Hoy conocimos que el Gobierno de España ha elegido a Zaragoza para ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, una decisión adoptada por el Consejo de Ministros y comunicada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La capital aragonesa fue elegida frente a las candidaturas presentadas por Oviedo, Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León y Lugo. El nuevo organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, contará con una plantilla aproximada de 300 empleados públicos y tendrá como finalidad reforzar la coordinación y los recursos estatales en materia de salud pública, especialmente tras las carencias detectadas durante los primeros meses de la pandemia. La información completa sobre el anuncio y las primeras valoraciones políticas puede consultarse en esta noticia.
La candidatura de Oviedo proponía instalar la Agencia en unos 3.000 metros cuadrados de la planta superior del edificio diseñado por Santiago Calatrava, en el barrio de Buenavista. El Ayuntamiento de Oviedo había formalizado su disposición a ceder gratuitamente esos espacios al Estado. La instalación del organismo habría completado un entorno vinculado a la actividad sanitaria, ya que la planta intermedia del complejo ha sido arrendada a la Universidad Alfonso X el Sabio para impartir titulaciones como Medicina y Enfermería. También se esperaba que la llegada de los trabajadores públicos contribuyera a la actividad económica y a la regeneración de una zona afectada por el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias y el cierre de la plaza de toros.
La elección de Zaragoza provocó distintas reacciones en Asturias. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, expresó su indignación y calificó la jornada como un día triste para la ciudad. Durante el pleno municipal responsabilizó al Gobierno del Principado y, especialmente, a su presidente, Adrián Barbón, de no haber defendido con suficiente firmeza la candidatura ante el Ejecutivo central. Canteli afirmó que el Ayuntamiento había cumplido los requisitos, había cedido los espacios y había renunciado a la posible instalación de otra empresa en el edificio. También indicó que ningún representante del Ministerio había visitado recientemente las instalaciones propuestas.
El Partido Popular de Asturias coincidió en responsabilizar al Ejecutivo autonómico. Su portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, sostuvo que el Gobierno de Barbón no había ejercido la influencia necesaria para defender los intereses de la comunidad. Según la representante popular, la pérdida de la Agencia supone renunciar a una oportunidad para crear empleo cualificado, atraer profesionales, fomentar la investigación biomédica y reforzar el papel de Asturias en el ámbito sanitario.
Izquierda Unida de Asturias también rechazó la decisión del Gobierno central. La formación lamentó que se descartara la candidatura de una comunidad que, según destacó, se encuentra entre las que más invierten por habitante en sanidad. Su coordinador general, Ovidio Zapico, consideró la elección injustificable y criticó que el organismo se instale en una comunidad gobernada por el Partido Popular y Vox. En el Ayuntamiento de Oviedo, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, calificó el resultado de injusto e inexplicable y señaló que las instalaciones ovetenses estaban prácticamente preparadas para su utilización, mientras que la propuesta zaragozana requerirá un periodo de adaptación.
El portavoz municipal del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, describió la noticia como pésima y reconoció la decepción existente en la ciudad. No obstante, pidió conocer el expediente completo y las puntuaciones obtenidas por cada candidatura antes de determinar las causas del resultado. Defendió que esos datos permitirán valorar de forma objetiva la posición alcanzada por Oviedo y el trabajo realizado por las distintas administraciones.
Vox, por su parte, dirigió sus críticas al gobierno municipal. Su portavoz, Sonsoles Peralta, atribuyó la pérdida de la sede a la falta de planificación del equipo de Alfredo Canteli. La formación cuestionó que inicialmente se planteara La Vega como posible ubicación y que posteriormente se presentara el Calatrava, al considerar que esos cambios reflejaron improvisación durante el proceso.
Las reacciones coincidieron en lamentar la pérdida de una institución que habría aportado empleo público y actividad económica a Oviedo, aunque los grupos discreparon sobre las responsabilidades políticas. Mientras el alcalde, el Partido Popular e Izquierda Unida cuestionaron la actuación de los gobiernos autonómico y central, el PSOE reclamó analizar previamente el expediente y Vox responsabilizó al ejecutivo municipal. El desarrollo de estas intervenciones durante el pleno del Ayuntamiento puede consultarse en la segunda información.
Asturias ante Madrid: conflictos pendientes, falta de resultados y responsabilidades compartidas
La decisión del Consejo de Ministros de situar en Zaragoza la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública representa una nueva oportunidad perdida para Oviedo y para Asturias. La capital asturiana había ofrecido unos 3.000 metros cuadrados en la planta superior del edificio del Calatrava, un espacio de propiedad municipal que habría permitido reunir la Agencia con las titulaciones sanitarias previstas por la Universidad Alfonso X el Sabio. El organismo comenzará con una plantilla más reducida, pero la previsión es que pueda alcanzar los 300 trabajadores cuando se encuentre plenamente desarrollado. El anuncio de la elección de Zaragoza se produjo el 28 de julio de 2026, después de un procedimiento en el que también participaron Oviedo, Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León y Lugo.
A falta de conocer el expediente completo, los informes técnicos y las puntuaciones concedidas a cada candidatura, no existen elementos suficientes para afirmar que la exclusión de Oviedo sea una represalia por los enfrentamientos mantenidos entre el Principado y el Gobierno de España. Esa relación no está acreditada. Lo que sí resulta exigible es la publicación de la resolución motivada, de los criterios empleados y de la valoración obtenida por cada ciudad. Solo entonces podrá determinarse si la candidatura asturiana fue superada por razones objetivas, si presentó deficiencias o si alguno de sus méritos no fue valorado adecuadamente.
La decisión provocó una respuesta inmediata de los partidos asturianos. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, responsabilizó principalmente al Gobierno autonómico y al presidente Adrián Barbón, al considerar que no habían defendido con suficiente intensidad la candidatura. El Partido Popular de Asturias mantuvo la misma posición. Izquierda Unida criticó al Gobierno central y calificó la elección de injustificable, mientras que el PSOE municipal pidió esperar a conocer el expediente antes de distribuir responsabilidades. Vox dirigió sus reproches al Ayuntamiento y sostuvo que la candidatura había estado marcada por la improvisación. Las reacciones reflejan una decepción compartida, pero también la tendencia de cada formación a señalar a una administración distinta.
El resultado llega, además, en un contexto marcado por varios conflictos abiertos entre el Principado y distintos departamentos del Gobierno central. Entre ellos se encuentran: el peaje del Huerna, la financiación autonómica, la adaptación ferroviaria al ancho europeo y, de manera especialmente destacada en Gijón, el vial de Jove y el prolongado desarrollo del Plan de Vías.
El vial de Jove
En marzo de 2024, el Ministerio de Transportes descartó la licitación del acceso soterrado al puerto de El Musel y planteó como alternativa un trazado en superficie. El Gobierno asturiano rechazó la propuesta, respaldó la posición del Ayuntamiento de Gijón y reclamó que los más de 285 millones de euros inicialmente previstos continuaran vinculados a actuaciones en la ciudad. La posición oficial del Principado sobre el vial de Jove quedó expresada tras conocerse la retirada del proyecto soterrado.
Desde entonces se han planteado otras posibilidades, como la mejora de los accesos portuarios por Aboño, el desdoblamiento de Lloreda-Veriña y la humanización de la avenida Príncipe de Asturias. Sin embargo, el problema ocasionado por la circulación de tráfico pesado en la zona oeste de Gijón continúa sin una solución definitiva ejecutada. El conflicto muestra una ruptura clara entre el Ministerio y las administraciones asturianas, aunque también ha generado una posición ampliamente compartida entre el Principado, el Ayuntamiento, los partidos y las organizaciones sociales sobre la necesidad de apartar los camiones de las áreas residenciales.
La oposición ha utilizado la retirada del proyecto para acusar a Barbón de falta de influencia ante un Gobierno central presidido por su mismo partido. Esa crítica forma parte de su labor de control, pero no puede ocultar que la competencia principal sobre la infraestructura pertenece al Estado y que la decisión de abandonar el proyecto soterrado fue adoptada por el Ministerio de Transportes. Tampoco sería exacto afirmar que los partidos de la oposición se opusieron a la mejora, porque existió un respaldo amplio a la reclamación gijonesa. La diferencia aparece al determinar quién debe responder por el fracaso y qué alternativa debe ejecutarse.
Más de dos décadas de Plan de Vías
A la situación del vial de Jove se suma el retraso continuado del Plan de Vías de Gijón, un proyecto que acumula más de dos décadas de acuerdos, cambios de ubicación, estudios y modificaciones. El convenio original se firmó en 2002 y situaba la estación intermodal en El Humedal. Posteriormente se trasladó la propuesta a Moreda y, años más tarde, al entorno del Museo del Ferrocarril. Estos cambios obligaron a revisar estudios, proyectos y sistemas de financiación, mientras la ciudad seguía utilizando la estación provisional de Sanz Crespo. La propia sociedad Gijón al Norte recoge la evolución de los emplazamientos en la documentación sobre el convenio del Plan de Vías.
En marzo de 2025, el Ministerio anunció que pretendía licitar durante el primer trimestre de 2026 la primera fase de las actuaciones. Esa etapa no consiste todavía en construir la totalidad de la estación intermodal, sino en remodelar el entorno de la calle Carlos Marx, derribar el viaducto, ejecutar un nuevo viario, sustituir colectores de saneamiento y completar una parte de la conexión ferroviaria. El Gobierno autorizó en marzo de 2026 la firma de un convenio por un importe máximo de 54,3 millones, posteriormente suscrito por el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento. Los detalles pueden consultarse en el anuncio del Ministerio de Transportes y en la información publicada por el Gobierno de Asturias.
Estos avances administrativos no eliminan el retraso acumulado. Después de más de veinte años, Gijón continúa sin la estación intermodal definitiva, sin la puesta en funcionamiento completa del Metrotrén y sin la transformación urbanística integral de los terrenos liberados. Tampoco se ha fijado en los últimos anuncios una fecha concreta para la entrada en servicio de toda la estación. La ejecución de una primera fase representa un paso comprobable, pero no equivale a la finalización del Plan de Vías.
La oposición municipal y autonómica ha denunciado repetidamente estos retrasos. El PP llegó a advertir que la estación podría quedar aplazada hasta después de 2030, mientras que las asociaciones vecinales cuestionaron el desarrollo urbanístico propuesto para financiar parte de las actuaciones. El debate también ha mostrado diferencias dentro del propio gobierno municipal gijonés. No obstante, el Plan de Vías ha pasado durante estas dos décadas por gobiernos estatales, autonómicos y municipales de distinto signo político. Por ello, atribuir todo el retraso a una sola formación no se corresponde con la trayectoria completa del proyecto.
El peaje del Huerna
El peaje de la autopista del Huerna constituye otro enfrentamiento directo entre el Principado y el Ministerio de Transportes. La concesión fue prorrogada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar hasta 2050, sin que se realizara una nueva licitación. La Comisión Europea ha cuestionado ese procedimiento y el Gobierno asturiano solicitó formalmente la revisión y nulidad de la ampliación.
Tras la negativa del Ministerio a entrar en el fondo de la petición, el Principado decidió acudir al Tribunal Supremo. El Gobierno autonómico sostiene que el peaje encarece la movilidad, perjudica a las empresas asturianas y mantiene una desigualdad respecto a otros territorios que disponen de conexiones gratuitas con la Meseta. La decisión de iniciar acciones judiciales aparece explicada en la información oficial del Gobierno de Asturias sobre el Huerna.
En esta cuestión existe una coincidencia amplia entre el Ejecutivo autonómico, los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las asociaciones de transportistas. La oposición critica a Barbón por haber tardado en impulsar la vía judicial, pero el PP también debe responder por una prórroga aprobada por un Gobierno de su partido. El PSOE, por su parte, tiene que explicar por qué el actual Ministerio mantiene la validez de aquella decisión y rechaza la reclamación del Principado. El conflicto no enfrenta a una parte de Asturias contra otra, sino a una reivindicación asturiana compartida contra la posición jurídica sostenida por el Estado.
La financiación autonómica
La financiación autonómica ha abierto otro desacuerdo con el Ministerio de Hacienda. Asturias reclama que el futuro modelo tenga en cuenta el envejecimiento, la dispersión de la población, la orografía y el coste efectivo de prestar servicios públicos. El Gobierno de Barbón rechazó la propuesta presentada por el Ministerio en sus términos actuales y anunció que votaría en contra si no se introducían modificaciones sustanciales. La Mesa de Financiación del Principado reafirmó en julio de 2026 esa posición.
En este asunto tampoco existe una oposición asturiana enfrentada a cualquier posible mejora. PSOE, PP, Izquierda Unida, Foro y la diputada Covadonga Tomé han compartido el rechazo al modelo planteado por el Gobierno central. Vox ha mantenido una posición diferenciada en algunos de los órganos de coordinación. El frente casi común demuestra que la defensa de los intereses territoriales puede superar las diferencias partidistas cuando existe un acuerdo previo sobre los criterios que debe cumplir la financiación.
La oposición sí exige a Barbón que transforme esa unidad interna en resultados efectivos ante Hacienda. El presidente del Principado ha defendido la negociación y el diálogo multilateral, pero la eficacia de esa estrategia solo podrá valorarse cuando se conozca el modelo definitivo y los recursos que corresponderán a Asturias. Negociar no constituye por sí mismo una debilidad, del mismo modo que elevar el tono tampoco garantiza resultados. Lo determinante será el contenido del acuerdo final.
El ancho ferroviario y los trenes de vía estrecha
La adaptación de la red ferroviaria al ancho estándar europeo ha generado un nuevo choque con Transportes. La Alianza por las Infraestructuras de Asturias, respaldada en 2024 por el Gobierno autonómico, los grupos políticos y los agentes sociales, reclamó preparar el eje entre Lena, Oviedo, Gijón, El Musel y Avilés para una futura migración al ancho europeo o para la instalación de triple hilo. La posición puede consultarse en el documento de la Alianza por las Infraestructuras.
El Ministerio considera que la conversión general de la red convencional española tendría un coste de hasta 30.000 millones de euros, provocaría décadas de obras y ocasionaría graves afecciones al tráfico ferroviario. El Principado, Foro, las cámaras de comercio y diversas organizaciones empresariales han rechazado que esos argumentos sirvan para excluir a Asturias de una futura red plenamente interoperable. El desacuerdo afecta especialmente al Corredor Atlántico y al transporte de mercancías desde los puertos asturianos.
A ello se añade la contratación de los nuevos trenes de ancho métrico para Asturias y Cantabria. El Tribunal de Cuentas concluyó que el retraso estuvo relacionado con unas especificaciones técnicas de imposible ejecución incluidas en los pliegos de Renfe. El rediseño de las unidades provocó demoras y costes adicionales. El informe oficial puede consultarse en la información del Tribunal de Cuentas sobre los trenes de ancho métrico.
En esta materia, la oposición ha cumplido una función necesaria al reclamar información, calendarios y responsabilidades. Sin embargo, la crítica resulta insuficiente cuando se limita a utilizar cada retraso para desgastar al Gobierno autonómico sin sostener una acción común ante Renfe, Adif o el Ministerio. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Barbón no puede refugiarse permanentemente en que las competencias pertenecen al Estado: debe informar de sus gestiones, anticipar los incumplimientos y ejercer presión institucional antes de que los retrasos sean irreversibles.
El papel del Gobierno y de la oposición
Los hechos no permiten afirmar que la oposición asturiana se haya enfrentado a todas las iniciativas capaces de mejorar la vida de los ciudadanos. En el peaje del Huerna, la financiación autonómica, el vial de Jove y las infraestructuras ferroviarias han existido posiciones comunes o apoyos muy amplios. Sí puede observarse que esa unidad suele romperse cuando llega el momento de distribuir responsabilidades. El Gobierno de Barbón culpa a Madrid de decisiones que dependen del Estado, mientras que la oposición responsabiliza a Barbón de no ejercer influencia suficiente ante un Ejecutivo dirigido por el PSOE.
La oposición tiene la obligación de controlar al Gobierno regional, pero también debe presentar alternativas y mantener fuera de Asturias las reivindicaciones que respalda dentro de la comunidad. No resulta coherente exigir aquí la eliminación del Huerna o la ejecución de determinadas infraestructuras y después evitar el enfrentamiento con los dirigentes nacionales del propio partido. Esa exigencia es aplicable tanto al PSOE ante el Gobierno central como al PP cuando debe explicar decisiones adoptadas por anteriores ejecutivos populares.
Barbón ha apostado habitualmente por la negociación institucional y por evitar la confrontación permanente. Esa forma de actuar no debe juzgarse por el volumen del “barullu”, sino por los resultados. La moderación puede facilitar acuerdos, pero pierde utilidad cuando los expedientes se eternizan, las inversiones se retrasan o las decisiones finales dejan a Asturias fuera. Ir con los de la feria y volver con los del mercado permite mantener equilibrios políticos, pero no sustituye la obligación de defender posiciones concretas, fijar plazos y exigir su cumplimiento.
La pérdida de la Agencia Estatal de Salud Pública no demuestra por sí sola que esa estrategia haya causado la elección de Zaragoza. Afirmarlo sin conocer el expediente sería una elucubración. Sí constituye, en cambio, un nuevo episodio que obliga a examinar la capacidad de Asturias para competir por organismos, inversiones e infraestructuras estatales. La primera responsabilidad consiste ahora en exigir las puntuaciones del concurso y explicar qué hizo cada administración. La segunda es abandonar el intercambio automático de reproches y convertir las posiciones comunes en una estrategia sostenida ante Madrid.
El coste de los proyectos aplazados no es únicamente político. Se traduce en barrios que continúan soportando tráfico pesado, ciudadanos que pagan durante décadas por atravesar el Huerna, viajeros que esperan trenes nuevos, empresas que reclaman conexiones ferroviarias competitivas y una ciudad que lleva más de veinte años aguardando la ejecución completa de su Plan de Vías. Esos son los hechos sobre los que deben rendir cuentas tanto el Gobierno autonómico como la oposición y los responsables del Gobierno de España.
La política asturiana lleva demasiado tiempo instalada en una dinámica de enfrentamiento, reparto de culpas y responsabilidades aplazadas. Cada vez que una inversión se retrasa, una infraestructura se paraliza o una candidatura pierde frente a otro territorio, el debate público termina reducido a determinar quién debe cargar con el fracaso. El Gobierno del Principado responsabiliza al Ejecutivo central cuando la competencia corresponde al Estado, mientras la oposición acusa al presidente autonómico de falta de influencia y de no defender con suficiente firmeza los intereses de Asturias. Entre unos y otros, los problemas permanecen sin resolver y las consecuencias recaen sobre los ciudadanos.
La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública ha vuelto a mostrar esta forma de actuar. Oviedo presentó una candidatura basada en la cesión de espacios municipales en el edificio del Calatrava y en la posibilidad de crear un entorno relacionado con la actividad sanitaria. La instalación de la Agencia habría aportado empleo público cualificado, actividad económica y una oportunidad de regeneración para el barrio de Buenavista. Sin embargo, la sede ha sido adjudicada a Zaragoza y la reacción inmediata de los partidos asturianos ha consistido en atribuir responsabilidades a sus adversarios.
El alcalde de Oviedo y el Partido Popular responsabilizaron al Gobierno de Adrián Barbón por no haber defendido la candidatura con suficiente intensidad. Izquierda Unida dirigió sus críticas contra el Gobierno central. Vox acusó al ejecutivo municipal de improvisación, mientras que el PSOE pidió esperar a conocer el expediente y las puntuaciones antes de valorar el resultado. Todas las formaciones lamentaron la pérdida, pero cada una señaló a una administración diferente. La consecuencia es que el debate sobre los méritos de la candidatura, las gestiones realizadas y las posibles deficiencias del proyecto queda desplazado por una nueva confrontación partidista.
No puede afirmarse, sin conocer la resolución completa, que la elección de Zaragoza sea una factura política impuesta a Asturias por sus desencuentros con el Gobierno de España. Esa relación no está demostrada y presentarla como un hecho sería una elucubración. Lo que sí puede criticarse es que las administraciones asturianas lleguen a decisiones de esta importancia sin haber construido previamente una estrategia pública, coordinada y verificable. La ciudadanía desconoce qué gestiones realizó cada institución, qué reuniones se mantuvieron, qué apoyos se buscaron y cómo fue defendida la candidatura ante los órganos encargados de evaluarla.
La Agencia de Salud no es un caso aislado dentro de la política asturiana. El vial de Jove, el Plan de Vías de Gijón, el peaje del Huerna, los trenes de ancho métrico, la adaptación ferroviaria al ancho europeo y la financiación autonómica muestran una sucesión de proyectos y reivindicaciones sometidos a retrasos, cambios de criterio y enfrentamientos entre administraciones. En muchos de estos asuntos existe un acuerdo básico entre el Gobierno regional, los partidos y los agentes sociales. Todos defienden públicamente la necesidad de mejorar las comunicaciones, eliminar barreras territoriales o garantizar una financiación suficiente. Sin embargo, esa unidad desaparece cuando llega el momento de asumir responsabilidades o mantener una posición común ante Madrid.
El vial de Jove constituye un ejemplo evidente. El Ministerio de Transportes descartó la licitación del proyecto soterrado y propuso una alternativa en superficie que fue rechazada por el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Desde entonces se han estudiado otras actuaciones, pero los vecinos de la zona oeste continúan soportando el tráfico pesado mientras las administraciones discuten sobre las causas del fracaso. La oposición acusa a Barbón de carecer de influencia ante un Gobierno de su propio partido, mientras el Ejecutivo autonómico recuerda que la decisión depende del Ministerio. Ambas afirmaciones pueden contener parte de la realidad, pero ninguna resuelve el problema.
Algo parecido ocurre con el Plan de Vías de Gijón, que acumula más de dos décadas de convenios, modificaciones, estudios y cambios de ubicación. Durante ese tiempo han gobernado partidos diferentes en el Estado, el Principado y el Ayuntamiento. Ninguna formación puede atribuirse por completo los avances ni descargar toda la responsabilidad sobre sus adversarios. Mientras continúan las discusiones, Gijón sigue sin una estación intermodal definitiva, sin el funcionamiento completo del Metrotrén y sin la transformación integral de los terrenos ferroviarios.
El peaje del Huerna también permite observar las contradicciones de los principales partidos. El Gobierno asturiano reclama la anulación de una prórroga aprobada en el año 2000 por un Ejecutivo del Partido Popular, mientras el actual Ministerio, dirigido por el PSOE, mantiene su validez. El PP acusa a Barbón de haber reaccionado tarde y el PSOE autonómico defiende su actuación frente a un Gobierno central de su misma formación. La reivindicación de eliminar el peaje cuenta con un respaldo social y político muy amplio, pero ese acuerdo no ha sido suficiente para obtener un resultado efectivo.
La oposición tiene la obligación democrática de fiscalizar al Gobierno regional, denunciar sus errores y exigir explicaciones. Sin embargo, esa función pierde utilidad cuando cada problema se utiliza únicamente como instrumento de desgaste. Criticar a Barbón por su falta de influencia resulta legítimo, pero debería ir acompañado de alternativas concretas y de una actuación coherente ante las direcciones nacionales de los propios partidos. No basta con defender una reivindicación en Asturias si después no se mantiene con la misma firmeza en el Congreso, ante los ministerios o dentro de las estructuras estatales de cada formación.
El Gobierno del Principado tampoco puede limitarse a recordar que determinadas competencias corresponden al Estado. Su responsabilidad consiste en anticiparse a los conflictos, negociar con objetivos definidos, informar de las gestiones realizadas y reaccionar antes de que los incumplimientos se consoliden. La negociación institucional es necesaria, pero debe producir resultados medibles. Evitar el enfrentamiento público no puede convertirse en una excusa para la falta de presión, del mismo modo que elevar constantemente el tono no garantiza una defensa más eficaz de los intereses asturianos.
El problema central de la política regional no es únicamente la confrontación con el Gobierno de España, sino la incapacidad de Gobierno y oposición para mantener una estrategia asturiana común más allá de las declaraciones iniciales. Se firman acuerdos, se anuncian alianzas y se aprueban resoluciones, pero cuando un proyecto se retrasa cada partido regresa a sus posiciones habituales. El Gobierno de Barbón acusa al Estado, la oposición acusa al Gobierno regional y las direcciones nacionales de los partidos quedan con frecuencia al margen de las críticas formuladas por sus representantes asturianos.
Esta forma de hacer política tiene un coste concreto. Lo pagan los vecinos que continúan conviviendo con el tráfico pesado en Gijón, los usuarios que esperan nuevos trenes, los conductores que siguen abonando el peaje del Huerna, las empresas que necesitan mejores conexiones y las ciudades que pierden oportunidades de empleo e inversión. También lo paga Asturias cuando sus reivindicaciones aparecen divididas, sometidas al calendario electoral y condicionadas por la filiación política de cada administración.
La pérdida de la Agencia Estatal de Salud Pública debe analizarse cuando se conozcan el expediente y las puntuaciones. Hasta entonces no puede utilizarse como prueba de una represalia política. Sí puede servir, no obstante, para exigir una forma distinta de defender los intereses de Asturias: más transparencia sobre las gestiones realizadas, menos intercambio automático de reproches, objetivos comunes, plazos verificables y una presión institucional sostenida con independencia del partido que gobierne en Madrid.
Gobierno y oposición política asturiana pueden seguir pasándose la responsabilidad aq la vez que marean a los asturianos, pero esa disputa no modifica el resultado. Cuando un proyecto se paraliza, una infraestructura se retrasa o una oportunidad se pierde, la factura no la pagan los partidos. La pagan los asturianos.
Ya lo dijo Cicerón: «El bienestar del pueblo debe ser la ley suprema.»
