La actualidad política y administrativa en Asturias está marcada por varios conflictos entre administraciones públicas, empresas y partidos políticos principalmente de la derecha extrema (Foro y PP) desnortada que tenemos en Asturias. En Colunga, la empresa que suministra electricidad al Ayuntamiento, gobernado por FORO, ha presentado una querella penal contra el alcalde, José Ángel Toyos, y varios técnicos municipales por un presunto delito de prevaricación. La compañía reclama una deuda de 2,2 millones de euros correspondiente a facturas impagadas desde el año 2024 y acusa al consistorio de haber destinado el dinero previsto para pagar la luz a otros gastos municipales. El conflicto podría derivar incluso en el corte del suministro eléctrico en los próximos meses si no se salda la deuda, mientras la empresa asegura haber intentado sin éxito una solución extrajudicial https://bit.ly/4ubZSzN
Por otro lado en el municipio de Gijón también se ha abierto un frente judicial relacionado con la gestión municipal. La entidad Humana, dedicada a la recogida selectiva de ropa usada, ha denunciado la “mala praxis” al gobierno municipal de Foro y PP tras la anulación del contrato de recogida textil que había sido adjudicado legalmente en agosto de 2025. Según la organización, la alcaldesa Carmen Moriyón impulsó fuera de plazo (aplicando el método del dedazo) un nuevo informe jurídico que llevó a desistir del proceso pese a que los informes técnicos y legales avalaban la adjudicación. Humana considera que esta decisión responde a presiones y a un posible favoritismo hacia Cáritas Koopera, y ha presentado recursos judiciales para que se restablezca la legalidad https://bit.ly/4uaBGOh
Mientras tanto también en el Ayuntamiento de Gijón, el debate político en la ciudad también se traslada al ámbito de la vivienda. El PP ha presentado alegaciones para impedir que el Gobierno del Principado declare los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla como zonas de mercado residencial tensionado. Los populares critican la falta de colaboración entre administraciones, posibles deficiencias metodológicas en los datos utilizados y la inseguridad jurídica del proceso. Además, rechazan las medidas de intervención en el mercado del alquiler propuestas por el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU), defendiendo que limitar los precios no solucionará el problema de acceso a la vivienda https://bit.ly/4rSTMmc
Vistas de cara al ciudadano, las tres noticias dibujan un patrón muy reconocible: cuando la gestión municipal falla (o se percibe que falla), el coste real lo pagan los vecinos en forma de servicios en riesgo, inseguridad jurídica, pérdida de confianza y más crispación política. Y, además, aparece otra constante: la bronca pública como sustituto de explicaciones verificables.
1) Lo que ve el ciudadano en Colunga: servicio esencial en riesgo y opacidad financiera
En el caso del suministro eléctrico, el problema no es solo “una deuda”: es el riesgo de interrupción de un servicio básico y, por tanto, el salto de la política local al terreno de lo cotidiano (alumbrado, edificios municipales, instalaciones deportivas, etc.).
Carencias que se desprenden del relato:
- Planificación presupuestaria y tesorería: dos años de facturas impagadas sugieren (como mínimo) un fallo grave de programación de pagos, previsión de gasto y control de liquidez.
- Prioridades poco justificadas: si, como afirma la empresa, se usó dinero consignado para luz en otras partidas, el ciudadano percibe “se pagó lo que convenía políticamente” (obras visibles, partidas que dan rédito político) frente a lo “invisible” (suministros).
- Transparencia insuficiente: cuando no se aclara con datos dónde está el dinero, el vacío se llena con sospechas. Y en política municipal, la sospecha es corrosiva: rompe la confianza con proveedores, con la oposición y con el propio vecindario.
- Gestión del conflicto: si la empresa asegura que intentó acuerdos y no los logró, el ciudadano interpreta falta de negociación eficaz y aumento del riesgo por bloqueo.
Resultado práctico: inseguridad (¿cortarán la luz?), coste (intereses, litigios, penalizaciones) y desgaste institucional.
2) Lo que ve el ciudadano en Gijón (contrato textil): “si ganas una licitación, ¿te la pueden tumbar?”
Aquí el impacto es más “institucional” pero muy serio: el mensaje que queda, si se confirma lo denunciado por Humana, es que las reglas del juego pueden cambiar después, especialmente si hay presión de actores con peso social que son del agrado de Moriyón y comparsas.
Carencias que se reflejan:
- Seguridad jurídica y neutralidad: cuando una adjudicación “avalada” por informes se anula después, la percepción ciudadana es: “no mandan los pliegos ni los técnicos, manda la política”.
- Gobernanza de lo público: un Ayuntamiento que parece actuar “a golpe de informe sobrevenido” da imagen de improvisación y de uso instrumental de la asesoría (aunque habría que ver el detalle completo del expediente).
- Efecto desincentivo: empresas y entidades ven más riesgo en presentarse a concursos. Eso reduce competencia y puede traducirse en peores condiciones para el Ayuntamiento (menos ofertas, precios más altos, menos innovación).
- Coste para el contribuyente: recursos, pleitos, posibles indemnizaciones y retrasos. El ciudadano lo traduce como tiempo y dinero públicos consumidos por una decisión mal cerrada.
Aquí la bronca política funciona como cortina: la disputa se convierte en “ellos contra nosotros”, mientras la pregunta ciudadana es más simple: ¿se siguieron procedimientos claros y defendibles?
3) Zonas tensionadas: cuando el debate se vuelve trinchera y el problema sigue afectando al ciudadano
En vivienda, el ciudadano suele percibir que la política discute el instrumento (zona tensionada sí/no, control de precios sí/no) pero no resuelve lo urgente: acceso a alquiler asequible, oferta suficiente, rehabilitación, vivienda pública, etc.
Carencias típicas que aparecen en el enfoque de “bronca”:
- Debate de etiquetas: se discute “intervención” vs “mercado”, pero se ofrece menos claridad sobre un plan operativo: suelo, licencias, incentivos, parque público, colaboración con propietarios, movilización de vivienda vacía.
- Uso del procedimiento como arma: alegar metodología y requisitos puede ser legítimo, pero ante el ciudadano suena a “trámite para bloquear”, sobre todo si no se acompaña de una alternativa cuantificada.
- Crispación como estrategia: convertir al adversario (Principado, IU, etc.) en el problema principal evita hablar de lo incómodo: qué ha hecho (o no) el gobierno municipal de Gijón para aumentar oferta o aliviar precios... La respuesta es obvia, nada.
La consecuencia: el vecino ve un problema real (alquileres) y una discusión política que a veces parece más pensada para marcar posición que para producir resultados.
4) El hilo conductor: gestión débil + relato agresivo = pérdida de confianza
Lo que “encadena” las tres noticias, desde una mirada crítica, es lo siguiente:
- Servicios y contratos como campo de batalla: en vez de una administración previsible, aparece un escenario de conflicto permanente (empresa vs ayuntamiento; adjudicatario vs gobierno; oposición vs gobierno).
- Instituciones tensionadas: cuando todo acaba en juzgados, el ciudadano concluye que la política no está resolviendo, está trasladando el coste al sistema judicial.
- Falta de rendición de cuentas clara: el patrón de “estamos trabajando en ello”, “facturas incorrectas”, “deficiencias metodológicas” puede ser cierto en parte, pero si no va acompañado de documentación, cronología y números, suena a excusa.
- La bronca como refugio: cuanto más duro es el relato (“presiones”, “irregularidades”, “intervencionismo”, “dedazo”), más fácil es movilizar a los tuyos… Y más difícil es explicar con serenidad qué falló y cómo se corrige.
5) ¿Qué carencias concretas atribuiría un ciudadano a “esta derecha desnortada” según estos casos?
Las carencias que se ven y observan en estos gobierno de la derecha extrema serían:
- Gestión económica poco solvente o poco explicada (Colunga): riesgo de impagos prolongados, priorización discutible, falta de transparencia inmediata.
- Debilidad en la cultura de procedimiento (Gijón–textil): decisiones percibidas como politizadas, expedientes que se vuelven frágiles y litigables.
- Estrategia más reactiva que propositiva (vivienda): mucha oposición al instrumento del rival, pero menos concreción en un paquete alternativo medible que repercuta en el vecino de Gijón.
- Comunicación de confrontación: el relato se apoya en “culpas” y “enemigos”, no en datos y soluciones; eso puede tapar errores, pero a la larga erosiona credibilidad.
6) Qué exigiría el ciudadano (y sería una buena “prueba de competencia”)
Si un gobierno municipal quiere desmontar la idea de incompetencia, lo más efectivo no es responder con bronca, sino con evidencias:
- En Colunga: plan de pagos fechado, auditoría/explicación de partidas, cronología del conflicto, medidas para evitar reincidencia.
- En Gijón–textil: publicación clara del razonamiento (qué cambió y por qué), garantías de neutralidad, impacto económico (coste del desistimiento) y calendario para relicitación sin sesgos.
- En vivienda: alternativa cuantificada (vivienda pública, incentivos, rehabilitación, movilización de vacía, agilización de licencias) con metas, plazos y presupuesto.
Si no aparece ese tipo de respuesta, el ciudadano tenderá a pensar justo lo que vengo señalando con esta derecha troglodita: que la bronca sirve para ganar tiempo y tapar una gestión que no está a la altura de lo que exige el ciudadano que paga… Mientras que muchos de los cargos que hoy están en esos gobiernos cobran lo que no ganan en la vida civil.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, más allá de discursos, excusas o enfrentamientos en los plenos, la política municipal se mide por algo muy sencillo: si los servicios funcionan, si los contratos se gestionan con limpieza y si los problemas reales de la gente se afrontan con seriedad. Cuando lo que aparece con gobiernos de Foro y PP, una y otra vez, deudas sin aclarar, contratos anulados que terminan en los tribunales y debates convertidos en trincheras ideológicas, el ciudadano percibe que la gestión ha sido sustituida por el ruido.
La política de la bronca y la trifulca permanente que hoy se ve en Gijón y en Colunga no es solo una cuestión de estilo; es el síntoma de una forma de gobernar donde la confrontación sirve para ocultar carencias de gestión. Mientras se discute, se acusa o se agita al adversario, los problemas siguen ahí: facturas que no se pagan, decisiones administrativas que generan litigios y un acceso a la vivienda que continúa sin soluciones claras.
Para el ciudadano, esta situación acaba convirtiéndose en una auténtica prueba del algodón. No hacen falta grandes análisis: basta con observar si las instituciones funcionan con rigor o si se convierten en escenarios de conflicto permanente. Cuando la política se degrada hasta ese punto, la conclusión es inevitable: quien gobierna está obligado a hacerlo con competencia, transparencia y responsabilidad.
Y cuando eso no ocurre, la democracia ofrece el único mecanismo que realmente importa: el voto. Es ahí donde los ciudadanos pueden poner fin a la política del ruido y exigir gobiernos que trabajen para resolver problemas, no para multiplicarlos como hacen Moriyón y Toyos. Porque la confianza pública no se recupera con discursos encendidos, sino con gestión seria. Y cuando esa gestión falla de forma reiterada, la ciudadanía tiene en sus manos la capacidad de enviar a quienes han demostrado su incompetencia de vuelta a la oposición.
Ya lo dijo Octavio Paz: “Un gobierno que no rinde cuentas acaba gobernando contra los ciudadanos.”
