EL PRECIO DE VIVIR EN LLANES: IRSE

 

Hoy se publica en la prensa regional la noticia donde se informa que OTEA, la patronal asturiana de hostelería y turismo, hace un balance positivo de la Semana Santa, con una ocupación algo mejor que la de 2025, pero subraya que ese buen resultado no se está traduciendo con la misma fuerza en beneficios. Javier Martínez explica que los márgenes se están estrechando por una combinación de factores: unas previsiones meteorológicas inicialmente malas que provocaron cancelaciones, el problema de los no show —reservas que finalmente no se materializaron y que afectaron a cerca de la mitad de los establecimientos, un 49%—, la falta de personal cualificado y el aumento continuado de los costes de explotación. La idea central del artículo es que, tras una campaña buena en afluencia, aflora un problema estructural que ya condiciona el funcionamiento del sector. 

El foco principal del problema está en la dificultad para alojar a los trabajadores de la hostelería, sobre todo en las zonas más turísticas del oriente asturiano. el El encarecimiento de la vivienda, asociado al auge del turismo, está dificultando que los empleados puedan encontrar alojamiento, especialmente quienes se desplazan como refuerzo en temporada alta. Fernando Corral, vicepresidente de OTEA, afirma que es un problema “de difícil solución” y precisa que la situación se vuelve especialmente grave en julio y agosto, cuando la vivienda disponible para trabajadores en esa zona es “muy escasa, por no decir casi nula”. Esto agrava la falta de personal justo en un sector que sigue creciendo y abriendo más negocios.

Según OTEA, en diciembre había unas 37.000 personas ocupadas en el sector turístico asturiano y que su actividad afecta indirectamente a casi 50.000 familias. En ese contexto de crecimiento, la patronal calcula que harían falta unos 3.000 trabajadores para cubrir las necesidades del conjunto del sector en Asturias. OTEA relaciona esa presión laboral con la necesidad de una mayor rotación de plantillas para adaptarse a las normas de horarios y descansos pactadas en convenios anteriores.

Para reforzar este diagnóstico, la noticia incorpora datos del mercado del alquiler. En febrero, el precio medio en Asturias se situó en 10,4 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 8%. También se registraron subidas en las principales ciudades: en Oviedo, un 10%, hasta los 11 euros por metro cuadrado; en Gijón, un 8,1%, hasta los 11,1 euros; y en Avilés, un 11,3%, hasta los 9,1 euros. A escala nacional, el alquiler medio aumentó un 7,8% interanual, hasta alcanzar los 15 euros por metro cuadrado. A partir de estos datos, la noticia presenta la escasez de vivienda como un factor estructural que dificulta la contratación en la hostelería asturiana, especialmente durante la temporada alta y en las zonas con mayor afluencia turística como por ejemplo Llanes https://bit.ly/4sYyUup

Desde que el “personaje”, Enrique Riestra Rozas y su partido VecinosxLlanes,  llegó a la alcaldía en el año 2015, el problema de la vivienda no solo no se ha resuelto, sino que se ha consolidado como uno de los grandes fracasos políticos del gobierno municipal. No se trata de una dificultad sobrevenida ni de una coyuntura pasajera, sino de una crisis estructural que han sido incapaces de resolver, después de más de una década de mandato, sigue sin una respuesta eficaz. Llanes es hoy un concejo en el que resulta cada vez más difícil vivir de manera estable, trabajar todo el año o siquiera encontrar alojamiento temporal en condiciones razonables. Y eso no es una abstracción: afecta de forma directa a trabajadores de la hostelería, a personal sanitario y educativo, a jóvenes que quieren emanciparse y a familias que no pueden competir con la presión del mercado turístico.

El problema es especialmente grave porque se produce en un municipio cuya economía depende en gran medida del sector terciario, donde el turismo está dentro del sector servicios que representa el 85% del tejido productivo llanisco. La hostelería necesita mano de obra estacional y también personal estable, pero esa contratación choca de frente con una realidad cada vez más dura: no hay vivienda accesible. En los meses de verano, encontrar alojamiento en Llanes se convierte en una tarea casi imposible para muchos trabajadores desplazados. El resultado es evidente: faltan empleados no solo porque no haya candidatos, sino porque quienes podrían trabajar en el concejo no tienen dónde vivir. La vivienda, por tanto, ha dejado de ser un asunto colateral para convertirse en un cuello de botella central del modelo económico local.

Lo más grave es que esta situación, es que este problema no puede despacharse como una simple herencia recibida del pasado, como de costumbre nos tiene el gobierno municipal de la ultraderecha de Vecinos y PP, a los vecinos que residimos en el municipio. Es cierto que Llanes arrastraba problemas urbanísticos desde antes de 2015, con gobiernos socialistas los cuales vieron tumbados su planes urbanísticos (PGOU) por manifiestas irregularidades como pusieron de manifiesto los tribunales de justicia. pero precisamente por eso cabía esperar que, tras tantos años en el gobierno, el ejecutivo municipal hubiera sido capaz de ofrecer una salida a los llaniscos. No ha ocurrido. El nuevo PGOU, presentado como la gran herramienta para ordenar el crecimiento y desbloquear suelo residencial, sigue pendiente de aprobación tras años de retrasos, trámites incompletos y advertencias de la administración autonómica. Es decir, la principal palanca con la que el Ayuntamiento dice querer afrontar el problema continúa atascada después de una década. Y mientras el plan no llega, la realidad avanza: el alquiler sube, la oferta residencial se reduce y la expulsión silenciosa de los llaniscos sigue su curso.

A ello se suma una contradicción política difícil de disimular. El propio gobierno municipal ha terminado reconociendo, de hecho, que la proliferación de viviendas turísticas estaba tensionando de forma insostenible el mercado residencial. Pero curiosamente fueron ellos, los que sembraron de minas el mercado de alquiler en Llanes al permitir la barra libre de viviendas turísticas hasta proporciones inasumibles como vemos ahora con cualquier ciudadano que pretenda alquilar una vivienda en Llanes. Después de causar el problema, el gobierno impulsó la suspensión de nuevas licencias en determinadas zonas y abrió la vía de una regulación más restrictiva. Pero esa reacción llega tarde y revela algo de fondo: durante años se permitió que el crecimiento del uso turístico de la vivienda avanzara sin que existiera una alternativa pública o protegida suficientemente sólida para equilibrar el mercado. Se intentó contener el síntoma cuando el problema ya estaba plenamente instalado.

En este punto es donde el balance político del gobierno de los partidos, VecinosxLlanes secundados por los palmeros del PP, resulta más contundente. Después de diez años al frente del Ayuntamiento, Llanes sigue sin una promoción pública de vivienda que marque un antes y un después en el concejo. Sigue hablándose de reservas de suelo, de convenios antiguos, de cesiones posibles y de planes futuros, pero no de viviendas efectivamente construidas y puestas a disposición de quienes las necesitan. En un municipio sometido a una fuerte presión turística y especulativa, esa falta de resultados no puede presentarse como una simple demora administrativa: es una muestra clara de ineficacia política.

La consecuencia es que Llanes se encamina hacia un modelo profundamente desequilibrado: un concejo atractivo para el visitante, rentable para determinados usos turísticos, pero cada vez más hostil para la vida cotidiana de quienes trabajan y residen en él. Ese es el núcleo del problema. Cuando un municipio no puede alojar a sus trabajadores, no facilita el arraigo de su población joven y no pone en marcha una política pública de vivienda a la altura del desafío, lo que está fallando no es solo el mercado, sino también el gobierno local. Y en Llanes, tras más de una década de gestión municipal, ese fracaso ya no puede presentarse como provisional ni como inevitable… Es el resultado de políticas nocivas y perniciosas para los llaniscos desde la ultraderecha.

Lo que ocurre en Llanes con la vivienda no es una anomalía pasajera ni una simple incomodidad del mercado inmobiliario: es uno de los mayores fracasos políticos de  gestión municipal dentro de Asturias. Después de más de diez años con el mismo gobierno al frente del Ayuntamiento, el gobierno municipal no ha sido capaz de garantizar una base mínima de vivienda asequible para quienes quieren vivir y trabajar en él. Y esa incapacidad ya no puede maquillarse con excusas técnicas, con promesas ligadas al futuro PGOU o con referencias abstractas a la complejidad del problema. El balance real es otro: Llanes sigue sin resolver la cuestión de la vivienda y, mientras tanto, sus efectos se extienden sobre toda la vida del municipio.

Foto: Enrique Riestra Rozas un alcalde "quemado" politicamente que ha sumido a Llanes en la mayor de la ignomias

La primera consecuencia es demoledora porque afecta al corazón mismo del concejo: la población. Llanes tiene hoy menos habitantes que en el año 2015. Es decir, un municipio con atractivo económico, turístico y territorial no está consiguiendo consolidar vecinos, sino perdiéndolos. Eso revela una contradicción de fondo: Llanes puede ser cada vez más valioso como destino, pero al mismo tiempo cada vez más difícil como lugar para residir de forma estable. Cuando la vivienda habitual se reduce, se encarece o queda desplazada por otros usos más rentables, el municipio deja de fijar población. Los jóvenes no se emancipan, las familias no se asientan, los trabajadores no se quedan y la población envejece o se estanca. Un concejo que no puede ofrecer vivienda a quienes lo sostienen acaba vaciándose por dentro, aunque por fuera siga proyectando una imagen de prosperidad.

La segunda consecuencia afecta de lleno al empleo y desmonta una de las grandes debilidades del modelo local. Llanes vive en buena medida del turismo y de la hostelería, pero no puede asegurar alojamiento para buena parte de la gente que necesita para mantener en pie ese mismo sector. Esa contradicción es devastadora. No se trata solo de que falten trabajadores; se trata de que muchos de ellos no pueden instalarse en el municipio porque, sencillamente, no tienen dónde vivir. Así, la vivienda deja de ser un asunto privado y se convierte en un obstáculo económico de primer orden. Dificulta las contrataciones, limita la actividad de los negocios, reduce la capacidad operativa en temporada alta y empuja a muchos trabajadores a buscar alternativas fuera del concejo. El resultado es un modelo turístico que genera riqueza, sí, pero que al mismo tiempo erosiona las condiciones materiales que permitirían sostenerlo de manera equilibrada.

La tercera derivada es igual de grave y muchas veces menos visible: el deterioro potencial de los servicios públicos y de la vida cotidiana. Un municipio que pierde población residente y que, además, hace cada vez más difícil la permanencia de trabajadores y profesionales, se vuelve más frágil en su funcionamiento ordinario. La vivienda condiciona la posibilidad de atraer y retener personal en ámbitos esenciales, y también debilita el tejido social que da continuidad a un pueblo o a una villa más allá de la temporada turística. Cuando el acceso a la vivienda se convierte en una carrera imposible, el municipio no solo expulsa vecinos: también se vuelve menos habitable, menos equilibrado y más vulnerable.

A todo eso se suma una cuestión fiscal que agrava aún más el problema. Según FADE y el IEE, Llanes soporta una de las mayores presiones fiscales de Asturias. Si esa carga se reparte en un municipio que no crece en población, sino que pierde habitantes respecto a 2015, la consecuencia es evidente: el peso del sostenimiento municipal recae sobre una base residencial más estrecha. Eso genera una doble tensión. Por un lado, vivir en Llanes resulta difícil por la falta de vivienda. Por otro, tampoco se hace más atractivo desde el punto de vista del coste de residencia. La combinación de vivienda inaccesible, retroceso demográfico y elevada presión fiscal no fortalece al concejo: lo debilita como espacio de vida estable.

En el fondo, lo que ha sucedido en Llanes es que se ha permitido consolidar un modelo profundamente desequilibrado. El valor turístico ha avanzado con mucha más fuerza que el derecho efectivo a residir. Se ha protegido mucho mejor la rentabilidad del destino que la estabilidad de la población. Se ha llegado al punto en que el municipio funciona cada vez mejor para pasar unos días, pero cada vez peor para desarrollar un proyecto de vida. Y esa es la verdadera dimensión del problema: la vivienda no está condicionando solo el mercado inmobiliario, sino el empleo, la demografía, la cohesión social, la prestación de servicios y la sostenibilidad futura del concejo.

Por eso, hablar hoy de vivienda en Llanes no es hablar de un asunto sectorial, sino de un síntoma claro de un modelo político que está agotado como es el que VecinosxLlanes y PP han implantado durante 11 años en el municipio. La realidad no deja lugar a demasiadas interpretaciones: el problema no se ha resuelto, sus efectos son cada vez más amplios y el municipio sigue pagando un coste demasiado elevado por no haber afrontado a tiempo una de sus cuestiones más decisivas para el futuro de Llanes.

Para terminar el post quiero manifestar, que el epílogo de esta situación no puede ser más duro: en Llanes, la vivienda se ha convertido en la prueba más visible de un fracaso político prolongado de VecinosxLlanes y PP. Después de más de una década de gobierno municipal, el concejo sigue sin una respuesta seria, suficiente y eficaz para un problema que afecta al empleo, a la población, a los servicios y a la propia viabilidad de la vida cotidiana. Lo más grave es que, a estas alturas, ya no cabe presentar esta crisis como una dificultad heredada, como una contingencia del mercado o como una consecuencia inevitable del tirón turístico. Cuando un problema se enquista durante tantos años, deja de ser una excusa y pasa a ser un balance. Y el balance en Llanes es inequívoco: la vivienda no se ha protegido, no se ha reforzado el parque residencial y no se ha garantizado una alternativa pública capaz de corregir el desequilibrio.

Pero si preocupante ha sido la incapacidad del gobierno municipal para afrontar esta cuestión con la dimensión que requería, no menos decepcionante ha sido la debilidad de una oposición socialista que, durante demasiado tiempo, no ha estado a la altura de la gravedad del problema. Frente a una cuestión que exigía constancia, contundencia, vigilancia política y presión institucional sostenida, la respuesta ha sido demasiado a menudo superficial, intermitente y estéril. Ha faltado una oposición capaz de convertir la vivienda en el gran eje de confrontación política del municipio, de incomodar de verdad al gobierno, de tensar todos los resortes legales e institucionales disponibles y de sostener una ofensiva firme, continuada y creíble. En lugar de eso, la sensación que ha quedado es la de una oposición más cómoda en el gesto que en el desgaste, más pendiente de la imagen que de la eficacia, más dada a la escenificación que a la presión real.

Y eso también tiene consecuencias. Porque cuando el gobierno falla y la oposición no aprieta, el problema se cronifica. Cuando unos administran mal y otros no fiscalizan con la intensidad necesaria, quien pierde es el municipio. En Llanes, esa combinación ha resultado letal para el derecho a vivir, trabajar y permanecer. El resultado es un concejo cada vez más tensionado, más caro y más desequilibrado, donde la vivienda ha dejado de ser un derecho accesible para convertirse en un privilegio cada vez más difícil de alcanzar. Y ese deterioro no es solo responsabilidad de quien gobierna sin resolver, sino también de quien, pudiendo haber dado una batalla política mucho más firme, ha preferido demasiadas veces instalarse en la foto, en la performance y en una comodidad opositora incapaz de alterar el rumbo de los acontecimientos.

En definitiva, la crisis de la vivienda en Llanes retrata a todo un ciclo político. Retrata a un gobierno de, VecinosxLlanes y PP, incapaz de resolver uno de los problemas centrales del concejo y retrata también a una oposición que no ha sabido o no ha querido ejercer toda la presión que la situación exigía. Entre unos y otros la “mataron”, mientras el municipio ha ido perdiendo tiempo, equilibrio y oportunidades. Y mientras tanto, los llaniscos han seguido pagando el precio.

Como advirtió Pierre-Joseph Proudhon, “la propiedad es un robo” cuando el beneficio privado termina expulsando a los vecinos de su propio municipio.

 

LLANES: MULTAS DE 500 EUROS Y NI UNA SOLUCIÓN DIGNA PARA LAS AUTOCARAVANAS

 

Hoy leíamos en la prensa la noticia donde se nos informaba que un conductor fue sancionado con 500 euros por dejar su caravana estacionada junto a la playa de San Antolín, en Llanes. Según explica el artículo, el afectado sostuvo que no estaba acampado, sino simplemente aparcado durante unas horas, en una zona donde había más vehículos. Aun así, la sanción se produjo en un contexto en el que el gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y PP, mantiene una política especialmente estricta con este tipo de vehículos para evitar abusos y la proliferación de autocaravanas en áreas muy turísticas. El texto también recuerda que, aunque la normativa general permite a las caravanas y autocaravanas aparcar donde pueda hacerlo cualquier otro vehículo, las ordenanzas municipales pueden imponer restricciones concretas, especialmente en zonas sensibles como los alrededores de playas. Por eso, en la noticia se subraya la importancia de consultar la regulación local antes de viajar para evitar situaciones como esta El Debate

 


La noticia en el diario El Debate explica que un conductor difundió en redes que había recibido una multa de 500 euros por dejar su caravana junto a la playa de San Antolín, en Llanes, durante unas horas. El caso se presenta como un ejemplo de la dureza con la que el municipio asturiano viene aplicando el control sobre caravanas y autocaravanas en zonas muy turísticas. Lo publicado en internet permite completar ese contexto. La DGT ha reiterado en su instrucción de marzo de este año 2026 que, con carácter general, las autocaravanas pueden parar y estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, pero también precisa que deben respetar la normativa y la señalización municipal allí donde exista. Esa misma instrucción añade que estacionar no es acampar cuando el vehículo no rebasa su perímetro ni despliega elementos al exterior, de modo que la diferencia entre una situación y otra sigue siendo clave https://bit.ly/4vjiQ8k

En el caso concreto de Llanes, el Ayuntamiento ya había anunciado en noviembre del año 2025 una regulación más estricta: la ampliación de la zona azul y su integración con el servicio municipal para autocaravanas, con la previsión de un área de servicio y pernocta de 86 plazas de pago y dos zonas de estacionamiento diurno gratuito. En esa información municipal se advertía además de que estacionar autocaravanas o vehículos vivienda fuera de las zonas habilitadas sería considerado una infracción muy grave https://bit.ly/4bUk16r

Según lo publicado por el propio Ayuntamiento y los medios que reprodujeron el anuncio municipal, la ordenanza de Llanes sobre caravanas, autocaravanas y vehículos vivienda viene a decir, en lo esencial, lo siguiente: se crean espacios específicos para este tipo de vehículos, con un área de servicio y pernocta de 86 plazas de pago y dos zonas de estacionamiento diurno gratuito; fuera de esas zonas, queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos.

A ordenanza municipal del municipio de Llanes establece que permanecer en las zonas habilitadas fuera del horario permitido se considera igualmente incumplimiento de la norma. Tanto aparcar fuera de las áreas autorizadas como exceder el horario en las zonas habilitadas se califica, según lo difundido, como infracción muy grave, con sanción de 500 euros.

En cuanto a las tarifas del área habilitada, el Ayuntamiento anunció 15 euros al día con servicio de agua y vaciado, y 20 euros al día con servicios completos, es decir, agua y electricidad.

Además, la normativa municipal se presenta como una medida para ordenar el estacionamiento y la pernocta, evitar la dispersión de autocaravanas y compatibilizar esa actividad con la protección del entorno, la movilidad y la convivencia vecinal. El Ayuntamiento anunció también la creación de una patrulla específica de la Policía Municipal para vigilar y sancionar estos incumplimientos.

Hay además una ordenanza municipal anterior de Llanes, aprobada definitivamente en 2020, que ya regulaba el estacionamiento y pernocta de caravanas y vehículos vivienda en el concejo. En los extractos localizados de ese texto se recoge que el incumplimiento de la prohibición de acampada libre en la zona reservada para autocaravanas es sancionable, y que las infracciones muy graves pueden alcanzar hasta 500 euros.

El balance de lo hecho en Llanes por el gobierno municipal fascista de, Vecinos y PP, sobre el estacionamiento de autocaravanas desde el año 2015 que están gobernando es esto en materia de autocaravanas: el primer hito verificable de ese periodo es del año 2016, el gobierno municipal llevó a información pública el estudio de implantación del área de aparcamiento y servicios de La Talá, ya ejecutada, después de que un informe de Ordenación del Territorio de 15 de enero de 2016 concluyera que esos terrenos debían clasificarse como suelo no urbanizable, lo que obligó a regularizar urbanísticamente la instalación. Es decir, el gobierno municipal no partió de cero, sino que abrió un área específica, pero tuvo que encajarla después en la legalidad urbanística mediante ese estudio de implantación https://bit.ly/4ceQjbj

El segundo paso fue la ordenanza del año a2020. El Ayuntamiento aprobó definitivamente en septiembre del año 2020 la modificación de la ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de caravanas y vehículos vivienda. Esa norma ya tenía un enfoque restrictivo: regular el uso de las zonas delimitadas, garantizar la rotación del aparcamiento y reforzar la prohibición de la acampada libre. Ese mismo año la Policía Local informó de denuncias a autocaravanas mal estacionadas en playas como Cobijeru, Buelna o La Portilla, lo que muestra que la política municipal no se limitó a crear un área, sino que combinó habilitación de espacio específico con vigilancia y sanción en el litoral https://bit.ly/4c8FB66  


 Foto: el alacalde filonazi del Ayuntamiento de Llanes: Enrique Riestra Rozas

En el año 2022 el propio gobierno municipal trasladó al presidente del Principado que entre las presiones ligadas al fuerte carácter turístico del concejo estaban “las problemáticas asociadas a las viviendas turísticas y las autocaravanas”. Eso acredita que el asunto seguía sin resolverse con el marco existente https://bit.ly/4v8n6Hr

El giro más duro llegó en el año 2025. El Ayuntamiento anunció una nueva ordenanza de la ORA y estacionamiento que integra también a autocaravanas y vehículos vivienda, prevé un área de servicio y pernocta de 86 plazas de pago y dos zonas de estacionamiento diurno gratuito, y prohíbe expresamente estacionar esos vehículos fuera de los espacios habilitados. La infracción por aparcar fuera de esas zonas, o por permanecer fuera del horario en las habilitadas, se tipifica como muy grave y se sanciona con 500 euros; además, el Ayuntamiento anunció una patrulla específica de Policía Municipal para vigilar y sancionar. En términos de balance, la trayectoria desde el año 2015 que llegó el gobierno fascista hasta hoy no ha sido la de abrir una red amplia y flexible de estacionamiento, sino la de concentrar la pernocta y el estacionamiento en espacios tasados, de pago o limitados, y endurecer el control fuera de ellos (básicamente lo hecho desde el gobierno municipal se reduce al hecho de recaudar vía sanciones, pese a no haber los estacionamientos necesarios que hoy necesita los autocaravanistas en Llanes).

Sobre el PGOU que en estos momentos está en tramitación,  lo único que conocemos los llaniscos es La referencia recogida en el acta del pleno ordinario de 4 de julio del año 2025. En ese pleno, a una pregunta sobre si el equipo de gobierno tenía prevista “la reserva de este tipo de suelo dotacional en el nuevo PGOU” en materia de caravanas y dónde estaría ubicada, el alcalde fascista, Enrique Riestra Rozas,  respondió que el nuevo Plan General estaba en exposición pública y añadió literalmente que “se va a hacer 11 plazas más de autocaravanas con una subvención conseguida”. Lo cual nos ofrece una cifra total de plazas con las ya vigentes de 97 plazas.

El 18 de enero de este año se publicaba en un diario regional una noticia donde se comunicaba que Villaviciosa contará con una nueva área de autocaravanas en tránsito con capacidad para 50 vehículos en el nuevo PGOU que está en tramitación, estará situada dentro del camping de Rodiles, en una finca de unos 10.000 metros cuadrados. Según lo publicado, el proyecto prevé una inversión aproximada de 50.000 euros y nace con la idea de reforzar la oferta del concejo para este tipo de turismo, sumándose al área ya existente en El Salín (8 plazas) o las propias instalaciones que ya existen en playas como, Rodiles o España, que dispone de servicios básicos para autocaravanas dentro del ámbito privado La Nueva España (que diferencia de gobierno municipal al del fascista que hoy está gobernando en Llanes) https://bit.ly/4caSEUE

Para terminar el post quiero manifestar que lo que ha hecho el gobierno municipal de Llanes en materia de autocaravanas no puede presentarse ya como una política de ordenación seria, porque el balance real que deja es el de una administración que ha convertido un problema de planificación en un mecanismo de castigo. Durante años no ha construido una respuesta suficiente, proporcionada y acorde con la presión turística del concejo, pero sí ha levantado un régimen restrictivo y agresivo en el que lo más visible, lo más eficaz y lo más inmediato no es la creación de recursos, sino la multa. Y cuando lo que más crece no son las plazas disponibles ni las soluciones públicas, sino el miedo a una sanción de 500 euros, lo que queda al descubierto del gobierno fascista de Vecinos y PP no es una estrategia de convivencia, sino una política de expulsión encubierta.

Porque aquí no se ha consolidado una red adecuada para atender a quienes visitan Llanes en autocaravana; lo que se ha consolidado es un modelo de cerrojazo. Un modelo en el que se limita, se prohíbe, se amenaza y se sanciona con una dureza completamente desproporcionada, mientras la oferta sigue sin estar a la altura de la realidad. Esa es la verdad material del problema: el Ayuntamiento no ha resuelto la necesidad, pero sí ha perfeccionado el castigo. No ha garantizado una acogida digna, pero sí ha dejado claro que quien no encaje en los estrechos márgenes de su ordenanza se expone a una penalización escandalosa.

Y eso tiene un nombre político muy claro: gobernar desde la comodidad de la sanción en lugar de hacerlo desde la responsabilidad de la planificación. Es mucho más fácil multar que prever, mucho más fácil enviar a la policía que habilitar suelo, mucho más fácil endurecer una ordenanza que asumir que un concejo turístico como Llanes necesita infraestructuras suficientes para una realidad que existe desde hace años. El resultado final es una imagen profundamente hostil: la de un municipio que parece considerar al autocaravanista no como un visitante al que ordenar con inteligencia, sino como una fuente de ingresos y un objetivo preferente de control.

Por eso, el verdadero balance de este gobierno municipal en esta materia es demoledor. No ha resuelto el problema, no ha equilibrado usos, no ha acompañado el crecimiento de este tipo de turismo con una red bastante de espacios públicos y no ha ofrecido una alternativa proporcional al nivel de restricción impuesto. Lo que sí ha hecho es consolidar un sistema en el que demasiada gente que llega a Llanes se encuentra antes con la amenaza de una sanción que con una solución. Y cuando una administración ofrece menos hospitalidad que castigo, menos planificación que prohibición y menos servicios que recaudación, deja de ordenar el territorio para empezar, sencillamente, a exprimirlo.

Ya lo dijo Montesquieu: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.”

 


 

EL PRECIO DE VIVIR EN LLANES: IRSE

  Hoy se publica en la prensa regional la noticia donde se informa que OTEA, la patronal asturiana de hostelería y turismo, hace un balanc...