El día 30 de mayo se publicaba en la prensa regional dos noticias sobre la tasa turística. La implantación de dicho impuesto ha abierto un debate político, municipal y empresarial que va más allá de la propia medida. El Gobierno regional plantea una tasa voluntaria para los ayuntamientos, de entre 0,50 y 3 euros por persona y noche, con un máximo de cinco noches y limitada a Semana Santa y al periodo de junio a septiembre. Sus defensores la presentan como una herramienta para reforzar servicios municipales, proteger el territorio y mejorar la sostenibilidad turística.
La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, defiende que cada concejo pueda decidir según su realidad. Afirma que la idoneidad de la tasa “debe ser valorada por cada ayuntamiento desde la autonomía local” y que su carácter voluntario permitirá analizar “la presión turística, los servicios que presta y el modelo de destino que quiere impulsar” cada municipio. Según Pérez, el verdadero veredicto llegará cuando se aplique, porque habrá concejos donde resulte útil y otros donde quizá no sea necesaria. Además, considera que las tarifas planteadas no parecen suficientes para frenar la llegada de visitantes si el dinero recaudado se reinvierte en sostenibilidad, servicios municipales y mejora de la experiencia turística.
En una línea similar se sitúa la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que recuerda que la tasa figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Cambia Avilés. Monteserín rechaza que sea “un impuesto al turismo” o que vaya a disuadir a los visitantes. Para ella, es una herramienta de financiación municipal que permitirá a los ayuntamientos mejorar servicios públicos que también utilizan los turistas, haciendo que estos contribuyan a su mantenimiento. https://bit.ly/4vemlvD
Frente a esta visión, la patronal turística y empresarial se muestra abiertamente contraria. José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y exdirigente de Otea, califica la tasa como un “impuesto a las vacaciones” y advierte de que puede dañar la imagen del destino. También lanza una crítica política al preguntar si los alcaldes actuarán por “disciplina turística o de partido”, recordando que más del 70% de los concejos asturianos están gobernados por el PP, formación contraria a la tasa. Almeida cuestiona además el destino real de la recaudación: “Recaudarán, pero no sabemos para qué”, y critica que algunos ayuntamientos puedan pedir más fondos cuando han tenido dificultades para ejecutar fondos europeos. A su juicio, antes de crear nuevos ingresos habría que reorganizar mejor los recursos existentes y gestionarlos con valentía.
La Cámara de Comercio de Gijón también rechaza la medida. Su presidente, Félix Baragaño, considera que la tasa hará perder competitividad turística a Asturias. Señala como contradictorio afirmar que todavía hay capacidad para recibir más visitantes y, al mismo tiempo, gravar su llegada. Además, rechaza el argumento de que la tasa sirva para financiar servicios públicos, porque, según él, esos servicios ya están cubiertos por los Presupuestos del Principado. Baragaño defiende que Asturias cuenta con una oferta turística de alta calidad y que las administraciones deberían apoyar a un sector importante para la economía, no ponerle obstáculos.
La oposición empresarial se refuerza con la postura de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que califica la tasa de “innecesaria” y asegura que penaliza a un sector que compite especialmente en precio. Su presidenta, María Calvo, advierte de que la voluntariedad municipal no mejora la medida, sino que la complica, porque puede convertir Asturias en un mapa de tasas distinto en cada concejo. Según FADE, eso generaría inseguridad, agravios entre municipios vecinos y un mensaje confuso para los visitantes, debilitando la imagen de Asturias como destino conjunto. La patronal sostiene además que, aunque las cantidades sean modestas, encarecen la estancia y pueden desviar demanda hacia otros destinos sin tasa. También advierte de que el impacto no afectaría solo al alojamiento, sino también al comercio, transporte, restauración y oferta cultural, sectores formados en gran parte por pequeñas y medianas empresas con márgenes ajustados.
FADE rechaza igualmente la comparación con otros destinos donde ya existen tasas turísticas. A su juicio, esas ciudades o regiones suelen partir de problemas reales de saturación, mientras que Asturias no tiene un problema estructural de masificación que justifique una tasa disuasoria. Por ello, la patronal presentará alegaciones durante el periodo de información pública del anteproyecto https://bit.ly/436BsLK
FADE, OTEA y José Luis Álvarez Almeida defienden principalmente los intereses del sector empresarial turístico y hostelero: hoteles, alojamientos, restauración, comercio vinculado al turismo y empresas que dependen del gasto del visitante. Su postura no es extraña: como patronales, su función es oponerse a cualquier medida que pueda aumentar costes, reducir márgenes o hacer menos atractivo el destino desde el punto de vista del precio.
Ahora bien, el punto discutible es quién debe pagar los costes que genera el turismo. La tasa turística parte de una idea sencilla: cuando un municipio multiplica su población en verano, también aumentan los gastos de limpieza, basura, playas, seguridad, mantenimiento urbano, agua o servicios públicos. Si no existe una tasa específica, esos costes acaban recayendo principalmente en los presupuestos públicos, es decir, en los vecinos residentes de dichos muicipios mediante impuestos generales. Por eso, puede decirse que la oposición frontal de FADE, OTEA y Almeida busca evitar que el visitante y el sector turístico asuman una parte directa de esos costes que sus actividades generan.
No sería riguroso afirmar sin más que sus intereses son “obscenos”, porque desde su posición empresarial argumentan que la tasa puede encarecer la estancia, reducir competitividad y desviar turistas hacia otros destinos. FADE, por ejemplo, sostiene que aunque las cantidades sean pequeñas, pueden afectar a un sector que compite en precio, y advierte de que la voluntariedad municipal puede crear diferencias entre concejos vecinos.
Pero sí hay una contradicción clara: si el turismo genera beneficios privados para alojamientos, hostelería y actividades económicas, pero los costes extraordinarios los pagan los ayuntamientos y los residentes, se produce una especie de socialización del coste y privatización del beneficio. Es decir, el negocio turístico gana con la llegada masiva de visitantes, mientras parte de la factura de mantener el destino limpio, ordenado y habitable queda en manos de la ciudadanía.
La frase de José Luis Álvarez Almeida, cuando llama a la tasa “impuesto a las vacaciones”, intenta presentar la medida como un castigo al turista. Sin embargo, sus críticos pueden responder que no se trata de castigar al visitante, sino de que contribuya mínimamente al uso intensivo de servicios municipales. La propia propuesta limita el importe entre 0,50 y 3 euros por noche, con un máximo de cinco noches y solo en temporada alta, lo que reduce su impacto individual.
Por tanto, el debate de fondo no es solo fiscal, sino político: FADE y OTEA defienden que el turismo siga siendo lo más barato posible para no perjudicar al sector; los defensores de la tasa sostienen que el turismo debe ayudar a pagar los recursos públicos que consume. La cuestión incómoda es que, si no paga una pequeña parte el visitante, la acaba pagando el residente. Ahí está el núcleo del conflicto.
El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo y su partido, han defendido una postura contraria a la tasa turística. El dato concreto: Queipo ha dicho que el PP “no es partidario de ninguna tasa turística” y que el sector necesita “menos carga burocrática y menor presión fiscal”, no nuevas tasas. También ha defendido como alternativa una bolsa de financiación para concejos turísticos, con cargo a fondos autonómicos, en vez de recaudar mediante una tasa a los visitantes https://bit.ly/49xVS3V En enero de 2026 volvió a rechazarla, calificándola de medida “inoportuna” y afirmando que “no es el momento de poner más cargas al turismo” https://bit.ly/4dHY0J2 Lo curioso de la postura del partido de la derecha extrema como es el PP, es que su propuesta de bolsa de financiación para concejos turísticos sale según afirma de Queipo como alternativa a la tasa turística. “gestionar mejor” los recursos existentes https://bit.ly/3PLHLkX
Es decir, no era una bolsa ya aprobada, sino una propuesta política del PP para que el Principado financiara a los concejos turísticos con fondos autonómicos (impuestos que pagamos todos los asturianos para contribuir a los presupuestos) ya disponibles o mejor ejecutados, en lugar de crear una tasa a los visitantes. También defendió después que antes de imponer nuevas cargas había que ejecutar bien el presupuesto turístico existente. O sea socialización del coste de los servicios públicos para que una parte de la industria turística se lleve el beneficio. Estos son los postulados de la derecha extrema del PP, resguardar los intereses de una minoría que paga sus campañas via defensa de una fiscalidad más favorable, licencias urbanísticas, etc. https://bit.ly/43DvguO, https://bit.ly/4fhTNgi En noviembre del año 2023 cuando el Gobierno valenciano, entonces formado por el PP y Vox, celebró a bombo y platillo la derogación de la tasa turística aprobada por el anterior Gobierno del Pacto del Botánico mediante una ley en las Corts Valencianes. Una nueva tasa que incluyó una moratoria que aplazaba su puesta en marcha hasta 2024 y que además era de aplicación voluntaria en cada municipio. Con la llegada en las elecciones municipales del año 2023 al gobierno municipal de Valencia de PP y Vox, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza, nunca llegó a ejecutarse. De hecho, tanto Catalá como el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, hicieron campaña contra la tasa https://bit.ly/4uGf8ER
Por otro lado la postura defendida por Adrián Pumares y Carmen Moriyón en nombre de Foro Asturias es idéntica a la postura del PP, en septiembre del año 2023 fue la de rechazar tanto una tasa turística municipal, como un impuesto turístico autonómico, argumentando que Asturias no necesitaba nuevos gravámenes sino una mejor coordinación entre administraciones.
En concreto, ambos dirigentes afirmaron que Asturias es una comunidad “pequeña” que no necesita tasas turísticas, sino más “planificación y organización”. Durante la comparecencia, Moriyón reclamó apoyo económico para los ayuntamientos que reciben una gran afluencia de visitantes, como Gijón, aunque sin plantear nuevos impuestos o tasas sobre los turistas. En la práctica, eso supone que ese refuerzo económico saldría de los presupuestos autonómicos y, por tanto, sería financiado por el conjunto de los contribuyentes asturianos, mientras que buena parte del beneficio generado por la actividad turística recaería en las empresas del sector.
Por tanto, el resumen objetivo de su posición es:
- Rechazo a la creación de tasas e impuestos turísticos.
- Defensa de una mejor coordinación administrativa para gestionar el turismo.
- Reclamación de apoyo y recursos para los municipios que soportan una mayor presión turística.
- Consideración de que Asturias no presenta una dimensión o saturación turística que justifique nuevos gravámenes.
Posteriormente, Foro mantuvo esa línea. En el año 2024, Pumares calificó la propuesta de tasa turística municipal del Principado como "pura demagogia" y reiteró su oposición a que los problemas de financiación de los concejos se solucionasen mediante nuevos impuestos https://bit.ly/4uGNszB
Donde ocurre una situación disparatada con respecto a la tasa turística es en el municipio de Llanes, con un gobierno de coalición de la ultraderecha de VecinosxLlanes y PP. La postura defendida del alcalde ultra, Enrique Riestra Rozas, por Vecinos x Llanes, ha sido favorable a una ecotasa o tasa turística siempre que revierta en el municipio. En marzo del año 2024, en una comparecencia junto a Covadonga Tomé, Riestra afirmó que su responsabilidad era “estar a favor de cualquier tasa” que pudiera repercutir en Llanes. Lo justificó por la presión turística del concejo, señalando que Llanes cuenta con más de 20.000 ofertas de pernoctación y que una tasa permitiría aumentar partidas municipales en limpieza y seguridad https://bit.ly/4eee2KH
Esa posición encaja con otras declaraciones suyas sobre la presión que soporta Llanes. En una entrevista publicada de febrero del año 2025, Riestra reconocía que en determinados momentos “la población flotante multiplica por 10 la permanente” y ponía como ejemplo la Policía Local: el concejo tiene 16 agentes, pero en verano necesita incorporar otros 12. También vinculaba los problemas de vivienda al “crecimiento exponencial del turismo y de las viviendas vacacionales”. https://bit.ly/4dEVLWK
Por tanto, el resumen de la postura del alcalde ultra y su partido, es que han defendido públicamente la aplicación de una tasa turística si el dinero recaudado vuelve al concejo, especialmente para financiar servicios municipales tensionados por el turismo, como limpieza y seguridad. No aparece en las fuentes consultadas una oposición frontal suya a la tasa; al contrario, las declaraciones publicadas lo sitúan a favor de cualquier tasa que tenga retorno directo para Llanes.
Sin embargo, el 12 de mayo del año 2026, Europa Press recoge que el teniente de alcalde de Llanes del PP, Juan Carlos Armas, y representante ante la FEMP, pidió una reforma “urgente” de la financiación de los municipios turísticos y que se reactive el concepto de “Municipio Turístico”. Argumentó que Llanes soporta una alta presión turística sobre limpieza, seguridad, transporte y residuos, pero queda fuera de financiación específica https://bit.ly/431K727 Su declaración literal recogida por la prensa fue: “Llanes necesita recursos para afrontar los costes que genera la actividad turística y poder invertir en un modelo más equilibrado y de calidad” https://bit.ly/4vdicbo
Los medios COPE Ribadesella y El Fielato publicaron lo mismo: Armas apoyó las reivindicaciones de la Comisión de Turismo de la FEMP para dotar de financiación propia a los municipios turísticos, con criterios como pernoctaciones, visitantes, uso real de recursos turísticos y políticas de sostenibilidad https://bit.ly/3RUDgVI
En resumen, su postura de Armas se alinea con la de Álvaro Queipo y el PP asturiano: reclamar más recursos para los municipios turísticos, pero evitando que esos costes los asuma directamente la actividad turística que los genera. El resultado político es claro: los servicios reforzados que exige el turismo acabarían pagándose con dinero público de todos los asturianos, mientras los beneficios seguirían concentrándose en buena medida en el sector empresarial turístico. Lo más llamativo es que esta posición convive dentro del propio gobierno municipal de Llanes con la ultraderecha de, Enrique Riestra y Vecinos x Llanes, que sí han defendido una tasa siempre que revierta en el concejo. Esa contradicción retrata una forma de hacer política en la que la coherencia queda subordinada al mantenimiento del poder y del salario que perciben: se critica la tasa hacia fuera, se comparte gobierno con quien la defiende y, mientras tanto, se permanece cómodamente instalado en el cargo público cobrando lo que no ganan en la vida civil alejados de la política.
Para terminar el post quiero manifestar que después de analizar las posiciones públicas de FADE, OTEA, PP, Foro Asturias y VecinosxLlanes, la principal conclusión es que el debate sobre la tasa turística no gira únicamente en torno a la fiscalidad, sino sobre quién debe asumir los costes que genera la actividad turística. Mientras las patronales empresariales rechazan que una parte de esos costes recaiga directamente sobre los visitantes y el sector, PP y Foro defienden que los ayuntamientos turísticos reciban más recursos procedentes de los presupuestos públicos generales. Es decir, reclaman financiación adicional para afrontar el aumento de gasto en limpieza, seguridad, residuos, abastecimiento o mantenimiento que provoca la llegada masiva de turistas, pero sin que exista una aportación específica de quienes generan esa demanda extraordinaria de servicios.
La contradicción se hace especialmente visible en Llanes. Allí, el alcalde ultra, Enrique Riestra, ha defendido públicamente una tasa turística que revierta íntegramente en el municipio para financiar los costes derivados de la presión turística, mientras que su socio de gobierno, el PP, mantiene la posición contraria defendida por Álvaro Queipo y Juan Carlos Armas. Ambos coinciden en el diagnóstico —el turismo genera gastos adicionales que requieren más financiación—, pero discrepan completamente en la solución. Unos plantean que contribuya el visitante; otros, que los recursos procedan de los presupuestos públicos.
Lo llamativo no es la discrepancia, legítima en cualquier democracia, sino la facilidad con la que partidos que sostienen posiciones opuestas sobre una cuestión tan relevante son capaces de convivir en el mismo gobierno municipal sin que esa divergencia tenga consecuencias políticas apreciables. Mientras unos defienden que quien utiliza los servicios contribuya a financiarlos, otros sostienen que esos recursos deben salir del esfuerzo fiscal colectivo. Son dos modelos distintos de entender la financiación del turismo, pero que, en la práctica, conviven bajo un mismo techo político sin que ninguno parezca dispuesto a llevar su postura hasta las últimas consecuencias… Ya que fuera de la política hace mucho frío para la cartera.
Ya lo dijo Stephen Covey: “La coherencia es el lenguaje de la integridad.”
