Asturias avanza en la construcción de vivienda pública en varios municipios mientras Gijón apuesta por las ayudas a promotores privados
El Gobierno del Principado de Asturias continúa ampliando sus actuaciones para incrementar el parque público de vivienda en distintos municipios de la comunidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de terrenos municipales en Oviedo y Villaviciosa para impulsar la construcción de cerca de 300 viviendas públicas de alquiler asequible, una iniciativa que se enmarca en el compromiso autonómico de incorporar 1.500 viviendas durante la presente legislatura.
La operación contempla la incorporación de cuatro parcelas municipales que suman 5.695 metros cuadrados. En Oviedo, tres terrenos situados en el ámbito urbanizable de Les Campes-Paniceres, con una superficie conjunta de 4.227 metros cuadrados, se destinarán a viviendas protegidas en régimen de alquiler. En Villaviciosa, el Ayuntamiento cederá una finca de 1.468 metros cuadrados en la avenida del Carbayu para desarrollar alojamientos dotacionales, destinados a facilitar soluciones residenciales temporales a colectivos vulnerables con dificultades para acceder al mercado inmobiliario.
La construcción de vivienda pública se extiende también a otros concejos asturianos. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, actualmente hay cerca de 600 viviendas en construcción, a las que se incorporarán nuevas promociones durante los próximos meses. Entre las actuaciones previstas destacan 275 viviendas financiadas con fondos de transición justa, distribuidas entre una primera promoción en Sotrondio, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, y otra posterior en Avilés.
A estas iniciativas se sumará una nueva promoción de vivienda pública en Ribadesella, además del desarrollo del Plan de Vivienda Rural, que contempla la creación de 40 viviendas distribuidas entre nueve concejos asturianos. Estas actuaciones forman parte de una estrategia territorial dirigida a ampliar la oferta residencial pública tanto en las principales ciudades como en municipios de menor población.
El Principado complementará estas promociones con otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, entre ellas la declaración de zonas tensionadas, el programa Alquilámoste y el incremento de las ayudas al alquiler. En este último apartado, el Gobierno autonómico prevé duplicar la dotación presupuestaria en 2027, pasando de 15 a 30 millones de euros, con una estimación de 10.000 familias beneficiarias.
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió la continuidad de estas políticas y reclamó la aprobación de la futura Ley de Vivienda del Principado. «Tenemos muy claro que la vivienda es un derecho y que en estos momentos se ha convertido en una auténtica urgencia social», manifestó el consejero al presentar las actuaciones del Ejecutivo.
Toda esta información se recoge en la noticia publicada por La Nueva España el 13 de octubre de 2026, que detalla las nuevas promociones de vivienda pública previstas en diferentes municipios asturianos. Puede consultarse en el siguiente enlace: Nuevas viviendas de alquiler accesible en Asturias – La Nueva España.
Mientras el Principado anuncia nuevas promociones de vivienda pública en distintos municipios, Gijón incorpora a sus presupuestos de 2027 una partida de 3,8 millones de euros destinada a incentivar la construcción de viviendas mediante el Plan Llave. Esta previsión figura entre las principales medidas relacionadas con la vivienda incluidas en el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno municipal que preside Carmen Moriyón.
Las cuentas municipales para 2027 contemplan 325,5 millones de euros de presupuesto directo del Ayuntamiento, que ascienden a 453,7 millones en el presupuesto consolidado, incluyendo los organismos y empresas municipales. Según explicó la alcaldesa, se trata de unas cuentas orientadas a mantener los proyectos de ciudad, sostener los servicios públicos y completar las inversiones previstas durante el mandato.
En materia de vivienda, el Ayuntamiento de Gijón reserva 3,8 millones de euros para ayudas a los constructores que asuman la ejecución de los pisos correspondientes a la segunda fase del Plan Llave. A esta cantidad se añaden otros dos millones de euros destinados a reducir la deuda pendiente con las comunidades de propietarios por las subvenciones concedidas para la rehabilitación de fachadas.
La partida destinada al Plan Llave se integra en las transferencias de capital del presupuesto municipal, que alcanzan los 9,3 millones de euros, con un incremento del 54,3 %. Estas cantidades se suman a los 27,3 millones previstos para inversiones reales del Ayuntamiento, entre las que figuran actuaciones como Tabacalera, el plan de vías y las obras del Albergue Covadonga.
De este modo, las dos noticias recogen actuaciones relacionadas con el acceso a la vivienda, aunque mediante instrumentos diferentes. Por una parte, el Principado impulsa nuevas promociones de vivienda pública destinadas al alquiler asequible en varios municipios asturianos. Por otra, el Ayuntamiento de Gijón contempla una dotación económica para apoyar a los constructores que participen en la segunda fase del Plan Llave, además de financiar obligaciones pendientes en materia de rehabilitación residencial.
La diferencia entre ambas actuaciones queda reflejada en las propias medidas anunciadas: construcción de nuevas viviendas públicas de alquiler en distintos concejos asturianos y ayudas municipales a promotores para desarrollar la segunda fase del Plan Llave en Gijón. Son dos líneas de actuación que sitúan la vivienda entre las prioridades presupuestarias de ambas administraciones, con fórmulas de intervención distintas.
Los detalles del presupuesto gijonés y de las partidas destinadas a vivienda pueden consultarse en la información publicada por La Nueva España el 13 de octubre de 2026: Moriyón defiende el último presupuesto municipal del mandato – La Nueva España.
La vivienda se mantiene así como una cuestión central en la agenda de las administraciones asturianas, con nuevas promociones públicas de alquiler asequible anunciadas en Oviedo, Villaviciosa, Sotrondio, Avilés y Ribadesella, junto con las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda Rural, mientras Gijón incorpora a sus cuentas municipales de 2027 nuevas ayudas económicas para el desarrollo del Plan Llave.
GIJÓN Y LLANES: 35 MESES COBRANDO DEL ERARIO PÚBLICO Y LA VIVIENDA SIGUE ESPERANDO
A siete meses de finalizar la legislatura municipal, los gobiernos de Gijón y Llanes tienen una obligación política ineludible: explicar cuántas viviendas públicas nuevas han entregado realmente a sus vecinos desde junio de 2023. No cuántas han anunciado, proyectado o incorporado a sus discursos. Cuántas familias han recibido las llaves de una vivienda gracias a las actuaciones de sus respectivos gobiernos.
Los alcaldes Carmen Moriyón Entrialgo, de Foro Asturias, y Enrique Riestra Rozas, de Vecinos por Llanes, representan dos gobiernos municipales situados en el espacio político de la derecha asturiana. Ambos han defendido grandes proyectos de inversión y han reivindicado su gestión económica. Sin embargo, ante uno de los problemas sociales más importantes, el acceso a una vivienda digna y asequible, los anuncios y las partidas presupuestarias no pueden sustituir a los resultados efectivos.
La comparación con otros municipios asturianos resulta especialmente relevante. El Gobierno del Principado ha anunciado la incorporación de terrenos para construir cerca de 300 viviendas públicas de alquiler asequible en Oviedo y Villaviciosa, mientras mantiene cerca de 600 viviendas en construcción en el conjunto de Asturias. A estas actuaciones se añaden 275 viviendas previstas entre Sotrondio y Avilés, una nueva promoción en Ribadesella y otras 40 viviendas distribuidas entre nueve concejos mediante el Plan de Vivienda Rural.
Son actuaciones en distintas fases de desarrollo, no viviendas que puedan darse por entregadas. Pero muestran una planificación territorial con promociones concretas, localizaciones identificadas y objetivos cuantificados. La información puede consultarse en La Nueva España: nuevas viviendas de alquiler asequible en Asturias.
En Gijón, Carmen Moriyón llegó al Gobierno municipal en junio de 2023. En noviembre de 2024, su Ayuntamiento presentó el Plan Llave con el compromiso de construir al menos 500 viviendas públicas durante el mandato. La primera fase contemplaba 120 viviendas y el anuncio municipal situaba su licitación en los primeros meses de 2025. Es decir, una parte importante de la legislatura ya había transcurrido cuando se presentó el programa. La propia información institucional permite comprobar el alcance de aquel compromiso:
El contraste entre las 500 viviendas prometidas y las viviendas efectivamente terminadas y entregadas debería ser uno de los principales indicadores para evaluar la gestión de Carmen Moriyón. La ciudadanía tiene derecho a conocer el número de promociones iniciadas, las viviendas finalizadas, las adjudicaciones realizadas y las llaves entregadas antes de que concluya el mandato.
En septiembre de 2026, la alcaldesa anunció la licitación de la segunda fase del Plan Llave, destinada a 180 viviendas de alquiler asequible (más promesas al aire que no tienen coste alguno). Un anuncio que llegaba cuando la legislatura entraba ya en su tramo final y que evidencia que una parte significativa del programa seguía pendiente de ejecución.
Mientras tanto, el Gobierno municipal ha situado entre sus proyectos destacados actuaciones de gran dimensión como Naval Azul, Tabacalera o el plan de vías. Son iniciativas que pueden tener importancia urbanística y económica, pero su existencia no elimina la obligación de responder por los compromisos adquiridos en materia residencial.
Una ciudad no puede medir exclusivamente su transformación por el volumen de sus grandes obras mientras una parte de sus vecinos continúa teniendo dificultades para acceder a una vivienda. El progreso urbano también debe medirse por las posibilidades reales de emancipación de los jóvenes, la estabilidad residencial de las familias y la disponibilidad de alquileres asequibles.
El proyecto presupuestario de Gijón para 2027 asciende a 325,5 millones de euros de presupuesto municipal directo y 453,7 millones en términos consolidados. Dentro de esas cuentas se contemplan 3,8 millones de euros para ayudas a los constructores que participen en la segunda fase del Plan Llave, además de dos millones para atender obligaciones pendientes relacionadas con subvenciones a la rehabilitación de fachadas.
Estos datos están recogidos en La Nueva España: Moriyón defiende el último presupuesto municipal del mandato.
El problema político no es que se destinen recursos a promover vivienda, sino que los compromisos deben traducirse en resultados dentro de plazos razonables. Un presupuesto anunciado no equivale a una vivienda construida. Una licitación tampoco es una entrega de llaves. Y una promesa electoral no puede contabilizarse como una necesidad social resuelta.
En Llanes, el Gobierno municipal fascista encabezado por Enrique Riestra Rozas, integrado por VecinosxLlanes y el Partido Popular, ha convertido la rehabilitación del antiguo Cinemar en uno de sus principales proyectos políticos, mientras sigue pendiente de presentar un balance convincente de resultados en materia de vivienda pública tras 11 años y cinco meses. La operación del Cinemar, inicialmente presentada como una gran apuesta cultural, acumula compromisos económicos que se aproximan a los seis millones de euros. El Ayuntamiento adquirió el inmueble en febrero de 2022 por 897.000 euros, según informó el propio Consistorio en su comunicado oficial sobre la compra del Cinemar. Posteriormente, la rehabilitación contó con una previsión presupuestaria de 4,6 millones de euros en 2024, mientras que las cuentas de 2025 incorporaron aproximadamente 4,5 millones de euros para la misma actuación, cantidades que corresponden a distintas fases presupuestarias y que no deben sumarse entre sí. El contrato de rehabilitación salió a licitación por 4.530.047,37 euros y fue adjudicado por 4.205.695,98 euros, según los datos publicados sobre la contratación.
Pero el desembolso no termina en la compra y las obras. A estas cantidades se añaden los gastos de redacción del proyecto y dirección facultativa, cifrados en aproximadamente 71.855 euros, una nueva partida de 400.000 euros para equipamiento audiovisual, financiada mediante una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería, y 11.616 euros previstos para la dirección de las instalaciones térmicas y de climatización. Con estas partidas, el volumen económico identificado asciende aproximadamente a 5,58 millones de euros, sin contar posibles modificaciones futuras del contrato ni costes financieros. Si se añade una consignación de 500.000 euros anunciada en 2023, la suma de partidas históricamente anunciadas supera los seis millones, aunque no sería correcto considerarla un gasto adicional sin descartar que ya esté incluida en la financiación posterior de las obras. La partida para equipamiento y las incidencias técnicas fueron recogidas por COPE Ribadesella en junio de 2026.
La dimensión económica del proyecto adquiere todavía mayor relevancia al comprobar que su ejecución también ha sufrido retrasos y dificultades técnicas. En junio de 2026, el propio alcalde reconoció la necesidad de modificar el proyecto para resolver problemas surgidos durante las obras. La intervención avanzaba a un ritmo inferior al previsto y requería nuevas actuaciones técnicas para garantizar su continuidad. Estamos, por tanto, ante una inversión pública de aproximadamente 5,6 millones de euros, con problemas de ejecución y un calendario de finalización cuestionado, mientras los vecinos siguen necesitando respuestas concretas sobre la disponibilidad de vivienda pública asequible. El PSOE municipal también denunció los retrasos y reclamó fechas precisas para la entrega de las instalaciones, según publicó Europa Press el 23 de marzo de 2026, pero no hay que olvidar que pese a la grave necesidad de vivienda que sufren los llaniscos, dicho partido voto a favor de dicho dispendio económico.
La cuestión política de fondo no es si Llanes necesita un centro cultural, sino por qué una inversión de semejante magnitud ha ocupado un lugar tan destacado entre las prioridades del Gobierno fascista de Enrique Riestra mientras la vivienda pública sigue reclamando actuaciones y resultados verificables. El Cinemar representa un compromiso económico de millones de euros, financiado en parte mediante endeudamiento municipal, al que se han añadido nuevas necesidades de equipamiento y ajustes técnicos. Un gobierno municipal que encuentra recursos para impulsar una operación cultural de esta dimensión debe explicar con el mismo rigor qué recursos, suelo, proyectos e inversiones ha destinado a garantizar el acceso a una vivienda asequible a sus vecinos. Porque la gestión municipal no puede medirse únicamente por el tamaño de sus obras emblemáticas, sino también por su capacidad para atender las necesidades esenciales de la población. El problema llega a ser tan bochornoso, que no por no tener, no tienen ni un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado tras once años y cinco meses que llevan gobernando… Pero no se les cae la cara de vergüenza.
El dato procede del propio Ayuntamiento: Ayuntamiento de Llanes: presentación del presupuesto municipal de 2025.
La rehabilitación de un equipamiento cultural puede responder a una necesidad legítima. Lo que debe cuestionarse es el lugar que ocupa la vivienda pública entre las prioridades de un gobierno que lleva más de tres años administrando los recursos municipales en esta legislatura.
Llanes cuenta con un presupuesto de 23.011.357,87 euros para 2026, según la información publicada por el Ayuntamiento. Además, la liquidación de 2025 reflejó un remanente de tesorería para gastos generales ajustado de 7.119.700,68 euros, de los que más de 4,5 millones figuraban como no comprometidos.
La existencia de remanentes no significa que todo ese dinero pueda destinarse automáticamente a construir viviendas. Su utilización está sujeta a las correspondientes normas presupuestarias. Sin embargo, estas cifras justifican exigir explicaciones sobre las prioridades de inversión, la disponibilidad de suelo municipal y las iniciativas concretas impulsadas para ampliar la oferta de vivienda asequible.
El propio Ayuntamiento publicó estos resultados económicos en abril de 2026: Ayuntamiento de Llanes: liquidación presupuestaria de 2025.
Tener las cuentas saneadas es una condición favorable para gobernar, pero no constituye por sí sola una respuesta a las necesidades de vivienda de la población. La estabilidad presupuestaria debe acompañarse de políticas públicas que produzcan beneficios tangibles para los vecinos. Y mientras los ciudadanos esperan resultados, las retribuciones de los responsables políticos sí están perfectamente cuantificadas.
Según los datos correspondientes al ejercicio 2024, publicados a partir de la Información Salarial de Puestos de la Administración, Carmen Moriyón percibió 68.916,07 euros brutos anuales por su cargo de alcaldesa de Gijón, en régimen de dedicación parcial. Por su parte, Enrique Riestra percibió 45.945,86 euros brutos anuales como alcalde de Llanes, en régimen de dedicación exclusiva.
Las cantidades pueden comprobarse en los registros de retribuciones públicas de Carmen Moriyón y retribuciones públicas de Enrique Riestra.
Entre ambos alcaldes, las retribuciones brutas anuales documentadas para 2024 sumaban 114.861,93 euros. Si se utiliza ese importe como referencia durante 35 meses, el resultado es de aproximadamente 335.014 euros, exclusivamente en salarios brutos de ambos regidores. Esta cifra es una estimación comparativa, no una certificación de lo efectivamente percibido durante todo ese periodo, y no incluye cotizaciones empresariales ni otros costes.
Tampoco representa el coste completo de sus gobiernos municipales. Para determinarlo con rigor habría que sumar las retribuciones de todos los concejales con dedicación remunerada, el personal eventual y las correspondientes cotizaciones, utilizando las liquidaciones y nóminas de cada ejercicio.
Precisamente por eso, la transparencia sobre el coste de los equipos de gobierno debería ir acompañada de una rendición de cuentas igualmente rigurosa sobre los resultados de su gestión. Los ciudadanos conocen los presupuestos de sus ayuntamientos, los salarios que perciben sus alcaldes y los millones de euros comprometidos en grandes proyectos. Lo que Carmen Moriyón y Enrique Riestra deberían explicar con la misma claridad es cuántas viviendas públicas de nueva construcción han entregado a sus vecinos durante su mandato. Y aquí aparece el dato que exige una respuesta política contundente: según el balance de gestión que se denuncia, el resultado es de CERO viviendas nuevas protegidas entregadas bajo sus respectivas administraciones municipales. CERO llaves en Gijón y CERO llaves en Llanes. Una cifra que, de confirmarse en los registros oficiales, pondría de manifiesto la distancia entre los anuncios de ambos gobiernos y sus resultados en una necesidad tan esencial como la vivienda. Porque después de 35 meses de mandato, con sus retribuciones públicas puntualmente asignadas y millones de euros destinados a otros proyectos, los vecinos tienen derecho a exigir algo más que promesas, titulares y fotografías institucionales. Tienen derecho a exigir resultados.
La responsabilidad política no termina en los gobiernos. La oposición socialista de Gijón y Llanes también debe someterse al examen de su actividad de control. Su obligación es fiscalizar los compromisos incumplidos, exigir documentación, presentar alternativas y utilizar los instrumentos institucionales disponibles para defender las necesidades de sus vecinos.
En Gijón existen actuaciones públicas del PSOE que muestran actividad de fiscalización del Gobierno municipal. Por ejemplo, en enero de 2025 presentó una iniciativa sobre las declaraciones de actividades y retribuciones de la alcaldesa, que no prosperó tras utilizar Moriyón su voto de calidad. El episodio fue recogido por Europa Press… Es el fascismo más descarnado que nos ofrece Moriyón para ocultar sus miserias.
Pero fiscalizar los salarios o las declaraciones de actividades no sustituye a exigir una rendición de cuentas exhaustiva sobre vivienda pública. Tanto en Gijón como en Llanes, la oposición debe explicar qué propuestas ha presentado, qué iniciativas ha defendido y qué respuestas ha obtenido de los respectivos gobiernos.
La vivienda no puede continuar siendo una promesa que se renueva en cada campaña electoral. Los gobiernos municipales disponen de competencias urbanísticas, instrumentos de planeamiento y posibilidades de colaboración con otras administraciones. Su capacidad de actuación tiene límites legales y financieros, pero esos límites no los eximen de justificar sus decisiones ni de explicar por qué determinados proyectos avanzan mientras otros permanecen pendientes.
En el tramo final de la legislatura, Carmen Moriyón y Enrique Riestra tienen que presentar un balance verificable de su gestión residencial. Deben detallar qué suelo han destinado a vivienda protegida, cuántas promociones han impulsado, qué inversiones han ejecutado, cuántas viviendas se encuentran realmente en construcción y cuántas han sido entregadas.
No se trata de negar la utilidad de Naval Azul, Cinemar u otras inversiones municipales. Se trata de recordar que una administración no puede presentar las grandes obras como coartada de buena gestión si no ofrece respuestas igualmente concretas a las necesidades básicas de sus ciudadanos.
Los alcaldes cobran para gobernar, establecer prioridades y rendir cuentas. Sus retribuciones están documentadas, sus presupuestos son públicos y sus promesas pueden comprobarse. Lo que falta es confrontar esos compromisos con las viviendas realmente entregadas.
Porque la vivienda no se resuelve con fotografías, titulares, presupuestos anunciados ni proyectos pendientes de licitación. Se resuelve cuando una familia recibe las llaves y puede empezar a vivir en su casa. Y esa es la cuenta que en Gijón y Llanes deben presentar a sus vecinos antes de que termine la legislatura sus alcaldes fascistas que hoy gobiernan en ambos municipios.
EPÍLOGO: LOS SUELDOS SE COBRAN, LAS OBRAS SE ANUNCIAN Y LAS LLAVES SIGUEN SIN APARECER
Foro Asturias, Partido Popular y VecinosxLlanes comparten responsabilidades de gobierno que deben medirse por sus resultados, no por sus discursos. En Gijón y Llanes, sus respectivos ejecutivos han dispuesto de presupuestos millonarios, han defendido grandes proyectos y han percibido sus correspondientes retribuciones públicas. Sin embargo, la pregunta más elemental continúa exigiendo una respuesta documentada: ¿cuántas viviendas públicas nuevas han entregado realmente a sus vecinos durante esta legislatura?
Los salarios de los cargos públicos son conocidos, las inversiones emblemáticas tienen cifras concretas y las promesas de vivienda aparecen recogidas en los anuncios institucionales. Lo que falta es un balance igualmente preciso de viviendas terminadas, adjudicadas y entregadas. Si el resultado de ambos gobiernos es, como se denuncia, CERO LLAVES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, sus responsables deberán explicar por qué esa necesidad básica no se ha traducido en entregas efectivas durante el mandato.
Naval Azul y Cinemar tienen presupuestos, contratos y protagonistas políticos. La vivienda pública también merece compromisos verificables y resultados. La responsabilidad de Carmen Moriyón y Enrique Riestra no desaparece detrás de una gran obra, una fotografía institucional o unas cuentas municipales saneadas.
Porque gobernar no consiste únicamente en administrar millones y cobrar una nómina pública. También consiste en responder ante quienes necesitan una vivienda y siguen esperando. Y esa cuenta, por incómoda que resulte, debe presentarse con cifras, fechas y llaves entregadas, no con nuevas promesas.
Ya lo dijo Martin Luther King: «La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes».
