Hoy he podido leer dos informaciones en la prensa que dibujan un escenario coherente y preocupante de uno de los grandes cuellos de botella sociales y económicos de España y de Asturias en particular: la relación cada vez más frágil entre vivienda, natalidad y relevo generacional.
Por un lado, Asturias ofrece una excepción estadística positiva dentro de un país envejecido. Los últimos datos del SADEI, publicados recientemente, confirman que en 2025 la comunidad ha registrado el mayor repunte de natalidad en 17 años y ha logrado mantenerse por encima del millón de habitantes, situando la población en 1.020.009 personas https://bit.ly/4kpUwMW
Según explica la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, este cambio no responde a una coyuntura puntual, sino a una estrategia sostenida basada en servicios públicos sólidos, políticas de conciliación, fiscalidad favorable a las familias, inversión territorial y atracción de población de retorno e inmigrante. Asturias crece porque ofrece estabilidad, calidad de vida y un horizonte razonablemente previsible para desarrollar un proyecto vital.
Sin embargo, incluso en este contexto relativamente favorable, emerge con claridad el factor vivienda como límite estructural. La propia Llamedo reconoce que el encarecimiento del mercado inmobiliario en ciudades como Oviedo, Gijón o Llanes por ejemplo, está desplazando población hacia concejos periféricos y obliga a intervenir con políticas públicas para evitar que el acceso a un hogar se convierta en un obstáculo vital. La vivienda aparece así como una condición necesaria —aunque no suficiente— para consolidar la recuperación demográfica.
Ese mismo problema, ampliado y agravado, es el que atraviesa el conjunto de España. En la segunda noticia se describe una transformación silenciosa pero profunda: el alquiler ha dejado de ser una etapa transitoria asociada a la juventud para convertirse en una trampa estructural que alcanza a personas de mediana y avanzada edad, muchas de ellas con empleo estable, pero sin capacidad de ahorro ni acceso a la propiedad https://bit.ly/45RkhzM
Los datos del INE y de CaixaBank Research confirman que el peso de los inquilinos de entre 45 y 65 años no deja de crecer y que una parte cada vez mayor de la población llega a la madurez y a la jubilación sin vivienda en propiedad. En el año 2024, el 14,9 % de los hogares encabezados por personas de entre 45 y 65 años vivía de alquiler, más del doble que dos décadas atrás. En los tramos de renta más baja, el esfuerzo para pagar la vivienda supera con frecuencia el 40 % de los ingresos, situando a muchos hogares en riesgo de exclusión residencial.
Los testimonios recogidos en la información que se publica recogen que —trabajadores cualificados, separados, con hijos, o personas cercanas a la jubilación— evidencian que el problema ya no es marginal ni exclusivo de colectivos tradicionalmente vulnerables. Cuando una parte creciente de la población destina una proporción tan elevada de su renta a la vivienda, la capacidad de ahorro desaparece. Y sin ahorro, no hay acceso a la propiedad, ni seguridad a largo plazo, ni condiciones materiales para asumir decisiones vitales como tener hijos.
Aquí es donde ambas noticias convergen con claridad. La crisis de la vivienda y la crisis demográfica son dos caras del mismo problema. No se trata solo de políticas de natalidad, ayudas fiscales o discursos sobre conciliación. Sin un acceso razonable, estable y previsible a la vivienda, el relevo generacional se resiente. Las parejas retrasan o renuncian a tener descendencia, los proyectos de vida se vuelven frágiles y el envejecimiento deja de ser únicamente una cuestión demográfica para convertirse en un problema social de gran escala.
Asturias demuestra que es posible amortiguar el declive demográfico cuando existen políticas públicas coherentes, servicios de calidad y un territorio que ofrece bienestar. Pero incluso en ese escenario, la vivienda emerge como el factor crítico que puede consolidar o frustrar esa tendencia. En el resto del país, donde el alquiler se ha encarecido sin una oferta suficiente y la propiedad se ha vuelto inaccesible para amplias capas de la población, el problema adquiere tintes de urgencia estructural: una generación que envejece de alquiler, sin red patrimonial y con pensiones limitadas, es una bomba de relojería social.
En síntesis, ambas informaciones apuntan a una misma conclusión: sin una política de vivienda ambiciosa, sostenida y orientada al interés general, no hay política demográfica posible. La natalidad, el arraigo territorial y el relevo generacional no dependen solo de incentivos puntuales, sino de algo mucho más básico y hoy cada vez más escaso: la posibilidad real de construir una vida estable.
La situación de la vivienda en Asturias ofrece hoy dos ejemplos especialmente elocuentes de cómo determinadas decisiones políticas pueden agravar un problema estructural en lugar de corregirlo: los municipios de Gijón y Llanes. Ambos municipios comparten un mismo resultado —los precios de la vivienda más altos del Principado— y una misma orientación de gobierno, pero también una respuesta política que, lejos de aliviar la tensión, refuerza los factores que la han generado.
En Gijón, gobernado por una colación de Foro Asturias y el PP, la estrategia para afrontar el encarecimiento de la vivienda ha pivotado sobre la colaboración con la patronal de la construcción, en particular con ASPROCON. El planteamiento parte de una premisa conocida: aumentar la oferta mediante la iniciativa privada como vía principal para moderar precios. Sin embargo, en un mercado fuertemente tensionado, con una demanda sostenida y una creciente presión turística y de inversión, esta aproximación presenta límites evidentes.
El problema no es la interlocución con el sector constructor —necesaria en cualquier política de vivienda—, sino delegar en él la corrección de un fallo de mercado. La vivienda, cuando se rige exclusivamente por lógicas de rentabilidad, tiende a orientarse hacia los segmentos de mayor capacidad adquisitiva. En ausencia de una intervención pública decidida —vivienda protegida, alquiler asequible, suelo público—, la colaboración con la patronal no corrige la exclusión residencial, sino que normaliza precios que ya son inaccesibles para amplias capas de la población. El resultado es un municipio dinámico en lo económico, pero crecientemente expulsivo en lo social.
Llanes representa una variante aún más clara del mismo problema. Gobernado por una coalición en la que participa la ultraderecha de VecinosxLlanes y el PP, el municipio afronta una presión extrema sobre su parque residencial, derivada del peso del turismo, la segunda residencia y la inversión inmobiliaria. En este contexto, la tramitación de un nuevo planeamiento urbanístico sin una apuesta clara por la vivienda pública no es una omisión menor: es una decisión política con consecuencias estructurales, es el regalo que hace a los llaniscos el fascismo más descarnado.
Renunciar a incorporar vivienda protegida en el nuevo PGOU equivale a asumir que el mercado resolverá por sí solo un problema que él mismo ha creado. En un municipio donde los precios del metro cuadrado de la vivienda son los segundos más altos de Asturias, esta estrategia consolida un modelo basado en la exclusión progresiva de residentes permanentes, jóvenes y familias trabajadoras. La vivienda deja de ser un derecho o un factor de arraigo para convertirse en un activo escaso orientado al uso turístico o al patrimonio privado, vaciando de contenido la idea misma de comunidad local.
Lo que une a Gijón y Llanes no es solo el encarecimiento de la vivienda, sino una visión política que reduce el problema a una cuestión de oferta privada o, directamente, lo elude. En ambos casos, se evita asumir que el acceso a la vivienda requiere intervención pública sostenida, planificación a largo plazo y una clara prioridad por el interés general frente a la lógica especulativa. Esta renuncia no es neutral: tiene efectos directos sobre la demografía, el mercado laboral y la cohesión social.
En un momento en el que Asturias intenta revertir su declive poblacional y consolidar una recuperación demográfica incipiente, estas políticas municipales actúan como fuerzas de fricción. Allí donde la vivienda se encarece sin corrección, la población joven se marcha, las familias no se asientan y el relevo generacional se debilita. El discurso sobre atracción de talento o retorno demográfico se vacía cuando no se garantiza algo tan básico como un hogar accesible.
En definitiva, Gijón y Llanes ilustran con claridad que la crisis de la vivienda no es solo un fenómeno económico, sino una consecuencia directa de decisiones políticas. Delegar el problema en el mercado o esquivarlo en el planeamiento urbanístico no es una solución técnica fallida: es una elección ideológica cuyos costes sociales ya están siendo visibles. Y en territorios pequeños y frágiles demográficamente, esos costes se pagan rápido y se pagan caro.
Hay, además, un aspecto que termina de evidenciar el fracaso de las políticas de vivienda en Gijón y Llanes bajo gobiernos de la derecha extrema y la ultraderecha: la ausencia total de rendición de cuentas frente a los resultados. A pesar de que ambos municipios encabezan los rankings de precios de vivienda en Asturias, no existe una revisión crítica de las decisiones adoptadas ni un reconocimiento explícito de que las estrategias aplicadas no están corrigiendo el problema, sino profundizándolo.
En Gijón, la colaboración preferente con la patronal de la construcción se presenta como una política “responsable” y “realista”, pero los datos muestran que el acceso a la vivienda sigue deteriorándose para jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias. La oferta que se genera no está pensada para quienes viven y trabajan en la ciudad, sino para quienes pueden pagar precios crecientes en un mercado cada vez más tensionado. El resultado es una ciudad que crece en actividad económica, pero pierde capacidad de retener población, una contradicción que desmiente el relato oficial.
En Llanes, el problema adquiere una dimensión aún más grave porque se institucionaliza desde el planeamiento urbano. Excluir la vivienda pública del nuevo PGOU no es una omisión técnica ni una decisión neutral: es una renuncia explícita a intervenir en un mercado dominado por la especulación turística y la segunda residencia. Esa renuncia condena a generaciones enteras de llaniscos a no poder vivir en su propio concejo y convierte el territorio en un espacio pensado para visitantes y patrimonios, no para comunidad estable. No es una consecuencia no deseada: es el efecto lógico de la política aplicada por los fascista que hoy se sientan al frente del gobierno municipal.
Lo más revelador es que, en ambos casos, el problema de la vivienda se trata como una externalidad, no como una prioridad central. Se habla de crecimiento, dinamismo o atractivo territorial, pero se ignora que sin vivienda accesible no hay proyecto vital posible, ni natalidad, ni relevo generacional. Esta desconexión entre política y realidad social es especialmente grave en una comunidad como Asturias, donde cada decisión que expulsa población tiene efectos inmediatos y difícilmente reversibles.
Así, el fracaso no reside solo en que los precios sean altos, sino en que los gobiernos municipales de Gijón y Llanes han aceptado ese encarecimiento como un daño colateral asumible, subordinando el derecho a la vivienda al interés del mercado. Esa es la verdadera marca de estas políticas: no la falta de instrumentos, sino la falta de voluntad para usarlos en defensa del interés general.
Para terminar el post quiero manifestar que la crisis de la vivienda en Asturias no es una fatalidad ni un efecto colateral inevitable del crecimiento: es el resultado de decisiones políticas concretas. Cuando se renuncia a intervenir en mercados tensionados, cuando se delega el interés general en la lógica del beneficio privado y cuando se acepta la expulsión residencial como un daño asumible, el fracaso deja de ser coyuntural y se vuelve estructural.
Gijón y Llanes no solo encabezan los precios de la vivienda en Asturias; encarnan un modelo que sacrifica arraigo, natalidad y cohesión social en nombre de una supuesta normalidad de mercado. En una comunidad que intenta revertir su declive demográfico, estas políticas no son neutrales: erosionan el futuro. Porque sin vivienda accesible no hay proyecto vital posible, y sin proyecto vital no hay relevo generacional. Todo lo demás es relato de gobiernos fascista que no encuentran consuelo en la ciudadanía que recibe su “mierda” política.
Ya
lo dijo Karl Polanyi: “El mercado es un excelente sirviente, pero un
pésimo amo.”
