Tras conocerse públicamente el nuevo retraso en la integración de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Posada y Llanes en la red autonómica, la situación generó una rápida reacción institucional y política en el municipio, reflejada en las informaciones publicadas por distintos medios.
El gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y PP en el Ayuntamiento de Llanes ha respondido con dureza a las explicaciones ofrecidas por la Consejería de Educación del Principado de Asturias. En un comunicado oficial, el Consistorio rechazó lo que calificó como “excusas sin fundamento” para justificar la exclusión de las escuelas infantiles de la segunda fase de integración prevista en la red autonómica. Según el Ayuntamiento, el argumento trasladado por la Consejería —el riesgo de dejar sin comedor a 90 niños durante siete meses— es “rotundamente falso” y carece de “justificación técnica ni legal”. Además, defendió que el servicio de comedor está garantizado mediante un contrato vigente hasta el 31 de julio de 2026, y aseguró haber remitido documentación con soluciones técnicas y un cronograma para licitar un nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio. El Consistorio también afirmó haber propuesto una fórmula jurídica basada en la delegación de competencias por parte del Principado para poder culminar la licitación del comedor tras la integración, una propuesta que, según denuncia, no ha recibido respuesta por parte de la Consejería https://bit.ly/47KB6Nt
Foto: Álvaro Queipo y Enrique Riestra, los dos sarcomas políticos que hoy tiene el municipio de Llanes
En la misma línea, el fascista alcalde de Llanes, Enrique Riestra, denunció públicamente que el municipio ha sufrido ya tres aplazamientos en este proceso. En declaraciones recogidas en medios locales, el regidor sostuvo que el Ayuntamiento ha cumplido con todos los requisitos administrativos exigidos y que ha presentado tanto la documentación solicitada como soluciones legales para evitar cualquier interrupción del servicio de comedor. “El Ayuntamiento está cumpliendo, hemos iniciado el procedimiento para la tramitación del servicio, hemos presentado toda la documentación y hemos ofrecido soluciones legales viables”, afirmó el alcalde, quien además solicitó una reunión urgente con la Consejería de Educación para desbloquear la situación y garantizar que la integración de las escuelas infantiles pueda hacerse efectiva el 1 de abril https://bit.ly/3PyJk52
Por su parte, el Grupo
Municipal Socialista de Llanes reaccionó cuestionando la versión ofrecida por
el equipo de gobierno local y acusó al Ayuntamiento de trasladar a las familias
una explicación que, a su juicio, no se corresponde con la realidad
administrativa del proceso. El portavoz municipal socialista y secretario
general del PSOE local, Óscar Torre, afirmó que el problema radica en
que el Ayuntamiento no ha cumplido uno de los requisitos exigidos por el
Principado para completar la integración: garantizar mediante licitación
el servicio de comedor para el próximo curso. Según Torre, desde
el mes de octubre el Gobierno autonómico solicitó la documentación necesaria,
incluido un contrato que asegurase el servicio hasta el final del curso 2026-2027,
y sostiene que en el caso de Llanes no existe una licitación iniciada que
acredite dicha garantía. “El Ayuntamiento está intentando construir un
relato que no se sostiene. La realidad es que no ha licitado el contrato del
comedor y ese era un requisito imprescindible para que la integración pudiera
realizarse en abril”, declaró el portavoz socialista. Estas
declaraciones pueden consultarse en la información
https://bit.ly/3NAOay8
Desde el PSOE de Llanes también se subraya que el Principado necesita entre 10 y 12 meses para tramitar un nuevo contrato de comedor, motivo por el cual consideran que la integración no puede llevarse a cabo sin que exista previamente una garantía administrativa de continuidad del servicio. Según el portavoz socialista, el proceso de incorporación de las escuelas infantiles municipales a la red autonómica se está desarrollando de forma progresiva en toda Asturias y debe realizarse “con garantías para los niños, las familias y los trabajadores”, evitando improvisaciones que puedan afectar a un servicio esencial.
Las diferentes reacciones reflejan así un enfrentamiento político y administrativo sobre las responsabilidades del retraso en la integración de las escuelas infantiles de Llanes, con versiones contrapuestas entre el equipo de gobierno municipal y la oposición socialista acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Principado de Asturias.
Tras conocerse el nuevo retraso en la integración de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Posada y Llanes en la red autonómica, el debate institucional entre el Ayuntamiento de Llanes y la Consejería de Educación del Principado de Asturias ha derivado en versiones contrapuestas sobre las causas del aplazamiento. Ante esta situación de conflicto administrativo, la única vía formal para dirimir quién tiene razón en términos jurídicos es la jurisdicción contencioso-administrativa.
Si el gobierno municipal considera que la Consejería de Educación está incumpliendo la normativa o retrasando de manera injustificada la integración de las escuelas infantiles, el Ayuntamiento puede acudir a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión o la inactividad de la administración autonómica. Este procedimiento permitiría que un juez analice la legalidad de las actuaciones de ambas administraciones y determine si el Principado está obligado a ejecutar la integración en las condiciones que reclama el Consistorio.
El primer paso sería formalizar un requerimiento previo entre administraciones, un trámite habitual cuando existe un conflicto competencial entre una administración local y una autonómica. A través de este requerimiento, el Ayuntamiento podría solicitar formalmente a la Consejería que cumpla con la integración de las escuelas infantiles o que responda de forma motivada a las propuestas presentadas por el Consistorio. Si la administración autonómica no respondiera o mantuviera su negativa en base a los argumentos que esgrime, el Ayuntamiento podría interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En ese recurso, el gobierno municipal tendría la oportunidad de aportar toda la documentación que afirma haber presentado: el contrato vigente del servicio de comedor hasta el 31 de julio de 2026, el cronograma de licitación del nuevo contrato, la propuesta jurídica de delegación de competencias para culminar la licitación y el informe de intervención municipal sobre la compensación económica. Con esta documentación, el Ayuntamiento podría sostener que ha cumplido los requisitos administrativos necesarios y que no existe un riesgo real de interrupción del servicio.
Al mismo tiempo, el Consistorio podría solicitar al tribunal medidas cautelares para los 90 niños afectados de Llanes con el fin de evitar perjuicios a las familias y a los menores mientras se resuelve el procedimiento. Entre esas medidas podría plantearse la suspensión del retraso de la integración o la adopción de una solución transitoria que garantice la continuidad del servicio educativo y del comedor escolar para los aproximadamente 90 niños y niñas afectados.
La vía contencioso-administrativa permitiría así trasladar el conflicto desde el ámbito político al judicial, donde un órgano independiente evaluaría los argumentos de ambas partes y determinaría si la Consejería de Educación ha actuado conforme a la ley o si, por el contrario, debe ejecutar la integración de las escuelas infantiles en las condiciones reclamadas por el Ayuntamiento de Llanes. Mientras tanto, el objetivo central de cualquier actuación administrativa o judicial debería ser garantizar la estabilidad del servicio y la protección del interés de los menores y de sus familias.
La pregunta que muchos vecinos de Llanes pueden hacerse en este momento es clara: si el gobierno municipal sostiene con tanta firmeza que la Consejería de Educación está actuando de forma incorrecta, ¿va a recurrir realmente a un contencioso-administrativo frente a la administración autonómica para defender sus argumentos y exigir la integración de las escuelas infantiles y la protección del servicio para los 90 niños afectados? Esa sería, en términos institucionales, la vía lógica cuando una administración considera que otra está incumpliendo la ley o actuando de forma injustificada.
Sin embargo, la duda surge precisamente porque hasta ahora el conflicto se ha desarrollado principalmente en el terreno de las declaraciones públicas y del enfrentamiento político. Si el equipo de gobierno municipal mantiene que dispone de contratos, cronogramas de licitación y soluciones jurídicas suficientes para garantizar el comedor y permitir la integración de las escuelinas, la forma de acreditar esa posición de manera definitiva sería acudir a los tribunales para que un juez determine si la decisión de la Consejería es correcta o si, por el contrario, debe ejecutarse la integración en las condiciones que reclama el Ayuntamiento.
Desde una perspectiva crítica con la actuación del gobierno municipal, algunos vecinos como el que escribe este post sostengo que ese paso difícilmente se dará. Para ello argumento, que durante los últimos años el Ayuntamiento ha mostrado una actitud muy combativa cuando el conflicto se produce con particulares o con ciudadanos, pero no la misma determinación cuando el enfrentamiento se plantea frente a una administración de mayor rango. Según esa visión, la estrategia consistiría más en trasladar el debate al plano político y mediático —tratando de imponer un relato sobre la responsabilidad del retraso— que en dirimir el fondo del asunto en el ámbito judicial.
En ese contexto se interpretó también la visita realizada a Llanes por la diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, Gloria Fernández, vinculada al área educativa. Su presencia hay que leerla como un gesto de respaldo político al equipo de gobierno municipal tras la polémica generada por el retraso en la integración de las escuelas infantiles por una concejal del PP, Aurora Aguilar. Desde esa misma lectura crítica se sostiene que este tipo de gestos buscan reforzar la posición política del gobierno local en el debate público, mientras continúa abierta la discusión sobre quién tiene realmente la responsabilidad administrativa del retraso.
En cualquier caso, más allá del enfrentamiento político, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: determinar si se han cumplido o no los requisitos necesarios para la integración de las escuelas infantiles en la red autonómica y garantizar la continuidad de los servicios para las familias. Si el Ayuntamiento considera que dispone de los argumentos jurídicos suficientes para demostrar que ha actuado correctamente, la vía del contencioso-administrativo sigue siendo el mecanismo institucional previsto para resolver un conflicto entre administraciones y aclarar definitivamente la situación.
Para terminar el post quiero manifestar que el jabalí parado que hoy ocupa la alcaldía de Llanes, Enrique Riestra Rozas y sus “mariachis” de concejales en el gobierno municipal, son lo que vemos con la gestión efectuada con las escuelas de 0-3 años, incompetentes que han encontrado en la política un refugio para cobrar lo que ni en sus mejores sueños podrían cobrar en la vida civil. La postura del gobierno municipal se ve respaldada por una plaga de “politicuchos” del PP de Oviedo encabezados por Álvaro Queipo, que como argumento para justificar las tropelías de sus compañeros de Llanes, se bajan los pantalones y nos enseñan el culo a los llaniscos… Es lo que hoy representan, la mediocridad con traje ("se creen mierda y no llegan a pedo").
Ya lo dijo Montesquieu: “Cuando el poder sustituye a la justicia por el relato, la verdad termina en los tribunales.”
