Ayer la prensa regional recogía la noticia donde reflejaba el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Gijón entre la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, la derecha extrema que hoy hay en Asturias. Al término de la reunión, ambos difundieron fotografías y un comunicado conjunto en el que trasladan una misma reclamación política: que los Gobiernos de España y del Principado desbloqueen varios proyectos que consideran imprescindibles para Gijón. En concreto, sitúan como prioridades la mejora de los accesos al puerto de El Musel, la construcción de la estación intermodal y el desdoblamiento de la GJ-10 en el tramo entre Lloreda y Veriña. Según el comunicado, ambos dirigentes atribuyen parte del problema a la falta de interlocución entre el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el Ministerio de Transportes, y advierten de las consecuencias que esa situación está teniendo para la ciudad.
Foto: Álvaro Queipo y Carmen Moriyón
El texto también pone el foco en el vial de Jove, una infraestructura sobre la que PP y Foro cargan contra el PSOE después del rechazo que formalizaron a la propuesta que hizo el ministerio de Transportes. Moriyón y Queipo sostienen que hubo un “fraude electoral” a los gijoneses, porque recuerdan que esa obra fue licitada en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, pero pocos meses después se renunció a ejecutarla. A partir de esa crítica, ambos reclaman una solución para el problema del tráfico pesado, subrayando que más de mil camiones atraviesan cada día la ciudad para acceder a El Musel. Además, el comunicado recoge otra coincidencia entre la Autoridad Portuaria de Gijón para apartar a Nieves Roqueñí, por lo que piden su cese inmediato.
La información añade que el encuentro fue presentado como “institucional”, pero lo sitúa en un contexto político especialmente significativo, ya que se produce cuando falta poco más de un año para las elecciones municipales y autonómicas. También recuerda que PP y Foro Asturias llevan aproximadamente un año colaborando en la Junta General mediante una alianza parlamentaria con la que coordinan trabajo y mensajes. En el aniversario de esa colaboración, Álvaro Queipo y Adrián Pumares ya habían dejado abierta la posibilidad de estudiar una futura coalición electoral para 2027. Por eso, la reunión entre Moriyón y Queipo no solo sirve para escenificar coincidencia en las reivindicaciones sobre Gijón, sino también para reforzar la imagen de sintonía política entre ambas formaciones https://bit.ly/4vK0s8F
El encuentro entre Carmen Moriyón y Álvaro Queipo, difundido el 21 de abril de 2026 tras una reunión en el Ayuntamiento de Gijón, sirvió para escenificar una posición política compartida sobre varias infraestructuras pendientes en la ciudad. Ambos reclamaron el desbloqueo de los accesos a El Musel, de la estación intermodal del plan de vías y del desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña, y ligaron esos retrasos a la falta de entendimiento entre el Principado y el Ministerio de Transportes. La reunión, además, se produce en un contexto de colaboración política previa entre PP y Foro y a poco más de un año de las elecciones municipales y autonómicas.
El núcleo del problema está en la evolución del vial de Jove y en la ausencia de una solución estable para sacar el tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias. El 21 de marzo de 2024, el Principado explicó públicamente que el Ministerio descartaba el vial soterrado tal y como estaba planteado y que pasaba a manejar una alternativa en superficie, junto con la humanización de la avenida y el desdoblamiento de Lloreda-Veriña. Dos días después trascendió que esa nueva opción en superficie rondaba los 70 millones de euros y que, según el propio informe ministerial, podría licitarse en doce meses. Sin embargo, en octubre de 2024 el Ministerio terminó renunciando definitivamente al proyecto por falta de consenso con el Ayuntamiento de Gijón y con el Principado sobre esa solución en superficie; días después, el Gobierno asturiano reiteró que esa alternativa había sido rechazada por ambas administraciones y defendió que el dinero previsto para el vial se reinvirtiera en otras mejoras para Gijón.
Desde entonces, lo que sí consta públicamente es una situación de bloqueo prolongado. El Ayuntamiento convocó en octubre de 2024 una mesa de trabajo con asociaciones de la zona oeste para fijar una posición común. Ya en febrero de 2026, Moriyón afirmó que no estaba obteniendo respuesta a sus cartas ni interlocución efectiva sobre una alternativa para los accesos a El Musel y anunció que preparaba una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Ese paso se materializó el 31 de marzo de 2026, cuando la alcaldesa registró en Madrid una queja formal apoyada en un informe de la Secretaría General y en aportaciones de varios departamentos municipales. El objeto de esa queja, según las declaraciones difundidas entonces, era denunciar la inactividad de la Administración General del Estado para ofrecer una alternativa tras el desistimiento del vial de Jove y poner el foco en el impacto del paso diario de camiones por la zona oeste.
Conviene precisar que, en términos institucionales, lo presentado por Moriyón no es una denuncia judicial, sino una queja ante el Defensor del Pueblo. El recorrido ordinario de esa queja es claro: primero se registra y se acusa recibo; después el Defensor decide si la tramita o la rechaza. Si la admite, abre una investigación sumaria e informal y pide un informe escrito al organismo afectado, que debe remitirlo en un plazo máximo de quince días, ampliable si el propio Defensor lo considera. Durante esa fase, la Administración está obligada a colaborar con carácter preferente y urgente. Tras estudiar el caso, el Defensor puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias, y la Administración debe responder por escrito en un plazo no superior a un mes. El propio portal del Defensor indica además que la persona promotora puede consultar el estado del expediente en línea y que, al finalizar la actuación, recibe una comunicación con las conclusiones. También deja claro que el Defensor no anula ni modifica actos administrativos: supervisa, investiga y trata de que la Administración corrija la situación.
Por tanto, el recorrido público que hoy puede reconstruirse es este: primero, el fracaso de la alternativa ministerial en superficie y la retirada definitiva del proyecto del vial de Jove; después, la apertura de una etapa de indefinición sobre los accesos a El Musel; más tarde, el compromiso asumido por Moriyón en el pleno de febrero de 2026; luego, la elaboración de informes municipales y la presentación formal de la queja el 31 de marzo; y, finalmente, la utilización de ese expediente como un elemento más de presión política, algo que la propia alcaldesa resumió el 8 de abril al decir que la queja no resolvía el problema, pero dejaba por escrito la reclamación de la ciudad. En ese sentido, la reunión del 21 de abril con Queipo encaja en la misma estrategia de situar de nuevo en el debate público el bloqueo de los accesos a El Musel y de otras infraestructuras gijonesas.
Si se atiende solo a lo que consta públicamente, el dato central es este: el gobierno municipal de Gijón rechazó la alternativa en superficie planteada por el Ministerio, pero no dejó a la vista una alternativa municipal propia, completa y formalizada que sustituyera esa propuesta. Ya en marzo de 2024, Carmen Moriyón remitió una carta al Ministerio en la que pedía una solución “de consenso”, pero al mismo tiempo afirmaba que el estudio de todas las alternativas correspondía al propio Ministerio. Un mes después, en el Consejo Social, la línea pública seguía siendo la de no “jugar a ingenieros” y esperar que la solución técnica viniera de las administraciones competentes. Más adelante, en septiembre de 2024, la posición difundida era que el Gobierno de Gijón “solo estudiará propuestas de Transportes”, y en octubre, cuando el proyecto decayó definitivamente, el Ministerio pidió al Ayuntamiento y al Principado que remitieran por escrito su disconformidad con la opción en superficie. Esa secuencia describe una estrategia de rechazo y de exigencia al Estado, pero no la presentación pública de una contrapropuesta municipal cerrada https://bit.ly/4w0HI59
Ese hecho tiene una consecuencia política e institucional muy clara. Cuando una administración rechaza un proyecto estatal sin acompañar ese rechazo de una alternativa propia técnicamente identificable, el conflicto deja de girar en torno a dos soluciones comparables y pasa a girar en torno a una sola propuesta rechazada y a la exigencia de que sea otro quien formule la siguiente. En la práctica, eso debilita la posición negociadora de quien protesta, porque le permite marcar un “no”, pero le da menos capacidad para condicionar el contenido concreto del siguiente paso: el trazado, el calendario, el presupuesto y la justificación técnica. Dicho de forma sencilla, el Ayuntamiento quedó en una posición fuerte para impugnar políticamente la propuesta ministerial, pero más débil para ordenar el debate alrededor de una solución alternativa propia, porque públicamente no transformó su rechazo en un proyecto municipal sometible a discusión. Esa lectura encaja con la propia documentación conocida: se pidió que el Ministerio estudiara alternativas, se rechazó la opción en superficie y se formalizó la disconformidad, pero no aparece una alternativa municipal equivalente presentada como base de negociación https://bit.ly/3Ot8fqJ
La evolución posterior refuerza esa interpretación. En febrero de 2026 la propia Moriyón dijo que el Ayuntamiento había acogido la idea alternativa presentada por Alejandro Calvo sobre el desdoblamiento de la GJ-10, lo que sitúa esa vía en el terreno del Principado y no como una propuesta municipal originaria. Y en marzo de 2026 el Consistorio acudió al Defensor del Pueblo para denunciar la “inacción” del Ministerio y reclamar que aclarase en qué alternativa estaba trabajando y con qué plazos. Incluso después, Moriyón reconoció que esa queja no resolvía el problema, sino que servía para dejar constancia escrita de la reclamación de la ciudad (una performance más de Moriyón y Queipo para justificar su incompetencia con dicho problema). Todo eso indica que, una vez caída la propuesta estatal, la actuación municipal derivó hacia la presión institucional y la denuncia de la falta de respuesta, pero no hacia la formalización pública de una alternativa propia que sustituyera el proyecto descartado https://bit.ly/4trwtB1
Por tanto, el análisis más ajustado a los hechos es que el gobierno municipal de Gijón de Foro y PP sí sostuvo una oposición política muy visible al planteamiento del Ministerio, pero no convirtió esa oposición en una propuesta municipal alternativa de conocimiento público. Y ese vacío es relevante, porque dejó durante meses la discusión en un terreno defensivo: se discutía por qué no valía lo que había presentado Transportes y por qué el Ministerio no contestaba, pero no se discutía sobre una solución municipal concreta ya puesta negro sobre blanco. Ahí está, precisamente, la debilidad de aquella estrategia fallida de Moriyón: permitió denunciar el bloqueo, pero no permitió liderar con la misma fuerza la salida técnica al bloqueo https://bit.ly/4vNFiXq
Sin convertir hipótesis en hechos, lo primero que puede afirmarse es esto: no hay todavía una coalición formal cerrada entre PP y Foro para las elecciones de mayo del 2027, pero ambos partidos llevan más de un año coordinando su acción parlamentaria, Foro admite que existe una “reflexión conjunta” sobre las ventajas de concurrir unidos y Pumares llegó a decir que, de haber ido juntos en 2023, el centroderecha probablemente habría sumado un escaño más en el oriente. A la vez, Álvaro Queipo ha defendido públicamente un entendimiento que agrupe ese espacio electoral. Con esos datos, la lectura más sólida no es que la lista única esté decidida sin remedio, sino que la lógica electoral de ambos empuja claramente hacia esa opción: a Foro le permitiría maximizar su supervivencia institucional y al PP le ayudaría a reducir la fragmentación del voto y mejorar sus opciones de alcanzar la presidencia del Principado https://bit.ly/41IICoT
Dicho de otro modo, la estrategia común no se entiende tanto por la construcción de un programa nuevo y diferenciado para Asturias y los asturianos, sino como por una operación de agregación electoral. En el caso de Foro, los propios argumentos usados por su dirección hablan de rentabilidad de escaños y de utilidad del pacto para propiciar un “cambio de gobierno”; en el caso del PP, el incentivo evidente es reunir bajo una sola marca o un solo paraguas a dos fuerzas que compiten en un espacio ideológico muy próximo. Por eso la reunión de Moriyón y Queipo encaja mejor como una escenificación de bloque que como un simple encuentro institucional: refuerza la imagen de sintonía, normaliza la cooperación y acostumbra al electorado a ver a ambos partidos como piezas de una misma alternativa. Eso no prueba intenciones ocultas, pero sí permite concluir que el interés prioritario hoy es la acumulación de fuerza electoral https://bit.ly/4mHHBXR
Cuando se contrasta esa lógica con la política municipal, especialmente en vivienda, aparece el desajuste entre relato y resultados. En Gijón, el propio gobierno de Moriyón presentó en el año 2024 el desarrollo de Naval Gijón sin uso residencial, centrado en economía azul y otros usos compatibles. Después lanzó el Plan Llave como gran respuesta municipal, con 500 viviendas previstas y una primera fase de 120, pero el diseño inicial descansó en una fórmula de permuta con promotores privados y, en la primera licitación, el Ayuntamiento esperaba incorporar 20 viviendas a su patrimonio municipal. Es decir, la herramienta principal no fue una promoción pública directa a gran escala, sino un esquema apoyado en la viabilidad del sector privado https://bit.ly/4dVR9fr
Además, la evolución del Plan Llave refuerza esa lectura. La Junta de Gobierno de Gijón dejó por escrito que, tras un escrito de CAC-ASPROCON pidiendo incorporar una cláusula de actualización de precios máximos de venta, suspendió la licitación para valorar esa solicitud y adaptar los pliegos. Más tarde, la primera fase quedó desierta y en enero de 2026 el procedimiento fue declarado sin adjudicación. Solo después llegó, en diciembre de 2025, un acuerdo político entre Ayuntamiento y Principado para impulsar promociones de vivienda pública en alquiler asequible. Por tanto, en Gijón sí ha habido actuaciones, pero los hechos muestran que durante buena parte del mandato la respuesta ha sido lenta, muy condicionada por la viabilidad del promotor y poco eficaz en resultados inmediatos, más que una ofensiva pública contundente contra la crisis de acceso a la vivienda https://bit.ly/42n0xBE
A eso se suma que, cuando el Principado impulsó la declaración de zonas tensionadas en Gijón, el Ayuntamiento no se alineó con esa vía regulatoria, sino que reclamó primero explicaciones y el PP presentó alegaciones para evitar la declaración de La Arena y Cimavilla. Ese dato es importante porque permite ver una prioridad política concreta: el gobierno local ha puesto más énfasis en discutir el instrumento regulador y en defender un enfoque apoyado en oferta y promoción que en asumir sin reservas medidas de contención del mercado del alquiler. No es una elucubración: es la orientación que se desprende de sus posiciones públicas https://bit.ly/3OBnLRe
En Llanes conviene hacer una precisión factual: allí no gobierna Foro, sino un bipartito de VecinosxLlanes y PP. Aun así, el ejemplo sirve para analizar cómo se comporta ese espacio político en el poder local. En vivienda, no puede sostenerse sin matices que no se haya hecho nada, porque el Ayuntamiento sí aprobó inicialmente un Plan Especial de Usos Turísticos que amplía la suspensión de nuevas licencias y fija el umbral del 5 % para considerar saturados los núcleos. Pero esa actuación convive con un problema estructural que sigue sin resolverse: el Plan General continuaba atascado, con 539 alegaciones tras la exposición pública, con el Principado urgiendo en noviembre de 2025 su aprobación inmediata y con el propio Ayuntamiento reclamando en abril de 2026 la declaración ambiental estratégica para poder seguir tramitándolo. Es decir, ha habido medidas parciales de contención del uso turístico, pero no se ha culminado todavía la pieza de ordenación general que condiciona la respuesta de fondo https://bit.ly/4vHsp0P
Con todo eso, el análisis más ajustado a los hechos es que la convergencia entre PP y Foro responde sobre todo a una estrategia de eficiencia electoral y de acceso al poder, no a la exhibición de un balance singularmente sólido en los principales problemas materiales. En Gijón, la vivienda ha generado anuncios, rediseños, licitaciones fallidas, disputa sobre zonas tensionadas y acuerdos tardíos con el Principado; en Llanes, el control del uso turístico ha avanzado más que la solución estructural del urbanismo residencial. Por eso, más que hablar de “verdaderos intereses” como si pudiéramos leer intenciones internas, lo que sí puede decirse con rigor es que sus decisiones públicas dejan ver una prioridad muy clara en Foro, PP y VecinosxLlanes: construir un bloque competitivo para 2027, mientras los resultados efectivos en vivienda siguen siendo limitados, incompletos o tardíos respecto a la dimensión del problema https://bit.ly/3OPWNFI
Para terminar el post quiero manifestar que el balance que deja todo lo expuesto es profundamente preocupante. Foro y PP aparecen en este episodio no como fuerzas centradas en resolver los problemas reales de Asturias, sino como organizaciones obsesionadas con el control del relato, la confrontación partidista y la rentabilidad electoral de cada conflicto. En Gijón, frente a un asunto tan grave como los accesos a El Musel y el paso diario de tráfico pesado por la ciudad, su actuación ha consistido en rechazar propuestas, escenificar agravios y desplazar la responsabilidad hacia otras administraciones, pero sin poner sobre la mesa una alternativa propia, completa y defendible. Esa es la realidad política que se desprende del caso: mucha denuncia pública, mucha fotografía, mucho comunicado, pero una capacidad muy limitada para convertir la crítica en solución.
Esa misma forma de actuar se repite cuando se observa el problema de la vivienda, que es una de las mayores preocupaciones sociales en municipios donde gobiernan o sostienen gobiernos él PP. En Gijón, el discurso del acceso a la vivienda ha quedado subordinado a fórmulas lentas, fallidas o excesivamente condicionadas por los intereses del sector privado, mientras las medidas con impacto directo y urgente no han marcado la acción política del gobierno local. Y en Llanes, después de años de gobierno municipal, sigue sin resolverse la pieza básica de la ordenación urbanística al carecer de PGOU, lo que demuestra hasta qué punto la gestión ha sido incapaz de responder con la seriedad y la eficacia que exige un problema estructural. No se trata de discutir intenciones ocultas, sino de observar resultados: donde más falta hacía actuar con decisión, lo que se ha ofrecido ha sido demora, insuficiencia y cálculo político.
Por eso, el fondo del asunto no es solo la posible convergencia electoral entre ambas fuerzas, sino lo que esa convergencia revela sobre su manera de entender la política. Foro y PP no comparecen ante los asturianos con un balance sólido de soluciones, sino con una estrategia de acumulación de poder sostenida sobre la exageración del conflicto, la externalización de culpas y la explotación partidista del malestar ciudadano. El problema no es que quieran gobernar, sino que todo indica que su prioridad es llegar al gobierno antes que demostrar, con hechos, que saben afrontar los problemas de la mayoría social. Y cuando una fuerza política sustituye la gestión por la escenificación, la propuesta por el reproche y el interés general por la conveniencia electoral, lo que queda no es una alternativa solvente para Asturias, sino una política vacía que agrava la desconfianza y cronifica los problemas que dice combatir.
Ya lo dijo Georg Christoph Lichtenberg: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.”
