El ruido es una de las herramientas más eficaces del poder cuando faltan resultados. No hace falta mentir de forma burda: basta con saturar el espacio público de anuncios, titulares, polémicas menores o enfrentamientos calculados para desplazar del centro del debate aquello que realmente preocupa a la ciudadanía. Cuando la conversación gira constantemente en torno a declaraciones llamativas, promesas grandilocuentes o controversias accesorias, se diluyen cuestiones mucho más concretas y verificables: la ejecución presupuestaria, el estado de los servicios públicos, el cumplimiento de compromisos o la eficacia real de las políticas adoptadas.
El ruido funciona porque apela a lo inmediato y emocional. Genera reacción, posicionamiento, indignación o aplauso. En cambio, la gestión requiere datos, seguimiento y rendición de cuentas, elementos menos espectaculares pero esenciales en una democracia sana. Cuando los cargos públicos priorizan la narrativa sobre los resultados, la política se convierte en un escenario y la administración en un segundo plano.
Desviar la atención no siempre implica una estrategia conspirativa; a veces es simplemente una cultura política basada en la comunicación permanente y el anuncio continuo. Sin embargo, el efecto es el mismo: los problemas estructurales —vivienda, servicios básicos, dependencia, sostenibilidad— quedan en un segundo plano mientras el foco se desplaza hacia lo anecdótico.
Una ciudadanía crítica tiene la responsabilidad de no quedarse en el titular ni en la polémica del día, sino de exigir datos, plazos y evaluación de resultados. Porque donde hay demasiado ruido, suele haber pocas explicaciones sólidas.
Hoy voy a poner a dos políticos de los ayuntamientos asturianos que no se casan de tirar tinta del calamar para tapar sus miserias de gestión, sin embargo, los datos son contundentes de su falta de gestión en múltiples cuestiones que afectan a gijoneses y llaniscos. La primera es Carmen Moriyón, la cual podemos ver la tinta del calamar en el siguiente video: https://bit.ly/3MIPT3V
En los últimos años, el proyecto del vial de Jove, previsto como solución al intenso tráfico pesado que atraviesa barrios del oeste de Gijón y como vía de acceso a El Musel, ha sido uno de los asuntos más controvertidos de la gestión municipal. El plan original, que ya llevaba décadas de retrasos, fue aprobado en el año 2021 y, tras pasar por fases de actualización y licitación, finalmente quedó desestimado por el Ministerio de Transportes antes de llegar a adjudicación efectiva.
Desde el Ayuntamiento la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha repetido que lo sucedido supone un “agravio sin precedentes” para Gijón y ha responsabilizado directamente a otras administraciones, especialmente al Gobierno central y a formaciones políticas que, según ella, priorizaron intereses electorales sobre la ejecución real de la obra.
Este discurso ha sido acompañado de declaraciones en las que pone énfasis en lo que considera una falta de compromiso de Madrid y en la necesidad de “ir con los vecinos hasta donde haga falta” para lograr una alternativa que no pase por una solución en superficie. Más recientemente, y en el contexto de la ausencia de avances concretos, ha llegado a plantear incluso acudir al Defensor del Pueblo con objeto de forzar al Ministerio a moverse en torno a este asunto, enfatizando que ni siquiera recibe respuestas claras de parte de sus interlocutores en el Ejecutivo central.
Sin embargo, este énfasis en la responsabilidad ajena ha sido recibido con críticas desde otros grupos políticos locales, que han señalado que la alcaldesa ha tenido múltiples oportunidades para presentar iniciativas propias que facilitaran el trazado o dieran impulso al proyecto, incluidas reuniones en Madrid, sin que se haya producido una propuesta concreta ni medidas claras de seguimiento públicamente conocidas desde el gobierno municipal ni autonómico. Mientras tanto, el debate ha quedado marcado por acusaciones cruzadas y por una sensación creciente entre asociaciones vecinales de falta de resultados tangibles.
Foto: Carmen Moriyón Entrialgo... Seguimos con el ruido para tapar la ineficacia en la gestión
Este foco constante en culpar a otras administraciones cuando el proyecto clave no avanza, a pesar de que el Ayuntamiento de Gijón maneja un presupuesto municipal superior a los 300 millones de euros, ha generado un clima de crítica hacia la gestión política local: se señala que puede estar más orientada a la narrativa que a la obtención de soluciones claras y realistas, especialmente cuando no se han presentado documentos técnicos, compromisos firmados o calendarios verificables que demuestren iniciativas propias para desbloquear la cuestión.
Por lo tanto esta cuestión parece obvia que no se ha abordado con el interés que suscita para un colectivo de vecinos del oeste de Gijón (13.000 habitantes), que se han quedado sin respuesta a una de sus mayores necesidades por la negligencia de todas las administraciones asturianas, la local (Moriyón) y la autonómica (Barbón), al rechazar el proyecto en superficie que se presentó y no presentar un proyecto alternativo a la administración central.
Pero es que Moriyón recurre periódicamente a estos fuegos artificiales cuando las cosas que gestiona no presentan cifras ni métricas de buena gestión. El martes 17 de febrero conocíamos que La ciudad de Gijón ha visto cómo su tasa de reciclaje se estanca en torno al 36,4 % en 2025, apenas una décima más que el año anterior y muy por debajo del 55 % exigido por la Unión Europea para 2025. Este nivel de separación de residuos sitúa al municipio lejos de los objetivos marcados por la legislación comunitaria, lo que expone a la ciudad a la necesidad de adoptar medidas municipales más estrictas en los próximos dos años si no mejora significativamente la situación https://bit.ly/3ZL9weP
Ante este estancamiento, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de medidas progresivas para aumentar la recogida selectiva y reducir la cantidad de basura que termina en vertederos. La primera fase del plan se centrará en facilitar la separación de residuos a la ciudadanía mediante la ampliación de infraestructuras de reciclaje, más contenedores y puntos limpios, así como incentivos y campañas de concienciación para promover buenas prácticas entre los vecinos.
Si estos esfuerzos iniciales no son suficientes y los objetivos legales siguen sin cumplirse, el Ayuntamiento contempla pasar a una segunda fase más coercitiva a partir de 2027, que incluiría sistemas de control más exigentes e incluso sanciones o ajustes en las tasas de basura para quienes no separen correctamente los residuos.
Este enfoque responde tanto a motivos medioambientales —cumplir con la normativa europea y reducir el impacto de los residuos urbanos— como a razones económicas, pues la mala separación implica costes significativos al Ayuntamiento (por ejemplo, decenas de millones de euros en transporte y tratamiento de residuos que podrían haber sido reciclados). En conjunto, la noticia destaca que Gijón se enfrenta a un reto importante en materia de reciclaje, con el objetivo de revertir el estancamiento actual y adoptar medidas más duras si no se alcanzan los niveles deseados en los próximos dos años. Hay que tener en cuenta para los ciudadanos de Gijón que la Ley de Residuos 7/2022, de 8 de abril, publicada en el BOE el 9 de abril de 2022 y en vigor desde el 10 de abril de 2022. Han tenido cuatro años para corregir el problema del reciclaje y no ha hecho nada desde junio del año 2023, el problema ya venía de los socialistas “monchitos”, pero Moriyón se puso de perfil y ahora que es cuando ve el coste que tendrá para los gijoneses es cuando le entra la prisa.
Hoy mismo se ha publicado una noticia que refleja lo que sucede en los partidos de la derecha extrema como, Foro y PP, allí donde gobiernan. La noticia informa de un enfrentamiento interno entre dos concejalías del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, en el marco de la gestión municipal. Según la información difundida, se produjo un intercambio tenso de acuerdos y reproches políticos entre concejales del mismo partido, algo que llamó la atención por el contexto de colaboración de dicha formación dentro del equipo de gobierno municipal.
Aunque los detalles concretos de los motivos del choque no siempre se describen de forma extensa, la noticia subraya que estas tensiones se expresaron públicamente (por ejemplo, a través de redes sociales como Facebook o X/Twitter), y reflejan discrepancias sobre la gestión de competencias o proyectos dentro del propio grupo del PP en el Ayuntamiento.
El uso de la palabra “gresca” apunta a un enfrentamiento visible y poco habitual entre ediles de la misma fuerza política, lo que sugiere que existen divisiones internas sobre actuaciones concretas en la gestión municipal o sobre la coordinación entre áreas de gobierno… De esto Moriyón y el sicario Álvaro Queipo no saben nada.
Hoy también podemos leer en la prensa local la magnitud de la tensión inmobiliaria que existe en Gijón con un caso especialmente significativo: un ático en primera línea de la playa de San Lorenzo salió al mercado por 1.790.000 euros, lo que supone 7.783 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en uno de los precios más altos registrados en la ciudad. Esta cifra prácticamente duplica los entre 3.200 y 3.600 euros por metro cuadrado que se consideran habituales incluso en la zona Centro, la más cara del municipio https://bit.ly/3MXFkKx
Aunque se trate de una vivienda de lujo, el dato no es anecdótico, sino representativo de una escalada sostenida de precios en determinadas áreas de Gijón. La comparación entre este récord y los valores medios refleja una brecha creciente entre el mercado de alto poder adquisitivo y la capacidad real de acceso a la vivienda de la mayoría de la población, en un contexto donde jóvenes y familias encuentran cada vez más dificultades para comprar o alquilar en condiciones asumibles… De esto Moriyón y sus “mariachis” concejales de gobierno no saben nada.
Otro personaje que es una desgracia para los ciudadanos a los que representa es el alcalde de Llanes, el parado Enrique Riestra Rozas. En el siguiente enlace https://bit.ly/4ruOe1d se puede ver sus fuegos de artificiales con los que tapar su negligencia e incompetencia del gobierno municipal del Ayuntamiento de Llanes de la ultraderecha de, VecinosxLlanes y PP.
El jueves pasado se publicaba el informe de COGERSA sobre las tasas de reciclaje del gobierno municipal del Ayuntamiento de Llanes. El análisis de los datos de COGERSA entre 2017 y 2025 muestra que el Ayuntamiento de Llanes se mantiene muy lejos del objetivo legal del 55 % de reciclaje fijado por la Ley 7/2022. En el año 2025 el municipio apenas alcanzó el 10,52 %, lo que supone una brecha de 44,48 puntos porcentuales respecto a la meta obligatoria. En ocho años el incremento acumulado ha sido de solo 1,88 puntos, y tras el máximo puntual de 13,61 % en 2021, los porcentajes han vuelto a estancarse en torno al 10-11 %, sin una tendencia sostenida al alza.
Foto: dos tahures políticos, Enrique Riestra y Álvaro Queipo
Los datos reflejan que más del 89 % de los residuos municipales siguen tratándose como fracción resto, lo que evidencia la ausencia de un impulso estructural en la recogida selectiva. Tampoco se aprecia una estrategia consolidada capaz de acercar progresivamente al municipio al cumplimiento normativo. El contraste entre el mandato legal y la realidad local es amplio y persistente.
Este desfase no es solo ambiental, sino también económico: cuanto menor es el reciclaje, mayor es la exposición al impuesto estatal sobre el vertido y mayor la presión financiera sobre el servicio municipal de residuos, con posibles repercusiones en la tasa que pagan los vecinos. En conjunto, la evolución de los indicadores entre los año 2017 y 2025 refleja una gestión que no ha logrado adaptar el modelo municipal a las exigencias legales vigentes, manteniendo a Llanes en una situación de incumplimiento estructural https://bit.ly/4s9aJsx
La actuación del alcalde de Llanes en los últimos años ha estado marcada por promesas ambiciosas de mejora de la calidad de vida de los llaniscos, acompañadas de una retórica de modernización y equidad territorial. Sin embargo, la realidad de la gestión municipal presenta aspectos contradictorios cuando se analizan cuestiones concretas de servicios básicos y objetivos sociales.
En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha aprobado presupuestos que incluyen incentivos para fomentar el alquiler anual —como ayudas de hasta 1.000 € por vivienda— con el objetivo de reorientar parte del parque de viviendas turísticas hacia el alquiler residencial. Aunque estas medidas responden a una necesidad real de acceso a la vivienda, su alcance real y eficacia aún está por verificarse en términos de incremento efectivo de oferta residencial estable ya que la partida fue de 50.000 euros en los presupuestos del año 2025.
Respecto al saneamiento y suministro de agua, la gestión ha mostrado tensiones significativas. El contrato de gestión del agua y alcantarillado con la empresa concesionaria (Asturagua) viene arrastrando una deuda por facturas no abonadas de años recientes, mientras el Ayuntamiento ha tenido que tramitar modificaciones contractuales complejas para regularizar el servicio y garantizar su continuidad. Esto pone de manifiesto que, pese a las afirmaciones institucionales, la planificación y ejecución en este ámbito han sido deficientes, con decisiones de contratación y prolongaciones de concesiones pasadas que limitan la capacidad de inversión y renovación de infraestructuras.
En saneamiento urbano y limpieza, los debates plenarios han puesto de relieve una percepción de mala gestión en la contratación de servicios esenciales. La prestación de dichos servicios es motivo de insatisfacción por parte de los llaniscos al ser manifiestamente mejorables.
El suministro de agua en diversas localidades del concejo sigue siendo objeto de atención: las negociaciones sobre regularización de contratas, revisiones tarifarias y cumplimiento de calidad han puesto de manifiesto que las inversiones necesarias para mantener y mejorar las redes —por ejemplo, la traída de agua en Posada— no han sido abordadas con la rapidez y los recursos que la situación demandaría. Hace diez años que llegaron al gobierno y todavía no se ha cambiado dicha macro traída.
En conjunto, el balance de estas áreas esenciales revela una clara disonancia entre las promesas institucionales y los resultados concretos: medidas presupuestarias dirigidas a políticas sociales, sí, pero con implementación práctica insuficiente en la mejora real de servicios básicos, en el cumplimiento de objetivos ambientales y en la renovación de infraestructuras elementales. Esto ha generado, tanto en la oposición como en parte de la ciudadanía, una percepción de gestión desordenada e incapaz de traducir las promesas en resultados verificables.
Los datos salariales de 2023 reflejan que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes supone un coste anual cercano a 293.902 euros, con retribuciones individuales que alcanzan los 46.200 euros anuales en el caso del alcalde y de otros concejales con dedicación plena, mientras que varios ediles perciben en torno a 30.100 euros o más de 33.000 euros anuales. A ello se suma el coste de un asesor, que asciende a 47.824 euros al año, lo que incrementa aún más el gasto político estructural.
Estas cifras deben analizarse en contraste con los indicadores públicos de renta media en el concejo, que, según los datos del INE, se sitúan muy por debajo de esas cuantías (renta bruta media declarada por persona fue de 26.197 €). La comparación evidencia una brecha notable entre lo que perciben los responsables políticos y la realidad económica de muchos vecinos. En un contexto donde en el municipio persisten problemas estructurales como el bajo nivel de reciclaje, las dificultades de acceso a la vivienda o la falta de avances en servicios clave, el volumen de recursos destinados a salarios políticos adquiere una dimensión especialmente sensible e indecente.
La cuestión no es ideológica, sino de proporcionalidad y resultados. Cuando los indicadores de gestión no muestran mejoras significativas y los objetivos legales —como el 55 % de reciclaje— se incumplen de forma amplia y sostenida, resulta legítimo exigir que las retribuciones públicas vayan acompañadas de eficacia, planificación y cumplimiento normativo. Sin resultados verificables, la percepción ciudadana puede inclinarse hacia la idea de que la estructura salarial política no guarda coherencia con el rendimiento obtenido en la gestión municipal.
Para terminar el post quiero manifestar que en Gijón y en Llanes los datos están encima de la mesa. En Gijón, observamos a una ciudad que no avanza en infraestructuras clave ni en reciclaje mientras el debate se diluye en declaraciones y enfrentamientos. En Llanes vemos un municipio que permanece a más de 44 puntos del objetivo legal de reciclaje, con inversiones limitadas en vivienda y servicios básicos que no muestran una mejora estructural tras más de 10 años de gobierno municipal.
Carmen Moriyón y Enrique Riestra no pueden refugiarse indefinidamente en la confrontación política ni en la retórica institucional. Gobernar no es señalar al de enfrente, sino cumplir objetivos medibles, planificar con rigor y rendir cuentas con resultados. Cuando las cifras oficiales evidencian estancamiento y la brecha entre promesas y realidad persiste, la responsabilidad política deja de ser abstracta y se convierte en una exigencia concreta.
Pero tampoco puede ignorarse el papel de la oposición. Una oposición socialista que se limite a observar, reaccionar de forma puntual o mantener un perfil bajo ante incumplimientos evidentes no cumple plenamente su función democrática. Fiscalizar con firmeza, proponer alternativas viables y exigir calendarios y compromisos verificables forma parte del equilibrio institucional. Cuando el gobierno no ofrece resultados y la oposición no ejerce una presión eficaz y constante, quienes acaban pagando el coste son los vecinos. En política local, menos ruido y más responsabilidad —tanto en el gobierno como en la oposición— es la única vía para recuperar credibilidad y eficacia.
Ya lo dijo Jean-Paul Sartre: “La confianza se gana con hechos, no con palabras.”
