Los alcaldes de Ribadesella, Paulo García; Llanes, Enrique Riestra; y Cangas de Onís, José Manuel González, han acordado elevar al Gobierno de España una petición conjunta para reclamar un refuerzo de la Guardia Civil en el Oriente de Asturias durante los meses de mayor presión turística. Según recoge la información publicada hoy en la prensa regional, los tres regidores consideran que los efectivos actuales son insuficientes para atender las necesidades reales de una comarca que durante el verano multiplica de forma notable su población y su actividad diaria: https://tinyurl.com/3f7j7has
La reclamación nace de una nueva reunión de trabajo (quedaron para comer y tomar el vermut) los alcaldes de estos tres concejos, dentro de los encuentros periódicos que mantienen para coordinar actuaciones y abordar problemas comunes. En esta ocasión, la reunión se celebró en Cangas de Onís y tuvo como eje principal la seguridad, un ámbito que los responsables municipales consideran clave tanto para los vecinos como para los miles de visitantes que llegan al Oriente durante la temporada estival.
Tres ultras de "performance" política: Enrique Riestra, José Manuel González y Paulo García
El argumento central de los alcaldes es que la comarca oriental soporta en verano una presión muy superior a la habitual, con playas, espacios naturales, carreteras, autovías y zonas de alta concentración de personas que requieren una vigilancia constante y una respuesta rápida ante cualquier incidencia. Sin embargo, según señalan, en numerosas ocasiones solo hay una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico para cubrir todo el Oriente, una situación que califican como “a todas luces insuficiente”.
Los regidores apoyan su queja en datos concretos. El Oriente suma en torno a 50.000 habitantes, pero esa cifra se triplica durante el verano por la llegada de turistas. A ello se añade la extensión del territorio, de unos 2.000 kilómetros cuadrados, y los largos tiempos de desplazamiento entre algunos puntos de la comarca. Como ejemplo, citan que un trayecto entre Beleño y Colombres puede superar la hora y media, lo que evidencia las dificultades para atender con rapidez una emergencia, un accidente de tráfico o cualquier otro incidente.
En su declaración conjunta, los alcaldes sostienen que la demanda de más Guardia Civil no es nueva, sino una necesidad evidente derivada del crecimiento turístico que experimentan sus concejos cada verano. Su petición se centra en competencias que corresponden al Instituto Armado, como la seguridad ciudadana, la vigilancia de carreteras nacionales y vías interurbanas, el control del tráfico en la autovía y en la red viaria estatal, la prevención de delitos, la atención a emergencias, la vigilancia medioambiental, la protección de espacios públicos, la intervención en grandes concentraciones de personas y la colaboración en dispositivos de protección civil.
Los alcaldes también recuerdan que los ayuntamientos ya hacen un esfuerzo económico y organizativo dentro de sus propias competencias. Entre Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís contratan cada año cerca de treinta auxiliares de Policía Local para reforzar los servicios municipales durante la temporada alta. No obstante, subrayan que estos efectivos no pueden asumir ni sustituir las funciones propias de la Guardia Civil, por lo que consideran imprescindible que el Estado adapte los recursos de seguridad a la realidad actual del territorio.
La petición conjunta se presenta, por tanto, como una reclamación estructural y no como una queja puntual. Los alcaldes vinculan directamente la seguridad con la calidad de vida de los vecinos y con la necesidad de ofrecer una atención adecuada a quienes visitan la comarca. A su juicio, preservar la imagen del Oriente de Asturias como destino turístico de referencia exige contar con una presencia de la Guardia Civil proporcionada a la afluencia real que soporta la zona durante los meses de verano.
Leída la noticia, lo primero que deberían facilitar a los ciudadanos los ultras que reclaman son los datos actuales de la plantilla de la Guardia Civil en esos municipios. Sin ese dato básico, resulta difícil saber de qué se está hablando exactamente y valorar con rigor el alcance real de la reclamación. Sin embargo, esos tres alcaldes ultras no aportan esa información esencial, privando a los vecinos de un elemento imprescindible para entender la situación. Ante esa ausencia de transparencia, he acudido a los datos publicados recientemente, y la realidad que aparece es la siguiente.
Con datos publicados y verificables, no he encontrado una plantilla municipal actualizada 2025/2026 para Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís. Lo más reciente que aparece de forma oficial es el dato global: en marzo de 2025 la directora general de la Guardia Civil afirmó en el Congreso que la plantilla en Asturias era de 2.054 efectivos https://tinyurl.com/4xty7njk
El último desglose municipal oficial que he localizado es una respuesta del Gobierno en el Senado de 2012. En esos datos, la plantilla publicada era esta:
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Municipio |
Puestos territoriales |
Otras unidades en el municipio |
Total publicado |
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Llanes |
Puesto de Llanes: 22 + Puesto de Posada: 10 = 32 |
Policía Judicial 5, Compañía 3, Plana Mayor 3, Fiscal/Fronteras 8 |
51 |
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Ribadesella |
Puesto de Ribadesella: 18 |
Destacamento de Tráfico: 45 |
63 |
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Cangas de Onís |
Puesto de Cangas de Onís: 17 |
Intervención de Armas 3, SEPRONA 5, Rescate e Intervención en Montaña 11 |
36 |
Las cifras salen del desglose oficial por unidades: Llanes aparece con 22 efectivos en el Puesto de Llanes, 10 en Posada y otras unidades hasta sumar 51; Ribadesella figura con 18 en el puesto y 45 en Tráfico; y Cangas de Onís con 17 en el puesto y otras unidades hasta 36 https://tinyurl.com/yhnbzrrj, https://tinyurl.com/yhnbzrrj , https://tinyurl.com/yhnbzrrj
Para situarlo en la actualidad operativa: en 2025 el Congreso recogió que Llanes está entre los acuartelamientos asturianos con servicio 24 horas, mientras que Cangas de Onís y Ribadesella aparecen dentro de los cuarteles que abren en fin de semana, pero no en el listado de los 24 horas https://tinyurl.com/4xty7njk
Por tanto, sin elucubraciones: el dato municipal exacto actualizado no aparece publicado en abierto. El dato oficial completo por concejo que se puede citar es el de 2012; el dato actual publicado es solo global para Asturias: 2.054 guardias civiles.
Lo primero que llama la atención de esta reclamación es la forma elegida. Los alcaldes anuncian que elevarán directamente al Gobierno de España una petición conjunta para reforzar la Guardia Civil en el Oriente durante los meses de mayor presión turística. Sin embargo, en esa operación política pasan por alto la interlocución natural de la Delegación del Gobierno en Asturias, que no es una figura decorativa. La propia Administración General del Estado recuerda que las Delegaciones del Gobierno representan al Gobierno en cada comunidad autónoma y dirigen y supervisan los servicios estatales en su territorio https://tinyurl.com/y7pfvue3 En el caso de Asturias, esa responsabilidad corresponde a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a quien le corresponde coordinar la acción del Estado en la comunidad y servir de cauce institucional con las entidades locales.
Por eso, la maniobra tiene más apariencia de “performance política” que de gestión institucional seria. Si el problema es real, lo lógico habría sido sentarse con la Delegación del Gobierno, pedir datos, reclamar plantilla, exigir refuerzos y poner encima de la mesa una radiografía completa de la situación. Sin embargo, lo que se ofrece a los vecinos es una puesta en escena veraniega, una serpiente de verano útil para desplazar el foco de la gestión decadente de estos ayuntamientos, especialmente en el caso de Llanes y de su alcalde, Enrique Riestra.
Los alcaldes afirman que la seguridad está vinculada a la calidad de vida. Es cierto. Pero esa afirmación tiene un reverso que no pueden esconder: la calidad de vida de los vecinos también depende de los servicios que sí están pegados a la gestión municipal o al funcionamiento ordinario de sus concejos, como la movilidad, los servicios sociales como la dependencia, el suministro de agua, el saneamiento, el mantenimiento de infraestructuras públicas y la capacidad de dar respuesta a los problemas cotidianos. Y ahí la fotografía es bastante menos lucida que la rueda de prensa.
En Llanes, por ejemplo, el saneamiento sigue necesitando actuaciones relevantes. El Principado inició en julio de 2026 la construcción de la nueva EDAR de Ardisana, con una inversión de 628.710 euros, para sustituir un sistema de depuración antiguo y sin tratamiento específico para las aguas pluviales de redes unitarias. Esa infraestructura dará servicio a unas 325 personas y se ejecuta mediante convenio con el Ayuntamiento de Llanes, mientras CADASA asume la gestión de pequeñas depuradoras de competencia municipal https://tinyurl.com/hctkub7n
También en Llanes, CADASA aprobó destinar más de 4,2 millones de euros a la explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración del litoral central del concejo y del Valle de San Jorge. El sistema incluye la EDAR de Llanes, 14 estaciones de bombeo, nueve aliviaderos, un emisario submarino, once pequeñas depuradoras rurales y más de 21 kilómetros de colectores. Es decir, no hablamos de una cuestión menor, sino de servicios básicos que sostienen la vida diaria de los vecinos y la imagen turística del municipio: https://tinyurl.com/3ryyd4fz
En Ribadesella, el Gobierno de Asturias tuvo que acometer obras de mejora del saneamiento con una inversión de 277.400 euros, renovando 710 metros de colector y ejecutando 15 pozos de registro. La propia información oficial explica que la actuación beneficiaba a 500 vecinos y permitía solucionar pérdidas en la red y corregir problemas de entrada de agua marina durante las pleamares, una circunstancia que sobrecargaba colectores, bombeos e infraestructuras de depuración: https://tinyurl.com/3wpazk3p
En Cangas de Onís también han aflorado problemas vinculados al agua. En septiembre de 2025, vecinos de Táranu denunciaron la baja calidad del agua que llegaba a sus domicilios, con partículas en suspensión, turbidez, color inadecuado y mal olor. Según esa información, los vecinos reclamaban analíticas, soluciones y garantías sanitarias, hasta el punto de verse obligados a comprar agua embotellada: https://tinyurl.com/mnb99pr7
Por tanto, cuando estos alcaldes hablan de calidad de vida, conviene recordar que esa calidad de vida no empieza ni termina en la Guardia Civil. La seguridad importa, pero también importa abrir el grifo y confiar en el agua, tener una red de saneamiento que funcione, moverse con normalidad, recibir servicios sociales en condiciones y vivir en municipios donde el dinero público se traduzca en servicios proporcionales al esfuerzo fiscal que soportan los vecinos.
Y ahí aparece otro dato incómodo: la presión fiscal municipal. El informe de FADE y del Instituto de Estudios Económicos, “La competitividad fiscal en el Principado de Asturias”, alerta de que Asturias soporta una presión fiscal elevada y de que esa estructura puede lastrar la inversión, el crecimiento y la competitividad: https://tinyurl.com/mwvvy54p El informe completo puede consultarse aquí: https://tinyurl.com/6sp5638r
En el ámbito local, los datos son especialmente significativos. Llanes aparece con una recaudación por habitante en impuestos locales de 724 euros en 2024, muy por encima de la media nacional, situada en 474 euros, y de la media asturiana, situada en 439 euros. Es decir, Llanes recauda por habitante un 53% más que la media de España, según el índice del propio informe, que coloca a Llanes en 153 con España igual a 100: https://tinyurl.com/yc35cppb Hay que pagar a muchos liberados y vividores de la política como sucede en el Ayuntamiento de Llanes.
Cangas de Onís también aparece por encima de la media nacional y regional, con 487 euros por habitante en impuestos locales, frente a los 474 euros de España y los 439 euros del conjunto del Principado. Además, el informe sitúa a Cangas de Onís entre los cinco municipios con peor competitividad fiscal normativa de la muestra analizada, con un índice de 70 frente al promedio asturiano de 98 https://tinyurl.com/yc35cppb
En el caso de Ribadesella, el informe no ofrece en ese gráfico concreto una cifra de recaudación por habitante comparable a la de Llanes y Cangas, por lo que no procede inventarla. Lo que sí recoge es su elevada autonomía financiera municipal: Ribadesella aparece con un 69,9%, por encima del promedio del Principado, que es del 60,8%. Llanes figura todavía más arriba, con un 75,7%, y Cangas de Onís con un 68,3% https://tinyurl.com/6sp5638r
La conclusión es clara: estos alcaldes reclaman al Estado más recursos de seguridad, pero no explican con precisión cuál es la plantilla actual de la Guardia Civil en sus municipios, cuál ha sido su evolución, qué refuerzos concretos piden, ni por qué han decidido convertir la reclamación en un gesto político antes que en una negociación institucional ordenada. Al mismo tiempo, gobiernan municipios donde los vecinos soportan una presión fiscal relevante y donde los servicios básicos siguen presentando problemas, inversiones pendientes o dependencias claras de otras administraciones para corregir déficits acumulados.
Por eso, el debate no puede reducirse a una foto de tres alcaldes reclamando Guardia Civil. La seguridad es importante, pero también lo es la coherencia política. No se puede invocar la calidad de vida solo cuando sirve para señalar al Gobierno de España y olvidarse de ella cuando toca rendir cuentas por el agua, el saneamiento, la movilidad, la dependencia, los servicios sociales o la presión fiscal municipal. Antes de pedir más al Estado, estos alcaldes deberían explicar mejor qué hacen ellos con lo que ya tienen, cuánto pagan sus vecinos y qué reciben a cambio.
La incoherencia de fondo no está en que un ayuntamiento pueda adquirir patrimonio cultural o dotarse de equipamientos públicos. La cultura importa, los espacios colectivos importan y recuperar edificios abandonados puede tener sentido. La incoherencia aparece cuando esos mismos gobiernos municipales reclaman al Estado más medios para garantizar la calidad de vida mientras en sus propios concejos siguen existiendo servicios básicos manifiestamente mejorables, inversiones pendientes y problemas estructurales en materias tan elementales como el agua, el saneamiento, la movilidad o la atención cotidiana a los vecinos.
En Llanes, el ejemplo más evidente es el Cinemar. El Ayuntamiento compró el antiguo cine por 897.000 euros con el objetivo de convertirlo en un centro cultural y turístico para el concejo y para el Oriente de Asturias. A esa adquisición se suma la rehabilitación integral del edificio, que en el presupuesto municipal de 2025 aparece como una de las grandes inversiones, con 4,5 millones de euros, y posteriormente otros 400.000 euros destinados a equipamiento audiovisual del futuro centro cultural. No hablamos, por tanto, de una intervención menor, sino de una operación política y presupuestaria de gran volumen: compra, rehabilitación y equipamiento (unos 6 millones de euros).
El problema es que ese esfuerzo inversor convive con necesidades muy básicas. En julio de 2026, el Principado inició las obras de la nueva EDAR de Ardisana, con una inversión superior a 628.000 euros, para sustituir un sistema de depuración antiguo y sin tratamiento específico para aguas pluviales de redes unitarias. La propia información oficial señala que la actuación se ejecuta mediante convenio con el Ayuntamiento de Llanes y que CADASA asumirá la gestión de pequeñas depuradoras de competencia municipal. Es decir, mientras se presume del gran proyecto cultural del Cinemar, siguen apareciendo carencias en infraestructuras esenciales de saneamiento.
La misma fotografía se repite en el conjunto del saneamiento llanisco. CADASA ha aprobado destinar más de 4,2 millones de euros a la explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración del litoral central de Llanes y del Valle de San Jorge. Ese sistema incluye la EDAR de Llanes, catorce estaciones de bombeo, nueve aliviaderos, un emisario submarino, once pequeñas depuradoras rurales y más de 21 kilómetros de colectores. La dimensión de esa red demuestra que el municipio tiene por delante un reto serio en servicios básicos, no solo una agenda de grandes equipamientos culturales.
En Cangas de Onís, el caso equivalente es el Cine Colón. El Ayuntamiento formalizó la compra del inmueble por 855.015 euros, una operación defendida como recuperación patrimonial y como futuro espacio cultural, turístico y de congresos. Además, el Plan de Sostenibilidad Turística de Cangas incorpora actuaciones vinculadas a la rehabilitación sostenible y ecoeficiente del Cine Colón, con partidas incluidas en los ejes de transición verde y eficiencia energética. Por tanto, la compra no es solo una adquisición simbólica: forma parte de una estrategia municipal de equipamiento cultural y turístico.
Pero también en Cangas la realidad de los servicios básicos obliga a poner el discurso en cuarentena. En Mestas de Con, el Gobierno de Asturias inició una actuación de saneamiento y depuración de 1,46 millones de euros para beneficiar a unas 220 personas y permitir que los vertidos al río Güeña reciban el tratamiento adecuado. Si en pleno siglo XXI todavía hacen falta inversiones de ese tipo para garantizar un tratamiento correcto de las aguas residuales en núcleos del concejo, resulta legítimo preguntarse por la jerarquía de prioridades de quienes luego vinculan la calidad de vida casi exclusivamente a la presencia de más Guardia Civil.
A ello se suma el episodio de Táranu, donde vecinos denunciaron en el año 2025 la mala calidad del agua que llegaba a sus domicilios, con partículas en suspensión, turbidez, color inadecuado y mal olor. El Ayuntamiento respondió asegurando que el agua era apta para el consumo humano según los análisis disponibles, aunque el propio informe citado señalaba que la turbidez estaba próxima al límite. Incluso aceptando la versión municipal, el episodio refleja una realidad incómoda: la calidad de vida también se mide al abrir el grifo, no solo al reclamar más presencia policial.
En Ribadesella, tras revisar las fuentes disponibles, no he localizado una compra comparable al Cinemar de Llanes o al Cine Colón de Cangas de Onís, es decir, una adquisición municipal reciente de un gran equipamiento cultural o turístico del mismo tipo. Lo que sí aparece documentado es la intención del Ayuntamiento de adquirir un local en El Picu por 160.000 euros para ubicar allí los Servicios Sociales, cerca del futuro Centro Rural de Apoyo Diurno. Esa operación no puede meterse en el mismo saco que un cine o un teatro, porque está directamente vinculada a un servicio público básico.
Ahora bien, Ribadesella tampoco escapa al fondo del problema. El Gobierno de Asturias tuvo que invertir 277.400 euros en mejorar el saneamiento riosellano, renovando 710 metros de colector y ejecutando 15 pozos de registro. La actuación beneficiaba a unos 500 habitantes y permitía corregir problemas de entrada de agua marina en la red durante las pleamares, una circunstancia que sobrecargaba colectores, bombeos e infraestructuras de depuración. De nuevo, estamos ante servicios esenciales que demuestran que la calidad de vida no se sostiene solo con declaraciones institucionales sobre seguridad.
También en Ribadesella se ha planteado la necesidad de un retén de bomberos de primera intervención, una reclamación que volvió a la actualidad local tras el incendio de la carpa navideña de la Plaza Nueva. Según la información publicada, el alcalde propuso al Principado crear ese retén en el polígono de Guadamía. Es otro ejemplo de cómo los déficits de seguridad, emergencia y respuesta pública no se agotan en la Guardia Civil, sino que afectan a un mapa mucho más amplio de servicios.
La contradicción, por tanto, es evidente. Llanes invierte en el Cinemar mientras sigue dependiendo de grandes actuaciones en saneamiento, depuración y redes básicas. Cangas de Onís compra el Cine Colón y lo vincula al turismo de congresos mientras afloran problemas de agua, saneamiento y depuración en núcleos del concejo. Ribadesella no presenta, al menos en las fuentes localizadas, una compra cultural comparable, pero también arrastra necesidades en saneamiento, emergencias y servicios públicos.
El debate no es cultura contra servicios básicos. Esa sería una lectura tramposa. El debate real es de prioridades, coherencia y rendición de cuentas. No se puede hablar de calidad de vida solo cuando se reclama al Gobierno de España más Guardia Civil y olvidarse de esa misma calidad de vida cuando el vecino mira al agua, al saneamiento, a la movilidad, a los servicios sociales, a los bomberos o al mantenimiento ordinario de su municipio. La seguridad importa, pero no puede convertirse en una coartada política para tapar que muchos servicios de competencia municipal o vinculados a la gestión ordinaria de estos concejos siguen necesitando inversiones, planificación y una gestión mucho más seria.
Por eso, antes de convertir la reclamación de más Guardia Civil en una fotografía política de verano, estos alcaldes deberían explicar con el mismo detalle: qué plantilla policial existe, qué refuerzos concretos piden, qué servicios públicos tienen pendientes en sus municipios, ¿cuánto dinero destinan a grandes equipamientos y qué reciben realmente los vecinos a cambio de los impuestos que pagan? Porque la calidad de vida no se proclama: se demuestra en los servicios que funcionan.
Para cerrar el post quiero manifestar que el resultado final es la política espectáculo de siempre: la derecha extrema del PP y la ultraderecha de VecinosxLlanes envolviendo en una bandera de seguridad lo que no son capaces de resolver con gestión. Llegado el verano, montan la escena, señalan al Gobierno de España, esquivan la interlocución institucional y convierten una reclamación legítima en un artefacto propagandístico para tapar sus propias vergüenzas. Porque mientras hablan de calidad de vida, los municipios que gobiernan hacen aguas por todos los sitios: servicios básicos mejorables, saneamientos pendientes, problemas de movilidad, déficits en mantenimiento, equipamientos convertidos en escaparate y vecinos que pagan una presión fiscal considerable sin recibir una gestión a la altura. Esa es la gran contradicción. No se puede pedir más presencia del Estado con una mano y esconder con la otra la decadencia de lo que depende de uno mismo. La seguridad importa, pero la calidad de vida no se defiende con ruedas de prensa de verano, sino con ayuntamientos que funcionen, servicios públicos dignos y gobiernos municipales que dejen de vender humo para empezar a rendir cuentas.
Ya lo dijo Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
