Un grupo numeroso de vecinos de Nueva de Llanes se concentró el sábado pasado en la plaza Laverde Ruiz para denunciar la ocupación ilegal de una vivienda social situada en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, un edificio propiedad de la empresa pública Vipasa. Los manifestantes aseguraron que la situación se ha vuelto insostenible y que, ante la falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades, se han visto obligados a movilizarse para dar visibilidad a un problema que, según afirman, viene de lejos.
Los vecinos explicaron que los conflictos no comenzaron con la ocupación detectada esta semana, sino que desde hace tiempo sufren enganches ilegales a la red eléctrica, acumulación de enseres en zonas comunes, un uso indebido del agua comunitaria e incluso la instalación de un gallinero en la zona de los tendales. Todas estas irregularidades, señalan, afectan gravemente a la convivencia y a la seguridad del edificio, por lo que reclaman una intervención inmediata y eficaz que restablezca la legalidad y garantice unas condiciones de vida dignas para todos.
Foto: Enrique Riestra Rozas, alcalde de Llanes
El alcalde de barrio de Nueva, Lucio Carriles, calificó la situación de preocupante y expresó su total apoyo a los vecinos afectados, animándolos a mostrar un rechazo firme a este tipo de prácticas. Asimismo, reclamó a las autoridades públicas que utilicen todos los medios que la ley permite para restituir el orden en el edificio, subrayando que se trata de un problema que puede darse en cualquier localidad y que no debe abordarse desde posiciones políticas.
El respaldo a los vecinos también llegó desde el partido fascista de, VecinosxLlanes, formación que gobierna el municipio de Llanes en coalición con su muleta del PP. El grupo criticó la actual ley de vivienda, al considerar que está generando situaciones injustas que perjudican la convivencia y la seguridad vecinal, y reiteró su compromiso de trabajar por soluciones que protejan tanto los derechos de los ciudadanos como la propiedad privada.
Por su parte, el alcalde parado de Llanes y verdadero cáncer político de lo que sucede hoy en él municipio, Enrique Riestra Rozas, aportó una reflexión distinta al debate al señalar que también es necesario preguntarse ¿Por qué Vipasa mantiene viviendas vacías, por qué no se rehabilitan y por qué no se adjudican a a problema de acceso a la vivienda? Sus declaraciones apuntan a la pésima gestión del parque público de vivienda de Vipasa como un elemento clave para entender y afrontar situaciones como la vivida en Nueva bit.ly/4rT5e1T
Pues bien, en esta manifestación de vecinos de Nueva no había ningún concejal del gobierno municipal de coalición del Ayuntamiento de Llanes. Cuestión curiosa, si observamos como el sátrapa del alcalde responsabilizaba “intoxicando” a los vecinos de Nueva echando la culpa a Vipasa, empresa pública del Gobierno del Principado de Asturias. Pues bien ayer nos enterábamos por la prensa, Europa Press, de lo siguiente:
“Vipasa ha presentado denuncias ante el juzgado de Llanes por la ocupación ilegal de dos viviendas sociales situadas en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Nueva, una situación que ha generado problemas de convivencia entre los vecinos. La empresa pública está actuando de forma coordinada con el Ayuntamiento de Llanes, la Guardia Civil y la Policía Local para hacer frente a estos hechos y evitar que se repitan.
Según explicó en una nota de prensa la gerente de Vipasa, Susana González, el pasado jueves se produjo una ocupación ilegal en una de las viviendas del bloque, cuyo adjudicatario no reside actualmente en la misma localidad, una usurpación que se suma a otra anterior ya denunciada en el mismo edificio. Tras detectarse los hechos, se activó una actuación conjunta entre Vipasa, la Policía Local, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, con el objetivo de que los ocupantes abandonaran voluntariamente la vivienda. Aunque la Guardia Civil llegó a identificar a las personas implicadas, no fue posible proceder al desalojo, por lo que la empresa pública presentó el viernes una nueva denuncia ante el juzgado.
González señaló además que mantiene un contacto permanente con la Guardia Civil de Posada de Llanes y con la Concejalía de Servicios Sociales, y que en los próximos días se celebrará una reunión para estudiar las medidas a adoptar y definir el procedimiento a seguir. Como medida preventiva, Vipasa ha instalado sistemas de alarma en las viviendas vacías con el fin de garantizar el correcto uso del parque público de vivienda social y evitar nuevas ocupaciones” bit.ly/3YyPnYx
O sea, Vipasa desde que tuvo conocimiento de la ocupación el jueves se puso en contacto con el gobierno del Ayuntamiento de Llanes para solucionar dicha cuestión en colaboración con el gobierno del Ayuntamiento de Llanes. Hay que recordar a los llaniscos que la competencia para adjudicar las viviendas sociales no corresponde a los ayuntamientos, sino a la empresa pública autonómica Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias, S.A.), que depende del Gobierno del Principado de Asturias.
¿Quién decide qué inquilinos acceden a una vivienda social?
La decisión sobre qué
personas o familias acceden a una vivienda social es exclusiva de Vipasa,
como entidad titular y gestora del parque público de vivienda autonómico.
Los ayuntamientos no eligen inquilinos, ni pueden
adjudicar directamente las viviendas, aunque sí colaboran
aportando informes sociales o canalizando demandas a través de los servicios
sociales municipales.
Marco legal que regula esta situación
Esta distribución de competencias está recogida de forma clara en varias normas, sin margen para interpretaciones:
- Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
- Atribuye al Principado la competencia exclusiva en materia de vivienda, incluyendo la promoción, gestión y adjudicación de vivienda protegida.
- Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de Vivienda
- Establece que la Administración autonómica es la responsable de la planificación, gestión y adjudicación de la vivienda protegida.
- Los ayuntamientos quedan limitados a funciones de colaboración y apoyo, especialmente a través de los servicios sociales.
- Decreto 73/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias
- Determina que la adjudicación se realiza conforme a baremos objetivos (ingresos, situación familiar, vulnerabilidad, empadronamiento, etc.).
- Vipasa solo puede adjudicar viviendas a personas inscritas en dicho registro, siguiendo los criterios legales.
- Estatutos sociales de Vipasa
- Recogen expresamente que su objeto es la gestión, administración y adjudicación del parque público de vivienda, en nombre del Principado.
Papel real de los ayuntamientos
Los gobiernos municipales como el de Llanes:
- No adjudican viviendas
- No deciden quién entra
- No pueden desalojar ni autorizar ocupaciones
- Pueden:
- Emitir informes sociales
- Detectar situaciones de vulnerabilidad
- Colaborar con Vipasa en procesos de mediación o realojo
- Comunicar incidencias
La conclusión es que la responsabilidad legal y administrativa sobre quién entra en una vivienda social es de Vipasa y del Gobierno del Principado de Asturias, no del ayuntamiento de Llanes. Los municipios no tienen capacidad legal para decidir adjudicaciones, y cualquier ocupación fuera de ese procedimiento es ilegal, con independencia de la situación social de los ocupantes.
Ante esta situación, Vipasa ha tomado las riendas del problema y ha puesto en conocimiento del gobierno municipal los pasos que va a tomar haciéndoles partícipes de dicha situación. Sin embargo, el mangante y golfo que hoy ocupa la alcaldía de Llanes, Enrique Riestra, escondió dicha situación a los vecinos de Nueva el día de la manifestación. Quiero pensar que esta ocultación también se hizo al alcalde de barrio, Lucio Carriles, como así declaró ante la TPA afirmando que “no sabemos ni lo que hay que hacer, ni lo que se puede hacer, ni lo que se debe hacer pero insisto en instar a las administraciones públicas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todo el que proceda siempre de acuerdo a la ley a intentar solucionar el problema desalojando estas dos viviendas que están ocupadas” bit.ly/3YrhI2X
Si su desconocimiento es real, le está faltando tiempo a Lucio Carriles a pedir explicaciones de forma pública al alcalde de Llanes, Enrique Riestra y su gobierno de mangantes, entre los que se encuentra su formación política del PP. Lo que hay que hacer por lo que veo publicado en la prensa parece que Vipasa lo tiene bastante claro, como ayer expliqué en el post que escribí bit.ly/49b0VaG
La situación vivida en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Nueva de Llanes no puede entenderse únicamente como un problema de ocupación ilegal de viviendas sociales, sino como la consecuencia directa y acumulada de una falta de planificación urbanística, de gestión del espacio público y de control institucional prolongado en el tiempo de un gobierno fascista, incompetente y temerario con los intereses de los vecinos de Llanes.
Cuando el urbanismo falla —o directamente se abandona como ha hecho el partido fascista VecinosxLlanes sicario de los enemigos de Llanes (AVALL) y su muleta del PP—, los edificios dejan de ser espacios ordenados al servicio de la convivencia y pasan a convertirse en territorios degradados, propicios para conflictos sociales, usos indebidos y, finalmente, ocupaciones irregulares. En este caso concreto, la ausencia de una intervención clara y sostenida ha permitido que el inmueble evolucione hacia una situación de anomalía: enganches ilegales a la red eléctrica, utilización indebida de suministros comunes, apropiación de zonas compartidas, acumulación de enseres e incluso la instalación de elementos impropios como un gallinero en espacios comunes. Todo ello es el reflejo de un espacio que ha dejado de estar urbanísticamente “gobernado”.
Foto: casa cuartel de la Guardia Civil de Nueva de LLanes
El urbanismo no se limita a construir viviendas; implica gestionar cómo se habitan, cómo se usan los espacios comunes, cómo se mantiene la seguridad y cómo se garantiza que el entorno siga siendo digno. A Vipasa hay que decirle también que cuando un edificio público permanece con viviendas vacías durante largos periodos, sin mantenimiento adecuado, sin vigilancia efectiva y sin una estrategia clara de uso, se envía un mensaje implícito: es un espacio abandonado. Y los espacios abandonados, especialmente cuando se trata de vivienda social, tienden a ser ocupados, no necesariamente por necesidad extrema, sino porque la falta de control los convierte en oportunidad.
En Nueva de Llanes, la ocupación no surge de la nada ni de un día para otro. Es la fase final de un proceso de degradación urbanística y administrativa, donde la falta de rehabilitación, de adjudicación ágil y de presencia institucional ha generado un vacío que otros han llenado. Este vacío no solo es físico, sino también normativo y político. La inexistencia de una respuesta temprana y visible ha cronificado el problema, afectando directamente a los vecinos que sí cumplen las normas y que ven cómo su calidad de vida se deteriora sin que nadie actúe con decisión.
Además, la desconexión entre administraciones —o, peor aún, la utilización política del conflicto— agrava el problema urbanístico. Cuando el Ayuntamiento se presenta como ajeno o impotente, y al mismo tiempo señala a Vipasa como única responsable, se rompe la necesaria corresponsabilidad institucional que exige cualquier actuación urbanística eficaz. Aunque la competencia en adjudicación sea autonómica, el entorno urbano, la convivencia y la detección temprana del conflicto son también responsabilidad del gobierno municipal de Llanes. El urbanismo es, por definición, una política transversal.
En definitiva, la ocupación de las viviendas sociales en la Casa Cuartel de Nueva no es solo un problema legal o social, sino el síntoma de un fracaso en la gestión urbanística del parque público de vivienda. Mientras las viviendas permanezcan vacías, mal mantenidas o sin un proyecto claro de uso, y mientras las administraciones actúen tarde, mal o de forma opaca, estos conflictos seguirán repitiéndose. La solución no pasa únicamente por el desalojo, sino por recuperar el control urbanístico, administrativo y social del espacio, devolviéndole su función original: ser vivienda pública digna, ordenada y al servicio del interés general.
La ocupación de viviendas sociales (como la del antiguo cuartel de Nueva) casi nunca es “solo” un problema de orden público: suele ser el síntoma visible de un embudo previo de vivienda accesible. Y ahí es donde el urbanismo —y en concreto el PGOU— se vuelve determinante: no porque “cause” directamente la ocupación, sino porque decide cuánta vivienda puede llegar, en qué plazos, para quién y con qué instrumentos.
En Llanes se ha presentado el nuevo planeamiento como la salida a décadas de anomalía urbanística y, según lo publicado, el plan contempla miles de viviendas nuevas (se ha hablado de unas 5.774, con gran parte del crecimiento concentrado en núcleos rurales). Pero ese número, por sí solo, engaña a los llaniscos más necesitados de vivienda y con menores recursos: en vivienda el “cuánto” importa, sí, pero él “para quién” y el “cuándo” importan todavía más.
¿Por qué un 4% de “nuevo parque público” tendería a empeorar el acceso a la vivienda para rentas bajas?
Si el PGOU realmente deja la aportación de parque público en torno al 4% del nuevo desarrollo urbanístico, el efecto previsible es que la parte de vivienda con precio realmente contenido quedaría muy por detrás de la demanda local de gente con menos recursos (jóvenes, familias con salarios medios-bajos, trabajadores estacionales, etc.). En un concejo turístico como Llanes, donde la presión sobre precios suele venir por varios frentes (segunda residencia, inversión y usos turísticos), un porcentaje bajo de parque público actúa como freno débil: no compensa la fuerza del mercado.
Además, incluso cuando un plan “permite” construir, eso no significa que la vivienda aparezca rápido:
- Mucha de la vivienda “nueva” depende de desarrollos privados que pueden tardar años (o no llegar) si no les salen los números.
- Lo que sí suele llegar antes es lo más rentable: vivienda de precio libre orientada a demanda solvente, inversión o segunda residencia.
Esto encaja con críticas ya publicadas sobre el plan: se ha dicho que la bolsa efectiva prevista sería baja y muy condicionada a desarrollos privados a largo plazo (por ejemplo, se mencionan cifras del orden de unas 200 viviendas en suelo urbanizable y 32 en suelo urbano no consolidado, consideradas insuficientes por la oposición). El Búscolu - www.elbuscolu.com
El punto legal clave: “vivienda protegida” no es lo mismo que “parque público”
Aquí hay una distinción importante:
- Vivienda protegida (VPO/VP): suele ser vivienda con precio limitado y requisitos, pero no necesariamente pública (puede promoverla un privado).
- Parque público: vivienda que queda en manos de lo público (Principado/Vipasa/ayuntamiento si procede) y se gestiona como alquiler social o asequible de forma sostenida.
La legislación estatal y
autonómica suele exigir reservas mínimas de vivienda protegida en
nuevas actuaciones (en términos de edificabilidad residencial),
precisamente para que el plan no se convierta en “barra libre” de
vivienda libre. En Asturias, además, aparece en documentación jurídica la idea
de reservar a vivienda protegida el porcentaje fijado por la legislación
estatal ccasturias.es
Pero aunque se cumpla una reserva de “protegida”, si el
parque público queda en el 4%, la capacidad de atender a los hogares más
vulnerables (los que acaban en listas largas o situaciones límite) seguirá
siendo pequeña.
Foto: PP de Llanes, los cómplices de todo el desaguisado que se viven en el municipio
¿Se “volverá más laxo y fácil” para quien tiene menos recursos?
Con un 4% de parque público, lo más probable es lo contrario: el problema de la vivienda se agrave en Llanes.
Porque para rentas bajas el cuello de botella no es solo “que haya viviendas”, sino:
- que haya vivienda con alquiler asumible,
- con adjudicación transparente y estable,
- y que no dependa del ciclo inmobiliario.
Si el PGOU se apoya sobre todo en crecimiento de vivienda libre y en el “ya construirán los privados”, lo que tenderá a ocurrir en los próximos años es:
- subida o mantenimiento alto de precios (si la demanda turística/inversora sigue fuerte),
- expulsión o salida de jóvenes llaniscos hacia otros concejos,
- más hacinamiento, más alquiler informal, y sí: más conflictos en el parque social existente, porque ese parque se convierte en un recurso escaso y tensionado (y cuando el recurso es escaso, cualquier ocupación/irregularidad “prende” socialmente más rápido).
No es casual que el propio gobierno municipal fascista haya anunciado medidas para empujar vivienda turística al alquiler residencial (subvenciones para incentivar alquiler anual): ese tipo de medida suele aparecer cuando el mercado residencial está muy tensionado. coperibadesella.com
Conexión con lo de Nueva (Vipasa y la casa cuartel)
La ocupación en una promoción social concreta es un conflicto inmediato, pero el PGOU afecta a la “película larga”:
- Si el plan no multiplica de forma clara el parque público/asequible, Vipasa seguirá teniendo que gestionar mucha demanda con poca oferta.
- Esa presión se traduce en listas, frustración y, en el peor de los casos, en que algunos intenten atajos (ocupaciones), y en que los vecinos sientan que “nadie resuelve” porque el origen es estructural: faltan alternativas reales.
En resumen: un PGOU puede ordenar y desbloquear, sí; pero si el reparto del nuevo crecimiento deja muy poco parque público (ese 4% que tiene el de Llanes) y confía el resto a la dinámica del mercado, lo normal es que para los llaniscos con menos recursos el acceso a vivienda no se vuelva más fácil, sino más competitivo y más caro, y que la tensión social alrededor del poco parque social existente (como el de Vipasa en Nueva) aumente.
Para terminar quiero manifestar que lo ocupación en la Casa Cuartel de Nueva no es un error aislado ni una mala coincidencia: es el resultado de una forma de gobernar basada en el engaño sistemático, la manipulación interesada de la verdad y el uso del conflicto social como cortina de humo. El gobierno municipal fascista de, VecinosxLlanes y el PP, ha optado por señalar culpables externos, intoxicar a los vecinos de Nueva y ocultar información clave, mientras sabía —y callaba— que Vipasa ya estaba actuando conforme a la ley. No fue ignorancia: fue una decisión política. Y esa decisión tuvo un objetivo claro: desviar la atención.
Porque mientras se agitaba el miedo y la indignación legítima de los vecinos de Nueva, ese mismo gobierno aprobaba un PGOU que condena a los llaniscos con menos recursos a quedarse fuera de su propia tierra. Un planeamiento que presume de miles de viviendas, pero que reserva apenas un 4% al parque público, fiándolo todo al mercado, a la especulación y a intereses ajenos a la vida real de quienes nacieron, crecieron y trabajan en Llanes. Ese es el verdadero fraude: vender crecimiento como solución cuando en realidad se está cerrando la puerta de la vivienda a una generación entera.
La ocupación se utiliza como relato simplista y alarmista, pero el urbanismo aprobado es la causa estructural que alimentará más conflictos, más frustración y más expulsión social en los próximos años. No hay casualidad: hay coherencia. Coherencia entre un gobierno que gobierna para promotores, para segundas residencias y para lobbies como AVALL, y un modelo de concejo que expulsa a sus jóvenes, precariza a sus trabajadores y convierte el derecho a la vivienda en un privilegio.
Hoy se señala a Vipasa; mañana se señalará a otros. Pero el patrón será el mismo: ocultar responsabilidades propias, manipular a la ciudadanía y sacrificar el interés general en nombre de un urbanismo que no es para Llanes, sino contra Llanes. La Casa Cuartel de Nueva es el aviso. El PGOU es la sentencia. Y quienes hoy gobiernan no podrán decir mañana que no sabían lo que estaban haciendo... Ya que fueron los instigadores de tal atropello y atraco a los llaniscos.
Ya lo dijo Vaclav Havel: “Cuando el poder se acostumbra a mentir, no solo traiciona a los ciudadanos: destruye la realidad compartida.”
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