Ayer se publicaba en la prensa nacional la noticia donde se nos informaba de una estadística especial del INE que mide por primera vez la dificultad real para acceder a una vivienda en España. Los datos proceden de preguntas adicionales incluidas en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 y se refieren a lo ocurrido durante los doce meses anteriores. La principal conclusión es que la mayoría de personas que intentaron cambiar de vivienda no lo consiguieron: 4.804.800 residentes en España de 16 años o más buscaron vivienda activamente, pero solo el 33,8% logró mudarse. Esto significa que 3.182.400 personas quisieron trasladarse a una nueva residencia y no pudieron hacerlo.
El INE interpreta esta cifra como una aproximación a la demanda insatisfecha de vivienda, aunque advierte de que probablemente se queda corta. La razón es que la estadística solo recoge a quienes llegaron a buscar activamente, pero no incluye a quienes ni siquiera iniciaron la búsqueda porque asumieron que el mercado no les permitiría encontrar una vivienda adecuada, ni a posibles demandantes externos, como extranjeros que quisieran mudarse a España pero no lo lograron.
Aunque el porcentaje de personas que buscó vivienda sin éxito representa el 7,6% de la población residente de 16 años o más, ese grupo supone la mayor parte de quienes sí querían mudarse. En total, el 11,5% de los ciudadanos tenía intención de cambiar de vivienda, pero la mayoría no consiguió hacerlo. La noticia subraya que esta dificultad no solo afecta a los proyectos personales o familiares, sino también a la movilidad laboral y económica, ya que limita la capacidad de las personas para trasladarse allí donde podrían vivir mejor o encontrar mejores oportunidades.
El motivo principal del fracaso en la búsqueda fue el precio. Según el INE, el 67,2% de quienes no encontraron nueva vivienda señalaron el “precio excesivo” como la causa principal. Muy por detrás aparecen otros motivos: un 6,6% indicó que las viviendas disponibles no tenían las condiciones que buscaban y otro 6,6% afirmó que su propio perfil no cumplía las condiciones exigidas para alquilar o comprar. El 19,6% restante mencionó otras razones no especificadas.
La noticia destaca que los grupos más afectados son los jóvenes, los inquilinos y los extranjeros. Casi la mitad de las personas que buscaron vivienda sin éxito tenía entre 30 y 44 años, con alrededor de 1,4 millones de afectados. Esta franja de edad es especialmente relevante porque coincide con etapas de emancipación, consolidación laboral y formación de nuevos hogares. Es también el grupo con mayor proporción de personas que aspiran a mudarse, ya que el 21,9% de la población de esa edad intentó cambiar de residencia. Sin embargo, el 68% de quienes buscaron vivienda en esa franja no la encontró.
Entre los más jóvenes, el problema aparece de otra forma: muchas veces la demanda ni siquiera llega a generarse. La noticia señala que el 67,1% de las personas de entre 18 y 34 años convivía con alguno de sus progenitores en 2025. Además, según Eurostat, la cifra asciende al 68,7% si se incluye a quienes viven fuera del hogar familiar pero siguen dependiendo económicamente de sus padres. El problema de emancipación se prolonga incluso más allá de los 30 años, ya que el INE recoge que el 70,8% de quienes intentaron mudarse entre los 30 y los 34 años no pudo hacerlo por el elevado precio de la vivienda.
Los inquilinos también se encuentran entre los colectivos con más dificultades. El 26,4% de quienes vivían en alquiler a precio de mercado intentó cambiar de vivienda en 2025, pero el 67,5% no pudo hacerlo. Entre los residentes nacidos fuera de la Unión Europea, el 22,7% quiso cambiar de vivienda, aunque el 60,6% buscó sin éxito. La noticia relaciona estos datos con el hecho de que estos grupos suelen estar menos asentados en una vivienda en propiedad y, por tanto, están más expuestos a las condiciones del mercado.
El problema se agrava en los municipios más grandes. En las localidades de menos de 10.000 habitantes, el 58,9% de quienes querían mudarse no encontró vivienda, mientras que en las ciudades de más de 500.000 habitantes el porcentaje sube hasta el 71,7%. También se observa diferencia según la densidad de población: en las zonas poco pobladas, el 55,2% de quienes buscaron vivienda no pudo mudarse, mientras que en las áreas densamente pobladas el porcentaje alcanza el 69,7%.
Aun así, la noticia remarca que el problema del precio es transversal y no se limita a las grandes ciudades. Tanto en áreas densamente pobladas como en zonas menos pobladas, más del 60% de quienes no pudieron mudarse señalaron el elevado precio como causa principal. El texto concluye que, mientras la creación de hogares siga creciendo a mayor ritmo que las viviendas terminadas, la diferencia entre la oferta disponible y la demanda de vivienda continuará aumentando, lo que seguirá presionando los precios y dificultando la movilidad residencial en España https://bit.ly/4daCQTj
A la vez que se publicaba esta noticia, también aparecía en la prensa otra que enlaza directamente con esta. La noticia explicaba que España cuenta hoy con más viviendas que antes de la crisis inmobiliaria, pero con menos propietarios. Según un informe del Ministerio de Derechos Sociales y el CSIC, el parque de viviendas ha aumentado en torno a dos millones de inmuebles desde 2008, pero ese crecimiento no ha servido para ampliar el acceso a la propiedad. Al contrario, la vivienda se ha ido concentrando cada vez más en manos de quienes ya eran propietarios, especialmente en los grandes tenedores.
El dato más llamativo es el de los propietarios con más de diez viviendas. Este grupo ha cuadruplicado su patrimonio desde 2008, pasando de controlar unas 138.000 viviendas a cerca de 626.000 en el año 2025. La noticia señala que esta evolución forma parte de una tendencia general: cuanto mayor era el número de inmuebles que poseía un propietario, mayor ha sido su crecimiento posterior. Es decir, el aumento del parque inmobiliario no se ha distribuido de manera equilibrada, sino que ha reforzado la posición de quienes ya tenían más viviendas.
Los datos muestran una evolución escalonada. Los propietarios de una sola vivienda han perdido peso, con una caída del 3,7%, mientras que los propietarios de dos viviendas han aumentado un 8,1%. A partir de ahí, el crecimiento es más intenso: los propietarios de tres inmuebles aumentan un 22,5%; los de cuatro, un 32,2%; los de cinco, un 43,1%; y quienes tienen entre seis y diez viviendas, un 51,6%. Incluso entre los grandes tenedores, el peso relativo ha aumentado un 35,3%.
La noticia interpreta este cambio como una transformación de fondo del mercado inmobiliario. La vivienda aparece cada vez menos como un simple bien de uso y más como un activo de inversión y acumulación patrimonial. Esto ha provocado una estructura más desigual, en la que el crecimiento del parque de viviendas no amplía la base de propietarios, sino que consolida a quienes ya estaban dentro del mercado.
Uno de los cambios más importantes es que, por primera vez en la serie histórica, los multi propietarios son mayoría. El 51,7% de los propietarios posee dos o más inmuebles, frente al 48,3% que tiene una sola vivienda. En el año 2008 ocurría lo contrario: el 53,9% tenía una única vivienda y el 46,1% poseía dos o más. La noticia presenta este dato como una señal de cambio estructural en el mercado.
La concentración también se observa en el alquiler. Menos de cuatro de cada diez viviendas arrendadas pertenecen a pequeños propietarios con un solo inmueble. Aproximadamente el 39% del mercado está en manos de caseros con una única vivienda, mientras que el 61% restante lo controlan multi arrendadores, grandes tenedores, empresas y entidades públicas. Incluso dejando fuera a empresas y entidades públicas, los propietarios particulares con dos o más viviendas concentran el 52,8% del mercado del alquiler.
Este predominio de los multi arrendadores es especialmente visible en las grandes ciudades y en las zonas con precios más tensionados. En Barcelona, representan el 60,8% del total; en Madrid, el 56,4%; y superan el 60% en ciudades como Palma o Las Palmas de Gran Canaria. La noticia vincula esta concentración con un mercado del alquiler cada vez más presionado por el desequilibrio entre oferta y demanda.
El texto también destaca que la demanda de alquiler crece más rápido que la oferta disponible. En los primeros días de publicación de una vivienda pueden concentrarse más de cien interesados, mientras los precios medios superan los 1.200 euros mensuales. En muchos casos, estos alquileres se sitúan por encima de la cuota hipotecaria media, lo que refleja la dificultad de acceso tanto al alquiler como a la compra.
A esta situación se suma una ligera ralentización de las compraventas. En febrero se registraron 59.689 operaciones, un 0,5% menos que un año antes, lo que supone el segundo descenso interanual consecutivo del año, según el INE. Aun así, la actividad sigue en niveles altos después del fuerte repunte de 2025, cuando se superaron las 714.000 transacciones, la cifra más elevada desde el año 2007.
La noticia señalaba que el ajuste de las compraventas no es igual en todo el territorio. En algunas comunidades las operaciones retroceden, mientras que en zonas tensionadas siguen aumentando. En estas áreas, la escasez de oferta continúa presionando los precios y dificultando el acceso a la vivienda, sobre todo para los hogares con menor capacidad económica.
El texto también subraya una transformación más amplia del sistema residencial español. Los hogares que viven en una vivienda en propiedad han pasado del 79% al 63,9% en catorce años, mientras que el alquiler ha aumentado del 11,9% al 19,2%. Al mismo tiempo, los hogares que reciben ingresos por alquiler casi se han triplicado, pasando del 3,4% al 9,8%.
El resultado descrito es una polarización creciente. Por un lado, aumentan los hogares que no poseen ningún inmueble, con un crecimiento del 63%. Por otro, también crecen los hogares con dos o más propiedades, que aumentan un 54%. En cambio, el grupo intermedio, formado por hogares con una única vivienda, se ha reducido un 22%.
La noticia concluye que el acceso a la propiedad ha dejado de funcionar con la misma fuerza como mecanismo de integración social y acumulación patrimonial. Tener empleo y renta ya no garantiza poder comprar una vivienda, mientras que quienes ya poseen inmuebles tienen más capacidad para acumular nuevas propiedades y obtener rentas.
Por último, el artículo aborda el debate político sobre el decreto de alquileres. El Congreso vota la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler incluida en el real decreto de medidas económicas. La norma pretende extender hasta finales de 2027, por un máximo de dos años, los contratos que venzan en ese periodo y limitar la actualización anual de las rentas. La medida busca evitar una subida brusca de precios ante el vencimiento de más de un millón de contratos firmados durante la pandemia a precios más bajos. Sin embargo, el decreto necesita la convalidación del Congreso y, según la noticia, no cuenta por ahora con la mayoría necesaria, con el rechazo anunciado de PP, Vox y Junts https://bit.ly/4n3Hg1S
Por último ayer también se publicó la noticia en la prensa regional asturiana donde se informaba que el 6,6% de los asturianos buscó vivienda en 2025 y no consiguió encontrar una opción adecuada, según el módulo sobre dificultades de acceso a la vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida publicado por el INE. Este porcentaje sitúa a Asturias por debajo de la media nacional, que fue del 7,6%, y la convierte en la octava comunidad autónoma de 17 con menor demanda insatisfecha de vivienda. Las mayores dificultades se registraron en Baleares, con un 10,6%; Madrid, con un 10,2%; Melilla, con un 9%; Canarias, con un 8,9%; y Cataluña, con un 8,7%.
En el caso de los menores de 30 años, además del precio, también pesan las condiciones exigidas para alquilar o comprar, ya que un 9,3% afirmó que no pudo acceder a una vivienda por no cumplir requisitos como avales, contratos indefinidos o fianzas elevadas. La noticia también destaca la dificultad de emancipación de los jóvenes. En 2025, el 67,1% de las personas de entre 18 y 34 años vivía con alguno de sus progenitores. En la franja de 26 a 34 años, el porcentaje bajaba al 44,3%, aunque con diferencias entre hombres y mujeres: el 50,8% de los hombres de esa edad seguía viviendo con sus padres, frente al 37,5% de las mujeres. El texto subraya que la permanencia en el hogar familiar no responde mayoritariamente a una elección personal. Entre los jóvenes de 26 a 34 años que vivían con sus padres, solo el 1,9% afirmó que seguía haciéndolo por voluntad propia pese a poder asumir el coste de una vivienda. La mayoría señaló motivos económicos y dificultades del mercado inmobiliario.
También se observa una relación clara entre ingresos y emancipación. Entre los jóvenes con rentas superiores a 24.000 euros netos anuales, el 29,4% vivía con sus padres, mientras que entre quienes ingresaban menos de 6.000 euros anuales el porcentaje subía al 55,5%. Además, el 25,6% de los jóvenes con mayores ingresos estaba ahorrando para comprar o alquilar, frente a solo el 2,9% entre los de rentas más bajas.
En conjunto, la noticia refleja que Asturias presenta una situación algo menos grave que la media española en cuanto a demanda insatisfecha de vivienda, pero confirma que el acceso a una casa sigue siendo difícil, especialmente para los jóvenes. El principal problema es la combinación de precios altos, ingresos insuficientes y requisitos económicos que dificultan tanto el alquiler como la compra https://bit.ly/4tKnAmg
Las noticias publicadas ayer reflejan que el problema de la vivienda en España ha dejado de ser una dificultad puntual o limitada a determinados territorios y se ha convertido en una emergencia estructural. La primera idea clara es que existe una demanda real de vivienda que no logra materializarse: millones de personas intentan mudarse, pero la mayoría no lo consigue. El dato de que solo el 33,8% de quienes buscaron vivienda lograra cambiar de residencia muestra que el mercado no está dando respuesta a una parte muy importante de la población.
También reflejan que el principal obstáculo es el precio. Tanto en el conjunto de España como en Asturias, el coste excesivo de comprar o alquilar aparece como la causa central que impide acceder a una vivienda. No se trata solo de que falten viviendas disponibles, sino de que muchas de las que existen no están al alcance económico de quienes las necesitan. A ello se suman requisitos cada vez más difíciles de cumplir, especialmente para los jóvenes, como avales, contratos indefinidos, fianzas altas o perfiles económicos muy exigentes.
Las noticias muestran además que el problema afecta especialmente a quienes están en momentos vitales en los que la vivienda es clave: jóvenes que quieren emanciparse, personas de entre 30 y 44 años que buscan formar o consolidar un hogar, inquilinos que necesitan cambiar de residencia y población extranjera. En el caso de los jóvenes, el problema es todavía más profundo, porque muchos ni siquiera llegan a buscar vivienda al asumir que no podrán pagarla. El elevado porcentaje de personas de entre 18 y 34 años que sigue viviendo con sus padres refleja que la emancipación se retrasa principalmente por razones económicas y por las condiciones del mercado.
Otro aspecto importante es que las noticias reflejan una transformación del modelo de propiedad. España tiene más viviendas que antes, pero menos hogares propietarios. El aumento del parque inmobiliario no ha ampliado el acceso a la vivienda, sino que ha favorecido la concentración en manos de quienes ya poseían inmuebles. El crecimiento de los multi propietarios y de los grandes tenedores indica que la vivienda funciona cada vez más como un activo de inversión y acumulación, y menos como un bien destinado principalmente a cubrir una necesidad residencial.
Esta concentración también se traslada al alquiler. La mayoría de las viviendas arrendadas ya no está en manos de pequeños propietarios con una sola vivienda, sino de multi arrendadores, grandes tenedores, empresas y entidades públicas. Esto coincide con un mercado del alquiler muy tensionado, donde la demanda supera claramente a la oferta y los precios medios resultan cada vez más difíciles de asumir para muchas familias.
Las noticias también reflejan que el problema no se limita a Madrid, Barcelona o las grandes ciudades, aunque allí sea más intenso. Incluso en municipios pequeños y en comunidades como Asturias, donde la situación aparece algo menos grave que la media nacional, existe demanda insatisfecha y graves dificultades de emancipación para los jovenes. Esto muestra que la emergencia de la vivienda tiene una dimensión territorial amplia: afecta tanto a grandes áreas urbanas como a zonas menos pobladas, aunque con distinta intensidad.
En conjunto, las tres noticias reflejan que la crisis de la vivienda combina varios factores: precios elevados, ingresos insuficientes, falta de oferta asequible, endurecimiento de las condiciones de acceso, concentración de la propiedad y pérdida de capacidad de los hogares para convertirse en propietarios. El resultado es una sociedad más polarizada entre quienes ya poseen vivienda y pueden acumular más patrimonio, y quienes quedan fuera del mercado o dependen del alquiler en condiciones cada vez más difíciles.
Dos municipios asturianos que sufren dicha realidad de forma más cruda son Gijón y Llanes. La realidad que sufren gijoneses y llaniscos encaja directamente con el diagnóstico general publicado por el INE: el problema no es solo que haya personas que quieran comprar o alquilar, sino que una parte importante de quienes buscan vivienda no consigue acceder a ella. En España, el 7,6% de las personas de 16 años o más buscó vivienda activamente sin poder cambiar de residencia, y el principal motivo fue el precio excesivo, señalado por el 67,2% de quienes no lograron mudarse. Asturias aparece por debajo de la media, con un 6,6%, pero el propio dato demuestra que el Principado no está fuera del problema https://bit.ly/4cP62Ox
En Gijón, la situación se observa con especial claridad porque hablamos del mayor núcleo urbano asturiano y de barrios concretos ya señalados por el Principado como zonas con tensión residencial. La Arena y Cimadevilla figuran entre las áreas tramitadas como zonas de mercado residencial tensionado, junto con otros puntos de Asturias. La existencia de esas zonas no es una consigna política abstracta: responde a la constatación de que el acceso a la vivienda se ha encarecido y de que el mercado ordinario no está resolviendo el problema por sí solo https://bit.ly/4cD1qfy
El conflicto político en Gijón se entiende porque el Ayuntamiento ha rechazado acompañar esa vía regulatoria. En marzo del año 2025, el pleno gijonés aprobó una resolución contra la declaración de La Arena y Cimadevilla como zonas tensionadas sin acuerdo previo con el Principado. La propuesta fue presentada por Foro y PP y salió adelante con los votos de Vox y del concejal no adscrito, mientras PSOE, IU y Podemos votaron en contra. El gobierno local defendió que faltaban datos suficientes y que no bastaba con hablar de topar precios https://bit.ly/4cVNOLh
El resultado práctico de esa posición es que, ante una emergencia de acceso, el gobierno municipal de Foro, PP y tránsfuga, ha optado por poner cautelas y frenos a una herramienta pública pensada para intervenir en el mercado del alquiler. Esa actitud encaja con una visión política que desconfía de la regulación y que prefiere dejar más margen a la iniciativa privada. El problema es que, según los datos generales del INE, el mercado actuando por sí solo está dejando fuera a una parte significativa de la población, especialmente a jóvenes, personas de entre 30 y 44 años, inquilinos y hogares con menos capacidad económica https://bit.ly/4ueUivQ
Además, el choque no se limita a la regulación del alquiler. El Principado ha acusado al Ayuntamiento de Gijón de bloquear la cesión de suelo público para construir vivienda pública, y anunció que compraría suelo en la ciudad para impulsar pisos públicos ante ese bloqueo. Según la información publicada por el Gobierno asturiano, el compromiso municipal incluía avanzar en la cesión de suelo para construir hasta 300 viviendas públicas de alquiler asequible, pero el plazo terminó sin avances https://bit.ly/4mT3Ium
Esto es especialmente relevante porque la vivienda pública y el alquiler asequible son herramientas directas para aliviar la presión sobre quienes no pueden competir en el mercado libre. Si el suelo público no se moviliza para vivienda pública, el gobierno municipal está renunciando a una de las pocas palancas municipales claras para intervenir en el problema. En ese contexto, la crítica de que el gobierno local mira antes al equilibrio con el sector privado que a la necesidad inmediata de los vecinos tiene base política: los hechos muestran resistencia a la declaración de zonas tensionadas y falta de avances en la puesta a disposición de suelo público https://bit.ly/4u6mlxa
En Llanes, la situación tiene una naturaleza distinta, pero igual de grave para la vida cotidiana de sus vecinos. No estamos ante una gran ciudad, sino ante un concejo turístico donde la presión sobre la vivienda se mezcla con el atractivo vacacional, la vivienda de uso turístico, la segunda residencia y la escasez de alquiler residencial estable. El propio alcalde de Llanes, él ultra Enrique Riestra, llegó a afirmar que, si había un concejo asturiano con precios del alquiler realmente tensionados y necesidad de regulación efectiva, ese era Llanes https://bit.ly/4sWXQS7
La declaración de Llanes y Posada como primeras zonas de mercado residencial tensionado de Asturias confirma que el problema ha alcanzado un reconocimiento institucional. La resolución del Principado afecta a Llanes y Posada, en el concejo de Llanes, y a Arenas y Poo, en Cabrales, como primeros ámbitos declarados al amparo de la Ley estatal de Vivienda, con una duración inicial de tres años prorrogables https://bit.ly/4efulYb
En Llanes, además, la presión turística aparece como un factor central. El Gobierno asturiano ha señalado que limitará las viviendas de uso turístico en las zonas declaradas tensionadas porque este fenómeno agrava la presión sobre el mercado residencial. En el caso concreto de Llanes, ya se habían incluido la capital, Posada, Barru, Poo, Celoriu y Nueva dentro de las áreas en tramitación como zonas tensionadas https://bit.ly/4tyg25H
También consta que el Ayuntamiento de Llanes ha actuado sobre el problema de las viviendas turísticas, tarde y mal, con una moratoria y un Plan Especial de Usos Turísticos que amplía la suspensión de nuevas licencias a núcleos urbanos y rurales saturados, fijando como referencia el 5% de viviendas vacacionales o turísticas sobre el total de viviendas existentes. Lo ha hecho cuando el problema ya estaba desbocado por su negligencia en la gestión del problema al conceder desde el ámbito municipal licencias que saturaron el mercado inmobiliario. Lo que también puede afirmarse es que esas actuaciones no han evitado que el concejo acabe siendo uno de los primeros ámbitos oficialmente declarados tensionados en Asturias https://bit.ly/4cVOWyv
La diferencia entre Gijón y Llanes está en el tipo de presión. En Gijón, el problema se concentra en barrios urbanos con alta demanda y precios al alza. En Llanes, la dificultad se agrava por el peso del turismo y por el uso de viviendas como activo económico de temporada. Pero el efecto social es parecido: vecinos que trabajan, viven o quieren formar un hogar en el municipio encuentran cada vez más difícil acceder a una vivienda estable, mientras parte del parque disponible se orienta hacia usos más rentables.
La dependencia de la iniciativa privada que defienden los partidos de los gobiernos municipales de Gijon y Llanes, olvidan que dicha acción no resuelve por sí sola este problema, porque el promotor privado construye o pone vivienda en el mercado cuando le resulta rentable, no necesariamente cuando el vecino necesita vivienda asequible. En municipios tensionados, esa lógica puede aumentar el número de inmuebles sin garantizar precios accesibles. Eso conecta con la segunda noticia nacional: España tiene más viviendas que antes, pero menos propietarios, y el crecimiento del parque inmobiliario se ha concentrado en multi propietarios y grandes tenedores. La cuestión, por tanto, no es solo construir más, sino para quién, a qué precio y bajo qué régimen de acceso.
En Gijón, la falta de colaboración para movilizar suelo público y el rechazo a herramientas como la zona tensionada refuerzan la sensación de abandono entre quienes necesitan vivienda asequible. En Llanes, aunque hay medidas sobre vivienda turística, la declaración como zona tensionada demuestra que la presión ha superado la capacidad de respuesta ordinaria del municipio. En ambos casos, la emergencia se percibe porque las políticas municipales de ambos gobiernos no han conseguido garantizar que la vivienda funcione como derecho efectivo para la población residente.
La consecuencia social es clara: jóvenes que retrasan la emancipación, familias que no pueden cambiar de vivienda, trabajadores que tienen dificultades para vivir cerca de donde trabajan e inquilinos sometidos a una competencia cada vez mayor. Cuando los gobiernos municipales priorizan soluciones apoyadas en el mercado privado y retrasan o discuten las herramientas públicas disponibles, el problema no desaparece; se desplaza sobre los vecinos, que son quienes soportan los precios, los requisitos de acceso y la falta de alternativas asequibles.
Para terminar el post quiero manifestar que el problema de la vivienda ya no admite excusas ni diagnósticos tibios. Los datos muestran una realidad evidente: hay más viviendas, pero menos capacidad real de acceder a ellas; hay más parque inmobiliario, pero más concentración; hay más demanda social, pero menos respuestas públicas eficaces. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad, y mientras miles de personas no pueden emanciparse, cambiar de casa o vivir cerca de donde trabajan, una parte creciente del mercado funciona como espacio de acumulación económica.
Lo más grave es que muchas administraciones siguen actuando como si el mercado fuese a resolver por sí solo un problema que precisamente ha ayudado a crear. Cuando los gobiernos municipales o autonómicos reducen su papel a esperar la iniciativa privada, retrasan la movilización de suelo público, discuten las zonas tensionadas o llegan tarde a regular la vivienda turística, el resultado no es neutral: favorecen que la carga recaiga sobre los vecinos. En municipios como Gijón y Llanes, esa realidad se percibe con claridad. La falta de vivienda asequible, el encarecimiento del alquiler, la presión turística y la ausencia de una respuesta pública suficientemente firme terminan expulsando de hecho a quienes solo quieren vivir en su ciudad o en su concejo.
La emergencia habitacional no se resuelve con declaraciones, ni con confiar en que los constructores hagan vivienda accesible por iniciativa propia, ni con medidas tardías cuando el problema ya está desbordado. Se resuelve con intervención pública, vivienda protegida, alquiler asequible, regulación efectiva y decisiones políticas que pongan por delante a la gente que vive y trabaja en esos municipios. Mientras eso no ocurra, gobiernos como los de Gijón o Llanes podrán hablar de gestión, pero lo que muchos vecinos verán será otra cosa: abandono, lentitud y una clara falta de prioridad hacia quienes sufren cada mes el precio de no poder acceder a una vivienda digna.
Ya lo dijo Aristóteles: “Gobernar no es proteger los intereses de quienes acumulan, sino garantizar las condiciones mínimas para que todos puedan vivir con dignidad.”
