PP y Foro Asturias sellan su colaboración para las generales y consolidan su acercamiento político
Foro Asturias apoyará al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque no concurrirá a los comicios ni con una candidatura propia ni en coalición con los populares. El acuerdo, alcanzado entre las direcciones de ambas formaciones y anunciado mediante un comunicado conjunto, supone un nuevo paso en el acercamiento político que PP y Foro vienen desarrollando desde hace meses. Ambas organizaciones justifican su entendimiento en la existencia de una «plena sintonía en la defensa de los intereses de Asturias», después de las conversaciones mantenidas entre sus responsables y de que la presidenta de Foro, “la lideresa de los descamisados” Carmen Moriyón, trasladase directamente al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, una serie de reivindicaciones relacionadas con las principales necesidades de Gijón y del conjunto del Principado. El respaldo electoral de Foro queda así vinculado a los compromisos asumidos por los populares, aunque el documento difundido no concreta medidas, calendarios de ejecución ni dotaciones presupuestarias,(o sea un brindis al sol).
Foto: Núñez Feijóo y Carmen Moriyón, dos tahures de la política mas ruin de Asturias
El entendimiento se cerró durante la mañana del sábado, después de una conversación telefónica entre Carmen Moriyón y Alberto Núñez Feijóo en la que la dirigente asturianista expuso las prioridades que su formación considera fundamentales para Asturias. El Partido Popular asumió compromisos en materia de vivienda, transporte e infraestructuras, así como en el ámbito económico y fiscal, con especial atención a la actividad empresarial, los emprendedores y los trabajadores autónomos. Según recoge el comunicado conjunto, los populares se comprometen a impulsar «políticas que eliminen trabas, reduzcan cargas impositivas, que propicien la actividad de emprendedores y autónomos e impulsen el dinamismo de Asturias y de España». Se trata de una declaración de objetivos generales que, al menos en la información facilitada públicamente, no aparece acompañada de actuaciones específicas ni de compromisos presupuestarios que permitan determinar su alcance práctico.
Entre las reivindicaciones que Foro Asturias había situado en el centro de sus planteamientos políticos figuran la mejora de las infraestructuras ferroviarias, las conexiones con la Meseta, el desarrollo del Plan de Vías de Gijón, la ejecución del Vial de Jove y la supresión del peaje del Huerna, cuestiones que afectan tanto a la movilidad como a la actividad económica del Principado. Estas demandas forman parte de las prioridades defendidas por la formación regionalista, aunque conviene distinguirlas de los compromisos expresamente recogidos en el comunicado conjunto, que se refiere de manera general a vivienda, transporte e infraestructuras sin detallar individualmente cada proyecto. El acuerdo permite a Foro justificar su respaldo al PP sobre la base de una coincidencia política en esas materias, pero no acredita por sí mismo que exista un compromiso específico de ejecución de cada una de las actuaciones reivindicadas (pero como Foro está en liquidación y derribo, la “lideresa” se agarra a un clavo ardiendo).
El acuerdo no contempla una candidatura conjunta al Congreso de los Diputados, a diferencia de lo sucedido en cuatro convocatorias electorales anteriores. PP y Foro compartieron listas en Asturias en las elecciones generales de diciembre de 2015, junio de 2016, abril de 2019 y noviembre de ese mismo año, una fórmula que permitió a la formación asturianista obtener representación en la Cámara baja. En esta ocasión, sin embargo, Foro ha optado por no presentar candidatura propia y pedir el voto para los populares, sin formalizar una coalición electoral. Una decisión que también admite una lectura en términos de conveniencia política: evitar los costes económicos y organizativos de una campaña nacional y concentrar los esfuerzos en conservar sus posiciones institucionales en Asturias. En ese escenario, Carmen Moriyón tiene ante sí el objetivo de mantener la Alcaldía de Gijón, mientras que Adrián Pumares afronta el reto de conservar su representación en la Junta General del Principado. La defensa de los intereses de Asturias es el argumento oficial del acuerdo, pero resulta legítimo preguntarse hasta qué punto responde también al interés de sus dirigentes por preservar sus actuales cuotas de poder. Una estrategia que, vista desde esa perspectiva crítica, recuerda más a un ejercicio de supervivencia política que a un proyecto compartido de transformación de Asturias. La decisión se ha conocido, además, cuando ya había concluido el plazo legal para registrar coaliciones electorales, aunque esa posibilidad tampoco se había planteado en las conversaciones actuales. Foro no concurrió a las últimas elecciones generales y carece actualmente de representación en el Congreso, una circunstancia que diferencia sustancialmente este escenario de las anteriores experiencias de colaboración electoral. Al final, el entendimiento permite a Foro respaldar al PP en Madrid sin comprometer una candidatura propia y mantener intacto su principal campo de batalla político: el poder municipal en Gijón y su presencia en el Parlamento asturiano.
La decisión de apoyar al Partido Popular también se produce en un momento relevante para la organización interna de Foro Asturias. La formación había aplazado hasta enero de 2027 la celebración de su VI Congreso autonómico para evitar que coincidiese con la campaña de las elecciones generales. La cita congresual está prevista para el próximo 30 de enero y Carmen Moriyón tiene intención de presentarse a la reelección como presidenta. De esta manera, Foro afrontará primero la convocatoria electoral nacional, en la que respaldará expresamente a Feijóo, y posteriormente celebrará su congreso para renovar sus órganos de dirección y abordar su situación política y organizativa de liquidación absoluta.
Un acercamiento que comenzó en el Parlamento asturiano
El respaldo de Foro al Partido Popular en las elecciones generales constituye un nuevo capítulo de la aproximación entre ambas formaciones, que dio un paso significativo en marzo de 2025 con la firma de un acuerdo de colaboración parlamentaria en la Junta General del Principado. Sin embargo, para comprender este acercamiento conviene recordar la trayectoria política reciente del secretario general de Foro, Adrián Pumares, quien durante 2023 y 2024 mantuvo una disposición al entendimiento con el PSOE de Adrián Barbón, participando en acuerdos y negociaciones parlamentarias con los socialistas. El posterior acercamiento al PP representa, por tanto, un cambio significativo en la estrategia de alianzas de Foro, que pasó de negociar con el Gobierno autonómico socialista a establecer una cooperación estable con los populares. Una evolución que plantea interrogantes legítimos sobre los criterios políticos que determinan esos cambios y sobre el peso que tienen las expectativas electorales y la conservación de la representación institucional en las decisiones de la formación regionalista. El entendimiento con el PP estuvo favorecido por la relación entre su presidente autonómico, Álvaro Queipo, y el propio Pumares, ambos diputados en la Cámara asturiana, y permitió establecer un marco de colaboración entre dos partidos que durante años habían mantenido importantes diferencias. La cuestión de fondo es qué prioridades concretas justificaron el cambio de interlocutor político y qué resultados obtuvo Asturias de los acuerdos alcanzados en cada etapa. La cooperación parlamentaria iniciada en marzo de 2025 contribuyó a normalizar las relaciones entre PP y Foro y abrió conversaciones sobre posibles alianzas para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, aunque hasta ahora no existe un acuerdo electoral formal para esa convocatoria.
La evolución de estas relaciones adquiere especial significado por los antecedentes históricos de ambas formaciones. Foro Asturias nació en 2011 como una escisión del Partido Popular impulsada por Francisco Álvarez-Cascos, después de las discrepancias surgidas en el seno del PP asturiano. Desde entonces, ambas organizaciones han competido por una parte del mismo electorado y han alternado etapas de colaboración con otras de enfrentamiento político. Las candidaturas conjuntas presentadas a las elecciones generales entre 2015 y 2019 demostraron que era posible alcanzar acuerdos electorales, aunque esa cooperación no eliminó las diferencias existentes en otros ámbitos institucionales y territoriales. El pacto parlamentario de marzo de 2025 marcó un nuevo punto de encuentro, al que ahora se añade el respaldo explícito de Foro a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo.
El acercamiento entre PP y Foro se desarrolla, además, con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, aunque el comunicado conjunto sobre las generales no establece ningún compromiso formal de coalición electoral para esa convocatoria. Esta distinción resulta fundamental para comprender el verdadero alcance del acuerdo anunciado. El respaldo a Alberto Núñez Feijóo confirma la colaboración entre ambas formaciones ante las elecciones nacionales, pero no significa que hayan decidido concurrir conjuntamente a los próximos comicios autonómicos y municipales. Las conversaciones sobre esa posibilidad continúan pendientes de concreción, en un escenario marcado por los desafíos electorales y organizativos que afronta Foro Asturias. La formación que preside Carmen Moriyón deberá decidir hasta qué punto está dispuesta a sacrificar su autonomía política para garantizar su continuidad institucional, mientras su secretario general, Adrián Pumares, afronta el reto de conservar su representación en la Junta General del Principado. Desde esta perspectiva, una eventual alianza con el PP podría responder tanto a coincidencias programáticas como a necesidades de supervivencia electoral, aunque todavía no existen elementos suficientes para darla por inevitable. La gran incógnita es si Foro pretende mantener un proyecto político propio o si terminará subordinando su identidad a una alianza con el partido del que nació en 2011. La respuesta dependerá de las negociaciones y de las decisiones que adopten los órganos competentes de ambas organizaciones.
Uno de los principales escenarios de ese eventual entendimiento será Gijón, donde Foro mantiene una posición institucional destacada con la “lideresa” Moriyón al frente del Ayuntamiento. La posibilidad de una candidatura conjunta entre PP y Foro plantea cuestiones relacionadas con el liderazgo, la composición de las listas y la autonomía política de cada organización. Una eventual alianza municipal tendría que conciliar la voluntad de Foro de preservar su identidad propia con las aspiraciones del Partido Popular de mantener su protagonismo político. Aunque una candidatura encabezada por Moriyón aparece como una posibilidad en el escenario gijonés, no existe en las informaciones conocidas un acuerdo formal que permita dar por cerrada esa fórmula, aunque tampoco hay que descartarla a estos mercenarios de la moqueta. La situación también presenta particularidades en otros concejos asturianos, como Colunga, donde Foro gobierna el Ayuntamiento y mantiene una relación complicada con el PP local, lo que evidencia que cualquier entendimiento municipal deberá tener en cuenta las circunstancias políticas de cada territorio.
Los compromisos recogidos en el comunicado conjunto
El comunicado emitido por ambas organizaciones constituye la base del acuerdo electoral anunciado. PP y Foro fundamentan su colaboración en la defensa de los intereses de Asturias y en la coincidencia sobre las necesidades de la comunidad en materia de vivienda, transporte, infraestructuras y actividad económica. El documento recoge expresamente la voluntad del Partido Popular de impulsar «políticas que eliminen trabas, reduzcan cargas impositivas, que propicien la actividad de emprendedores y autónomos e impulsen el dinamismo de Asturias y de España». A partir de estos compromisos, Foro confirma su apoyo electoral a los populares, sin incorporarse a sus candidaturas ni formalizar una coalición.
La declaración conjunta concluye con una manifestación de continuidad en las relaciones políticas entre las dos organizaciones: «Ambas formaciones reafirman así su voluntad de colaboración, aunando sus fuerzas para defender los intereses de Asturias y dar respuesta a las demandas de los asturianos». Esta formulación expresa la intención de mantener la cooperación más allá del acuerdo alcanzado para las elecciones generales, aunque no establece fórmulas concretas de colaboración futura ni determina cómo se articularían posibles pactos electorales en otras convocatorias.
El alcance del acuerdo debe situarse, por tanto, en los términos expresamente anunciados por sus protagonistas. Foro Asturias no se presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre y pedirá el voto para el Partido Popular, que, por su parte, ha asumido compromisos políticos generales sobre determinadas reivindicaciones de interés para el Principado. El entendimiento consolida la relación de cooperación que ambas formaciones mantienen durante la actual legislatura y se suma a los acuerdos parlamentarios y a las iniciativas compartidas en asuntos relacionados con las infraestructuras y la financiación. Sin embargo, ni el comunicado concreta actuaciones verificables para desarrollar los compromisos adquiridos ni establece una alianza electoral para mayo de 2027, dos cuestiones que permanecen fuera del contenido formal del pacto anunciado.
De esta forma, PP y Foro afrontan las elecciones generales desde una posición de colaboración política, después de una trayectoria marcada tanto por la competencia electoral como por anteriores experiencias de cooperación. El acuerdo despeja la posición de Foro ante el 29-N, refuerza su relación con los populares y deja abierta, sin resolverla, la cuestión de una posible alianza para las elecciones autonómicas y municipales de 2027. La celebración del congreso de Foro en enero y la evolución de las conversaciones entre las direcciones de ambos partidos serán los siguientes hitos de un proceso cuyo único compromiso electoral confirmado hasta ahora es el respaldo de la formación asturianista al Partido Popular en las próximas elecciones generales.
Información relacionada: La primera información periodística recoge los antecedentes de las candidaturas conjuntas, el acuerdo parlamentario de 2025 y las conversaciones sobre las elecciones de 2027. La segunda amplía los detalles del contacto entre Moriyón y Feijóo, las reivindicaciones de Foro y la convocatoria de su VI Congreso. Fuentes originales: https://tinyurl.com/sxs38mes y https://tinyurl.com/3kunjn6b.
Lo que resulta difícil de ignorar es que el acercamiento al Partido Popular coincide con la necesidad de Foro Asturias de asegurar su continuidad política e institucional. Carmen Moriyón afronta el desafío de conservar la Alcaldía de Gijón, mientras Adrián Pumares tiene por delante la defensa de su escaño en la Junta General del Principado. En ese contexto, el acuerdo con el PP puede interpretarse como la búsqueda de un salvavidas electoral para una formación cuya autonomía política podría quedar cada vez más condicionada por su antiguo partido de origen. La paradoja es evidente: Foro, que nació como una escisión del Partido Popular para defender un proyecto diferenciado, vuelve a aproximarse a sus antiguos compañeros mientras mantiene abiertas las negociaciones sobre su futuro electoral. La cuestión es hasta dónde estarán dispuestos a ceder Moriyón y Pumares en la identidad y autonomía de Foro para conservar sus actuales posiciones institucionales. Porque una cosa es alcanzar acuerdos políticos sobre proyectos concretos y otra muy distinta convertir la supervivencia electoral en el principal argumento de una alianza. Si la defensa de los intereses de Asturias constituye realmente la razón de este entendimiento, sus dirigentes tendrán que demostrarlo con compromisos verificables y resultados, no únicamente con declaraciones de buena voluntad.
En cuanto a las promesas que Alberto Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa y que Carmen Moriyón ha acogido con tanto entusiasmo, hasta el punto de presentar el acuerdo con el Partido Popular como un gran compromiso con Asturias, conviene hacer un ejercicio de memoria política. Porque envolverse en la bandera asturiana, proclamar una supuesta defensa inquebrantable de los intereses del Principado y exhibir declaraciones de buenas intenciones resulta relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es transformar esas palabras en actuaciones concretas, presupuestos comprometidos y resultados que mejoren la vida de los ciudadanos. El acuerdo entre PP y Foro habla de vivienda, infraestructuras y desarrollo económico, pero no concreta proyectos, cantidades, plazos de ejecución ni garantías de cumplimiento. Y precisamente por eso merece ser examinado con especial atención, sin confundir los compromisos políticos con los hechos consumados ni las promesas electorales con soluciones reales.
Antes de conceder credibilidad a este nuevo catálogo de buenas intenciones, considero necesario recordar a los asturianos y al conjunto de los españoles qué resultados pueden acreditarse, qué compromisos siguen pendientes y qué distancia existe entre los grandes anuncios y su ejecución. No se trata de negar a Feijóo o a Moriyón el derecho a presentar propuestas, sino de exigirles el mismo rigor y la misma responsabilidad que reclaman a sus adversarios políticos. Porque la defensa de Asturias no se demuestra agitando su bandera ante las cámaras, sino defendiendo proyectos concretos, consiguiendo recursos y respondiendo por los resultados de la gestión. Y cuando quienes prometen soluciones también ejercen responsabilidades de gobierno en distintas administraciones, resulta especialmente pertinente examinar lo que han hecho allí donde ya tienen capacidad para actuar.
Empecemos por la vivienda, uno de los problemas más graves para miles de familias y jóvenes que buscan acceder a un hogar y uno de los grandes compromisos anunciados por Feijóo y aceptados por Foro Asturias. El líder popular habla ahora de desbloquear un millón de viviendas si llega a la Moncloa, pero el anuncio no establece cuántas serían públicas, cuántas protegidas, qué parte correspondería a Asturias ni cuándo estarían terminadas. Según la información publicada por la Agencia EFE el 14 de septiembre de 2026, el PP pretende aprobar las primeras medidas en su Consejo de Ministros inicial. Pero aprobar un plan no significa construir viviendas, desbloquear suelo no equivale a entregar llaves y anunciar un millón de posibles hogares no garantiza que una sola familia pueda acceder a ellos en un plazo determinado. Esa es la primera diferencia que conviene dejar clara antes de examinar las cifras y los antecedentes de gestión del Partido Popular.
Porque la vivienda no se construye con discursos, los problemas de los asturianos no se resuelven con comunicados y la credibilidad política no se obtiene por envolverse en una bandera, sino demostrando con hechos que las promesas se cumplen.
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy se terminaron más de 105.000 viviendas protegidas en España
He localizado los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, publicados en el Observatorio de Vivienda y Suelo, Boletín Anual 2024.
Mariano Rajoy presidió el Gobierno de España durante 6 años, 5 meses y 11 días, desde el 21 de diciembre de 2011 hasta el 1 de junio de 2018.
Según las estadísticas ministeriales, entre 2012 y 2017 se terminaron 105.424 viviendas protegidas en España. Si incluimos todo 2018, la cifra asciende a 110.615 viviendas, aunque Rajoy únicamente gobernó durante los primeros cinco meses de ese último año.
Viviendas protegidas terminadas por año
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Año |
Viviendas protegidas terminadas |
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2012 |
53.332 |
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2013 |
17.059 |
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2014 |
15.046 |
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2015 |
7.931 |
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2016 |
7.118 |
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2017 |
4.938 |
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2018 (año completo) |
5.191 |
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Total 2012-2017 |
105.424 |
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Total 2012-2018 |
110.615 |
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Observatorio de Vivienda y Suelo, Boletín Anual 2024, página 7, tabla 1.2. https://tinyurl.com/53duvpnx
Puedes consultar directamente el documento oficial:
Observatorio de Vivienda y Suelo — Boletín Anual 2024 (PDF oficial)
Las viviendas contabilizadas son viviendas protegidas con calificación definitiva, es decir, viviendas terminadas que estaban acogidas a algún régimen de protección pública.
Feijóo promete desbloquear un millón de viviendas si llega a la Moncloa
En materia de vivienda, uno de los asuntos incluidos en el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Foro Asturias, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado su intención de desbloquear un millón de viviendas si consigue llegar a la Presidencia del Gobierno. Según informó la Agencia EFE el pasado 14 de septiembre, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró que los populares aprobarían un plan destinado a facilitar la construcción de ese millón de viviendas en su primer Consejo de Ministros. La iniciativa forma parte de las propuestas con las que el PP pretende afrontar los problemas de acceso a la vivienda en España, especialmente entre los jóvenes. El anuncio, sin embargo, no significa que ese millón de viviendas vaya a estar construido de manera inmediata, sino que el partido se compromete a poner en marcha las medidas necesarias para desbloquear su desarrollo. La información de EFE no precisa qué proporción de esas viviendas sería de promoción pública, protegida o privada, ni establece un calendario concreto para su finalización (más humo para los españoles desde la derecha extrema que hoy representa el PP y sus coaligados como Foro Asturias).
El planteamiento de Feijóo incluye también la movilización de suelo disponible, la reducción de los trámites administrativos, la colaboración público-privada y una rebaja de los impuestos vinculados al acceso a la vivienda. En declaraciones recogidas por EFE el 15 de septiembre, el líder popular defendió la necesidad de alcanzar un pacto con comunidades autónomas y ayuntamientos para impulsar la vivienda pública y protegida (cuestión que no hizo el a lo largo de toda esta legislatura que ha terminado, su opción frente al problema de los españoles fue oponerse a todo), además de promover una reducción de hasta el 60% de determinados impuestos relacionados con la vivienda. Entre las medidas anunciadas por el PP figuran incentivos fiscales para jóvenes, avales públicos para facilitar la compra y modificaciones normativas destinadas a agilizar la construcción. Feijóo puso como ejemplo que un joven con un salario medio podría beneficiarse, según los cálculos de su partido, de entre 21.000 y 26.000 euros en ayudas fiscales y necesitar 50.000 euros menos de ahorro inicial para adquirir una vivienda de 250.000 euros. Estas cantidades corresponden a estimaciones del Partido Popular sobre los efectos de sus propuestas y no a ayudas actualmente concedidas.
El anuncio se produce en un contexto de confrontación política entre el PP y el Gobierno de Pedro Sánchez por las políticas de vivienda. Los populares cuestionan los resultados de los programas anunciados por el Ejecutivo y defienden que el incremento de la oferta residencial constituye una de las principales vías para afrontar el encarecimiento de los precios. La promesa de desbloquear un millón de viviendas representa, por tanto, un objetivo político anunciado por el PP, cuya ejecución dependería de su llegada al Gobierno y de la aprobación y desarrollo de las medidas correspondientes. En el acuerdo suscrito con Foro Asturias, ambas formaciones han incluido la vivienda entre sus prioridades compartidas, aunque el comunicado conjunto no establece cuántas de las viviendas anunciadas por Feijóo se construirían en Asturias ni identifica proyectos concretos destinados al Principado.
La vivienda no se construye con promesas ni se entregan llaves con propaganda
La credibilidad de las promesas políticas no se mide por la contundencia de los discursos, sino por los resultados de quienes tienen responsabilidades de gobierno. Alberto Núñez Feijóo anuncia ahora grandes planes para resolver el problema de la vivienda en España, mientras el Partido Popular y Foro Asturias proclaman su compromiso con las necesidades de los asturianos. Pero antes de aceptar nuevos anuncios, convendría examinar qué han hecho ambas formaciones allí donde ya disponen de competencias, presupuestos y capacidad de decisión. Porque la vivienda no se construye en una rueda de prensa, no aparece por arte de magia en un programa electoral y, sobre todo, las familias no pueden vivir dentro de las promesas de un dirigente político.
El contraste debe comenzar por Asturias. En Gijón, donde gobierna Carmen Moriyón con Foro y el PP participa en el ejecutivo municipal, y en Llanes, donde los populares también ejercen responsabilidades de gobierno, resulta imprescindible conocer cuántas viviendas públicas de nueva construcción se han terminado y entregado efectivamente a sus adjudicatarios desde el inicio del mandato municipal en junio de 2023. Si, como se denuncia, después de tres años y cinco meses no se ha entregado ni una sola llave de una vivienda pública nueva, estaríamos ante una contradicción política que exige explicaciones. No bastaría entonces con invocar la falta de suelo, las dificultades administrativas o las responsabilidades de otras instituciones. Habría que explicar qué proyectos se impulsaron, qué recursos se comprometieron, qué obstáculos aparecieron y qué resultados concretos pueden acreditar los gobiernos municipales.
Lo verdaderamente preocupante es la distancia que puede existir entre la ambición de las promesas y la realidad de la gestión. Feijóo habla de desbloquear un millón de viviendas si llega a la Moncloa, pero desbloquear no significa construir, construir no significa terminar y terminar tampoco significa entregar las llaves a una familia. Son realidades distintas que no deberían confundirse deliberadamente en el debate público. Cuando se anuncian cifras millonarias sin explicar suficientemente los plazos, la financiación, las competencias administrativas y los mecanismos de ejecución, existe el riesgo de convertir una necesidad social de primera magnitud en un instrumento de propaganda electoral. Y ese riesgo resulta especialmente grave cuando hablamos de jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y trabajadores que encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda digna.
Tampoco se puede ignorar la experiencia del Partido Popular al frente del Gobierno de España. Durante los seis años completos comprendidos entre 2012 y 2017, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, se terminaron 105.424 viviendas protegidas en España, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda. Una cifra que incluye promociones públicas y privadas acogidas a algún régimen de protección y que, por tanto, no puede atribuirse íntegramente a la actuación directa del Gobierno central. Pero el contraste con las promesas actuales resulta llamativo: Alberto Núñez Feijóo anuncia ahora la construcción de más de un millón de viviendas, una cantidad equivalente a casi diez veces todas las viviendas protegidas terminadas durante aquellos seis años de gobierno de su antecesor. Es cierto que se trata de categorías diferentes, puesto que el objetivo anunciado por Feijóo incluye también vivienda libre, pero la magnitud de la promesa exige explicaciones sobre financiación, plazos, disponibilidad de suelo y capacidad real de ejecución. Lo que Rajoy vio terminar en seis años de Gobierno, Feijóo pretende multiplicarlo casi por diez desde la oposición, cuando todavía no ha tenido que demostrar cómo piensa materializar semejante objetivo. La distancia entre los resultados acreditados y las promesas electorales merece, como mínimo, una explicación convincente. El discípulo supera al maestro, al menos en el tamaño de las promesas… Vivir para ver.
La oposición tiene todo el derecho a criticar al Gobierno de España, pero ese derecho no la exime de rendir cuentas por sus propias responsabilidades. No resulta aceptable exigir resultados inmediatos a los demás mientras se pretende que los anuncios propios sean considerados soluciones antes de materializarse. Tampoco es razonable convertir cada dificultad del mercado inmobiliario en un arma de confrontación partidista y relegar a un segundo plano la evaluación de las políticas que cada administración desarrolla dentro de sus competencias. La vivienda exige inversiones, planificación urbanística, disponibilidad de suelo, colaboración institucional y capacidad de ejecución. Ninguna de esas obligaciones desaparece por el hecho de estar en la oposición al Gobierno central.
El reciente acuerdo entre PP y Foro Asturias vuelve a situar la vivienda entre sus grandes prioridades políticas. Sin embargo, un comunicado conjunto no construye una sola vivienda, una promesa fiscal no entrega una sola llave y una declaración de buenas intenciones no sustituye a una promoción pública terminada. Si ambas formaciones consideran que la vivienda constituye una emergencia para los asturianos, deberían acompañar sus compromisos de un balance detallado de lo realizado en las instituciones que gobiernan y de un calendario verificable de actuaciones futuras. Esa sería una forma mucho más convincente de demostrar su compromiso que la acumulación de anuncios.
Los ciudadanos no necesitan otra competición de promesas grandilocuentes. Necesitan viviendas disponibles, precios asumibles, proyectos ejecutados y administraciones que respondan por sus resultados. La política pierde credibilidad cuando se convierte en una sucesión interminable de reproches y anuncios que no pueden comprobarse. Y la pierde todavía más cuando quienes aspiran a gobernar España no explican con suficiente claridad los resultados obtenidos allí donde ya gobiernan.
La conclusión es sencilla: antes de prometer un millón de viviendas para toda España, el Partido Popular y sus socios como Foro deberían explicar cuántas han construido y entregado en los municipios donde ejercen el poder. Si el balance resulta insuficiente, corresponde reconocerlo, justificarlo y presentar soluciones concretas. Porque detrás de cada vivienda que no llega hay personas que siguen esperando, y su situación merece bastante más respeto que una nueva campaña de propaganda.
Menos anuncios, menos confrontación y menos propaganda. Más viviendas terminadas, más llaves entregadas y más rendición de cuentas. Esa es la diferencia entre prometer soluciones y ofrecer resultados.
Las infraestructuras de Asturias: promesas de Feijóo, memoria del PP y décadas de espera en Gijón
En cuanto a las infraestructuras que Alberto Núñez Feijóo promete impulsar y que Carmen Moriyón ha acogido como uno de los grandes argumentos para justificar su acuerdo con el Partido Popular, conviene hacer un ejercicio de memoria política. Porque los compromisos anunciados no pueden valorarse únicamente por las palabras pronunciadas en una conversación telefónica ni por la solemnidad de un comunicado conjunto. Hay que examinar los antecedentes de quienes los formulan, las decisiones que adoptaron cuando tuvieron responsabilidades de gobierno y los resultados que pueden acreditar actualmente. La defensa de Asturias no comienza el día en que se firma un acuerdo electoral, ni se demuestra mediante declaraciones de intenciones: exige proyectos, financiación, decisiones administrativas y obras ejecutadas. Y en asuntos tan importantes como el peaje del Huerna, el Plan de Vías de Gijón o el Vial de Jove, la historia ofrece suficientes elementos para exigir explicaciones a todos los responsables políticos, incluidos quienes ahora presentan su entendimiento como una garantía para el futuro de la comunidad.
El peaje del Huerna: el PP promete solucionar un problema que contribuyó a prolongar
Uno de los ejemplos más significativos es el peaje del Huerna, cuya concesión fue prorrogada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, cuando Francisco Álvarez-Cascos ocupaba el Ministerio de Fomento. Aquella decisión amplió la concesión de la autopista AP-66 desde 2021 hasta 2050, es decir, 29 años adicionales de peaje, una prolongación que sigue condicionando las comunicaciones entre Asturias y la Meseta. El dato resulta especialmente relevante por la trayectoria posterior de Álvarez-Cascos, fundador de Foro Asturias en 2011 y principal impulsor de la formación política que llevó a Carmen Moriyón a la primera línea de la política gijonesa. La paradoja histórica es evidente: el partido nacido bajo el liderazgo de uno de los responsables políticos de aquella prórroga presenta ahora la eliminación del peaje como una de sus principales reivindicaciones ante Feijóo. Quienes hoy reclaman soluciones tienen también la obligación de explicar las decisiones adoptadas por sus propios referentes políticos cuando dispusieron del poder necesario para tomarlas.
La controversia adquirió una nueva dimensión el 17 de julio de 2025, cuando la Comisión Europea cuestionó formalmente la legalidad de la prórroga de la AP-66 por haberse aprobado sin un procedimiento competitivo de adjudicación. El pronunciamiento europeo consideró que aquella ampliación vulneraba las normas comunitarias sobre contratación pública. La documentación del Gobierno del Principado de Asturias identifica expresamente al Ejecutivo de Aznar y a Álvarez-Cascos como responsables políticos de la decisión. No se trata, por tanto, de una acusación basada únicamente en la confrontación partidista, sino de un antecedente administrativo documentado y sometido a controversia jurídica. La concesión, que habría vencido en 2021, continúa vigente hasta 2050 mientras no se produzca una decisión que permita modificar esa situación.
Las consecuencias económicas tampoco son menores. Según los datos expuestos por el Gobierno asturiano en abril de 2026, la concesionaria podría llegar a ingresar aproximadamente 2.100 millones de euros hasta 2050, una cantidad equivalente a siete veces el valor estimado de la autopista. Son cifras que permiten comprender la dimensión económica de una decisión adoptada hace más de un cuarto de siglo y que continúa afectando a los usuarios de una de las principales comunicaciones por carretera del Principado.
Ahora bien, la responsabilidad política por el mantenimiento actual del peaje tampoco puede limitarse al pasado. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha defendido la continuidad de la concesión mientras no exista una resolución judicial que permita modificarla con seguridad jurídica, argumentando que una eliminación anticipada podría ocasionar consecuencias económicas y legales para el Estado. Esa posición ha sido cuestionada por el propio Gobierno del Principado, que anunció en abril de 2026 su decisión de acudir al Tribunal Supremo tras la negativa ministerial a revisar la prórroga. El origen de la ampliación corresponde al Gobierno del PP de Aznar, pero la decisión de mantener actualmente el peaje también exige explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Vial de Jove: los vecinos siguen esperando una solución al tráfico pesado
El Vial de Jove constituye otro ejemplo de la distancia entre los compromisos políticos, las discrepancias institucionales y las soluciones que todavía esperan los vecinos de la zona oeste de Gijón. La necesidad de mejorar los accesos al puerto de El Musel y reducir la circulación de vehículos pesados por las áreas residenciales lleva años presente en el debate público. La Calzada y los barrios próximos soportan las consecuencias de un problema que afecta a la movilidad, el ruido, la contaminación y la calidad de vida de sus habitantes. Para quienes conviven diariamente con el tráfico de camiones, las discusiones entre administraciones no representan una solución: lo que necesitan es una alternativa viaria eficaz, ambientalmente adecuada y ejecutable.
En octubre de 2024, el Ministerio de Transportes presentó una propuesta de Vial de Jove en superficie, acompañada de actuaciones de transformación urbana en la avenida Príncipe de Asturias. La alternativa fue rechazada por el Ayuntamiento de Gijón y por el Gobierno del Principado, al considerar que no respondía adecuadamente a las necesidades planteadas. El Ministerio manifestó entonces su disposición a estudiar otras soluciones, aunque advirtió de que un nuevo proyecto tendría que iniciar nuevamente su tramitación administrativa. La documentación oficial recogía también una inversión prevista de 5,5 millones de euros para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento vinculadas a la actuación. Estos antecedentes pueden consultarse en la información oficial de la Delegación del Gobierno en Asturias del 3 de octubre de 2024.
El rechazo a una propuesta ministerial puede estar perfectamente justificado cuando existen razones técnicas, ambientales o urbanísticas, pero debe ir acompañado de una alternativa viable y de una estrategia capaz de convertir las discrepancias en soluciones. Esa es precisamente la cuestión sobre la que Carmen Moriyón y su gobierno municipal deberían ofrecer explicaciones detalladas: qué solución técnica defienden, cuál es su coste estimado, qué estudios la respaldan, qué documentación se ha remitido al Ministerio y qué calendario consideran posible. La responsabilidad principal sobre una infraestructura estatal corresponde al Ministerio de Transportes, pero el Ayuntamiento también tiene la obligación de explicar qué gestiones ha desarrollado y qué resultados han producido.
La propia alcaldesa reconocía públicamente en octubre de 2025 que el problema seguía sin resolverse. En una comunicación oficial del Ayuntamiento, Moriyón recordaba que se había hablado de reinvertir en Gijón 300 millones de euros relacionados con una licitación fallida y denunciaba que continuaban circulando miles de camiones por la zona oeste. El consistorio convocó entonces una mesa de trabajo sobre el Vial de Jove con representación vecinal y social. Estos hechos acreditan que existieron iniciativas y reuniones municipales, pero también que la solución definitiva continuaba pendiente.
La cuestión que merece una respuesta pública no es cuántas veces se ha denunciado el problema, cuántas declaraciones se han realizado contra Óscar Puente o cuántas movilizaciones han contado con la presencia de representantes políticos. La cuestión es qué alternativa técnicamente viable se ha conseguido impulsar y cuándo dejarán los vecinos de soportar las consecuencias del tráfico pesado. La participación de los responsables municipales en las reivindicaciones ciudadanas puede ser legítima, pero no sustituye sus obligaciones institucionales. Y tampoco basta con atribuir todos los retrasos al Ministerio sin explicar qué propuestas concretas se han defendido y qué obstáculos han impedido alcanzar un acuerdo.
El Plan de Vías: décadas de retrasos y una estación intermodal todavía pendiente
El Plan de Vías de Gijón representa una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad, después de décadas de proyectos, modificaciones, convenios y compromisos institucionales. Su objetivo es integrar el ferrocarril en la trama urbana, desarrollar una nueva estación intermodal y transformar los terrenos ferroviarios. La historia del proyecto se remonta a acuerdos suscritos hace más de veinte años, y su prolongada tramitación ha atravesado gobiernos municipales, autonómicos y estatales de distinto signo político.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que durante el actual mandato municipal no se ha realizado ninguna gestión. El 14 de abril de 2026 se firmó un convenio entre Adif, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón para financiar la primera fase de la futura estación intermodal, con un presupuesto máximo de 54,3 millones de euros. El acuerdo, publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, establece una aportación de 34,09 millones de euros por parte de Adif, 10,105 millones del Principado y otros 10,105 millones del Ayuntamiento de Gijón. La actuación incluye la remodelación del entorno de la calle Carlos Marx, la eliminación del viaducto existente y otras intervenciones necesarias para preparar la futura infraestructura ferroviaria.
Posteriormente, el 22 de septiembre de 2026, el Gobierno central autorizó la licitación de las obras de esa primera fase por un valor estimado de 40,8 millones de euros, sin IVA. Se trata de un avance administrativo concreto, aunque no equivale a la finalización de la estación intermodal ni resuelve por sí mismo el conjunto del Plan de Vías. La información puede consultarse en el comunicado oficial del Ministerio de Transportes del 22 de septiembre de 2026.
Precisamente porque existen convenios firmados, proyectos técnicos y compromisos económicos cuantificados, los ciudadanos tienen derecho a exigir que esos avances administrativos se traduzcan en obras y resultados visibles. Carmen Moriyón puede reivindicar su participación en los acuerdos alcanzados, del mismo modo que el Gobierno central y el Principado pueden señalar sus respectivas aportaciones. Pero ninguna administración debería presentar una fase preparatoria como si significase la culminación de un proyecto que Gijón lleva décadas esperando.
La responsabilidad de gobernar no termina donde empieza la confrontación
Después de más de tres años de mandato municipal, la exigencia de resultados a Carmen Moriyón y a los responsables del Partido Popular que participan en su gobierno resulta plenamente legítima. Las infraestructuras estatales requieren decisiones y financiación del Gobierno de España, pero la defensa de los intereses municipales también exige negociación, cooperación técnica, capacidad de acuerdo y transparencia sobre las gestiones realizadas. Las discrepancias con el ministro Óscar Puente pueden ser profundas y estar justificadas en determinados asuntos, pero no deberían convertirse en un obstáculo permanente para buscar soluciones.
En el caso del Huerna, existe una decisión histórica del PP que prolongó la concesión hasta 2050 y una controversia jurídica que continúa abierta. En el Vial de Jove, las diferencias entre administraciones siguen dificultando una solución definitiva para la zona oeste. En el Plan de Vías, los acuerdos de financiación y los avances administrativos de 2026 todavía deben traducirse en obras ejecutadas y en la culminación de la estación intermodal.
Esos son los hechos que deberían ocupar el centro del debate, por encima de las declaraciones solemnes, los reproches entre partidos y los anuncios electorales. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué compromisos se han cumplido, cuáles permanecen pendientes, quién debe ejecutar cada actuación y qué plazos reales existen para llevarlas a término.
Ahora, el acuerdo entre Feijóo y Moriyón vuelve a colocar las infraestructuras entre sus principales compromisos con Asturias. Pero el comunicado conocido no identifica proyectos concretos, inversiones comprometidas ni calendarios de ejecución. Por eso, antes de presentar este entendimiento como una garantía para el futuro de Gijón y del Principado, sus protagonistas deberían explicar qué añade realmente a las reivindicaciones que llevan años formulándose y qué instrumentos permitirían convertirlas en actuaciones efectivas.
Los gijoneses y los asturianos no necesitan que sus dirigentes compitan por demostrar quién denuncia con más contundencia los problemas. Necesitan administraciones que negocien, alcancen acuerdos, ejecuten inversiones y rindan cuentas. La defensa de Asturias no puede quedar reducida a una bandera, una fotografía o un comunicado electoral. Debe poder medirse en kilómetros de infraestructuras ejecutadas, proyectos terminados, recursos invertidos y mejoras reales para la población.
Porque, después de décadas de espera, el éxito de la política de infraestructuras no debería medirse por la cantidad de promesas formuladas, sino por la capacidad de convertirlas en soluciones.
El acuerdo entre PP y Foro: lo que está decidido y lo que sigue pendiente
Después de examinar los antecedentes políticos, las promesas sobre vivienda y la situación de las principales infraestructuras asturianas, queda una cuestión que merece especial atención: ¿qué obtiene concretamente Asturias del acuerdo anunciado entre Carmen Moriyón y Alberto Núñez Feijóo? La pregunta resulta pertinente porque existe una diferencia sustancial entre las decisiones que ambas formaciones ya han adoptado y las actuaciones que todavía no han definido. Foro ha anunciado su respaldo electoral al Partido Popular, una decisión política concreta. Sin embargo, el comunicado conjunto no identifica inversiones específicas para el Principado, no establece calendarios de ejecución para las infraestructuras reivindicadas y tampoco incorpora compromisos presupuestarios que permitan evaluar el alcance de las promesas. El apoyo político está anunciado; los resultados materiales para Asturias siguen pendientes de concreción.
La situación adquiere especial relevancia cuando se examina el futuro de Foro Asturias. Carmen Moriyón afronta las próximas elecciones municipales para el año 2027 desde la Alcaldía de Gijón, mientras Adrián Pumares deberá defender su representación en la Junta General del Principado. Ambos tienen, por tanto, responsabilidades institucionales y objetivos electorales propios. El acercamiento al PP puede interpretarse desde distintas perspectivas: como una coincidencia programática, como una estrategia de cooperación entre organizaciones próximas o como una fórmula para reforzar sus respectivas posiciones ante 2027. Lo que todavía no puede determinarse a partir del comunicado es qué condiciones concretas ha exigido Foro para prestar su apoyo y qué garantías ha obtenido de que las prioridades anunciadas se conviertan en actuaciones efectivas.
Tampoco debería confundirse la legítima confrontación política con la gestión de los problemas ciudadanos. Las discrepancias con el Gobierno central sobre el Vial de Jove, el Plan de Vías o el peaje del Huerna pueden responder a diferencias reales sobre soluciones técnicas, financiación o competencias administrativas. Pero esas discrepancias no eliminan la obligación de explicar qué alternativas se han presentado, qué negociaciones se han mantenido y cuáles han sido sus resultados. Los ciudadanos tienen derecho a conocer tanto las responsabilidades del Ministerio de Transportes como las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado. Solo así será posible distinguir los obstáculos administrativos de las decisiones políticas y valorar la actuación de cada institución.
Por eso, el acuerdo anunciado plantea preguntas concretas que sus protagonistas deberían responder: ¿Qué compromisos específicos ha asumido Feijóo sobre el Huerna, el Vial de Jove y el Plan de Vías? ¿Qué inversiones prevé impulsar? ¿En qué plazos? ¿Qué actuaciones dependen del Gobierno de España y cuáles requieren acuerdos con el Ayuntamiento o el Principado? ¿Cómo se comprobará su cumplimiento? Y, en relación con el futuro político de Foro, también sería razonable conocer si las conversaciones sobre las elecciones de 2027 contemplan una candidatura conjunta, qué condiciones se están negociando y cómo se preservaría la autonomía de ambas organizaciones.
La cuestión de fondo no es que PP y Foro hayan decidido colaborar, una opción legítima dentro del sistema democrático, sino qué contenido real tiene esa colaboración y cómo podrá evaluarse su utilidad para los asturianos. Un acuerdo político puede tener valor si permite desbloquear proyectos, coordinar administraciones o conseguir inversiones. Pero ese valor no puede darse por demostrado antes de que existan compromisos precisos y resultados comprobables. Del mismo modo, los antecedentes de gestión deben examinarse con rigor, reconociendo tanto los avances documentados como los retrasos y las responsabilidades pendientes.
En definitiva, Carmen Moriyón y Alberto Núñez Feijóo han anunciado un entendimiento político. Lo que todavía deben explicar es qué cambia, de manera concreta y verificable, para los vecinos de Gijón y para el conjunto de Asturias. Esa explicación debería incluir proyectos identificados, financiación, plazos y mecanismos de seguimiento. Sin esos elementos, el acuerdo debe valorarse como una decisión de estrategia partidista, pero sus beneficios materiales para la ciudadanía continuarán siendo una expectativa, no un resultado acreditado.
La defensa de Asturias se demuestra con compromisos que puedan comprobarse y con resultados por los que sus responsables estén dispuestos a rendir cuentas.
EPÍLOGO: CUANDO SE CAEN LOS DISFRACES, QUEDA LA DESNUDEZ POLÍTICA
A Carmen Moriyón y a su fiel escudero político, Adrián Pumares, se les ha ido cayendo la poca ropa ideológica que todavía conservaban durante su tránsito hacia los brazos del Partido Popular. Y ahora, desnudos políticamente ante los gijoneses y los asturianos, resulta difícil distinguir qué queda de aquel supuesto proyecto asturianista que proclamaba su independencia frente a los grandes partidos. La imagen es demoledora: quienes pretendían presentarse como defensores de una identidad política propia regresan al entorno del partido del que nació Foro, mientras ofrecen su respaldo electoral a cambio de compromisos generales cuya traducción en obras, inversiones y resultados continúa sin concretarse. La desnudez que deja al descubierto esta operación no es física, sino política: la de unas convicciones cuya firmeza parece disminuir a medida que aumenta la necesidad de encontrar aliados para sobrevivir electoralmente. Y tampoco el PP puede salir indemne de semejante espectáculo. Los populares aceptan encantados el apoyo de Foro, pero no pueden borrar su propia responsabilidad histórica en decisiones tan perjudiciales para Asturias como la prórroga del peaje del Huerna hasta 2050, aprobada bajo el Gobierno de Aznar con Francisco Álvarez-Cascos en Fomento, precisamente el fundador del partido que hoy preside Moriyón. Hay una ironía política difícil de superar: los herederos de quien contribuyó a prolongar el peaje se abrazan ahora al partido que tomó aquella decisión para prometer a los asturianos que defenderán su eliminación. Moriyón, Pumares, Feijóo y los dirigentes populares asturianos podrán envolver este entendimiento en cuantas banderas y declaraciones solemnes consideren oportunas, pero ninguna bandera sirve para tapar indefinidamente las contradicciones de una trayectoria política. Y cuando se caen los disfraces, lo que queda a la vista no es necesariamente un proyecto para Asturias, sino una pregunta incómoda: ¿están negociando soluciones para los ciudadanos o, ante todo, el futuro político de quienes ocupan las instituciones? Porque la verdadera miseria moral de la política no consiste en cambiar de aliados, sino en invocar el interés general sin demostrar qué obtiene realmente la ciudadanía a cambio. Asturias no necesita más salvadores de mierda envueltos en su bandera mientras negocian su propia supervivencia. Necesita dirigentes que respondan por lo que hicieron, por lo que prometen y, sobre todo, por lo que todavía no han sido capaces de resolver.
Ya lo dijo François de La Rochefoucauld: «La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud».
