Hoy podemos leer en la prensa una serie de noticias que nos muestran de forma nítida la catadura moral que tienen algunos políticos en nuestra comunidad. La plataforma ciudadana contra la privatización del agua en Siero critica el gasto de dinero público en informes que, según aseguran, ya existen en el Ayuntamiento, como el estudio sobre el estado de la red de agua elaborado dentro del documento de prioridades del PGOU paralizado por el alcalde Ángel García, “Cepi”. El colectivo sostiene que estos estudios se utilizan para justificar la privatización del servicio en lugar de invertir en mejorar la red municipal y garantizar una gestión pública. Además, recuerdan que el propio Ayuntamiento ya disponía desde el año 2016 de información sobre la necesidad de infraestructuras como el depósito de Cubasil, con capacidad para 20.000 metros cúbicos y una inversión estimada de 6,7 millones de euros, destinado a asegurar el suministro a La Pola. También denuncian que el PSOE de Siero manipula los datos para presentar la privatización como única solución y defienden que la prioridad debería ser reparar las redes de agua y saneamiento. La plataforma mantiene su campaña de información y recogida de firmas para frenar el proceso de privatización https://bit.ly/4d8XZ0B
Por otro lado, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, denunció durante una visita a una ganadería de Tineo que en los últimos tres años han muerto mil animales por ataques de lobo en el concejo y solo se ha abatido uno, lo que considera una muestra del abandono del medio rural y del fracaso del plan del lobo. El presidente popular anunció que su partido presentará una iniciativa en la Junta General para reactivar de inmediato el plan, reforzar las ayudas a la prevención de daños y revisar las compensaciones económicas por ataques de fauna. Según Queipo, la sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del plan no impide que se sigan abatiendo lobos en determinadas circunstancias, como daños reiterados o problemas de seguridad, por lo que acusa al Principado de utilizar la resolución judicial como excusa para no actuar. El PP reclama que se vuelva a aprobar el plan y que se utilicen los “recovecos” legales disponibles para controlar la población de lobos y reducir los daños a la ganadería https://bit.ly/4uh0LXU
Finalmente, el Consorcio de Aguas de Asturias invertirá cuatro millones de euros en el mantenimiento de la red de saneamiento de Villaviciosa y del sistema Colunga-Caravia. El contrato incluye la explotación de dos depuradoras, 22 estaciones de bombeo, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y una red de colectores de 36 kilómetros. La EDAR de Villaviciosa está diseñada para tratar los vertidos de una población equivalente de 17.892 habitantes, con sistemas de pretratamiento, tratamiento biológico con eliminación de nitrógeno, reutilización de agua para riego y lavados industriales, línea de fangos con deshidratación, sistema de desodorización y estanque de tormentas. Los servicios contemplan el funcionamiento integral de las instalaciones, control de procesos, gestión de residuos, conservación de equipos y asistencia técnica para cumplir con los parámetros ambientales exigidos por la legislación https://bit.ly/4rUMlee
Lo primero que quiero recordar es que el actual alcalde de Siero, realizó estudios sobre el estado del estado del abastecimiento de agua en Siero durante la primera etapa de gobierno inmediatamente al llegar a la alcaldía en el año 2015. En el marco de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio se encargaron informes técnicos sobre las infraestructuras de servicios, entre ellas el abastecimiento de agua y el saneamiento. Uno de esos trabajos fue un estudio sobre las infraestructuras de servicios del municipio de Siero, que analizaba redes de abastecimiento, saneamiento y otras infraestructuras básicas para el Ayuntamiento https://bit.ly/4rlFjhR
El “Estudio sobre las infraestructuras de servicios y red viaria estructurante del municipio de Siero”, analizaba redes de abastecimiento de agua, saneamiento y otras infraestructuras municipales en el contexto de la revisión del PGOU, fue adjudicado por el Ayuntamiento de Siero el 21 de noviembre de 2016 y el contrato se formalizó el 24 de noviembre de 2016 con la empresa adjudicataria. Por tanto, el estudio se sitúa en el marco de los trabajos técnicos para la revisión del Plan General Municipal iniciados durante el mandato de Ángel García “Cepi”, que había accedido a la alcaldía en 2015. El contrato tenía como objeto la elaboración de ese estudio de infraestructuras y la documentación necesaria para la evaluación ambiental del nuevo planeamiento urbanístico
Foto: Ángel González, el "trumpista" de pandereta al frente de la alcaldía de Siero
Por tanto, los informes encargados por el alcalde de Siero en el marco del proceso de privatización del servicio de suministro de agua no pueden justificar cuestiones que el propio gobierno municipal ya conocía, dado que existen estudios sobre el estado de las infraestructuras —incluidas las redes de abastecimiento de agua y saneamiento— elaborados desde el año 2016 https://bit.ly/4udkeso El alcalde “trumpista” de Siero en lugar de abrir un proceso de participación que permita a los vecinos de Siero expresar su opinión sobre una posible privatización del servicio, una medida que además no figuraba en el programa electoral del PSOE de Siero, ha optado por seguir adelante con su planteamiento sin un debate ciudadano amplio. Esta forma de proceder, basada en decisiones unilaterales y en la confrontación con quienes discrepan, ha generado críticas entre distintos sectores sociales del concejo. Al mismo tiempo, hay que reprochar y reprobar a la dirección de la FSA su escasa implicación en una cuestión que muchos consideran que afecta directamente a sus derechos como vecinos de Siero, especialmente al tratarse de una decisión que no fue comunicada durante la campaña electoral. Este alcalde cada día que pasa se puede ver de forma más nítida que de socialista tiene lo que yo de cardenal, es un vividor de la política que intenta aplicar fuera de la empresa CAPSA (como presidente del comité de empresa) lo que probablemente allí tenía, impunidad para saltarse los derechos a los que representaba.
Con respecto a la segunda noticia el planteamiento del sicario Queipo hay que decir que ha suscitado críticas desde distintos sectores que consideran que centrar el debate en aumentar las indemnizaciones o en facilitar el control letal del lobo no resuelve el problema de fondo. En otros países europeos como Suiza, existen modelos de gestión que combinan la conservación del lobo con la actividad ganadera mediante medidas preventivas más sistemáticas, como el uso de mastines, cercados eléctricos, vigilancia del ganado o planes de coexistencia financiados por la administración. El modelo suizo suele citarse como ejemplo de un sistema basado en prevención, compensación y gestión regulada de la especie dentro del marco legal europeo.
La cuestión jurídica es relevante porque el lobo está protegido por la normativa europea, en particular por la Directiva Hábitats (92/43/CEE), que establece que las especies incluidas en sus anexos deben mantenerse en un estado de conservación favorable. La directiva no permite la eliminación indiscriminada de ejemplares. Solo contempla excepciones muy concretas —por ejemplo, cuando existan daños graves al ganado o riesgos para la seguridad— y siempre que no exista otra solución satisfactoria y que la medida no perjudique el estado de conservación de la especie. Por tanto, cualquier control de población debe estar justificado, ser selectivo y cumplir condiciones estrictas.
En ese marco, cuando se plantea aprovechar “recovecos” legales para aumentar los controles letales, el debate gira precisamente en torno a si esa interpretación es compatible con el espíritu y los límites establecidos por la normativa europea. Las administraciones públicas deben aplicar la legislación vigente y justificar técnicamente cualquier actuación sobre una especie protegida. Las decisiones sobre gestión de fauna salvaje corresponden a las autoridades competentes y se adoptan mediante planes y resoluciones administrativas, no mediante actuaciones individuales de responsables políticos o particulares.
Por ello, el debate sobre el lobo en Asturias suele situarse entre dos enfoques: por un lado, quienes defienden reforzar las medidas de prevención y coexistencia dentro del marco europeo de conservación; y por otro, quienes consideran necesario ampliar los mecanismos de control para reducir los daños a la ganadería. En cualquier caso, la normativa europea no contempla la eliminación indiscriminada de lobos como solución general al problema, sino que establece un sistema de gestión basado en excepciones justificadas y en la búsqueda de equilibrio entre conservación y actividad ganadera.
Cuando un responsable político como Queipo afirma públicamente que pretende aprovechar los “recovecos” de la ley para abordar un problema, el mensaje que transmite a la sociedad es problemático desde el punto de vista institucional. La expresión sugiere que la norma no se concibe como un marco que debe cumplirse con rigor y respeto a su finalidad, sino como un obstáculo que puede rodearse buscando interpretaciones interesadas o excepciones. En el caso de la gestión del lobo, además, se trata de una materia regulada por normativa europea y estatal muy precisa, que establece límites claros y exige justificaciones técnicas estrictas para cualquier actuación excepcional sobre una especie protegida.
Cuando un político presenta la excepción como una vía principal de actuación, en lugar de plantear soluciones estructurales dentro del marco legal ordinario, está trasladando una forma de hacer política basada en la instrumentalización de la norma. La excepción, por definición, está pensada para situaciones muy concretas y justificadas; convertirla en estrategia habitual supone desvirtuar el sentido de la legislación. Este tipo de discurso puede generar la impresión de que las leyes son meros instrumentos flexibles que pueden forzarse según convenga políticamente, algo que erosiona la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
Además, cuando el debate público se formula en términos de “buscar resquicios” para actuar, se desplaza la discusión desde el terreno de las políticas públicas eficaces hacia el terreno de la confrontación política. En lugar de discutir medidas preventivas, modelos de gestión o estrategias que hayan demostrado funcionar en otros países, el foco se pone en cómo sortear los límites legales existentes. Esa lógica no contribuye a resolver problemas complejos como el conflicto entre la conservación de la fauna salvaje y la actividad ganadera, que requieren planificación, inversión, consenso social y rigor técnico.
Por otra parte, la responsabilidad de un cargo público no consiste en insinuar que la ley puede ser bordeada, sino en explicar con claridad qué permite la normativa y qué no, y en promover, si se considera necesario, cambios legislativos a través de los procedimientos democráticos correspondientes. Cuando un dirigente político opta por basar su discurso en la búsqueda de “recovecos”, está sustituyendo el debate legislativo y la responsabilidad institucional por una retórica que puede resultar eficaz en términos políticos inmediatos, pero que empobrece la calidad del debate público y debilita la cultura de respeto a la legalidad. Por otro lado hay que decir que los asturianos esto es lo que pueden esperar de esta derecha extrema salvaje que hoy tenemos en Asturias con el PP o Foro… Barro y fango envuelto en celofán adornado con un buen envoltorio de bulos y engaños.
Por último la tercera noticia nos remite a un municipio del tamaño de Llanes en población que ve como año tras año avanza en su desarrollo con inversiones propias y en colaboración con otras administraciones en el desarrollo de sus infraestructuras. La coordinación institucional y la planificación de inversiones permiten mejorar servicios esenciales como el saneamiento y la depuración, elementos clave para la protección ambiental y la calidad de vida de la población.
Al mismo tiempo, el debate político en otros municipios del oriente asturiano se ha centrado en la comparación entre distintos modelos de gestión municipal. En este contexto hay que señalar, que cuando el alcalde fascista de Llanes, Enrique Riestra, accedió a la alcaldía de Llanes en mayo de 2015 y el actual alcalde asumía el gobierno municipal en Villaviciosa, ambos concejos tenían poblaciones muy similares, con una diferencia reducida entre ellas. Con el paso de los años, sin embargo, la evolución demográfica ha sido distinta y actualmente Villaviciosa cuenta con una población superior a la de Llanes, con una ventaja aproximada de unos 1.400 habitantes según los últimos datos del padrón municipal. Llanes tiene menos población hoy que hace casi once años de la llegada de dicho alcalde.
Foto: el "broncas" alcalde de Llanes, un mantenido sin oficio ni beneficio en la vida civil
La comparación entre ambos concejos debe servir para valorar en el debate público los resultados de las políticas municipales, especialmente en lo relativo a la capacidad de atraer población, impulsar inversiones y desarrollar infraestructuras que favorezcan el crecimiento y la actividad económica. El caso de Llanes resulta paradigmático: un municipio instalado con frecuencia en la confrontación política mientras sus obligaciones con los vecinos están claramente definidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 25 establece las competencias municipales en materias esenciales para la vida cotidiana. Sin embargo, mientras se destinan recursos a proyectos como teatros, campos de golf o eventos festivos, persisten carencias en servicios básicos como: suministro de agua, el saneamiento o la atención a las personas mayores dependientes. Para muchos vecinos, esta situación refleja un modelo de gestión que prioriza determinados proyectos frente a necesidades fundamentales de los vecinos del municipio, al tiempo que los responsables políticos de la ultraderecha de Vecinos y PP perciben retribuciones con cargo al erario público que difícilmente obtendrían en sus actividades profesionales fuera de la política.
Para terminar el post quiero manifestar que las noticias que se suceden en Asturias dibujan un panorama preocupante sobre la forma en que algunos responsables públicos entienden la política y la gestión de lo que es de todos. En unos casos se impulsan decisiones de enorme trascendencia, como la posible privatización de un servicio básico, sin un debate ciudadano previo y pese a existir estudios técnicos que ya advertían desde hace años de las carencias estructurales de las infraestructuras. En otros, se banaliza el cumplimiento de la ley presentando como estrategia política la búsqueda de “recovecos” para forzar interpretaciones que permitan justificar medidas que chocan con el marco normativo europeo. Y, al mismo tiempo, en determinados municipios como Llanes se constata cómo la confrontación permanente sustituye a la gestión, mientras servicios básicos siguen esperando soluciones.
Los hechos son tozudos y no necesitan adornos. Cuando las decisiones públicas se toman de espaldas a la ciudadanía, cuando se utilizan argumentos que ignoran informes previos o cuando se plantea abiertamente bordear el espíritu de la ley para imponer determinadas políticas, lo que se pone en cuestión no es solo una decisión concreta, sino la calidad misma de la vida democrática. La política deja entonces de ser un instrumento para resolver problemas colectivos y pasa a convertirse en un espacio de imposición, propaganda o confrontación permanente.
En Asturias se repite un patrón que atraviesa siglas distintas: dirigentes que gobiernan como si la administración fuese un patrimonio propio, partidos que callan cuando deberían exigir explicaciones y discursos que apelan constantemente al enfrentamiento mientras se descuidan las obligaciones más elementales de la gestión pública. Cuando esto ocurre, los ciudadanos dejan de percibir a las instituciones como herramientas al servicio del interés general y comienzan a verlas como espacios ocupados por intereses partidistas o personales.
La política democrática exige exactamente lo contrario: transparencia, respeto a la ley, planificación seria y rendición de cuentas. Cuando esas bases se sustituyen por decisiones opacas, discursos simplistas o estrategias de confrontación, los hechos terminan desmintiendo cualquier relato construido para justificarlas. Y en ese punto la ciudadanía tiene derecho a exigir algo muy sencillo pero esencial: que quienes administran los recursos públicos gobiernen con responsabilidad, con respeto a la legalidad y con la obligación permanente de responder ante los vecinos a los que dicen representar.
Ya lo dijo Edward R. Murrow: “Una nación de ovejas acaba engendrando un gobierno de lobos.”
