La noticia, disponible en este enlace: https://bit.ly/4trXeVM, nos informa de que el núcleo urbano de Llanes y Posada, en el concejo de Llanes, junto con Poo y Arenas, en Cabrales, serán las primeras zonas declaradas como tensionadas en Asturias. La aprobación definitiva llegará el lunes por parte del Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Ovidio Zapico, después de una tramitación que se ha prolongado durante varios meses. Esta catalogación permitirá aplicar medidas destinadas a contener el precio del alquiler, con el objetivo de evitar subidas excesivas y facilitar el acceso a la vivienda a las personas que actualmente buscan un piso.
Tras esta primera declaración, el Gobierno asturiano continuará con otras ocho zonas que ya estaban en tramitación: La Arena y Cimadevilla, en Gijón; La Magdalena, en Avilés; Barru, Poo, Celoriu y Nueva, en Llanes; y Luanco, en Gozón. La intención de la Consejería es llevar estas declaraciones de forma escalonada a las reuniones del Consejo de Gobierno durante el mes de mayo, para que todas estén aprobadas antes del verano. Cada acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias conforme vaya siendo aprobado.
En total, Asturias prevé tener antes del verano doce áreas tensionadas, en las que residen 36.428 personas. Además, el Ejecutivo autonómico iniciará también la tramitación de Muros y La Arena, en Soto del Barco, mientras continúa estudiando otras zonas como La Felguera y distintos ámbitos del municipio de Avilés. En este último caso, el gobierno local ya ha mostrado su intención de que los barrios del centro, Versalles y los barrios del sur puedan ser considerados zonas tensionadas.
La declaración de zona tensionada tiene como finalidad principal limitar el precio del alquiler, pero la Consejería de Ordenación del Territorio también plantea ir más allá mediante la elaboración de un decreto, en colaboración con la Consejería de Turismo, para restringir las viviendas de uso turístico en los barrios o localidades que reciban esta catalogación. Según explicó Ovidio Zapico, la proliferación de viviendas destinadas a uso turístico es uno de los factores que más contribuyen al encarecimiento del alquiler y a las dificultades de acceso a la vivienda.
La noticia recuerda que la ley estatal define una zona de alquiler tensionada como aquella en la que la oferta de vivienda es insuficiente en relación con el esfuerzo económico que deben asumir los hogares. Para que una zona pueda recibir esta clasificación debe cumplirse al menos una de dos condiciones: que el coste medio del alquiler o la hipoteca, sumado a los suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya aumentado de forma muy destacada en comparación con el IPC de la comunidad autónoma.
A partir de estos criterios, la Consejería encargó hace más de un año un estudio sobre el mercado del alquiler en Asturias. Ese informe detectó una oferta escasa de vivienda para alquiler de larga estancia y precios elevados en determinadas zonas. Como resultado de ese análisis, las primeras áreas que quedarán oficialmente catalogadas como tensionadas serán las de Llanes y Cabrales, iniciando así un proceso con el que el Principado busca aplicar medidas correctoras para reducir de forma estable el precio general del alquiler.
La primera lectura que hay que hacer de la declaración de zonas tensionadas en Llanes es que no estamos ante una simple medida administrativa, sino ante el reconocimiento oficial de que el mercado residencial local ha dejado de cumplir una función básica: permitir que la población residente pueda acceder a una vivienda habitual en condiciones razonables. La Ley de Vivienda define estas zonas como ámbitos donde existe un riesgo especial de oferta insuficiente de vivienda asequible para la población, y exige justificarlo con datos sobre precios, renta de los hogares, esfuerzo económico y evolución del mercado. Además, la propia ley vincula esa declaración a un plan de medidas correctoras, no solo a una etiqueta formal https://bit.ly/4e4zG4y
En el caso de Llanes, esa lectura es todavía más dura porque la declaración llega después de una etapa municipal muy larga en la que el partido de la ultraderecha de VecinosxLlanes gobierna desde el año 2015 en coalición con el PP. Ese pacto incluía expresamente abordar los problemas de vivienda mediante la aportación de suelo municipal para VPO, lo que demuestra que el problema estaba identificado políticamente, pero la situación ha terminado desembocando en la intervención autonómica mediante la declaración de zona tensionada ante la incapacidad del gobierno municipal de atajar el problema https://bit.ly/4tyvNJU
La conclusión principal es que Llanes no ha llegado a zona tensionada por accidente. Ha llegado porque durante años se ha consolidado un modelo en el que la vivienda ha funcionado cada vez menos como residencia habitual y cada vez más como activo turístico, segunda residencia o inversión, con el beneplácito del gobierno municipal. Los datos disponibles reflejan esa deformación del parque residencial: el Observatorio de Vivienda Turística recoge para Llanes 846 viviendas turísticas, 4.545 plazas y un peso equivalente al 5,21% del parque residencial; además, sobre 16.224 viviendas familiares censadas, solo 6.090 figuran como principales y 10.134 como no principales. Es decir, el problema no es únicamente el precio del alquiler, sino la pérdida progresiva de vivienda útil para vivir todo el año https://bit.ly/42tX5oO
Ahí está una de las claves de la catástrofe urbanística y social para muchos llaniscos: el concejo ha seguido siendo atractivo, turístico y patrimonialmente valioso, pero esa misma capacidad de atracción se ha vuelto contra quienes necesitan una vivienda para residir en el lugar donde nacieron, trabajan o quieren formar una familia. Cuando una parte tan relevante del parque se desplaza hacia usos no residenciales permanentes, el mercado local se estrecha, la oferta real de alquiler anual se reduce y los precios se separan de los salarios del territorio. No hace falta atribuir intenciones: basta observar el resultado.
El problema de la vivienda turística es especialmente grave porque la respuesta del gobierno municipal ultra llegó tarde, cuando la presión ya era evidente. El propio Plan Especial de Usos Turísticos de Llanes parte de que las Normas Provisionales son la normativa urbanística vigente y de que el PGOU seguía en tramitación, sin aprobación definitiva ni entrada en vigor. También recoge que, hasta la aprobación del Plan Especial, las reglas transitorias permitían vivienda vacacional en núcleos rurales hasta el 25% de las viviendas existentes y, en suelo urbano, nuevas viviendas turísticas en determinados supuestos. Esa regulación provisional no impidió que el problema se extendiera hasta obligar a definir zonas saturadas y limitar nuevas implantaciones https://bit.ly/4txopOS
La moratoria y el Plan Especial aprobados inicialmente en 2025 son, por tanto, una rectificación tardía. El gobierno municipal prolongó la suspensión de nuevos títulos habilitantes para viviendas vacacionales y de uso turístico en núcleos urbanos y rurales que superasen el 5% de este tipo de inmuebles, y el propio alcalde defendió la medida como forma de frenar la compra de vivienda con fines especulativos y aumentar la oferta de alquiler anual. Esa formulación confirma el diagnóstico: el uso turístico ya estaba afectando al acceso residencial ordinario, pero el problema había sido creado por dicho gobierno y su incapacidad de atisbar lo que estaba sucediendo https://bit.ly/41VEYYQ
La ausencia de un PGOU definitivamente aprobado agrava todo lo anterior. Un municipio turístico, costero, con presión inmobiliaria y con decenas de núcleos rurales no puede permitirse una década de incertidumbre urbanística. Las Normas Provisionales aprobadas por el Principado se presentaron como un marco de transición hasta la aprobación del nuevo PGOU, precisamente para dar seguridad jurídica mientras el plan seguía en tramitación. A finales del año 2025, la Consejería de Ordenación del Territorio llegó a urgir al Ayuntamiento de Llanes a aprobar su plan general y advirtió de incumplimientos de plazo, lo que muestra que el bloqueo o retraso del planeamiento no era una cuestión menor https://bit.ly/49cfEBI
La consecuencia práctica de no tener un planeamiento sólido y plenamente vigente, es que el Ayuntamiento pierde capacidad real para ordenar el crecimiento, reservar suelo con eficacia, orientar la construcción hacia vivienda asequible y controlar los usos que compiten con la residencia habitual. En un concejo como Llanes, donde el atractivo turístico empuja los precios hacia arriba, la falta de una política urbanística activa no es neutral: favorece que el mercado decida por sí solo, y el mercado ha decidido priorizar la rentabilidad turística y patrimonial frente al arraigo residencial.
Sobre la vivienda pública o protegida, el reproche central no debe quedarse solo en si un documento del PGOU menciona o no menciona reservas futuras, sino en si durante estos años se ha producido vivienda asequible real, ejecutada y disponible. En el pleno municipal de abril del 2025, la oposición socialista dejó constancia de una crítica muy clara: que la gestión urbanística brillaba por su ausencia, que llevaban años sin hacer vivienda pública y que el plan no ofrecía una solución realista al problema residencial https://bit.ly/4sZ5kEp
También consta que el propio Ayuntamiento ha defendido la existencia de 25.000 metros cuadrados de suelo municipal vinculados a vivienda protegida en la Reserva Regional de Suelo entre Llanes y Poo, reclamando al Principado que explique por qué no se ejecutó el convenio firmado en 2007 y reiterando su disposición a colaborar. Pero incluso aceptando esa versión, el dato políticamente relevante es que esa solución aparece reactivada cuando el problema ya está desbordado, no como una política sostenida de anticipación https://bit.ly/4u55quX
Por eso la declaración de Llanes como zona tensionada debe leerse como una enmienda a la totalidad de la política municipal de vivienda y urbanismo de los últimos años del gobierno de la ultraderecha. No significa que el Ayuntamiento sea el único responsable, porque vivienda, turismo y urbanismo implican también al Principado y al Estado, pero sí el principal responsable de dicho desaguisado. La administración local es la que tiene competencias decisivas en planeamiento, licencias, disciplina urbanística, suelo municipal y orientación del modelo territorial, no ha conseguido embridar el problema. La prueba es que ahora tiene que entrar la herramienta excepcional de zona tensionada para limitar precios y activar medidas correctoras.
El daño para los llaniscos que buscan vivienda no es abstracto. Es la imposibilidad de competir con rentas turísticas, con segundas residencias y con compradores que no dependen del salario local. Es que una persona joven, un trabajador del comercio, de la hostelería, de los cuidados o de los servicios municipales pueda tener empleo en Llanes y, aun así, no encontrar una vivienda estable en Llanes. Es que el concejo conserve visitantes, escaparates y actividad estacional, pero expulse silenciosamente a población residente. Esa es la verdadera fractura: un municipio puede estar lleno en verano y, al mismo tiempo, vaciarse socialmente por falta de vivienda habitual.
La primera lectura, por tanto, es que la declaración de zona tensionada no debe celebrarse como un éxito, sino asumirse como un aviso severo a los intereses de los llaniscos. Llanes entra en esa categoría porque el modelo ha fallado. La segunda lectura es que limitar precios de alquiler ayudará, pero no bastará si no va acompañado de una limitación efectiva de la vivienda turística, movilización de vivienda vacía, cesión y urbanización de suelo público, promoción de vivienda protegida y un PGOU que deje de ser una promesa eternamente aplazada, donde se contemple la construcción de vivienda pública. Y la tercera lectura es que el derecho a vivir en Llanes no puede depender de que el mercado turístico deje algún hueco libre: debe convertirse en el eje de la política urbanística municipal, cuestión que con la derecha extrema del PP y la ultraderecha de VecinosxLlanes no es así. La prueba del algodón la tenemos en una noticia publicada el día 23 en la prensa regional https://bit.ly/48knlFQ
En la noticia podíamos leer que el Partido Popular llevará a la Junta General del Principado una iniciativa para destinar suelo edificable de la sociedad pública Sogepsa, la Sociedad Gestión y Promoción del Suelo de Asturias, a aumentar la oferta de vivienda en Asturias. Según el planteamiento del PP, esta medida permitiría utilizar casi 80.000 metros cuadrados para construir vivienda de manera inmediata, con el objetivo de abaratar precios y facilitar el acceso a inmuebles asequibles.
El diputado popular Agustín Cuervas-Mons explicó la propuesta en una rueda de prensa, donde detalló que Sogepsa dispone actualmente de 35 parcelas de suelo residencial preparadas para la construcción. Estos terrenos están repartidos en nueve municipios asturianos: Avilés, Cangas del Narcea, Mieres, Langreo, Gozón, Valdés, Parres, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa. En conjunto, esas parcelas suman una superficie edificable de 126.500 metros cuadrados.
De acuerdo con los cálculos expuestos por Cuervas-Mons, ese suelo permitiría levantar unas 1.088 viviendas de forma orientativa. De ellas, solamente 410 tendrían algún tipo de protección pública (37,68%), el resto sería sin ningún tipo de protección pública. El diputado señaló que se trata de terrenos que, según su valoración, Sogepsa no habría sido capaz de vender ni de poner en el mercado durante décadas, pero que ahora la iniciativa privada podría hacer “negociete” facilitando dichos terrenos de forma gratuita para vivienda.
La propuesta del Partido Popular también tiene en cuenta que seis de esas parcelas se encuentran actualmente en proceso de subasta. Cuervas-Mons pidió que, si esas subastas quedan desiertas, dichos terrenos se incorporen igualmente al proyecto para destinarlos a la construcción de vivienda. El objetivo, según defendió, sería evitar que ese suelo permanezca sin uso mientras Asturias afronta problemas de acceso a la vivienda.
El diputado popular sostuvo además que la fórmula más rápida para desarrollar estos terrenos sería la colaboración público-privada. No obstante, añadió que, si el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, no comparte esa vía, el suelo podría ser desarrollado directamente desde la Administración. En ese sentido, insistió en que lo importante es utilizar los recursos disponibles para poner vivienda en el mercado.
Cuervas-Mons resumió la posición del PP afirmando que resulta absurdo disponer de suelo edificable y no emplearlo para construir vivienda. También reclamó al Gobierno de Adrián Barbón que no utilice esos terrenos únicamente para obtener ingresos mediante su venta, sino que los destine a ampliar la oferta residencial. Finalmente, acusó al Ejecutivo autonómico de ser incapaz de aprovechar sus propios recursos para responder al problema de la vivienda.
La comparación entre la propuesta del PP sobre Sogepsa y el planteamiento del gobierno municipal de Gijón con el llamado Plan Llave es pertinente en un punto central: en ambos casos se parte de suelo público o de titularidad pública y se plantea su activación mediante fórmulas que abren un papel relevante a la iniciativa privada. No son operaciones idénticas, porque tienen marcos y escalas distintas, pero sí responden a una misma lógica política: presentar el problema de la vivienda principalmente como un problema de oferta y de agilidad constructiva, y no tanto como un problema de acceso, precio final, régimen de tenencia y conservación del patrimonio público de suelo.
En el caso de Sogepsa, el PP sostiene que existen 35 activos residenciales que suman cerca de 80.000 metros cuadrados de suelo edificable, con una edificabilidad aproximada de 126.500 metros cuadrados y capacidad orientativa para unas 1.088 viviendas. El dato clave es que, según la propia propuesta explicada por José Cuervas-Mons, solo 410 viviendas tendrían algún grado de protección, es decir, aproximadamente el 38% del total. Por tanto, la mayoría de las viviendas resultantes no quedarían bajo protección pública, al menos según los datos trasladados en la noticia. Ese detalle es esencial, porque una política que utiliza suelo público para construir vivienda no puede medirse solo por el número total de pisos anunciados, sino por cuántos de ellos quedan realmente protegidos, a qué precio, durante cuánto tiempo y bajo qué régimen de acceso https://bit.ly/3QnzRhH
Ahí aparece la primera contradicción del planteamiento. Si el suelo procede de una sociedad pública y se justifica su utilización por la crisis de acceso a la vivienda, lo coherente sería que el resultado estuviese orientado de forma mayoritaria, o incluso íntegra, a vivienda protegida, alquiler asequible o parque público. Sin embargo, si de 1.088 viviendas solo 410 tienen algún tipo de protección, el suelo público pasa a servir también para generar vivienda libre. Eso puede aumentar la oferta total, pero no garantiza por sí mismo que la población con problemas reales de acceso pueda comprar o alquilar esas viviendas. Construir más no equivale automáticamente a construir asequible.
La similitud con el debate gijonés está en que el gobierno de Carmen Moriyón presentó el Plan Llave como una operación sobre suelo municipal para construir vivienda protegida, comenzando por una primera fase de seis parcelas municipales y unas 120 viviendas. La fórmula aprobada consistía en enajenar parcelas municipales mediante permuta por obra futura: el adjudicatario recibe suelo y entrega al Ayuntamiento una parte de las viviendas terminadas como pago. En esa primera fase, se estimaba que el Ayuntamiento incorporaría 20 viviendas a su patrimonio para destinarlas a alquiler asequible a través de la Empresa Municipal de la Vivienda https://bit.ly/4eJy40j
El problema de fondo es que ese modelo no equivale a una promoción pública directa sobre suelo público. En una promoción pública directa, la Administración conserva el control completo del suelo, del destino, de los precios, de los plazos, del régimen de alquiler o venta y de la permanencia de la protección. En una permuta o colaboración público-privada, parte de ese control se desplaza hacia la viabilidad económica de la operación para el promotor. Por eso el debate sobre el módulo de vivienda protegida no era un asunto técnico menor: si se sube el módulo para que la operación “salga” a los constructores, el centro de gravedad de la política deja de ser únicamente la necesidad habitacional y pasa a incorporar como condición decisiva la rentabilidad empresarial.
La polémica en Gijón fue precisamente esa. El Ayuntamiento suspendió la licitación del Plan Llave para modificar los pliegos e incorporar posibles actualizaciones posteriores del precio del módulo de vivienda protegida. Desde el Principado, el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, criticó con dureza esa decisión y acusó a CAC-Asprocon de intervenir en el debate para defender una modificación que, según su posición, podía convertir la vivienda protegida en una vía de negocio para promotores y constructores. También afirmó que el objetivo del Gobierno asturiano era facilitar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna y asequible, no hacer que “les salgan los números” a constructores y promotores https://bit.ly/4ePxuOu
Ese choque revela dos modelos. Uno entiende la vivienda pública o protegida como una política pública que debe ordenar el mercado, mantener suelo público, ampliar parque estable y garantizar precios realmente asumibles para quienes no pueden acceder al mercado libre. El otro modelo, el del PP, Foro, Vox y VecinoxLlanes, pone el acento en desbloquear suelo, atraer promotores, facilitar operaciones y confiar en que el aumento de oferta abarate el mercado. El problema de este segundo enfoque es que, cuando se aplica sobre suelo público, puede acabar convirtiendo un recurso colectivo escaso en una palanca de rentabilidad privada sin asegurar suficientemente el resultado social.
En Gijón, además, la discusión no se dio en abstracto. El Principado afirmó en noviembre de 2025 que estaba dispuesto a promover al menos 300 nuevas viviendas públicas en la ciudad, además de las 250 ya en ejecución en el antiguo solar de Peritos, pero que necesitaba que el Ayuntamiento pusiera a disposición suelo municipal apto para uso residencial. La Consejería lamentó entonces que, más de un año después de haber trasladado esa disposición, no se hubieran producido avances efectivos en la identificación ni cesión de parcelas municipales https://bit.ly/4cuIRKo
Eso es importante porque permite formular una crítica sin necesidad de exagerar ni especular: si una administración autonómica ofrece capacidad técnica, financiera y de gestión para construir vivienda pública y pide suelo municipal, la prioridad de un ayuntamiento comprometido con el parque público debería ser ceder suelo de forma rápida y clara para vivienda pública estable. Si, en cambio, la vía preferente es diseñar operaciones donde el suelo municipal entra en fórmulas de permuta o colaboración con promotores, el debate político se desplaza: ya no se discute solo cuántas viviendas se harán, sino quién conserva el suelo, quién captura la plusvalía, qué parte queda para alquiler asequible y qué parte se introduce en dinámicas de mercado.
Con Sogepsa ocurre algo parecido. La propuesta del PP puede presentarse como una forma de movilizar suelo parado, y ese argumento tiene fuerza cuando existen parcelas residenciales sin desarrollar. Pero la cuestión decisiva es el destino. Si el suelo público se usa para construir vivienda mayoritariamente libre, el efecto social es mucho más limitado. Puede haber más actividad constructiva, más producto inmobiliario y más negocio para operadores privados, pero no necesariamente más derecho efectivo a la vivienda para jóvenes, familias trabajadoras o personas expulsadas del mercado por precios inasumibles.
Por eso no hace falta afirmar, como hecho probado, que el PP actúe para beneficiar a quienes financian o apoyan sus campañas como ha recogido la prensa https://bit.ly/4tgc693, no es ninguna novedad. Lo que se puede afirmar sin ningún género de dudas a partir de los datos conocidos, es que sus propuestas tienden a situar la colaboración con el sector promotor en el centro de la solución. Y cuando la política pública se diseña de esa manera, el riesgo es claro: que el suelo público, en vez de convertirse en vivienda pública duradera, funcione como una oportunidad para hacer viables operaciones privadas con una parte limitada de protección.
La diferencia entre “hacer vivienda” y “resolver el problema de la vivienda” es precisamente esa. Hacer vivienda puede significar levantar pisos. Resolver el problema exige que esos pisos sean accesibles para quienes hoy no pueden pagar el mercado, que no se pierdan al cabo de unos años por descalificación o venta, que el alquiler asequible tenga peso suficiente y que el suelo público no desaparezca como herramienta de futuro. Si el resultado final es que la Administración entrega o facilita suelo y solo obtiene una minoría de viviendas realmente protegidas, la operación puede mejorar las cifras de construcción, pero no necesariamente el derecho material a vivir en la ciudad o en el concejo.
La lectura política, por tanto, es que tanto el caso del gobierno municipal de Gijón como la propuesta sobre Sogepsa muestran una tensión entre dos prioridades: utilizar el suelo público para crear un parque público fuerte y permanente, o utilizarlo para desbloquear promociones donde la iniciativa privada tenga un papel dominante. En plena crisis de vivienda, la primera opción responde directamente a la necesidad ciudadana; la segunda puede aumentar la oferta, pero corre el riesgo de subordinar la política de vivienda a la rentabilidad de la promoción inmobiliaria. Esa es la cuestión central, más allá de los anuncios: no basta con movilizar suelo público, hay que garantizar que el beneficio principal sea público también.
Para terminar el post quiero manifestar que la situación de la vivienda en Llanes no puede leerse como un problema repentino ni como una fatalidad inevitable derivada únicamente del atractivo turístico del concejo. Es el resultado de años de ausencia de una política municipal eficaz, de una planificación urbanística incapaz de anticiparse al deterioro del mercado residencial y de una tolerancia prolongada hacia un modelo que ha permitido que demasiadas viviendas dejaran de cumplir su función principal: servir para que la gente viva en ellas. Después de once años de gobierno municipal de VecinosxLlanes, con el apoyo del PP, Llanes llega a la declaración de zona tensionada no como ejemplo de gestión, sino como prueba de fracaso político.
La vivienda se ha convertido en uno de los grandes síntomas de esa gestión. Mientras el concejo acumulaba presión turística, segunda residencia, vivienda vacacional y dificultad creciente para acceder a alquileres estables, el gobierno municipal de Llanes no fue capaz de dotarse de un PGOU plenamente operativo ni de impulsar una política sostenida de suelo público para vivienda protegida. La falta de planeamiento no es un detalle técnico: en un municipio como Llanes, con un territorio especialmente sensible y sometido a fuertes tensiones inmobiliarias, no tener una herramienta urbanística eficaz significa dejar que el mercado marque el rumbo. Y cuando el mercado marca el rumbo sin una intervención pública firme, el resultado es el que hoy sufren muchos llaniscos: vivir en su propio concejo se convierte en una posibilidad cada vez más difícil.
La declaración de zonas tensionadas es, por tanto, una advertencia severa a los llaniscos. Reconoce que el acceso a la vivienda en Llanes se ha deteriorado hasta exigir medidas excepcionales. También deja en evidencia que las respuestas municipales llegaron tarde, cuando el problema ya estaba desbordado. No basta con aprobar moratorias o planes especiales cuando el daño ya se ha consolidado; lo que se necesitaba era una política preventiva, una defensa clara de la vivienda habitual, una limitación temprana de los usos turísticos allí donde tensionaban el mercado y una apuesta real por vivienda pública o protegida. Esa política no llegó con la fuerza necesaria.
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa el discurso del Partido Popular desde la oposición en la Junta General. Allí donde debería plantearse una estrategia clara para aumentar el parque público, conservar el suelo público y garantizar vivienda protegida de forma estable, el PP vuelve a situar en el centro la colaboración público-privada y la movilización de suelo con una parte importante destinada a vivienda sin protección. Ese planteamiento de Álvaro Queipo y sus huestes puede aumentar el número de viviendas construidas, pero no garantiza que esas viviendas sean accesibles para quienes hoy no pueden vivir en su municipio, ni asegura que el beneficio principal recaiga en la ciudadanía. En una crisis de vivienda, poner suelo público al servicio de operaciones donde la protección es minoritaria supone desplazar el foco desde el derecho a la vivienda hacia la rentabilidad de la promoción inmobiliaria.
Ese es el hilo que une el caso de Llanes con otras propuestas de la derecha asturiana: se habla de vivienda, pero demasiadas veces se piensa en construcción; se invoca la necesidad social, pero se diseñan fórmulas que abren la puerta al negocio privado; se promete agilidad, pero no se garantiza un parque público fuerte, permanente y asequible. La vivienda no puede tratarse como una simple mercancía ni como una oportunidad para reactivar el ladrillo. En concejos tensionados como Llanes, la prioridad debe ser que quienes trabajan, nacen, cuidan, estudian o forman una familia allí puedan seguir viviendo allí.
Por eso la crisis de vivienda en Llanes tiene una lectura política clara. VecinosxLlanes y el PP han tenido años suficientes para demostrar si eran capaces de ordenar el concejo, proteger la residencia habitual, promover suelo público y contener los efectos más agresivos de la “turistificación”. El resultado está a la vista: Llanes entra en la lista de zonas tensionadas porque el modelo ha fallado. Y cuando desde la Junta General el PP propone soluciones que no ponen en primer lugar la vivienda pública y protegida, sino fórmulas que pueden favorecer al sector promotor, queda claro que el problema no es solo de gestión local, sino de orientación política.
La conclusión es que PP, Foro, Vox y VecinosxLlanes no ofrecen una alternativa real para afrontar la crisis de vivienda ni en Asturias ni en sus ayuntamientos. Sus recetas parten de una confianza excesiva en el mercado, en la colaboración con los promotores y en la construcción como respuesta casi automática. Pero el problema de Llanes demuestra precisamente lo contrario: cuando la vivienda se deja en manos del mercado sin una intervención pública firme, el territorio se encarece, la población residente pierde sitio y el derecho a vivir en el propio concejo queda subordinado a la rentabilidad turística e inmobiliaria.
Llanes necesita una política de vivienda que parta de una idea sencilla: el suelo público debe servir al interés público, la vivienda protegida debe ser prioritaria, el alquiler asequible debe crecer de forma estable y el planeamiento urbanístico debe estar al servicio de los vecinos, no de la especulación ni del beneficio privado. Todo lo demás son parches. Y después de once años de gobierno municipal incapaz de resolver el problema, la declaración de zona tensionada no es una victoria para quienes gobiernan el Ayuntamiento de Llanes: es el acta de defunción de su reconocido fracaso.
Ya lo dijo Leilani Farha: “Cuando la vivienda se trata como una mercancía, la ciudad deja de ser un hogar y se convierte en un escaparate.”
