Hoy podemos leer en la prensa las declaraciones de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la cual ha cargado con dureza contra el Principado de Asturias por su postura respecto a los accesos al puerto de El Musel, acusándolo de haberse “rendido” en la reivindicación de una solución definitiva. En una comparecencia pública celebrada este miércoles, Moriyón calificó la propuesta del consejero de Movilidad (el catador de vinos), Alejandro Calvo, de acudir conjuntamente al Ministerio de Transportes para solicitar restricciones al tráfico pesado en la avenida Príncipe de Asturias como una “rendición total”.
La regidora recordó que en octubre del año 2024 el consejero se comprometió ante el Consejo Social de la ciudad a presentar antes de que finalizara ese año una alternativa al fallido vial de Jove, que —según señaló— ahora se sabe que era la opción de Aboño. Sin embargo, denunció que “un año y medio después ya no pide ni siquiera al Ministerio esa alternativa, ya se rinde y se conforma y pide que circulen por La Calzada unos cuantos camiones menos y que lo hagan más despacio”. Para Moriyón, esta propuesta no resuelve el problema de fondo, ya que el objetivo es eliminar por completo el paso de tráfico pesado por el barrio de La Calzada, no reducirlo ligeramente: “No que pasen 850 camiones en vez de 1.000 o que pasen 900 en vez de 1.000”.
Además, la alcaldesa sostuvo que la iniciativa planteada “no es normativamente posible a día de hoy” y criticó que el consejero haya reconocido que ni siquiera ha abordado la cuestión ni con la Autoridad Portuaria ni con el propio Ministerio de Transportes. “Claramente el Principado se ha rendido en esta cuestión”, sentenció, reafirmando que el Ayuntamiento mantendrá su postura en defensa de una solución integral (un brindis al sol de Moriyón a falta de poco más de un año para las elecciones municipales).
Foto: Vial de Jove
En paralelo, los vecinos de la zona oeste volvieron a movilizarse para reclamar mejoras en los accesos a El Musel, en una manifestación que partió de Cuatro Caminos hasta la plaza Mayor. El Ayuntamiento mostró su apoyo colocando en su balconada principal una pancarta con el lema: “Accesos a El Musel. Ministerio solución”. Moriyón subrayó que el Consistorio “no se rinde” y que no dejará “tirados a los vecinos”, al tiempo que recordó que Gijón tiene pendientes más de 200 millones de euros correspondientes a la partida donde se licitó el fallido vial de Jove. Según indicó, el presidente Adrián Barbón se comprometió a reservar ese crédito para mejoras en las infraestructuras de la ciudad https://bit.ly/4saDyEU
Hay que recordar que desde hace décadas, y especialmente en los últimos años, el Principado de Asturias y el Ministerio de Transportes intentaron dar una solución al problema de los accesos al puerto de El Musel, que tradicionalmente han obligado a que el tráfico pesado atraviese la avenida de Príncipe de Asturias y el entorno urbano de Gijón.
En el año 2024, el proyecto conocido como vial de Jove, destinado a crear una vía alternativa que desviara ese tráfico pesado, fue objeto de intensas negociaciones entre el Gobierno central, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. El Ministerio de Transportes, en una reunión con las administraciones, decidió finalmente descartar la construcción de ese vial, tanto en su versión soterrada como en superficie, tras no alcanzarse un acuerdo sobre las condiciones técnicas y de impacto.
El consejero Alejandro Calvo reconoció entonces que el proyecto no ofrecía garantías de cumplir con los criterios buscados y que, tras conocer las propuestas ministeriales, el Principado consideró que “esa solución no nos sirve”. Calvo sostuvo que lo principal era dar por finalizada la búsqueda de un vial de Jove tal como se había planteado y centrarse en otras alternativas para mejorar el acceso al puerto.
A partir de ese momento, el Ejecutivo asturiano, con Adrián Barbón, pasó a plantear un giro en la estrategia: en lugar de apostar por el vial de Jove, se comprometió a trabajar con el Ministerio en soluciones complementarias o alternativas que permitieran aliviar el paso de tráfico pesado por zonas urbanas, al tiempo que se daba prioridad a otras actuaciones viarias relacionadas con los accesos a El Musel y la calidad de vida de los vecinos afectados.
Entre estas alternativas planteadas por Calvo y el Principado figura el estudio de un posible acceso por Aboño como opción para desviar parte del tráfico, así como la exigencia de acelerar obras en la infraestructura existente —como el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña— que se considera clave para un acceso mejorado al puerto. Para todo esto hay que recordar que previamente el consejero Calvo y la alcaldesa Moriyón firmaron la renuncia a la construcción del vial de Jove en superficie como había ofrecido el ministerio, respaldado con los estudios efectuados por dicha administración.
Foto: Carmen Moriyón de "manifa" con los vecinos para justificar su incompetencia
Además, el Gobierno regional ha venido subrayando que es prioritario avanzar en la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias, reduciendo el impacto del tráfico en zonas residenciales y ambientales afectadas, aunque esta actuación no sustituye a una solución de acceso alternativo al puerto.
En febrero de 2026, ante críticas de la alcaldesa de Gijón por lo que consideraba una falta de acciones concretas, Alejandro Calvo no presentó una alternativa definida al vial de Jove ante el Ministerio de Transportes pese a tener un presupuesto de 429 millones de euros en el año 2025, sino que abogó por medidas que implican reducir tráfico pesado en ciertas zonas urbanas y seguir trabajando en soluciones globales junto con el propio Ministerio y otras administraciones.
En resumen, los pasos dados por el Principado han sido:
- Aceptar el fracaso del vial de Jove tal como estaba planteado y renunciar a su construcción después de intentos de negociación con el Ministerio y el Ayuntamiento.
- Reorientar la estrategia hacia otras soluciones complementarias, incluida la evaluación de accesos por Aboño y la mejora de infraestructuras existentes, con el objetivo de aliviar el paso de tráfico pesado.
- Priorizar la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias y promover actuaciones que mitiguen el impacto del tráfico urbano, aunque sin haber presentado una alternativa definitiva acordada con el Ministerio hasta la fecha.
Tres son los políticos que deben explicar a loa asturianos el papel desempeñado en trodo este desastre, —el presidente del Principado, Adrián Barbón, el consejero Alejandro Calvo y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón—.
En primer lugar, respecto al Gobierno del Principado y la gestión del vial de Jove, la idea central es que no se defendieron con firmeza los intereses de los vecinos de la zona oeste de Gijón. El argumento tras lo sucedido sostiene que el Ejecutivo autonómico no impulsó alternativas técnicas sólidas cuando rechazó la propuesta ministerial y que su posición se limitó a expresar apoyo político a los vecinos sin acompañarlo de una propuesta concreta viable. Desde un punto de vista analítico, aquí se distinguen dos planos: por un lado, la crítica a la falta de iniciativa técnica o propositiva; por otro, la acusación de cálculo electoral.
En términos institucionales, cuando una administración rechaza un proyecto estatal, la solidez de su postura suele medirse por la capacidad de presentar alternativas técnicamente desarrolladas, con estudios económicos, ambientales y de viabilidad jurídica. Si esas alternativas no se formalizan ante el Ministerio correspondiente, la posición queda debilitada en el plano negociador. Esa es la base objetiva de la crítica: sin propuesta alternativa detallada, la presión política pierde fuerza ejecutiva.
Foto: Monchu y los "monchitos" de "manifa" por el vial de Jove
En segundo lugar, el Gobierno del Principado habría priorizado el equilibrio político —no perder apoyo electoral en la zona afectada— sobre la confrontación institucional con el Gobierno central. Este es un análisis estratégico habitual en política multinivel: cuando dos administraciones están gobernadas por el mismo partido o mantienen relaciones de cooperación, puede existir menor conflictividad pública que cuando son de distinto signo.
En tercer lugar, vamos a analizar la actuación municipal de la alcaldesa Moriyón y sus miembros del gobierno municipal, Foro Asturias, PP y tránsfuga. Hay un eje que se repite de forma reiterada en la estrategia de gobierno que lleva Moriyón desde que alcanzó el gobierno municipal; reclamar grandes inversiones a otras administraciones sabiendo que el presupuesto municipal no permite ejecutarlas directamente. Desde el punto de vista competencial, es cierto que infraestructuras como el plan de vías, el vial de Jove o un soterramiento ferroviario o portuario exceden habitualmente la capacidad financiera de un municipio medio y dependen de financiación estatal o autonómica. En ese sentido, la reivindicación interadministrativa es una práctica habitual en política local, porque muchos grandes proyectos urbanos requieren cofinanciación. La cuestión clave es si esa reivindicación se acompaña de planificación municipal coherente o si sustituye a la gestión ordinaria.
Foto: Álvaro Queipo y sus mariachis de "manifa" en Gijon por el vial de Jove
Esa estrategia política ha venido acompañada de otra que ha sido un fracaso en el gobierno de Moriyón, es el fracaso de gestión en otras áreas como: vivienda pública o fiscalidad municipal con subidas fiscales como sucedió en la recogida de la basura, bloqueo o falta de avances en grandes infraestructuras, movilidad urbana (retrasos en la transformación del modelo de movilidad sostenible (carriles bici, zonas de bajas emisiones, reorganización del tráfico y falta de una hoja de ruta clara y consensuada), etc. Aquí el análisis se desplaza al ámbito de gestión presupuestaria. En conjunto, las idea que expongo se articulan en torno a tres críticas diferenciadas: falta de iniciativa técnica en el Principado, posible cálculo político en la relación con el Estado y uso estratégico de reivindicaciones estructurales por parte del Ayuntamiento para compensar limitaciones presupuestarias. Lo que puede afirmarse sin elucubraciones es que el conflicto del vial de Jove evidencia un problema clásico de gobernanza multinivel: cuando varias administraciones comparten competencias o intereses sobre una infraestructura estratégica, la ausencia de una propuesta técnica consensuada y financieramente respaldada suele traducirse en bloqueo prolongado.
El concepto de “fracaso consentido” que planteo describe una percepción política concreta: la idea de que los responsables institucionales no han agotado todas las vías posibles antes de aceptar el bloqueo de un proyecto estratégico. Aplicado al caso del vial de Jove, esta interpretación se apoya en un hecho objetivo: el proyecto no se ejecutó y, tras años de debate, fue descartado sin que exista a día de hoy una alternativa en marcha que sustituya plenamente su función.
En el conflicto del vial de Jove han intervenido tres niveles institucionales: el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ministerio de Transportes. Cuando un proyecto depende competencial y financieramente del Estado, la capacidad de presión de las administraciones autonómica y local se basa principalmente en la negociación política con la presentación de alternativas técnicas y la construcción de consenso social.
Lo ocurrido muestra que, tras el rechazo del proyecto en los términos inicialmente planteados, no se consolidó una alternativa técnica formalmente impulsada y defendida de manera coordinada ante el Ministerio por parte del Gobierno del Principado ni del gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón. Esa ausencia de una propuesta alternativa cerrada y calendarizada es uno de los elementos que alimenta la percepción de falta de contundencia política y que ha frustrado gravemente a la ciudadanía del oeste de Gijón.
Foto: José Antonio Santano reparte "cera" a dos incompetentes, Carmen Moriyón y el consejero Alejandro Calvo
En paralelo, el Ministerio —con responsables como José Antonio Santano en el ámbito de Transportes— ha mantenido una posición prudente y jurídicamente fundamentada, argumentando razones técnicas, ambientales y presupuestarias para descartar determinadas soluciones. Desde el punto de vista institucional, esa forma de actuar responde a una lógica administrativa clásica: minimizar riesgos jurídicos, evitar sobrecostes y no comprometer inversiones sin respaldo técnico sólido.
El contraste que se percibe desde Asturias es que, frente a esa estrategia más técnica y evaluadora, las posiciones autonómica y municipal han sido fundamentalmente declarativas y reivindicativas, pero no han cristalizado en un documento alternativo completo con estudios de viabilidad que obligara políticamente al Ministerio a pronunciarse sobre una propuesta distinta y cerrada.
En política pública de infraestructuras, cuando una administración rechaza una propuesta estatal sin presentar una alternativa estructurada, el resultado habitual es el estancamiento. Eso es lo que ha sucedido en el caso del vial de Jove: la retirada del proyecto original no ha sido sustituida por otro plan en fase de ejecución, y el problema de fondo —el tráfico pesado en el entorno urbano— permanece.
Calificar esa situación como “temeraria” o como “fracaso consentido” es una interpretación política. Lo constatable es que:
- El proyecto original fue descartado por el gobierno municipal y el gobierno del Principado.
- No existe actualmente una obra alternativa en ejecución que cumpla la función prevista.
- Las negociaciones interadministrativas no han producido un acuerdo definitivo.
- El conflicto se ha trasladado al plano discursivo y social, con movilizaciones vecinales y confrontación institucional.
Desde un análisis institucional, el caso refleja una debilidad en la coordinación multinivel y en la capacidad de convertir reivindicación política en propuesta técnica ejecutable. En ausencia de una alternativa formalmente defendida y dotada presupuestariamente, la posición estatal queda reforzada, y las administraciones autonómica y local quedan expuestas a la crítica de falta de eficacia negociadora… Por mucho que intentan teatralizar su gestión con acusación de culpas a otras administraciones, los ciudadanos saben perfectamente que ha hecho cada administración.
En síntesis, lo vivido con el vial de Jove no evidencia tanto una política “temeraria” en términos técnicos, sino un bloqueo estructural derivado de desacuerdos no resueltos y de la falta de una propuesta alternativa que haya logrado reunir respaldo técnico, político y financiero suficiente para avanzar.
Para terminar el post quiero manifestar que de esta operación frustrada puede extraerse una conclusión política que muchos vecinos comparten: Carmen Moriyón, Adrián Barbón, Alejandro Calvo y Álvaro Queipo, no han demostrado la eficacia ni la solvencia política que una situación de esta magnitud exigía. Más allá de las siglas y de los discursos públicos, lo que se ha proyectado es una imagen de falta de determinación estratégica, de escasa capacidad de negociación interadministrativa y de ausencia de una alternativa técnica sólida que defendiera con contundencia los intereses de los 14.000 vecinos afectados.
Cuando quienes ostentan responsabilidades institucionales no consiguen convertir sus posicionamientos en soluciones concretas, la ciudadanía percibe una gestión poco resolutiva y carente de liderazgo efectivo. Y esa percepción no nace del debate partidista, sino del hecho tangible de que el problema sigue sin resolverse mientras las administraciones implicadas trasladan la responsabilidad unas a otras.
Ya lo dijo Aristóteles: “La política no debería ser el arte de dominar, sino el arte de hacer justicia.”
