Estos últimos días hemos podido leer diferentes noticias en medios de comunicación sobre la cuestión del cese del concejal tránsfuga, Oliver Suárez, en los siguientes: una entrevista a Carmen Moriyón publicada por El Comercio el 26 de julio de 2026, de la que se han aportado dos fragmentos, y una información publicada por miGijón el 28 de julio de 2026. Aunque se hace referencia a la dimisión de Óliver Suárez, las noticias emplean principalmente los términos «cese», «destitución», «relevo» o «salida» de la Presidencia de Divertia.
En la entrevista publicada por El Comercio el 26 de julio de 2026, Carmen Moriyón explicó que la salida de Óliver Suárez se produjo después de que el Ayuntamiento detectara una irregularidad durante el estudio del presupuesto de Divertia. Según la alcaldesa, existían contratos superiores a 100.000 euros que no habían sido sometidos previamente al Consejo de Administración de la empresa municipal. Moriyón afirmó que esta actuación era grave y defendió que la decisión de cesarlo era «la mejor posible», negando que hubiera otros motivos detrás de ella.
En otro fragmento de esa misma entrevista de El Comercio, publicada el 26 de julio de 2026, Moriyón sostuvo que había actuado sin realizar cálculos políticos, pese a que la decisión podía afectar a la estabilidad del Gobierno municipal. La alcaldesa presentó el cese de Suárez como una demostración de que estaba dispuesta a adoptar la decisión que consideraba correcta aunque se encontrara a nueve meses de las elecciones y aunque pudiera perder el voto número 14 o poner en riesgo la aprobación de un cuarto presupuesto.
Foto: Oliver Suárez y Carmen Moriyón, los dos poliédricos concejales de moral estrecha
La alcaldesa reconoció expresamente en El Comercio el 26 de julio de 2026 la importancia que Óliver Suárez conservaba en la organización política del Ayuntamiento. Moriyón señaló que Suárez, como concejal no adscrito (tránsfuga), había contribuido «de manera decisiva» a la estabilidad del Gobierno municipal aportando el voto número 14. También explicó que el edil le había transmitido su intención de seguir trabajando de algún modo por Gijón, aunque aclaró que esa decisión dependía del propio Suárez.
La información publicada por miGijón el 28 de julio de 2026 recoge que Suárez asumió públicamente la responsabilidad por lo sucedido (no sabemos qué tipo de responsabilidad). El entonces presidente de Divertia reconoció que durante una revisión interna se había detectado «un error formal» relacionado con la firma de dos contratos que excedían las competencias atribuidas a la Presidencia de la empresa municipal. Esos expedientes deberían haber sido elevados previamente al Consejo de Administración, pero ese trámite no se realizó.
Según publicó miGijón el 28 de julio de 2026, Suárez defendió que el problema era exclusivamente procedimental y que no existían dudas sobre la legalidad material de los conciertos ni sobre los servicios prestados. En el comunicado difundido tras su relevo manifestó que no había entrado en política «para agarrarse a un cargo» (ya lo vemos) ni «para vivir de esto». También afirmó que tanto él como Carmen Moriyón habían entendido que abandonar la Presidencia de Divertia era «la salida correcta».
La salida de Suárez de Divertia no supone, sin embargo, la pérdida automática de su retribución como concejal. miGijón informó el 28 de julio de 2026 de que el edil no adscrito continuaría percibiendo 52.342,46 euros brutos anuales por la dedicación del 80 % que mantiene en el Ayuntamiento. La Presidencia de Divertia era un cargo de designación política dependiente de la Alcaldía, mientras que la dedicación y las retribuciones de Suárez como concejal proceden del acuerdo de organización aprobado por el Pleno municipal. Por tanto, ambas situaciones son jurídicamente diferentes.
De acuerdo con la información publicada por miGijón el 28 de julio de 2026, Carmen Moriyón no puede retirarle unilateralmente esa dedicación mediante un decreto de Alcaldía. Para modificarla sería necesario tramitar un expediente, incluir la cuestión en el orden del día del Pleno y aprobar por mayoría simple un cambio en el régimen de dedicaciones (pero Moriyón no lo hará porque está muy cómoda con un tránsfuga que le aprueba todo lo que pide). Mientras el Pleno no adopte ese acuerdo, Suárez puede seguir percibiendo su retribución como concejal aunque ya no forme parte de la dirección de Divertia.
La consecuencia política señalada por miGijón el 28 de julio de 2026 es que Suárez continúa siendo concejal no adscrito (tránsfuga) y conserva el voto número 14 que permitió al Gobierno de Carmen Moriyón mantener la mayoría después de la ruptura con Vox. La noticia plantea que esta circunstancia abre un debate sobre la posibilidad de retirar la dedicación y el sueldo a un edil cuyo apoyo sigue siendo relevante para la aprobación de los presupuestos y de otras votaciones municipales.
Las informaciones aportadas no acreditan que exista un acuerdo por el que Suárez conserve su retribución a cambio de apoyar al Gobierno municipal. Lo que recogen es que el mantenimiento de su sueldo deriva del acuerdo plenario que regula las dedicaciones, que su modificación requiere una nueva votación del Pleno y que su posición política continúa siendo indispensable para la estabilidad del Gobierno de Carmen Moriyón.
La doble vara de medir de Carmen Moriyón
El 17 de julio de 2021, Carmen Moriyón no mostró demasiados reparos a la hora de emplear la palabra «corrupción» contra varios concejales que habían abandonado Foro Asturias pero conservaban sus actas. En declaraciones recogidas por COPE Ribadesella, la entonces presidenta del partido sostuvo que la corrupción no se limitaba a las irregularidades relacionadas con el dinero y censuró a quienes decidían continuar en sus cargos, según sus propias palabras, «con el momio para cobrar un sueldo» https://tinyurl.com/25vu3bc4 Moriyón añadió que quienes ya no se identificasen con el proyecto político bajo cuyas siglas habían sido elegidos debían abandonar sus cargos y remató su posición con una exigencia inequívoca: «Hay que ser decente y retirarse».
Cinco años después, ese rigor moral parece haberse vuelto mucho más flexible dentro del Ayuntamiento de Gijón. Óliver Suárez, exmilitante de Vox y actualmente concejal tránsfuga, fue apartado de la Presidencia de Divertia después de detectarse que dos contratos superiores al límite de sus competencias no habían sido elevados previamente al Consejo de Administración. Carmen Moriyón calificó lo ocurrido como grave y defendió el cese como la mejor decisión posible, mientras Suárez asumió la responsabilidad política por lo que describió como un error formal de procedimiento. Las noticias aportadas no acreditan corrupción, enriquecimiento personal ni una condena judicial, pero sí un incumplimiento procedimental que la propia alcaldesa consideró suficientemente importante como para retirarle la Presidencia de la empresa municipal.
Sin embargo, según publicó miGijón el 28 de julio de 2026, el cese de Suárez no supondría la pérdida de la dedicación del 80 % que mantiene como concejal ni de los 52.342,46 euros brutos anuales asociados a ella. El medio informó de que esa retribución se le mantendría en el Pleno de agosto. También explicó que Moriyón no puede retirársela unilateralmente mediante un decreto, porque sería necesario tramitar una modificación del régimen de dedicaciones y someterla a la aprobación del Pleno por mayoría simple. La limitación jurídica es clara, pero no elimina la cuestión política: la alcaldesa puede no disponer de la facultad de suprimir personalmente esa retribución, pero sí tendría que decidir si promueve o no el procedimiento necesario para modificarla.
La contradicción con las palabras pronunciadas por Moriyón en 2021 resulta difícil de ocultar. Entonces consideraba que permanecer como concejal no adscrito, conservar el acta y seguir cobrando podía constituir una forma de corrupción política. Ahora gobierna apoyándose precisamente en un concejal tránsfuga que conserva su acta y su retribución después de haber sido cesado de su principal responsabilidad ejecutiva. Los casos no son idénticos y no permiten trasladar automáticamente a Suárez la acusación de corrupción que Moriyón lanzó contra los antiguos concejales de Foro. Lo que sí permiten es confrontar a la alcaldesa con su propio criterio y señalar una evidente doble vara de medir.
La diferencia política más
relevante está expresamente reconocida por la propia Moriyón: Suárez aportó el
voto número 14 y contribuyó de manera decisiva a la estabilidad del Gobierno
municipal. Esa admisión convierte el mantenimiento de su liberación en
una decisión especialmente comprometida. Cuando los concejales tránsfugas
perjudicaban los intereses de Foro, Moriyón hablaba de «momio», de
corrupción y de falta de decencia. Cuando un concejal tránsfuga sostiene la
mayoría de su Gobierno, el lenguaje se transforma: se reconoce su
contribución a la estabilidad municipal y se deja abierta su continuidad
política.
Eso no demuestra que exista una compra de votos, un pacto económico o
una contraprestación entre Moriyón y Suárez. Ninguna de las noticias aportadas
acredita semejante acuerdo. Pero la ausencia de esa prueba no libra a la
alcaldesa de una severa responsabilidad política por la incoherencia entre sus
discursos y sus decisiones. Moriyón estableció en 2021 un criterio
moral durísimo para juzgar a quienes conservaban actas y retribuciones después
de abandonar su grupo político. Si ahora acepta que Suárez permanezca como
concejal no adscrito, mantenga su sueldo y continúe siendo determinante para su
mayoría, deberá explicar por qué aquel criterio que presentaba como una
cuestión de decencia deja de aplicarse cuando la estabilidad de su propio
Gobierno depende del beneficiado.
El cese de Divertia corre así el riesgo de quedar reducido a una sanción política de consecuencias limitadas: Suárez pierde la Presidencia, pero conserva el acta, la dedicación retribuida y el valor decisivo de su voto. Moriyón puede defender que actuó con firmeza al destituirlo, pero esa firmeza pierde credibilidad cuando no va acompañada de una posición igualmente clara sobre la continuidad de sus retribuciones. No se puede invocar la decencia como una regla absoluta contra los adversarios y convertirla después en una regla negociable para quienes garantizan la mayoría propia.
Lo más censurable no es únicamente la continuidad económica de Suárez, que responde por el momento a un acuerdo plenario vigente, sino la distancia entre las palabras de Moriyón y su actuación política. En el año 2021 Moriyón llamó corrupción a permanecer en el cargo para cobrar un sueldo. En el año 2026, ante un concejal tránsfuga cuyo voto resulta decisivo para su Gobierno, la misma conducta deja de recibir aquella condena pública. Esa diferencia tiene un nombre político preciso: incoherencia y doble rasero. Y cuanto más depende el Gobierno municipal del voto número 14, menos convincente resulta presentar el cese de Divertia como una demostración completa de ejemplaridad.
El PP no puede presentarse como espectador
La crisis provocada por el cese de Óliver Suárez de la Presidencia de Divertia no afecta únicamente a Carmen Moriyón y a Foro Asturias. El Partido Popular forma parte del Gobierno municipal de Gijón, ocupa cinco concejalías y su portavoz, Ángela Pumariega, ejerce como vicealcaldesa. Por tanto, el PP no es una fuerza ajena que pueda observar desde la distancia las decisiones adoptadas por la alcaldesa: comparte el poder, participa en la dirección política del Ayuntamiento y se beneficia de la continuidad del Ejecutivo. La responsabilidad principal por el nombramiento y el cese de Suárez corresponde a Moriyón, pero la responsabilidad política por la continuidad del Gobierno también alcanza a su socio.
El 24 de julio de 2026, después de conocerse el cese de Suárez, Ángela Pumariega calificó las irregularidades como «muy preocupantes». También reconoció que Foro no había informado previamente al PP de la decisión y afirmó que su partido permanecía «expectante» para que la situación se solucionase correctamente y dentro de la legalidad. Sin embargo, añadió que la relación entre los socios del Gobierno seguía siendo «cordial» y «correcta» y que los concejales populares estaban centrados en las áreas que tenían delegadas. Esa respuesta permite señalar una evidente insuficiencia política: ante una crisis que afecta a una empresa pública, a la contratación municipal y a la mayoría que sostiene al Ejecutivo, el PP no puede reducir su papel a esperar acontecimientos y administrar sus concejalías.
Foto: concejales del PP en el pleno muncipal... Unos cómplices con buenas tragaderas
Estar «expectante» no
es asumir responsabilidades. El PP forma parte del Gobierno que mantuvo a
Suárez como presidente de Divertia después de que abandonase Vox y pasase a ser
concejal tránsfuga. También forma parte del Ejecutivo que durante estos años ha
contado con su voto para aprobar iniciativas municipales. La propia Carmen
Moriyón reconoció el 26 de julio de 2026 que Suárez había contribuido «de
manera decisiva» a la estabilidad del Gobierno aportando el voto número 14.
Por ello, aunque no exista constancia de un acuerdo económico a cambio de su
apoyo, sí existe un hecho político incontestable: Foro y PP han gobernado
gracias a una mayoría en la que el voto de Suárez ha desempeñado un papel
decisivo.
La posición del Partido Popular resulta especialmente débil porque pretende
situarse simultáneamente dentro y fuera del problema. Está dentro del
Gobierno cuando se distribuyen concejalías, responsabilidades, presupuestos y
capacidad de decisión, pero adopta una posición de aparente distancia cuando
una decisión del Ejecutivo genera una crisis política. Esa separación
no es sostenible. Quien comparte el Gobierno comparte también el deber
de exigir explicaciones, promover soluciones y asumir el coste de las
decisiones adoptadas por el conjunto del Ejecutivo.
La situación tampoco puede describirse con precisión como un actual Gobierno de coalición con Vox, porque Vox fue expulsado formalmente del Ejecutivo municipal en octubre de 2023. Lo que sí puede afirmarse es que el Gobierno de Moriyón nació de un acuerdo entre Foro, PP y Vox y que, después de la ruptura, Foro y PP conservaron la mayoría mediante el apoyo decisivo de Óliver Suárez, antiguo concejal de Vox convertido en edil no adscrito (tránsfuga). Esa es la descripción que permiten los hechos, sin necesidad de exageraciones: un Gobierno de la derecha extrema nacido con la participación de la ultraderecha de Vox y sostenido posteriormente por el voto de uno de sus antiguos concejales.
Según publicó miGijón el 28 de julio de 2026, Suárez conservaría una dedicación del 80 % y una retribución de 52.342,46 euros brutos anuales después de perder la Presidencia de Divertia. Esa retribución no puede ser retirada unilateralmente por la alcaldesa, porque procede de un acuerdo plenario y su modificación requiere otro acuerdo del Pleno por mayoría simple. Precisamente por eso la responsabilidad no recae únicamente sobre Moriyón: cuando la cuestión llegue al Pleno, cada formación tendrá que expresar con su voto si considera justificado que Suárez continúe con esa dedicación después de haber perdido su principal responsabilidad ejecutiva.
Hasta que se produzca esa votación no puede afirmarse que el PP haya aprobado el mantenimiento del salario ni que exista un acuerdo para conservarlo a cambio del voto número 14. Hacerlo sería anticipar un comportamiento que todavía no está acreditado. Pero sí puede exigirse al Partido Popular que abandone la ambigüedad y explique públicamente cuál será su posición. No basta con calificar los hechos de «muy preocupantes» mientras se preserva una relación «cordial» con Foro y se evita pronunciarse sobre la consecuencia política más evidente del cese.
La ejemplaridad no consiste únicamente en mostrar preocupación ante los medios. Consiste en traducir esa preocupación en decisiones. Si el PP entiende que la actuación de Suárez fue suficientemente grave como para justificar su salida de Divertia, debe aclarar si considera compatible esa responsabilidad con el mantenimiento de una dedicación retribuida vinculada a unas funciones que, tras el cese, deberán quedar claramente especificadas. Y si entiende que esa dedicación continúa estando justificada, debe explicar qué trabajo realizará Suárez, qué responsabilidades concretas asumirá y por qué esas funciones merecen una retribución anual superior a 52.000 euros.
El problema no es únicamente económico. Es también democrático. Los ciudadanos tienen derecho a saber si una dedicación pagada con fondos públicos responde a un trabajo efectivo y definido o si se conserva por conveniencia de la mayoría municipal. Las noticias aportadas no demuestran que se esté pagando el voto de Suárez, pero la relevancia reconocida de ese voto obliga a Foro y al PP a ofrecer una explicación especialmente clara y transparente. Cuanto mayor es la dependencia política respecto de un concejal, mayor debe ser el esfuerzo por demostrar que sus retribuciones no guardan relación con esa dependencia.
En este contexto, hablar de «complicidad del PP» solo resulta preciso si se utiliza en sentido político: no como prueba de que participase en las irregularidades de Divertia ni de que haya pactado económicamente con Suárez, sino como corresponsabilidad de un socio que permanece en el Gobierno y contribuye a sostenerlo. El PP no firmó los contratos cuestionados y no consta que conociera previamente la decisión del cese, pero lleva años compartiendo un Ejecutivo cuya estabilidad depende del concejal ahora apartado de Divertia. Su responsabilidad consiste en decidir si exige consecuencias reales o se conforma con una destitución limitada que no altera ni la retribución ni la aritmética municipal.
La impresión política que proyectaría el PP si evitase promover explicaciones y mantuviese sin cuestionarla la situación sería muy dura: la de un partido dispuesto a rebajar sus exigencias de ejemplaridad para conservar sus concejalías y su posición dentro del Gobierno. No es necesario afirmar que sus dirigentes actúan únicamente para «no abandonar la moqueta», porque sus motivaciones personales no están acreditadas. Basta con describir el resultado objetivo: continúan ocupando sus responsabilidades, mantienen su alianza con Foro y no han anunciado, por el momento, una ruptura ni una iniciativa concreta para revisar la dedicación de Suárez.
Moriyón carga con la contradicción de haber llamado en 2021 «corruptos» a concejales que abandonaban su partido, conservaban el acta y seguían cobrando, para aceptar ahora la continuidad retribuida de un concejal no adscrito cuyo voto sostiene su mayoría. El PP carga con otra contradicción: denunciar que los hechos son «muy preocupantes» y, al mismo tiempo, mantener intacta su participación en el Gobierno sin formular hasta ahora una exigencia pública concreta sobre la retribución de Suárez. Carmen Moriyón aplica una doble vara de medir; el Partido Popular corre el riesgo de convertirse en el socio que la hace políticamente posible.
La conclusión no necesita elucubraciones. Foro dirige el Gobierno, el PP lo integra y Óliver Suárez ha aportado el voto decisivo para su estabilidad. Suárez fue cesado de Divertia por unas actuaciones que la propia alcaldesa calificó de graves, pero conservaría por el momento su dedicación y su retribución como concejal. Ante estos hechos, la pasividad no es neutralidad. Si el PP continúa sosteniendo el Ejecutivo sin reclamar una explicación completa, sin exigir que se determinen las nuevas funciones del edil y sin fijar una posición clara sobre su sueldo, tendrá que asumir que la ciudadanía no lo considere un mero espectador, sino corresponsable político de una situación que contribuye a mantener.
Para terminar el post quiero manifestar que el caso de Óliver Suárez no termina con su salida de la Presidencia de Divertia. Su cese fue presentado por Carmen Moriyón como una demostración de firmeza después de que se detectara la firma de dos contratos que excedían sus competencias y que no habían sido sometidos previamente al Consejo de Administración. Sin embargo, esa firmeza queda incompleta mientras Suárez mantenga su acta, su dedicación del 80 %, una retribución anual de 52.342,46 euros brutos y, sobre todo, el voto número 14 que la propia alcaldesa reconoce como decisivo para la estabilidad de su Gobierno.
La cuestión no consiste en negar que la Presidencia de Divertia y la dedicación como concejal sean jurídicamente diferentes. Lo son. Moriyón no puede retirar unilateralmente esa retribución mediante un decreto. Pero esa limitación legal no elimina su responsabilidad política. La alcaldesa puede promover la modificación del régimen de dedicaciones, llevarla al Pleno y explicar públicamente si considera justificado que Suárez continúe percibiendo esa cantidad después de haber perdido su principal responsabilidad ejecutiva. Mientras no lo haga, el cese seguirá pareciendo una consecuencia limitada que aparta al concejal del escaparate, pero no altera aquello que resulta indispensable para conservar la mayoría.
La contradicción de Carmen Moriyón es especialmente grave por sus propias palabras. En 2021 llamó corruptos a concejales que habían abandonado Foro Asturias, conservaban sus actas y continuaban cobrando. Habló de «momio», exigió decencia y sostuvo que quienes ya no representaban el proyecto político por el que habían sido elegidos debían retirarse. Cinco años después, cuando un antiguo concejal de Vox convertido en edil tránsfuga resulta decisivo para mantener su Gobierno, aquella severidad desaparece. El criterio moral que servía para condenar a los adversarios deja de aplicarse cuando su aplicación puede perjudicar a la mayoría propia.
No se ha acreditado que exista una compra de votos, una contraprestación económica o un pacto oculto entre Moriyón y Suárez. Tampoco es necesario afirmar nada de eso para denunciar la incoherencia. Los hechos conocidos son suficientes: Suárez ha sido cesado por una actuación que la alcaldesa calificó como grave, conserva por el momento una elevada retribución municipal y continúa aportando el voto del que depende buena parte de la estabilidad del Ejecutivo. Ante esa realidad, Moriyón debe explicar por qué la permanencia en el cargo y el cobro de un sueldo constituían en 2021 una cuestión de corrupción y falta de decencia, mientras que en 2026 se aceptan como parte del funcionamiento ordinario de su mayoría.
El Partido Popular tampoco puede presentarse como un actor ajeno. Forma parte del Gobierno municipal, ocupa responsabilidades ejecutivas y comparte los beneficios políticos de su continuidad. Su portavoz y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, calificó la situación de «muy preocupante», pero la preocupación sin decisiones concretas tiene un valor político limitado. El PP debe explicar si respalda el mantenimiento de la dedicación de Suárez, si considera suficientes las consecuencias impuestas y qué funciones justifican que continúe percibiendo más de 52.000 euros anuales.
La complicidad del PP debe entenderse aquí en un sentido estrictamente político. No consta que participara en la tramitación de los contratos cuestionados ni que haya acordado una contraprestación con Suárez. Su corresponsabilidad nace de su permanencia en el Ejecutivo, de su participación en la dirección municipal y de su falta de una posición concreta sobre una situación que afecta directamente a la credibilidad del Gobierno. Quien comparte concejalías, presupuestos y capacidad de decisión no puede declararse simple espectador cuando aparecen las responsabilidades.
Foro dirige el Gobierno, el PP lo integra y Óliver Suárez aporta el voto cuya importancia ha sido reconocida expresamente por Carmen Moriyón. Esa es la realidad política documentada. Por ello, si el Ejecutivo no impulsa una revisión de su dedicación, no concreta sus nuevas funciones y no ofrece una explicación transparente sobre su retribución, Moriyón y sus socios tendrán que asumir conjuntamente el desgaste y la responsabilidad de mantener esta situación.
La ejemplaridad no se demuestra únicamente cesando a un responsable cuando una irregularidad se hace pública. También se demuestra aplicando las mismas reglas a aliados y adversarios, aceptando las consecuencias políticas de las decisiones propias y renunciando a utilizar la decencia como un argumento adaptable a las necesidades de cada momento. Moriyón fue implacable cuando los concejales no adscritos perjudicaban a su partido. Ahora, cuando uno de ellos sostiene su mayoría, su exigencia moral se ha debilitado hasta convertirse en silencio y ambigüedad.
Ese es el verdadero balance de esta crisis: un cese que no resuelve todas las responsabilidades, una alcaldesa atrapada por sus propias palabras y un Partido Popular que comparte el Gobierno mientras evita fijar una posición clara. La cuestión pendiente ya no es solo qué hizo Óliver Suárez en Divertia, sino hasta dónde están dispuestos a llegar Carmen Moriyón y sus socios para conservar una mayoría que depende del mismo concejal al que han apartado por una actuación que ellos mismos consideran grave.
Cuando los principios cambian según quién aporte el voto decisivo, dejan de ser principios. Se convierten en conveniencia política. Y cuando todos los integrantes del Gobierno aceptan esa conveniencia, ninguno puede declararse inocente, ajeno o sorprendido: todos pasan a ser políticamente responsables de mantenerla.
Ya lo dijo François de La Rochefoucauld: «La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud».
