Llanes, la vivienda pendiente: once años de gobierno municipal y las responsabilidades del Principado
El Gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y el Partido Popular afronta el examen de más de una década de gestión mientras tramita un PGOU que contempla miles de nuevas viviendas. La vicepresidenta Gimena Llamedo reconoce la gravedad del problema residencial, pero no concreta en sus declaraciones qué soluciones ofrecerá el Principado a los llaniscos.
Foto: el fascista Enrique Riestra y la vicepresidenta Gimena Llamedo
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha reconocido que Llanes presenta una de las situaciones más complicadas de la comunidad autónoma en materia de vivienda. Lo ha hecho en una entrevista publicada por El Fielato y El Nora el 21 de octubre de 2026, en la que reivindica las inversiones del Gobierno de Adrián Barbón en el Oriente y asegura que el Ejecutivo trabaja para encontrar soluciones al problema residencial del concejo. El reconocimiento tiene especial relevancia porque procede de una de las máximas responsables de la Administración autonómica, pero también obliga a examinar las actuaciones de quienes han tenido responsabilidades de gobierno durante los últimos años. La gravedad de la situación de Llanes no puede despacharse con una declaración de preocupación institucional: exige conocer qué decisiones se han adoptado, qué proyectos se han materializado y qué resultados pueden acreditar tanto el Ayuntamiento como el Principado.
Desde el año 2015, el Ayuntamiento de Llanes está gobernado por ejecutivos encabezados por el fascista Enrique Riestra, de VecinosxLlanes, con el Partido Popular como socio de gobierno. Más de once años constituyen un periodo suficientemente amplio para evaluar las prioridades de sus responsables, especialmente en un asunto tan decisivo como el acceso a la vivienda habitual. En diciembre de 2024, el PSOE denunció que durante los nueve años anteriores no se había construido ninguna vivienda pública en el concejo, una acusación recogida por COPE Ribadesella en una información sobre una propuesta de cesión de suelo para vivienda asequible. Esa denuncia constituye un antecedente relevante, aunque no permite afirmar sin una comprobación adicional que no se haya entregado ninguna vivienda pública durante todo el periodo comprendido entre 2015 y octubre de 2026. La distinción es necesaria para mantener el rigor, pero no reduce la exigencia política: el Gobierno municipal fascista debe presentar un balance documentado de las viviendas protegidas promovidas, construidas y entregadas durante sus mandatos. No basta con enumerar gestiones o expresar la voluntad de impulsar promociones; después de más de una década de gobierno, los resultados deben poder comprobarse.
La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor al examinar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsado por el propio Ayuntamiento. El documento recibió la aprobación provisional del Pleno el 28 de abril de 2025, con los votos favorables de Vecinos por Llanes y del Partido Popular y la abstención del PSOE. El acuerdo fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 7 de mayo de 2025 y, según informó la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), el planeamiento contemplaba 5.774 nuevas viviendas, más de 3.000 de ellas en núcleos rurales. En informaciones relativas a otra versión del documento se han manejado cifras de 5.862 viviendas previstas, de las cuales 246 serían protegidas, equivalentes aproximadamente al 4,2 % del total. Este último porcentaje debe verificarse en la versión correspondiente del expediente antes de presentarlo como dato definitivo del PGOU, pero la cuestión política que plantea resulta evidente: ¿qué lugar ocupa realmente la vivienda protegida en un planeamiento que prevé un crecimiento residencial de miles de inmuebles mientras el acceso a la vivienda constituye uno de los principales problemas del concejo?
La respuesta no puede limitarse a defender la capacidad de crecimiento urbanístico ni a sostener que el plan cumple los requisitos legales. Un PGOU determina dónde y en qué condiciones podrá edificarse, pero su trascendencia también reside en las oportunidades que ofrece para atender las necesidades de la población. La previsión de miles de viviendas no garantiza que los jóvenes puedan emanciparse, que las familias trabajadoras encuentren alquileres asequibles o que quienes desean establecer su residencia permanente en Llanes dispongan de alternativas adecuadas. Tampoco permite afirmar que todas las edificaciones previstas vayan a ejecutarse ni que necesariamente se destinen a segunda residencia o alojamiento turístico. Lo que sí exige es una explicación sobre los instrumentos previstos para favorecer la vivienda habitual y la promoción protegida. El Gobierno de Vecinos por Llanes y el Partido Popular debe justificar cómo responde su modelo urbanístico a las necesidades residenciales de los llaniscos y por qué la vivienda pública no ocupa un lugar más destacado en las previsiones conocidas del planeamiento. La cuestión de fondo no es únicamente cuánto puede crecer Llanes, sino qué posibilidades tendrán sus habitantes de seguir viviendo en el municipio.
La presión sobre el mercado residencial tampoco constituye una apreciación exclusiva de la oposición. La Administración autonómica ha tramitado actuaciones relacionadas con la consideración del núcleo urbano de Llanes como zona de mercado residencial tensionado. La resolución autonómica de 24 de abril de 2026 sobre esta materia recoge circunstancias vinculadas a la evolución de los precios de compraventa y alquiler, así como a la presencia de usos residenciales, turísticos y de segunda residencia. Este antecedente aporta una base administrativa al diagnóstico sobre las dificultades de acceso a la vivienda, aunque conviene distinguir el contenido de la resolución de los efectos jurídicos concretos que correspondan a cada fase del procedimiento. La existencia de una presión residencial suficientemente relevante como para motivar actuaciones específicas de la Administración refuerza la necesidad de evaluar las políticas públicas desarrolladas en Llanes. La respuesta municipal y autonómica debe medirse por su capacidad para ampliar las alternativas de residencia habitual, no solo por las medidas anunciadas.
Sin embargo, atribuir toda la responsabilidad al Ayuntamiento supondría ignorar antecedentes que afectan directamente al Principado. En enero de 2025, el Gobierno municipal recordó la existencia de un convenio suscrito en 2007 relacionado con la Reserva Regional de Suelo de Haces y Pozas y señaló que disponía de aproximadamente 25.000 metros cuadrados vinculados a aquella operación. Según publicó El Fielato el 16 de enero de 2025, el Consistorio manifestó su disposición a poner esos terrenos a disposición del Ejecutivo autonómico y cuestionó que no se hubiera construido vivienda protegida desde la firma del acuerdo. La información también aludía a dificultades urbanísticas derivadas de operaciones anteriores sobre los terrenos. Este antecedente demuestra que han existido iniciativas y contactos institucionales relacionados con la promoción de vivienda pública, pero no acredita por sí solo que el suelo ofrecido reuniera todas las condiciones necesarias para construir ni permite determinar qué administración es responsable de que las actuaciones no se hayan materializado. Lo exigible es conocer el contenido del convenio, las obligaciones asumidas por cada parte, los obstáculos que han impedido su desarrollo y las decisiones adoptadas para resolverlos. Sin esa documentación, cualquier reparto concluyente de responsabilidades sería prematuro.
Precisamente por ello, las declaraciones de Gimena Llamedo merecen una valoración crítica. En la entrevista, la vicepresidenta menciona promociones de vivienda pública en otros concejos del Oriente y actuaciones previstas en distintos municipios, pero al referirse a Llanes, pese a reconocer la especial gravedad de su situación, no identifica en ese pasaje una promoción concreta, un número determinado de viviendas, una inversión comprometida ni una fecha de ejecución. Esta ausencia de precisión no demuestra que el Principado carezca de iniciativas relacionadas con Llanes, pero sí impide conocer, a partir de sus declaraciones, qué respuesta específica ofrece el Ejecutivo a un problema que considera especialmente importante. Reconocer la gravedad de la situación y asegurar que se buscan soluciones no equivale a presentar un programa de actuación verificable. El Gobierno autonómico debería explicar qué posibilidades ha estudiado, qué proyectos mantiene abiertos, qué recursos está dispuesto a comprometer y cuáles son las dificultades administrativas o urbanísticas que condicionan su ejecución.
La responsabilidad del Principado no desaparece porque el Ayuntamiento esté gobernado por partidos de distinto signo político. La Administración autonómica dispone de competencias en materia de vivienda y de instrumentos para promover actuaciones públicas, aunque su desarrollo pueda requerir suelo adecuado, acuerdos interadministrativos y la tramitación de los correspondientes expedientes. Esas condiciones deben valorarse antes de formular acusaciones de inacción absoluta, pero también obligan al Ejecutivo regional a rendir cuentas sobre sus gestiones. Si la utilización de los terrenos de Haces y Pozas resulta inviable, debe explicarse por qué; si existen obstáculos derivados del planeamiento, deben identificarse; y si se han planteado fórmulas de colaboración que no han prosperado, corresponde aclarar qué propuestas se formularon y qué respuesta recibieron. La falta de concreción sobre estos extremos impide evaluar adecuadamente la actuación autonómica en Llanes, especialmente cuando la propia vicepresidenta reconoce que el concejo presenta una de las situaciones residenciales más difíciles de Asturias.
Esta exigencia al Principado no disminuye la responsabilidad política del Gobierno municipal fascista. VecinosxLlanes y el Partido Popular han dispuesto de más de once años para definir sus prioridades urbanísticas, impulsar iniciativas y negociar con otras administraciones. Durante ese tiempo, la vivienda ha adquirido una importancia creciente en el debate público y el Ayuntamiento ha promovido un planeamiento cuyas previsiones residenciales merecen un examen especialmente riguroso. La oferta de terrenos vinculados a un convenio anterior constituye una actuación que debe tenerse en cuenta, pero su existencia no sustituye a los resultados que corresponde acreditar. El balance municipal debe explicar qué oportunidades se han aprovechado, qué proyectos no han prosperado y qué medidas concretas se han impulsado para facilitar el acceso de los vecinos a una vivienda protegida o asequible. Después de más de una década de gobierno, el debate no puede quedar reducido a las intenciones expresadas por sus responsables ni a las posibilidades teóricas que ofrece el PGOU.
La trascendencia de estas decisiones alcanza directamente a quienes desean permanecer en Llanes y desarrollar allí su proyecto de vida. El acceso a una vivienda adecuada condiciona las posibilidades de emancipación, la formación de nuevos hogares y la estabilidad residencial de la población. Para medir con precisión esos efectos serían necesarios datos sobre precios, oferta disponible, demanda de vivienda protegida y evolución demográfica, pero la necesidad de una respuesta pública resulta evidente a la vista del propio diagnóstico autonómico. Un municipio puede contemplar un importante crecimiento edificatorio y mantener, al mismo tiempo, dificultades para que sus residentes encuentren una vivienda a un precio asumible. Por eso, la política residencial debe evaluarse por las alternativas que ofrece a la población y no exclusivamente por el número de viviendas que permite construir el planeamiento. Esa evaluación exige información transparente sobre promociones, financiación, disponibilidad de suelo, plazos y destinatarios.
El reconocimiento de Gimena Llamedo debería servir, por tanto, para abrir una rendición de cuentas que alcance a ambas administraciones. Al Gobierno municipal le corresponde justificar sus decisiones urbanísticas y acreditar los resultados de más de una década de gestión; al Principado, explicar qué ha hecho para impulsar vivienda pública en Llanes, qué ha ocurrido con los compromisos anteriores y qué actuaciones concretas pretende desarrollar. La existencia de responsabilidades compartidas no significa que todas tengan idéntico alcance, sino que cada institución debe responder por sus competencias y decisiones. La cuestión decisiva no es quién consigue atribuir al otro la falta de soluciones, sino qué actuaciones se han realizado, cuáles permanecen pendientes y qué compromisos pueden verificarse.
Gimena Llamedo acierta al reconocer la gravedad del problema residencial de Llanes, pero su diagnóstico necesita una respuesta mucho más precisa. Y el Gobierno de Vecinos por Llanes y el Partido Popular, después de más de once años al frente del Ayuntamiento, debe explicar de forma documentada qué resultados ha obtenido en materia de vivienda pública y cómo pretende atender esa necesidad mediante el planeamiento que impulsa. Los llaniscos tienen derecho a conocer cuántas viviendas protegidas se han construido y entregado, qué proyectos se han frustrado, por qué no se han desarrollado los compromisos anteriores y qué soluciones pueden esperar de las instituciones. La credibilidad de una política de vivienda no se mide por la cantidad de suelo que se anuncia, los planes que se tramitan o las declaraciones que se realizan, sino por las viviendas que llegan a estar disponibles y por las posibilidades reales de que los vecinos puedan seguir viviendo en su propio concejo.
Para terminar el post quiero manifestar que la situación de la vivienda en Llanes constituye un motivo de profunda preocupación y exige una rendición de cuentas que no puede seguir aplazándose. Después de más de once años de gobiernos municipales fascistas encabezados por Vecinos por Llanes, con el Partido Popular como socio, los responsables del Ayuntamiento deben explicar qué resultados concretos han obtenido en la promoción de vivienda pública. El debate resulta especialmente necesario ante un PGOU que contempla miles de nuevas viviendas y sobre el que persisten preguntas relevantes acerca del espacio reservado a la protección pública. El gobierno municipal puede defender sus decisiones urbanísticas y señalar las gestiones realizadas ante el Principado, pero esas explicaciones deben acompañarse de cifras comprobables sobre promociones impulsadas, viviendas terminadas y proyectos pendientes. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se ha conseguido durante este largo periodo de gobierno y qué medidas permitirán atender una necesidad residencial cuya gravedad reconoce la propia Administración autonómica.
La responsabilidad del Principado tampoco puede diluirse en declaraciones de preocupación o en referencias genéricas a la búsqueda de soluciones. Gimena Llamedo ha reconocido públicamente las dificultades de acceso a la vivienda en Llanes, pero sus palabras deben completarse con información precisa sobre las actuaciones autonómicas, la financiación prevista y el estado de los compromisos anteriores, particularmente los relacionados con la Reserva Regional de Suelo de Haces y Pozas. Si existen impedimentos urbanísticos, jurídicos o administrativos, corresponde identificarlos y explicar las gestiones realizadas para superarlos. Ni el gobierno municipal fascista puede presentar la tramitación de un plan urbanístico como equivalente a la construcción de vivienda pública, ni el Gobierno regional puede considerar suficiente el reconocimiento de un problema sin concretar su respuesta. Ambas administraciones tienen competencias diferentes y deben responder por las decisiones que les corresponden, sin trasladar a los vecinos las consecuencias de una coordinación institucional cuyos resultados siguen necesitando explicaciones.
La contradicción que merece mayor atención es la distancia entre la capacidad residencial prevista para Llanes y las oportunidades efectivas de acceso a una vivienda asequible. Planificar miles de viviendas no significa garantizar hogares para quienes desean vivir permanentemente en el concejo. Esa diferencia obliga a examinar las prioridades del planeamiento, los instrumentos de protección pública y la capacidad de las administraciones para convertir sus compromisos en actuaciones materiales. No se trata de negar la importancia de la actividad turística ni de la iniciativa privada, sino de recordar que las necesidades de residencia habitual también deben ocupar un lugar reconocible en las decisiones públicas. Un municipio no puede medir su desarrollo únicamente por sus posibilidades edificatorias mientras permanece abierta una cuestión tan esencial como el acceso de sus habitantes a una vivienda adecuada.
Llanes necesita respuestas documentadas, no una nueva sucesión de declaraciones institucionales. El Gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y el Partido Popular debe rendir cuentas de su trayectoria y justificar las previsiones sociales del PGOU; el Ejecutivo de Adrián Barbón debe detallar sus actuaciones, aclarar el estado de los compromisos pendientes y establecer objetivos que puedan comprobarse. La exigencia es concreta: saber cuántas viviendas públicas se han entregado, cuántas están realmente en marcha, qué recursos se han comprometido y cuándo podrán acceder a ellas sus destinatarios. Mientras esas preguntas permanezcan sin una respuesta completa, seguirá existiendo una distancia difícil de ignorar entre el discurso de las administraciones y las necesidades residenciales de los llaniscos. La vivienda no es una cifra en un documento urbanístico ni una promesa en una entrevista: es la posibilidad de construir una vida en el lugar al que se pertenece, y esa posibilidad debe ocupar un lugar central en las responsabilidades de quienes gobiernan Llanes y Asturias.
Ya lo dijo Leilani Farha: «El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, no una mercancía».
