Asturias amplía su parque público de vivienda con más de 600 nuevos pisos en numerosos concejos
El Gobierno del Principado de Asturias afronta uno de los mayores procesos de ampliación del parque público de vivienda de los últimos años, con una estrategia que combinará nuevas promociones, rehabilitación de inmuebles, utilización de suelo público y la posible incorporación a la gestión autonómica de viviendas actualmente en manos del Estado. Asturias parte de un parque que supera las 10.000 viviendas públicas y tiene ya en marcha una primera oleada de 608 nuevos pisos distribuidos por doce concejos, a la que posteriormente se sumarán nuevas promociones previstas en alrededor de una veintena de municipios. Además, el Principado estudia asumir la gestión de 378 viviendas estatales procedentes del antiguo perímetro de Sareb, actualmente integradas en la sociedad estatal Casa 47, que podrían destinarse a alquiler asequible https://tinyurl.com/ba3nptm9
Según el último mapa elaborado por la Consejería de Vivienda, el parque público asturiano alcanza actualmente las 10.383 viviendas, distribuidas por buena parte de la comunidad, aunque con una clara concentración en el área central y las cuencas mineras. Gijón y Oviedo reúnen por sí solos más de 3.600 viviendas, mientras que también cuentan con una presencia importante de vivienda pública concejos como Mieres, Langreo, Siero, Avilés y San Martín del Rey Aurelio. A partir de estos grandes núcleos, el parque autonómico se extiende por numerosos municipios asturianos, aunque en muchos de ellos el número de inmuebles es considerablemente menor.
La primera gran actuación de esta legislatura supondrá incorporar 608 nuevas viviendas públicas en doce concejos asturianos. El municipio que concentra el mayor número es Gijón, con 250 nuevas viviendas, seguido de Siero, con 80; Langreo, con 60; Laviana, con 48; Mieres, con 37; Colunga, con 30; Grado y Llanera, con 24 viviendas cada uno; Carreño, con 21; Avilés y Soto del Barco, con 12 cada uno, y Onís, con 10 viviendas. Todas estas actuaciones, según sostiene el Gobierno autonómico, se encuentran ya iniciadas, aunque su grado de ejecución es diferente. Algunas comienzan incluso a ofrecer resultados, como las 12 viviendas de La Arena, en Soto del Barco, cuyas obras finalizaron en agosto, mientras que otras promociones, como la situada en Lugo de Llanera, se encuentran también próximas a su finalización.
Esta primera tanda de 608 viviendas será solamente una parte del incremento previsto para los próximos años. El mapa autonómico contempla una segunda generación de proyectos que llevará nuevas actuaciones a alrededor de una veintena de concejos, ampliando de forma considerable el alcance territorial de la vivienda pública. Entre los municipios incluidos en esta nueva planificación aparecen Oviedo, Avilés, Gijón, Villaviciosa, Pravia, Parres y Ribadesella, además de distintos concejos rurales. Uno de los proyectos que comienza a avanzar dentro de esta segunda fase se localiza en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, donde está prevista la construcción de 36 nuevas viviendas públicas. Esta actuación se encuentra ya en fase de licitación y contará con financiación vinculada al Fondo de Transición Justa, convirtiéndose en una iniciativa pionera en España en el uso de estos fondos europeos para vivienda.
A las promociones construidas directamente por el Principado podría añadirse otra importante bolsa de inmuebles. Se trata de 378 viviendas procedentes del antiguo perímetro de Sareb y actualmente integradas en la sociedad estatal Casa 47, distribuidas por once concejos asturianos. La mayor presencia de estos inmuebles se encuentra en Gijón, aunque también existen viviendas en municipios como Aller, Oviedo, Siero, Langreo, Mieres, Carreño y Avilés. Su incorporación al sistema autonómico tendría unas características diferentes a las viviendas promovidas directamente por Asturias, ya que los inmuebles continuarían siendo propiedad del Estado y el Principado asumiría su gestión para destinarlos a alquiler asequible, siempre que finalmente se concreten los acuerdos correspondientes entre ambas administraciones.
La ampliación del parque público se apoyará además en fórmulas diferentes a la promoción tradicional, entre ellas el derecho de superficie, que permite a la Administración aportar suelo de titularidad pública para facilitar la construcción de vivienda protegida o asequible en alquiler sin perder la propiedad de los terrenos. Dentro de esta modalidad destacan 250 viviendas en Peritos, en Gijón, y otras 44 en Lugones, en el concejo de Siero, que se encuentran ya en fase de adjudicación a sus futuros inquilinos. También se incorporan a esta fórmula 640 viviendas en Oviedo, que ya pertenecen al parque público gestionado por Vipasa, así como otras 130 viviendas en Avilés, reforzando especialmente la oferta residencial pública y asequible en los principales núcleos urbanos del centro de Asturias.
Uno de los aspectos destacados de la estrategia es que la ampliación de la vivienda pública no quedará limitada a las principales ciudades y a los municipios más poblados, sino que alcanzará también al medio rural. El programa específico impulsado por el Principado contempla alrededor de 40 viviendas repartidas en una decena de actuaciones, mediante la recuperación y rehabilitación de inmuebles existentes o el desarrollo de pequeñas promociones adaptadas a las características de estos municipios. Entre los concejos beneficiados se encuentran Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros de Nalón, Salas y Piloña. Estas intervenciones persiguen aumentar la oferta residencial en zonas donde resulta más difícil desarrollar grandes promociones y, al mismo tiempo, utilizar la vivienda como herramienta para favorecer el asentamiento de población y hacer frente a los problemas de despoblación.
El resultado dibuja una ampliación de la vivienda pública que tendrá repercusión en buena parte de la geografía asturiana. Entre las distintas fases, promociones y programas aparecen Gijón, Oviedo, Siero, Langreo, Laviana, Mieres, Colunga, Grado, Llanera, Carreño, Avilés, Soto del Barco, Onís, San Martín del Rey Aurelio, Villaviciosa, Pravia, Parres, Ribadesella, Aller, Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros de Nalón, Salas y Piloña. De esta manera, el Principado plantea una estrategia que combina construcción de nuevas viviendas, rehabilitación, derecho de superficie y posible gestión de inmuebles estatales, con actuaciones tanto en las grandes ciudades y las cuencas mineras como en concejos rurales.
Con 608 nuevas viviendas ya iniciadas, nuevos proyectos previstos en aproximadamente una veintena de concejos y la posibilidad de incorporar a la gestión autonómica cerca de 400 viviendas estatales destinadas al alquiler asequible, Asturias afronta así un importante crecimiento de su parque residencial público. La extensión territorial de las actuaciones permitirá que numerosos municipios asturianos se beneficien de nuevas viviendas públicas o asequibles durante los próximos años, reforzando la oferta residencial tanto en las zonas de mayor demanda como en aquellos concejos rurales donde disponer de vivienda puede resultar determinante para mantener y atraer población. Consulta aquí la noticia y la información completa
Llanes vuelve a quedarse fuera del mapa de la nueva vivienda pública asturiana
La política de vivienda que está desplegando el Principado de Asturias introduce un elemento nuevo que merece incorporarse al debate sobre el urbanismo y la vivienda en Llanes. Asturias afronta uno de los mayores procesos de ampliación de su parque público de vivienda de los últimos años, mientras Llanes, pese a la presión que soporta su mercado inmobiliario, no aparece entre los concejos expresamente citados como beneficiarios de las principales actuaciones actualmente anunciadas.
Asturias amplía su parque público de vivienda con más de 600 nuevos pisos en numerosos concejos
El Gobierno del Principado de Asturias afronta uno de los mayores procesos de ampliación del parque público de vivienda de los últimos años, con una estrategia que combinará nuevas promociones, rehabilitación de inmuebles, utilización de suelo público y la posible incorporación a la gestión autonómica de viviendas actualmente en manos del Estado. Asturias parte de un parque que supera las 10.000 viviendas públicas y tiene ya en marcha una primera oleada de 608 nuevos pisos distribuidos por doce concejos, a la que posteriormente se sumarán nuevas promociones previstas en alrededor de una veintena de municipios. Además, el Principado estudia asumir la gestión de 378 viviendas estatales procedentes del antiguo perímetro de Sareb, actualmente integradas en la sociedad estatal Casa 47, que podrían destinarse a alquiler asequible.
Según el último mapa elaborado por la Consejería de Vivienda, el parque público asturiano alcanza actualmente las 10.383 viviendas, distribuidas por buena parte de la comunidad, aunque con una clara concentración en el área central y las cuencas mineras. Gijón y Oviedo reúnen por sí solos más de 3.600 viviendas, mientras que también cuentan con una presencia importante de vivienda pública concejos como Mieres, Langreo, Siero, Avilés y San Martín del Rey Aurelio. A partir de estos grandes núcleos, el parque autonómico se extiende por numerosos municipios asturianos, aunque en muchos de ellos el número de inmuebles es considerablemente menor.
La primera gran actuación de esta legislatura supondrá incorporar 608 nuevas viviendas públicas en doce concejos asturianos. El municipio que concentra el mayor número es Gijón, con 250 nuevas viviendas, seguido de Siero, con 80; Langreo, con 60; Laviana, con 48; Mieres, con 37; Colunga, con 30; Grado y Llanera, con 24 viviendas cada uno; Carreño, con 21; Avilés y Soto del Barco, con 12 cada uno, y Onís, con 10 viviendas. Todas estas actuaciones, según sostiene el Gobierno autonómico, se encuentran ya iniciadas, aunque su grado de ejecución es diferente. Algunas comienzan incluso a ofrecer resultados, como las 12 viviendas de La Arena, en Soto del Barco, cuyas obras finalizaron en agosto, mientras que otras promociones, como la situada en Lugo de Llanera, se encuentran también próximas a su finalización.
Esta primera tanda de 608 viviendas será solamente una parte del incremento previsto para los próximos años. El mapa autonómico contempla una segunda generación de proyectos que llevará nuevas actuaciones a alrededor de una veintena de concejos, ampliando de forma considerable el alcance territorial de la vivienda pública. Entre los municipios incluidos en esta nueva planificación aparecen Oviedo, Avilés, Gijón, Villaviciosa, Pravia, Parres y Ribadesella, además de distintos concejos rurales. Uno de los proyectos que comienza a avanzar dentro de esta segunda fase se localiza en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, donde está prevista la construcción de 36 nuevas viviendas públicas. Esta actuación se encuentra ya en fase de licitación y contará con financiación vinculada al Fondo de Transición Justa, convirtiéndose en una iniciativa pionera en España en el uso de estos fondos europeos para vivienda.
A las promociones construidas directamente por el Principado podría añadirse otra importante bolsa de inmuebles. Se trata de 378 viviendas procedentes del antiguo perímetro de Sareb y actualmente integradas en la sociedad estatal Casa 47, distribuidas por once concejos asturianos. La mayor presencia de estos inmuebles se encuentra en Gijón, aunque también existen viviendas en municipios como Aller, Oviedo, Siero, Langreo, Mieres, Carreño y Avilés. Su incorporación al sistema autonómico tendría unas características diferentes a las viviendas promovidas directamente por Asturias, ya que los inmuebles continuarían siendo propiedad del Estado y el Principado asumiría su gestión para destinarlos a alquiler asequible, siempre que finalmente se concreten los acuerdos correspondientes entre ambas administraciones.
La ampliación del parque público se apoyará además en fórmulas diferentes a la promoción tradicional, entre ellas el derecho de superficie, que permite a la Administración aportar suelo de titularidad pública para facilitar la construcción de vivienda protegida o asequible en alquiler sin perder la propiedad de los terrenos. Dentro de esta modalidad destacan 250 viviendas en Peritos, en Gijón, y otras 44 en Lugones, en el concejo de Siero, que se encuentran ya en fase de adjudicación a sus futuros inquilinos. También se incorporan a esta fórmula 640 viviendas en Oviedo, que ya pertenecen al parque público gestionado por Vipasa, así como otras 130 viviendas en Avilés, reforzando especialmente la oferta residencial pública y asequible en los principales núcleos urbanos del centro de Asturias.
Foto: Álvaro Queipo y Enrique Riestra, los dos verdaderos responsables del atropello que vive Llanes y los llaniscos
Uno de los aspectos destacados de la estrategia es que la ampliación de la vivienda pública no quedará limitada a las principales ciudades y a los municipios más poblados, sino que alcanzará también al medio rural. El programa específico impulsado por el Principado contempla alrededor de 40 viviendas repartidas en una decena de actuaciones, mediante la recuperación y rehabilitación de inmuebles existentes o el desarrollo de pequeñas promociones adaptadas a las características de estos municipios. Entre los concejos beneficiados se encuentran Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros de Nalón, Salas y Piloña. Estas intervenciones persiguen aumentar la oferta residencial en zonas donde resulta más difícil desarrollar grandes promociones y, al mismo tiempo, utilizar la vivienda como herramienta para favorecer el asentamiento de población y hacer frente a los problemas de despoblación.
El resultado dibuja una ampliación de la vivienda pública que tendrá repercusión en buena parte de la geografía asturiana. Entre las distintas fases, promociones y programas aparecen Gijón, Oviedo, Siero, Langreo, Laviana, Mieres, Colunga, Grado, Llanera, Carreño, Avilés, Soto del Barco, Onís, San Martín del Rey Aurelio, Villaviciosa, Pravia, Parres, Ribadesella, Aller, Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros de Nalón, Salas y Piloña. De esta manera, el Principado plantea una estrategia que combina construcción de nuevas viviendas, rehabilitación, derecho de superficie y posible gestión de inmuebles estatales, con actuaciones tanto en las grandes ciudades y las cuencas mineras como en concejos rurales.
Con 608 nuevas viviendas ya iniciadas, nuevos proyectos previstos en aproximadamente una veintena de concejos y la posibilidad de incorporar a la gestión autonómica cerca de 400 viviendas estatales destinadas al alquiler asequible, Asturias afronta así un importante crecimiento de su parque residencial público. La extensión territorial de las actuaciones permitirá que numerosos municipios asturianos se beneficien de nuevas viviendas públicas o asequibles durante los próximos años, reforzando la oferta residencial tanto en las zonas de mayor demanda como en aquellos concejos rurales donde disponer de vivienda puede resultar determinante para mantener y atraer población. Consulta aquí la noticia y la información completa
Llanes vuelve a quedarse fuera de la foto de la vivienda pública
La fotografía de la vivienda pública que estos días ofrece Asturias deja una ausencia que resulta difícil de ignorar: Llanes vuelve a no aparecer entre los concejos beneficiados por las principales promociones anunciadas por el Principado. Mientras Gijón, Siero, Langreo, Laviana, Mieres, Colunga, Grado, Llanera, Carreño, Avilés, Soto del Barco y Onís se reparten las 608 viviendas de esta primera oleada, y mientras la siguiente fase alcanza a municipios del Oriente como Villaviciosa, Parres o Ribadesella, Llanes no figura en esa fotografía. Y no estamos hablando de un concejo donde el acceso a la vivienda sea un asunto secundario. Estamos hablando de un municipio sometido a una fuerte presión inmobiliaria y turística y en el que encontrar una vivienda a un precio asumible se ha convertido en una de las principales preocupaciones para quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida.
Es precisamente esa ausencia la que obliga a mirar hacia la política municipal desarrollada durante los últimos años. El partido fascista, VecinosxLlanes lleva al frente de la Alcaldía desde el año 2015 y actualmente gobierna en coalición con la derecha extrema del Partido Popular, por lo que después de más de una década resulta legítimo examinar qué resultados ha producido su gestión en una cuestión tan determinante como la vivienda. El dato más elocuente lo proporcionó el propio alcalde, Enrique Riestra, cuando en una entrevista publicada en 2025 reconoció expresamente la realidad existente en el concejo: «Hoy lo que es claro es que no hay vivienda pública». El regidor responsabilizaba de esa situación a decisiones adoptadas muchos años antes por anteriores gobiernos municipales, pero después de una década al frente del Ayuntamiento la cuestión que cabe plantear es, ¿qué se ha hecho durante este tiempo para cambiar esa realidad?... La respuesta es clara y rápida, NADA.
La vivienda no puede abordarse únicamente buscando responsabilidades en el pasado. Algo más de once años constituyen un periodo suficientemente amplio para que un gobierno municipal pueda definir prioridades, reservar suelo, impulsar acuerdos con otras administraciones, desarrollar instrumentos urbanísticos y reclamar promociones de vivienda protegida para sus vecinos. Y precisamente ahí es donde resulta especialmente preocupante la ausencia de Llanes en el actual mapa de expansión de la vivienda pública asturiana. Cuando decenas de concejos aparecen asociados a nuevas promociones, rehabilitaciones, vivienda rural, alquiler asequible o futuras actuaciones, Llanes debería estar defendiendo con especial intensidad su incorporación a esos programas, porque pocos territorios necesitan tanto que la vivienda vuelva a estar vinculada a las necesidades de quienes viven y trabajan durante todo el año en el concejo.
El problema adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa el planeamiento urbanístico. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debería representar una oportunidad histórica para corregir las carencias acumuladas y garantizar que una parte significativa del futuro crecimiento residencial quede vinculada a vivienda protegida, vivienda pública y alquiler asequible para los llaniscos. El gobierno municipal fascista defiende, por su parte, que el futuro Plan General permitirá proteger la costa y la identidad de los pueblos frente a la especulación inmobiliaria. Esa es su posición y deberá juzgarse cuando el documento produzca resultados concretos. Pero en materia de vivienda la pregunta fundamental sigue siendo mucho más sencilla: ¿cuántas viviendas protegidas y asequibles va a generar realmente el nuevo planeamiento y qué porcentaje de las nuevas posibilidades residenciales estará pensado para quienes necesitan vivir en Llanes todo el año?
Porque hablar de vivienda en Llanes significa hablar también del futuro del concejo. Cuando un joven no puede emanciparse en el municipio en el que nació, cuando una familia tiene dificultades para encontrar un alquiler estable o cuando un trabajador descubre que vivir cerca de su puesto de trabajo resulta económicamente imposible, el problema deja de ser exclusivamente inmobiliario y pasa a convertirse en un problema social, demográfico y económico. Un municipio puede recibir miles de visitantes y mantener una importante actividad turística, pero si quienes trabajan y forman familias en él no encuentran una vivienda accesible, termina debilitándose la propia comunidad que sostiene ese modelo económico.
Por eso resulta especialmente llamativo comprobar cómo el nuevo mapa de vivienda pública asturiana alcanza a grandes ciudades, municipios de las cuencas, concejos rurales e incluso localidades del Oriente de Asturias, mientras Llanes vuelve a quedarse fuera de las principales actuaciones anunciadas. La comparación no debería servir para enfrentar municipios, sino para preguntarse por qué un concejo con unas necesidades residenciales tan evidentes no consigue ocupar un lugar destacado en las políticas públicas de vivienda. La vivienda asequible no debería depender únicamente del mercado ni convertirse en una cuestión secundaria dentro del planeamiento urbanístico: debe ser una política pública prioritaria.
El gobierno de Vecinos por Llanes y PP puede argumentar, como ha hecho el alcalde, que parte de los problemas actuales proceden de decisiones adoptadas por gobiernos anteriores. También puede señalar otras actuaciones realizadas durante estos años y defender su balance de gestión. Pero la responsabilidad política no consiste solamente en explicar de dónde viene un problema, sino también en demostrar qué se ha hecho para solucionarlo durante el tiempo en que se ha tenido capacidad para gobernar. Después de más de una década, la ausencia de un parque significativo de vivienda pública constituye un resultado concreto que merece ser examinado y debatido por los llaniscos.
La cuestión de fondo no debería reducirse, por tanto, a una batalla entre partidos. La pregunta verdaderamente importante es qué Llanes queremos dentro de diez o veinte años. Un concejo en el que vivir durante todo el año sea un privilegio reservado a quienes pueden asumir los precios del mercado corre el riesgo de perder población joven, trabajadores, familias y vida permanente en sus pueblos. Frente a ese escenario, disponer de vivienda pública, protegida y de alquiler asequible constituye una herramienta fundamental para garantizar que Llanes siga siendo, ante todo, un lugar donde los llaniscos puedan vivir.
Y la fotografía publicada estos días deja una advertencia que merece atención: Asturias está preparando centenares de nuevas viviendas públicas y proyectando actuaciones en numerosos concejos, pero Llanes no aparece entre los principales beneficiarios anunciados. Más allá de las responsabilidades que cada fuerza política atribuya al pasado o al presente, ese hecho debería provocar una reflexión profunda sobre las prioridades municipales del gobierno fascista y sobre el papel que está desempeñando para conseguir vivienda asequible. Porque después de más de una década de gobierno municipal ultra de VecinosxLlanes, actualmente junto al PP, los llaniscos necesitan algo más que explicaciones: necesitan políticas que permitan que vivir en Llanes siga estando al alcance de quienes quieren construir aquí su futuro.
El contraste resulta especialmente significativo por la dimensión de la operación autonómica. Asturias dispone actualmente de 10.383 viviendas públicas y el Principado tiene ya en marcha una primera oleada de 608 nuevas viviendas distribuidas entre doce concejos. No hablamos, por tanto, únicamente de anuncios o proyectos a largo plazo. Según el Gobierno autonómico, todas estas promociones están iniciadas, aunque se encuentran en diferentes fases de ejecución, y algunas de ellas ya han finalizado sus obras.
La distribución de esas primeras 608 viviendas permite comprobar hasta qué punto la actuación alcanza municipios de características muy diferentes. Gijón recibirá 250 viviendas; Siero, 80; Langreo, 60; Laviana, 48; Mieres, 37; Colunga, 30; Grado, 24; Llanera, 24; Carreño, 21; Avilés, 12; Soto del Barco, 12, y Onís, 10. Resulta especialmente relevante para Llanes comprobar que las políticas de vivienda pública no se están limitando a las grandes ciudades asturianas. Concejos mucho más pequeños también han conseguido incorporarse a las promociones autonómicas.
El ejemplo de Onís, con diez viviendas, resulta particularmente ilustrativo. También lo son Colunga o Soto del Barco. Demuestran que el tamaño de un municipio no constituye necesariamente un impedimento para desarrollar vivienda pública. La comparación obliga, por tanto, a preguntarse por qué Llanes, con una presión inmobiliaria muy superior a la de muchos concejos asturianos y con importantes dificultades de acceso a la vivienda, no figura en esta primera relación de municipios beneficiados.
Pero la ausencia resulta todavía más llamativa cuando se observa la siguiente fase diseñada por el Principado. Después de estas primeras 608 viviendas llegará una segunda generación de proyectos prevista en alrededor de una veintena de concejos. Entre los municipios expresamente mencionados aparecen Oviedo, Avilés, Gijón, Villaviciosa, Pravia, Parres y Ribadesella, además de diferentes concejos rurales. En el Oriente aparecen Villaviciosa, Parres y Ribadesella; Llanes, de nuevo, no figura entre los municipios citados.
Este dato adquiere una importancia especial porque desmonta la idea de que la vivienda pública autonómica se concentra exclusivamente en el área central. El Principado está llevando actuaciones a municipios pequeños, al medio rural y también al Oriente de Asturias. Si Onís participa en la primera tanda, Ribadesella y Parres aparecen en la planificación posterior y Cabrales y Peñamellera Alta forman parte de programas de vivienda rural, resulta razonable exigir una explicación sobre la posición que ocupa Llanes en esta estrategia autonómica.
Precisamente, otra de las novedades del programa del Principado es una línea específica de vivienda pública en el medio rural, concebida para recuperar edificios existentes o desarrollar pequeñas promociones en aquellos municipios donde las grandes actuaciones resultan más difíciles. El programa contempla alrededor de 40 viviendas repartidas en una decena de actuaciones y alcanza a concejos como Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros de Nalón, Salas y Piloña.
Para Llanes esta política debería resultar especialmente interesante. Un concejo formado por numerosas localidades no necesita necesariamente concentrar toda la vivienda pública en una gran promoción situada en la capital municipal. La rehabilitación de inmuebles, la recuperación de edificios y las pequeñas promociones distribuidas por diferentes núcleos podrían constituir también herramientas para facilitar vivienda permanente y contribuir a mantener población en los pueblos. El programa autonómico demuestra que existen instrumentos que van más allá de las grandes urbanizaciones de vivienda protegida.
Existe además otra fórmula que debería formar parte del debate municipal: el derecho de superficie. Mediante este mecanismo, la Administración aporta suelo público para construir vivienda protegida o asequible destinada al alquiler sin perder la titularidad del terreno. El Principado está utilizando ya esta vía en actuaciones como 250 viviendas en Peritos, en Gijón, y 44 viviendas en Lugones, además de otras operaciones relacionadas con el parque público.
Este instrumento plantea una cuestión especialmente pertinente para Llanes. ¿Qué suelo de titularidad municipal podría ponerse a disposición de proyectos de vivienda protegida o alquiler asequible manteniendo el Ayuntamiento la propiedad del terreno? La discusión sobre el nuevo Plan General no debería limitarse a determinar dónde podrá construirse vivienda privada durante las próximas décadas. También debería identificar claramente qué suelo puede reservarse y movilizarse para garantizar vivienda destinada a residencia habitual.
La estrategia autonómica incorpora todavía una tercera vía: la utilización de viviendas ya construidas. El Principado estudia asumir la gestión de 378 viviendas estatales procedentes del antiguo perímetro de Sareb, actualmente integradas en Casa 47. Estos inmuebles continuarían siendo propiedad del Estado, pero podrían ser gestionados por Asturias para destinarlos a alquiler asequible. Es decir, la política de vivienda no depende exclusivamente de construir edificios nuevos: también puede apoyarse en la recuperación, cesión y movilización del patrimonio residencial existente.
Todo ello amplía considerablemente las preguntas que debería responder el Ayuntamiento de Llanes. No se trata solamente de preguntar cuántas viviendas públicas ha construido directamente el Ayuntamiento durante estos años. También hay que conocer qué suelo ha ofrecido al Principado, qué convenios ha propuesto, qué inmuebles públicos ha intentado recuperar, qué posibilidades de derecho de superficie ha estudiado y qué proyectos concretos ha presentado para conseguir financiación autonómica, estatal o europea, la respuesta es clara y rápida… NINGUNO.
El ejemplo de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, introduce precisamente otra posibilidad. Allí se proyectan 36 viviendas públicas cuya actuación se encuentra en fase de licitación y que recurrirá a financiación vinculada al Fondo de Transición Justa. Independientemente de que ese instrumento concreto responda a las características de las zonas de transición, el proyecto demuestra que las administraciones están buscando nuevas fuentes de financiación para ampliar el parque residencial público. Llanes debería explorar con la misma intensidad todos aquellos programas autonómicos, estatales o europeos a los que pueda acogerse.
La cuestión central, por tanto, no debería reducirse a reclamar al Principado que construya viviendas en Llanes. El Ayuntamiento también tiene capacidad para tomar la iniciativa: localizar suelo adecuado, facilitar su disponibilidad, elaborar proyectos, establecer convenios, promover rehabilitaciones y acudir a las diferentes líneas de financiación existentes… Para hacer esto hay que trabajar y los fascistas que hoy gobiernan el municipio de llanes no saben ni cómo se escribe. La política municipal de vivienda debería poder explicarse mediante actuaciones concretas, presupuestos, parcelas, proyectos, número de viviendas y calendarios.
La comparación territorial resulta inevitable. Gijón, Oviedo, Siero, Langreo, Laviana, Mieres, Colunga, Grado, Llanera, Carreño, Avilés, Soto del Barco, Onís, San Martín del Rey Aurelio, Villaviciosa, Pravia, Parres, Ribadesella, Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros de Nalón, Salas y Piloña aparecen de una u otra manera vinculados a las actuaciones descritas por el Principado. Algunos recibirán grandes promociones; otros, apenas unas viviendas. Pero están dentro del mapa.
Llanes no aparece entre los concejos expresamente citados. Y esa ausencia es particularmente relevante cuando se trata de un municipio donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema central para buena parte de la población residente. No significa necesariamente que Llanes vaya a quedar excluido de cualquier actuación futura, porque la planificación autonómica todavía deberá concretarse y existen proyectos que pueden incorporarse posteriormente. Pero con la información conocida hasta ahora, Llanes no figura entre los principales municipios señalados en esta expansión del parque público.
Esta circunstancia debería servir para elevar el nivel del debate municipal. Más que intercambiar responsabilidades entre administraciones, sería útil que el gobierno fascista de VecinosxLlanes y PP explicara públicamente a los llaniscos qué actuaciones concretas ha planteado al Principado para incorporar Llanes a este proceso, qué terrenos podrían ponerse a disposición de vivienda pública, qué proyectos se encuentran en preparación y qué objetivos cuantificables existen para los próximos años… De momento de esto no se sabe nada, los concejales de dicho gobierno solo son amigos de la foto y de cobrar lo que no ganan en la vida civil en sus profesiones.
Porque mientras Llanes discute desde hace años sobre su planeamiento urbanístico, Asturias está construyendo vivienda pública, rehabilitando edificios, utilizando suelo mediante derechos de superficie, preparando actuaciones rurales y estudiando la incorporación de centenares de viviendas estatales al alquiler asequible. Son diferentes herramientas para afrontar un mismo problema y constituyen experiencias que Llanes podría estudiar y reclamar.
El nuevo Plan General ofrece además una oportunidad que difícilmente debería desaprovecharse. Si el futuro planeamiento abre la posibilidad de desarrollar miles de nuevas viviendas, la verdadera medida de su utilidad social no será únicamente cuántas viviendas permite construir, sino cuántas podrán convertirse en hogares accesibles para quienes viven y trabajan en Llanes durante todo el año. Reservar suelo suficiente para vivienda protegida, facilitar promociones públicas y explorar fórmulas de alquiler asequible debería ocupar un lugar central en ese debate.
La expansión anunciada por el Principado deja así una imagen difícil de ignorar: mientras Asturias amplía su parque público con cientos de viviendas y extiende las actuaciones hacia ciudades, cuencas, pequeños municipios y concejos rurales, Llanes continúa sin aparecer entre los principales beneficiarios anunciados. La cuestión no debería utilizarse únicamente como argumento de confrontación política. Debería servir, sobre todo, para exigir planificación, iniciativa y resultados.
Después de más de una década de gobierno municipal del partido ultra VecinosxLlanes, actualmente en coalición con el PP, existe suficiente perspectiva temporal para evaluar las políticas desarrolladas. La vivienda constituye uno de los mejores indicadores para hacerlo, porque afecta directamente a la posibilidad de que los jóvenes permanezcan en el concejo, de que los trabajadores puedan residir cerca de sus empleos y de que las familias encuentren un hogar compatible con sus ingresos.
El reto para Llanes ya no consiste solamente en aprobar un Plan General o desbloquear expedientes urbanísticos. El verdadero reto es conseguir que el urbanismo sirva para que los llaniscos puedan seguir viviendo en Llanes. Y mientras otros municipios asturianos empiezan a recibir nuevas viviendas públicas, esa debería convertirse en una de las principales exigencias y prioridades para los próximos años.
Epílogo: gobernar también significa asumir responsabilidades
Hay, finalmente, una cuestión que atraviesa todo este debate y que probablemente sea tan importante como las propias cifras de vivienda: la responsabilidad política de quien lleva más de una década gobernando. En Llanes se ha convertido en habitual que, ante algunos de los grandes problemas municipales, el debate termine desplazándose hacia lo que hicieron anteriores gobiernos, hacia la actuación del PSOE o hacia las decisiones del Gobierno del Principado. Naturalmente, existen competencias que corresponden a otras administraciones y una parte de los problemas urbanísticos actuales tiene raíces anteriores a 2015. Negarlo sería tan injusto como atribuir al actual gobierno municipal todo cuanto sucede en el concejo. Pero una cosa es explicar el origen de un problema y otra utilizar permanentemente ese origen para eludir la evaluación de lo realizado durante los años posteriores.
El propio alcalde fascista de Vecinos, Enrique Riestra, ha sostenido públicamente que Llanes recibe un trato desfavorable por parte del Principado y ha reclamado que el municipio no sea tratado en función de colores políticos. Esa denuncia merece ser contrastada con los presupuestos, inversiones y actuaciones concretas de cada Administración. Pero incluso si se aceptara que el Principado debería invertir más en Llanes, eso no elimina las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento ni permite sustituir el balance de la gestión municipal por una relación permanente de agravios contra otras administraciones.
La vivienda constituye un buen ejemplo. El gobierno municipal ha defendido la disponibilidad de suelo para que el Principado pueda desarrollar vivienda protegida y existen referencias a terrenos puestos a disposición o planteados para ese objetivo. Ese hecho debe reconocerse. Pero disponer de suelo o anunciar su disponibilidad no equivale todavía a disponer de viviendas. Lo verdaderamente relevante para los llaniscos es conocer qué acuerdos se han cerrado, qué proyectos tienen financiación, cuántas viviendas están programadas, cuándo comenzarán las obras y cuándo podrán entregarse las llaves.
Después de más de once años de gobierno, la herencia recibida puede explicar el punto de partida, pero cada vez explica menos el punto de llegada. Quien gobierna durante un periodo tan prolongado termina siendo responsable también de aquello que ha conseguido transformar y de aquello que continúa pendiente. Esa es una regla elemental de cualquier evaluación democrática y debería aplicarse exactamente igual independientemente de quién ocupe la Alcaldía.
Además, la relación con el Principado no debería plantearse únicamente en términos de confrontación. Un Ayuntamiento eficaz tiene también que negociar, preparar proyectos, presentar expedientes técnicamente sólidos, buscar financiación y construir acuerdos con administraciones gobernadas por partidos diferentes. La cooperación institucional no significa renunciar a reclamar aquello que corresponde al municipio. Significa convertir esas reivindicaciones en proyectos capaces de llegar a ejecutarse.
Y precisamente la fotografía actual de Asturias obliga a formular una pregunta incómoda. Si otros concejos pequeños, rurales y también del Oriente están consiguiendo incorporarse a programas autonómicos de vivienda, la explicación de la ausencia de Llanes no puede reducirse automáticamente a que el Principado discrimina al municipio. Es necesario conocer toda la cadena: qué ha solicitado Llanes, cuándo lo ha solicitado, qué suelo ha ofrecido, en qué condiciones, qué respuesta ha recibido, qué obstáculos existen y qué alternativas ha planteado después el Ayuntamiento. Solo con esa información podrá determinarse dónde se encuentran las responsabilidades de cada Administración.
Ese ejercicio de transparencia sería especialmente saludable. El gobierno municipal podría publicar una relación cronológica de todas las gestiones realizadas en materia de vivienda durante estos once años: terrenos ofrecidos, reuniones mantenidas con el Principado, convenios propuestos, proyectos presentados, subvenciones solicitadas, respuestas recibidas y actuaciones finalmente ejecutadas. De esa manera, los llaniscos no tendrían que elegir entre versiones políticas enfrentadas. Podrían comprobar los hechos y sacar sus propias conclusiones.
También debería hacerse algo parecido con el nuevo PGOU. No basta con conocer cuántas viviendas permitirá teóricamente construir. Los llaniscos deberían saber cuántas estarán sometidas a algún régimen de protección, dónde estarán situadas, qué suelo público quedará reservado, qué mecanismos impedirán que todo el crecimiento residencial termine absorbido por el mercado libre y qué calendario existe para transformar esas previsiones en viviendas reales.
Porque existe un riesgo evidente: convertir la vivienda en otro capítulo de la confrontación política permanente. El Ayuntamiento culpa al Principado; la oposición culpa al gobierno muncipal; el Gobierno autonómico defiende sus actuaciones; y mientras las administraciones intercambian responsabilidades, el joven que quiere emanciparse continúa buscando un alquiler, la familia que quiere quedarse en Llanes continúa haciendo números y el trabajador que llega al concejo continúa preguntándose dónde puede vivir durante doce meses al año.
Ese es precisamente el debate que debería evitarse. La vivienda no necesita una guerra de relatos: necesita suelo, financiación, proyectos, cooperación administrativa, obras y llaves. Todo lo demás puede explicar por qué una actuación se retrasó o quién tuvo mayor responsabilidad en determinado momento, pero no sustituye el resultado que espera la ciudadanía.
También conviene recordar que VecinosxLlanes nació en 2015 presentándose como una alternativa a la política municipal anterior y haciendo de conceptos como otra forma de hacer política, transparencia y rendición de cuentas elementos centrales de su propuesta. Su propia documentación continúa reivindicando esos principios. Precisamente por ello, después de más de una década, parece razonable aplicar a su gestión el mismo criterio de exigencia con el que nació la formación: rendir cuentas significa explicar no solamente aquello que se ha hecho, sino también aquello que se prometió, aquello que continúa pendiente y las razones por las que no se ha conseguido… Sin embargo, ahora dicho fascismo se descuelga con una opacidad salvaje frente a los llaniscos.
La crítica al pasado tampoco puede convertirse en una política para el futuro. Los errores de anteriores gobiernos deben conocerse, analizarse y, cuando corresponda, reprocharse. Pero ningún gobierno puede vivir indefinidamente de la herencia recibida porque llega un momento en que empieza a dejar su propia herencia. Después de once años, VecinosxLlanes ya tiene una trayectoria suficientemente extensa para ser evaluada por sus propias decisiones y resultados, con una hemeroteca que espanta a cualquiera que la mire.
Y esa evaluación no necesita insultos ni grandes calificativos. Puede hacerse mediante preguntas extremadamente sencillas: ¿cuántas viviendas públicas se han conseguido?, ¿cuántas están en construcción?, ¿cuánto suelo se ha movilizado realmente?, ¿qué proyectos están financiados?, ¿qué acuerdos se han alcanzado con el Principado?, ¿qué oportunidades se han perdido y qué calendario existe para corregirlas? Las respuestas a esas preguntas dicen mucho más sobre una gestión municipal que cualquier enfrentamiento partidista.
Llanes necesita además recuperar una idea básica de la administración pública: Principado y Ayuntamiento no son adversarios; son administraciones obligadas a entenderse porque ambas trabajan para los mismos ciudadanos. Puede haber discrepancias políticas, recursos, negociaciones difíciles y conflictos competenciales, pero el resultado final debería medirse por la capacidad de resolver problemas. Cuando esa cooperación fracasa durante años, corresponde explicar qué responsabilidad tuvo cada parte y, sobre todo, qué se hizo para superar el bloqueo.
Por eso, la ausencia de Llanes en la fotografía actual de la vivienda pública asturiana debería servir para algo más que para alimentar una nueva disputa. Debería provocar una rendición de cuentas completa sobre once años de política municipal de vivienda y abrir una estrategia concreta para los próximos años. Suelo disponible, vivienda protegida, rehabilitación rural, derecho de superficie, colaboración con el Principado, financiación estatal y europea y movilización de inmuebles existentes deberían dejar de ser posibilidades abstractas para convertirse en proyectos con cifras y fechas.
Porque después de once años existe una diferencia fundamental entre gobernar y explicar por qué otros no hicieron lo que uno quería. Habría que decirles a estos mangantes políticos que hoy gobiernan en el Ayuntamiento de Llanes que gobernar significa asumir responsabilidades, tomar decisiones y conseguir resultados.
Y probablemente ahí se encuentre la mejor manera de cerrar todo este debate. Llanes no necesita saber únicamente quién tiene la culpa de que hoy falte vivienda asequible. Necesita saber quién está dispuesto a resolverlo, con qué suelo, con qué dinero, con qué proyectos y en qué plazos.
Mientras otros concejos asturianos empiezan a construir, rehabilitar y ampliar su parque público, Llanes no puede conformarse con seguir discutiendo sobre quién fue responsable ayer de los problemas que siguen existiendo hoy. Después de más de una década, ha llegado el momento de que cada Administración responda por aquello que le corresponde y de que el gobierno municipal fascista responda, sobre todo, por aquello para lo que los llaniscos le dieron la responsabilidad de gobernar.
La vivienda no se construye buscando culpables. Se construye buscando suelo, financiación, acuerdos y soluciones. Y después de once años, lo que debe exigirse son resultados.
Ya lo dijo Abraham Lincoln: «Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo; puedes engañar a algunos todo el tiempo; pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.»
