LLANES APRUEBA POR UNANIMIDAD LA INTEGRACIÓN DE SUS ESCUELAS INFANTILES EN LA RED AUTONÓMICA A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE
El pleno extraordinario celebrado el 16 de octubre da luz verde al convenio que permitirá incorporar las escuelas infantiles de Llanes y Posada a la red pública y gratuita del Principado de Asturias, junto al centro de Vibañu. El acuerdo contó con el respaldo de PSOE, Vecinos por Llanes y Partido Popular, aunque durante el debate también afloraron críticas por los retrasos administrativos y las dificultades que han acompañado el proceso.
El Ayuntamiento de Llanes celebró ayer, viernes 16 de octubre de 2026, una sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad el convenio para la integración de las escuelas infantiles municipales en la red autonómica de educación de 0 a 3 años, conocida como «Les Escuelines/As Escolías». La decisión constituye un paso importante en la reorganización de los servicios educativos del concejo, ya que permitirá que el Principado de Asturias asuma la gestión de los centros municipales de Llanes y Posada, que se incorporarán a una red pública y gratuita en la que también se encuentra la escuela infantil de Vibañu. La transferencia de competencias está prevista para el próximo 1 de noviembre, fecha a partir de la cual se materializará el cambio de administración responsable. El acuerdo salió adelante con el respaldo de todos los concejales de las tres formaciones representadas en la Corporación municipal, PSOE, VecinosxLlanes y Partido Popular, demostrando un consenso político en torno a una medida que afecta directamente a las familias con niños y niñas de edades comprendidas entre los cero y los tres años.
La aprobación del convenio fue recogida por COPE Ribadesella en su información publicada el 16 de octubre de 2026, donde se detallan tanto el resultado de la votación como las intervenciones de los representantes políticos durante la sesión extraordinaria. La noticia pone de manifiesto que, aunque las tres formaciones coincidieron en respaldar la integración, existieron diferencias en la valoración de la gestión realizada por el Gobierno del Principado de Asturias y de los obstáculos administrativos que han retrasado el proceso. El debate permitió conocer las distintas posiciones sobre el reparto de responsabilidades entre administraciones, la necesidad de garantizar servicios educativos de calidad y la importancia de que la nueva estructura autonómica responda a las necesidades reales de las familias del concejo.
Durante su intervención, la concejala socialista Laura Inguanzo expresó la satisfacción del Grupo Municipal Socialista por la aprobación del convenio, destacando que la incorporación de las escuelas infantiles a la red autonómica supone un avance en la consolidación de la educación pública y gratuita desde las primeras etapas de la vida. La edil puso especial énfasis en los beneficios que esta medida representa para las familias, tanto desde el punto de vista educativo como en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Inguanzo recordó que, con esta incorporación, Llanes dispondrá de tres centros integrados en la red autonómica: Llanes, Posada y Vibañu, una distribución que permitirá mantener servicios educativos en diferentes puntos del municipio y contribuirá a mejorar las oportunidades de acceso a la educación infantil. La representante socialista también reconoció que la integración llega más tarde de lo que hubiera deseado su formación, aunque valoró positivamente que finalmente se haya alcanzado un acuerdo respaldado por toda la Corporación.
Manifestación en Posada de Llanes por el maltrato sufrido por los llaniscos en las escuelas de 0 a 3 años
Uno de los aspectos destacados por la concejala socialista fue la importancia de la escuela infantil de Vibañu para las familias residentes en el medio rural, especialmente por su vinculación con la escuela de la localidad, perteneciente al Colegio Rural Agrupado número 1 de Llanes. La existencia de este servicio educativo representa una oportunidad para que las familias puedan escolarizar a sus hijos desde edades tempranas sin necesidad de realizar desplazamientos prolongados hasta los principales núcleos urbanos del concejo. Esta circunstancia adquiere especial relevancia en un municipio como Llanes, caracterizado por una amplia dispersión geográfica de su población y por la existencia de numerosas localidades rurales. En este contexto, la disponibilidad de escuelas infantiles constituye también una herramienta para favorecer el asentamiento de población, facilitar la conciliación familiar y contribuir al mantenimiento de la actividad social en los pueblos. Según las informaciones publicadas por otros medios regionales, el Grupo Municipal Socialista también manifestó su intención de continuar recogiendo las demandas vecinales para estudiar la posibilidad de ampliar estos servicios a otras zonas del concejo donde existen necesidades de atención educativa infantil.
Por su parte, el alcalde fascista de Llanes, Enrique Riestra, del partido de la ultraderecha, VecinosxLlanes, defendió la importancia de que el Principado recupere la responsabilidad sobre la gestión de las escuelas infantiles, al considerar que se trata de una competencia que no debería haber recaído sobre los ayuntamientos. Durante el debate plenario, el regidor recordó que estos servicios habían sido asumidos por las administraciones municipales durante años, pese a que, a su juicio, su gestión corresponde a la administración autonómica. Riestra manifestó su oposición a que los municipios tengan que hacerse cargo de competencias que no les son propias, una situación que puede generar dificultades organizativas, económicas y administrativas para las entidades locales. El alcalde defendió que la integración permitirá devolver al Principado una responsabilidad educativa que considera que nunca debería haber abandonado, insistiendo en que los ayuntamientos no deben convertirse en gestores de servicios cuya competencia corresponde a otras administraciones. Su intervención puso sobre la mesa una cuestión que trasciende el caso concreto de Llanes: la necesidad de definir con claridad las responsabilidades de cada administración pública para evitar duplicidades y garantizar una financiación adecuada de los servicios.
La postura del alcalde encuentra su contexto en el modelo de gestión que el Principado de Asturias está implantando progresivamente mediante la red autonómica de escuelas infantiles. Hasta ahora, numerosos ayuntamientos asturianos habían asumido la organización y gestión de estos centros mediante diferentes fórmulas de colaboración administrativa. La nueva estructura pretende avanzar hacia un sistema educativo público, gratuito y gestionado de forma centralizada por la Administración autonómica, con criterios comunes para el funcionamiento de los centros y una distribución más clara de las responsabilidades institucionales. Este cambio puede contribuir a reducir las cargas administrativas municipales y a establecer una organización más homogénea de la educación infantil de primer ciclo en Asturias, aunque su aplicación práctica dependerá del desarrollo de los convenios, de los recursos disponibles y de la capacidad de respuesta de la Consejería de Educación.
Desde la derecha extrema del Partido Popular, su portavoz municipal, Juan Carlos Armas, también respaldó la aprobación del convenio, aunque aprovechó su intervención para expresar importantes críticas hacia la actuación del Gobierno del Principado durante el proceso de integración. Armas recordó las dificultades que, según su valoración, ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de Llanes hasta alcanzar este acuerdo, llegando a calificar el procedimiento como un auténtico «calvario». El representante popular hizo especial referencia a los problemas surgidos con la apertura de aulas destinadas a niños y niñas de cero a tres años en Posada de Llanes, denunciando lo que considera una actitud excesivamente restrictiva de la administración autonómica. En este sentido, manifestó su deseo de que la nueva etapa permita encontrar soluciones a los obstáculos que anteriormente impidieron poner en funcionamiento determinadas aulas. La situación de Posada fue, por tanto, uno de los puntos de mayor contenido crítico del debate, ya que, pese al consenso sobre la transferencia de competencias, el Partido Popular quiso dejar constancia de su disconformidad con la gestión administrativa realizada hasta el momento.
Las declaraciones de Armas introducen una cuestión relevante para el futuro funcionamiento de la red autonómica en el municipio: la necesidad de que la integración no se limite a un cambio de titularidad o de administración gestora, sino que se traduzca también en soluciones efectivas para las necesidades de escolarización existentes. La disponibilidad de instalaciones adecuadas, la autorización y apertura de aulas, la dotación de personal y la planificación de plazas son elementos esenciales para que el nuevo sistema pueda responder a la demanda de las familias. En el caso de Posada, las críticas expresadas durante el pleno reflejan que todavía existen asuntos pendientes que deberán abordarse en el marco de la nueva organización autonómica. El convenio aprobado representa un avance institucional, pero no supone por sí mismo que todas las necesidades de ampliación de plazas o apertura de nuevas aulas queden automáticamente resueltas.
La integración de las escuelas infantiles de Llanes se enmarca en un proceso más amplio de transformación del sistema educativo asturiano para los menores de tres años, impulsado por el Gobierno del Principado mediante la creación de la red autonómica «Les Escuelines/As Escolías». Este modelo cuenta con un respaldo normativo específico y contempla la incorporación progresiva de centros de titularidad municipal, así como la creación de nuevas escuelas autonómicas. La normativa establece que la red tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de lo que pueda regularse respecto a determinados servicios complementarios, y que su gestión corresponderá a la Consejería competente en materia educativa. Entre sus principios fundamentales figuran la equidad, la calidad educativa, la conciliación familiar, la atención a situaciones de vulnerabilidad y la especial consideración de las necesidades del medio rural, un aspecto particularmente importante para concejos extensos y territorialmente dispersos como Llanes.
Este proceso de reorganización no ha estado exento de dificultades ni de modificaciones en los calendarios inicialmente previstos. De hecho, el Gobierno del Principado anunció en noviembre de 2025 una nueva planificación para integrar durante abril de 2026 otros veinte centros municipales pertenecientes a quince concejos asturianos, entre ellos Llanes. Aquella previsión formaba parte de una segunda fase de incorporación a la red autonómica, que afectaba a un conjunto de escuelas con 77 unidades educativas y 972 menores matriculados, según los datos facilitados entonces por la propia Administración regional. La revisión del calendario respondía, entre otras razones, a la necesidad de realizar una transición administrativa más pausada y atender las cuestiones planteadas en la mesa de diálogo de educación infantil de cero a tres años. El hecho de que en Llanes la transferencia se haya fijado finalmente para el 1 de noviembre de 2026 evidencia que el proceso ha requerido más tiempo del inicialmente anunciado, circunstancia que ayuda a contextualizar algunas de las críticas expresadas durante el pleno municipal.
Más allá del debate político, la principal trascendencia del acuerdo reside en sus consecuencias para las familias y para la organización de los servicios públicos del concejo. La integración de las escuelas infantiles en la red autonómica permitirá avanzar hacia un modelo de gestión unificado, en el que la Administración del Principado asumirá las responsabilidades educativas correspondientes a los centros incorporados. Para las familias, la medida refuerza la continuidad de una oferta pública y gratuita de educación infantil, mientras que para el Ayuntamiento representa una modificación importante de sus obligaciones administrativas. No obstante, será necesario comprobar cómo se desarrolla la transferencia en aspectos concretos como la organización de los centros, la disponibilidad de profesionales, la cobertura de plazas y las condiciones de funcionamiento de los servicios complementarios. La aprobación plenaria constituye el paso político y administrativo fundamental, pero la aplicación efectiva del nuevo modelo deberá concretarse mediante las actuaciones correspondientes de las administraciones implicadas.
La cuestión educativa adquiere además una dimensión especialmente significativa en el contexto demográfico de los concejos rurales asturianos. La existencia de escuelas infantiles accesibles y próximas al lugar de residencia puede convertirse en un factor determinante para que las familias jóvenes decidan permanecer en sus localidades o establecerse en ellas. En municipios con numerosos pueblos y núcleos dispersos, como Llanes, las distancias y los desplazamientos diarios pueden dificultar considerablemente la conciliación laboral y familiar. Por ello, la presencia de centros educativos para los más pequeños no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la escolarización, sino también como parte de las políticas de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y mantenimiento de población. En este sentido, las demandas vecinales para ampliar la oferta educativa a otras zonas rurales reflejan la necesidad de continuar evaluando la distribución territorial de estos servicios.
La unanimidad alcanzada por PSOE, VecinosxLlanes y Partido Popular representa uno de los elementos más destacados de la sesión extraordinaria, especialmente porque se produjo a pesar de las diferencias expresadas durante el debate. Los socialistas centraron su valoración en el avance de la educación pública y gratuita y en los beneficios sociales de la medida; el alcalde, Enrique Riestra, defendió la recuperación de las competencias por parte del Principado y la necesidad de evitar que los ayuntamientos asuman responsabilidades ajenas; mientras que el Partido Popular respaldó la transferencia, pero mantuvo sus críticas a los retrasos y dificultades administrativas, particularmente en relación con las aulas de Posada. Estas posiciones reflejan distintas interpretaciones políticas de un mismo proceso, aunque todas coincidieron en la conveniencia de aprobar el convenio.
En definitiva, el pleno extraordinario del 16 de octubre de 2026 marca una nueva etapa para la educación infantil de cero a tres años en el concejo de Llanes, al aprobar la incorporación de sus centros municipales a la red autonómica del Principado de Asturias. Con la transferencia prevista para el próximo 1 de noviembre, Llanes contará con tres escuelas infantiles integradas en el sistema público y gratuito, situadas en Llanes, Posada y Vibañu. El acuerdo permitirá avanzar en la reorganización de las competencias educativas y reforzar la coordinación institucional, aunque también deja abiertos algunos retos relacionados con la disponibilidad de plazas, la apertura de aulas y la extensión de los servicios al medio rural. El verdadero alcance de esta decisión se medirá por su capacidad para mejorar la atención educativa, facilitar la conciliación de las familias y garantizar que los niños y niñas del concejo puedan acceder a una educación infantil pública de calidad, con independencia de su lugar de residencia. La aprobación unánime supone un punto de partida importante, pero será la gestión posterior de la Administración autonómica la que determine hasta qué punto las expectativas generadas por este acuerdo se convierten en mejoras reales para los vecinos de Llanes.
Foto: a la derecha de la misma los dos mangantes politicos de la ultraderecha que hoy gobierna en LLanes, Juan Carlos Armas y Enrique Riestra
LLANES: ONCE AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL, AULAS SIN ABRIR Y UNA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA QUE NO PODÍA SEGUIR ESPERANDO
Del cambio de gobierno de 2015 a la integración de Les Escuelines en noviembre de 2026: una cronología crítica de la gestión municipal, las reclamaciones de las familias, la intervención del Defensor del Pueblo y las prioridades políticas del Ayuntamiento de Llanes.
La aprobación por unanimidad, el pasado viernes 16 de octubre de 2026, de la integración de las tres escuelas infantiles de Llanes en la red autonómica del Principado de Asturias debería ser una buena noticia sin matices para las familias del concejo. Sin embargo, detrás de ese acuerdo existe una historia de retrasos, discrepancias entre administraciones, aulas que no llegaron a abrirse y familias que tuvieron que recurrir al Defensor del Pueblo para reclamar plazas públicas para sus hijos. Una historia que obliga a examinar la gestión de los sucesivos gobiernos municipales encabezados por el fascista, Enrique Riestra desde el año 2015, especialmente porque el propio alcalde ha defendido reiteradamente que las escuelas infantiles constituían una competencia impropia para el Ayuntamiento. La cuestión que merece una explicación pública no es únicamente quién debía asumir finalmente la gestión del servicio, sino qué obligaciones tenía el consistorio mientras seguía siendo responsable de prestarlo y qué hizo para garantizar que ningún menor quedara excluido de la oferta educativa por problemas administrativos, organizativos o de contratación. Hagamos un cronograma de la pérfida gestión de este indecente gobierno municipal:
· Mayo de 2015: el cambio de gobierno y el comienzo de una nueva etapa política en Llanes.
Las elecciones municipales de aquel año marcaron el final de una prolongada etapa de gobiernos socialistas y abrieron paso a una nueva mayoría municipal articulada en torno a VecinosxLlanes, con Enrique Riestra al frente de la Alcaldía. Desde entonces, la política municipal ha estado marcada por la confrontación entre el nuevo equipo gobernante y el Partido Socialista, así como por la colaboración de distintas formaciones para sostener el gobierno local. Es importante recordar que la llegada de Riestra a la Alcaldía no se produjo en mayo, sino después de la constitución de la nueva Corporación municipal, en junio de 2015. También debe distinguirse entre los distintos acuerdos políticos y equipos de gobierno que se han sucedido durante estos once años. Lo que sí constituye un elemento de continuidad es la responsabilidad política del alcalde en la dirección general del Ayuntamiento y en la defensa de sus prioridades presupuestarias y administrativas.
Durante este periodo, la educación infantil de cero a tres años continuó funcionando mediante un sistema de colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y el Principado de Asturias, en el que ambas administraciones tenían perfectamente delimitadas sus respectivas obligaciones. La existencia de competencias educativas autonómicas no eximía al Ayuntamiento de cumplir los compromisos que libremente había asumido mediante convenio, ni le otorgaba el derecho a desentenderse de las necesidades de escolarización de los menores del concejo. Precisamente esta distinción entre titularidad competencial, gestión municipal y obligaciones de colaboración acabaría convirtiéndose en el eje de una controversia institucional de enormes consecuencias para las familias llaniscas. Si el alcalde fascista, Enrique Riestra, consideraba que el Ayuntamiento estaba asumiendo competencias que legalmente no le correspondían, tenía a su disposición los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para cuestionar aquella situación y defender los intereses municipales ante los tribunales de justicia. Sin embargo, en lugar de impulsar una solución jurídica definitiva, su discurso político se centró reiteradamente en la confrontación con el Gobierno del Principado y en denunciar públicamente que el consistorio estaba sufragando un servicio ajeno a sus competencias. Una estrategia políticamente más cómoda que afrontar las obligaciones derivadas del convenio vigente, pero que no resolvía las necesidades educativas de las familias ni justificaba el incumplimiento de los compromisos municipales. Porque reclamar que otra administración asuma una competencia puede ser perfectamente legítimo; lo que no resulta admisible es convertir esa reivindicación en una excusa permanente para eludir las responsabilidades que legalmente se mantienen mientras no se modifique el marco jurídico aplicable. Al final, la confrontación institucional podía proporcionar réditos políticos y titulares de prensa, pero eran las familias de Llanes quienes seguían esperando soluciones mientras sus representantes discutían sobre quién debía asumir unas obligaciones que, entretanto, continuaban siendo exigibles.
· 2021: las familias de Posada de Llanes llevan la falta de plazas infantiles ante el Defensor del Pueblo.
Uno de los episodios más relevantes de esta historia quedó documentado en la resolución del Defensor del Pueblo relativa a la apertura de nuevas aulas de educación infantil de cero a tres años. Las familias de Posada habían denunciado la insuficiencia de plazas públicas disponibles para atender la demanda existente, una situación que motivó la intervención de esta institución constitucional. Lo verdaderamente significativo del expediente es que permitió conocer que el problema no podía explicarse exclusivamente por una supuesta falta de financiación autonómica o por la inexistencia de instalaciones adecuadas. La propia Consejería de Educación comunicó que la escuela disponía de cuatro aulas, de las cuales solamente dos estaban funcionando, y que no había puesto reparos a subvencionar los costes derivados de la apertura de las restantes.
Esta circunstancia aparece expresamente recogida en la resolución oficial del Defensor del Pueblo sobre la apertura de nuevas aulas de educación infantil en Llanes, un documento cuya lectura resulta fundamental para comprender la controversia. Según la información que la Consejería trasladó a la institución, el problema principal no residía en la capacidad física de los centros, sino en las necesidades de contratación de personal. La Administración autonómica sostenía que correspondía al Ayuntamiento contratar al personal técnico educativo y garantizar los servicios de cocina, comedor y limpieza, conforme a la cláusula novena del convenio de colaboración vigente. También indicaba que el presupuesto autonómico de 2021 contemplaba un crédito ampliable para atender las obligaciones económicas del programa de educación infantil.
La importancia de esta documentación es extraordinaria porque cuestiona la explicación de que el Ayuntamiento carecía de medios económicos para ampliar el servicio. Según la posición trasladada por la Consejería, existían aulas disponibles y financiación autonómica para subvencionar su puesta en funcionamiento. Ahora bien, el documento no demuestra por sí solo que la apertura pudiera realizarse sin trámites adicionales ni dificultades laborales o administrativas. Lo que sí acredita es que el Defensor del Pueblo consideró insuficiente la respuesta ofrecida ante las necesidades de escolarización y entendió que el Ayuntamiento debía actuar dentro de las obligaciones asumidas mediante convenio.
La resolución institucional fue particularmente clara al abordar las responsabilidades municipales. El Defensor del Pueblo consideró que el Ayuntamiento debía incrementar la oferta educativa pública para atender las necesidades de escolarización, previo estudio de la demanda y de las necesidades de plantilla. Para fundamentar esta posición, hizo referencia tanto a la legislación educativa como a los principios de eficacia, cooperación y coordinación entre administraciones públicas. Asimismo, recordó que la educación infantil constituye un instrumento esencial para la igualdad de oportunidades y para la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en los territorios rurales.
Durante este periodo, la educación infantil de cero a tres años continuó funcionando mediante un sistema de colaboración entre el Ayuntamiento de Llanes y el Principado de Asturias, en el que ambas administraciones tenían delimitadas sus respectivas obligaciones. La existencia de competencias educativas autonómicas no eximía al Ayuntamiento de cumplir los compromisos que había asumido mediante convenio, ni le otorgaba el derecho a desentenderse de las necesidades de escolarización de los menores del concejo. Precisamente esta distinción entre titularidad competencial, gestión municipal y obligaciones de colaboración acabaría convirtiéndose en el eje de una controversia institucional de enormes consecuencias para las familias llaniscas. Si el alcalde fascista, Enrique Riestra, consideraba que el Ayuntamiento estaba asumiendo competencias que legalmente no le correspondían, tenía a su disposición los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para cuestionar aquella situación y defender los intereses municipales ante los tribunales de justicia. Sin embargo, en lugar de impulsar una solución jurídica definitiva, su discurso político se centró reiteradamente en la confrontación con el Gobierno del Principado y en denunciar públicamente que el consistorio estaba sufragando un servicio ajeno a sus competencias. Una estrategia políticamente más cómoda que afrontar las obligaciones derivadas del convenio vigente, pero que no resolvía las necesidades educativas de las familias ni podía justificar por sí sola el incumplimiento de los compromisos municipales. Porque reclamar que otra administración asuma una competencia puede ser perfectamente legítimo; lo que no resulta admisible es convertir esa reivindicación en una excusa permanente para eludir las responsabilidades que legalmente se mantienen mientras no se modifique el marco jurídico aplicable. Al final, la confrontación institucional podía proporcionar réditos políticos y titulares de prensa, pero eran las familias de Llanes quienes seguían esperando soluciones mientras sus representantes discutían sobre quién debía asumir unas obligaciones que, entretanto, continuaban siendo exigibles. Y aquí aparece otra de las contradicciones que merece ser señalada en la forma de gobernar del “facha”, Enrique Riestra: cuando el equipo municipal pretende justificar su negativa a adoptar determinadas decisiones, suele escudarse en los informes jurídicos de los técnicos municipales, presentándolos como argumentos prácticamente incontestables; sin embargo, cuando esos mismos servicios jurídicos emiten informes que ponen de manifiesto la necesidad de actuar para atender demandas ciudadanas, su criterio parece perder buena parte de aquella autoridad que tanto se invoca en otras ocasiones.
Retribucciones de los mangantes políticos que hoy están en el gobierno municipal de la ultraderecha llanisca
Resulta especialmente significativo recordar que, en el expediente examinado por el Defensor del Pueblo sobre las aulas infantiles de Posada, ya constaba un informe del vicesecretario-interventor municipal, fechado el 25 de febrero de 2021, relativo a la necesidad de estudiar la demanda educativa para dimensionar adecuadamente la plantilla. La cuestión, por tanto, no es solamente si el gobierno municipal escucha a sus técnicos, sino si aplica sus criterios con la misma diligencia cuando sirven para justificar una negativa que cuando ponen de manifiesto la necesidad de impulsar una actuación en beneficio de los llaniscos. Porque los informes jurídicos no deberían convertirse en un escudo de conveniencia política, al que acogerse cuando interesa y del que prescindir cuando sus conclusiones resultan incómodas. La legalidad administrativa no puede funcionar como una ley del embudo: rigurosa e inapelable para negar soluciones a los vecinos, pero flexible y secundaria cuando exige al gobierno municipal asumir responsabilidades y adoptar decisiones que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
Esta es, probablemente, una de las cuestiones que más explicaciones merece de toda la etapa municipal encabezada por el “facha” Riestra. Si existían instalaciones con capacidad para acoger más alumnado y la Administración autonómica manifestaba su disposición a financiar su funcionamiento, ¿qué actuaciones concretas realizó el gobierno fascista para superar las dificultades de contratación y abrir las aulas? La respuesta debería encontrarse en los expedientes administrativos, los informes de personal, las propuestas de modificación de plantilla, las solicitudes de financiación y los acuerdos adoptados por los órganos municipales competentes. Sin examinar esa documentación no sería riguroso atribuir todas las dificultades a una única causa, pero tampoco resulta razonable ignorar que el Defensor del Pueblo reclamó expresamente una actuación municipal más eficaz.
· Septiembre de 2021: dos niñas de Purón sin poder acudir al colegio por falta de transporte escolar.
En aquel mismo año se produjo otro episodio que merece incorporarse a esta cronología, aunque perteneciera a una etapa educativa diferente. El 24 de septiembre de 2021, COPE Ribadesella informó de que dos niñas de Purón permanecían sin acudir a clase por carecer de transporte escolar. Las menores debían desplazarse hasta el Colegio Rural Agrupado de San Roque del Acebal, pero sus familias no podían realizar diariamente ese recorrido debido a sus obligaciones laborales. La noticia explicaba que el Ayuntamiento había reclamado al Principado una solución y que, en ausencia de una respuesta rápida, estaba dispuesto a solicitar una delegación excepcional y temporal de la competencia para resolver el problema.
El alcalde, Enrique Riestra, defendió entonces públicamente la necesidad de proteger los derechos de los habitantes del medio rural, garantizar unos servicios públicos dignos y combatir el despoblamiento, una reivindicación perfectamente legítima que, sin embargo, debía traducirse en actuaciones concretas y no quedarse únicamente en declaraciones institucionales y reproches al Gobierno del Principado. Porque el verdadero compromiso con las familias rurales no se demuestra solamente denunciando las carencias de otras administraciones, sino también buscando soluciones inmediatas cuando los derechos de los vecinos se ven comprometidos. El caso de las dos niñas de Purón constituye un ejemplo de cómo una controversia competencial puede acabar perjudicando precisamente a quienes las instituciones dicen defender. Las menores no necesitaban que el alcalde fascista reiterase públicamente su preocupación por el despoblamiento o reclamase una y otra vez la intervención del Principado; necesitaban algo mucho más sencillo y urgente: un medio de transporte que les permitiera acudir diariamente al colegio, como cualquier otro niño de su edad. Y ante una situación de esas características, cabía estudiar soluciones provisionales, como facilitar un servicio de taxi durante los días que resultase necesario, previa comprobación de su viabilidad jurídica y presupuestaria, mientras se exigía a la Administración autonómica que asumiera sus responsabilidades. Incluso podía haberse explorado la posibilidad de reclamar posteriormente al Principado el reintegro de los gastos, siempre que existiera fundamento legal para ello. No se trataba de que el Ayuntamiento asumiera indefinidamente una competencia ajena, sino de buscar una respuesta excepcional, proporcionada y temporal ante una necesidad educativa inmediata. Resulta difícil conciliar los discursos sobre la defensa del medio rural con una situación en la que dos niñas permanecían sin acudir a clase mientras las administraciones discutían sobre quién debía proporcionarles el transporte. La eficacia de un gobierno no debería medirse por la contundencia de sus reproches a otras instituciones, sino por su capacidad para encontrar soluciones dentro de la legalidad cuando los vecinos las necesitan. Porque, mientras se sucedían las declaraciones políticas, cada jornada sin transporte suponía para aquellas niñas un día más sin poder asistir al colegio, y esa era la verdadera urgencia que debía presidir cualquier actuación administrativa.
Octubre de 2021: las niñas continuaban sin transporte y sus familias seguían reclamando una solución. Once días después de aquella primera información, el problema persistía. El 5 de octubre de 2021, COPE Ribadesella publicó una nueva noticia sobre las dos menores de Purón que todavía no podían asistir a clase. En aquella ocasión, Enrique Riestra acudió a la localidad acompañado por varios representantes municipales, entre ellos Juan Carlos Armas, Xuan Valladares y Miguel Alonso, para expresar públicamente su apoyo a las familias. El alcalde reiteró su disposición a que el Ayuntamiento asumiera provisionalmente el transporte hasta que el Principado resolviera definitivamente el conflicto.
La información periodística recogía también el testimonio de Raquel Vela, madre de una de las niñas, que reclamaba una solución que permitiera a las menores acudir al centro educativo desde su localidad. La realidad documentada era que, varias semanas después del comienzo del curso escolar, dos niñas de tres años continuaban sin asistir a clase porque no disponían del transporte necesario. Esta situación revela las consecuencias que pueden tener los conflictos competenciales cuando las administraciones no consiguen alcanzar soluciones operativas a tiempo.
Sería incorrecto presentar este episodio como una prueba de que el Ayuntamiento se negó a prestar ayuda, puesto que las noticias documentan precisamente sus reclamaciones al Principado y su ofrecimiento para asumir provisionalmente el servicio. La crítica que sí puede formularse es que la colaboración institucional no estaba produciendo una solución suficientemente rápida para las familias afectadas. La responsabilidad principal sobre la organización del transporte escolar debía determinarse conforme a la normativa aplicable, pero esa discusión administrativa no modificaba la realidad cotidiana de las menores. El caso constituye un ejemplo de cómo los problemas de coordinación entre administraciones pueden terminar perjudicando a quienes dependen de los servicios públicos.
Enero de 2024: el Principado solicita el cierre cautelar de una escuela infantil inaugurada sin autorización
Otro episodio que merece incorporarse a esta cronología de la gestión municipal de Enrique Riestra se produjo el 10 de enero de 2024, cuando el Gobierno del Principado de Asturias solicitó el cierre cautelar de un nuevo centro infantil inaugurado por el Ayuntamiento de Llanes, al considerar que carecía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como escuela infantil o guardería. Según recogió El Comercio en su información del 10 de enero de 2024, las consejerías competentes no habían recibido la solicitud de autorización correspondiente y tuvieron conocimiento de la inauguración a través de la información difundida por el propio Ayuntamiento. La Administración autonómica envió inspectores para comprobar las condiciones del establecimiento y recordó al consistorio que la apertura de centros destinados a la atención de menores exige el cumplimiento previo de los requisitos legales y administrativos establecidos. El episodio resulta especialmente significativo al compararlo con las dificultades que durante años rodearon la ampliación de las aulas infantiles de Posada: mientras el gobierno municipal invocaba reiteradamente los obstáculos administrativos y las competencias del Principado para explicar por qué determinadas aulas no podían abrirse, inauguraba otro centro cuya autorización era cuestionada por la propia Administración autonómica. Esta contradicción exige una explicación sobre los criterios de actuación del equipo de gobierno y las comprobaciones realizadas antes de anunciar la apertura. Conviene precisar que la solicitud de cierre cautelar no acredita por sí misma que el establecimiento llegara a cerrarse ni constituye una condena judicial. Pero sí pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿por qué se procedió a inaugurar un centro destinado a menores sin haber acreditado previamente, según denunció el Principado, las autorizaciones exigibles? Después de tantos años de controversias sobre la educación infantil, los llaniscos tienen derecho a conocer qué ocurrió, cómo respondió el Ayuntamiento a los requerimientos y de qué manera se garantizó el cumplimiento de la normativa.
· De 2021 a 2025: el debate sobre las competencias impropias y las obligaciones municipales.Los conflictos relacionados con la educación infantil pusieron de manifiesto una contradicción política que merece analizarse. El Ayuntamiento defendía que la gestión de las escuelas infantiles correspondía al Principado, una posición que puede tener fundamento dentro del debate sobre la distribución de competencias entre administraciones. Sin embargo, mientras continuaban vigentes los convenios de colaboración, el consistorio estaba obligado a cumplir los compromisos asumidos. Una cosa es reclamar que una competencia sea ejercida directamente por la Administración autonómica y otra distinta considerar que esa reivindicación permite dejar de atender las obligaciones municipales existentes hasta que se produzca la transferencia.
La resolución del Defensor del Pueblo es especialmente esclarecedora en este punto, porque reconoce expresamente que el régimen competencial municipal había experimentado modificaciones legales importantes, pero insiste en que esas circunstancias no eliminaban la necesidad de cooperación entre administraciones. La institución entendió que, dentro del convenio vigente, el Ayuntamiento debía promover la ampliación de plazas públicas. Por tanto, el argumento de que las escuelas infantiles eran una competencia impropia no constituía, por sí solo, una respuesta suficiente a las necesidades de las familias que solicitaban escolarización.
También es importante diferenciar la crítica política de la valoración jurídica. Un gobierno municipal puede defender legítimamente que determinados servicios deben ser financiados y gestionados por otra administración. Puede reclamar modificaciones normativas, negociar nuevos convenios y utilizar los procedimientos administrativos o judiciales que considere oportunos. Lo que no puede concluirse sin examinar los expedientes es que estuviera jurídicamente obligado a iniciar un litigio concreto contra el Principado. La responsabilidad política que sí cabe exigir es que explique qué alternativas estudió, qué medidas impulsó y por qué no consiguió resolver antes las dificultades detectadas en la apertura de aulas.
2025: la integración autonómica avanza, pero Llanes continúa esperando. El Gobierno del Principado de Asturias puso en marcha un proceso progresivo de reorganización de la educación infantil de cero a tres años mediante la red pública y gratuita Les Escuelines/As Escolías. El objetivo era que la Administración autonómica asumiera directamente la gestión de centros que hasta entonces funcionaban mediante convenios con los ayuntamientos, estableciendo un modelo común para el conjunto del territorio asturiano.
Marzo de 2026: la falta de garantías sobre el servicio de comedor deja a Llanes fuera de la integración autonómica de Les Escuelines. En noviembre de 2025, el Principado de Asturias había anunciado una nueva planificación para incorporar durante abril de 2026 veinte escuelas infantiles municipales pertenecientes a quince concejos, entre los que figuraba Llanes. La previsión formaba parte de la segunda fase de integración en la red pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías y afectaba, en conjunto, a 77 unidades educativas y 972 menores matriculados. Sin embargo, cuando llegó el momento de formalizar la transferencia, Llanes quedó excluido del grupo de municipios que podían incorporarse a la red autonómica, debido a una controversia sobre la continuidad del servicio de comedor de sus escuelas infantiles. La situación fue explicada públicamente por la consejera de Educación, Eva Ledo, el 11 de marzo de 2026, en unas declaraciones recogidas por La Nueva España en su información sobre las razones que impedían integrar las escuelas infantiles de Llanes. Según la versión de la Consejería, el gobierno municipal fascista no había garantizado la prestación del comedor durante el siguiente curso escolar, una condición indispensable para que el Principado pudiera asumir los centros sin poner en riesgo la continuidad de un servicio utilizado por cerca de noventa menores. La Administración autonómica advirtió de que incorporar las escuelas en aquellas condiciones podía dejar a unos noventa niños sin comedor durante siete meses, desde el comienzo del curso hasta aproximadamente marzo de 2027, una posibilidad que consideraba incompatible con una transferencia responsable de los servicios educativos.
La explicación de la Consejería resulta especialmente significativa por la cronología de los acontecimientos. El Principado había requerido el 7 de octubre de 2025 a los quince ayuntamientos incluidos en esta segunda fase que aportaran, entre otra documentación, un contrato que garantizase la prestación del comedor durante el siguiente curso escolar. La finalidad era disponer del margen administrativo suficiente para organizar la continuidad del servicio y, en caso necesario, tramitar una nueva contratación. Según explicó Eva Ledo, todos los municipios habían ido resolviendo ese requisito, excepto Llanes, cuyo contrato de comedor estaba próximo a finalizar sin que la Consejería tuviera constancia de la publicación de una nueva licitación. El importe anual del servicio rondaba los 128.000 euros, una cantidad que exigía tramitar un procedimiento abierto de contratación pública, cuyos plazos podían prolongarse, según los cálculos autonómicos, entre ocho y doce meses. La consejera aseguró además que el Ayuntamiento había sido advertido en varias ocasiones de la necesidad de resolver esta situación y que, pese a ello, únicamente había remitido un número de expediente sin aportar los pliegos ni acreditar que la licitación hubiera sido publicada. Si se atiende a la documentación y a las explicaciones ofrecidas por Educación, el problema no surgió de manera imprevista en marzo de 2026, sino que respondía a una exigencia administrativa conocida por el consistorio desde octubre del año anterior, circunstancia que plantea serias preguntas sobre la planificación y la diligencia con las que el gobierno municipal fascista preparó una transferencia que llevaba años reclamando.
La controversia adquirió una dimensión todavía mayor cuando la consejera explicó que el Ayuntamiento había planteado en febrero de 2026 una modificación del convenio de integración como alternativa para resolver el problema contractual, una propuesta que, según la Administración autonómica, requería una nueva aprobación del Consejo de Gobierno del Principado. Eva Ledo sostuvo que ningún otro concejo había considerado necesaria aquella modificación y defendió que la inexistencia de una licitación acreditada impedía incorporar a Llanes con las garantías exigidas. La consejera también rechazó las críticas relacionadas con la forma en que se había comunicado la exclusión al alcalde, Enrique Riestra, y explicó que había mantenido conversaciones telefónicas con él los días 3 y 4 de marzo, en las que se abordó expresamente la situación del contrato de comedor. Lo verdaderamente relevante de aquellas declaraciones no era la controversia sobre las llamadas o los mensajes intercambiados, sino que, según la Consejería, el Ayuntamiento seguía sin acreditar un procedimiento de contratación que garantizase la continuidad de un servicio esencial para las familias. La paradoja política resulta evidente: después de años reclamando que el Principado asumiera directamente la gestión de las escuelas infantiles, el gobierno municipal fascista se encontraba ante una dificultad relacionada con la contratación de uno de los servicios cuya continuidad debía quedar garantizada para completar precisamente aquella transferencia.
El gobierno municipal respondió al día siguiente, 12 de marzo, rechazando las explicaciones de Educación y asegurando que el contrato de comedor estaba vigente hasta el 31 de julio de 2026, y no hasta el 1 de julio, como había señalado la Consejería. El consistorio defendió que ya estaba tramitando una nueva licitación, cuyo plazo estimado de resolución era de 116 días, y sostuvo que había propuesto una fórmula de delegación de competencias para poder culminar el procedimiento después de la integración autonómica. También afirmó haber presentado la documentación requerida, incluido un informe de Intervención fechado el 24 de febrero sobre las compensaciones económicas y el personal afectado por la transferencia. Estos argumentos fueron recogidos en el comunicado oficial publicado por el Ayuntamiento de Llanes el 12 de marzo de 2026. Por tanto, existían dos interpretaciones enfrentadas: la Consejería consideraba que no estaban garantizadas las condiciones necesarias para asumir el comedor, mientras que el Ayuntamiento defendía que había ofrecido soluciones jurídicamente viables y que el retraso carecía de justificación. Sin disponer del expediente completo de contratación y de las comunicaciones administrativas intercambiadas, no puede afirmarse que la responsabilidad exclusiva correspondiera a una de las partes, pero hay algo obvio, el gobierno municipal si se sentía agraviado podría haber acudido a los tribunales y no lo hizo… Por algo sería. Lo que si quedó claro es que Llanes quedó fuera de aquella fase de integración y que la continuidad del comedor fue el motivo expresamente invocado por el Principado para justificarlo.
Desde el punto de vista de la responsabilidad política municipal, este episodio merece una explicación especialmente rigurosa. El gobierno de Enrique Riestra llevaba años defendiendo que la gestión de las escuelas infantiles constituía una competencia impropia para el Ayuntamiento y reclamando que fuera asumida directamente por el Principado. Sin embargo, cuando se abrió la posibilidad de materializar aquella reivindicación, surgió una controversia sobre la preparación administrativa del contrato de comedor que terminó impidiendo la incorporación de Llanes junto a los demás municipios inicialmente previstos. La pregunta que debe responder el gobierno municipal es por qué, conociendo desde octubre de 2025 las condiciones exigidas por la Consejería, no consiguió alcanzar antes de marzo de 2026 una solución contractual aceptada por ambas administraciones. También corresponde al Principado explicar por qué consideró insuficientes las alternativas propuestas por el Ayuntamiento y si existían otras fórmulas legalmente viables para evitar el aplazamiento. Porque una cosa es discutir legítimamente sobre competencias, procedimientos y responsabilidades económicas, y otra muy distinta es permitir que esas discrepancias se prolonguen hasta comprometer los plazos de una transferencia que ambas administraciones aseguraban considerar necesaria. El resultado fue que Llanes perdió la oportunidad de incorporarse en las fechas inicialmente previstas a una red autonómica cuya creación debía servir, precisamente, para superar los problemas de gestión que durante años habían acompañado a las escuelas infantiles municipales.
La controversia del comedor adquiere todavía mayor gravedad política cuando se relaciona con los antecedentes de las aulas de Posada y con la recomendación formulada en 2021 por el Defensor del Pueblo, que ya había instado al Ayuntamiento a adoptar medidas para atender la demanda de plazas públicas de educación infantil. Cinco años después, las dificultades administrativas seguían ocupando un lugar central en el debate sobre la prestación de estos servicios. No se trata de afirmar que todos los problemas tuvieran una misma causa ni de atribuir automáticamente al gobierno municipal cualquier retraso producido durante el proceso de integración, sino de exigir una explicación sobre su capacidad de planificación y gestión. Si el gobierno municipal fascista consideraba imprescindible que el Principado recuperase cuanto antes la competencia educativa, resultaba igualmente imprescindible que preparase con suficiente antelación los contratos, expedientes y compromisos administrativos necesarios para hacer posible esa transferencia. El discurso político sobre las competencias impropias no podía sustituir la obligación de gestionar correctamente los servicios mientras permanecieran bajo responsabilidad municipal. Y precisamente por eso, el episodio de marzo de 2026 representa uno de los momentos más reveladores de toda esta controversia: la administración que reclamaba insistentemente dejar de gestionar las escuelas infantiles no consiguió completar en plazo, de acuerdo con las exigencias autonómicas, las condiciones necesarias para que otra administración asumiera su gestión.
Finalmente, la integración de las escuelas infantiles de Llanes y Posada no se aprobó hasta el pleno extraordinario del 16 de octubre de 2026, con efectos previstos para el 1 de noviembre, siete meses después de la controversia pública de marzo y también después de la fecha de abril anunciada inicialmente. El acuerdo contó con el respaldo unánime de la Corporación municipal, pero esa unanimidad no elimina la necesidad de examinar las causas de los retrasos anteriores. El gobierno municipal fascista tiene la obligación política de explicar qué ocurrió con la contratación del comedor, cuándo se iniciaron realmente los trámites, qué documentación se remitió al Principado y qué actuaciones permitieron finalmente desbloquear la transferencia. Porque el éxito de una administración no debería medirse por su capacidad para responsabilizar a otras instituciones de los problemas, sino por su eficacia para anticiparse a ellos, cumplir los compromisos adquiridos y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Y cuando una transferencia largamente reclamada termina retrasándose por una controversia administrativa que afecta al comedor de cerca de noventa menores llaniscos, los ciudadanos tienen derecho a exigir algo más que reproches cruzados: tienen derecho a conocer las responsabilidades concretas y las razones por las que no se alcanzó antes una solución.
Abril de 2026: la fecha prevista para la integración no se cumple en Llanes. El calendario anunciado situaba la incorporación de los centros municipales en abril, pero la transferencia de las escuelas infantiles llaniscas terminó fijándose para el 1 de noviembre de 2026. Esta diferencia temporal es uno de los elementos objetivos que permiten hablar de un retraso respecto de la planificación comunicada por el Principado. No obstante, atribuir exclusivamente al Ayuntamiento la responsabilidad de ese retraso exigiría conocer los expedientes de negociación, los requerimientos intercambiados entre administraciones y las causas concretas que impidieron completar antes la transferencia.
La distinción es importante porque el proceso de integración afectaba tanto a las administraciones municipales como al Gobierno autonómico. La reorganización de personal, las condiciones de funcionamiento, la situación jurídica de los centros y los trámites de transferencia podían requerir actuaciones de ambas partes. Por ello, la crítica a la gestión municipal debe centrarse en sus decisiones acreditadas y en las obligaciones que tenía asumidas, sin convertir automáticamente cualquier demora autonómica en una responsabilidad exclusiva del gobierno local.
16 de octubre de 2026: el pleno extraordinario aprueba por unanimidad la integración de las tres escuelas infantiles. Finalmente, el Ayuntamiento de Llanes aprobó el convenio para incorporar los centros de Llanes, Posada y Vibañu a la red autonómica, con efectos previstos desde el próximo 1 de noviembre. Según la información publicada por COPE Ribadesella el mismo día del pleno, el acuerdo contó con el voto favorable de todos los concejales de PSOE, VecinosxLlanes y Partido Popular.
Esta declaración adquiere una dimensión especial cuando se relaciona con los antecedentes documentados por el Defensor del Pueblo. En 2021 ya existía una recomendación institucional para ampliar la oferta educativa pública y atender la demanda de las familias. Cinco años después, en octubre de 2026, la apertura de aulas en Posada seguía apareciendo en el debate político como una cuestión pendiente de solución. La documentación disponible no permite afirmar que las circunstancias administrativas fueran idénticas durante todo ese periodo, pero sí demuestra la persistencia de una controversia cuya resolución debería haber constituido una prioridad para todas las administraciones implicadas.
· El contraste con el Cinemar: las prioridades presupuestarias del gobierno municipal.
El debate sobre las escuelas infantiles conduce inevitablemente a una cuestión más amplia: la distribución de los recursos públicos y las prioridades de inversión del gobierno municipal fascista de Llanes. En este contexto aparece el proyecto del antiguo Cinemar, una actuación municipal que ha generado controversia política por su coste, financiación y repercusiones sobre las cuentas municipales.
Desde una perspectiva crítica, resulta legítimo preguntarse por qué determinadas inversiones municipales de gran envergadura reciben un impulso político decidido mientras las necesidades educativas de las familias encuentran obstáculos que se prolongan durante años. La comparación resulta especialmente pertinente cuando se recuerda que la controversia sobre las aulas de Posada no se refería únicamente a la construcción de nuevas instalaciones, sino también a la utilización de espacios existentes y a la contratación del personal necesario para ampliar la oferta educativa.
El proyecto de adquisición y rehabilitación del antiguo Cinemar, convertido en una de las grandes apuestas políticas del gobierno municipal de Enrique Riestra, constituye un ejemplo de la magnitud de los recursos públicos comprometidos y de la necesidad de examinar con rigor las prioridades presupuestarias del Ayuntamiento de Llanes. Las cifras conocidas permiten dimensionar una operación que comenzó con la compra del inmueble por aproximadamente 897.000 euros, a los que deben añadirse los gastos de redacción del proyecto y dirección facultativa, cifrados en torno a 71.855 euros, y, sobre todo, el contrato de rehabilitación integral, adjudicado el 29 de enero de 2025 por 4.205.695,98 euros, según consta en el expediente de contratación CON/2024/86. A estas cantidades hay que sumar los 400.000 euros destinados al equipamiento audiovisual, anunciados oficialmente por el Ayuntamiento el 25 de junio de 2026 mediante una modificación presupuestaria financiada con remanente de tesorería, así como otros contratos técnicos vinculados a las instalaciones del edificio, entre ellos los 11.616 euros correspondientes a la dirección de obra de las instalaciones térmicas y de climatización. La suma de estas partidas sitúa el volumen económico identificado en aproximadamente 5,59 millones de euros, una cifra que podría incrementarse con nuevas contrataciones, modificaciones del proyecto, gastos financieros y futuros costes de funcionamiento. Conviene recordar, además, que en marzo de 2023 el propio Ayuntamiento había anunciado una consignación inicial de 500.000 euros para comenzar la rehabilitación, cuando las estimaciones municipales situaban el coste de las obras en aproximadamente 1,5 millones de euros, cantidad que posteriormente se elevó hasta superar los cuatro millones en la adjudicación definitiva. Aunque aquella consignación inicial no debe sumarse nuevamente al coste total, porque supondría contabilizar dos veces recursos destinados a la misma actuación, la evolución de las previsiones económicas evidencia cómo un proyecto inicialmente presentado con unas dimensiones presupuestarias mucho más reducidas ha terminado convirtiéndose en una inversión millonaria de enorme trascendencia para las cuentas municipales. A ello se añade que, según reconoció el propio gobierno municipal al presentar los presupuestos de 2025, la rehabilitación del Cinemar se financiaría mediante préstamos, lo que introduce otra cuestión fundamental: el coste final de la operación no se limita al precio de adquisición, las obras y el equipamiento, sino que debe contemplar también los intereses de la financiación y las obligaciones económicas que deberán atender los presupuestos municipales durante los próximos ejercicios. Y aquí surge una pregunta que el gobierno de Enrique Riestra debería responder con absoluta transparencia: ¿dónde está el estudio de viabilidad económica que justifique semejante inversión y permita conocer cuánto costará mantener abierto el Cinemar, qué ingresos podrá generar, cuál será su déficit anual de explotación y en qué plazo, si es que resulta posible, se recuperará la inversión realizada? No consta en la documentación examinada un estudio económico-financiero público que responda de manera completa a estas cuestiones, lo que no permite afirmar que dicho documento no exista, pero sí justifica exigir su publicación y conocimiento por parte de los vecinos. Porque una inversión de estas características no termina cuando se inaugura el edificio: comienza entonces una nueva etapa de gastos de personal, electricidad, climatización, limpieza, mantenimiento, seguros, programación cultural y reposición de equipamientos que también deberán financiarse con recursos públicos. De hecho, en 2026 se ha licitado una asistencia técnica para la activación escénica, comunicación y dinamización cultural, centrada especialmente en el nuevo Cinemar, con un presupuesto de 259.908 euros, lo que confirma que la actividad futura del inmueble lleva aparejados compromisos económicos adicionales. No se trata de cuestionar la importancia de disponer de infraestructuras culturales ni de exigir que todos los equipamientos públicos sean rentables en términos estrictamente comerciales, sino de reclamar que una inversión de esta magnitud esté respaldada por una planificación económica seria, transparente y proporcionada a las necesidades del municipio. Y es precisamente aquí donde la comparación con las escuelas infantiles adquiere toda su dimensión política: mientras durante años se discutía sobre quién debía asumir los gastos y las obligaciones necesarias para garantizar la escolarización de los menores de cero a tres años, el gobierno municipal impulsaba una operación cultural cuyo volumen económico se aproxima a los seis millones de euros, sin que se haya podido verificar públicamente un análisis completo de sus costes futuros y de su sostenibilidad financiera. La cuestión de fondo no es enfrentar la cultura con la educación, sino preguntarse por qué se ha demostrado tanta determinación para sacar adelante una inversión de semejante envergadura mientras problemas educativos que afectaban directamente a las familias permanecían pendientes de solución. Porque gobernar también consiste en establecer prioridades y justificar ante los contribuyentes el destino de cada euro público, especialmente cuando las decisiones presentes pueden comprometer los recursos municipales de los próximos años.
Tampoco puede afirmarse, sin analizar las partidas presupuestarias y sus condiciones de financiación, que el dinero destinado al Cinemar pudiera haberse empleado directamente en la apertura de las aulas infantiles. Las inversiones y los gastos de funcionamiento responden a regímenes presupuestarios diferentes y pueden contar con fuentes de financiación sujetas a condiciones específicas. Sin embargo, la crítica sobre las prioridades políticas sigue siendo pertinente: un gobierno debe explicar por qué considera urgentes unas actuaciones y por qué otras necesidades sociales permanecen sin resolver durante años.
El debate no debería reducirse a enfrentar cultura y educación, porque ambas constituyen servicios públicos valiosos. La cuestión consiste en determinar si las decisiones municipales han respondido a una planificación equilibrada y si se ha prestado suficiente atención a los servicios que afectan directamente a la vida cotidiana de las familias. La utilidad pública de una inversión no elimina la obligación de justificar su coste, sus consecuencias financieras y su prioridad frente a otras necesidades del municipio.
· Once años después: la diferencia entre reclamar competencias y asumir responsabilidades.
El recorrido histórico desde 2015 hasta octubre de 2026 permite identificar una cuestión de fondo que va más allá de las discrepancias partidistas. Durante años, el Ayuntamiento defendió que la educación infantil de cero a tres años debía ser gestionada directamente por el Principado. Finalmente, esa transferencia está a punto de materializarse. Sin embargo, el reconocimiento de la competencia autonómica no borra las responsabilidades municipales asumidas durante el periodo anterior.
La resolución del Defensor del Pueblo constituye el documento más contundente de esta cronología, porque no se limita a recoger declaraciones políticas, sino que analiza las obligaciones derivadas del convenio, la disponibilidad de instalaciones, la financiación autonómica y la necesidad de ampliar las plazas públicas. Su recomendación demuestra que la situación de las familias de Posada merecía una respuesta administrativa concreta y que el Ayuntamiento tenía un papel relevante en esa respuesta.
También el caso de las dos niñas de Purón recuerda que la prestación efectiva de los servicios públicos no puede depender exclusivamente de que las administraciones se atribuyan mutuamente responsabilidades. En aquel episodio, el gobierno municipal fascista reclamó una solución y ofreció su colaboración provisional, pero las menores continuaban sin acudir a clase cuando se publicaron las informaciones de septiembre y octubre de 2021. La consecuencia para las familias era real, independientemente de cuál fuera la administración competente para resolver el transporte escolar.
La rendición de cuentas pendiente. La aprobación del convenio de integración no debería cerrar el debate sobre lo ocurrido durante los años anteriores. Al contrario, representa una oportunidad para que el Ayuntamiento y el Principado expliquen con precisión las causas de los retrasos, las actuaciones realizadas y las dificultades que impidieron ampliar antes la oferta educativa. Sería especialmente útil conocer cuántas solicitudes de escolarización quedaron sin atender en cada curso, qué propuestas de apertura de aulas se formularon, qué financiación ofreció efectivamente la Consejería, qué medidas de contratación estudió el Ayuntamiento y qué respuesta oficial se dio a la recomendación del Defensor del Pueblo.
Del mismo modo, sería necesario aclarar si las aulas de Posada que suscitaron la controversia de 2021 son las mismas cuya apertura seguía reclamándose en octubre de 2026, qué impedimentos concretos persistían y qué compromisos ha asumido ahora el Principado para resolverlos. Estas preguntas no constituyen acusaciones, sino exigencias elementales de transparencia sobre un servicio público que afecta a los menores y a sus familias.
El gobierno municipal encabezado por el “facha”, Enrique Riestra, tiene derecho a defender su interpretación de las competencias administrativas y a cuestionar las decisiones del Principado. Pero también debe responder políticamente por la gestión realizada mientras el Ayuntamiento mantuvo obligaciones sobre las escuelas infantiles y no cumplía. La existencia de una controversia competencial no puede utilizarse como explicación universal de todos los problemas, especialmente cuando una institución independiente como el Defensor del Pueblo consideró necesario recomendar al consistorio que adoptara medidas para atender la demanda de plazas.
Por su parte, el Gobierno autonómico también debe explicar por qué la integración anunciada para abril de 2026 se ha retrasado hasta noviembre y qué garantías existen de que la nueva gestión resolverá las dificultades pendientes. La transferencia administrativa no debería convertirse en un simple cambio de interlocutor para las familias, sino en una mejora efectiva de los servicios educativos.
La conclusión política es que Llanes llega a noviembre de 2026 con una transferencia competencial largamente debatida, una recomendación del Defensor del Pueblo que forma parte de sus antecedentes y preguntas todavía abiertas sobre la apertura de aulas y la atención de la demanda educativa. El acuerdo plenario constituye un avance, pero no permite dar por resueltos todos los problemas que han acompañado a la educación infantil municipal.
Durante once años, los gobiernos municipales encabezados por Enrique Riestra han tenido tiempo más que suficiente para demostrar cuál es su verdadero concepto de los servicios públicos, qué prioridades han guiado sus decisiones y hasta qué punto han sido capaces de responder a las necesidades de las familias llaniscas. Su trayectoria debe juzgarse por los hechos, los expedientes administrativos, las decisiones presupuestarias y, sobre todo, por los resultados de su gestión. Lo que corresponde examinar es si el gobierno municipal estuvo a la altura de las obligaciones que había asumido y si antepuso los derechos de los vecinos a sus intereses y conveniencias políticas. En este contexto, resulta especialmente llamativa la trayectoria de Priscila Alonso, procedente de Izquierda Unida y vinculada a la responsabilidad municipal sobre estos servicios, cuyo cambio de posición política y acercamiento al gobierno de Enrique Riestra representa una contradicción ideológica que merece una explicación pública. Pasar de una formación que históricamente ha hecho de la defensa de los servicios públicos y de las políticas sociales una de sus principales señas de identidad a respaldar un gobierno situado en las antípodas de aquellos planteamientos constituye una decisión política de enorme trascendencia, especialmente cuando se asumen responsabilidades de gestión en materias tan sensibles como la educación infantil. La cuestión no es únicamente el cambio de lealtades políticas, sino qué razones justificaron aquel desplazamiento, qué compromisos programáticos quedaron por el camino y qué beneficios concretos obtuvo la ciudadanía de Llanes de semejante operación política. También merece una valoración crítica la actitud de Ovidio Sánchez, cuya responsabilidad orgánica y posición dentro de IU Asturias ante aquel episodio deberían analizarse a la luz de las decisiones que efectivamente adoptó. Si la dirección política optó por guardar silencio o evitar una respuesta contundente ante un cambio de adscripción de semejante relevancia, resulta legítimo cuestionar esa pasividad y preguntarse qué valor tienen los compromisos ideológicos cuando quienes han sido elegidos bajo unas siglas terminan sosteniendo proyectos políticos sustancialmente diferentes. Porque los cargos públicos no reciben de los electores un cheque en blanco para utilizar su representación al margen de cualquier compromiso programático, aunque legalmente conserven la titularidad de su acta. La coherencia política también forma parte de la responsabilidad democrática, y los cambios de posición que alteran los equilibrios de gobierno merecen explicaciones claras, especialmente cuando afectan a servicios esenciales para las familias. En definitiva, lo verdaderamente censurable no es solamente la contradicción entre las ideas que se defienden antes de llegar al poder y las decisiones que se adoptan después, sino que esas decisiones no se traduzcan en mejoras verificables para los ciudadanos a quienes se prometió representar.
Porque, al final, la verdadera medida de una buena gestión municipal no es la cantidad de veces que un alcalde denuncia que una competencia corresponde a otra administración, sino la capacidad de su gobierno para cumplir sus obligaciones, encontrar soluciones y evitar que los ciudadanos soporten las consecuencias de los desacuerdos institucionales.
Y en Llanes, después de tantos años de controversias sobre la educación infantil, esa rendición de cuentas sigue pendiente con el bárbaro gobierno municipal fascista.
La oposición del PSOE de Llanes: transparencia, fiscalización y responsabilidad democrática
La actuación del PSOE de Llanes durante esta legislatura también merece un examen crítico, especialmente por su reiterada disposición al diálogo y a tender la mano al gobierno municipal de VecinosxLlanes y el Partido Popular. La colaboración institucional puede ser legítima e incluso necesaria cuando responde al interés general, pero no debería confundirse con la complacencia política ni convertirse en una excusa para rebajar la exigencia de fiscalización que corresponde a cualquier oposición democrática. Ante las controversias sobre las escuelas infantiles, los retrasos administrativos, las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las inversiones millonarias impulsadas por el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista debería explicar con claridad qué iniciativas de control ha promovido, qué expedientes ha solicitado, qué responsabilidades ha exigido y, especialmente, qué información ha puesto a disposición de los llaniscos recibida desde el gobierno municipal. Porque la labor de oposición no termina con intervenir en los plenos o emitir comunicados de prensa: también implica facilitar el acceso ciudadano a la documentación pública obtenida en el ejercicio de sus funciones, mediante su publicación en Internet cuando la legislación lo permita y respetando las obligaciones de protección de datos y confidencialidad. El respaldo a acuerdos concretos, como la integración de Les Escuelines en la red autonómica, no constituye por sí mismo una muestra de debilidad política; lo que debe examinarse es si, durante todo este proceso, el PSOE ha ejercido una fiscalización constante, independiente y suficientemente transparente de las decisiones del gobierno municipal. Los llaniscos tienen derecho a conocer no solamente lo que hace su Ayuntamiento, sino también qué hacen sus representantes en la oposición para controlar al ejecutivo, detectar posibles irregularidades y exigir explicaciones cuando surgen dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones administrativas. La responsabilidad institucional no exige silencio ante los problemas ni impide formular críticas firmes y documentadas. Cuando existen indicios de incumplimientos normativos, la contundencia en la exigencia de explicaciones y el respeto a las garantías democráticas deben ser perfectamente compatibles. La transparencia, el control político y la rendición de cuentas no son obstáculos para la convivencia institucional: son condiciones indispensables para que los ciudadanos de Llanes puedan evaluar la actuación de todos sus representantes, tanto de quienes gobiernan como de quienes tienen la responsabilidad de fiscalizarlos.
EPÍLOGO: EL COSTE DEL GOBIERNO Y LA DEUDA PENDIENTE CON LOS LLANISCOS
Once años después, Enrique Riestra y quienes han sostenido sus gobiernos municipales deben responder por algo más que sus discursos y enfrentamientos con el Principado: deben rendir cuentas de sus decisiones, sus prioridades presupuestarias y los servicios que los llaniscos han recibido a cambio de sus impuestos. La documentación salarial aportada, correspondiente al año 2023, cifra las retribuciones anuales del equipo de gobierno en 293.902 euros, a los que se añaden 47.824 euros por el puesto de asesor, hasta alcanzar un total de 341.726 euros anuales, según ese desglose, pendiente de contraste con las cuentas oficiales. Frente a estas cifras, resulta inevitable recordar las aulas infantiles de Posada cuya apertura reclamaban las familias, la recomendación del Defensor del Pueblo, las dos niñas de Purón que permanecieron sin transporte escolar y el retraso de la integración de Les Escuelines en la red autonómica. No se cuestiona que los representantes públicos cobren por desempeñar sus responsabilidades; se cuestiona qué resultados ofrecen a los ciudadanos y cómo justifican sus decisiones cuando los servicios esenciales encuentran obstáculos durante años. Enrique Riestra, como alcalde, y los integrantes de su gobierno deben explicar qué hicieron para resolver esas situaciones y por qué determinadas necesidades educativas siguieron pendientes mientras se impulsaban inversiones millonarias como la del Cinemar. Los sueldos públicos son legítimos, pero llevan aparejada una obligación inexcusable de transparencia, diligencia y rendición de cuentas. Y esa obligación no se satisface culpando sistemáticamente a otras administraciones: exige demostrar, con expedientes, decisiones y resultados, que los intereses de los llaniscos han ocupado el lugar que les corresponde en la gestión municipal.
Ya lo dijo Montesquieu: «Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder».
