El 26 de junio se publicaban en los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Llanes anunció la licitación de un nuevo servicio de conservación, mantenimiento y pequeñas reparaciones para los centros educativos públicos del concejo. El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más, y contará con un presupuesto base de 80.000 euros anuales más IVA. Según la Concejalía de Educación, dirigida por la concejal del PP, Aurora Aguilar, el objetivo es aliviar la carga de trabajo de la brigada municipal de obras y disponer de un equipo dedicado exclusivamente a los colegios, muchos de ellos con décadas de antigüedad y carencias acumuladas tras 15 años de gobierno de la ultraderecha en el Consistorio llanisco. La medida ha sido presentada como una forma de mejorar la rapidez de respuesta ante incidencias cotidianas y garantizar instalaciones más seguras, cuidadas y funcionales para alumnos, docentes y familias, tal y como recogen Cope Ribadesella y La Nueva España.
En paralelo, Aurora Aguilar también ha criticado al Gobierno del Principado de Asturias por lo que considera una falta de coherencia en la supervisión de los centros destinados a la infancia. La concejala ha comparado la situación denunciada en el centro de menores Los Pilares, donde representantes de los trabajadores alertaron de temperaturas superiores a los 39 grados en dependencias ocupadas por bebés y niños de corta edad, con el cierre en enero de 2024 del proyecto municipal de El Rinconín, en Llanes.
Sin embargo, en este punto conviene recordar que El Rinconín no fue un simple proyecto de conciliación frustrado por una decisión política, como pretende presentar la edil, sino una iniciativa impulsada por el gobierno municipal ultra llanisco sin contar con las autorizaciones y garantías exigibles para prestar un servicio de esas características, en una materia cuya competencia corresponde al Gobierno del Principado. Aguilar sostiene ahora que el Principado actuó con rapidez y contundencia contra el proyecto llanisco, mientras que en centros dependientes de la Administración autonómica se acumulan quejas sin una respuesta equivalente. La edil afirma que el cierre de El Rinconín respondió más a criterios políticos que al interés de las familias, y ha pedido explicaciones al Ejecutivo autonómico, como recoge la noticia publicada en este enlace
Dice la concejal Aurora Aguilar que los criterios con los que actúa el Gobierno del Principado son políticos, como si acabara de descubrir el funcionamiento elemental de una administración pública. La pregunta casi se responde sola: ¿dónde vive esta mujer?, ¿en un club eclesial, en una asociación de buenas intenciones o en un ayuntamiento gobernado por fuerzas políticas? Porque de los gobiernos, sean municipales, autonómicos o estatales, emanan decisiones políticas. Eso no es una anomalía, ni una conspiración, ni una revelación escandalosa: es la base misma del sistema institucional.
Lo llamativo no es que el Principado actúe con criterios políticos, sino que una concejala pretenda utilizar esa frase como si fuera una acusación demoledora, cuando ella misma forma parte de un gobierno municipal que también decide, prioriza, contrata, licita, clausura, impulsa proyectos y reparte responsabilidades desde una posición política. Todo gobierno actúa políticamente, lo que sucede es que el de Llanes lo hace desde criterios sectarios y de maleje puro. La cuestión seria no es esa, sino si lo hace dentro de la legalidad, con competencia para ello, con garantías suficientes y con responsabilidad pública.
Por eso resulta tan burlesco escuchar esa queja cuando se habla de El Rinconín. Aguilar intenta presentar el cierre del proyecto como una persecución política contra Llanes, pero evita el punto esencial: si el servicio no contaba con las autorizaciones necesarias y entraba en una materia cuya competencia correspondía al Principado, el debate no puede reducirse a una pataleta sobre agravios. No basta con envolver una iniciativa en palabras amables como conciliación, familias o interés general para convertirla automáticamente en legal, viable y correcta.
La concejala parece sorprenderse de que las administraciones tengan criterios, competencias y capacidad de intervención, como si el Ayuntamiento pudiera actuar por libre y después escandalizarse cuando otra administración ejerce sus funciones. Esa forma de razonar convierte la política en un teatro infantil: cuando decide el gobierno municipal, es compromiso con las familias; cuando decide el Principado, son criterios políticos. Una vara de medir bastante cómoda, pero poco seria.
En el fondo, la crítica de Aguilar suena menos a defensa rigurosa de un servicio público y más a intento de tapar con ruido político lo que debería explicarse con papeles, permisos y competencias. Porque si el proyecto estaba bien planteado, lo lógico sería demostrarlo con hechos. Y si no lo estaba, lo honesto sería reconocerlo. Lo demás es convertir una decisión administrativa en victimismo municipal al que nos tienen demasiado acostumbrados para ocultar su incompetencia, como si Llanes estuviera por encima de las normas que rigen para cualquier administración.
Y todo esto sucede después de que esta semana hayamos conocido por los medios de comunicación que la vivienda vuelve a aparecer como uno de los grandes problemas sociales y económicos del país. Según la tercera edición del informe Viaje del Comprador, elaborado por Sigma Dos para Culmia, el 82% de la población española sigue considerando que comprar una vivienda es la opción residencial que mejor encaja con su futuro. Sin embargo, esa aspiración choca cada vez más con la realidad económica de los hogares: el 63% de los encuestados afirma que su presupuesto máximo para adquirir una vivienda no superaría los 200.000 euros. En concreto, un 20% prevé gastar menos de 100.000 euros y un 43% se sitúa entre los 100.000 y los 200.000 euros, mientras que el precio medio de las compraventas cerradas en los últimos doce meses supera ya los 220.000 euros, según los datos recogidos en la información publicada en este enlace.
El informe refleja una contradicción evidente: la propiedad mantiene una enorme fuerza cultural y económica en España, pero una parte mayoritaria de la demanda se mueve en precios cada vez más difíciles de encontrar, sobre todo en las grandes áreas urbanas. El precio es el factor más determinante a la hora de buscar vivienda, con una valoración de 4,6 sobre 5, y el 73% de los encuestados señala los elevados precios de compra como el principal obstáculo para acceder a una casa. A ello se suma que el 62% considera que la oferta disponible en el mercado no se ajusta a sus posibilidades económicas, un porcentaje que ha aumentado respecto a la anterior edición del estudio.
La situación golpea con especial fuerza a los jóvenes. El 56,9% de la población se ha planteado acceder a una vivienda asequible o con algún tipo de ayuda pública, pero entre los más jóvenes ese porcentaje sube hasta el 73%. El problema no se limita al precio final de la vivienda, sino también a la entrada, al ahorro previo y a la financiación. De hecho, entre las personas de 26 a 34 años, un 34,2% señala la falta de capacidad de ahorro como uno de los principales obstáculos viendo la politica salarial que hoy existe en nuestro país con la complicidad de unos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO que viven en el reino de Narnia subvencionados. Desde Culmia se defiende que la solución no puede centrarse únicamente en el alquiler y que es necesario volver a promover vivienda protegida en compraventa, además de aumentar el suelo disponible para construir. Esta medida en municipios como Llanes o Gijón es el cantar del mío Cid, en estos municipios, la coalición de la derecha extrema de Gijon (Foro Asturias, PP y tránsfuga) y en Llanes la coalición de la ultraderecha (VecinosxLlanes y PP) están a todo menos a lo que tiene que estar como nos muestra la concejal Aurora Aguilar.
En Asturias, el problema de la vivienda también se refleja en el gasto diario de los hogares. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el gasto medio por hogar en la comunidad alcanzó en 2025 los 31.381 euros, prácticamente igual que el año anterior. Sin embargo, la partida destinada a vivienda, agua, luz y gas absorbió ya el 32,02% del gasto total, superando por primera vez los 10.000 euros anuales por hogar. Esta presión está directamente vinculada al encarecimiento de los alquileres, que subieron más del 7% durante el pasado año, según recoge la información publicada en este enlace.
El aumento del gasto en vivienda está obligando a los hogares asturianos a recortar en otras partidas. Aunque el consumo en restaurantes y cafeterías creció ligeramente, descendió con fuerza el gasto en alojamientos, paquetes turísticos y transporte aéreo. En la práctica, los hogares destinan más dinero a sostener su vivienda y menos a vacaciones y ocio. Tras la vivienda, los mayores gastos de las familias asturianas se concentran en alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y alojamiento, transporte, cultura, vestido, sanidad y seguros.
Fuente: LNE
En conjunto, ambas noticias nos muestran una misma realidad: la vivienda se ha convertido en un cuello de botella para una parte cada vez mayor de la sociedad. Por un lado, la mayoría de los españoles sigue queriendo comprar, pero no puede asumir los precios actuales del mercado. Por otro, en Asturias el coste de vivir en una casa, ya sea por alquiler, suministros o gastos asociados, consume una parte creciente del presupuesto familiar. La consecuencia es clara: menos capacidad de ahorro, menos margen para otros gastos y una brecha cada vez mayor entre el deseo de acceder a una vivienda y la posibilidad real de hacerlo.
El problema del municipio de Llanes ya no es solo la incompetencia de su gobierno municipal ultra; es la normalización de una política de la nada. Una política sin proyecto, sin horizonte, sin gestión reconocible y sin capacidad para anticiparse a los problemas reales del concejo. Durante más de once años se ha ido consolidando una forma de gobernar basada en el ruido, la excusa y la confrontación permanente, mientras los grandes asuntos siguen pudriéndose en la mesa: vivienda, servicios públicos, mantenimiento, conciliación, infraestructuras y futuro para los jóvenes.
Lo de Llanes no es una mala racha administrativa. Es un modelo agotado. Un modelo que tapa su vacío con declaraciones grandilocuentes, que convierte cada fracaso en una supuesta persecución externa y que utiliza cualquier conflicto con otra administración para esconder su propia incapacidad. Cuando no hay resultados, fabrican enemigos. Cuando no hay gestión, venden victimismo. Cuando no hay proyecto, levantan humo. Y cuando la realidad les estalla delante, aparecen concejales como Aurora Aguilar intentando dar lecciones de coherencia institucional desde un gobierno que lleva años acreditando precisamente lo contrario.
La política de la nada consiste en eso: en hacer como que se gobierna mientras se administra la decadencia. En anunciar contratos como si fueran grandes hazañas después de años de abandono. En hablar de conciliación mientras se improvisan proyectos sin el armazón administrativo necesario. En señalar al Prin cipado mientras el Ayuntamiento no demuestra capacidad para ordenar sus propias prioridades. En llenar titulares, pero dejar vacíos los hechos.
Llanes no necesita más cuentos, ni más señuelos, ni más relatos de trinchera para consumo propio. Necesita un gobierno que sepa gobernar. Y eso, a estas alturas, parece pedir demasiado a quienes han convertido el Ayuntamiento en una máquina de excusas. Pero también conviene decirlo con claridad: este gobierno municipal sobrevive demasiado cómodo porque enfrente tiene una oposición de baja latencia, lenta en la reacción, escasa en contundencia y muchas veces incapaz de convertir los errores del gobierno en una fiscalización política eficaz. Porque después de más de una década, la coartada se ha terminado. Ya no vale culpar siempre a otros. Ya no vale esconderse detrás de la propaganda. Ya no vale confundir bronca con gestión. Y tampoco vale una oposición que llega tarde, habla bajo y permite que la política de la nada siga marcando el paso del concejo.
La conclusión es tan simple como demoledora: Llanes padece un gobierno municipal ultra que ha hecho de la nada una forma de poder. Nada en vivienda, nada en planificación, nada en soluciones estructurales, nada en autocrítica y demasiado en ruido, soberbia y victimismo. Y cuando un gobierno vive de la nada, quienes pagan la factura son siempre los mismos: los vecinos.
Como escribió Antonio Gramsci: “La indiferencia es el peso muerto de la historia”.
