La aprobación provisional del PGOU de Llanes que ayer se celebró en un pleno extraordinario, se ha presentado por el gobierno fascista de, VecinosxLlanes y PP, como un punto de inflexión histórico que según su visión es un plan “contenido”, “sostenible” y “socialmente más justo” que supuestamente viene a poner orden tras décadas de caos urbanístico depredador con él PSOE. Sin embargo, cuando se contrastan esos eslóganes con los datos del propio planeamiento, lo que aparece es un cuadro muy diferente: lo que hay en el plan fascista es un modelo urbanístico que consolida un Llanes pensado para el turismo y la inversión inmobiliaria, y que deja en la cuneta precisamente a quienes más necesitan vivienda pública y condiciones dignas para vivir todo el año en el concejo.
Llanes ronda hoy ronda los 13.500 habitantes. En ese contexto, el nuevo PGOU permite levantar 5.862 viviendas adicionales. Si se aplica una ocupación media de entre 2,2 y 2,6 personas por hogar, ese volumen crea capacidad para alojar casi otro Llanes entero: entre el 85% y el 110% de la población actual. El propio plan reconoce que esto supone un incremento aproximado del 36% del parque residencial. No estamos, por tanto, ante un pequeño ajuste para responder a una supuesta “falta de techo” para la población residente; estamos ante un salto muy fuerte que encaja mucho mejor con un modelo de segunda residencia, vivienda vacacional y activo inmobiliario que con una estrategia seria para garantizar vivienda asequible a los vecinos que trabajan y viven aquí todo el año y que se ven desplazados del municipio.
El golpe más duro para los llaniscos con menos recursos está en la cuestión de la vivienda protegida. De esas 5.862 nuevas viviendas, solo 246 se reservan como vivienda de protección oficial: alrededor del 4,2% del total. El gobierno fascista vende que cumple con la obligación legal de destinar un 30% a VPO en el suelo urbanizable, pero el truco está en el reparto: más de la mitad del crecimiento residencial se dobla hacia los pueblos y núcleos rurales, donde esa obligación no existe. Jurídicamente es impecable; socialmente, es un despropósito. Al concentrar la reserva de vivienda protegida solo en una parte del suelo y permitir que la gran mayoría del crecimiento tenga lugar donde no hay que reservar VPO, el porcentaje real total se desploma y la herramienta más potente que tiene un plan general para proteger a las rentas bajas queda reducida a la mínima expresión.
Para los jóvenes llaniscos que quieren emanciparse, para quienes trabajan en la hostelería, el comercio o los servicios, para familias que van justas a final de mes, esto significa algo muy concreto: el PGOU no está pensado para ellos. La enorme mayoría de las nuevas viviendas que se podrán construir serán de precio libre, en un concejo donde el suelo ya es caro y donde la demanda externa –turística y de segunda residencia– empuja los precios muy por encima de lo que permiten los salarios locales. El mensaje que se lanza por parte del gobierno municipal fascista de Vecinos (sicarios de AVALL) y su bastón del PP, en la práctica, es sencillo: Llanes es para quien puede pagarla; quien solo tiene su nómina de temporada o su sueldo de camarero, dependienta o peón, deberá buscarse la vida como pueda fuera de Llanes.
A este problema se suma el modelo territorial que impulsa el plan. De las 5.862 nuevas viviendas, 3.335 se dirigen a los pueblos del concejo, mientras que una proporción menor se concentra en el suelo urbano consolidado. La planificación contemporánea habla de compacidad, de aprovechar las infraestructuras ya existentes, de acercar la vivienda a los servicios, al transporte y a los equipamientos. El PGOU de Llanes opta por lo contrario: refuerza un crecimiento disperso, de baja densidad, repartido por núcleos rurales. Para quienes viven con poco dinero o con los recursos justos, este tipo de modelo no es en absoluto neutro. Vivir en un pueblo sin transporte público decente, con el trabajo, el instituto, el centro de salud o la guardería a kilómetros de distancia, implica más gasto en coche, más tiempo en desplazamientos, más dificultades para conciliar y más dependencia de una movilidad que encarece cada día la vida. Quien tiene dos coches en casa, un sueldo alto o una segunda residencia puede llevarlo; quien depende de un solo salario ajustado lo sufre en carne viva.
Otro elemento clave es la relación entre este PGOU y la política sobre Viviendas de Uso Turístico y Viviendas Vacacionales. El Ayuntamiento ha aprobado una moratoria y un Plan Especial de Usos Turísticos que, en teoría, buscan frenar la especulación, limitar el porcentaje de viviendas turísticas por núcleo y favorecer el alquiler estable. Sobre el papel, puede sonar bien. En la práctica, es un equilibrio extremadamente inestable. Si en el futuro la moratoria se relaja, se interpreta de manera más laxa o se desmonta por presión económica o cambio político, todo ese enorme potencial edificatorio de 5.862 nuevas viviendas puede volcarse hacia el negocio turístico y la segunda residencia, multiplicando la presión sobre los precios y expulsando todavía más a las rentas bajas. Si, por el contrario, la moratoria se mantiene estricta pero no se refuerza la vivienda pública ni se crea un parque potente de alquiler social, el problema tampoco se resuelve: el suelo seguirá siendo caro, la promoción privada seguirá construyendo para quien tiene dinero, y la gente con menos recursos seguirá sin alternativas reales.
El daño a los llaniscos menos pudientes no viene solo de lo que el PGOU permite o deja de permitir, sino también de cómo se ha gestionado el urbanismo en estos años. Durante más de una década, Llanes ha vivido encadenado a un urbanismo provisional: planes anulados por los tribunales, ausencia de un PGOU en vigor, normas transitorias dictadas por el Principado, advertencias formales por los retrasos en la tramitación. Esta situación de bloqueo permanente no afecta por igual a todo el mundo. Un gran propietario, una cadena hotelera o un inversor tienen abogados, arquitectos y técnicos que les ayudan a navegar por la maraña de normas, informes y expedientes. Un vecino con pocos recursos que quiere rehabilitar su vivienda, aprovechar un pequeño solar familiar o simplemente regularizar su situación se encuentra con un laberinto técnico y jurídico que no se puede permitir. El urbanismo como caos permanente con este gobierno de fascistas que son los partidos de, Vecinos y PP, se convierte así en una barrera más contra quienes menos capacidad tienen de defenderse al carecer de recursos económicos.
Tampoco ayuda la forma en que se ha tramitado el plan. En las primeras fases se presentaron más de mil alegaciones, de las que se admitió algo más de la mitad, lo que ya reflejaba un fuerte conflicto social en torno al contenido del planeamiento. En la segunda fase, con menos alegaciones, el porcentaje aceptado cae de forma drástica. Es decir, el documento se va blindando frente a los cambios a medida que avanza el proceso, mientras sigue siendo muy discutido tanto por vecinos como por distintos agentes políticos, económicos y sociales de la sociedad llanisca. Para la mayoría social, que no cuenta con grandes despachos técnicos, participar con eficacia en ese proceso es casi imposible. La sensación que queda es que las grandes líneas del PGOU se deciden en un círculo cerrado, y que la ciudadanía, especialmente la que menos tiene, solo puede hacer pequeñas correcciones en los márgenes, cuando el grueso de las decisiones que marcarán su vida durante décadas ya está tomado.
Por último, la actitud de la oposición al gobierno municipal del PSOE contribuye a aumentar la sensación de abandono entre los llaniscos más vulnerables. El PSOE ha calificado el plan de “incoherente, restrictivo y asfixiante”, ha denunciado que no resuelve la falta de vivienda, los problemas de movilidad ni los aparcamientos, pero en el momento decisivo opta por la abstención. Para muchas personas que sufren directamente la imposibilidad de encontrar vivienda asequible, este gesto se interpreta como una crítica de boquilla o una pose que no se traduce en un rechazo firme ni en una alternativa clara. El resultado político es demoledor: un gobierno que impulsa un plan que no prioriza a los menos pudientes, y una oposición que protesta pero no llega a plantarse de verdad… Es un completo desamparo para los llaniscos, la única vía posible de momento es lo que se decida en la Consejería de Ordenación del Territorio de, Ovidio Zapico, a través de la CUOTA.
En conjunto, el PGOU de Llanes aprobado provisionalmente no sitúa a las personas con menos recursos en el centro de su diseño. Amplía de forma muy notable la capacidad edificatoria en un concejo ya híper-turistizado, refuerza un modelo disperso que encarece la vida de quienes menos tienen, reduce la vivienda protegida a una cifra simbólica y deja al futuro de la vivienda pública a merced de decisiones políticas cambiantes sobre el uso turístico del parque residencial. A todo ello se suma una década larga de inseguridad jurídica, normas provisionales y advertencias del Principado, que han convertido el urbanismo llanisco en un sistema difícil de entender y de manejar, especialmente para quienes no pueden pagarse la defensa técnica de sus derechos.
Los principales daños infligidos por este plan a los llaniscos menos pudientes son, por tanto, claros: se renuncia a utilizar el PGOU como herramienta fuerte para garantizar vivienda digna y asequible; se consolida un modelo pensado para segundas residencias y turismo; se obliga a mucha gente a vivir más lejos de los servicios, encareciendo su día a día; y se refuerza la idea de que el territorio se ordena en función de intereses ajenos a la mayoría social que mantiene vivo el concejo. Frente al relato triunfalista del gobierno fascista y la tibieza de una oposición desnortada con dicho planeamiento, solo queda la cruda realidad de los números: un plan que dice defender a los llaniscos, pero que, en la práctica, deja a los más necesitados de vivienda pública prácticamente desprotegidos.
La aprobación provisional del PGOU de Llanes no solo ha revelado un modelo urbanístico profundamente desequilibrado; ha mostrado además la cara más sectaria de un gobierno que utiliza el urbanismo como arma política y herramienta de control. Y esto, que ya es grave en términos administrativos, lo es mucho más cuando quienes más salen perjudicados son precisamente los llaniscos con menos recursos, los jóvenes que buscan emanciparse, las familias que sostienen el sector servicios y todos aquellos que dependen del alquiler para permanecer en el concejo donde nacieron. En este contexto, la pregunta que deben hacerse los vecinos de cara a las elecciones municipales del año 2027 no es solo quién gobierna, sino quién defiende su derecho real a vivir en Llanes.
Lo que el PGOU aprobado por, VecinosxLlanes y PP, evidencia es un modelo claramente orientado hacia el turismo intensivo y la inversión inmobiliaria, no hacia la protección del residente. Mientras se permite levantar 5.862 viviendas —una cifra desmesurada para un concejo con apenas 13.500 habitantes—, solo 246 de ellas serán de protección oficial. Eso significa que la vivienda pública, la única tabla de salvación para quienes no pueden competir con los compradores de fuera, los inversores y las segundas residencias, ha sido reducida a un papel testimonial. Es una decisión que no nace de la torpeza, sino de la voluntad: el plan se ha diseñado así porque quienes lo impulsan creen en un modelo urbanístico sectario, un modelo donde Llanes es un producto turístico, no un hogar para quienes nacieron, trabajan y viven aquí.
A esto se suma que más de la mitad de ese enorme crecimiento se ubica en pueblos y núcleos rurales donde la ley no obliga a reservar vivienda protegida. El gobierno cumple con el 30% en suelo urbanizable, sí, pero vacía de contenido esa obligación trasladando el grueso de las viviendas nuevas a zonas donde esa reserva no existe. Es una maniobra legal, pero profundamente antisocial. Y es también una muestra de sectarismo: se ordena el territorio de manera que unos pocos ganen mucho y la mayoría tenga que conformarse con lo que quede, si es que queda algo.
En paralelo, la oposición socialista ha dado una respuesta que, para muchos vecinos, resulta incomprensible. Tras denunciar públicamente que el plan era restrictivo, asfixiante e incoherente, decidió abstenerse en lugar de votar en contra. La abstención equivale a permitir que el plan siga adelante sin mácula. Para la gente que hoy sufre alquileres imposibles, para quienes se ven obligados a vivir fuera del concejo o a pagar precios abusivos en temporadas, esa actitud es un mensaje demoledor: el gobierno empuja un modelo que les expulsa, y la oposición no tiene el coraje —o el valor— de frenarlo por lo menos de forma testimonial y publica votando en contra.
Ese vacío político abre un escenario nuevo que los llaniscos tendrán que valorar en las elecciones del año 2027. Porque la lección es clara: la vivienda digna, el acceso justo al suelo y la protección del residente no son asuntos menores; son la columna vertebral del futuro del concejo. Y quienes han permitido el avance de este PGOU han demostrado, por acción (Vecinos y PP) o por omisión (PSOE), que ese futuro no es su prioridad.
El ciudadano de Llanes debe empezar a leer este PGOU como lo que es: un aviso anticipado. Si el concejo sigue por esta senda, dentro de diez o quince años habrá más urbanizaciones de temporada, más segundas residencias, más viviendas vacacionales y menos llaniscos viviendo aquí todo el año. Los servicios se dispersarán, la vida cotidiana será más cara y complicada, y el municipio se convertirá en un espacio estacional, vibrante en verano pero cada vez más vacío en invierno. El urbanismo no es un documento técnico: es la manera en que un territorio decide quién puede vivir en él y quién no.
Ante este panorama, los llaniscos tienen varias opciones. La primera es exigir a la CUOTA —mientras aún hay tiempo— que revise el plan y corrija sus desequilibrios, especialmente en materia de vivienda protegida. La segunda es organizarse como sociedad civil, porque los movimientos vecinales han logrado en otros concejos lo que los partidos no se atrevieron a hacer: frenar modelos injustos y obligar a renegociar planes. La tercera es presionar de forma continuada a la oposición para que deje de esconderse y adopte posiciones claras, firmes y coherentes. Y la cuarta, la más decisiva, es votar en 2027 en clave de supervivencia, no de siglas ni simpatías pasadas ya que la aprobación del PGOU ha demostrado de forma clara que carecen de principios políticos y morales cuando expulsan a los más débiles a la hora de asentarse en un territorio… Nada nuevo en el fascismo si miramos la historia.
La pregunta que cada llanisco debería hacerse de aquí a las próximas elecciones es simple: ¿quién va a defender mi derecho a vivir aquí? ¿Quién garantizará que mis hijos puedan quedarse? ¿Quién pondrá controles reales a la vivienda vacacional? ¿Quién aumentará de verdad la vivienda protegida? ¿Quién está dispuesto a decir no cuando los intereses económicos presionen? ¿Y quién ha demostrado, con sus votos y sus silencios, que no lo hará nunca?
Lo que se ha vivido con este PGOU demuestra algo que ya no se puede ignorar: el futuro de Llanes se decidirá en función de quién controle el urbanismo. Y quienes han demostrado que lo usan de manera sectaria, injusta y ajena a las necesidades de la mayoría no pueden esperar que los llaniscos les entreguen de nuevo las llaves del concejo. Pero la oposición, si quiere ser alternativa, deberá demostrar mucho más de lo que está demostrando hasta el momento, el “buenismo” imbécil debe dejar paso al colmillo afilado frente al fascismo. En el año 2027 los llaniscos no solo votarán un partido; votarán quién merece su confianza para proteger su derecho más básico: el de seguir viviendo en su propia tierra.
Al final, lo que este gobierno fascista de, VecinosxLlanes y PP, ha hecho con el PGOU no es un simple error político: es una puñalada directa al corazón de los llaniscos. No han planificado un concejo; han sentenciado un futuro. Han entregado el territorio a la especulación, han blindado el beneficio privado sobre la dignidad del residente y han convertido el derecho a vivir en Llanes en un privilegio reservado para unos pocos. Con cálculo frío y absoluto desprecio por la gente común, han diseñado un plan que expulsa, encarece, fragmenta y condena a miles de vecinos a ser forasteros en su propia casa. No es torpeza: es intención. No es desconocimiento: es desprecio. Y lo más indignante es que lo hacen envueltos en un discurso falso, arrogante y autosatisfecho, como si la destrucción del tejido social fuese un triunfo. Que lo escuche quien deba escucharlo: esta afrenta no se olvida. Este PGOU no es un proyecto de futuro; es el acta notarial de una traición. Y la historia, más pronto que tarde, pondrá nombre y rostro a sus responsables... Hoy ya tenemos dos nombres directos de dicha afrenta a los llaniscos, el alcalde Enrique Riestra Rozas y su concejal de Urbanismo Juan Carlos Armas Sierra.
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