El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Asturias y refleja una crisis que afecta a buena parte del país. La situación actual es el resultado de varios factores que se combinan entre sí: la escasez de vivienda asequible, el incremento constante de los precios, la insuficiente oferta pública y las dificultades económicas de gran parte de la población para acceder tanto al alquiler como a la compra de una vivienda.
Según los datos recogidos por El Comercio, más del 60% de las viviendas que salen al mercado del alquiler en España están controladas por grandes propietarios y empresas, mientras que Asturias cuenta con más de 100.000 viviendas vacías, aproximadamente un 15% de todo su parque inmobiliario. Esta paradoja se produce mientras la construcción de nuevas viviendas sigue siendo limitada y miles de personas encuentran enormes dificultades para acceder a un hogar. La situación afecta especialmente a los jóvenes, cuya tasa de emancipación continúa siendo muy baja debido a que los salarios no permiten afrontar los elevados costes del alquiler. Los sindicatos de vivienda denuncian además que la alta demanda genera situaciones de estrés constante entre quienes buscan piso, favoreciendo la aparición de cláusulas abusivas, discriminaciones y exigencias económicas cada vez mayores por parte de propietarios e intermediarios. También señalan la escasez de vivienda pública y las largas listas de espera existentes en Asturias para acceder a ella https://bit.ly/4vzDJLt
Como respuesta a esta falta de oferta, el gobierno municipal de Gijón de la derecha extrema integrado por: Foro, PP y un tránsfuga, tras tres años de legislatura donde no han promovido ni una sola vivienda pública, ha puesto en marcha algunos de los mayores desarrollos urbanísticos previstos en el actual Plan General de Ordenación. Los proyectos del Infanzón, Peñafrancia y los terrenos de la antigua Rubiera Predisa permitirán construir más de 1.500 viviendas nuevas. Sin embargo, estos desarrollos tardarán años en llegar al mercado debido a la complejidad de los trámites urbanísticos y ambientales necesarios. Además, una parte importante de las nuevas construcciones estará destinada a viviendas unifamiliares o promociones de alto nivel, especialmente en zonas como Somió o Cabueñes, lo que limita su capacidad para resolver de manera inmediata los problemas de acceso de las familias con menos recursos. Aunque algunos proyectos incluyen porcentajes de vivienda protegida, la demanda actual supera ampliamente la oferta disponible https://bit.ly/3RL2ZA6
A esta situación se suma la evolución del mercado inmobiliario nacional. Aunque el número de compraventas y de hipotecas sigue siendo elevado, comienzan a aparecer señales de desaceleración debido al aumento del Euríbor y al encarecimiento de la financiación hipotecaria. Sin embargo, esta ralentización no se ha traducido todavía en una bajada de precios. Los expertos explican que la principal causa es el persistente desequilibrio entre la oferta y la demanda: se crean muchos más hogares de los que se construyen viviendas nuevas. Esta falta estructural de vivienda disponible mantiene los precios en niveles muy elevados tanto para la compra como para el alquiler. Incluso cuando el mercado muestra síntomas de agotamiento, la escasez de oferta continúa impulsando los precios al alza, obligando a muchas familias a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a la vivienda https://bit.ly/4uYiljt
Por otro lado, el modelo de política de vivienda del PP de Santander se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras conocerse que 107 viviendas de protección oficial, concebidas como promoción de alquiler asequible, han sido vendidas a un fondo de inversión privado, en un escenario en el que vecinos de esa promoción reciben avisos de posible fin de contrato y desalojos encubiertos. La operación afecta a un bloque completo de viviendas que se zurció años atrás como ejemplo de “vivienda digna y accesible”, hoy reconvertido en un activo financiero gestionado por una sociedad ligada a capital especulativo.
La operación ha generado preocupación porque algunos inquilinos han recibido avisos sobre la posible no renovación de sus contratos una vez finalicen los plazos vigentes. El caso ha sido utilizado como ejemplo de los riesgos que pueden surgir cuando viviendas construidas con una finalidad social terminan integradas en dinámicas de rentabilidad financiera. La polémica ha reabierto el debate sobre la necesidad de garantizar que las viviendas protegidas mantengan a largo plazo su función social y no acaben perdiendo el control público que justificó su creación https://bit.ly/4uquXhT
Las cuatro noticias muestran que el problema de la vivienda en Asturias no puede explicarse únicamente por una falta de construcción. La existencia de un importante número de viviendas vacías, la concentración de parte de la oferta en manos de grandes propietarios, la insuficiencia del parque público, la lentitud con la que llegan las nuevas promociones al mercado y la continua subida de precios forman parte de un mismo fenómeno. Mientras los jóvenes retrasan su emancipación, las familias destinan una proporción creciente de sus ingresos a la vivienda y los colectivos más vulnerables encuentran cada vez más obstáculos para acceder a un hogar. Todo ello ha convertido la vivienda en quizás la principal preocupación social y económica de Asturias en la actualidad.
El problema de la vivienda en Asturias no es un hecho aislado ni coyuntural, sino una crisis estructural causada por la combinación de precios altos, falta de vivienda pública suficiente, concentración del alquiler en manos de grandes propietarios, existencia de muchas viviendas vacías y una política urbanística que no está respondiendo a las necesidades reales de la población.
La primera conclusión es que no basta con decir que faltan viviendas. En Asturias hay más de 100.000 viviendas vacías, mientras muchas personas no pueden acceder a un alquiler o a una compra en condiciones asumibles. Esto demuestra que el problema no es solo de cantidad, sino de uso, distribución y acceso. La vivienda existe, pero una parte importante no cumple una función social efectiva. Al mismo tiempo, el mercado del alquiler se encuentra tensionado por la alta demanda, por precios cada vez más elevados y por prácticas abusivas que afectan a quienes buscan piso.
La segunda conclusión es que la vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social. Los jóvenes ven bloqueada su emancipación porque sus salarios no permiten pagar un alquiler en solitario. Las personas paradas o con empleos precarios quedan directamente fuera del mercado. Las familias con rentas bajas deben destinar una parte excesiva de sus ingresos a la vivienda, reduciendo su capacidad para afrontar alimentación, suministros, transporte o cuidados. Incluso las personas mayores pueden perder autonomía si su pensión no alcanza para vivir solas. Por tanto, el problema de la vivienda ya no afecta solo a colectivos vulnerables tradicionales, sino a una parte cada vez más amplia de la clase trabajadora.
La tercera conclusión es que la vivienda pública es claramente insuficiente. Asturias cuenta con un parque público reducido en comparación con etapas anteriores, y las listas de espera reflejan que la oferta disponible no responde a la demanda social. Si el Estado, el Principado y los ayuntamientos no garantizan un parque estable de vivienda asequible, el acceso queda en manos del mercado privado. Y cuando eso ocurre, el precio lo marca la rentabilidad, no la necesidad de vivir.
En este contexto, la política de ayuntamientos gobernados por la derecha extrema, como Gijón o la ultraderecha como el de Llanes, agravan el problema cuando centra su respuesta en el desarrollo urbanístico privado, en la promoción de nuevas construcciones de largo plazo y en una visión de la vivienda como producto de mercado. En Gijón, los proyectos del Infanzón, Peñafrancia y Rubiera Predisa suman más de 1.500 viviendas, pero no resuelven la emergencia actual. Tardarán años en ejecutarse, dependen de tramitaciones complejas y una parte relevante de la oferta se orienta a vivienda unifamiliar, promociones de alto nivel o zonas con precios elevados. Aunque se incluya vivienda protegida en algunos casos, el efecto inmediato sobre jóvenes, familias trabajadoras o personas vulnerables es limitado.
El problema de esta política de la derecha extrema y la ultraderecha, es que es suicida y negligente con él ciudadano que paga sus salarios confundiendo construir más con garantizar acceso. Construir viviendas no significa automáticamente resolver el problema si esas viviendas llegan tarde, son caras o quedan fuera del alcance de quienes más las necesitan. Una promoción de chalés o pisos de alto precio puede aumentar el número total de viviendas, pero no necesariamente mejora la vida de una persona joven que no puede pagar un alquiler, de una familia con ingresos bajos o de una persona mayor con una pensión limitada.
En municipios como Llanes, donde el peso turístico y residencial presiona el mercado, una política que no limite la conversión de viviendas en negocio ni refuerce el parque público puede expulsar progresivamente a la población local. Cuando la vivienda se orienta hacia usos turísticos, segundas residencias o rentabilidad privada, los vecinos con salarios normales compiten en desventaja frente a compradores o inversores con mayor capacidad económica. La consecuencia es la pérdida de arraigo, el encarecimiento del alquiler y la dificultad para que jóvenes y familias puedan quedarse a vivir en su propio concejo.
La cuarta noticia, sobre la política de vivienda en Santander con él PP como sicario del mercado, sirve como advertencia de lo que ocurre cuando la vivienda protegida pierde control público. Si unas viviendas concebidas para alquiler asequible acaban vendidas a un fondo privado, dejan de estar plenamente subordinadas a su función social y pasan a depender de una lógica de rentabilidad. Esto puede traducirse en no renovaciones de contratos, presión sobre los inquilinos y pérdida de seguridad residencial. El caso muestra que no basta con construir vivienda protegida: también hay que garantizar que siga siendo protegida a largo plazo.
La consecuencia social de estas políticas es muy grave. Se está formando una capa cada vez más amplia de personas bloqueadas: jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que aunque tengan empleo no pueden pagar una vivienda, parados directamente excluidos, familias que viven al límite y personas mayores que pierden independencia. Esta situación genera precariedad, retraso en los proyectos de vida, ansiedad, dependencia familiar y desigualdad territorial. La vivienda deja de ser una base de estabilidad y se convierte en una fuente permanente de inseguridad.
También hay una consecuencia económica. Cuando una familia dedica demasiado dinero al alquiler o a la hipoteca, reduce su consumo en otros ámbitos y empeora su calidad de vida. Cuando los jóvenes no pueden emanciparse, se retrasa la formación de nuevos hogares. Cuando los trabajadores no pueden vivir cerca de donde trabajan, se generan problemas de movilidad y de falta de arraigo. Y cuando los barrios se orientan a la rentabilidad inmobiliaria, se debilita la vida comunitaria.
En definitiva, las cuatro noticias publicadas en la prensa permiten afirmar que Asturias sufre un problema profundo de acceso a la vivienda que no se resolverá únicamente dejando actuar al mercado. La política basada en grandes desarrollos privados, construcción lenta y escasa intervención pública no responde a la urgencia social. Al contrario, puede consolidar un modelo en el que la vivienda se construye más como inversión que como derecho. La consecuencia es que una parte creciente de la población queda hundida por precios que no puede asumir y por una oferta pública incapaz de protegerla.
La conclusión final es que el problema de la vivienda exige una política pública mucho más fuerte: más vivienda pública, protección real del alquiler asequible, control de los abusos, movilización de vivienda vacía y prioridad para quienes necesitan vivir, no para quienes buscan rentabilidad. Sin ese cambio, Asturias seguirá viendo cómo el acceso a una vivienda digna se convierte en un privilegio y no en un derecho efectivo.
Para terminar el post quiero manifestar que después de analizar los datos y las noticias, resulta difícil sostener que el mercado, por sí solo, vaya a resolver el problema de la vivienda. Décadas de experiencia muestran que cuando el acceso a un derecho básico depende fundamentalmente de la rentabilidad privada, la consecuencia no es una vivienda más accesible, sino una vivienda más cara para quienes menos capacidad económica tienen.
La política aplicada por gobiernos municipales como los de Gijón o Llanes parte de una premisa clara: confiar en que la iniciativa privada, la promoción inmobiliaria y los grandes desarrollos urbanísticos terminarán corrigiendo los desequilibrios existentes. Sin embargo, la realidad descrita en estas noticias muestra que esa solución no llega para quienes la necesitan. Mientras se anuncian proyectos que tardarán años en ejecutarse, miles de personas continúan sin poder emanciparse, acceder a un alquiler o mantener una vivienda sin dedicar a ello una parte desproporcionada de sus ingresos.
El resultado es que la vivienda deja de cumplir una función social para convertirse cada vez más en un activo económico. Los beneficios de ese modelo se concentran en quienes poseen suelo, viviendas o capacidad de inversión, mientras que los costes recaen sobre jóvenes, trabajadores con salarios modestos, pensionistas, familias monoparentales, desempleados y amplios sectores de la clase trabajadora. Son ellos quienes soportan alquileres crecientes, listas de espera interminables para acceder a vivienda pública y una incertidumbre permanente sobre su futuro residencial.
La consecuencia más grave no es únicamente económica. Es también social y democrática. Una generación que no puede independizarse, formar una familia o construir un proyecto de vida estable es una generación a la que se le está negando una parte fundamental de su futuro. Cuando vivir en el lugar donde uno nació se convierte en un privilegio reservado a quienes tienen patrimonio o altos ingresos, la cohesión social se deteriora y aumentan las desigualdades.
Por eso, la cuestión de la vivienda no puede reducirse a un debate técnico sobre urbanismo o construcción. Es una decisión política sobre qué intereses se priorizan. Si la prioridad es la rentabilidad del mercado, los resultados serán los que muestran estas noticias: precios elevados, acceso limitado y exclusión creciente. Si la prioridad es garantizar el derecho a la vivienda, será necesario reforzar la intervención pública, ampliar de forma significativa el parque de vivienda social y asegurar que el interés general prevalezca sobre la especulación.
Los ciudadanos de Gijón y Llanes tienen derecho a valorar democráticamente las políticas de sus gobernantes. Pero también deben ser conscientes de que cada modelo político tiene consecuencias concretas como hemos visto esta legislatura. Cuando se respalda una estrategia basada principalmente en la iniciativa privada para resolver un problema que afecta a miles de personas, se está respaldando también el riesgo de que el acceso a la vivienda continúe dependiendo más de la capacidad económica de cada individuo que de la consideración de la vivienda como un derecho. Y los principales perjudicados seguirán siendo como de costumbre, quienes menos recursos tienen para defenderse de un mercado cada vez más inaccesible.
Ya lo dijo Nelson Mandela: “La pobreza no es un accidente. Como la esclavitud y el apartheid, es creada por el hombre y puede eliminarse mediante las acciones de los seres humanos.”
