Hoy se publican dos informaciones en la prensa regional que dibujan un mismo escenario político en Asturias: el de una legislatura que entra en fase preelectoral, con movimientos estratégicos en ambos bloques ideológicos ante la posibilidad real de un cambio de mayorías en la Junta General.
Ese contexto también revela el temor de quienes no han sabido consolidar un proyecto alternativo durante estos tres años. En algunos casos, se percibe una resistencia a abordar cambios desde los órganos internos —como ocurre en la FSA— en municipios que arrastran dinámicas políticas muy enquistadas, como Llanes, o en plazas relevantes como Gijón, donde parte de la militancia y del electorado progresista cuestiona la falta de renovación y autocrítica en la oposición municipal frente a los gobiernos del PP, Foro y la ultraderecha de VecinosxLlanes.
En el ámbito de la izquierda, el debate surge tras las declaraciones del coordinador regional de IU, Ovidio Zapico (otro perdedor), que planteó la posibilidad de una coalición electoral con el PSOE en las circunscripciones del Oriente y Occidente de cara a las próximas autonómicas. La comisión ejecutiva autonómica de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) optó por no abordar formalmente la cuestión bajo la premisa de que “ahora no toca”, pero el debate ya se ha trasladado a la militancia y a las agrupaciones locales, especialmente en las llamadas “alas”, donde la representación se decide por pocos miles de votos.
La propuesta de IU parte de una lógica aritmética y estratégica que ya había sido apuntada tras las elecciones autonómicas de 2023. En aquellos comicios, la candidatura Convocatoria por Asturias —integrada por IU, Más País (hoy Sumar) e Izquierda Asturiana— obtuvo 5.186 votos en las alas que no se tradujeron en escaño debido al sistema de tres circunscripciones establecido en la ley electoral asturiana. Diversos análisis publicados entonces en la prensa regional ya advertían de que la fragmentación del voto de izquierdas podía resultar determinante en distritos pequeños donde el valor del escaño es más alto https://bit.ly/4qOqyUw La hipotética coalición PSOE-IU no necesariamente aumentaría el número de diputados de la izquierda, pero sí podría elevar el umbral efectivo para lograr escaño, dificultando la entrada de Vox y amortiguando el impacto de una posible alianza PP-Foro. De hecho, tras los comicios de 2023 varios medios subrayaron que, de haber concurrido juntos PP y Foro, la derecha habría obtenido un diputado más en el Oriente, arrebatándolo al PSOE y logrando la mayoría parlamentaria.
Sin embargo, dentro del PSOE asturiano la propuesta genera importantes reticencias. Alcaldes y dirigentes de los concejos del Oriente y Occidente reclaman que cualquier decisión se adopte teniendo en cuenta la realidad territorial y, sobre todo, la opinión de las agrupaciones locales. Temen que un eventual acuerdo suponga la cesión de puestos de salida a candidatos de IU en circunscripciones donde el PSOE mantiene estructuras consolidadas, una preocupación que, para muchos, constituye el verdadero núcleo del debate interno. Además, existen antecedentes de relaciones tensas entre ambas formaciones en algunos municipios —como en Llanes— donde, en la pasada legislatura, IU gobernó junto a Vecinos por Llanes con su concejala Priscila Alonso, quien posteriormente, tras finalizar el mandato como tránsfuga con el escaño de IU, concurrió en esa misma formación como candidata en las elecciones del año 2023 como miembro de la ultraderecha de VecinosxLlanes. La cuestión, por tanto, no es únicamente aritmética, sino también orgánica y emocional dentro del partido, al afectar a equilibrios internos, liderazgos locales y memorias políticas todavía recientes.
En paralelo, en el bloque de la derecha extrema (PP y Foro Asturias) se percibe un movimiento similar, aunque más avanzado y claramente condicionado por necesidades internas de liderazgo y supervivencia política. El Partido Popular y Foro Asturias llevan meses explorando la posibilidad de concurrir juntos tanto a las elecciones autonómicas como a las municipales https://bit.ly/4kDzc6v, en una estrategia que busca recomponer el espacio del centro-derecha tras los resultados del año 2023.
El punto de inflexión se sitúa en el liderazgo del PP asturiano: para Álvaro Queipo, esta podría ser la última oportunidad para aspirar a la presidencia del Principado después del intento fallido de la pasada convocatoria electoral. En ese contexto, la aproximación a Foro responde también a una lógica pragmática: evitar la fragmentación del voto conservador y maximizar las opciones parlamentarias.
Por su parte, Foro Asturias atraviesa una etapa de debilidad estructural y electoral que le obliga a replantear su estrategia si quiere garantizar su continuidad institucional. La integración en una candidatura conjunta permitiría asegurar representación autonómica —con Adrián Pumares como principal activo en la Junta General— y mantener presencia en algunos ayuntamientos. En definitiva, más allá del discurso público, la negociación entre ambas formaciones parece sustentarse en una combinación de cálculo electoral, necesidad orgánica y voluntad de consolidar apoyos para gobernar en un escenario político cada vez más polarizado.
La buena relación personal entre Queipo y Adrián Pumares, secretario general y único diputado autonómico de Foro, ha contribuido a destensar una relación históricamente compleja. El pacto de colaboración parlamentaria firmado el 15 de marzo de 2025 en la Junta General fue interpretado por buena parte de la prensa como el embrión de una futura coalición electoral, era un secreto a voces. Desde entonces, el alineamiento de Pumares con el grupo popular en votaciones clave ha reforzado la percepción de que el acuerdo es cuestión de tiempo por muchos que se disfracen.
La prensa regional ya había señalado tras las autonómicas de 2023 que la división del centro-derecha penalizó sus opciones de gobierno. El precedente aritmético —la posibilidad de haber sumado un diputado más y haber alterado la mayoría si hubieran concurrido juntos— pesa ahora en las negociaciones para calmar su única preocupación, llegar al poder para gobernar contra la mayoría premiando y privilegiando a una minoría como hacen en el Ayuntamiento de Gijón. A nivel autonómico, el encaje parece relativamente asumible: el PP lideraría la candidatura y Foro podría ocupar puestos destacados que le permita mantener su diputado (única aspiración de Moriyón y su cuadrilla).
Más complejo es el escenario municipal. La intención de ambas formaciones sería cerrar un acuerdo global para evitar contradicciones ante el electorado, pero cada concejo presenta dinámicas propias. En Gijón, donde gobierna Carmen Moriyón (Foro) en coalición con el PP, el ajuste de una lista única sería especialmente delicado por la pugna de protagonismo. En Colunga, donde gobierna Foro pero mantiene tensiones con el PP local, la negociación requerirá intervención directa de las direcciones autonómicas. Oviedo y otras plazas también exigirán equilibrios finos.
Ambas noticias, leídas conjuntamente y a la luz de los análisis previos publicados en la prensa asturiana, reflejan un contexto de creciente polarización en bloques y de optimización estratégica del voto ante un escenario que las encuestas describen como muy competitivo. La izquierda estudia fórmulas para evitar que votos dispersos queden sin representación en las alas; la derecha intenta corregir la fragmentación que le impidió gobernar en 2023. En ambos casos, la aritmética electoral, el sistema de circunscripciones y las tensiones internas territoriales se convierten en factores decisivos que pueden determinar el próximo equilibrio de poder en el Principado.
Como ciudadano, resulta llamativo que quienes llevan casi tres años ocupando responsabilidades públicas —ya sea en gobiernos municipales o en la Junta General— sitúen en el centro del debate la aritmética de futuras coaliciones en lugar de priorizar la rendición de cuentas sobre su gestión y los resultados obtenidos. Esa secuencia —hablar primero de pactos para conservar el poder y después, si acaso, de balance— transmite la sensación de que la preocupación principal es asegurar la continuidad institucional más que explicar con claridad el alcance de las políticas aplicadas. En el caso de Álvaro Queipo, su trayectoria política ha estado vinculada durante más de una década a la dinámica interna de la ultraderecha con su respaldo de estrategias de confrontación política en ámbitos municipales como Llanes, donde el debate público ha girado en torno a cuestiones como la presión fiscal, la gestión de los servicios municipales —agua, saneamiento o dependencia— y el acceso a la vivienda. A nivel regional, su liderazgo en el PP se ha caracterizado por una oposición firme al Gobierno del Principado, especialmente en materias como infraestructuras (el plan de vías de Gijón o el vial de Jove), política fiscal y modelo territorial, defendiendo posiciones críticas que han generado fricción institucional. Ese estilo, basado en la confrontación política y en la crítica a la gestión socialista, es legítimo dentro del juego democrático, pero también ha sido objeto de cuestionamiento por parte de quienes consideran que la cooperación interadministrativa y la búsqueda de consensos podrían haber facilitado avances más rápidos en proyectos estratégicos para Asturias.
En esta legislatura, Álvaro Queipo ha quedado especialmente expuesto en debates donde sus posicionamientos han sido señalados por su falta de coherencia política. En el caso del lobo y su inclusión en el LESPRE, ha defendido con contundencia su salida del listado y ha cargado contra el Gobierno central por las restricciones a su control, pese a que el marco normativo depende de decisiones estatales y europeas que siguen vigentes, lo que ha convertido su discurso en una confrontación más retórica que resolutiva. Algo similar ocurre con el peaje del Huerna (AP-66), donde ha exigido responsabilidades y soluciones al Ejecutivo socialista sin reconocer que la prórroga de la concesión —que extendió durante décadas el peaje— se aprobó en los años noventa bajo el mandato de su “padrino” político, Francisco Álvarez-Cascos, como ministro de Fomento. Esa omisión histórica ha sido utilizada por sus adversarios para cuestionar la solidez de su argumentario. En ambos asuntos, la crítica no se ha centrado solo en el fondo de las propuestas, sino en lo que muchos interpretan como un uso selectivo de la memoria política y una estrategia de desgaste institucional más orientada a la confrontación que a la asunción de responsabilidades compartidas.
En el caso de Carmen Moriyón, la actual legislatura ha estado marcada por decisiones y episodios que han generado una fuerte controversia pública en Gijón y en el conjunto de Asturias. Tras las elecciones municipales, pese a haber manifestado en campaña que no pactaría con fuerzas extremistas, alcanzó un acuerdo de gobierno con Vox, lo que abrió un intenso debate sobre coherencia política. Posteriormente, fue objeto de una resolución del Tribunal de Cuentas que la obligó a reintegrar cantidades percibidas indebidamente en relación con su etapa anterior en la Alcaldía. A ello se sumaron críticas por acuerdos urbanísticos como el alcanzado con el Grupo Quirón, relativo al intercambio de parcelas públicas por suelos privados, operación cuestionada por la oposición municipal por su conveniencia para el interés general. También se debatió públicamente sobre la compatibilidad y transparencia de las retribuciones que percibía desde distintas responsabilidades —Ayuntamiento, actividad profesional sanitaria privada y presidencia de Foro Asturias—. Todo ello ha configurado un clima de fuerte desgaste político en torno a su figura y ha reavivado el debate sobre el rumbo y la identidad de Foro Asturias en el actual escenario político asturiano… Decir que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad de tanta tropelía.
De Adrián Barbón también se han señalado contradicciones en la gestión orgánica del partido, especialmente en relación con determinadas agrupaciones socialistas donde, según voces críticas internas, no se han impulsado procesos de renovación ni cambios profundos pese a dinámicas locales enquistadas desde hace demasiados años. En concejos como Llanes, algunos sectores consideran que la falta de intervención o de reorientación política ha contribuido a mantener escenarios de confrontación permanente con gobiernos municipales liderados por VecinosxLlanes y el PP, sin que se perciba una estrategia clara de reconstrucción alternativa.
A Barbón se le reprocha en ocasiones una posición cambiante ante determinados conflictos políticos (detesta el “barullu” político si el mismo no se alinea con sus tesis), alternando gestos de firmeza con etapas de perfil bajo o conciliación, lo que ha alimentado la percepción de una dirección más táctica que doctrinal. Parte de esas críticas también se proyectan sobre su equipo más cercano y la estructura orgánica regional, incluida la secretaría de organización, a la que algunos sectores atribuyen responsabilidad en la gestión interna y en la falta de cohesión territorial del proyecto socialista en determinados municipios.
A lo largo de la legislatura, Adrián Barbón ha mantenido diversas discrepancias públicas con el Gobierno de la Nación presidido por Pedro Sánchez, pese a compartir siglas, en asuntos clave para Asturias. Una de las más sonadas fue la inclusión del lobo en el LESPRE, decisión del gobierno español sujeto a la Directiva Hábitats (92/43/CEE) de la Unión Europea, que establece obligaciones de conservación para determinadas especies, entre ellas el lobo en parte del territorio comunitario. Barbón expresó su rechazo y pidió rectificaciones, evidenciando una falta de alineamiento interno que dejó al Principado en una posición políticamente incómoda ante el medio rural.
En materia de infraestructuras, las tensiones también fueron evidentes. En el Plan de Vías de Gijón y el alcance del soterramiento ferroviario, el Gobierno asturiano defendió públicamente posiciones que no siempre se tradujeron en avances concretos, alimentando la percepción de bloqueo institucional. Especialmente controvertido fue el caso del vial de Jove: el Ejecutivo autonómico cuestionó el proyecto impulsado por el Ministerio, manteniendo una postura crítica sin que se hicieran públicos respaldos técnicos alternativos concluyentes. El resultado fue la paralización del desarrollo previsto, mientras los barrios del oeste de Gijón continúan soportando el tráfico pesado vinculado al puerto de El Musel. En la actualidad, la infraestructura permanece encallada en el ámbito competencial de la Consejería de Infraestructuras, sin una solución definitiva sobre la mesa del catador de vino, Alejandro Calvo.
A ello se suman las reclamaciones reiteradas sobre financiación autonómica y política industrial, donde Barbón ha exigido mayor sensibilidad hacia la singularidad asturiana en términos de envejecimiento, dispersión territorial y transición energética. Sin embargo, esas reivindicaciones han convivido con una relación política ambivalente con el Ejecutivo central, alternando la crítica pública con la disciplina partidaria, lo que ha generado debate sobre la eficacia real de su estrategia de presión institucional.
Para terminar el post quiero manifestar que El hilo conductor que une las trayectorias recientes de: Álvaro Queipo, Carmen Moriyón y Adrián Barbón, no es tanto la confrontación ideológica como una forma de ejercer el poder —o la oposición— donde la prioridad parece ser la conservación de posiciones antes que la rendición exhaustiva de cuentas. Tras casi tres años de legislatura, el debate público se ha llenado de cálculos electorales, alianzas preventivas y maniobras de supervivencia, mientras los balances de gestión quedan diluidos en argumentarios defensivos y en una narrativa que desplaza responsabilidades hacia el adversario.
En lugar de ofrecer una evaluación clara y contrastable de resultados —en vivienda, industria, infraestructuras, servicios públicos o fiscalidad— el discurso dominante gira en torno a quién suma con quién, quién bloquea a quién y quién necesita a quién para seguir ocupando el sillón. Esa dinámica proyecta una política autorreferencial, más pendiente de preservar estructuras y liderazgos que de afrontar con transparencia los errores cometidos o las promesas incumplidas.
Cuando la ciudadanía es convocada a respaldar estrategias sin que exista una asunción nítida de responsabilidades por decisiones controvertidas o por parálisis evidentes, el mensaje implícito es que el voto debe otorgarse como cheque en blanco. Y ahí es donde se instala la desafección: no por la discrepancia ideológica, sino por la percepción de que las prioridades institucionales han sido moldeadas por intereses tácticos, equilibrios internos y cálculos personales como el de estos tres políticos. Sin autocrítica real ni compromiso verificable con el interés general, la política se vuelve opaca, poliédrica en su discurso y tóxica en sus efectos, erosionando la confianza pública que dice defender.
Ya lo dijo Demóstenes: “El poder no se revela en las palabras, sino en los actos”.
