Las noticias publicadas recientemente en los medios de comunicación en los últimos días no son hechos aislados ni simples anécdotas administrativas: son síntomas claros de un modelo fallido que lleva años imponiéndose en nuestro país y que hoy muestra todas sus grietas. La crisis de la vivienda y el deterioro progresivo de los servicios públicos avanzan de la mano, alimentados por políticas que priorizan el beneficio privado, la especulación y el abandono de lo público. Un modelo defendido sin complejos por la derecha extrema del PP y sus franquicias autonómicas de Foro Asturias y la ultraderecha de Vox y sus franquicias locales, como VecinosxLlanes.
La decisión del Gobierno de Asturias de poner en marcha una inspección masiva sobre el uso fraudulento de viviendas protegidas en concejos costeros destapa una realidad que muchos llevan años denunciando y que otros han preferido ignorar deliberadamente https://bit.ly/3KMyMxs Viviendas construidas sobre suelo público y con dinero de todos, destinadas a garantizar el derecho a la residencia habitual de la clase trabajadora, han acabado convertidas en segundas residencias o activos especulativos. Mientras tanto, jóvenes con empleo estable y familias con arraigo en su territorio se ven obligados a marcharse decenas de kilómetros porque no encuentran un alquiler asumible. Esto no es un fallo puntual: es la consecuencia directa de décadas de dejación política, de leyes aprobadas para la galería y guardadas después en un cajón para no molestar a quienes hacen negocio con la vivienda como sucede con CAC-Asprocon.
Este fraude institucionalizado conecta de lleno con el drama estructural del alquiler en España. Los datos son demoledores: desde el año 2016, los salarios han crecido en torno a un 24%, mientras que los alquileres lo han hecho cerca de un 92%. Hoy, alquilar un piso medio consume más del 40% del salario en muchas ciudades, muy por encima del 30% que la propia ley considera un límite de asequibilidad. El alquiler ya no es una etapa vital, es una trampa. Una trampa sostenida por un mercado sin control, donde la vivienda se trata como un producto financiero y no como un derecho fundamental, y donde la inacción —o la complicidad— de los gobiernos conservadores ha permitido que los precios suban porque pueden subir https://bit.ly/3YD3yfh
No es casualidad que allí donde se han aplicado medidas de regulación, como los controles de precios en Barcelona, la escalada haya sido menor. Lo que sí es casual —o más bien ideológico— es que el PP, Vox y sus aliados como Foro y VecinosxLlanes, se opongan sistemáticamente a cualquier intervención pública, aunque la evidencia demuestre que la desregulación solo beneficia a grandes propietarios, fondos de inversión y especuladores, mientras expulsa a la población trabajadora de barrios, ciudades y pueblos enteros.
Este mismo esquema de abandono se repite en los servicios públicos, especialmente en la sanidad. El último barómetro del CIS confirma lo que millones de personas viven a diario: listas de espera interminables, dificultades crecientes para acceder al médico de cabecera, retrasos en pruebas diagnósticas y una sensación generalizada de que el sistema ya no responde como debería https://bit.ly/3MMdhgN No se trata de una crisis repentina ni inevitable, sino del resultado de años de recortes, privatizaciones encubiertas y modelos de gestión orientados al beneficio económico, impulsados principalmente por gobiernos del PP en distintas comunidades autónomas como Andalucía, Madrid como abanderados del despropósito.
La sanidad pública no ha perdido la confianza en sus profesionales —que siguen siendo ampliamente valorados—, sino en las decisiones políticas que los ahogan con falta de recursos, plantillas insuficientes y una planificación que prioriza el ahorro presupuestario frente a la atención a las personas. Cuando la sanidad se convierte en un campo de batalla ideológico y en una oportunidad de negocio, la ciudadanía paga las consecuencias en forma de retrasos, sufrimiento y desigualdad en el acceso a la atención médica.
En este contexto de precarización generalizada, hay excepciones de algunos ayuntamientos asturianos sobre las necesidades de sus ciudadanos como las ayudas municipales aprobadas en Siero para familias con menores a cargo son necesarias. Esta situación pone de manifiesto hasta qué punto el sistema falla en lo esencial https://bit.ly/4pSNemO Que cientos de familias dependan de ayudas puntuales para cubrir necesidades básicas no es una anécdota: es la señal de alarma de un modelo que ya no garantiza condiciones de vida dignas, incluso a quienes trabajan. Estas ayudas son un salvavidas, pero no sustituyen políticas estructurales de vivienda, empleo y servicios públicos fuertes.
Frente a esta realidad, los discursos de la derecha extrema y la ultraderecha resultan no solo hipócritas, sino peligrosos. Señalan al Gobierno del Estado como problema mientras se benefician de su debilitamiento; atacan la regulación mientras protegen los privilegios de quienes acumulan vivienda y riqueza; y utilizan el malestar social que ellos mismos generan para alimentar el desencanto y la desafección democrática. Defender la vivienda como derecho, reforzar la sanidad pública y aplicar la ley con firmeza no es radicalismo: es justicia social.
Las noticias publicadas no cuentan historias separadas cuentan la realidad de lo que está sucediendo. Forman parte de un mismo relato: el de un país que se empobrece socialmente cuando lo público se abandona y la especulación campa a sus anchas. Pero también señalan una alternativa clara: más control democrático, más políticas públicas valientes y menos concesiones a quienes hacen negocio con lo que debería garantizar una vida digna para todos.
La degradación de los servicios públicos no es un daño colateral ni un error de gestión: es una decisión ideológica consciente. La derecha que hoy gobierna o condiciona gobiernos locales como los Ayuntamientos de Gijón o Llanes —ya sea bajo las siglas del PP o de expresiones más descarnadas de la ultraderecha como VecinosxLlanes— no cree en lo público como garante de derechos, sino como un obstáculo para el mercado. Por eso no lo reforma: lo canibaliza.
Ideológicamente, esta derecha parte de una premisa muy clara: el Estado no debe garantizar derechos universales, sino limitarse a un papel mínimo, subsidiario, asistencial y, sobre todo, barato. La sanidad, la vivienda, los servicios sociales o el transporte público no son entendidos como pilares de cohesión social, sino como costes que hay que reducir o como nichos de negocio que hay que abrir a la iniciativa privada. El deterioro no es una consecuencia indeseada: es el mecanismo.
El proceso es siempre el mismo. Primero se infrafinancian los servicios públicos: se congelan presupuestos, se recortan plantillas, se paralizan inversiones. Después, se genera malestar social: listas de espera interminables, servicios sociales saturados, trámites imposibles, ayudas que no llegan o llegan tarde. Finalmente, se ofrece la solución “natural”: externalizar, privatizar, concertar. El mensaje implícito es perverso pero eficaz: “lo público no funciona”. No porque sea ineficiente, sino porque ha sido deliberadamente debilitado… El camino perverso y sucio se lo conoce muy bien esta derecha de mantenidos y maleantes políticos.
En ayuntamientos como el de Gijón o Llanes, esta lógica se traduce en políticas que abandonan a la mayoría social mientras protegen intereses privados. Se recortan programas de apoyo comunitario, se debilita la atención social de proximidad, se reduce la capacidad municipal para intervenir en vivienda o cuidados, y se deja a la ciudadanía sola frente al mercado. El resultado de esta sucia política es una población más vulnerable, más dependiente de ayudas puntuales, más expuesta a la precariedad. No es casualidad: es funcional al modelo.
Porque una ciudadanía precarizada es una ciudadanía menos exigente y más disciplinada. Cuando acceder a una vivienda digna, a una atención sanitaria rápida o a un servicio social eficaz se convierte en una carrera de obstáculos, la gente deja de pensar en derechos y empieza a pensar en supervivencia. Ese es uno de los objetivos ideológicos de esta derecha: sustituir el concepto de derecho por el de caridad, el de ciudadanía por el de cliente o beneficiario agradecido.
La ultraderecha añade, además, un componente aún más tóxico: la selección moral del merecimiento. No todos deben ser protegidos por lo público. Solo “los nuestros”. El resto —jóvenes, migrantes, personas pobres, familias vulnerables— pasan a ser sospechosos, cargas, problemas. Así se justifica el recorte: no como una agresión social, sino como una supuesta defensa del “contribuyente”. Se rompe la idea de comunidad y se enfrenta a la población entre sí, mientras los verdaderos beneficiados del desmantelamiento —grandes propietarios, fondos, empresas concesionarias— permanecen fuera del foco.
Esta derecha no quiere servicios públicos fuertes porque un servicio público fuerte iguala. Igualar oportunidades, garantizar derechos y reducir desigualdades es exactamente lo contrario de su proyecto social. Por eso prefiere un Estado débil para los de abajo y fuerte solo cuando se trata de proteger privilegios, rescatar intereses privados o reprimir el conflicto social.
Lo que ocurre en el Ayuntamiento de Gijón o en el de Llanes y en tantos otros municipios no es una excepción local: es la expresión concreta de una ideología que entiende que la pobreza disciplina, que la precariedad desmoviliza y que la indigencia es un instrumento de control social. Frente a ese modelo, defender lo público no es una cuestión técnica ni nostálgica: es una batalla política y democrática. Porque cuando los servicios públicos se hunden, no solo se empobrece la vida material de la gente; se vacía la propia idea de ciudadanía.
Frente a este escenario de precarización deliberada y demolición de lo público, el papel de una parte significativa de la izquierda institucional resulta no solo decepcionante, sino profundamente dañino. No estamos ante una izquierda derrotada por la correlación de fuerzas, sino ante una izquierda incapaz, acomodada y autorreferencial, que ha renunciado a confrontar de manera real el proyecto de la derecha y que se refugia en la retórica mientras la sociedad se desliza hacia una auténtica darwinización social.
Esta izquierda, encabezada por “los de siempre”, vive instalada en la demagogia cómoda: discursos grandilocuentes, consignas gastadas y gestos simbólicos que no alteran en absoluto las relaciones de poder. Hablan de derechos mientras permiten que se vacíen; denuncian recortes mientras los gestionan; se dicen alternativa mientras actúan como amortiguador del conflicto social. No combaten el problema: lo administran. Y al hacerlo, se convierten en parte del mismo.
Su mayor traición no es solo la inacción, sino su papel como tapón político y social. Un tapón que impide que la indignación se transforme en organización, que el malestar se traduzca en ruptura y que la sociedad articule una respuesta contundente frente al saqueo neoliberal. Canalizan la rabia hacia callejones sin salida parlamentarios, hacia debates estériles, hacia guerras internas por cuotas de poder y visibilidad. Mientras tanto, la derecha avanza sin resistencia real.
Este inmovilismo de la izquierda tiene un origen claro: el afán de figurar y de no renovarse. Se aferran a siglas, liderazgos y estructuras agotadas, más preocupadas por su supervivencia orgánica que por la supervivencia material de la gente. Han convertido la política en una carrera profesional y la izquierda en un espacio cerrado, endogámico, incapaz de regenerarse ni de escuchar a quienes ya no se sienten representados. Así, pierden credibilidad, pierden calle y pierden pueblo.
El efecto es devastador. Al no ofrecer una alternativa clara, valiente y transformadora, esta izquierda alimenta el desencanto social. Un desencanto que no queda en el vacío, sino que es capitalizado por la derecha extrema y la ultraderecha, que sí saben convertir la frustración en relato, aunque sea un relato reaccionario, simplista y profundamente antisocial. Cuando la izquierda aparece como impotente o cómplice, muchos sectores sociales no giran hacia posiciones emancipadoras: giran hacia el autoritarismo.
Así, la darwinización de la sociedad española no avanza solo por la acción directa de la derecha, sino también por la pasividad culpable de una izquierda que ha renunciado al conflicto, que teme más a la ruptura que a la injusticia y que ha olvidado que los derechos nunca se conceden: se conquistan. Mientras esta izquierda siga actuando como dique de contención del cambio real, seguirá siendo funcional al sistema que dice combatir y corresponsable del empobrecimiento político, social y democrático del país.
No es solo que la derecha robe el futuro. Es que esta izquierda, con su inacción, les deja la puerta abierta y les limpia el camino como sucede en los Ayuntamientos de Gijón y Llanes.
Ya lo dijo Rosa Luxemburgo: “Quien no se mueve, no siente las cadenas”.
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