El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026, que totalizan unos 6.993 millones de euros, un documento que crece respecto a 2025 y mantiene prioridades en gasto social, educación, vivienda y servicios básicos. Actualidad Asturias+1
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, dirigida por Marta del Arco, ha propuesto unas cuentas de 605,45 millones de euros para el año 2026, 7,06 millones más que en 2025, con el objetivo de avanzar hacia una Asturias “más justa y cohesionada”. Europa Press+1
Del Arco destacó que estas partidas se centran en reforzar las políticas de apoyo a personas y familias, las prestaciones por dependencia, la autonomía personal y la atención a colectivos vulnerables, y aseguró que “no hay fondos MRR” en estas cuentas y que el crecimiento real es del 4,1 % respecto a 2025, una vez descontadas partidas neutrales. RTPA
Foto: las dos caras de la moneda del fascismo en Asturias
Partidas destacadas incluyen:
- 36,9 millones para ayuda a domicilio y teleasistencia (+5,1 %). Europa Press
- 69 millones para prestaciones por dependencia (+13,11 %), con el objetivo de alcanzar a 20 000 personas. Europa Press
- 90 millones para fomento de la autonomía de mayores y personas con discapacidad. Europa Press
- 3,2 millones para atención temprana de menores de 0-6 años, un aumento del 49,6 %. Europa Press
- 228,6 millones al organismo autónomo ERA, con más financiación para personal y plazas residenciales. Europa Press
- Cooperación social y garantía de derechos, con nuevas subvenciones y programas plurianuales contra la exclusión. Europa Press
Porcentajes del presupuesto regional
Según datos oficiales publicados por la agencia EFE y otros medios, el gasto social global en el presupuesto regional para 2026 alcanza aproximadamente los 4.637 millones de euros, lo que supone alrededor del 66,3 % del total de las cuentas del Principado. EFE Noticias
Tomamos esta referencia del gasto social en su conjunto y la cifra de 605,45 millones para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ese departamento representa aproximadamente:
· ~8,7 % del presupuesto total del Principado para 2026, aunque hay que considerar que gasto social también incluye partidas de otras áreas como educación, sanidad, vivienda y otras prestaciones. EFE Noticias
Declaraciones y críticas de la oposición
- Desde el PP, la diputada Beatriz Polledo calificó el proyecto como “propaganda” y “relato”, acusando a la consejera de una gestión “negligente” y “devastadora”. Señaló deficiencias como el “estado alarmante” de centros de atención, el incumplimiento de los plazos legales para el reconocimiento de la dependencia y la falta de ejecución de inversiones en el ERA en los últimos años. Polledo afirmó: “Seis años de Barbón y el balance de los servicios y derechos sociales es devastador: siempre a la cola, tarde y mal”. RTPA
- Vox, por medio de la “sobrina del cardenal”, Sara Álvarez Rouco, consideró que el presupuesto es “más de lo mismo, un corta y pega a peor”, afirmando que no solucionará los problemas de dependencia y señalando largas listas de espera (por ejemplo, 3.096 personas esperando una plaza residencial y 330 para centro de día). También criticó la inclusión de un enfoque de “feminista de la pobreza”. Sus descalificaciones provocaron réplicas de otros grupos parlamentarios. RTPA
El presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para 2026, con 605,45 M €, forma parte de unas cuentas ampliadas del Principado que ponen el foco en lo social y en políticas públicas. Aunque el Gobierno defiende su impacto transformador y su refuerzo de servicios básicos, la oposición —especialmente PP y Vox— lo ha criticado duramente, tildándolo de propaganda, ineficaz y repetitivo, citando problemas como la espera en servicios esenciales y la gestión de inversiones anteriores.
Si buscamos los datos de otras autonomías gobernadas por el PP y Vox nos encontraremos con la desagradable sorpresa de no encontrar dichos datos, ya que la información es parcial y está muy dispersa sobre los presupuestos autonómicos para el año 2026, no hay aún una base oficial única y homogénea que detalle lo que cada comunidad autónoma gobernada por PP y/o Vox ha asignado específicamente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar como hace la autonomía asturiana para el año 2026. Esto es así porque:
- Los proyectos de presupuestos de varias comunidades todavía no han sido aprobados o están prorrogados, especialmente donde hay bloqueos por negociaciones con Vox o falta de mayoría (por ejemplo, Baleares o Comunidad Valenciana). El Independiente
- Las autonomías suelen agrupar el gasto social de formas muy diversas en sus presupuestos: en algunos casos Derechos Sociales está integrado dentro de otras consejerías más amplias (por ejemplo, “Salud y Servicios Sociales” o “Familia e Igualdad”) y no se desglosa de manera homogénea en todas las comunidades. gat-atenciontemprana.org
Por todo ello, no existe a día de hoy una tabla comparativa oficial completa y publicada que permita establecer con rigor la cifra exacta de cada Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de 2026 y su % del presupuesto total para todas las comunidades gobernadas por PP y Vox.
A pesar de esas limitaciones, puedo darte un análisis de lo que sí se sabe y lo que indican las tendencias:
1) Asturias (PSOE-IU)
En el Principado, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para 2026 suma 605,45 millones de euros, sobre un presupuesto total del Principado cercano a 6.993 millones, lo que representa aproximadamente ~8,7 % del total autonómico si comparamos esas cifras de forma homogénea. (Datos del proyecto de presupuesto regional 2026). La Moncloa
2) Castilla y León (PP)
Aquí tenemos el dato general del presupuesto global y la distribución agregada que sí publica el Gobierno autonómico: de los 15.715 M€ de total para el año 2026, el informe oficial indica que el 81,38 % de los gastos no financieros se destinan a Sanidad, Educación, Cultura y Protección/Promoción Social, es decir, al gasto social global. comunicacion.jcyl.es Pero no hay un desglose público actualmente que distinga solo la cuantía de la “Consejería de Derechos Sociales” equivalente a lo que en Asturias se llama así. Muchas CCAA gobernadas por el PP incorporan servicios sociales dentro de grandes consejerías como “Salud y Servicios Sociales” o “Familia y Bienestar” por lo que no hay un dato simple y homogeneizado disponible todavía.
3) Otras comunidades gobernadas por el PP con presupuestos pendientes o complicados
- Aragón (PP): El proyecto de presupuestos 2026 quedó bloqueado y va a elecciones anticipadas sin aprobación aún. El Independiente
- Baleares (PP) y Comunidad Valenciana (PP) empezarán 2026 con presupuestos prorrogados (no publicados nuevos acuerdos). El Independiente
- Región de Murcia (PP) no tiene un desglose público claro de lo que dedicaría a Derechos Sociales y Bienestar para 2026 al momento presente.
4) Comunidades con bloques de gasto social alto
En Andalucía (PP), el Gobierno regional habla de que dos de cada tres euros del presupuesto para el año 2026 se destinan a políticas sociales, pero no se desglosa públicamente todavía cuánto corresponde a la específica Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en comparación con sanidad o educación. Es una cifra útil para visualizar la prioridad global de lo social, pero no responde a la comparativa por departamento. El Independiente
A nivel autonómico en el año 2026, los gobiernos del PP repiten una tendencia ya habitual de alta proporción de gasto social agregado en sus presupuestos, pero no siempre desglosan de forma transparente y uniforme cuánto destinan específicamente a una “Consejería de Derechos Sociales y Bienestar” como tal. En Asturias ese departamento representa aproximadamente el 8,7 % del presupuesto total regional, y en otras autonomías gobernadas por el PP, aunque la suma global de gasto social supera con frecuencia el 60–80% del presupuesto regional cuando se entienden Sanidad + Educación + Servicios Sociales, el desglose específico de la consejería equivalentes a Derechos Sociales y Bienestar para el año 2026 no está homogéneamente publicado para todas las CCAA al cierre de 2025.
Esto contrasta con cómo las autonomías comunican cifras agregadas de gasto social que son más fáciles de comparar (como porcentaje del total presupuestario) como sucede en Asturias, las que no lo hacen no permite obtener una lectura exacta por departamento específico sin los datos presupuestarios detallados aún pendientes de aprobación o publicación.
La falta de información desagregada clara y homogénea de las partidas de Derechos Sociales / Bienestar Social en muchas comunidades gobernadas por PP (y, en algunos casos, con apoyo o presión de Vox) no es casual ni meramente técnica. Responde a una combinación de motivos políticos, estratégicos, ideológicos y administrativos. A continuación explico de forma razonada y encadenada, para que se vea bien la lógica que hay detrás de dicha felonía y opacidad. Los motivos son los siguientes:
1) Razón política: evitar comparaciones directas y críticas fáciles
Desagregar con precisión cuánto se dedica exclusivamente a servicios sociales (dependencia, discapacidad, infancia, inclusión, renta social, etc.) facilita mucho:
- Comparar comunidades entre sí
- Comparar gobiernos anteriores con los actuales
- Señalar recortes o estancamientos reales
Cuando una comunidad agrupa Sanidad + Educación + Servicios Sociales bajo el paraguas de “gasto social”, el dato resulta muy alto y políticamente defendible (60–80%), pero oculta el peso real del bienestar social, que suele ser mucho menor.
En términos de comunicación política, es mucho más seguro decir “dos de cada tres euros van a políticas sociales” que admitir que Derechos Sociales apenas representa entre un 6% y un 10% del presupuesto total, como ocurre en la mayoría de autonomías.
2) Razón estratégica: blindarse frente a la oposición y al tercer sector
Las áreas de bienestar social están sometidas a una presión constante de:
- ONG
- sindicatos
- plataformas de dependencia
- asociaciones de discapacidad
- entidades municipales
Si el presupuesto está claramente identificado, estas organizaciones pueden:
- exigir incrementos concretos
- denunciar incumplimientos
- señalar partidas infra ejecutadas
La opacidad o la integración en macro consejerías diluye esa presión, porque:
- no hay una cifra clara que reclamar
- no se puede demostrar fácilmente que “se gasta menos que antes”
- el debate se desplaza al terreno genérico del “gasto social total”
3) Razón ideológica (especialmente relevante con Vox)
Aquí entra un factor clave: Vox.
Vox mantiene una posición crítica o directamente hostil hacia:
- rentas mínimas
- políticas de inclusión social
- enfoque de derechos en pobreza, género o infancia
- cooperación con ONG del tercer sector
Para evitar conflictos internos o vetos:
- se desdibuja el gasto en bienestar social
- se presenta como gasto “asistencial”, “familiar” o “sociosanitario”
- se evita etiquetar partidas como derechos sociales o inclusión
Esto permite al PP contentar a Vox sin asumir públicamente recortes, porque la discusión no se produce sobre cifras claras sino sobre conceptos difusos.
4) Razón económica: priorización real de sanidad y educación
En la práctica presupuestaria, los gobiernos autonómicos —también los del PP— priorizan sanidad y educación porque:
- son competencias masivas
- tienen alto coste estructural
- generan mayor rentabilidad electoral
El bienestar social sin embargo:
- es más costoso políticamente
- tiene beneficiarios menos visibles
- exige más personal y más gestión
- genera más conflictos (listas de espera, dependencia, residencias)
Al no desagregar, se evita que se vea con claridad que el crecimiento del “gasto social” se lo llevan casi en exclusiva sanidad y educación, mientras los servicios sociales son el hermano pobre de los presupuestos.
5) Razón administrativa: macro consejerías y diseño presupuestario intencionado
Muchas comunidades gobernadas por el PP han optado por:
- fusionar áreas (Sanidad + Servicios Sociales)
- crear consejerías amplias (Familia, Igualdad, Servicios Sociales, etc.)
- distribuir partidas en múltiples programas transversales
Esto no es solo por eficiencia administrativa, sino que se busca:
- dificultar el seguimiento presupuestario
- impedir saber cuánto se destina exactamente a dependencia o exclusión
- complicar la fiscalización parlamentaria
El diseño presupuestario de los gobiernos del PP y Vox se convierte así en una herramienta política, no neutra.
6) Razón comunicativa: controlar el relato público
El PP gobierna muchas comunidades y necesita un relato común:
“Somos garantes del Estado del bienestar, pero sin despilfarro ideológico”.
Para sostener ese mensaje:
- se exhiben grandes cifras agregadas
- se evita el detalle fino
- se presenta el gasto social como bloque homogéneo
Desagregar obligaría a responder preguntas incómodas como:
- ¿por qué la dependencia crece menos que la sanidad?
- ¿por qué hay menos inversión en inclusión que hace cinco años?
- ¿por qué se externalizan servicios sociales?
7) Comparación implícita con gobiernos de izquierda
Los gobiernos de izquierda (como el de Asturias) suelen:
- tener consejerías específicas de Derechos Sociales
- publicar cifras claras
- asumir el debate público sobre dependencia, pobreza o infancia
Esto los expone más a la crítica, pero también:
- permite contrastes directos
- facilita la rendición de cuentas
La opacidad relativa del PP y Vox no es incapacidad técnica, sino una elección política consciente para reducir ese contraste y permitir la ocultación de su negra gestión de los derechos y necesidades de los ciudadanos.
Conclusión clara
La no desagregación de las partidas de bienestar social en comunidades gobernadas por PP y Vox responde a:
- evitar comparaciones directas
- diluir críticas sobre recortes o estancamiento
- no tensar la relación con Vox
- proteger la prioridad real de sanidad y educación
- controlar el relato del “gasto social alto”
- reducir la presión del tercer sector
No es un problema de falta de datos, sino de voluntad política de no mostrarlos con claridad.
La actitud del PP y Vox en la Cámara asturiana al calificar los presupuestos de Derechos Sociales para 2026 como “propaganda”, “relato” o “copia y pega inútil” puede interpretarse, desde un análisis político riguroso, como una crítica profundamente inconsistente y estratégicamente oportunista, más que como una fiscalización honesta de la política pública.
En primer lugar, hay una contradicción de fondo difícil de obviar. En Asturias, PP y Vox exigen desagregación, eficacia, ejecución perfecta y resultados inmediatos en una consejería concreta —Derechos Sociales y Bienestar— que presenta cifras claras, partidas identificables y porcentajes medibles sobre el total del presupuesto autonómico. Sin embargo, en las comunidades donde gobiernan, esas mismas formaciones eluden deliberadamente ese nivel de transparencia, diluyendo el bienestar social dentro de grandes bloques de “gasto social” o integrándolo en macro consejerías donde resulta imposible saber cuánto se destina realmente a dependencia, infancia o inclusión. Esta asimetría permite interpretar su discurso en Asturias no como una defensa del rigor presupuestario, sino como una exigencia que no se aplican a sí mismos. Ya sabemos que el sibilino Queipo no tiene muchos principios si tiene que acuchillar políticamente por la espalda a la gente, lo vimos con Teresa Mallada y la famosa comida en Castropol con Álvarez Cascos para descabalgar a sus presidenta. Es un impresentable que con tal de alcanzar el poder apuñalaría políticamente a quien hiciera falta. bit.ly/459e4hZ
En segundo lugar, la crítica puede leerse como una forma de negligencia política en el control parlamentario, en el sentido más profundo del término: no se trata de que no conozcan los datos, sino de que ignoran deliberadamente el contexto comparado. Cuando PP y Vox reprochan a la consejera asturiana que el presupuesto “crece pero no mejora”, omiten que el peso relativo de Derechos Sociales en Asturias —en torno al 8–9% del total autonómico— es equiparable o incluso superior al que esas mismas áreas tienen en muchas comunidades gobernadas por el PP, donde sencillamente no se publica el dato de forma clara. Critican, por tanto, un modelo que al menos permite ser evaluado, mientras protegen el suyo propio del escrutinio público.
En tercer lugar, hay una lectura claramente estratégica y discursiva. PP y Vox no están discutiendo tanto el contenido del presupuesto como el marco ideológico que lo acompaña: derechos, cohesión social, enfoque de cuidados, tercer sector. Al tildarlo de “relato” o “propaganda”, intentan deslegitimar no solo las cifras, sino la idea misma de los servicios sociales como política estructural, reduciéndolos a gasto ineficiente o asistencialismo. Esto es especialmente evidente en Vox, que combina la crítica presupuestaria con ataques al “enfoque feminista” o a la concepción de la pobreza como fenómeno estructural. Desde esta óptica, la crítica no busca mejorar el presupuesto, sino desactivar su legitimidad política.
Además, existe una incoherencia funcional: en Asturias, PP y Vox reclaman ejecución total, reducción de listas de espera y mejora inmediata de servicios; pero allí donde gobiernan evitan desagregar precisamente las partidas que permitirían medir esos mismos indicadores. Esto sugiere que el problema no es la ejecución, sino la exposición pública de los resultados. En Asturias, el Gobierno ofrece porcentajes de ejecución (89% en la Consejería, 90% en el ERA); en otras comunidades, esa información es mucho más opaca o directamente inaccesible. Criticar la ejecución donde se publica y ocultarla donde no se publica es, como mínimo, una forma de doble rasero político.
Finalmente, la interpretación más profunda es que esta actitud refleja una concepción instrumental del control parlamentario. En la oposición, PP y Vox utilizan los servicios sociales como arma de desgaste político; en el gobierno, los tratan como un área incómoda, que conviene esconder dentro de cifras globales para evitar conflictos presupuestarios, tensiones con el tercer sector o debates ideológicos internos (especialmente con Vox). No hay, por tanto, una defensa coherente de los servicios sociales como pilar del Estado del bienestar, sino un uso táctico del discurso según la posición institucional que ocupan.
En resumen, la crítica de PP y Vox a los presupuestos sociales asturianos para 2026 puede interpretarse como políticamente legítima en la forma, pero débil y contradictoria en el fondo, porque se produce desde partidos que no aplican en sus propios gobiernos los estándares de transparencia, desagregación y rendición de cuentas que exigen en Asturias. Esa incoherencia no solo resta credibilidad a sus reproches, sino que refuerza la idea de que el debate no es técnico ni presupuestario, sino ideológico y estratégico… Con lo cual se nos muestra a los asturianos, esa deriva fascista que ha emprendido, la que hoy se dice llamar una derecha liberal.
Para terminar el post quiero manifestar que lo ocurrido en la Junta General con los presupuestos de Derechos Sociales para el año 2026 deja una sensación difícil de eludir: una oposición fascista de PP y Vox instalada en el ruido, no en la propuesta, más preocupada por el titular fácil y la descalificación gruesa que por el trabajo serio de fiscalización y alternativa. Cuando PP y Vox reducen un debate presupuestario complejo —con cifras claras, porcentajes publicados y niveles de ejecución acreditados— a consignas como “propaganda”, “relato” o “copia y pega”, lo que evidencian no es rigor, sino vacío político.
Resulta especialmente llamativo que quienes no aportan modelos comparables, no presentan cifras propias y evitan la transparencia allí donde gobiernan, pretendan erigirse en árbitros morales de la gestión ajena. Esa actitud no solo empobrece el debate democrático, sino que insulta la inteligencia de la ciudadanía asturiana, que espera de sus representantes algo más que folclore parlamentario y “performance” de consumo rápido.
La oposición asturiana tiene todo el derecho —y el deber— de criticar al Gobierno. Pero ese derecho pierde legitimidad cuando no va acompañado de propuestas, datos contrastables ni coherencia política. Convertir el Parlamento en un escenario de gestos grandilocuentes y ataques sin sustancia puede servir para ocupar minutos de cámara, pero no para mejorar los servicios sociales ni la vida de quienes dependen de ellos.
Al final, lo que queda es una imagen poco edificante: una oposición que vive del gesto y no del trabajo, del ruido y no del contenido, y que confunde el control democrático con la descalificación permanente… Es propaganda “Goebbeliana”. Y eso, más que al Gobierno de turno, perjudica a la calidad democrática de Asturias y a la credibilidad de una clase política que debería aspirar a algo más que a sobrevivir entre aplausos de los suyos y silencios incómodos del resto.
Ya lo dijo “Pepe” Mujica: “La crítica sin datos no es oposición: es ruido.”
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