Hoy se publican dos noticias en la prensa regional que dibujan de forma clara que clase política tenemos en Asturias. La primera noticia, publicada en este enlace, expone que Asturias mantiene una presión fiscal superior a la de las comunidades autónomas limítrofes, especialmente si se compara con Galicia, Cantabria y Castilla y León. El eje central del texto es la valoración de Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español de la Universidad de Oviedo, que apoya su afirmación en los datos del último informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España. Según se explica, el debate sobre si en Asturias se pagan muchos o pocos impuestos suele hacerse comparando con Madrid, pero Álvarez considera que esa referencia no es la más útil, porque Madrid juega en un contexto distinto. A su juicio, Asturias debería mirar sobre todo a las autonomías vecinas, ya que sus políticas fiscales pueden influir directamente en decisiones de residencia, inversión o localización empresarial, algo que se percibe con claridad en zonas fronterizas como la que forman Vegadeo y Ribadeo. Desde esa perspectiva, el artículo sostiene que existe una sensación de agravio comparativo entre los contribuyentes asturianos, particularmente visible en los impuestos vinculados a herencias y donaciones.
El texto desarrolla esa idea revisando varios tributos. En el IRPF, explica que la última reforma del Principado rebajó el tipo mínimo autonómico del 10 % al 9 %, lo que permitió igualar la tributación de determinadas bases imponibles, como las de 30.000 euros, con la de Castilla y León. Sin embargo, esa equiparación no alcanza a Galicia ni a Cantabria, donde para ese mismo nivel de renta se sigue pagando menos, con diferencias que pueden llegar a 124 euros. Además, la reforma autonómica elevó el tipo aplicable a bases liquidables superiores a 33.000 euros, de manera que a partir de ahí Asturias pasa a situarse por encima de las demás comunidades vecinas. El artículo pone ejemplos concretos: para una base de 45.000 euros la diferencia puede alcanzar 251 euros, y para una de 300.000 euros el contribuyente puede pagar 8.747 euros más que en otras comunidades del entorno. Se precisa también que estos cálculos no incorporan deducciones fiscales. En ese punto aparece la defensa del consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, quien reivindica la llamada “vía fiscal asturiana” y subraya que el Gobierno regional ha ampliado en los últimos años el número de deducciones, hasta llegar a 34, con la previsión de beneficiar a más de 120.000 asturianos en la campaña de la renta. Frente a esa posición, el decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, recuerda que las demás comunidades también aplican deducciones y sostiene que en Asturias su alcance es limitado, útil solo en supuestos concretos, y que en cualquier caso no compensan la falta de deflactación que otras autonomías sí aplicaron en ejercicios anteriores, como Galicia en 2022.
La manipulación de la realidad chusca del PP con único fin, alcanzar el poder político engañando a los asturianos
La comparación fiscal continúa con el impuesto sobre el patrimonio, donde el artículo muestra que Asturias vuelve a situarse por encima de sus vecinas. Para un patrimonio de 800.000 euros, que supera el mínimo estatal de 700.000, la carga fiscal puede ser hasta 220 euros mayor que en Cantabria. Cuando el patrimonio se eleva a 15 millones de euros, la distancia ya resulta mucho más acusada y alcanza los 44.461 euros. El núcleo más llamativo del agravio comparativo, no obstante, aparece en el impuesto de sucesiones. El texto indica que en herencias de hasta 300.000 euros, que serían las más frecuentes, apenas se aprecian diferencias entre comunidades debido a exenciones y bonificaciones, pero a partir de importes más elevados la brecha es muy fuerte. Para una herencia de 800.000 euros, Asturias exigiría 103.135 euros, mientras que en Castilla y León el pago se reduciría a 810 euros y en Galicia y Cantabria no habría cuota. Algo parecido sucede con las donaciones: por una donación en metálico de 800.000 euros, en Asturias se pagarían 181.000 euros, frente a 56.000 en Galicia, 2.001 en Castilla y León y nada en Cantabria. También se comparan las transmisiones patrimoniales. En un inmueble valorado en 150.000 euros, Asturias, Galicia y Castilla y León coinciden en una tributación de 12.000 euros, mientras que Cantabria exige 13.500. Sin embargo, cuando aumenta el valor del inmueble, Asturias pasa a ser la comunidad donde más se paga: para un bien de 750.000 euros, la diferencia puede llegar a 15.000 euros, y para uno de 1,1 millones, hasta 22.000 euros más.
La noticia añade después una aclaración sobre el debate en torno a las grandes fortunas. A raíz de unas declaraciones del presidente de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana, Íñigo Cabal, quien afirmó que en la región “solo quedan diez contribuyentes que paguen grandes fortunas”, el texto explica que ese dato no significa que Asturias únicamente tenga diez personas con patrimonios superiores a tres millones de euros. Lo que sucede es que el impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas se aplica descontando lo ya abonado por el contribuyente en el impuesto autonómico sobre el patrimonio. Como en Asturias los patrimonios superiores a tres millones ya tributan por patrimonio y, además, hasta 10,6 millones los tipos autonómicos son más altos que los del nuevo impuesto estatal, esos contribuyentes no tienen que pagar el tributo estatal adicional. Solo lo hacen quienes superan los 10,6 millones, porque en ese tramo el impuesto estatal aplica un 3,5 % frente al 3 % autonómico, y por eso aparecen únicamente diez contribuyentes en la estadística de Hacienda. La noticia concluye recordando que en Asturias están obligados a presentar el impuesto sobre el patrimonio quienes superan una base imponible de 700.000 euros, una vez descontados préstamos y hasta 300.000 euros de la vivienda habitual, por lo que en la práctica quedan afectados quienes rebasan aproximadamente el millón de euros, y Hacienda prevé este año 4.877 declaraciones en la comunidad.
La segunda noticia, recogida en este otro enlace, enlaza con ese mismo debate fiscal, pero lo hace desde una perspectiva claramente política. El texto relata la intervención del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, en un acto celebrado en Panes junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, dentro de un encuentro astur cántabro. Allí el candidato opositor, Queipo, reiteró su compromiso de bajar impuestos si su partido llega al Gobierno del Principado y utilizó a Cantabria como ejemplo del camino que, a su juicio, debería seguir Asturias. Su idea principal es que el Principado se ha convertido en una “isla fiscal”, rodeada de comunidades que han aplicado reformas para aliviar la carga tributaria y favorecer tanto a ciudadanos como a emprendedores. Desde ese planteamiento, sostiene que las autonomías vecinas gobernadas por el PP han sabido crear un entorno más favorable para desarrollar proyectos de vida y actividad económica, mientras que Asturias habría quedado rezagada por mantener una mayor presión impositiva y más trabas.
Queipo rechaza además la idea de que una bajada de impuestos suponga inevitablemente un deterioro de los servicios públicos. Defiende que una menor carga fiscal puede estimular la actividad económica y que ese incremento de actividad termina generando más recaudación (Curva de Laffer). Según su argumentación, ese sería el modelo que el PSOE no quiere asumir. Desde esa crítica, afirma que en Asturias se pagan más impuestos y, sin embargo, los servicios públicos funcionan peor que en Cantabria. A partir de ahí, amplía el ataque al Ejecutivo de Adrián Barbón y asegura que durante su mandato la presión fiscal habría crecido un 44%, mientras siguen sin ejecutarse inversiones, no se aprovechan adecuadamente los fondos europeos y persisten problemas serios en la gestión pública. Para ilustrarlo, menciona las listas de espera sanitarias, con más de 180.000 asturianos aguardando atención, y también la dependencia, donde sitúa los plazos de valoración entre 15 y 17 meses y cifra en 1.245 los fallecidos en 2025 mientras esperaban la ayuda correspondiente.
La noticia también incorpora una crítica política más general a la figura del presidente asturiano. Queipo sostiene que Barbón hace tiempo que no se preocupa realmente por Asturias y que está más pendiente de su relación con Pedro Sánchez y de su posición dentro del Partido Socialista que de la defensa de los intereses de la comunidad. Para justificar esa acusación, menciona asuntos como la amnistía o la condonación de la deuda, presentando a Barbón como un dirigente alineado con el “sanchismo”. Según el presidente popular, esa subordinación al proyecto nacional del PSOE habría provocado una profunda decepción en la sociedad asturiana. En el mismo discurso, acusa además a los socialistas de intentar dividir a los asturianos mediante el uso de cuestiones vinculadas a la renta, a los símbolos comunes o al patrimonio inmaterial, incluidas las lenguas, con la finalidad de separar a la sociedad entre bloques enfrentados.
En la parte final, la segunda información se aleja del terreno estrictamente fiscal para incorporar otras materias que el PP utiliza como ejemplo de mala gestión del Gobierno regional. Entre ellas aparece la vivienda, donde Queipo critica el proyecto de ley autonómica por considerarlo “retrógrado” e “invasivo” para la ciudadanía, y atribuye ese enfoque al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida. También se aborda la gestión del lobo, aunque el texto no la desarrolla con detalle, y sobre todo la tragedia de la mina de Cerredo. En este punto, el dirigente popular presenta ese caso no como un hecho aislado, sino como la consecuencia de un sistema negligente. Según su versión, el Gobierno de Barbón habría debilitado el control y las inspecciones mineras, habría forzado interpretaciones legales para permitir determinadas explotaciones y habría llegado a avisar a infractores, creando así un contexto caótico que hizo posible la extracción ilegal de carbón y desembocó en un balance de seis muertos y un herido.
Ambas noticias se complementan y se refuerzan mutuamente en el plano del debate público asturiano. La primera ofrece una base técnica y comparativa sobre la fiscalidad del Principado, apoyándose en cifras concretas para sostener que Asturias grava más que sus vecinas en varios impuestos relevantes, especialmente en sucesiones, donaciones, patrimonio y determinados tramos del IRPF y de transmisiones patrimoniales. La segunda recoge cómo esa percepción de mayor carga fiscal es utilizada por la oposición política, en este caso por el PP asturiano, para presentar al Principado como una comunidad menos competitiva, con más impuestos, peores servicios y un Gobierno desacertado en su gestión.
Si se toman los últimos indicadores públicos comparables, Asturias no aparece como la comunidad limítrofe con mejor desempeño conjunto en servicios públicos. La foto más ajustada a datos es esta: en educación se mueve en una posición intermedia y relativamente sólida; en sanidad presenta un problema especialmente claro en las primeras consultas con especialista; en dependencia sale claramente peor que Galicia, Cantabria y Castilla y León; y en vivienda pública no queda a la cola en parque social autonómico, pero tampoco lidera el entorno. Estos datos describen resultados y capacidad de servicio; por sí solos no prueban una relación automática entre mayor presión fiscal y mejor o peor servicio https://bit.ly/4tloYez
En educación, usando los indicadores estatales más recientes del Ministerio, Asturias no sale mal, pero tampoco es la mejor de las cuatro. En abandono temprano de la educación y la formación en el año 2025, Cantabria registra el mejor dato de las limítrofes con un 8,9 %, seguida de Castilla y León con un 10,2 %, Galicia con un 10,4 % y Asturias con un 10,6 %; las cuatro mejoran la media nacional, que fue del 12,8 %. Si se observa otro indicador de resultado, la proporción de población de 25 a 34 años con educación superior terminada, Cantabria vuelve a encabezar la comparación con un 59,8 %, Asturias queda segunda con un 55,0 %, Galicia registra un 53,3 % y Castilla y León un 52,3 %, frente a una media española del 52,5 %. Dicho de forma simple: en educación Asturias está en una franja bastante buena, pero Cantabria presenta el mejor resultado reciente entre las vecinas en el indicador más clásico de abandono, y Asturias solo pasa claramente por delante cuando se mira titulación superior https://bit.ly/4vFSGfV
En sanidad, la comparación es menos favorable para Asturias. En la lista de espera quirúrgica a 31 de diciembre de 2025, Galicia presenta la mejor situación entre las cuatro, con una espera media de 73 días y un 5,7 % de pacientes por encima de seis meses; Castilla y León marca 87 días y un 13,8 %; Asturias, 91 días y un 10,4 %; y Cantabria queda claramente peor con 137 días y un 26,2 %. Es decir, en cirugía Asturias queda en una posición intermedia: mejor que Cantabria, algo peor que Castilla y León en tiempo medio y claramente por detrás de Galicia. Pero donde Asturias sale peor parada es en las primeras consultas externas con el especialista: ahí registra 115,03 pacientes en espera por cada 1.000 habitantes y 103 días de demora media, frente a 64,20 y 61 días en Cantabria, 78,93 y 102 días en Castilla y León, y 77,94 y 63 días en Galicia. Con esos dos grandes indicadores oficiales de listas de espera, la conclusión sobria es que Asturias no lidera el entorno y que su principal punto débil, comparativamente, está en la atención especializada no quirúrgica https://bit.ly/41DSzUB
En dependencia es donde la distancia con las comunidades limítrofes resulta más clara. El Imserso sitúa a 31 de marzo de 2026 el tiempo medio total desde la solicitud hasta la resolución o prestación en 375 días en Asturias, frente a 316 en Galicia, 174 en Cantabria y 116 en Castilla y León; la media española era de 329 días. Además, la lista de espera total del sistema ascendía a 6.929 personas en Asturias, frente a 1.335 en Galicia, 136 en Cantabria y solo 6 en Castilla y León. Incluso si se separa la fase final del proceso, desde la resolución del grado hasta la prestación efectiva, Asturias tarda 62 días, por encima de Cantabria, que marca 40, mientras Castilla y León figura en 0 y Galicia en 150. El dato decisivo aquí no admite mucho matiz: con el indicador oficial más importante, que es el tiempo medio total de tramitación, Asturias es la peor de las cuatro comunidades comparadas https://bit.ly/4dX7G2O
En vivienda pública, la comparación homogénea más útil no es la “calidad” en sentido estricto, porque no he encontrado una estadística oficial reciente y homogénea para las cuatro sobre tiempos de adjudicación o demanda insatisfecha; lo más sólido y comparable es el tamaño y orientación del parque social autonómico. El último boletín especial del Ministerio de Vivienda sitúa a Asturias en 8.817 viviendas sociales de titularidad autonómica y a Galicia en 11.556. En Cantabria, el parque público autonómico de vivienda en alquiler se situaba en 402 viviendas según el dato defendido oficialmente en el Parlamento cántabro. El mismo boletín del ministerio destaca además que Galicia y Castilla y León son las únicas comunidades donde el arrendamiento no es el régimen mayoritario dentro de ese parque, lo que deja a Asturias en una posición relativamente más orientada al alquiler social que esas dos vecinas. Traducido a una comparación breve: en vivienda pública Asturias supera con claridad a Cantabria en tamaño de parque, queda por debajo de Galicia en volumen total y presenta, frente a Galicia y Castilla y León, un sesgo más favorable al alquiler dentro del parque autonómico https://bit.ly/4vFdZOP
En conjunto, y yendo solo a los datos, Asturias no puede presentarse como la comunidad mejor servida del noroeste por el mero hecho de recaudar más. En educación mantiene indicadores razonables y comparables a los de Galicia y Castilla y León, aunque Cantabria la supera en abandono temprano. En sanidad, Asturias queda en término medio en cirugía, pero es la peor de las cuatro en primeras consultas con especialista. En dependencia, los datos oficiales la colocan claramente en la peor posición. Y en vivienda pública, su situación es mixta: tiene más parque que Cantabria y un modelo más volcado al alquiler que Galicia y Castilla y León, pero Galicia la supera en volumen total. Eso es lo que permiten afirmar los datos públicos recientes sin añadir interpretaciones de más https://bit.ly/4tYI9eh
Por otro lado quiero manifestar en sentido estricto, la presentación tramposa o incompleta de la curva de Laffer que realiza el PP para justificar las bajadas de impuestos. La idea básica no es falsa: si los tipos fueran 0 %, la recaudación sería 0, y con tipos extremadamente altos también pueden hundirse los incentivos a declarar, trabajar o invertir. Lo engañoso empieza cuando un partido convierte esa intuición general en una consigna automática: “si bajas impuestos, recaudas más”. El propio Tax Policy Center resume que esos efectos “paradójicos” son muy raros en la práctica y que las rebajas fiscales casi nunca se pagan por sí solas íntegramente.
La primera trampa es confundir una posibilidad teórica con un diagnóstico real. La curva solo dice que puede existir un punto a partir del cual subir tipos reduce ingresos; no dice que estemos ahí ni en España, ni en Asturias, ni en cada impuesto. Para afirmarlo habría que demostrar en qué tributo concreto, en qué tramo, con qué elasticidad y con qué base imponible. La literatura académica insiste justamente en eso: la tasa que maximiza recaudación depende de supuestos muy sensibles sobre la elasticidad de la renta imponible y sobre el diseño del impuesto, y pequeños cambios en esos supuestos alteran mucho el resultado.
La segunda trampa es hacer creer que existe una única “curva de Laffer” para toda la economía. Un estudio reciente sobre el IRPF español con microdatos del Instituto de Estudios Fiscales subraya que cada contribuyente afronta su propia curva, y que solo después de agregar puede hablarse de la curva de un país. Ese mismo trabajo advierte además de que, si se ignoran factores como el desplazamiento de rentas entre bases, las cotizaciones, los impuestos al consumo o los costes de cumplimiento, se sobrestima la zona en la que supuestamente bajar impuestos aumentaría la recaudación.
La tercera trampa es presentar cualquier reacción al impuesto como “más crecimiento real”, cuando muchas veces lo que cambia no es la producción, sino la forma de declarar. El Tax Policy Center recuerda que, ante subidas de tipos, parte de la respuesta consiste en trabajar en negro, reclasificar rentas o usar más deducciones; y a la inversa, una rebaja puede reducir algo de elusión o evasión. Eso no equivale necesariamente a más empleo, más productividad o más inversión productiva: a veces solo significa menos ingeniería fiscal o un cambio contable en la renta declarada.
La cuarta trampa es usar una subida posterior de la recaudación como “prueba” de que la rebaja fiscal funcionó. Eso no demuestra nada por sí solo, porque la recaudación puede crecer al mismo tiempo por otras razones: más empleo, más salarios, inflación o “progresividad en frío”. El Banco de España ha señalado que, en los últimos años, una parte del fuerte crecimiento del IRPF en España se explica por el aumento de las rentas de los hogares y otra por esa progresividad en frío; de hecho, estima que alrededor de la mitad del aumento de la ratio IRPF/PIB entre 2019 y 2023 se debió a ese efecto. Por tanto, ver más ingresos después no basta para concluir que una bajada se autofinanció.
La quinta trampa es olvidar el coste del déficit. Quienes venden la versión más optimista de Laffer suelen hablar solo del estímulo al trabajo o a la inversión, pero la evaluación dinámica seria también incorpora los efectos en sentido contrario: si la rebaja reduce ingresos y se financia con deuda, ese mayor déficit puede desplazar inversión privada o encarecer la financiación. El Tax Policy Center explica precisamente que, cuando se hace ese cómputo completo, el crecimiento adicional suele ser más pequeño de lo que prometen los defensores de la rebaja, e incluso hay casos en que el análisis dinámico concluye que la rebaja sale más cara de lo que parecía en una estimación simple.
La sexta trampa es confundir “máxima recaudación” con “mejor política”. Aunque supieras exactamente dónde está el pico de la curva, eso no resolvería por sí mismo si el sistema es justo, progresivo o socialmente deseable. La propia literatura que estudia la elasticidad de la renta imponible insiste en que las conclusiones normativas dependen de supuestos fuertes y de objetivos más amplios que recaudar el máximo posible. Dicho de otra forma: la curva de Laffer puede servir para pensar un problema de ingresos, pero no decide por sí sola qué fiscalidad es más equitativa ni qué nivel de servicios públicos debe sostenerse.
Así que el problema no es que la curva de Laffer “no exista”. El problema como hace el PP y en este caso Álvaro Queipo es usarla como coartada universal para prometer que bajar impuestos casi siempre recauda más. Eso, según la evidencia empírica y la evaluación dinámica seria, no es la regla general: en el mejor de los casos, algunas rebajas se compensan solo en parte, y para sostener lo contrario hay que demostrar con datos muy concretos en qué impuesto, en qué tramo y en qué contexto se está hablando. Sin ese trabajo, ya no es análisis económico: es eslogan político trufado de engaño.
El verdadero desgaste del Gobierno de Adrián Barbón no está solo en la discusión fiscal, sino en la credibilidad institucional. En Cerredo murieron cinco trabajadores el 31 de marzo de 2025 y, aunque la entonces consejera Belarmina Díaz dimitió el 15 de abril de ese mismo año, el problema político no quedó cerrado ahí. El informe oficial de la Inspección General de Servicios, finalizado el 27 de marzo de 2026, describió deficiencias de fondo en el funcionamiento del Servicio de Minas: reclamó una organización distinta de las inspecciones, pidió que no se convirtiera en práctica ordinaria trasladar las denuncias a la empresa afectada ni avisar con antelación de las visitas, y llegó a instar a que se determinen responsabilidades por la ausencia tanto de tramitación administrativa como de actuación inspectora respecto a la solicitud presentada por Blue Solving para trabajos de explotación y extracción en Cerredo. Es decir, más allá de la dimisión ya producida, el propio aparato administrativo del Principado ha dejado negro sobre blanco que no bastan las explicaciones defensivas ni el señalamiento exclusivo de la empresa https://bit.ly/4cmUbYUB
Por eso, lo que hoy deja en evidencia al Ejecutivo asturiano es la insuficiencia de la asunción de responsabilidades. El Gobierno de Barbón anunció que enviaría ese informe a la fiscalía y a la comisión parlamentaria y que aplicaría once recomendaciones para reforzar controles, digitalización y supervisión minera, pero ese reconocimiento de fallos hace todavía más exigible una rendición de cuentas política clara y no meramente técnica. Y, entretanto, Nieves Roqueñí sigue figurando como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón en la propia web oficial del puerto. El contraste es demasiado visible: si el informe habla de desorden, carencias de control y necesidad de depurar actuaciones, los ciudadanos tienen derecho a preguntar no solo qué se va a reformar, sino también quién responde políticamente por lo ocurrido y por qué esa depuración sigue siendo tan limitada https://bit.ly/4tPb7NE
Ahora bien, la oposición del PP, en este caso Álvaro Queipo, tampoco puede presentarse como dueña de una verdad incontestable. En el asunto del lobo, el PP acostumbra a envolver su discurso en una supuesta inevitabilidad europea que los hechos no sostienen. La Directiva (UE) 2025/1237 rebajó el estatus del lobo en la normativa europea, sí, pero dejó expresamente a los Estados miembros la posibilidad de mantener medidas de protección más estrictas. Y en España, además, el cambio decisivo al norte del Duero no vino impuesto por Bruselas, sino por la Ley 1/2025 aprobada en Madrid, que modificó el listado de especies protegidas para que en el LESPRE quedara solo la población del sur del Duero. Presentar eso como una orden inapelable de Europa es, sencillamente, falsear el origen político real de la decisión https://bit.ly/4tkULMN
Tampoco Barbón puede refugiarse del todo en ese argumento, porque su propio Gobierno actuó con un doble lenguaje que conviene recordar. En abril de 2025 anunció la extracción de hasta 53 lobos en Asturias para compatibilizar la conservación con la ganadería extensiva. Después, cuando el Tribunal Supremo anuló el programa asturiano de control de 2022-2023 por no ajustarse al ordenamiento jurídico, el Principado suspendió la aplicación del programa 2025-2026 y, al mismo tiempo, anunció que modificaría el plan para mantener esas políticas de control con “garantías jurídicas”. Dicho de otro modo: el PP exagera cuando vende el lobo como una imposición europea incontestable, pero el Gobierno asturiano tampoco puede presentarse como simple víctima de un marco ajeno, porque ha intentado sostener a la vez un discurso de legalidad y otro de control letal según le convenía en cada momento. Los asturianos merecen algo mejor que ese cruce de excusas de malos políticos: merecen un Gobierno que asuma responsabilidades cuando falla y una oposición que deje de disfrazar de mandato europeo lo que en realidad son decisiones políticas propias https://bit.ly/3QNBZza
Para terminar el post quiero manifestar que lo más insoportable de la política asturiana no es ya el error, sino la costumbre de envolverlo cada día en palabras huecas para que parezca gestión lo que fue fracaso, y prudencia lo que en realidad es miedo a asumir responsabilidades. En Cerredo no hubo un tropiezo menor: murieron cinco trabajadores, hubo una dimisión política, y después el propio entorno institucional acabó reconociendo fallos graves de control y la necesidad de rehacer procedimientos, inspecciones y supervisión. Aun así, el mensaje oficial sigue moviéndose demasiado a menudo entre la excusa, el matiz y el intento de que el tiempo desgaste la indignación más rápido que los hechos https://bit.ly/3QPiqXa
Y mientras tanto, la oposición tampoco renuncia a su parte del engaño: simplifica, exagera y convierte problemas complejos en consignas fáciles para vender soluciones milagrosas que casi nunca resisten una lectura seria. Así seguimos, atrapados los asturianos entre un Gobierno que administra el desgaste en lugar de asumirlo de frente y una oposición que explota cada crisis como si la propaganda fuera un programa. El resultado es una ciudadanía asturiana obligada a escuchar todos los días cómo se justifica lo injustificable, cómo se disfraza la incompetencia de relato y cómo la responsabilidad política sigue siendo la gran ausente, mientras Nieves Roqueñí sigue sin asumir responsabilidades políticas https://bit.ly/48QIx6f
Ya lo dijo Galileo Galilei: “La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad.”
