El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi” (PSOE), anunció que el Ayuntamiento iniciará la externalización de la gestión del suministro de agua en el municipio, tras un estudio encargado en 2024 a una consultora externa. La decisión se enmarca dentro de un ambicioso plan inversor de 75 millones de euros hasta 2036, que el regidor califica como el mayor en infraestructuras hidráulicas del concejo en los próximos diez años.
Plan de inversiones
- Abastecimiento de agua:
- 25 millones de euros en los primeros cuatro años a cargo de la empresa adjudicataria.
- Otros 10 millones adicionales durante el resto del contrato.
- Duración de la concesión: entre 25 y 30 años.
- Saneamiento:
- 40 millones de euros financiados directamente por el Ayuntamiento hasta 2036.
- Desde 2015 ya se han invertido 27 millones en captaciones y saneamiento.
El alcalde justifica la medida afirmando que el servicio está en una “situación crítica”, poniendo como ejemplo que La Pola solo tiene capacidad para mantener el suministro durante cinco horas en caso de avería, cuando lo recomendable serían dos días. La construcción de un nuevo depósito, una de las obras más urgentes, costará siete millones de euros.
Foto: Ángel García, el alcalde "tramposo" que hoy se pasa por el forro los derechos de los vecinos de Siero
Impacto en las tarifas
García reconoce que habrá subida en el recibo del agua, pero asegura que:
- Con gestión externalizada, la subida estimada sería del 112% en 30 años.
- Con gestión directa municipal,
ascendería al 118% en el mismo periodo.
Defiende que, pese al beneficio empresarial, “sale más barato externalizar” que mantener la gestión pública.
Tramitación
- El cambio de modelo se elevará al Pleno municipal del martes 23.
- Posteriormente se elaborará el estudio
económico para licitar el contrato.
Más información: https://bit.ly/4aT8Z0W
Reacciones de la oposición y colectivos sociales
Partido Popular (PP)
- Denuncia una futura subida “bestial” de las tasas.
- Reclama una consulta popular para que los vecinos decidan.
- Advierte de una “hipoteca a 30 años” y critica que el Ayuntamiento, con superávit, busque financiar obras mediante una empresa privada que también querrá obtener beneficios.
Izquierda Unida (IU)
- Espera a conocer la documentación completa antes de fijar postura.
- Defiende la necesidad de analizar con rigor un servicio esencial.
Plataforma Vecinal de La Fresneda
- Reconoce la necesidad de inversiones, especialmente en su zona.
- Reclama garantías técnicas y económicas bien definidas antes de posicionarse.
Vox
- Considera la externalización como la opción más razonable dada la situación actual.
- Recuerda que denunciaron previamente el deterioro del servicio.
- Muestra preocupación por la recolocación de los trabajadores y defiende que, al menos, se garantice un servicio acorde a lo que pagan los vecinos.
Podemos
- Es el grupo más crítico y llama a la movilización ciudadana para frenar la medida.
- Denuncia una “privatización total de los servicios”.
- Asegura que el deterioro del servicio ha sido deliberado para justificar la externalización.
- Señala que el Ayuntamiento dispone de fondos suficientes en depósitos bancarios para asumir las inversiones sin privatizar.
- Alerta de subidas continuadas de precios durante al menos 30 años.
CCOO Siero-Piloña
- Manifiesta un rechazo frontal a la privatización.
- Acusa al Ayuntamiento de encargar un estudio “premeditado” para justificar una decisión ya tomada.
- Advierte de un peor servicio y mayor
coste en busca del beneficio empresarial.
Más información: https://bit.ly/45fzgCZ
El alcalde Ángel García niega motivaciones ideológicas y sostiene que:
- Existe un informe técnico avalado por Intervención y Secretaría municipal que concluye que la externalización es el modelo más eficiente y sostenible.
- Se crearán 25 empleos.
- Los trabajadores actuales podrán pasar a la empresa adjudicataria o permanecer en el Ayuntamiento.
- El rendimiento de la red es del 55%, lo que implica que se pierde el 45% del agua por fugas y consumos no contabilizados.
También rechaza la consulta popular planteada por el PP y recuerda que muchos ayuntamientos gobernados por ese partido han externalizado el servicio sin consultar a la ciudadanía https://bit.ly/4pCgRsi
El Gobierno local ha sido asesorado por PW Advisor and Services S. L., presidida por Juan Pablo López Heras, investigado en el Caso Lezo por su etapa como directivo del Canal de Isabel II y su informe favorable a la compra de la empresa colombiana Inassa, operación que la Fiscalía considera inflada y por la que solicita penas de prisión https://bit.ly/3MFDcqq
La externalización del servicio de agua en Siero se presenta como una solución técnica y financiera para modernizar una red obsoleta, pero ha generado una fuerte controversia política, social y sindical, centrada en el impacto económico para los vecinos, la duración del contrato y la pérdida de control público sobre un servicio esencial.
Lo primero que quiero manifestar es que el actual alcalde de Siero, Ángel García, no llevaba en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones del año 2023 ninguna cuestión que hiciese mención o referencia a dicha externalización del servicio del agua.
Lo que sí se conoce del programa electoral es lo siguiente:
- El PSOE de Siero, con Ángel García “Cepi” como cabeza de lista, presentó un proyecto llamado “Siero Verde” en mayo de 2023 que formaba parte de su programa electoral, centrado en temas como movilidad sostenible, eficiencia energética y zonas verdes. elfielato.es
- En la descripción de ese programa electoral no se menciona explícitamente la externalización del servicio de agua, sino más bien cuestiones ambientales y de sostenibilidad.
Por lo tanto si ahora pretende hacer algo que no comunicó a sus vecinos en su programa electoral, es de razón que se consulte a aquellos que son los que pagan por un servicio publico de titularidad pública.
Otro aspecto en el que quiero entrar es en la toma de decisiones que exceden el mandato para el que un alcalde fue elegido, cuatro años. La sensación de que un alcalde “se excede” cuando adopta decisiones que vinculan al municipio durante 25 o 30 años, pese a haber sido elegido solo por cuatro, es comprensible desde el punto de vista democrático, pero no coincide exactamente con cómo el ordenamiento jurídico español concibe el mandato representativo y la continuidad de la Administración. Precisamente ahí está la “disonancia” que señalas.
En el sistema constitucional español, los cargos públicos electos no ejercen un mandato imperativo, sino representativo. Esto significa que:
- El alcalde no está jurídicamente obligado a ejecutar solo lo que figuraba en su programa electoral.
- Tampoco está limitado a adoptar únicamente decisiones con efectos dentro de los cuatro años de mandato.
Esta idea se apoya en dos pilares normativos fundamentales:
- Artículo 67.2 de la Constitución Española, que prohíbe el mandato imperativo.
- Principio de continuidad de la Administración, según el cual la Administración pública no se extingue ni se “reinicia” con cada elección, sino que actúa como una institución permanente al servicio del interés general.
Desde esta lógica, el Ayuntamiento de Siero es una persona jurídica distinta de quienes lo gobiernan temporalmente, y sus decisiones —si son legales— obligan a los gobiernos futuros.
La competencia legal para externalizar servicios
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en el artículo 25.2.C atribuye al Ayuntamiento la competencia sobre servicios esenciales como el abastecimiento de agua. Además:
- El Pleno municipal es el órgano competente para decidir la forma de gestión de los servicios públicos (gestión directa o indirecta).
- La externalización mediante concesión está expresamente prevista en la legislación de régimen local y en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
La LCSP, además, permite concesiones de larga duración cuando:
- Existen inversiones elevadas que necesitan amortización.
- El plazo es proporcionado a esas inversiones.
Por tanto, un contrato de 25 o 30 años no es ilegal en sí mismo, siempre que esté justificado técnica y económicamente.
Entonces, ¿Dónde “chirría” realmente esta concesión?
La fricción no es jurídica, sino democrática y política.
El problema aparece cuando:
- Una decisión condiciona durante décadas la política tarifaria, la capacidad de gestión y el margen de actuación de gobiernos futuros.
- Se trata de un servicio esencial y monopolístico, como el agua, del que los ciudadanos no pueden prescindir ni elegir otro proveedor diferente, haciendo que sean rehenes de la misma.
- El cambio de modelo es difícilmente reversible sin elevados costes económicos o indemnizaciones al que cogió dicha concesión.
Aquí se produce una tensión clara:
- Legalmente, el Ayuntamiento puede hacerlo.
- Democráticamente, el ciudadano percibe que se está decidiendo por él mucho más allá del tiempo para el que otorgó su confianza.
Por qué no se considera “exceso de mandato” en sentido jurídico
Desde el Derecho administrativo, no se entiende que el alcalde “hipoteque” el futuro, porque:
- No actúa a título personal, sino como órgano de una Administración permanente.
- La decisión es adoptada por el Pleno, órgano representativo de la soberanía municipal.
- Los futuros gobiernos heredan derechos y obligaciones, igual que heredan planes urbanísticos, deudas, personal o infraestructuras.
El ordenamiento prioriza la estabilidad y seguridad jurídica, incluso a costa de limitar la capacidad de reversión política.
La paradoja democrática
Aquí está el núcleo del conflicto que señalo de la duración del mandato y la toma de decisiones que exceden el mismo:
El sistema protege la seguridad jurídica de los contratos más que la capacidad de rectificación democrática a corto plazo.
Eso explica por qué:
- Un alcalde elegido por cuatro años puede firmar una concesión de treinta.
- Un gobierno posterior, aun con mayoría absoluta, no puede deshacerla sin pagar un alto precio.
- El ciudadano percibe que su voto pierde eficacia real frente a decisiones estructurales como las que hoy pretende tomar el alcalde de Siero.
No es una anomalía de un partido concreto: ocurre con alcaldes de todos los colores políticos, porque es una consecuencia directa del diseño institucional del Estado.
Qué mecanismos existen (y cuáles no)
La legislación no exige:
- Referéndum local obligatorio.
- Mayorías cualificadas reforzadas.
- Limitación temporal ligada al mandato electoral.
Todo queda en el terreno de la responsabilidad política, no de la ilegalidad.
Por eso, cuando se habla de que estas decisiones “exceden el mandato”, se está haciendo una crítica legítima desde la teoría democrática, pero no desde el derecho positivo.
La conclusión es que no estamos ante un abuso legal, sino ante una tensión estructural del sistema democrático-administrativo:
La ley permite que representantes temporales adopten decisiones permanentes, porque gobiernan instituciones permanentes.
Que eso sea deseable o no es una cuestión política y ética, no jurídica. Y precisamente por eso el debate reaparece, una y otra vez, en cada municipio y con cada cambio de color político, siempre que se toca un servicio esencial y de larga duración como el agua… Lo que ha quedado acreditado de forma clara y concisa en el municipio de Siero, es que el alcalde, Ángel García, ni tiene ética ni parece que le preocupe mucho si con ello consigue salirse con la suya.
Para terminar el post quiero manifestar que lo ocurrido en Siero no es solo una decisión administrativa discutible; es, ante todo, una quiebra del pacto de confianza entre representantes y representados. Cuando un alcalde concurre a unas elecciones con un programa determinado y, una vez obtenida la mayoría, impulsa una transformación estructural de un servicio público esencial sin haberla anunciado ni debatido previamente con la ciudadanía, deja de ampararse en la legitimidad política para refugiarse únicamente en la legalidad formal.
Que la externalización del agua no figurase en el programa electoral de 2023 no es un detalle menor ni una omisión inocente. Es la prueba de que los vecinos de Siero no votaron sabiendo que su servicio de agua iba a quedar condicionado durante tres décadas, con subidas tarifarias aseguradas y con una capacidad de control público notablemente reducida. Gobernar no es sorprender; gobernar es advertir, explicar y someter a escrutinio aquello que afecta de forma directa y prolongada a la vida cotidiana de la gente.
La insistencia del alcalde en escudarse en informes técnicos y en la legalidad del procedimiento no despeja la cuestión de fondo: la ausencia total de voluntad de escuchar a la ciudadanía. No hay consulta, no hay debate previo, no hay apertura a que los vecinos opinen sobre un bien que es de titularidad pública y del que nadie puede prescindir. El agua no es una obra puntual ni una inversión reversible; es un servicio básico, monopolístico y vital, y tratarlo como un expediente más revela una concepción del poder profundamente alejada de la ética democrática.
La paradoja es evidente: aunque la ley permita adoptar decisiones de largo alcance, la legitimidad política exige algo más que cumplir trámites. Exige coherencia con lo prometido, transparencia con lo que se pretende hacer y respeto hacia quienes pagan el servicio y sufrirán las consecuencias durante décadas. Cuando todo eso se sustituye por hechos consumados, el mensaje implícito es claro: “decido yo, aunque no te lo haya contado y aunque no puedas decir nada”.
En Siero ha quedado acreditado que el alcalde Ángel García ha optado por el camino más cómodo para el poder y el más pobre para la democracia. No informó, no consultó y no quiso escuchar. Y cuando un gobernante actúa así, no es que la ley falle: es que falla la ética pública. Porque gobernar no es salirse con la suya; gobernar es hacerlo con la gente, no a pesar de ella.
Ya lo dijo Norberto Bobbio: “La peor forma de traicionar a los ciudadanos no es mentirles, sino decidir por ellos aquello sobre lo que nunca pudieron votar.”
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