En Asturias, el problema de la vivienda se ha ido tensando silenciosamente hasta convertirse en una pinza que aprieta por todos lados. Por arriba, los precios suben con una fuerza que no se veía desde 2007; por abajo, los salarios de buena parte de la población —especialmente en el sector servicios— como sucede en el municipio de Llanes, apenas permiten competir a los llaniscos en un mercado cada vez más orientado al inversor y a la segunda residencia bit.ly/4pnTHpF
Los datos son claros: en el tercer trimestre de 2025 el precio de la vivienda en el Principado se disparó un 13,5% interanual, por encima de la media estatal. La subida la empuja, sobre todo, la vivienda de segunda mano, que se encarece más de un 14% en un solo año. Es decir, no se trata solo de obra nueva cara; es el parque ya existente el que se recalienta y se convierte en un bien cada vez más inaccesible para quien simplemente quiere vivir y trabajar en Asturias, no especular.
¿Quién está comprando? Mayoritariamente asturianos, sí, pero cada vez con más peso esos compradores de fuera que alteran el equilibrio local. Aproximadamente una de cada diez viviendas vendidas en Asturias en el último periodo analizado fue adquirida por personas empadronadas en Madrid. A ellos se suman compradores de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Castilla y León, además de un crecimiento muy fuerte de las compras de extranjeros, con un incremento de más del 30% en un año. Todo esto configura un escenario donde una parte creciente del parque residencial asturiano se convierte en activo deseado por capital externo, muchas veces orientado a segunda residencia, inversión o uso turístico.
En paralelo, el Estado trata de reaccionar por la vía de la vivienda pública. La creación de Casa 47, la nueva empresa estatal que hereda y reorganiza el patrimonio residencial del Estado —incluyendo las 40.000 viviendas de Sareb y miles de suelos con capacidad para decenas de miles de casas más— apunta a un modelo de gran casero público que ofrezca alquiler asequible a largo plazo, con contratos de hasta 75 años y rentas que no superen el 30% de los ingresos del hogar. Sobre el papel, es un intento de reconstruir un pilar de bienestar que nunca terminó de consolidarse en España: un parque estable y potente de vivienda pública en alquiler bit.ly/44edqQ1
Pero mientras la maquinaria estatal se pone en marcha y define dónde y cómo va a actuar, la realidad del territorio avanza a su ritmo, y no siempre en la dirección de la cohesión social. En Gijón, por ejemplo, la presión de la demanda de vivienda ha impulsado con fuerza la transformación de bajos comerciales en viviendas. Lo que antes eran locales abandonados o sin salida comercial se convierten en pisos: a veces para residencia habitual, a veces como producto de inversión. El Ayuntamiento ha tenido que elaborar una guía para ordenar este fenómeno, fijando condiciones mínimas para los cambios de uso. Es una solución parcial a la escasez de oferta, pero también una muestra de hasta qué punto el mercado busca huecos donde colarse cuando la vivienda es escasa y cara bit.ly/44ewo93
Sobre este telón de fondo regional se dibuja, con luz propia y dramática, el caso de Llanes. Un concejo costero, muy turistizado, con poco más de 13.500 habitantes, que pierde población mientras ve cómo su territorio se convierte en un destino cada vez más codiciado para segundas residencias, vivienda vacacional y capital externo. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente se sitúa justo en ese cruce de caminos entre modelo turístico intensivo y derecho a la vivienda de la población residente.
Foto: el alcalde fascista sicario de AVALL en el Ayuntamiento de Llanes, Enrique Riestra
El PGOU permite levantar 5.862 viviendas adicionales, un aumento del parque residencial de en torno al 36%. Dicho de forma sencilla: Llanes podría llegar a tener capacidad para alojar casi otro concejo entero encima del actual. Sin embargo, de todo ese potencial, solo 246 viviendas se reservan como vivienda de protección oficial. Es decir, alrededor del 4,2% del total. La principal herramienta que tiene un plan general para proteger a quienes tienen rentas bajas o medias —la vivienda protegida— queda reducida a algo casi simbólico pese a la necesidad que tienen jóvenes y trabajadores del sector servicios que trabajan en Llanes.
El truco técnico está en el reparto. La ley obliga a reservar un porcentaje de VPO en suelo urbanizable, pero no impone esa obligación en buena parte de los núcleos rurales. Más de la mitad del crecimiento residencial previsto se impulsa precisamente en esos pueblos y núcleos del concejo, donde no hay que reservar vivienda protegida. Jurídicamente, el plan cumple; socialmente, deja desprotegida a la mayoría de quienes más necesitan un colchón frente a los precios del mercado libre. El resultado real es un modelo que facilita la construcción de mucha vivienda cara y deja casi sin desarrollar la vivienda asequible, nada nuevo en un gobierno fascista de VecinosxLlanes y PP.
Para los llaniscos que trabajan en hostelería, comercio, servicios o en empleos de renta baja o inestable, esto no es una abstracción urbanística: es la diferencia entre poder quedarse a vivir en su concejo o verse empujados fuera. En un municipio donde la demanda externa es muy fuerte —turistas, compradores de segunda residencia, inversores—, cada nueva promoción de precio libre tiende a alinearse con esa demanda solvente, no con las nóminas ajustadas de quien trabaja de temporada o en empleos precarios.
A esto se suma el modelo territorial que el plan refuerza: crecimiento muy disperso, de baja densidad, repartido por muchos núcleos rurales. La planificación urbana contemporánea suele apostar por la compacidad, por acercar vivienda a servicios, transporte, centros de trabajo y equipamientos. El PGOU de Llanes aprobado impulsa, en buena medida, lo contrario. Y ese modelo tiene un coste especial para quienes menos tienen: vivir lejos de los servicios implica más dependencia del coche, más gasto en combustible, más tiempo en desplazamientos, más dificultades para conciliar. Quien tiene dos coches y un buen sueldo puede asumirlo; quien vive con un salario ajustado, no tanto.
La relación entre este PGOU y la política sobre viviendas turísticas y vacacionales es un punto crítico en el problema actual de la vivienda. El gobierno municipal de Llanes ha aprobado una moratoria tarde y mal, y un plan especial para regular estos usos, con la idea de frenar la conversión masiva de viviendas en alojamiento turístico y de proteger el alquiler estable. Pero el equilibrio es frágil. Todo ese enorme potencial edificatorio —esas 5.862 viviendas nuevas— está ahí, esperando a que el marco regulatorio se decante. Si en el futuro se relajan las restricciones a la vivienda turística o cambia la correlación política, una parte muy significativa de ese parque podría volcarse hacia el uso vacacional, reforzando todavía más el modelo de concejo de temporada: lleno en verano, caro todo el año, difícilmente habitable para quien depende del alquiler y cobra sueldos modestos.
La paradoja es amarga: en una Asturias donde el precio de la vivienda sube con fuerza, donde aumenta la presencia de compradores de fuera y donde las zonas rurales pierden población, Llanes, que ya está perdiendo vecinos, aprueba un plan que facilita una expansión orientada al turismo y a la inversión y que apenas reserva espacio para vivienda protegida. Es decir, en un concejo que necesita retener población residente, fijar jóvenes, hacer posible que quienes trabajan allí puedan vivir allí, se consolida un modelo que empuja en sentido contrario.
Mientras tanto, desde el ámbito estatal se anuncian grandes políticas como Casa 47 para construir y gestionar vivienda pública asequible, y desde el municipal como en Llanes se habilita un enorme margen para nuevo parque residencial, pero mayoritariamente sin protección, en un mercado local donde los salarios no compiten con las rentas de Madrid, Barcelona o el extranjero. La desconexión entre los discursos de derecho a la vivienda y las herramientas urbanísticas concretas se hace evidente.
En el conjunto de Asturias, el mapa demográfico reciente refuerza la idea de un territorio que se concentra cada vez más en las grandes ciudades del centro —Oviedo, Gijón, Siero, Llanera— mientras el oriente rural y la costa oriental, con la excepción de algunos casos, pierden población. Llanes, pese a ser un icono turístico, no escapa a esa tendencia: gana casas, pierde vecinos. Crece el interés por vivir en verano o por invertir, mientras se debilita la base social de quienes sostienen el concejo el resto del año.
La integración de todos estos elementos dibuja un cuadro coherente pero inquietante:
· Una región donde la vivienda se encarece con fuerza y donde el capital externo gana peso.
· Un Estado que intenta, con Casa 47, construir un parque público de alquiler asequible, pero que aún está lejos de tener presencia capilar en territorios concretos.
· Ciudades como Gijón adaptándose a la escasez transformando locales en viviendas, como síntoma de un mercado desbordado.
· Y un concejo como Llanes que, en lugar de utilizar el nuevo PGOU como herramienta potente para garantizar vivienda digna y asequible a quienes viven y trabajan allí, opta por un modelo que, en la práctica, facilita la expulsión lenta pero constante de llaniscos con rentas modestas del mercado de la vivienda.
Llanes se convierte así en el ejemplo perfecto de una tensión que atraviesa toda Asturias: ¿ser territorio para vivir o territorio para invertir y vacacionar? La nueva ordenación urbanística, tal y como está planteada, inclina la balanza hacia lo segundo. Quien cobra un sueldo ajustado en la hostelería, en el comercio o en el pequeño tejido de servicios locales se enfrenta a una realidad sencilla pero brutal: cada vez es más difícil seguir viviendo en el concejo donde trabaja y donde tal vez ha nacido. Y esa dificultad no es fruto del azar, sino del cruce entre un mercado inmobiliario desatado y unas decisiones urbanísticas que no colocan a esos residentes en el centro de la ecuación.
Mientras el Gobierno del Principado va firmando convenios con distintos ayuntamientos para promover vivienda protegida y alquiler asequible, el caso de Llanes aparece como una anomalía dolorosa y muy reveladora. No porque el problema de la vivienda aquí sea menor —de hecho, es especialmente grave—, sino precisamente porque, pese a esa gravedad, el gobierno municipal fascista de Vecinos y PP parecen empeñados en mantenerse al margen de las soluciones públicas que se están impulsando en otros sitios.
Cuando el Principado acuerda con otros concejos la cesión de suelo, la cofinanciación de promociones o la puesta en marcha de parques de alquiler asequible, lo que está haciendo es utilizar las herramientas de las que dispone para amortiguar la lógica del mercado. Es decir: asumir que, si se deja todo en manos de la inversión privada y la demanda externa, quienes tienen rentas bajas o medias quedan fuera del tablero. Por eso se impulsan viviendas de protección oficial, promociones públicas o alquiler regulado: para que haya, al menos, una parte del parque de vivienda blindada frente a la especulación y los vaivenes del mercado.
En ese contexto, que Llanes no esté en primera línea de estos convenios no es una simple anécdota administrativa; es un síntoma político. Estamos hablando de uno de los municipios más tensionados de Asturias, sino el que más ya que carece de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde hace décadas, con precios disparados, un peso enorme de la segunda residencia, una presencia creciente de vivienda vacacional y un mercado de alquiler casi imposible para quienes trabajan todo el año en el concejo con salarios modestos. Si en algún sitio tiene sentido pelear cada metro de vivienda protegida, cada promoción pública, cada acuerdo con el Principado, es aquí. Y, sin embargo, el gobierno municipal de liberados (8) aparece como una especie de “territorio aparte”, más preocupado por ordenar el suelo para futuros negocios que por blindar derechos básicos.
Foto: concejales del partido fascista de VecinosxLlanes, sicarios de la asociación llanisca AVALL... Los enemigos de Llanes.
La pregunta, inevitable, es: ¿a quién beneficia esta posición? Porque está claro a quién no. No beneficia al camarero que encadena temporadas y tiene que pagar un alquiler de verano todo el año. No beneficia a la dependienta, al trabajador de limpieza, al empleado municipal, al autónomo que apenas llega a fin de mes. Tampoco favorece a los jóvenes que quieren emanciparse y se encuentran con precios pensados para sueldos que aquí no se cobran. Si el Ayuntamiento renuncia a aprovechar todas las herramientas que el Principado pone sobre la mesa —convenios, suelo, cofinanciación, vivienda protegida, alquiler asequible—, lo que está haciendo, de facto, es dejar a toda esa gente sola frente al mercado. Al gobierno municipal les da igual, muchos de ellos parados sin oficio ni beneficio en la vida civil, han visto en la política las” Américas” para cobrar lo que no ganan en su ocupación en la vida civil fuera de la política.
Uno podría pensar que se trata de descoordinación, de falta de iniciativa, de simple torpeza política. Pero cuando se mira el conjunto —un PGOU que multiplica la capacidad edificatoria, reserva una cantidad ridícula de vivienda protegida y orienta buena parte del crecimiento hacia zonas rurales perfectas para segunda residencia; una ausencia de protagonismo en las políticas de vivienda protegida del Principado; una defensa retórica del residente mientras se consolidan modelos claramente alineados con la inversión turística e inmobiliaria—, la torpeza empieza a parecer algo más: un proyecto. Un proyecto que no se confiesa en voz alta por vergüenza, pero que se ve en el mapa, en los números y en las decisiones políticas que toma el fascismo que hoy gobierna el Ayuntamiento de Llanes.
De ahí que resulte tan hiriente la sensación de desconexión entre quienes sientan su culo en el salón de plenos (gobierno y oposición) y quienes hacen cola en una inmobiliaria preguntando por un alquiler que no se pueden permitir. El Ayuntamiento, en teoría, debería ser el primer interesado en llamar a la puerta del Principado y decir: “Aquí tenemos un problema gravísimo de acceso a la vivienda, necesitamos suelo para VPO, necesitamos promociones de alquiler asequible, necesitamos coordinar políticas”. En lugar de eso, el gobierno municipal aparece como un actor remolón, distante o directamente ausente de esa agenda, como si el problema se fuera a resolver solo o como si no formara parte de sus prioridades reales.
Por eso cala tanto la sensación de traición entre los llaniscos. Porque la gente vota pensando, entre otras cosas, en que quien sale elegido defenderá sus condiciones de vida mínimas: poder vivir donde trabaja, poder quedarse en el concejo donde ha nacido, poder aspirar a un alquiler o una hipoteca que no devoren todo su sueldo. Cuando, frente a un contexto regional donde se activan herramientas de vivienda pública, el gobierno municipal fascista de, Vecinos y PP, decide no colocarse en primera fila, el mensaje que se envía a esos votantes es demoledor: vuestra necesidad de techo estable pesa menos que otros intereses que nunca se nombran del todo (como cobrar por estar liberado lo que no ganan en la vida civil al ser unos inútiles), pero que se intuyen en cada decisión urbanística y en cada silencio ante la oportunidad de sumar vivienda protegida.
La alfombra del Ayuntamiento no se pisa sola: se sostiene con los votos de quienes hoy tienen cada vez más difícil vivir en Llanes. Y esa es la contradicción de fondo que los llaniscos tienen que mentalizarse no volver a cometer para no sufrir el mismo error. Mientras el Principado ensaya mecanismos para ampliar la vivienda asequible —con todas sus limitaciones, pero avanzando—, el gobierno municipal de Llanes parece más ocupado en no molestar a un modelo basado en turismo intensivo, segundas residencias y parque residencial de precio libre que en proteger a la mayoría social que mantiene vivo el concejo todo el año. No hace falta saber exactamente “a quién” se está protegiendo para tener claro a quién no: a los llaniscos con rentas no muy elevadas, que ven cómo las decisiones de unos pocos se traducen en la expulsión lenta, pero constante, de su propio municipio.
Foto de comunión de los concejales del PP en el consistorio llanisco tras su elección de las elecciones del año 2023, acompañados por una serie de estomagos agradecidos de la política regional, encabezados por el "capataz" de Tellado en el PP de Asturias, Álvaro Queipo.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, lo más devastador no es solo que el mercado haya convertido la vivienda en un lujo; lo verdaderamente insoportable es comprobar cómo algunos gobiernos municipales contemplan ese derrumbe de la vida cotidiana con la comodidad de quien mira llover desde un porche cubierto. Porque la tragedia de Llanes —sí, tragedia— no nace únicamente de las fuerzas impersonales del mercado, del turismo masivo o del capital externo: nace también de la indolencia, de la pasividad de su gobierno fascista de Vecinos PP y, en demasiados momentos, de la complicidad silenciosa del PSOE de quienes deberían defender a sus vecinos y eligen no hacerlo.
Mientras miles de llaniscos se preguntan cómo seguir viviendo en el concejo que llevan en la sangre, el gobierno municipal fascista juega a la política sin asumir sus responsabilidades esenciales. El problema de la vivienda es real, urgente, estructural… Y, sin embargo, se gobierna como si fuese un ruido de fondo, una incomodidad pasajera, un asunto que puede esperar a mañana. Pero mañana ya no quedará quien lo sufra: porque muchos estarán fuera, expulsados por unos precios imposibles y una planificación urbana que se ha olvidado deliberadamente de ellos.
Ese es el verdadero fracaso de la política imperante hoy en Llanes: que el derecho a un techo se haya convertido en un privilegio, y que el gobierno municipal, lejos de combatir esa deriva, haya decidido convivir con ella como algo normal. Que, mientras el Principado firma convenios, levanta viviendas protegidas y trata —con mayor o menor fortuna— de poner freno al desorden, el gobierno municipal de Llanes de Vecinos y PP permanezca inmóvil, ajeno, casi en una burbuja donde el tiempo político pasa sin que nada cambie para quienes más lo necesitan.
Es difícil no sentir rabia. Rabia cuando se ve a jóvenes que han crecido en el concejo preguntarse si podrán quedarse. Rabia cuando trabajadores de temporada, empleados del comercio, camareros, familias enteras viven con el miedo constante de no encontrar alquiler. Rabia cuando una tierra que debería ser hogar se convierte, poco a poco, en un decorado de veraneo para quien tiene dinero de sobra y en un territorio prohibido para quienes sostienen la vida del concejo durante todo el año.
Y sí, la rabia es legítima. Porque lo que está en juego no es solo urbanismo, ni turismo, ni números en un informe técnico: lo que está en juego es la continuidad misma del Llanes que conocemos, el Llanes real, el que existe cuando no hay turistas, el que madruga para trabajar, el que llena los colegios, el que sostiene los negocios locales, el que mantiene vivas las parroquias y las fiestas, el que da sentido a las calles incluso en pleno enero.
Por eso este epílogo no es
un cierre, sino un grito:
un grito para recordar que un concejo sin sus vecinos no es un
concejo, es un decorado vacío; que un gobierno municipal que no protege a su
gente renuncia a su deber más básico; y que un futuro sin vivienda digna no es
futuro, es expulsión encubierta.
La historia juzgará estas
decisiones. Pero antes que la historia, las juzgarán los propios llaniscos,
que tarde o temprano entenderán que defender su derecho a vivir en su tierra no
es una opción: es una obligación moral, social y política.
Porque lo que se pierde hoy tardará décadas en recuperarse —si es que
alguna vez se recupera—.
Y si quienes gobiernan no quieren verlo, entonces ya no queda más camino que recordárselo con la única herramienta que nunca miente: la voz, la organización y el voto de quienes aún se resisten a ser expulsados de su propio hogar pese a los intentos continuados del gobierno fascista desde el año 2015 que llegaron al poder municipal.
Ya lo dijo Aristóteles: “Una ciudad no pertenece a quienes la poseen, sino a quienes la sostienen.”
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