorio y cómo se compensaría presupuestariamente, especialmente si simultáneamente se pretende incrementar o mejorar determinadas prestaciones públicas.
El segundo paralelismo muy claro con Andalucía aparece en los autónomos. Queipo propone una «cuota cero» autonómica, reducción de burocracia y acompañamiento durante el nacimiento y consolidación de los negocios. Andalucía ya aplica una medida prácticamente equivalente. La Junta mantiene una línea denominada precisamente «Cuota Cero», mediante la cual reintegra las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante el primer año de actividad a los nuevos trabajadores autónomos que cumplen los requisitos. En 2026 esta ayuda puede combinarse con incentivos al inicio de actividad de entre 3.800 y 5.500 euros, alcanzándose, según la Junta, hasta 6.500 euros de apoyo durante los primeros años. Puede consultarse directamente en la información oficial de la Junta de Andalucía sobre la Cuota Cero para autónomos. En este punto, por tanto, Queipo no propone una experiencia desconocida, sino trasladar a Asturias un instrumento que ya funciona en Andalucía. Para un nuevo autónomo asturiano que cumpliera las condiciones, la consecuencia inmediata sería una reducción del coste inicial de comenzar una actividad. Lo que no puede deducirse todavía es cuántos nuevos negocios adicionales generaría la medida ni su supervivencia a medio plazo, porque eso dependerá del diseño de las ayudas y de factores económicos que van mucho más allá de la cuota durante el primer año.
En vivienda vuelve a existir una coincidencia relevante. Queipo plantea movilizar suelo público, incrementar vivienda protegida, reducir determinados impuestos vinculados a la adquisición y desarrollar el alquiler con opción a compra como mecanismo de acceso a la propiedad. Andalucía contempla expresamente este instrumento. La normativa andaluza permite adjudicar vivienda protegida en propiedad, alquiler y alquiler con opción a compra, y la Ley de Vivienda de Andalucía de 2025 regula expresamente esta modalidad. Puede comprobarse en la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y en la información de la Junta sobre vivienda protegida en alquiler. Para Asturias, una ampliación efectiva del parque protegido y de la oferta de suelo sí incrementaría la oferta disponible, pero de la propuesta conocida de Queipo no puede calcularse todavía cuántas viviendas adicionales se construirían, en qué municipios, a qué precio, en qué plazo ni qué volumen presupuestario requerirían. Sin esos datos no es posible cuantificar su impacto sobre los precios del alquiler o de compraventa.
Ahora bien, las propuestas de Queipo sobre vivienda también pueden contrastarse con la gestión realizada allí donde su propio partido ya participa en gobiernos municipales asturianos, y ese contraste introduce interrogantes sobre la distancia entre los anuncios y su ejecución. Llanes constituye un ejemplo especialmente significativo: el PP forma parte del gobierno municipal desde 2015 y actualmente su concejal Juan Carlos Armas que lleva como concejal desde el año 2015 en el gobierno muncipal mantiene delegadas competencias de Urbanismo y Patrimonio, como acredita el propio Boletín Oficial del Principado de Asturias. Tras más de once años desde aquel cambio de gobierno, el concejo continúa sin disponer de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana definitivamente aprobado: el propio Ayuntamiento seguía anunciando en septiembre de 2026 la convocatoria de la comisión informativa para llevar a aprobación inicial el nuevo PGOU, como puede comprobarse en la información oficial del Ayuntamiento de Llanes sobre el Plan General. Tampoco he localizado constancia documental de nuevas viviendas públicas promovidas y construidas por el Ayuntamiento de Llanes que hayan culminado durante ese periodo con la entrega de llaves a sus adjudicatarios; esta formulación es más rigurosa que afirmar categóricamente que no se ha entregado ninguna sin disponer de un registro municipal exhaustivo. El caso de Llanes resulta, por ello, pertinente cuando Queipo propone ahora para toda Asturias movilizar suelo y aumentar la vivienda protegida: la experiencia de un municipio en el que su partido lleva más de una década con responsabilidades de gobierno y urbanismo muestra, como mínimo, las dificultades existentes para convertir esos objetivos políticos en planeamiento aprobado y nuevas viviendas efectivamente disponibles.
Gijón proporciona un segundo contraste, aunque con circunstancias y responsabilidades diferentes. Desde 2023 gobierna una coalición de Foro Asturias (la derecha extrema hermana) y PP encabezada por Carmen Moriyón; el propio PP calificó el acuerdo como un pacto para conformar el gobierno municipal, integrado inicialmente por cinco concejales de Foro y tres populares. Puede consultarse el acuerdo de gobierno publicado por el PP de Gijón. En vivienda pública, el actual gobierno anunció en 2025 el Plan Llave, inicialmente planteado para 500 viviendas, pero su primera fase de 120 viviendas sufrió un importante revés cuando la licitación quedó desierta y, a septiembre de 2026, esas viviendas todavía no habían comenzado a construirse, según la información publicada sobre la evolución del programa. Esto no significa que el Ayuntamiento haya abandonado la iniciativa: el 17 de septiembre de 2026 dio luz verde a una segunda fase de 180 viviendas públicas de alquiler asequible en Nuevo Gijón, cuya licitación se anunciaba para las semanas siguientes, como recoge Europa Press sobre la segunda fase del Plan Llave. Es decir, hay proyectos municipales de vivienda pública en marcha, pero las promociones nuevas anunciadas por el actual gobierno todavía no se habían traducido, a septiembre de 2026, en viviendas terminadas y entregadas a sus futuros residentes. Al mismo tiempo, sí han continuado avanzando desarrollos residenciales de iniciativa privada en La Providencia: la documentación oficial del Plan General identifica expresamente como «iniciativa privada» actuaciones en este ámbito y recoge aprobaciones administrativas producidas durante el actual mandato. Puede consultarse directamente en la documentación urbanística del Ayuntamiento de Gijón sobre Providencia.
Este contraste municipal no demuestra por sí solo que las propuestas autonómicas de Queipo vayan a obtener los mismos resultados, porque el Principado dispone de competencias, presupuesto y capacidad de actuación distintos de los de un ayuntamiento y porque en Llanes y Gijón las responsabilidades gubernamentales son compartidas con otras formaciones. Pero sí aporta un antecedente relevante para valorar su discurso: anunciar suelo, vivienda protegida o nuevas fórmulas de acceso a la vivienda es mucho más inmediato que completar el planeamiento, financiar las promociones, licitarlas, construirlas y entregar finalmente las llaves. Llanes llega a 2026 todavía intentando llevar su nuevo PGOU a aprobación inicial después de más de una década del actual ciclo de gobierno municipal, mientras que en Gijón el Plan Llave anunciado por el gobierno de Foro y PP todavía no se había materializado en viviendas nuevas terminadas y entregadas, aunque mantiene promociones proyectadas y nuevas licitaciones en preparación. Son resultados comprobables que deben incorporarse al análisis de la credibilidad y, sobre todo, de la capacidad de ejecución de las propuestas de vivienda que Queipo plantea ahora para el conjunto de Asturias: el programa autonómico puede ser más ambicioso y disponer de instrumentos diferentes, pero su valoración futura deberá hacerse por viviendas construidas, plazos cumplidos y llaves entregadas, no únicamente por el número de medidas anunciadas. El precedente del partido de Queipo no augura nada bueno para los asturianos si vemos que hacen donde gobiernan como Llanes y Gijon
Donde la comparación con Andalucía exige bastante más cautela es en sanidad. Queipo propone realizar una auditoría integral del Sespa y adoptar medidas contra las listas de espera, utilizando como argumento la existencia de más de 185.000 asturianos en alguna lista sanitaria. Pero el hecho de que Moreno sea presentado políticamente como referencia no significa que los resultados sanitarios andaluces puedan utilizarse como demostración de que el mismo modelo produciría mejores listas de espera en Asturias. Los últimos datos homogéneos publicados por el Ministerio de Sanidad permiten una comparación especialmente significativa: a 31 de diciembre de 2025, el tiempo medio para una primera consulta especializada era de 136 días en Andalucía y 103 días en Asturias. En cirugía no urgente, la diferencia era aún mayor: 173 días de espera media en Andalucía frente a 91 en Asturias. Puede comprobarse directamente en las estadísticas del Ministerio de Sanidad sobre primeras consultas e intervenciones quirúrgicas y tiempos de espera.
A esta diferencia en las listas de espera se suma otra especialmente relevante cuando se analiza el esfuerzo financiero de ambos sistemas. El último dato de gasto sanitario público efectivamente ejecutado y comparable entre comunidades publicado por el Ministerio de Sanidad corresponde a 2024: Andalucía destinó 1.658 euros por habitante, mientras que Asturias alcanzó 2.322 euros por habitante, es decir, 664 euros más por persona en Asturias, aproximadamente un 40 % más que Andalucía. Andalucía fue, de hecho, la comunidad autónoma con menor gasto sanitario público por habitante en esa estadística. Estos datos pueden comprobarse directamente en la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, que contabiliza 14.337 millones de euros de gasto autonómico en Andalucía y 2.347 millones en Asturias. Para 2025, la Junta de Andalucía presupuestó 1.765 euros por habitante, un 4,1 % más que los 1.695 presupuestados para 2024, según la propia Junta de Andalucía; esta cifra debe identificarse como presupuesto y no confundirse con gasto finalmente ejecutado. Por tanto, la comparación homogénea de gasto real disponible continúa mostrando una diferencia muy considerable a favor de Asturias: 2.322 frente a 1.658 euros por habitante en 2024.
También es necesario precisar qué entendemos por «privatización sanitaria», porque no existe un porcentaje oficial único que permita afirmar que una comunidad tiene, por ejemplo, un determinado porcentaje de su sanidad «privatizada». El indicador oficial más objetivo para comparar la utilización de proveedores externos es el porcentaje del gasto sanitario público destinado a conciertos. En la última tabla homogénea del Ministerio actualmente accesible para este indicador, correspondiente a 2023, Andalucía destinaba a conciertos el 4,2% de su gasto sanitario público y Asturias el 6,2%, frente al 8,5% de media nacional. Por tanto, si se utiliza exclusivamente el porcentaje de conciertos, Asturias aparece por encima de Andalucía, y sería incorrecto afirmar lo contrario. Sin embargo, tampoco debe confundirse automáticamente «concierto»: en Asturias una parte importante corresponde a entidades integradas en la red concertada y sin ánimo de lucro. De hecho, el Gobierno asturiano informó en mayo de 2026 de que el gasto destinado específicamente a actividad privada en 2025 fue de 11,3 millones de euros, equivalente al 0,46 % de un presupuesto sanitario total de 2.435 millones, mientras que la red concertada —integrada, según el Principado, por entidades sin ánimo de lucro— representaba otro 4,2 % del presupuesto del Sespa.
En Andalucía existe asimismo una utilización relevante de medios externos, pero nuevamente hay que distinguir las magnitudes. Los presupuestos de 2025 consignaron 685,18 millones de euros para servicios asistenciales con medios ajenos, cantidad que incluye no solamente conciertos con hospitales privados, sino también transporte sanitario, diálisis, pruebas diagnósticas, oxigenoterapia y otras prestaciones. Dentro de esa cantidad, 285,8 millones correspondían específicamente a conciertos con instituciones privadas. Por ello tampoco sería riguroso dividir simplemente los 685 millones entre el presupuesto sanitario total y denominar el resultado «porcentaje de privatización». La comparación correcta exige identificar exactamente qué partidas se están midiendo.
Existe, por otra parte, un Índice de Privatización Sanitaria elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), pero debe presentarse como lo que es: un índice construido por esa organización a partir de diferentes indicadores, no un porcentaje oficial de sanidad privatizada. En su edición de 2025 otorgó 23 puntos a Andalucía y 18 a Asturias, frente a una media autonómica de 21 puntos. Según esa metodología, Andalucía presenta una mayor presencia relativa de elementos asociados a privatización que Asturias, aunque esos 23 y 18 puntos no significan que el 23% de la sanidad andaluza y el 18% de la asturiana estén privatizadas. Son puntuaciones de un índice compuesto y no porcentajes del sistema sanitario.
La comparación conjunta ofrece así una imagen bastante más precisa que hablar genéricamente de «privatización». Asturias realiza un gasto sanitario público por habitante considerablemente superior al andaluz —2.322 frente a 1.658 euros en el último ejercicio ejecutado comparable— y presenta tiempos medios de espera menores tanto en consultas especializadas como en cirugía, mientras que en el indicador oficial de gasto destinado a conciertos Asturias registra un porcentaje superior al andaluz. Al mismo tiempo, cuando se utiliza un índice compuesto que incorpora más variables además de los conciertos, como el elaborado por la FADSP, Andalucía obtiene una puntuación de privatización superior a Asturias. Estos datos no permiten por sí solos establecer que una determinada orientación política sea la causa de las diferencias, pero sí impiden utilizar Andalucía como demostración empírica de que el modelo sanitario que Queipo toma como referencia produciría automáticamente mejores resultados en Asturias: en gasto público por habitante y tiempos de espera, los últimos datos comparables disponibles muestran actualmente mejores cifras en Asturias.
Este dato obliga a introducir un matiz importante en cualquier comparación rigurosa. El precedente andaluz puede utilizarse para identificar políticas que Queipo pretende trasladar a Asturias, pero no para concluir que el conjunto de los servicios públicos andaluces obtiene mejores resultados. En sanidad, los indicadores comparables disponibles muestran actualmente tiempos de espera superiores en Andalucía. Además, los datos de gasto sanitario público correspondientes a 2024 publicados por el Ministerio de Sanidad situaron a Andalucía como la comunidad con menor gasto sanitario público por habitante, existiendo una diferencia de 674 euros por habitante respecto a la comunidad con mayor gasto, País Vasco. Esto tampoco demuestra por sí solo una relación causal entre gasto y listas de espera, pero sí significa que no sería riguroso presentar el modelo sanitario andaluz como evidencia de que una eventual política de Queipo reduciría automáticamente las esperas asturianas. Para saberlo habría que conocer el plan sanitario concreto, el incremento o redistribución presupuestaria, las plantillas, las inversiones y las medidas de gestión que acompañarían a la auditoría del Sespa.
En dependencia, la experiencia andaluza ofrece un resultado diferente. Queipo propone agilizar expedientes, reunir en una única resolución el reconocimiento del grado y de la prestación, ampliar plazas residenciales y mejorar la atención a discapacidad y autismo. Andalucía ha aplicado reformas destinadas precisamente a simplificar y acelerar el sistema y, según los datos publicados por la Junta en julio de 2026, alcanzó 355.624 beneficiarios y 558.741 prestaciones, con un incremento del 67,5 % en personas atendidas respecto a 2018. Sin embargo, el tiempo de espera seguía siendo de 435 días en junio de 2026, aunque la Junta señala que es el menor registrado en la comunidad en quince años. Estos datos pueden consultarse en la información oficial de la Junta de Andalucía sobre dependencia. La conclusión que permiten los datos es limitada pero relevante: simplificar procedimientos puede coexistir con un incremento sustancial del número de beneficiarios, pero no elimina necesariamente tiempos de espera elevados. Por tanto, para Asturias habría que conocer recursos humanos, plazas, presupuesto y calendario además del cambio administrativo propuesto.
En educación y Formación Profesional, Queipo propone distrito único, aplicación de la Ley de Autoridad del Profesorado, estabilidad para docentes en plazas difíciles de cubrir y potenciación de la FP Dual. Andalucía cuenta desde hace años con Formación Profesional Dual, combinando enseñanza en centros educativos y formación dentro de empresas. La información oficial sobre FP Dual de la Junta de Andalucía explica este funcionamiento. Aquí, además, hay que evitar atribuir toda la política al PP: la FP Dual andaluza es anterior al Gobierno de Moreno, pues ya estaba regulada mediante órdenes de 2017 y 2018. Esto demuestra por qué no basta con encontrar una medida existente en una comunidad gobernada por el PP para atribuírsela automáticamente a ese gobierno.
Algo parecido sucede con otras propuestas de Queipo. La política industrial y energética, el incremento de I+D+i, la estrategia ferroviaria, la autovía del Suroccidente, el Campus de El Cristo, la gestión del lobo, la recuperación de ríos salmoneros, la pesca artesanal o un posible tren cremallera a los Lagos de Covadonga responden a circunstancias específicamente asturianas y no pueden evaluarse seriamente trasladando resultados de Andalucía, Madrid o Galicia. En estos asuntos la comparación territorial debe hacerse proyecto por proyecto. Un tren a los Lagos, por ejemplo, requeriría estudios de demanda, impacto ambiental, coste de construcción, explotación y alternativas de movilidad antes de poder determinar si resulta económica y ambientalmente conveniente. Lo mismo ocurre con la estrategia ferroviaria o la política energética industrial: sin proyectos técnicos, costes y calendarios, actualmente pueden analizarse como objetivos políticos, pero no calcularse sus efectos reales.
En materia económica general también hay que evitar una conclusión demasiado sencilla del tipo «Andalucía aplicó estas políticas y por eso creció». Los últimos datos definitivos del INE muestran que Andalucía creció en volumen un 3,4 % en 2024, mientras Asturias creció un 3,1 % y España un 3,5 %. Andalucía tiene además una economía de enorme tamaño: a comienzos de 2025 concentraba aproximadamente el 16,3 % de las empresas económicamente activas de España, siendo la segunda comunidad por número absoluto después de Cataluña. Asturias contaba con 57.856 empresas activas. Sin embargo, el propio INE advierte de una ruptura metodológica en el DIRCE desde 2022, por lo que no es correcto construir una comparación directa 2018-2025 de empresas sin ajustar la serie.
También resulta especialmente ilustrativo el PIB por habitante, porque impide confundir crecimiento reciente con nivel de riqueza. En 2024, el PIB por habitante alcanzó 29.660 euros en Asturias frente a 24.542 euros en Andalucía, mientras la media española era de 32.633 euros. Es decir, Andalucía puede mostrar determinados avances económicos desde 2018 y, simultáneamente, continuar teniendo un PIB por habitante sustancialmente inferior al asturiano y al promedio español. Una cosa no contradice la otra. Por eso tampoco sería correcto afirmar que aplicar en Asturias el modelo fiscal andaluz conduciría necesariamente a una convergencia económica determinada.
La propuesta de reorganizar la Administración, revisar organismos públicos, coordinar mejor las consejerías y reducir burocracia merece una consideración semejante. Si se eliminan trámites redundantes, se digitalizan procedimientos o se acortan plazos administrativos, ciudadanos y empresas obtendrían un beneficio tangible en tiempo y costes administrativos. Pero «reducir burocracia» no constituye por sí mismo una medida cuantificable. Para evaluar su alcance habría que conocer qué organismos pretende Queipo reformar o eliminar, qué procedimientos cambiarían, cuánto personal y presupuesto se verían afectados y cuáles serían los objetivos medibles de reducción de plazos y el impacto que tendrían sobre los asturianos.
El análisis conjunto permite, por tanto, dibujar con bastante precisión qué partes del proyecto de Queipo representan una traslación o adaptación del modelo aplicado por otros gobiernos autonómicos del PP. Las coincidencias más sólidas aparecen en fiscalidad, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, apoyo inicial a autónomos, simplificación administrativa, políticas favorables a la actividad empresarial y determinadas fórmulas de vivienda protegida. Andalucía es el precedente más próximo al discurso utilizado por Queipo y Moreno, pero Madrid y Castilla y León confirman que una parte significativa de esa política fiscal pertenece a una orientación más amplia de los gobiernos autonómicos populares.
Para los asturianos, los efectos directos más previsibles son precisamente aquellos que dependen menos de hipótesis económicas: quienes quedasen incluidos en las rebajas fiscales pagarían menos impuestos; determinados nuevos autónomos podrían recuperar sus cuotas si se implanta una cuota cero semejante a la andaluza; las familias dispondrían de nuevas fórmulas de acceso a vivienda protegida si efectivamente se construye o moviliza el parque anunciado; y determinados procedimientos administrativos o de dependencia podrían acortarse si las reformas organizativas funcionan. En cambio, no puede afirmarse todavía que esas medidas vayan a provocar por sí mismas más crecimiento, más empresas, mayor población, mejores salarios o mejores servicios públicos, porque esos resultados dependen de numerosas variables y porque falta conocer el coste presupuestario y el diseño definitivo de buena parte de las 83 propuestas que Queipo no ha desglosado a los asturianos.
Hay además una cuestión fundamental que deberá aclararse cuando Queipo concrete su programa de gobierno: la compatibilidad presupuestaria entre reducir determinados ingresos tributarios y, simultáneamente, mejorar sanidad, dependencia, educación, infraestructuras, vivienda, I+D+i y otros servicios que requieren recursos públicos. Esto no significa que ambas cosas sean necesariamente incompatibles. Un gobierno puede reducir unos impuestos y aumentar otros ingresos mediante crecimiento, transferencias, fondos estatales o europeos, reasignación del gasto, endeudamiento o eliminación de partidas. Pero sin una memoria económica del programa no es posible determinar cuál sería el equilibrio elegido por Queipo ni su efecto sobre las cuentas del Principado.
Ese es precisamente el principal límite del análisis actual. Las propuestas permiten conocer con bastante claridad la dirección política que Queipo plantea para Asturias, pero todavía no constituyen un programa presupuestario suficientemente detallado para calcular su resultado económico neto. La experiencia de Andalucía demuestra que varias de las medidas fiscales, de autónomos y de vivienda que propone son administrativamente realizables porque ya existen allí; también demuestra que su aplicación puede coexistir con mejoras en determinados indicadores y con problemas persistentes en otros. Los datos sanitarios son el ejemplo más evidente: pese a las reformas desarrolladas durante los gobiernos de Moreno, Andalucía presentaba a finales de 2025 esperas medias superiores a Asturias tanto para cirugía como para primeras consultas.
Por ello, la conclusión rigurosa no es que trasladar el «modelo andaluz» vaya a producir en Asturias los mismos resultados, ni positivos ni negativos. Lo que sí puede afirmarse es que una parte relevante del proyecto de Queipo —especialmente rebajas fiscales, bonificación de Sucesiones y Donaciones, reducción de Patrimonio, cuota cero para autónomos, simplificación administrativa y algunas políticas de vivienda— tiene precedentes reales en comunidades gobernadas por el PP y, particularmente, en Andalucía. Sus efectos inmediatos sobre los beneficiarios son identificables; sus efectos macroeconómicos y sobre la calidad global de los servicios públicos no pueden darse por demostrados antes de conocer la financiación, intensidad y ejecución de las medidas. En otras áreas —sanidad, dependencia, educación, industria, energía, infraestructuras o medio rural— el resultado dependerá mucho más de los recursos y de las decisiones concretas que acompañen a los enunciados generales.
En definitiva, el elemento que falta para pasar de analizar las intenciones de Queipo a poder calcular qué supondrían económicamente para cada asturiano es una memoria presupuestaria completa: cuánto dejaría de ingresar el Principado por las rebajas fiscales, cuánto costarían la cuota cero y las nuevas políticas de vivienda, sanidad, dependencia, educación e infraestructuras, qué partidas se incrementarían o reducirían y qué calendario tendría cada actuación. Hasta que esos datos existan, es posible contrastar las propuestas con experiencias reales como la de Andalucía, pero no atribuirles resultados que todavía no están demostrados.
Las declaraciones de Álvaro Queipo presentando la experiencia de Juanma Moreno en Andalucía como una referencia para el cambio que propone en Asturias obligan a ampliar la comparación más allá de las rebajas fiscales, la cuota cero para autónomos o determinadas políticas de vivienda. Si el modelo andaluz se utiliza como precedente, también resulta necesario examinar qué ha ocurrido con los servicios públicos durante los gobiernos de Moreno, cuáles son sus resultados objetivos y qué problemas se han producido durante su gestión. El análisis ofrece una realidad más compleja que la mera comparación presupuestaria: el Gobierno andaluz ha aumentado en términos absolutos el presupuesto destinado a servicios como la sanidad y ha alcanzado mejoras en determinados indicadores educativos, pero simultáneamente mantiene un gasto sanitario público por habitante inferior a la media española, ratios de profesionales sanitarios inferiores a las asturianas, importantes listas de espera y una grave crisis en el programa de detección precoz del cáncer de mama, además de conflictos recurrentes con profesionales sanitarios y trabajadores del dispositivo contra incendios.
El caso más grave y mejor documentado se produjo precisamente en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Andalucía. No se trata únicamente de una denuncia de la oposición política. La propia Junta reconoció que 2.317 mujeres con mamografías que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3 no habían sido informadas proactivamente y habían sufrido una demora superior al tiempo recomendado para su revisión radiológica. En noviembre de 2025, después de estallar públicamente la crisis, la Administración comunicó que ya se habían realizado las pruebas indicadas a 2.100 de ellas y quedaban 217 pendientes. Casi el 90 % de los casos se concentraba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La información puede comprobarse en la comunicación de la propia Junta de Andalucía sobre las 2.317 mujeres afectadas y el plan de seguimiento.
La dimensión del problema trascendió además al propio Gobierno andaluz. El Defensor del Pueblo Andaluz abrió una investigación de oficio y posteriormente concluyó que existieron deficiencias reconocidas en el funcionamiento del programa, particularmente en la comunicación de resultados y en la respuesta asistencial posterior a determinados hallazgos. Su investigación recogió que, aunque inicialmente la Administración circunscribió las deficiencias al Hospital Virgen del Rocío, las quejas y testimonios recibidos mostraban disfunciones de diferente entidad en al menos seis hospitales públicos de cinco provincias andaluzas, lo que llevó al Defensor a considerar necesaria una lectura estructural del problema. Esta documentación institucional puede consultarse directamente en la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. La crisis tuvo además consecuencias políticas: la consejera de Salud, Rocío Hernández, dimitió en octubre de 2025, y Moreno anunció posteriormente nuevas medidas y refuerzos presupuestarios para intentar corregir las deficiencias detectadas.
El episodio de las mamografías resulta especialmente importante para analizar qué significa utilizar Andalucía como referencia sanitaria porque no estamos ante una proyección hipotética, sino ante deficiencias reconocidas institucionalmente en un programa preventivo esencial. El Defensor del Pueblo ha identificado problemas relacionados con diseño, aplicación, comunicación, seguimiento y respuesta asistencial, y ha reclamado mejoras en la gestión del programa… Este es el espejo en el que se mira Queipo. Por tanto, lo demostrable es el fallo asistencial y organizativo y sus consecuencias sobre miles de mujeres.
Los problemas sanitarios andaluces tampoco se limitan a este episodio. Los últimos datos homogéneos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2025, sitúan la espera media para una primera consulta especializada en 136 días en Andalucía frente a 103 días en Asturias, mientras que para una intervención quirúrgica no urgente eran 173 días en Andalucía y 91 en Asturias. A ello se añade una diferencia estructural de recursos. El Ministerio contabiliza aproximadamente 3,3 médicos del Sistema Nacional de Salud por cada mil habitantes en Andalucía, frente a 4,2 en Asturias, y alrededor de 4,1 profesionales de enfermería por mil habitantes en Andalucía frente a 5,8 en Asturias. Es decir, Asturias dispone proporcionalmente de más médicos y enfermeras en su sistema sanitario público que Andalucía. Estos últimos datos son importantes porque impiden afirmar que el Gobierno de Moreno haya reducido nominalmente año tras año el presupuesto sanitario: el presupuesto ha aumentado considerablemente desde 2018; el problema es que, pese a ese crecimiento, Andalucía continúa presentando un gasto público por habitante comparativamente bajo y mantiene problemas importantes de acceso y demora asistencial.
Esta situación ha convivido con conflictos recurrentes con los profesionales sanitarios. En mayo de 2026, CSIF —primera fuerza sindical multiprofesional de la Mesa Sectorial del SAS— afirmaba que la Atención Primaria continuaba «en jaque» tres años después de la firma del pacto destinado a mejorarla y denunciaba problemas de cobertura de bajas y permisos, además de reclamar mejores condiciones laborales y retributivas. En el verano de 2026, la Junta anunció 41.639 contrataciones para cubrir vacaciones, un 14 % más que en 2025, destinando inicialmente más de 168 millones de euros. Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT calificaron el plan de insuficiente y señalaron que únicamente alrededor del 25 % de los centros de Atención Primaria abrirían por las tardes durante el verano. El Sindicato Médico Andaluz también criticó la planificación de las sustituciones. Estas afirmaciones deben presentarse como denuncias sindicales, no como hechos establecidos por una auditoría independiente, pero documentan un conflicto real entre la Administración sanitaria y organizaciones representativas de sus trabajadores.
También aquí hay que diferenciar responsabilidades. La huelga de médicos de enero de 2026, que provocó la cancelación de 15.481 citas en Andalucía, estuvo motivada por el rechazo de los convocantes a la propuesta de Estatuto Marco del Gobierno central, no por una decisión del Ejecutivo de Moreno. Utilizar esas cancelaciones como prueba de un conflicto provocado por la Junta sería, por tanto, incorrecto. Sí son directamente relevantes para evaluar la gestión autonómica las denuncias relacionadas con plantillas, sustituciones, organización de la Atención Primaria, contratación estival y condiciones de trabajo dentro del SAS.
La situación de la educación pública requiere igualmente una valoración más matizada que la simple afirmación de que se ha deteriorado durante el Gobierno de Moreno. Existen conflictos sobre ratios, plantillas, condiciones laborales y distribución de recursos. En 2025, Andalucía redujo el abandono escolar temprano hasta el 14,5 %, el mínimo histórico de la comunidad, frente al 12,8 % de media española. Desde 2019 la tasa andaluza había descendido 7,1 puntos. Por tanto, aunque Andalucía continuaba por encima de la media nacional, no sería correcto presentar la evolución educativa durante estos años exclusivamente como un deterioro.
También se produjo en 2025 un acuerdo entre la Junta y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT para mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado. El acuerdo contempla reducir progresivamente a 22 alumnos la ratio máxima en Educación Infantil, reforzar plantillas y sumar 6.528 cupos docentes durante su vigencia, incluidos 2.528 correspondientes a un plan de choque para el curso 2025-2026. Esto tampoco elimina las críticas existentes al sistema educativo andaluz, pero constituye una actuación concreta que debe incorporarse para que la comparación con Asturias sea completa.
Otro ámbito que merece atención es el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales INFOCA. Durante 2025 se produjeron protestas de trabajadores y organizaciones sindicales en diferentes provincias. CGT, Movimiento INFOCA, CSIF, CCOO y UGT participaron en movilizaciones o denuncias relacionadas con condiciones laborales, seguridad, falta de personal y estado de determinados medios materiales. Es legítimo incorporar esos conflictos al balance de gestión porque afectan a un servicio público esencial. Según el balance oficial de la Junta, el INFOCA intervino durante el periodo de alto riesgo en 876 incendios forestales, 140 actuaciones más que la media del decenio, y ardieron 6.327 hectáreas. A pesar del elevado número de igniciones, casi el 80 % de los incendios quedó reducido a conatos de menos de una hectárea, un resultado que apunta a una elevada capacidad de respuesta del dispositivo de extinción.
Por tanto, en materia de incendios conviven dos realidades que no deben confundirse: existieron conflictos laborales y denuncias sindicales sobre las condiciones en las que trabajaban los profesionales del INFOCA, pero los datos oficiales de 2025 no permiten caracterizar el resultado operativo de la campaña como un fracaso general del sistema. Para evaluar la política forestal del Gobierno de Moreno habría que analizar además prevención, limpieza y gestión del monte, inversión, plantillas, renovación de vehículos, superficie quemada durante varios ejercicios y condiciones meteorológicas, y no únicamente el número bruto de incendios de un año.
Todo ello permite realizar una comparación más precisa con el proyecto que Queipo plantea para Asturias. Cuando Queipo afirma que Andalucía demuestra que es posible desarrollar otro modelo de gobierno, la experiencia andaluza constituye legítimamente un elemento de comparación, pero debe examinarse completa. Bajo los gobiernos de Moreno se han producido importantes rebajas fiscales y políticas de apoyo empresarial y a autónomos; se han incrementado nominalmente los presupuestos sanitarios; Andalucía ha mejorado determinados indicadores educativos y el INFOCA ha mostrado capacidad para contener un porcentaje elevado de incendios. Pero simultáneamente Andalucía mantiene un gasto sanitario público por habitante sensiblemente inferior al asturiano, menores ratios públicas de médicos y enfermeras, tiempos de espera sanitarios superiores a los de Asturias y ha sufrido una crisis de enorme gravedad en su programa de cribado de cáncer de mama que afectó a 2.317 mujeres y provocó la dimisión de la responsable de Salud. También persisten conflictos laborales con profesionales sanitarios y trabajadores de otros servicios públicos.
Para los asturianos, estos antecedentes son especialmente relevantes porque permiten separar el discurso sobre el «modelo andaluz» de sus resultados concretos. No demuestran que un eventual Gobierno de Queipo fuera a reproducir automáticamente los problemas de Andalucía, del mismo modo que tampoco permiten asumir que trasladaría automáticamente sus resultados favorables. Asturias tiene una estructura demográfica, económica, territorial y sanitaria distinta y parte de niveles de gasto y dotación de profesionales diferentes. Pero si Queipo propone simultáneamente una importante reducción de impuestos y mejoras en sanidad, educación, dependencia, vivienda e infraestructuras, será necesario conocer cómo pretende financiar ambas cosas y qué recursos públicos considera necesarios para mantener esos servicios… De esta cuestión nunca habla, le comido la lengua el gato.
El precedente andaluz muestra precisamente por qué esa memoria económica resulta imprescindible. Una rebaja fiscal puede medirse inmediatamente por el ahorro que obtiene el contribuyente, mientras que el efecto sobre un servicio público debe medirse mediante financiación por habitante, profesionales disponibles, listas de espera, prestaciones, resultados y calidad asistencial. En Andalucía, el aumento del presupuesto sanitario desde 2018 no ha impedido que la comunidad continúe en la parte baja del gasto público por habitante ni que hayan aparecido problemas asistenciales graves. Al mismo tiempo, sería incorrecto atribuir cada deficiencia exclusivamente a las rebajas fiscales sin demostrar el mecanismo causal entre ambas variables.
Por eso, la principal consecuencia que la experiencia de Moreno aporta al análisis del proyecto de Queipo no es una predicción sobre lo que ocurriría en Asturias, sino un criterio para evaluar sus promesas. Si el dirigente asturiano utiliza Andalucía como referencia, el contraste debe incluir tanto sus políticas fiscales y económicas como las listas de espera, la dotación de profesionales, el gasto sanitario por habitante, el funcionamiento de los programas preventivos, las condiciones laborales de los empleados públicos, los resultados educativos y la capacidad de los servicios de emergencia. Solo esa comparación completa permite valorar qué elementos del modelo andaluz pretende realmente reproducir Queipo, cuáles modificaría y, sobre todo, cómo financiaría simultáneamente las rebajas tributarias anunciadas y los servicios públicos que promete mejorar.
Epílogo: una cosa es pregonar y otra dar trigo… Queipo todavía no se ha enterado
Una cosa es pregonar y otra muy distinta dar trigo. Esa expresión resume bien la cuestión que queda después de escuchar las 83 medidas de Álvaro Queipo y compararlas con la gestión de gobiernos que él mismo presenta como referencia. Prometer menos impuestos, más vivienda, mejor sanidad, menos burocracia, ayudas a los autónomos y mejores servicios públicos resulta sencillo; lo difícil comienza cuando hay que presupuestar, ejecutar y obtener resultados. Una vivienda pública necesita suelo, financiación, licitación, construcción y unas llaves; reducir una lista de espera exige profesionales, organización y recursos. Gobernar no consiste en enumerar soluciones, sino en demostrar que funcionan.
Por eso, si Queipo presenta la Andalucía de Juanma Moreno como referencia para Asturias, ese modelo debe examinarse completo: no solamente sus rebajas fiscales o sus políticas económicas, sino también sus servicios públicos, su gasto sanitario, sus listas de espera y los problemas producidos durante su gestión. Los datos analizados muestran un gasto sanitario público por habitante considerablemente inferior al asturiano y mayores esperas medias en consultas y cirugía, además de una crisis tan grave como la del programa de detección precoz del cáncer de mama, con 2.317 mujeres afectadas por retrasos en el seguimiento de determinadas mamografías y la posterior dimisión de la consejera de Salud. Ese también forma parte del balance del modelo andaluz que Queipo reivindica.
Asturias dispone además de ejemplos más próximos para contrastar anuncios y ejecución. En Llanes, donde el PP participa en el gobierno municipal y mantiene responsabilidades urbanísticas, más de una década después del cambio político el concejo continúa sin un nuevo PGOU definitivamente aprobado, y no hemos encontrado constancia documental de nuevas viviendas públicas promovidas y construidas por el Ayuntamiento que hayan culminado durante ese periodo con la entrega de llaves. En Gijón, gobernado desde 2023 por Foro y PP, las nuevas promociones anunciadas dentro del Plan Llave todavía no se habían convertido, a septiembre de 2026, en viviendas nuevas terminadas y entregadas, aunque existan proyectos y licitaciones en distintas fases. Las competencias municipales y autonómicas son diferentes y estos antecedentes no permiten anticipar qué ocurriría en el Principado, pero sí plantean una pregunta legítima: si movilizar suelo y construir vivienda protegida constituye ahora una prioridad, ¿qué resultados concretos puede mostrar el PP allí donde ya participa en el gobierno?
Ahí es donde la política del anuncio tiene que enfrentarse a la política de los resultados. No basta con prometer una gran rebaja fiscal y simultáneamente mejores servicios públicos sin explicar cuánto dejaría de ingresar Asturias y cómo se financiarían las nuevas medidas. No basta con anunciar vivienda protegida sin concretar cuántas viviendas, dónde, cuándo y con qué presupuesto. Tampoco basta con prometer menores listas de espera sin especificar profesionales, recursos y plazos. Sin cifras, calendario y memoria económica, una promesa continúa siendo una promesa.
Nada de esto demuestra que las propuestas de Queipo vayan necesariamente a fracasar, pero tampoco permite dar por hecho que funcionarán. El anuncio no puede sustituir al resultado. Si Queipo aspira a gobernar Asturias y presenta Andalucía como modelo, sus 83 medidas deben someterse a una prueba mucho menos vistosa que un discurso, pero bastante más importante para los ciudadanos: cuánto cuestan, cómo se financian, cuándo se ejecutan y qué resultados concretos producen.
Porque los ciudadanos no viven de planes, titulares ni fotografías. Viven de conseguir una cita médica cuando la necesitan, encontrar una vivienda que puedan pagar, recibir a tiempo una prestación de dependencia y comprobar que sus impuestos se convierten en servicios públicos que funcionan. La política debería medirse menos por el número de soluciones anunciadas y más por los problemas efectivamente resueltos… Pero eso la derecha extrema no lo entiende como el PP, Foro o la ultraderecha de VecinosxLlanes, ellos entienden de engañar y maltratar al ciudadano.
Pregonar cuesta poco. Gobernar exige demostrar. Y al final, también en política, una cosa es pregonar y otra muy distinta dar trigo.
Ya lo dijo Mark Twain: «Una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad todavía se está poniendo los zapatos».
