Más de 2.000 personas participaron ayer en Gijón en una manifestación por una vivienda digna convocada por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda de Asturias. La marcha recorrió la ciudad desde la plaza del Humedal hasta la plazoleta de las piscinas de El Llano para denunciar el aumento de los alquileres, los desahucios y las dificultades de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.
Uno de los momentos más destacados de la protesta fue el apoyo mostrado a varias familias amenazadas por desahucios. Entre ellas se encontraba Blanca Morillo, inquilina de una vivienda en la avenida de Schulz, quien denunció que lleva años sufriendo presiones y amenazas relacionadas con su situación de alquiler. La manifestación realizó paradas frente a su domicilio y frente a otras viviendas afectadas, incluida una comunidad entera de doce familias en la calle Juan Alvargonzález. Los organizadores aseguraron públicamente que continuarán movilizándose para evitar estos desalojos.
Durante la marcha, representantes de los sindicatos denunciaron que la situación de la vivienda en Asturias continúa empeorando. Según expusieron, el precio del alquiler ha aumentado entre un 8 % y un 10 % en el último año, alcanzando máximos históricos en la comunidad autónoma. También señalaron que únicamente el 16 % de los menores de 30 años está emancipado y que muchos jóvenes destinan más de la mitad de su salario al pago del alquiler.
Los convocantes dirigieron duras críticas al Gobierno del Principado de Asturias y a responsables de la política de vivienda autonómica. Cuestionaron las declaraciones realizadas por algunos cargos públicos sobre las causas de los desahucios y defendieron que muchas personas afectadas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica que les impiden hacer frente al pago de la vivienda.
Además, mostraron su rechazo a las principales medidas impulsadas por la Administración autonómica. Criticaron especialmente el bono de alquiler joven, al considerar que no resuelve el problema estructural del acceso a la vivienda, y el programa Alquilámoste, mediante el cual el Principado garantiza a los propietarios el cobro del alquiler y la cobertura de posibles desperfectos durante varios años. Según los sindicatos, estas iniciativas favorecen principalmente a los propietarios sin garantizar suficientemente el acceso a una vivienda asequible para la población trabajadora.
La manifestación contó también con la presencia de representantes de UGT y CC OO. Desde UGT se defendió que la vivienda debe considerarse un derecho fundamental y no un negocio o un activo financiero. Su secretario general propuso medidas para movilizar viviendas vacías y facilitar alquileres asequibles mediante ayudas públicas tanto para propietarios como para inquilinos. Por su parte, CC OO reconoció que programas como Alquilámoste pueden ser positivos, aunque consideró que por sí solos no tienen capacidad suficiente para contener el incremento de los precios del alquiler. La movilización concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se insistió en que el acceso a una vivienda digna debe ser un derecho garantizado y no depender exclusivamente de las dinámicas del mercado inmobiliario https://bit.ly/4xcE7RJ
El 5 de junio se publicaba en la prensa regional que la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA), impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio dirigida por Ovidio Zapico, ha generado una fuerte controversia política antes incluso de su aprobación. La norma contempla la implantación del derecho de tanteo y retracto, una medida que permitiría al Principado tener preferencia para adquirir viviendas o solares situados en zonas tensionadas o turísticas protegidas. Mientras que el Gobierno asturiano defiende esta herramienta como una forma de facilitar el acceso a la vivienda, los partidos de la oposición de la derecha extrema, PP y Foro y la ultraderecha de Vox, consideran que supone una excesiva intervención sobre la propiedad privada.
El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, mostró su rechazo a la propuesta y advirtió de que, si su partido llega al Gobierno, derogará la ley y promoverá una nueva normativa orientada al desarrollo territorial y económico de la región. En una línea similar, Javier Jové, de Vox, calificó la medida de potencialmente inconstitucional y criticó que la Administración pueda intervenir en las operaciones de compraventa de viviendas. También expresó su preocupación por el posible efecto negativo sobre la inversión inmobiliaria y el coste que supondría para las arcas públicas.
Desde Foro Asturias, Adrián Pumares consideró que la iniciativa no resolverá el problema de acceso a la vivienda, ya que no incrementa la oferta disponible, y afirmó que genera inseguridad jurídica al introducir a la Administración como competidora en el mercado inmobiliario.
Por el contrario, el PSOE respaldó la medida. El diputado Mochu García defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y señaló que el tanteo y retracto forma parte de una estrategia más amplia que incluye la promoción de vivienda pública, incentivos fiscales, el programa Alquilámoste y la declaración de zonas tensionadas.
Asimismo, Covadonga Tomé valoró positivamente tanto el derecho de tanteo y retracto como la prohibición de nuevas licencias para viviendas turísticas en zonas tensionadas. La diputada defendió que estas medidas deben integrarse en la futura ley de vivienda y reclamó avanzar hacia el reconocimiento efectivo del derecho subjetivo a una vivienda digna para responder a las dificultades que afrontan muchas familias asturianas para acceder al alquiler o a la compra de una vivienda https://bit.ly/4fvuveC
Por último para completar la foto del problema de la vivienda, el 5 de junio se publicaba en prensa que la vivienda empuja a la pobreza a una parte creciente de quienes ya tenían menos margen para afrontarla. El informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas concluye que el coste de la vivienda está aumentando significativamente el riesgo de pobreza en España, especialmente entre los jóvenes y la población inmigrante. Según el estudio, una vez descontados de los ingresos los gastos relacionados con la vivienda —como alquiler, hipoteca y mantenimiento—, el 32,9% de los hogares jóvenes y el 52,3% de las familias inmigrantes se encuentran en situación de pobreza.
La investigación señala que el acceso a la vivienda se ha convertido en un importante factor de desigualdad. Aunque el 9% de los hogares españoles destina más del 40% de sus ingresos a los gastos de alojamiento, este porcentaje se eleva hasta el 19,6% entre los jóvenes y el 25,8% entre la población inmigrante. Los autores atribuyen esta situación, entre otros factores, a la insuficiente oferta de vivienda pública de alquiler social y al desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas. Entre los años 2021 y 2025 se construyeron unas 454.000 viviendas nuevas, mientras que el número de hogares aumentó en 965.000.
El estudio destaca que la presión sobre el mercado es especialmente intensa en territorios con una elevada demanda residencial, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, así como en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. En estas zonas, la escasez de oferta contribuye al incremento de los precios tanto de la vivienda en propiedad como del alquiler.
Asimismo, el informe refleja que la tasa general de pobreza en España pasa del 19,5% al 23% cuando se descuentan los costes de la vivienda. El impacto es especialmente notable entre los jóvenes y los inmigrantes, colectivos que recurren con mayor frecuencia al alquiler debido a las dificultades para acceder a la compra de una vivienda por sus menores niveles de ingresos, ahorro y acceso al crédito.
Finalmente, el estudio subraya que el alquiler ha ganado peso en España durante las últimas dos décadas, pasando de 2,1 millones a 3,9 millones de inquilinos. Actualmente, alrededor del 20% de la población vive de alquiler, una situación que, según los autores, resulta especialmente problemática debido a la escasa disponibilidad de vivienda social y al elevado esfuerzo económico que deben realizar los hogares con menores recursos https://bit.ly/4uTvLwO
Lo primero que quiero señalar es que en la manifestación celebrada hoy en Gijón no se ha visto, al menos según reflejan las crónicas publicadas, a responsables públicos como: Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador, Ángela Pumariega, Álvaro Queipo o los portavoces de Vox acompañando a los vecinos afectados por los graves problemas de acceso a la vivienda que sufren Gijón y otros municipios asturianos. Quizá esta ausencia responda a dos motivos. El primero, es que su presencia podría no haber sido bien recibida por muchos de los asistentes, lo que habría generado una imagen incómoda para la fotografía del día. El segundo, y más relevante, es que tras más de tres años participando en gobiernos municipales como los de Gijón o Llanes, no han demostrado ser capaces de abordar y ofrecer soluciones eficaces a un problema que sigue agravándose y que afecta cada vez a más familias.
El problema de la vivienda en Asturias no puede explicarse solo por una causa ni atribuirse únicamente a un partido. La situación actual es el resultado de una acumulación de decisiones, omisiones y prioridades políticas adoptadas desde distintas administraciones: autonómica, municipal y estatal. Mientras los diferentes partidos políticos se acusan entre sí de intervenir demasiado o de no intervenir lo suficiente, la realidad social es que cada vez más vecinos tienen dificultades para pagar un alquiler, acceder a una hipoteca, emanciparse o permanecer en su vivienda.
La manifestación celebrada en Gijón por una vivienda digna muestra que el problema ha dejado de ser una preocupación abstracta para convertirse en un conflicto social visible. Más de 2.000 personas salieron a la calle para denunciar el encarecimiento de los alquileres, los desahucios y la falta de acceso a una vivienda asequible. Las paradas ante domicilios de familias amenazadas por desalojo reflejan que detrás de las cifras hay personas concretas que viven con miedo e incertidumbre. Esa realidad demuestra que las políticas actuales no están dando una respuesta suficiente al problema https://bit.ly/3Q1yTrw
La derecha extrema política asturiana, principalmente representada por: PP, Foro y la ultraderecha de Vox o VecinosxLlanes, tienen una enorme responsabilidad cuando reduce buena parte del debate a la defensa de la propiedad privada y a la crítica contra cualquier intervención pública. Su rechazo al derecho de tanteo y retracto incluido en la futura LOITA se apoya en el argumento de que la Administración no debe interferir en el mercado inmobiliario. Sin embargo, esa posición resulta insuficiente para quienes no pueden pagar una vivienda. Defender la seguridad jurídica es necesario, pero no puede convertirse en una excusa para no actuar ante un mercado que está dejando fuera a jóvenes, familias trabajadoras e inquilinos vulnerables https://bit.ly/4uqxbOt
Además, cuando partidos como PP y Foro participan en gobiernos municipales, también asumen responsabilidad administrativa. Los ayuntamientos tienen competencias urbanísticas, capacidad para planificar suelo, regular determinados usos, impulsar vivienda pública municipal, actuar sobre vivienda vacía dentro de sus márgenes legales y condicionar el modelo de ciudad. Por tanto, no basta con criticar al Gobierno del Principado para ocultar su incompetencia política si desde los municipios donde gobiernan o influyen tampoco se han ofrecido soluciones eficaces y visibles al problema de la vivienda. La crítica a la intervención autonómica pierde fuerza cuando no va acompañada de una política municipal ambiciosa que aumente la oferta asequible y proteja a los residentes.
Vox, por su parte, sitúa el centro de su discurso en el rechazo frontal a la intervención pública, llegando a plantear posibles acciones legales contra medidas como el tanteo y retracto. Esa posición puede conectar con propietarios o inversores preocupados por la inseguridad jurídica, pero no resuelve por sí misma el problema de acceso. Si la única respuesta es dejar actuar al mercado, el resultado previsible es que quienes tienen menos ingresos sigan quedando fuera, especialmente en zonas tensionadas o con presión turística https://bit.ly/49FWjtc
Ahora bien, la izquierda institucional de PSOE, IU y SOMOS, tampoco puede eludir su responsabilidad. El Gobierno del Principado, dirigido por el PSOE en coalición con IU en materia de vivienda y ordenación territorial, ha impulsado medidas como Alquilámoste, la declaración de zonas tensionadas, el tanteo y retracto o la limitación de viviendas turísticas en determinadas áreas. Son instrumentos que pueden tener utilidad, pero hasta ahora no han evitado que el problema siga creciendo. Si los alquileres continúan subiendo y las familias siguen movilizándose contra los desahucios, es evidente que la actuación pública no está siendo suficiente en escala, rapidez o eficacia https://bit.ly/4umzZw3
El principal reproche a la izquierda institucional es que muchas de sus medidas se quedan en mecanismos indirectos. Programas como Alquilámoste buscan movilizar vivienda privada ofreciendo garantías a los propietarios, pero eso no sustituye la necesidad de ampliar de manera decidida el parque público de vivienda. Si el mercado privado es incapaz de ofrecer alquileres asequibles para una parte creciente de la población, la Administración debe asumir un papel más fuerte en la construcción, rehabilitación y puesta en alquiler de vivienda protegida. De lo contrario, se corre el riesgo de transferir recursos públicos para sostener rentabilidades privadas sin cambiar de fondo la relación entre salarios y precios de la vivienda.
El informe de la Fundación BBVA y el IVIE confirma que la vivienda se ha convertido en un factor directo de empobrecimiento. Según sus datos, la tasa de pobreza general pasa del 19,5% al 23% cuando se descuentan los gastos de vivienda. En los hogares jóvenes, el impacto es aún mayor: la pobreza pasa del 24,5% al 32,9%. Y entre la población extranjera aumenta del 44,7% al 52,3%. Estos datos muestran que la vivienda no puede ser tratado desde la óptica del mercado, este no es solo un problema urbanístico o inmobiliario, sino una cuestión social de primer orden https://bit.ly/4dSL4jt
La escasez de oferta también forma parte del problema. El informe señala que entre 2021 y 2025 se construyeron muchas menos viviendas nuevas que hogares se crearon en España. Ese desequilibrio presiona los precios al alza, tanto en compra como en alquiler. Pero esta realidad tampoco puede utilizarse como argumento simplista contra toda regulación. Aumentar la oferta es necesario, pero la pregunta política es qué tipo de oferta se crea: vivienda libre para inversión, vivienda turística, vivienda de lujo o vivienda protegida y asequible para residentes. Ahí es donde las administraciones tienen responsabilidad directa.
La presión turística añade otra capa al problema en municipios asturianos con atractivo residencial o vacacional como Llanes o Gijón. Cuando una parte del parque de vivienda se orienta al uso turístico o a la rentabilidad de corta duración, disminuye la disponibilidad para residencia habitual y aumentan los precios. Por eso medidas como limitar nuevas licencias de viviendas turísticas en zonas tensionadas pueden ser necesarias, pero deben acompañarse de inspección, planificación y alternativas habitacionales. Si se aprueban normas sin capacidad real de aplicación, el efecto sobre la vida de los vecinos será limitado.
En este contexto, todos los partidos políticos tienen alguna responsabilidad. La derecha, cuando gobierna municipios o influye en ellos, no puede limitarse a denunciar la intervención autonómica mientras no impulsa políticas locales suficientes para crear vivienda asequible, un buen ejemplo lo encontramos en Gijón y Llanes. La izquierda, cuando gobierna el Principado, no puede conformarse con anunciar medidas si estas no se traducen en una reducción real del esfuerzo económico de las familias. Y el conjunto de las fuerzas políticas, cuando convierten la vivienda en un campo de batalla partidista, contribuyen a retrasar soluciones que necesitan continuidad, inversión y coordinación entre administraciones.
El problema de fondo es que la vivienda se ha tratado durante demasiados años más como un activo económico que como una necesidad básica. Esa lógica atraviesa tanto a quienes confían casi todo al mercado como a quienes intervienen de forma parcial, tardía o insuficiente. Mientras tanto, los ciudadanos soportan alquileres cada vez más altos, dificultades para emanciparse, inseguridad residencial y riesgo de pobreza. La consecuencia es clara: la vivienda se ha convertido en una frontera entre quienes pueden construir un proyecto de vida y quienes quedan atrapados en la precariedad.
Asturias necesita menos reproches cruzados y más responsabilidad institucional. Hace falta aumentar el parque público de vivienda, utilizar suelo público para vivienda protegida, rehabilitar inmuebles vacíos, controlar los usos turísticos en zonas tensionadas, reforzar la protección frente a desahucios y garantizar alquileres compatibles con los salarios reales. Ningún partido político asturiano puede presentarse como ajeno al problema si desde las instituciones donde gobierna, apoya o condiciona decisiones que no ha contribuido a resolverlo.
En definitiva, la crisis de la vivienda en Asturias no es solo culpa de una ideología ni de una administración concreta. Es el resultado de un fracaso compartido: unos porque se resisten a intervenir incluso cuando el mercado expulsa a los vecinos, y otros porque intervienen de forma insuficiente o con medidas que no alcanzan la dimensión del problema. Mientras esa disputa continúa de forma espuria, la ciudadanía sigue pagando las consecuencias con más pobreza, más inseguridad y menos derecho efectivo a vivir dignamente en su tierra.
A todo ello hay que sumar la mezquindad política que los asturianos venimos sufriendo desde el año 2023. Desde entonces, en muchos ayuntamientos gobiernan o condicionan la acción municipal el PP, Foro y, en algunos casos, Vox, mientras que en el Gobierno del Principado Adrián Barbón tampoco ha tomado cartas en el asunto con la determinación que exige la gravedad del problema. Unos utilizan la vivienda como arma arrojadiza contra cualquier intervención pública, aunque desde los municipios donde gobiernan no hayan sido capaces de ofrecer soluciones eficaces como sucede en Gijón o Llanes. Otros, desde el Gobierno autonómico, anuncian medidas y programas que pueden tener utilidad parcial como sucede con IU, pero que no atacan con la suficiente fuerza el núcleo del problema: la falta de vivienda pública, protegida y asequible.
Esa es precisamente la mezquindad política: convertir una emergencia social en un intercambio permanente de reproches, mientras los alquileres suben, los jóvenes no pueden emanciparse, las familias vulnerables viven bajo amenaza de desahucio y cada vez más hogares quedan empobrecidos después de pagar la vivienda. La derecha extrema del PP se escuda en la defensa de la propiedad privada para justificar su falta de intervención, y la izquierda institucional se refugia en medidas insuficientes para no reconocer que hace falta una actuación mucho más ambiciosa, rápida y sostenida. Entre unos y otros, la ciudadanía asturiana sigue soportando un problema que ya desborda la capacidad económica de miles de familias.
Para terminar el post quiero manifestar que en definitiva, la vivienda se ha convertido en una prueba de fuego para una clase política que cobra del erario público para resolver problemas, no para administrarlos eternamente. Sin embargo, demasiados responsables públicos han demostrado más habilidad para señalar al adversario que para ofrecer soluciones reales. Mientras unos políticos se esconden tras el mercado como la derecha extrema y la ultraderecha (PP, VOX y Foro) y otros tras anuncios insuficientes (PSOE, IU y Somos), miles de asturianos siguen pagando alquileres imposibles, retrasando su emancipación o viviendo con el miedo a perder su casa.
La ciudadanía no necesita más excusas, más ruedas de prensa ni más reproches cruzados. Necesita vivienda pública, alquileres asequibles, protección frente a los desahucios y decisiones valientes. Porque cuando quienes cobran con dinero público no son capaces de garantizar un derecho básico como la vivienda, el fracaso no es solo administrativo: es político, social y moral.
Para terminar el post quiero manifestar que en definitiva, la vivienda se ha convertido en una prueba de fuego para una clase política que cobra del erario público para resolver problemas, no para administrarlos eternamente. Sin embargo, demasiados responsables públicos han demostrado más habilidad para señalar al adversario que para ofrecer soluciones reales. Mientras unos políticos se esconden tras el mercado como la derecha extrema y la ultraderecha (PP, VOX y Foro) y otros tras anuncios insuficientes (PSOE, IU y Somos), miles de asturianos siguen pagando alquileres imposibles, retrasando su emancipación o viviendo con el miedo a perder su casa.
La ciudadanía no necesita más excusas, más ruedas de prensa ni más reproches cruzados. Necesita vivienda pública, alquileres asequibles, protección frente a los desahucios y decisiones valientes. Porque cuando quienes cobran con dinero público no son capaces de garantizar un derecho básico como la vivienda, el fracaso no es solo administrativo: es político, social y moral… Y ahí es donde hay que dar la cara como ayer en la manifestación, pero ni: Moriyón, Queipo, Pumariega, Martínez Salvador, Barbón , Ovidio Zapico estaban para dar explicaciones.
Ya lo dice un anónimo: "Cuando la política fracasa en garantizar derechos básicos, deja de ser parte de la solución y pasa a formar parte del problema."
