MUCHO RUIDO EN LA OPOSICIÓN, POCOS HECHOS EN EL GOBIERNO: EL ESPEJO MUNICIPAL DEL PP EN ASTURIAS

 

Ayer podíamos leer una serie de noticias que recogen distintos hechos de actualidad política y social en Asturias que afectan tanto al ámbito autonómico como municipal y económico. En el plano político autonómico, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acusó al presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, de trasladar la crisis interna del PSOE al conjunto de la vida institucional asturiana, llegando a hablar de “crisis institucional” https://bit.ly/4rgQ85z y https://bit.ly/4kCcgEL Queipo señaló que existen “síntomas” de una crisis profunda en la izquierda asturiana, que atribuye al temor a perder el poder en las próximas elecciones autonómicas. Entre esos síntomas mencionó los movimientos de Izquierda Unida para explorar posibles coaliciones con el PSOE, las críticas públicas del exalcalde de Llanera hacia la gestión del Gobierno del Principado y de la propia FSA, y las declaraciones del alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, quien deslizó la posibilidad de impulsar una nueva formación política al margen del PSOE.


Asimismo, Queipo cuestionó la estrategia anunciada por Barbón de “asturianizar” el rumbo de su partido y gobierno, vinculándola con la continuidad de las políticas actuales. También recordó que, en la sesión de investidura, el PP retiró su candidatura con el objetivo de que Barbón no tuviera que depender de Izquierda Unida, aunque finalmente el presidente optó por ese acuerdo. Desde la Federación Socialista Asturiana, el secretario de organización, Luis Ramón Fernández Huerga, respondió a las críticas afirmando que el PP tiene problemas internos propios y que Queipo carece de una alternativa sólida, rechazando así la interpretación realizada por el líder popular.

En el ámbito municipal, el Partido Popular de Gijón trasladó formalmente al presidente de Divertia (el tránsfuga de la ultraderecha), Oliver Suárez, su malestar por el diseño de la sardina del Antroxu de 2026 https://bit.ly/4088OIB La figura, icono del carnaval gijonés, aparece caracterizada con elementos de simbología religiosa, lo que, según la portavoz municipal del PP y primera teniente de alcalde, Ángela Pumariega, puede herir la sensibilidad de ciudadanos con convicciones religiosas. En una carta, el grupo municipal del PP solicita que se reconsidere el diseño para evitar polémicas y que, en futuras ediciones, se tenga en cuenta este criterio, defendiendo que el carácter festivo y satírico del Antroxu debe desarrollarse desde el respeto y la convivencia.

Por otro lado, en el ámbito económico y social, se informa de que el precio medio de la vivienda libre en Oviedo donde gobierna el PP al frente del Ayuntamiento con la complicidad de una IU que ha pactado con dicho gobierno los presupuestos, ha superado el máximo histórico registrado antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2009 https://bit.ly/4tyKY6p En enero del año 2026 el precio alcanzó los 2.201 euros por metro cuadrado, según la estadística mensual de Idealista, tras varios meses de incrementos sostenidos, con subidas mensuales, trimestrales e interanuales destacadas. También el mercado del alquiler registra cifras récord, con un precio medio de 10,8 euros por metro cuadrado y ejemplos de alquileres elevados en determinadas zonas.

La información señala factores como la escasez de oferta tanto en compraventa como en alquiler, el aumento de plazas en pisos turísticos, la movilización limitada de vivienda vacía y la falta de suficiente oferta pública. Por distritos, varias zonas han alcanzado sus máximos históricos, como en los barrios de Buenavista, La Ería y Montecerrao; Ciudad Naranco, Vallobín y La Florida; y los entornos del Auditorio, el Seminario Metropolitano y el Parque de Invierno, donde se han registrado importantes incrementos interanuales. Las áreas más caras continúan siendo las inmediaciones del Campo San Francisco y la calle Uría, junto al entorno de Salesas, la Foncalada y el Teatro Campoamor. No se registran descensos significativos en términos interanuales en ninguna zona de la ciudad, más allá de correcciones puntuales trimestrales.

En conjunto, las noticias reflejan una visión del PP que choca con una realidad incontestable, la demagogia que ejerce el PP cuando está en la oposición y la completa ineficaz gestión que realiza cuando alcanzan los gobiernos municipales como bien nos pone de manifiesto en los Ayuntamientos de Gijon y Llanes.  Las noticias muestran un escenario de fuerte confrontación política en Asturias, especialmente entre el Partido Popular y la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), en un contexto marcado por tensiones internas en el socialismo asturiano y por la acción de gobierno del PP en determinados municipios.

En el ámbito autonómico, el PP sostiene un discurso centrado en denunciar una supuesta crisis interna del PSOE asturiano y sus efectos sobre la estabilidad institucional. Estas acusaciones se producen en paralelo a hechos objetivos que evidencian discrepancias dentro del socialismo, como fue la dimisión del exalcalde de Llanera tras expresar críticas a la gestión del Principado y las declaraciones del alcalde de Siero planteando la posibilidad de promover una nueva formación política. Estos episodios reflejan la existencia de tensiones internas y desacuerdos en el seno de la FSA, que se tratan de ocultar y opacar ante la opinión pública.

Al mismo tiempo, la dirección encabezada por Adrián Barbón mantiene el control orgánico del partido. Si bien tras las elecciones municipales del año 2023 se produjeron renovaciones en algunas agrupaciones donde se perdieron las alcaldías, como Langreo o Mieres, en otros casos —como Llanes y Gijón— no se han impulsado cambios de liderazgo al frente de las mismas pese a no haber alcanzado el gobierno municipal. En estas agrupaciones se ha optado por mantener al frente a los mismos responsables, garantizando así la continuidad orgánica y la alineación con la dirección de la FSA. Esta decisión tiene consecuencias políticas en municipios que actualmente están gobernados por el PP, Foro Asturias o, en el caso de Llanes, por la ultraderecha de VecinosxLlanes. Mientras tanto, el modelo organizativo adoptado por la dirección socialista refuerza una estructura cohesionada en torno al liderazgo autonómico de Barbón, pero al mismo tiempo reduce la visibilidad de corrientes internas críticas o alternativas. El resultado es un escenario de estabilidad interna basada en la continuidad y el control orgánico, donde las discrepancias quedan en un segundo plano y prevalece una imagen de cohesión formal, aunque existan percepciones críticas dentro y fuera del partido sobre la falta de renovación en determinadas agrupaciones.

En paralelo, el PP ejerce una oposición intensa en el ámbito autonómico, con un discurso centrado en cuestionar la gestión del Gobierno del Principado y en presentarse como alternativa. Sin embargo, en los municipios donde gobierna —como Gijón, en coalición con Foro Asturias, u otros ayuntamientos como Oviedo o Llanes— su acción política se enfrenta al escrutinio directo de la gestión diaria. En el caso de Gijón, por ejemplo, la controversia sobre el diseño de la sardina del Antroxu evidencia el doble rasero que tienen a la hora de criticar cuando la ciudadanía critica sus creencias religiosas.  En el pleno del Ayuntamiento de Gijón celebrado este miércoles pasado se debatió una propuesta impulsada por Vox para prohibir el acceso a edificios municipales a las personas que oculten el rostro con prendas como el burka o el niqab https://bit.ly/4rgQ85z La iniciativa solo contó con el apoyo de los cinco concejales del PP, del concejal de Foro Asturias Pelayo Barcia y de la representante de Vox, Sara Álvarez Rouco, y fue rechazada por el resto del pleno, incluyendo PSOE, IU, Podemos y el concejal tránsfuga, Óliver Suárez.


                Foto: la sardiana antroxera que tanto molesta al PP de Gijón

En el ámbito autonómico, Álvaro Queipo se presenta como alternativa política al actual Gobierno del Principado encabezado por Adrián Barbón, articulando un discurso centrado en la necesidad de cambio y en la crítica a la gestión socialista. Esa posición se formula desde la oposición en la Junta General, donde el Partido Popular no tiene responsabilidades ejecutivas directas sobre las políticas autonómicas en materia de vivienda.

Sin embargo, el PP sí forma parte de los gobiernos municipales en ciudades relevantes como Oviedo y Gijón —en este último caso en coalición con Foro Asturias— y también gobierna en Llanes en coalición con la ultraderecha de VecinosxLlanes. En estos municipios la gestión de la vivienda se desarrolla en un contexto de fuerte presión del mercado inmobiliario, caracterizado por el incremento sostenido de los precios tanto en compraventa como en alquiler, la escasez de oferta residencial y el crecimiento del uso turístico de viviendas.

En Oviedo, los datos publicados recientemente sitúan el precio medio de la vivienda en máximos históricos, superando los niveles previos a la crisis de 2008. El encarecimiento afecta a distintas zonas de la ciudad y se acompaña de un mercado del alquiler tensionado. Esta evolución se produce bajo un gobierno municipal encabezado por el PP, que tiene competencias en planificación urbanística, desarrollo de suelo y promoción de vivienda pública en el ámbito local.

En Gijón, donde el gobierno municipal está liderado por Foro Asturias con el apoyo del PP, el acceso a la vivienda también se ve condicionado por la limitación de oferta y el aumento de los precios, en línea con lo que ocurre en otras ciudades asturianas. Las políticas municipales influyen en aspectos como la regulación urbanística, la promoción de vivienda protegida y la gestión del parque público, dentro de los márgenes competenciales establecidos.

En Llanes, municipio con fuerte presión turística, la vivienda se encuentra igualmente afectada por el peso de las residencias vacacionales y el mercado de segunda residencia, factores que inciden en la disponibilidad de vivienda habitual y en la evolución de los precios.

En conjunto, mientras el PP construye su discurso autonómico como alternativa al actual Ejecutivo regional, en los ayuntamientos donde gobierna gestiona realidades locales marcadas por un problema estructural de acceso a la vivienda, con resultados infaustos para la ciudadania. La situación refleja la coexistencia de un posicionamiento político en clave regional con responsabilidades ejecutivas concretas en el ámbito municipal, donde el contexto inmobiliario presenta unas enormes dificultades objetivas en términos de precios y disponibilidad para el ciudadano que carece de dicha vivienda.

En conjunto, el escenario descrito en las distintas noticias publicadas refleja una doble dinámica política en Asturias. Por un lado, un PSOE asturiano consolidado orgánicamente en torno al liderazgo de Adrián Barbón, con una estructura interna cohesionada pero poco permeable a las discrepancias que afloran dentro del partido. Por otro, un PP que articula una estrategia de confrontación en el Parlamento autonómico mientras asume responsabilidades ejecutivas en varios ayuntamientos, donde su gestión recibe un suspenso tras un análisis y evaluación directa de las políticas aplicadas en ámbitos como la vivienda, los servicios públicos o la planificación urbana.


En materia de vivienda, los datos objetivos muestran una escalada de precios tanto en compraventa como en alquiler en ciudades como Oviedo y Gijón, así como una fuerte presión turística en concejos como Llanes. Ante ese contexto, la cuestión relevante es qué medidas estructurales se están impulsando desde los gobiernos municipales para incrementar la oferta de vivienda protegida, movilizar suelo público, incentivar el alquiler asequible o limitar los efectos de la proliferación de pisos turísticos dentro del marco competencial local. La ausencia de anuncios de planes ambiciosos de vivienda pública, de desarrollos urbanísticos orientados a ampliar el parque residencial accesible o de políticas específicas para jóvenes y rentas medias y bajas puede señalarse como un déficit de gestión frente a un problema que afecta de forma directa a la ciudadanía.

También puede analizarse la prioridad política que se otorga a determinados debates simbólicos frente a cuestiones materiales. Las polémicas culturales o identitarias ocupan espacio en la agenda pública municipal como vemos en el Ayuntamiento de Gijón, mientras problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la planificación urbana sostenible, la mejora de servicios públicos locales o el apoyo al comercio y al empleo requieren planificación técnica, inversión y acuerdos amplios no se priorizan con la urgencia que necesitan. Comparar la intensidad del debate político en asuntos simbólicos con el desarrollo efectivo de políticas públicas evaluables permite evidenciar posibles desajustes en las prioridades.

En el plano económico y social, otro elemento a considerar es la ejecución presupuestaria municipal: grado de cumplimiento de inversiones previstas, desarrollo de infraestructuras comprometidas, tiempos de tramitación urbanística o nivel de utilización de fondos disponibles. Estos indicadores permiten valorar la eficacia administrativa más allá del discurso político.

Por tanto, una llamada de atención puede centrarse en exigir resultados medibles: incremento del parque público de vivienda, reducción de tiempos administrativos, planes concretos contra la especulación inmobiliaria dentro de las competencias locales, transparencia en la gestión y evaluación pública de objetivos cumplidos o no cumplidos. Situar el debate en estos términos desplaza la discusión del terreno retórico al de la gestión efectiva y de los efectos reales sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

Para terminar el post quiero manifestar que a la vista de los hechos expuestos, el debate no gira ya en torno a declaraciones cruzadas, sino a resultados verificables. Mientras en el ámbito autonómico el PP construye un relato centrado en la deslegitimación del adversario y en la apelación constante a una supuesta crisis institucional, en el ámbito municipal —donde sí dispone de capacidad ejecutiva— los problemas estructurales persisten sin que se aprecien medidas transformadoras de alcance suficiente. La escalada del precio de la vivienda en Oviedo, la presión inmobiliaria en Gijón o la tensión residencial en Llanes no son percepciones, sino datos objetivos que afectan directamente a la ciudadanía.

En este contexto, la alternativa política no se mide por la intensidad del discurso, sino por la capacidad de ofrecer soluciones eficaces y sostenidas en el tiempo. Allí donde el PP gobierna, en coalición con Foro Asturias o con VecinosxLlanes, la gestión queda expuesta a indicadores concretos donde se refleja una negligencia indecente con sus medidas: vivienda accesible, planificación urbana equilibrada, ejecución presupuestaria eficiente y priorización de políticas que mejoren la vida cotidiana. Si esos indicadores no muestran avances significativos, el relato de alternativa pierde consistencia.

El contraste claro y manifiesto que percibe el ciudadano, entre la contundencia de la crítica en la oposición y la ausencia de resultados estructurales en la gestión municipal, debilita la credibilidad del proyecto político que hoy encabeza Álvaro Queipo al frente del PP. Sin propuestas ejecutadas, sin cambios medibles y sin mejoras tangibles en los municipios donde gobiernan, el PP y sus socios, no se consolidan como una alternativa sólida, sino como una fuerza que mantiene un discurso de confrontación mientras los problemas reales continúan sin resolverse haciendo sufrir a los ciudadanos que gobiernan.

Ya lo dijo Konrad Adenauer: “La política se acredita en los hechos; las palabras, sin resultados, se las lleva el viento”.

LLANES Y GIJÓN, GOBERNAR SIN DELITO, PERO SIN EJEMPLARIDAD

 

Hoy se celebró pleno municipal en el Ayuntamiento de Gijón, la afirmación realizada por Carmen Moriyón, actual alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, según la cual “no he cometido ningún delito porque si no, no estaría aquí sentada como alcaldesa”, plantea una cuestión que trasciende el plano estrictamente jurídico y se sitúa en el ámbito de la ética pública. En efecto, el hecho de no haber sido condenado por un delito constituye un requisito mínimo para el ejercicio del cargo, pero no agota el conjunto de principios que deben guiar la actuación de quien asume responsabilidades en el servicio público.

Desde la tradición política de la Antigua Grecia, el ejercicio del poder no se entendía como mera legalidad formal, sino como una práctica orientada al bien común. En la Política, Aristóteles sostuvo que la finalidad de la ciudad (polis) es posibilitar una vida buena para sus ciudadanos. El gobernante, en consecuencia, no debe limitarse a cumplir la ley, sino actuar conforme a la virtud (areté) y a la prudencia (phronesis), es decir, a la capacidad de deliberar rectamente sobre aquello que conviene al conjunto de la comunidad. La legitimidad política, desde esta perspectiva, no se mide solo por la ausencia de delito, sino por la orientación constante hacia el interés general.

Del mismo modo, Platón, en su reflexión sobre el gobierno en la República, defendía que quienes ejercen el poder deben hacerlo movidos por la justicia y no por la conveniencia personal o partidista. La justicia, entendida como armonía entre las partes y subordinación del interés particular al común, constituye un principio rector del buen gobierno. Bajo esta óptica, la gestión municipal debe evaluarse no solo en términos de legalidad administrativa, sino también de equidad, transparencia y coherencia con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía.

En la práctica contemporánea, los principios que deben regir la acción pública —legalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y eficacia en la gestión— forman parte del núcleo de cualquier sistema democrático. La legalidad es el punto de partida: ninguna actuación debe vulnerar el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la ética pública exige un estándar más elevado. La transparencia implica facilitar información clara y accesible sobre decisiones y recursos; la responsabilidad conlleva asumir las consecuencias políticas de los actos de gobierno; la rendición de cuentas obliga a explicar y justificar las decisiones ante los ciudadanos; y la eficacia requiere que los recursos públicos se administren de manera eficiente y orientada a resultados socialmente útiles.

 

En este marco, una revisión de la gestión municipal desde la llegada de Moriyón al gobierno local debería atender a indicadores verificables: grado de cumplimiento de programas electorales, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, calidad de los servicios públicos, políticas urbanísticas y de desarrollo económico, gestión de contratos y subvenciones, así como mecanismos de participación ciudadana. El análisis, para ser riguroso, debe apoyarse en datos oficiales, informes de intervención, resoluciones judiciales cuando existan, y evaluaciones técnicas, evitando interpretaciones subjetivas.

La tradición griega recordaba que la política es, ante todo, una práctica moral orientada al bien común. La ausencia de delito constituye un requisito indispensable, pero no suficiente. Como señalaba Aristóteles, la excelencia política se mide por la virtud y la prudencia en la acción. En una democracia contemporánea, esa excelencia se traduce en gobierno responsable, transparente y eficaz. Por tanto, el debate sobre la gestión municipal no debe limitarse a la dimensión penal, sino situarse en el plano más amplio de la ética pública y del servicio a la ciudadanía.

Dicho lo anterior hagamos un recorrido por lo sucedido con Moriyón al frente del gobierno municipal desde junio del año 2023, ahí veremos que efectivamente delios no cometió pero que su ética política es cuando menos manifiestamente mejorable a ojos de la ciudadanía.

Pacto con formaciones políticas y coherencia programática

En las elecciones municipales de mayo de 2023, Moriyón obtuvo la alcaldía gracias a un acuerdo de investidura con el Partido Popular (PP) y con Vox, formación situada en el espectro de la ultraderecha política. Este pacto permitió que el bloque de la derecha extrema sumase mayoría absoluta en el pleno municipal y resultase investida alcaldesa el 17 de junio de 2023.

Durante la campaña y en declaraciones públicas previas, Moriyón había expresado que no pactaría con extremismos, haciendo hincapié en la importancia de reglas claras y respeto a la legalidad democrática. Sin embargo, para cerrar su investidura aceptó el apoyo de Vox, otorgándole responsabilidades de gobierno y compaginando políticas municipales con ese respaldo externo.

La concreción de ese pacto generó tensiones internas y críticas públicas porque implicó alianzas que algunos consideraron contrarias a los compromisos éticos y programáticos iniciales de su candidatura… Pero para Moriyón lo más importante era tocar moqueta frente a los principios que decía defender en la campaña electoral.

Meses después, en octubre del año 2023, Moriyón anunció la ruptura del pacto con Vox, tras apenas unos meses, aduciendo que la formación de la ultraderecha, “antepuso sus siglas al interés general de la ciudad” y que no había sabido ejercer las responsabilidades asignadas. Curiosamente uno de los dos concejales de Vox en el gobierno municipal, fue cooptado por Foro Asturias como tránsfuga en su gobierno, Oliver Suárez, pese al repudio que producía dicha figura política a Moriyón como manifestó en un diario del Oriente de Asturias el día 17 de julio del año 2021, a los cuales llamaba corruptos https://bit.ly/4bMK7sr

Este vaivén entre declaraciones de campaña —que aseguraban no pactar con extremismos— y la posterior alianza con Vox para asegurar su investidura, y su posterior ruptura para integrar a un tránsfuga en su gobierno, ha sido interpretado por sectores políticos y sociales como un ejemplo de la complejidad de mantener coherencia entre promesas y decisiones estratégicas de gobierno.

Sentencia del Tribunal de Cuentas por pagos improcedentes

En junio de 2024, el Tribunal de Cuentas dictaminó que Moriyón debía devolver 31.314,29 € a las arcas del Ayuntamiento por pagos considerados indebidos o no justificados durante su anterior etapa al frente del Ayuntamiento (2017-2019) con cargo al grupo municipal de Foro Asturias. Esto incluyó, entre otras partidas, dietas mensuales que fueron calificadas como sobresueldos y gastos sin justificar.

La sentencia provocó una fuerte reacción de la oposición, que solicitó explicaciones en Pleno y planteó la necesidad de transparencia ante el uso de recursos públicos. Según informaciones de prensa, Moriyón defendió que se trató de una “errónea interpretación contable”, sin embargo, no ofreció mayores detalles que satisficieran a todos los grupos políticos que formaron parte del pleno.

El hecho de que una autoridad municipal de primer nivel sea condenada por este tipo de gestión financiero-contable genera un debate profundo sobre la ética pública y la gestión de lo que pertenece a la ciudadanía.

Análisis general: principios del servicio público

Los acontecimientos descritos pueden analizarse a partir de los principios clásicos de la ética política y del servicio público:

  1. Legalidad y ética: La legalidad es el mínimo exigible —ninguna condena penal o contable debe operar como justificación de una conducta—. Sin embargo, el servicio público exige ir más allá de lo puramente legal y aspirar a la transparencia, integridad y responsabilidad en la gestión de recursos públicos.
  2. Consistencia programática: Vincular decisiones de gobierno a compromisos claros adquiridos ante la ciudadanía forma parte de la ética democrática moderna. La gestión pública se fundamenta no solo en ganar elecciones, sino en mantener coherencia entre promesas y prácticas, tal como plantearon filósofos clásicos como Aristóteles, que veía en la política una búsqueda del bien común, o Platón, que destacaba la justicia como eje rector del gobierno político.
  3. Transparencia y rendición de cuentas: La Sentencia del Tribunal de Cuentas subraya la importancia de que las autoridades rindan cuentas de manera clara y oportuna sobre el uso de recursos. La falta de justificación pública adecuada daña la confianza ciudadana y va en contra de la idea de un gobierno orientado al interés común.

Otra de las acciones con las que se cubrió de gloria del gobierno de Moriyón fue con la acción que cometió con la permuta de terrenos públicos del Ayuntamiento con el Grupo Quirón salud. En el contexto de la ampliación del Hospital de Cabueñes, el gobierno municipal encabezado por Carmen Moriyón impulsó una operación de permuta de terrenos con el Grupo Quirónsalud, por la cual se intercambiaron parcelas municipales por suelos vinculados al desarrollo hospitalario. La alternativa jurídica de la expropiación forzosafigura prevista en el ordenamiento para actuaciones de interés público— no fue la opción elegida, optándose en su lugar por un acuerdo negociado con la entidad privada. Esta decisión fue objeto de crítica por parte de la oposición municipal y de colectivos ciudadanos, que sostuvieron que la operación podía resultar menos ventajosa para el patrimonio público que una expropiación ajustada a justiprecio, al implicar la cesión de suelo municipal con un valor estratégico. El debate se centró, por tanto, en la idoneidad del instrumento empleado y en si la permuta protegía adecuadamente los intereses económicos del Ayuntamiento y, en consecuencia, de los vecinos de Gijón.

En el ámbito de la transparencia retributiva, la figura de Carmen Moriyón volvió a situarse en el centro del debate público cuando, a raíz de declaraciones judiciales en el procedimiento contra Francisco Álvarez-Cascos, se conoció que, además de su salario como alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, percibía una asignación de su partido, Foro Asturias, así como mantenía actividad profesional vinculada a la medicina privada. La oposición municipal solicitó entonces que se clarificara de forma detallada el conjunto de sus ingresos y que se actualizara su declaración de actividades conforme a los principios de publicidad activa y rendición de cuentas. Desde el gobierno municipal se sostuvo que las percepciones eran legales y compatibles, si bien la controversia no giró tanto en torno a la legalidad como a la suficiencia de la información ofrecida a la ciudadanía. El debate se centró, por tanto, en la necesidad de que quienes ejercen responsabilidades públicas detallen con precisión el origen y cuantía de sus retribuciones, como garantía de transparencia institucional y confianza pública. La polémica en torno a la falta de claridad sobre el conjunto de retribuciones de Carmen Moriyón, en el marco de su responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Gijón y como dirigente vinculada a Foro Asturias, proyecta una imagen profundamente contradictoria con el principio de ejemplaridad que debe regir el servicio público. Cuando la transparencia se exige con firmeza a la ciudadanía, a los empleados públicos o a la oposición, pero se diluye o se retrasa en lo que afecta al propio poder, se erosiona la credibilidad institucional. La legalidad formal puede cumplirse, pero la ética pública demanda algo más: claridad inmediata, rendición de cuentas sin ambigüedades y voluntad inequívoca de someterse al mismo escrutinio que se reclama a los demás. La percepción de opacidad, especialmente en materia retributiva, no es un asunto menor; afecta directamente a la confianza democrática y alimenta la idea de que la transparencia se convierte en un principio selectivo, aplicable según la posición que se ocupe en la estructura de poder.


 
Foto: Enrique Riestra y su grupo municipal... Fascistas todos ellos de marca registrada

En el ámbito municipal asturiano, el caso de Llanes ha sido objeto de debate político continuado en los últimos años debido a la estabilidad de un gobierno local sostenido por VecinosxLlanes y el Partido Popular. Durante aproximadamente una década, la oposición municipal ha cuestionado determinadas prácticas de gestión, señalando falta de transparencia en decisiones urbanísticas, contratación pública y relaciones políticas internas. Estas críticas no han derivado necesariamente en responsabilidades penales firmes, pero sí han alimentado una controversia persistente sobre la calidad institucional, la claridad en la rendición de cuentas y el uso del poder municipal. El debate en Llanes, al igual que en otros municipios, no se sitúa exclusivamente en el plano jurídico como hoy afirmó Moriyón en el pleno municipal, sino en el terreno de la exigencia democrática de transparencia, coherencia y ejemplaridad en el ejercicio del gobierno local.

La gestión de cualquier cargo público se evalúa en múltiples dimensiones: legal, ética y política. La ausencia de delito no es garantía de excelencia gubernamental; la historia de la alcaldesa Moriyón en Gijón desde el año 2023 muestra tensiones entre decisiones estratégicas de poder, compromisos de campaña y exigencias de transparencia en la gestión de lo público.

Este escenario invita a recordar que la acción política en democracia debe regirse no solo por la ley, sino por principios de coherencia, servicio desinteresado, justicia y responsabilidad ante quienes confían su representación a quienes se presentan al servicio público. En última instancia, esos principios son los que sostienen la legitimidad ética del ejercicio del poder.

Para terminar el post quiero manifestar que a la vista de los hechos expuestos, el problema no radica en la existencia o no de ilícitos penales, sino en la degradación progresiva del estándar ético que debe presidir la vida pública. Cuando la acción de gobierno se mueve en el límite de lo estrictamente legal, pero se aleja de la ejemplaridad, la coherencia y la transparencia, la democracia se empobrece. Un Ayuntamiento no es un espacio de poder patrimonial ni un instrumento al servicio de estrategias coyunturales; es la institución que administra lo común en nombre de todos. Convertir la política municipal en una sucesión de pactos contradictorios, decisiones discutidas y explicaciones insuficientes erosiona la confianza ciudadana y transmite la idea de que el ejercicio del poder se orienta más a su conservación que al interés general.

Quiero decirle a Moriyón que la democracia local exige algo más que mayorías aritméticas y formalidades jurídicas: requiere integridad, claridad en las decisiones y rendición de cuentas constante. Cuando estos principios se debilitan, la institución se percibe como un ámbito cerrado, distante y poco permeable al escrutinio público. No se trata de retórica moralizante, sino de una exigencia básica de calidad democrática. Gobernar no es simplemente ocupar un cargo sin haber cometido delito alguno; es asumir la responsabilidad de administrar lo público con una ética que esté a la altura de la confianza depositada por la ciudadanía. Sin esa premisa, el poder municipal corre el riesgo de reducirse a un ejercicio discrecional que, aunque formalmente válido, resulta políticamente empobrecedor y éticamente insuficiente.

Ya lo dijo Montesquieu: “La legalidad es el mínimo; la ejemplaridad es la verdadera medida del poder democrático”.

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