El 28 de enero se recoge en la prensa regional la oposición frontal del Partido Popular de Asturias a la implantación de una tasa turística en la comunidad https://tinyurl.com/2s4dwv25
La diputada popular Sandra Camino sostiene que en Asturias no existe “consenso ni necesidad real” para aplicar este recargo. Su argumento principal es que el turismo ya aporta una cantidad muy relevante a las arcas públicas, hasta el punto de que, según recuerda, el pasado año la recaudación vinculada a la actividad del sector alcanzó los 474 millones de euros. A partir de ese dato, Camino afirma que el problema no está en que el turismo no genere recursos, sino en la manera en que el Gobierno de Adrián Barbón administra esos ingresos.
Foto: Sandra Camino y Álvaro Queipo, los padres de la asimetría fiscal de la derecha extrema asturiana
El texto explica que el PP vuelve a cargar contra el proyecto de ley de estancias turísticas que impulsa el Gobierno regional formado por PSOE e IU, con el que pretende abrir la puerta a la implantación de la tasa turística. Según la información, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el texto para remitirlo posteriormente a la Junta General del Principado. La reunión se celebraría en Cudillero, un concejo de gran peso turístico cuyo alcalde, el socialista Carlos Valle, aparece señalado como uno de los principales defensores de la medida.
La posición del PP coincide con la de los partidos de la derecha extrema como Foro Asturias y con una parte significativa del sector empresarial, que consideran la tasa innecesaria y perjudicial. Sandra Camino la define como un “impuesto encubierto” que, en su opinión, castiga a un sector estratégico para Asturias. El PP defiende que el turismo genera riqueza, empleo y oportunidades en numerosos concejos, ayuda a fijar población, sostiene negocios, mantiene vivos los pueblos y proyecta una imagen positiva de Asturias fuera de la comunidad.
Otro de los argumentos centrales de los populares es que el Gobierno regional estaría justificando la tasa bajo un discurso de sostenibilidad que, según ellos, no se sostiene. Camino acusa al Ejecutivo de tener un único “afán de recaudar más” y de trasladar ese coste a empresas y visitantes. En ese sentido, recuerda que los turistas ya contribuyen a las arcas públicas cada vez que se alojan, comen, compran o realizan actividades en Asturias, porque todas esas operaciones generan ingresos fiscales a través del IVA.
El texto también recoge la crítica del PP a la falta de diálogo del Gobierno autonómico. Sandra Camino señala que el proyecto ha recibido 26 alegaciones y que, según la información, será aprobado sin grandes cambios respecto al texto presentado en mayo por la vicepresidenta Gimena Llamedo. La única modificación destacada afecta a los campings: se acepta una alegación del sector y los campistas pasarán a equipararse a los alojamientos de turismo rural, de modo que la tasa prevista para ellos baja de un euro a 50 céntimos.
La medida que plantea el Principado se configura como una tasa turística voluntaria para los ayuntamientos, es decir, cada municipio decidiría si la aplica o no. Se cobraría en Semana Santa y entre junio y septiembre, con un máximo de cinco días y con importes que irían desde 50 céntimos hasta 3 euros, según el tipo de alojamiento. El modelo asturiano se inspira en Galicia, donde ya se aplica en Santiago y A Coruña, mientras Vigo avanza hacia su implantación. El texto recuerda también que Baleares y Cataluña llevan años aplicando este tipo de recargo, y que el País Vasco lo tiene en una fase avanzada de tramitación.
Sandra Camino subraya que la propuesta nace con el rechazo de buena parte del sector turístico, de la patronal, de las cámaras de comercio, de FADE y OTEA, además de numerosos ayuntamientos. Para el PP, una medida que no cuenta con el respaldo de quienes, según sus palabras, “crean empleo y riqueza”, no puede presentarse como un avance. Camino la califica como una “imposición política e ideológica”.
El texto añade que alcaldes y concejales del PP han presentado alegaciones al anteproyecto porque, según defienden, conocen de primera mano la realidad de sus municipios. Su posición es que la tasa supondrá un sobrecoste encubierto, restará competitividad a Asturias como destino turístico, generará desigualdades entre concejos y añadirá más burocracia tanto a los ayuntamientos como a los establecimientos turísticos.
La conclusión política del PP es clara: esta tasa no resolverá los problemas que sufren los municipios durante la temporada alta ni mejorará por sí misma los servicios públicos. Según Sandra Camino, lo único que hará será complicar la actividad de un sector que funciona y que necesita estabilidad, apoyo e inversiones. El cierre del argumento popular resume la posición del partido: Asturias no necesita más impuestos, sino un Gobierno que gestione mejor y que deje de poner obstáculos a quienes crean empleo y riqueza https://tinyurl.com/2s4dwv25
Lo primero que llama la atención en las declaraciones del PP de Asturias contra la tasa turística es la contradicción política que aflora cuando se comparan con lo que sucede en municipios turísticos donde gobiernan o cogobiernan, como Llanes. Por un lado, la dirección regional del PP afirma que Asturias no necesita más impuestos, sostiene que la tasa turística es un “impuesto encubierto” y argumenta que el turismo ya aporta recursos suficientes a través de la actividad económica que genera. Según esa posición, el problema no estaría en que el turismo no contribuya, sino en cómo gestiona esos recursos el Gobierno de Adrián Barbón.
Sin embargo, cuando el foco se pone sobre el municipio de Llanes, el discurso cambia de forma evidente. Allí, el propio gobierno municipal de la ultraderecha, con presencia del PP en el gobierno municipal, ha venido reclamando más recursos para poder atender la presión que provoca la llegada masiva de visitantes durante la temporada alta. La contradicción no está en un matiz menor, sino en el fondo del argumento: se rechaza una tasa alegando que el turismo ya paga, pero al mismo tiempo se denuncia que los municipios turísticos no tienen financiación suficiente para sostener los servicios públicos que exige esa misma presión turística.
Esa situación quedó reflejada en las declaraciones de Juan Carlos Armas, teniente de alcalde de Llanes y representante del concejo ante la Federación Española de Municipios y Provincias. Armas defendió que Llanes es un destino turístico de alta afluencia, con un peso estacional muy marcado y con una presión sobre los servicios municipales que multiplica varias veces la población real del concejo. En concreto, se refirió a servicios como la limpieza, la seguridad, el transporte y la gestión de residuos. Su planteamiento fue claro: el modelo actual de “municipio turístico” deja fuera a Llanes de cualquier financiación específica porque se basa en criterios rígidos, como el censo de viviendas secundarias y el umbral de 20.000 habitantes.
Armas reclamó por ello una reforma urgente de la financiación de los municipios turísticos y defendió que el reconocimiento de estos concejos se haga con criterios funcionales, atendiendo a la realidad de las pernoctaciones, los visitantes, el uso efectivo de los recursos turísticos, el compromiso presupuestario del municipio con el turismo y las políticas de sostenibilidad y accesibilidad. La frase que resume su posición es especialmente significativa: “Llanes necesita recursos para afrontar los costes que genera la actividad turística y poder invertir en un modelo más equilibrado y de calidad”. Esa afirmación encaja mal con un discurso regional que abandera Álvaro Queipo, el cuál rechaza de plano cualquier recargo turístico mientras asegura que no hacen falta más ingresos.
La misma línea aparece en el ámbito sanitario. El PP ha reclamado al Gobierno del Principado un refuerzo sanitario real para el Oriente de Asturias durante los meses de verano, precisamente por el aumento de población que se produce en temporada alta. La diputada popular Pilar Fernández Pardo pidió una segunda UVI móvil con base en Llanes para reforzar la asistencia sanitaria estival, recordando que la única UVI móvil del área tiene su base en Arriondas. El argumento vuelve a ser el mismo: durante el verano la población se multiplica, los servicios quedan tensionados y los recursos ordinarios no alcanzan.
En esa reclamación, el PP advirtió de que la sobrecarga asistencial puede exponer a la población a riesgos en la prestación sanitaria, sobre todo cuando se producen emergencias que requieren una intervención rápida. Además, sostuvo que, pese a los anuncios de refuerzos por parte de la Consejería de Salud, el Oriente sigue sin recibir los recursos necesarios y llega a definir la zona como un “verdadero agujero negro” para el Principado y para el Servicio de Salud. De nuevo, el mensaje político es que el turismo genera una presión extraordinaria y que las administraciones deben aportar más medios para sostener los servicios públicos.
También el ultraderechista alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha vinculado de forma expresa el incremento de población estival con problemas básicos del municipio. En una comparecencia junto a la diputada tránsfuga, Covadonga Tomé, trasladó como reivindicaciones principales los problemas de abastecimiento de agua de cara al verano, especialmente en la traída de Posada de Llanes, y añadió además carencias en saneamiento y carreteras. Riestra pidió que el Principado asumiera el potencial de Llanes y reclamó inversiones en cuestiones que definió como necesarias y mundanas: saneamiento, traída de aguas y carreteras… Olvida dicho sujeto lo que dice la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 25 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
La posición del alcalde ultra Riestra es todavía más relevante porque no se limitó a pedir obras o inversiones genéricas. También se mostró favorable a una ecotasa turística siempre que repercutiera en el municipio. Según se recogió entonces, el alcalde defendió que su responsabilidad era estar a favor de cualquier tasa que pudiera beneficiar directamente a Llanes. Teniendo en cuenta que el concejo cuenta con más de 20.000 ofertas de pernoctación, consideró positivo aplicar una tasa que ayudase a incrementar las partidas destinadas a limpieza y seguridad.
Por tanto, la situación que se dibuja es clara. El PP de Asturias rechaza la tasa turística con el argumento de que no hacen falta más impuestos y de que el turismo ya genera ingresos suficientes. Pero en Llanes, donde la presión turística se vive de forma directa, sus representantes y aliados de gobierno reclaman más financiación, más recursos, más personal sanitario, más inversión en servicios básicos, más capacidad para atender limpieza, seguridad, transporte, residuos, abastecimiento, saneamiento y carreteras. En resumen, niegan la necesidad de un instrumento de financiación turística en el discurso regional, mientras en el territorio reconocen con sus propias declaraciones que el turismo masivo genera costes extraordinarios que los ayuntamientos no pueden asumir con los recursos ordinarios… Eso se conoce como la coherencia política de vertedero que abandera el PP, huele que apesta.
La contradicción queda así expuesta sin necesidad de añadir nada más: si el turismo multiplica la población real, tensiona los servicios municipales, exige refuerzos sanitarios, obliga a reforzar limpieza y seguridad y genera problemas de abastecimiento, residuos, saneamiento y movilidad, entonces el debate no puede despacharse simplemente con el lema de “no más impuestos”. La cuestión de fondo es quién paga esos costes, cómo se financian los municipios turísticos y por qué se rechaza en Oviedo lo que en Llanes se reconoce cada verano como una necesidad evidente de recursos públicos.
Hay otro aspecto donde se le ven claramente las cuadernas al barco político del PP de Asturias. No se trata solo de que rechacen la tasa turística mientras sus propios cargos municipales reclaman más dinero para sostener los servicios públicos en los concejos turísticos. La contradicción va más al fondo: el PP de Asturias está defendiendo, en la práctica, una asimetría fiscal profundamente injusta. Los beneficios del turismo quedan concentrados en una parte del sector privado, especialmente en quienes explotan alojamientos, hostelería, restauración, viviendas turísticas, actividades de ocio y servicios vinculados al visitante; pero los costes derivados de esa actividad se cargan sobre el conjunto de la ciudadanía residente.
Dicho de forma sencilla: cuando llega el verano, el municipio no solo recibe visitantes; recibe presión sobre la limpieza, la recogida de residuos, la seguridad, el tráfico, el abastecimiento de agua, el saneamiento, las playas, los aparcamientos, los caminos, los espacios públicos y la atención administrativa. Todo eso cuesta dinero. Y si ese dinero no sale de una herramienta fiscal vinculada a la actividad turística, termina saliendo del presupuesto municipal ordinario, es decir, del bolsillo común de los vecinos. Esa es la cuestión central que el PP intenta tapar con el lema fácil de “no más impuestos”.
La pregunta no es si el turismo genera riqueza. Evidentemente la genera. La pregunta es quién se queda con esa riqueza y quién paga la factura de mantener el municipio cuando esa actividad multiplica la población real durante la temporada alta. Si los beneficios se privatizan y los gastos se socializan, no estamos ante un modelo equilibrado ni moderno, sino ante una lógica extractiva que es la que defiende a capa y espada el PP o Foro Asturias: unos pocos capturan el rendimiento económico y la mayoría soporta el desgaste del territorio y de los servicios públicos.
Esa es precisamente la trampa del discurso del PP de Asturias. Presentan la tasa turística como un ataque al sector, como un impuesto innecesario o como una amenaza para la competitividad, pero omiten que los municipios turísticos llevan años denunciando que su financiación no se corresponde con la población real a la que prestan servicio. En Llanes se ha dicho de forma expresa: el concejo necesita recursos para afrontar los costes que genera la actividad turística. Por tanto, si el propio territorio reconoce que el turismo genera costes extraordinarios, resulta políticamente incoherente negar cualquier instrumento específico para compensarlos.
Lo que plantea una tasa turística bien diseñada no es castigar al turismo, sino corregir una anomalía. Si una actividad económica usa de forma intensiva bienes comunes —calles, playas, agua, limpieza, seguridad, saneamiento, paisaje, patrimonio y espacio público—, esa actividad debe contribuir proporcionalmente a su mantenimiento. No puede ser que el turista consuma el destino, que el empresario facture gracias al destino y que el vecino pague la conservación del destino. Eso no es sostenibilidad, eso es asimetría fiscal. Eso es transferencia silenciosa de costes desde quienes ganan dinero hacia quienes simplemente viven allí.
El argumento del PP se vuelve todavía más débil cuando se observa que la tasa planteada en Asturias es voluntaria para cada ayuntamiento, limitada a la temporada alta, con importes moderados y con un máximo de cinco noches. No estamos hablando de una carga desproporcionada, sino de una aportación pequeña, finalista y vinculada a los territorios que soportan la presión turística. Rechazarla de plano equivale a decir que el visitante no debe contribuir directamente y que el residente debe seguir pagando la totalidad del esfuerzo público.
Esa asimetría fiscal no encaja con una sociedad moderna, democrática y corresponsable. Una sociedad moderna distribuye cargas y beneficios de manera razonable. Una sociedad moderna entiende que quien obtiene rendimiento económico de un recurso común debe ayudar a conservarlo. Una sociedad moderna no convierte al vecino en financiador involuntario del negocio turístico ajeno. Lo contrario es una lógica de extracción: sacar renta del territorio, agotar sus servicios y trasladar después los daños al presupuesto público… Es lo que realiza el PP cuando alcanza el gobierno de turno en un ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma o el gobierno de España.
Cuando se habla de lógicas autoritarias o corporativas no se está diciendo que una posición concreta sobre una tasa convierta automáticamente a nadie en fascista. Lo que se señala es otra cosa: históricamente, los modelos corporativos autoritarios tendieron a subordinar el interés general a estructuras de poder donde determinados intereses económicos quedaban protegidos, mientras el coste social recaía sobre los sectores más débiles. En esos modelos, el Estado no actuaba como garante de equilibrio entre ciudadanía y poder económico, sino como mecanismo para ordenar la sociedad en beneficio de determinados bloques de interés. Por eso resulta tan grave que, en pleno siglo XXI, se pretenda vestir de libertad económica como hace el PP asturiano de, Álvaro Queipo y su diputada Sandra Camino, con una acción que es una socialización de costes y una privatización de beneficios.
El turismo no puede funcionar como una mina a cielo abierto sobre el territorio. Llanes, Cudillero, Ribadesella o cualquier concejo sometido a una fuerte presión turística no son simples plataformas de negocio. Son lugares donde vive gente todo el año. Gente que paga impuestos, que necesita servicios, que sufre atascos, basura, presión sobre el agua, dificultades de vivienda, saturación sanitaria y deterioro del espacio público. Si el turismo incrementa esos costes, el turismo debe contribuir a financiarlos.
Lo contrario resulta demasiado cómodo para quienes hacen caja. El empresario cobra, el visitante disfruta, el municipio se desgasta y el vecino paga. Muy bonito. Pero eso no es política pública seria, ni justicia fiscal, ni sostenibilidad: es el viejo esquema de siempre, beneficios para unos pocos y gastos para la mayoría. Y cuando un partido como el PP de Asturias defiende ese modelo mientras sus alcaldes y concejales reclaman más dinero para sostener los servicios públicos cada verano, la contradicción deja de ser un simple detalle y se convierte en un retrato político de cuerpo entero: el de una forma de gobernar que conviene rechazar por higiene democrática y por pura defensa del bolsillo de los ciudadanos.
Hay otro aspecto que deja en una posición lamentable al desnortado PP de Asturias en su rechazo frontal a la tasa turística: el contraste con lo que sucede en otros territorios donde gobierna su propio partido o donde el PP ha asumido con absoluta normalidad la existencia de instrumentos fiscales vinculados al turismo. En Asturias, el PP presenta la tasa como si fuera una ocurrencia ideológica, un impuesto encubierto o una amenaza para el sector. Sin embargo, basta mirar a Galicia o a Baleares para comprobar que esa posición no responde a una doctrina coherente, sino a una estrategia política de oposición por oposición.
El caso de Galicia es especialmente significativo. La Xunta, gobernada por el PP, habilitó legalmente la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran implantar una tasa turística si lo justificaban. No lo presentó como una agresión al turismo, ni como una excentricidad fiscal, ni como un ataque a los empresarios. Lo planteó como una herramienta voluntaria, municipal y finalista, destinada a que los concejos con mayor presión turística pudieran disponer de recursos para políticas de sostenibilidad turística. Es decir, exactamente la lógica que el PP de Asturias rechaza cuando la plantea el Gobierno del Principado.
La diferencia es evidente. En Galicia, el PP autonómico acepta que haya ayuntamientos con una presión turística específica y les proporciona un instrumento para financiar parte de esos costes. En Asturias, el PP actúa como si esa misma realidad no existiera, aunque sus propios cargos municipales en concejos turísticos reclamen más recursos cada verano para limpieza, seguridad, residuos, abastecimiento, saneamiento, movilidad o servicios públicos. Por eso la posición asturiana resulta tan poco creíble: lo que en Galicia se presenta como autonomía municipal y sostenibilidad, en Asturias se denuncia como imposición ideológica.
A Coruña y Santiago refuerzan aún más esa contradicción. Allí la tasa turística se ha aprobado con importes moderados y vinculados al tipo de alojamiento, precisamente para ayudar a equilibrar el impacto que provoca la actividad turística sobre la ciudad. Se habla de reforzar servicios públicos, de ordenar el modelo, de compensar costes y de avanzar hacia una actividad más sostenible. En Asturias, en cambio, el PP prefiere negar la herramienta antes que admitir que el turismo masivo genera gastos concretos que alguien tiene que pagar.
Baleares deja todavía más desnudo el discurso del PP asturiano. El Impuesto de Turismo Sostenible existe allí desde 2016 y el actual Govern balear, presidido por Marga Prohens, del PP, no lo ha eliminado. Al contrario, lo utiliza para financiar proyectos de sostenibilidad, ciclo del agua, medio ambiente, modernización turística, protección del territorio y lucha contra la oferta ilegal. Es decir, en una comunidad donde el turismo tiene un peso enorme, el PP no actúa como si la ecotasa fuera una aberración, sino como un recurso útil para compensar parte del impacto que genera el propio modelo turístico.
Ese contraste retrata a un PP asturiano desnortado. Porque no puede sostenerse seriamente que una tasa turística sea aceptable, útil o gestionable cuando la maneja una comunidad gobernada por el PP, pero se convierta en un atropello fiscal cuando se plantea en Asturias. No puede defenderse en un territorio la corresponsabilidad del visitante y en otro cargar todos los costes sobre el vecino residente. No puede invocarse la autonomía municipal en Galicia y negarla en Asturias cuando los concejos turísticos asturianos también soportan una presión evidente durante la temporada alta.
La cuestión de fondo no es si el turismo es importante. Lo es. La cuestión es si una parte de los ingresos generados por esa actividad debe revertir directamente en los territorios que soportan sus costes. En ese punto, el PP de Asturias se coloca de espaldas a una realidad que otros territorios ya han asumido: el turismo consume ciudad, consume servicios, consume agua, genera residuos, tensiona la movilidad, ocupa espacio público y obliga a reforzar recursos municipales. Fingir que todo eso puede pagarse eternamente con el presupuesto ordinario de los vecinos no es defensa del turismo; es defensa de una asimetría fiscal profundamente injusta.
Por eso su postura resulta tan reprochable y vergonzosa. Porque no solo es contradictoria con las necesidades de los municipios turísticos asturianos, sino también con la práctica política de otros territorios donde el propio PP gobierna o ha aceptado la existencia de estos instrumentos. En Galicia se habilita la tasa. En Baleares se mantiene y se usa para inversiones. En Asturias, en cambio, el PP se comporta como si acabara de descubrir un marciano fiscal aterrizando en el Principado. Y no es eso. Lo que hay es un partido que, en este asunto, parece más pendiente de desgastar al Gobierno autonómico que de responder a las necesidades reales de los ciudadanos que viven todo el año en los concejos turísticos.
La contradicción final es sencilla: cuando el PP gobierna en territorios donde el turismo aprieta de verdad, termina aceptando que hacen falta instrumentos específicos para ordenar y financiar ese impacto. Pero cuando está en la oposición en Asturias, el “talibán” Queipo y sus secuaces de partido en el parlamento regional convierten esa misma herramienta en una bandera de agitación política. Esa no es una posición seria ni útil para los vecinos. Es una forma desnortada de hacer política: negar en Asturias lo que se tolera, se habilita o se gestiona en otros lugares cuando conviene.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que queda no es una discrepancia técnica sobre una tasa, sino la radiografía de una insolvencia política. El PP de Asturias no está defendiendo a los ciudadanos de los concejos turísticos, sino utilizando sus problemas como munición de oposición mientras niega las herramientas que podrían aliviar sus costes. Cuando un partido está dispuesto a decir una cosa en Asturias y aceptar la contraria donde gobierna, el problema ya no es la tasa turística: el problema es una forma de hacer política sin coherencia, sin responsabilidad y con un único horizonte visible, alcanzar el poder aunque sea a costa de cargar la factura sobre los vecinos.
Ya lo dijo Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada.”
