Ayer podíamos leer en la prensa regional que el diputado regional del PP, Pedro de Rueda, visitó el paso a nivel de Posada de Llanes para denunciar los continuos fallos en los sistemas de seguridad de esta infraestructura ferroviaria y exigir que se reactive el plan anunciado en el año 2023 para eliminar los 36 pasos a nivel existentes en el concejo de Llanes, el mismo se encuentra parado. Durante la visita, en la que estuvo acompañado por otros representantes del Partido Popular, José Manuel Felgueres, Juan Carlos Armas y Aurora Aguilar y José Ramón Amor, señaló que el cruce de Posada soporta diariamente un elevado tránsito de vehículos al conectar el interior del Oriente de Asturias con la costa. Según explicó, vecinos y conductores han denunciado averías frecuentes en las barreras de seguridad, que en ocasiones permanecen bajadas sin motivo aparente o, por el contrario, se mantienen levantadas cuando circulan trenes, lo que genera preocupación entre la población.
Foto: los payasos del circo del PP en Posada
El diputado consideró que este problema refleja una situación más amplia relacionada con las inversiones ferroviarias en Asturias por parte de Adif, a las que calificó de insuficientes y con retrasos prolongados. Como ejemplo comparativo, recordó que en agosto de 2025 Adif adjudicó por 1,4 millones de euros el proyecto para suprimir un paso a nivel en Zalla (País Vasco), mientras que en Asturias los proyectos comprometidos continúan paralizados o sin avances claros. De Rueda subrayó que el Ayuntamiento de Llanes ya ha cumplido con su parte del convenio firmado en 2023, elaborando los informes de expropiación necesarios, por lo que ahora corresponde al Ministerio de Transportes y a Adif ejecutar las actuaciones previstas. Además, el PP reclama medidas urgentes para reforzar la seguridad en los pasos más conflictivos mientras no se lleven a cabo las obras definitivas.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en Llanes, Juan Carlos Armas (la mentira andante), añadió otras preocupaciones relacionadas con el entorno del paso a nivel, como la falta de desbroce en los márgenes de la vía ferroviaria y la presencia de ratas en la zona, lo que está generando inquietud entre los vecinos de Posada. También denunció la paralización de las obras para eliminar el paso a nivel de La Galguera, que ya habían comenzado.
En el plano político, De Rueda criticó al gobierno autonómico presidido por Adrián Barbón, al que acusó de no exigir con suficiente firmeza al Gobierno central las inversiones comprometidas para Asturias. El PP ha presentado iniciativas en la Junta General del Principado para que el Ejecutivo regional presione al Ministerio de Transportes y evite que proyectos ferroviarios anunciados queden paralizados o se retrasen indefinidamente https://bit.ly/4cEU8s4
El acuerdo firmado en 2023 entre el Ayuntamiento de Llanes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif tenía como objetivo principal eliminar progresivamente los 36 pasos a nivel existentes en el concejo, considerado el municipio con más cruces ferroviarios de este tipo en España.
El convenio recogía varias líneas de actuación concretas:
1. Supresión progresiva de
los pasos a nivel
El acuerdo establecía un plan de eliminación de los 36 cruces ferroviarios
mediante distintas soluciones técnicas, principalmente:
- Construcción de pasos superiores o inferiores para vehículos.
- Creación de pasos peatonales seguros alternativos.
- Reordenación de caminos y accesos rurales para evitar el cruce directo con la vía.
2. Colaboración entre
administraciones
Cada administración asumía responsabilidades distintas:
- Adif y el Ministerio debían redactar los proyectos, financiar y ejecutar las obras ferroviarias.
- El Ayuntamiento de Llanes debía facilitar el desarrollo del plan urbanístico necesario y tramitar las expropiaciones de los terrenos afectados.
3. Estudios técnicos y
proyectos constructivos
El acuerdo incluía la redacción de estudios y proyectos técnicos para
cada uno de los pasos a nivel, priorizando aquellos con:
- mayor tráfico de vehículos,
- mayor riesgo de accidentes,
- o mayor impacto en la movilidad del concejo.
4. Mejora de la seguridad
mientras se ejecutan las obras
Hasta la eliminación definitiva de los cruces, se contemplaba reforzar las
medidas de seguridad, como:
- mejoras en señalización,
- revisión de sistemas de barreras,
- actuaciones de mantenimiento en la infraestructura.
En resumen, el convenio firmado en el año 2023 pretendía resolver de forma estructural el problema de los numerosos pasos a nivel de Llanes, mediante un programa coordinado entre administraciones que combinaba proyectos técnicos, expropiaciones de terrenos y ejecución de obras para sustituir los cruces por infraestructuras más seguras.
Por otro lado, ADIF es una entidad pública empresarial perteneciente al sector público estatal español. Fue creada por la Ley del Sector Ferroviario de 2003 como resultado de la reorganización del sistema ferroviario español, que separó la gestión de las infraestructuras de la explotación del transporte ferroviario. Jurídicamente forma parte del sector público institucional estatal y está adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Como entidad pública empresarial, Adif posee personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión, aunque su actuación se rige por las directrices generales del Gobierno y del ministerio al que está adscrita. Su actividad se regula principalmente por la Ley del Sector Ferroviario y por la normativa general aplicable al sector público estatal. Esto significa que, aunque funciona con cierta autonomía operativa y presupuestaria, forma parte de la Administración pública y debe cumplir los principios de legalidad, control financiero y responsabilidad propios del sector público.
En relación con la ejecución de proyectos ferroviarios, como la supresión de pasos a nivel o la construcción de nuevas infraestructuras, Adif tiene varias responsabilidades claramente definidas por la normativa ferroviaria. En primer lugar, es la entidad encargada de administrar y gestionar la red ferroviaria de titularidad estatal, lo que incluye el mantenimiento, la modernización y la mejora de las infraestructuras ferroviarias. Dentro de estas funciones se encuentran la planificación técnica, redacción de proyectos, licitación de obras, contratación de empresas constructoras y supervisión de la ejecución de los trabajos.
Además, Adif tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en la red que gestiona. Esto implica mantener en condiciones adecuadas todos los elementos de la infraestructura, incluidos los sistemas de señalización, pasos a nivel, barreras, enclavamientos y demás dispositivos de seguridad. Cuando se detectan riesgos o deficiencias, la entidad debe adoptar medidas correctoras, que pueden ir desde el mantenimiento y reparación hasta la sustitución de la infraestructura por soluciones más seguras, como pasos superiores o inferiores.
En el caso de proyectos concretos acordados con otras administraciones —por ejemplo, convenios firmados con ayuntamientos o comunidades autónomas para eliminar pasos a nivel—, la responsabilidad de Adif consiste normalmente en desarrollar los proyectos técnicos y ejecutar las obras ferroviarias, mientras que otras administraciones pueden asumir tareas complementarias como la gestión urbanística o las expropiaciones de terrenos. Una vez firmado un convenio de este tipo, Adif debe cumplir los compromisos recogidos en él, siempre dentro de los procedimientos administrativos y presupuestarios establecidos.
En síntesis, Adif es una entidad pública empresarial del Estado encargada de la gestión y desarrollo de la infraestructura ferroviaria, con responsabilidades directas en la planificación, ejecución y mantenimiento de las obras relacionadas con dicha red. En proyectos como la eliminación de pasos a nivel, su papel principal es diseñar y ejecutar técnicamente las actuaciones necesarias y garantizar que la infraestructura ferroviaria cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.
A la vista de la información expuesta y del contenido del convenio firmado en 2023, la responsabilidad de ejecutar las obras para la eliminación de los pasos a nivel corresponde principalmente a Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya que ambos son los titulares y gestores de la infraestructura ferroviaria estatal.
El convenio establecía un reparto claro de funciones entre las administraciones implicadas. Por un lado, Adif y el Ministerio asumían las competencias relacionadas con la infraestructura ferroviaria: redactar los proyectos técnicos, financiar las actuaciones y ejecutar materialmente las obras necesarias para suprimir los pasos a nivel mediante la construcción de pasos superiores, inferiores u otras soluciones técnicas que eliminen el cruce directo con la vía. Estas funciones derivan de la normativa ferroviaria española, que atribuye a Adif la gestión, mantenimiento y mejora de la red ferroviaria de titularidad estatal.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Llanes tenía un papel complementario dentro del acuerdo. Su responsabilidad se centraba principalmente en facilitar el desarrollo urbanístico del proyecto y tramitar las expropiaciones necesarias para liberar los terrenos afectados por las futuras obras. Estas actuaciones municipales son habituales en este tipo de convenios porque los nuevos pasos superiores, inferiores o viales alternativos requieren suelo que debe ser previamente puesto a disposición del gestor ferroviario.
En consecuencia, si el Ayuntamiento ha cumplido con la elaboración de los informes de expropiación y con la tramitación urbanística prevista en el convenio, la fase de ejecución material de las obras corresponde a Adif y al Ministerio, ya que son las administraciones responsables de la infraestructura ferroviaria y de su financiación. Además, como gestor de la red ferroviaria, Adif tiene también la obligación de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria, lo que incluye mantener en condiciones adecuadas los pasos a nivel existentes hasta que sean eliminados o sustituidos por otras soluciones.
Por tanto, desde un punto de vista jurídico-administrativo, la responsabilidad principal de llevar a cabo las obras para eliminar los pasos a nivel recae en Adif y en el Ministerio de Transportes, mientras que el Ayuntamiento tiene una función de colaboración en aspectos urbanísticos y de disponibilidad de terrenos. El cumplimiento del convenio depende de que cada administración ejecute las obligaciones que asumió en dicho acuerdo.
Durante los gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy, las actuaciones relacionadas con la supresión de pasos a nivel muestran que las inversiones del gobierno se centraron sobre todo en actuaciones puntuales de mejora de seguridad en la red de vía estrecha heredada de FEVE y en proyectos preliminares para futuras supresiones. Una de las actuaciones documentadas durante ese periodo fue el programa de supresión de pasos a nivel en la red de la antigua FEVE en Asturias. En el año 2017, Adif anunció la supresión de 18 pasos a nivel en esta red mediante varias actuaciones agrupadas en tres lotes de obra. El presupuesto de licitación conjunto para estas intervenciones fue superior a 1,4 millones de euros https://bit.ly/4sWPZET
Estas intervenciones se plantearon principalmente como clausuras o mejoras de seguridad, y no siempre implicaban la construcción de pasos superiores o inferiores. En muchos casos consistían en la eliminación del cruce y la reordenación de accesos, derivando el tráfico hacia otros pasos o viales cercanos. Este tipo de actuaciones se aplicó en diversos puntos de la red de ancho métrico del norte de España, incluida la línea Oviedo-Santander, que atraviesa el oriente de Asturias.
En el caso concreto del concejo de Llanes —que es uno de los municipios con mayor número de pasos a nivel de España— durante aquellos años no se ejecutó un plan integral de eliminación masiva como el que se planteó posteriormente en el convenio firmado bajo el gobierno socialista de Pedro Sánchez entre el Ayuntamiento y Adif en la década del año 2020. Ese acuerdo posterior prevé actuar sobre 54 pasos a nivel y clausurar 36 de ellos, mediante la construcción de pasos superiores, inferiores o la reorganización de viales https://bit.ly/4sxadEH
Por tanto, los datos disponibles y publicados indican que durante los mandatos del gobierno de Rajoy sí hubo actuaciones de supresión y mejora de pasos a nivel en la red asturiana, pero se trató de intervenciones limitadas y de menor escala, con inversiones del orden de al menos 1,4 millones de euros para varios proyectos de eliminación o cierre de pasos en la red FEVE.
En contraste, los proyectos específicos para la eliminación de pasos a nivel en el concejo de Llanes que implican obras de mayor entidad —como pasos elevados, inferiores o pasarelas— aparecen en documentos y contratos posteriores, como la adjudicación de obras para suprimir tres pasos a nivel mediante dos pasos superiores y una pasarela peatonal con una inversión de algo más de 2,1 millones de euros https://bit.ly/3NscHFC
Foto: los dos mayores payasos de la politica llanisca, Álvaro Queipo y Enrique Riestra Rozas
En síntesis, las fuentes disponibles muestran que durante el periodo (2011-2018) bajo gobiernos del PP, las actuaciones del Estado en el oriente de Asturias en materia de pasos a nivel se centraron en programas de eliminación o mejora de seguridad con presupuestos relativamente reducidos, mientras que los planes integrales de supresión de gran escala para Llanes se plantearon posteriormente mediante convenios específicos bajo el gobierno socialista de la nación con organismos como Adif y el Ayuntamiento de Llanes.
Para terminar el post quiero manifestar que lo lo ocurrido ayer en Posada, no es más que una muestra evidente de una forma de hacer política basada en el oportunismo, la exageración y la utilización interesada de los problemas públicos. La visita de los “vividores” diputados del PP, Pedro de Rueda, acompañado por José Manuel Felgueres y por los concejales Juan Carlos Armas, Aurora Aguilar y José Ramón Amor, responde más a una escenificación política que a una verdadera voluntad de resolver los problemas que afectan al concejo. Resulta difícil no interpretar este tipo de actos como el inicio de una estrategia de posicionamiento ante unas elecciones que se acercan, en la que algunos responsables políticos como los del PP intentan presentarse como defensores de soluciones para los llaniscos que nunca impulsaron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar.
Lo más llamativo es que quienes hoy denuncian retrasos o falta de actuaciones en materia ferroviaria no explican qué se hizo durante los años en los que su propio partido gobernó el Estado. La memoria política parece ser selectiva cuando se trata de exigir responsabilidades a otros mientras se evita cualquier balance serio de la propia gestión pasada. Esta forma de actuar convierte problemas reales, como la seguridad de los pasos a nivel, en instrumentos de confrontación política en lugar de tratarlos con la seriedad institucional que merecen.
Al mismo tiempo, este discurso se acompaña de un silencio significativo respecto a los problemas que hoy afectan directamente a los vecinos de Llanes hoy con un gobierno municipal en el que están instalados y que dependen en gran medida de la política municipal. Cuestiones como el acceso a la vivienda, la presión sobre el suelo o determinadas decisiones urbanísticas siguen siendo preocupaciones centrales para muchos vecinos, pero apenas aparecen en el discurso público de quienes prefieren centrar la atención en la denuncia de actuaciones que dependen de otras administraciones.
En este contexto, tampoco pasa desapercibido el papel de dirigentes regionales como Álvaro Queipo, cuya estrategia política se ha caracterizado en numerosas ocasiones por la confrontación mediática y la escenificación política, mientras las propuestas concretas quedan en un segundo plano. Este estilo de oposición basado en la denuncia constante, basada en el engaño y la mentira y en la construcción de relatos simplificados puede generar titulares, pero difícilmente contribuye a resolver los problemas estructurales que afectan a Asturias.
En definitiva, lo ocurrido en Posada refleja una forma de hacer política en la que el ruido, la escenificación y la acusación sustituyen al debate serio y a la responsabilidad institucional. Los llaniscos no necesitan visitas puntuales ni declaraciones grandilocuentes, sino compromiso real, coherencia y trabajo continuado. Cuando la política se reduce a actos simbólicos y a discursos diseñados para la confrontación, lo que se debilita es la confianza ciudadana en las instituciones. Y cuando esa confianza se erosiona por el uso reiterado de medias verdades, silencios interesados y promesas sin memoria, lo que queda es una política basada más en la propaganda que en la responsabilidad.
Ya lo dijo Manuel Azaña: “La política debería ser la profesión de los mejores, no el refugio de los que viven de la mentira."
