El Ayuntamiento de Siero ha iniciado el proceso para cambiar el modelo de gestión del servicio municipal de aguas y cederlo a una empresa privada mediante una concesión de hasta 30 años. La decisión fue aprobada en pleno con los votos del PSOE —que gobierna con mayoría absoluta— y el apoyo de Vox, mientras que PP, Podemos e IU votaron en contra y la Plataforma Vecinal de La Fresneda se abstuvo. La medida abre la puerta a una subida del recibo del agua en los próximos años, aún sin cuantificar https://bit.ly/4qh7des
El alcalde de Siero, Ángel García, defendió la externalización como una decisión “técnica y de gestión, no ideológica”. Según explicó, el municipio afronta una necesidad urgente de inversión en infraestructuras de agua y saneamiento que se sitúa entre los 65 y 70 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 25 millones corresponden al abastecimiento de agua, cuya red presenta un estado crítico tras años de falta de inversiones, con pérdidas que alcanzan hasta el 50% del agua distribuida por averías, roturas y enganches ilegales. Los 40 millones restantes se destinarían al saneamiento, un ámbito en el que el Ayuntamiento quiere seguir invirtiendo pero que, según el regidor, no puede asumir íntegramente con recursos propios.
El alcalde insistió en que estas inversiones deben financiarse legalmente a través de la tasa del agua, lo que implica inevitablemente una subida del recibo. No obstante, subrayó que los estudios técnicos comparativos concluyen que el incremento será menor con una gestión externalizada que con una gestión directa municipal, además de permitir una mayor capacidad inversora y rapidez en la ejecución de las obras. Entre los ejemplos de urgencia citó el depósito de La Pola, cuya autonomía en caso de corte de suministro es de apenas cinco o seis horas.
El alcalde rechazó las críticas sobre un supuesto deterioro deliberado del servicio y habló de “falta de inversiones heredada”, reprochando especialmente al PP su etapa de gobierno anterior sin actuaciones relevantes en agua y saneamiento. También defendió que el debate lleva años sobre la mesa y que el objetivo es garantizar suministro en calidad y cantidad durante los próximos treinta años, evitando que el agua se convierta en un freno al crecimiento poblacional y económico del concejo. Recalcó, además, que la prioridad es proteger la continuidad laboral de los trabajadores actuales del servicio.
Desde el gobierno municipal, el teniente de alcalde Javier Rodríguez detalló las infraestructuras que deberá acometer la futura concesionaria: ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, nuevos depósitos en La Pola, El Piquero y Espiniella, y la conexión del depósito de La Pola con El Berrón.
Pese a votar a favor, Vox mantuvo un discurso muy crítico. Su portavoz, Josué Velasco, afirmó que la externalización es consecuencia directa del “fracaso” del alcalde y de haber dejado “morir” el servicio por falta de personal, medios y mantenimiento. Señaló que la red pierde más del 45% del agua potable y que la seguridad del suministro no está garantizada. Aunque apoyó el cambio de modelo, llegó a pedir la dimisión del regidor.
El PP, a través de su portavoz Juan Luis Berros, rechazó la iniciativa tanto por el fondo como por la forma. Criticó la ausencia de debate, la falta de participación ciudadana y defendió que las inversiones en agua podrían haberse asumido desde el presupuesto municipal, del mismo modo que se plantea hacer con el saneamiento. Reclamó incluso una consulta popular para un asunto que afecta a más de 26.000 tomas y acusó al alcalde de presentarse ahora como “salvador” de un problema que, a su juicio, él mismo contribuyó a crear.
Desde Podemos, su portavoz Silvia Tárano sostuvo que la privatización es una decisión exclusivamente política y que el expediente no justifica la externalización, señalando que el servicio tenía más ingresos que gastos. A su juicio, se trata de hipotecar Siero durante tres décadas y de entregar un derecho básico a una empresa cuyo objetivo es obtener beneficios.
La portavoz de IU, Teresa Álvarez, mostró un rechazo frontal a la privatización de cualquier servicio público. Defendió que el agua es un derecho y no una mercancía, alertó de la pérdida de control ciudadano y puso como ejemplo modelos de gestión pública como el de Gijón. Propuso alternativas como la creación de una empresa municipal de aguas y mayor implicación de instrumentos públicos autonómicos.
Por último, la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, optó por la abstención al considerar una decisión de este calado requiere contar con información técnica y económica completamente cerrada https://bit.ly/3NfmwWQ
El 17 de diciembre publiqué un post en el blog donde expongo una crítica política, democrática y ética a la decisión del alcalde de Siero de impulsar la externalización del servicio municipal de agua mediante una concesión de entre 25 y 30 años. La crítica no se centra en la legalidad formal de la medida —que se reconoce expresamente como ajustada al ordenamiento jurídico—, sino en la ruptura del pacto de confianza entre representantes y ciudadanía.
El eje central del post es que la externalización del agua no figuraba en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones municipales de 2023. El proyecto presentado entonces, bajo el paraguas de “Siero Verde”, hablaba de sostenibilidad, eficiencia energética y políticas ambientales, pero no incluía ninguna referencia a un cambio estructural en la gestión del agua, un servicio público esencial. Desde esta premisa, se sostiene que los vecinos de Siero no votaron con conocimiento de causa una decisión que condicionará durante décadas un suministro básico, con subidas tarifarias aseguradas y una pérdida clara de control público.
El post analiza también la disonancia entre el mandato electoral de cuatro años y decisiones que vinculan al municipio durante treinta, explicando que, aunque esta sensación de “exceso de mandato” es comprensible desde el punto de vista democrático, no lo es desde el jurídico. Se aclara que el sistema constitucional español se basa en el mandato representativo —no imperativo— y en el principio de continuidad de la Administración, lo que permite legalmente que un Pleno municipal adopte decisiones de largo alcance, incluso aunque no estuvieran recogidas en un programa electoral.
Sin embargo, el texto subraya que el verdadero conflicto no es legal, sino democrático. La externalización del agua “chirría” porque afecta a un servicio esencial y monopolístico, del que nadie puede prescindir ni elegir proveedor alternativo, y porque es una decisión difícilmente reversible sin costes económicos elevados para futuros gobiernos y para la ciudadanía. En ese contexto, la ausencia de una consulta popular, de debate previo real y de mecanismos de participación refuerza la percepción de que se ha optado por una vía de hechos consumados.
El post ponía el foco en una paradoja democrática estructural: el ordenamiento protege la seguridad jurídica de los contratos a largo plazo más que la capacidad de rectificación democrática a corto plazo. Esto explica por qué un alcalde puede firmar una concesión de treinta años y por qué gobiernos futuros, incluso con mayoría absoluta, quedarían atados a esa decisión. No es una anomalía local ni de un partido concreto, sino una consecuencia del diseño institucional del Estado.
Desde ahí, la crítica se vuelve claramente política y ética. Se sostiene que escudarse en informes técnicos, en la legalidad del procedimiento o en comparativas económicas no resuelve la cuestión de fondo, que es la falta de voluntad de informar, advertir y escuchar a la ciudadanía antes de adoptar una transformación estructural de un servicio público esencial. Gobernar —se afirma— no es sorprender ni refugiarse en la legalidad mínima, sino explicar, someter a escrutinio y asumir responsabilidad política.
En el post se concluye que lo ocurrido en Siero no es solo una decisión administrativa discutible, sino una quiebra del principio de ética pública. Aunque la ley permita adoptar decisiones permanentes desde cargos temporales, la legitimidad democrática exige coherencia con lo prometido y respeto hacia quienes pagan el servicio y soportarán sus consecuencias durante décadas. Desde esta perspectiva, se acusa al alcalde de Siero de haber elegido el camino más cómodo para el poder y el más pobre para la democracia, al no informar, no consultar y no abrir el debate ciudadano. La tesis final es clara: no ha fallado la ley, ha fallado la ética política. Porque gobernar no es “salirse con la suya”, sino hacerlo con la gente y no a pesar de ella.
La afirmación del alcalde de Siero de que la externalización del servicio de agua “no responde a motivos ideológicos, sino técnicos y de gestión” abre un debate de enorme calado político que no puede despacharse como una mera cuestión administrativa. Porque gobernar nunca es ideológicamente neutro, y menos aun cuando se decide privatizar la gestión de un servicio público esencial como el agua.
Conviene recordar que el alcalde no llegó a la alcaldía como un gestor aséptico, sino como cabeza de lista del PSOE, una organización política con una tradición, unos valores y un cuerpo ideológico muy definidos. El PSOE no es —ni ha sido históricamente— un partido tecnocrático cuyo único criterio de acción sea la eficiencia económica medida en términos de mercado. Su razón de ser, desde su fundación, ha sido la defensa de lo público, la igualdad material, la redistribución, la protección de los derechos sociales y la subordinación del mercado al interés general.
Desde esa perspectiva, sostener que una privatización “no es ideológica” resulta profundamente contradictorio. Externalizar la gestión del agua no es una decisión neutra, porque implica asumir principios propios de una lógica neoliberal: que el sector privado gestiona mejor que lo público, que la rentabilidad empresarial puede convivir sin fricciones con un derecho básico, y que el mercado es un instrumento adecuado para organizar servicios esenciales y monopolísticos. Esos postulados no forman parte del ADN ideológico del socialismo democrático, sino de una concepción liberal del Estado que reduce lo público cuando aparecen dificultades, en lugar de reforzarlo.
El PSOE, cuando gobierna
conforme a sus principios, parte de una idea muy distinta:
que los servicios esenciales deben permanecer bajo control público,
incluso —y especialmente— cuando requieren grandes inversiones; que la
eficiencia no se mide solo en costes económicos, sino también en equidad,
control democrático, transparencia y protección del ciudadano frente a abusos;
y que los problemas de gestión pública se resuelven con más inversión,
planificación y fortalecimiento institucional, no renunciando a la gestión.
Decir que se privatiza “por motivos técnicos” equivale, en realidad, a ocultar una elección ideológica bajo un lenguaje tecnocrático. Porque también es una opción técnica —y perfectamente legal— reforzar una empresa pública, dotarla de personal, endeudarse de forma responsable o priorizar inversiones aunque eso limite otras políticas. Elegir una concesión privada de 25 o 30 años no es la única solución posible; es la solución que mejor encaja con una visión neoliberal de la gestión pública, en la que el Ayuntamiento actúa como regulador y cobrador de tasas, mientras la ejecución y el beneficio se trasladan a una empresa.
La contradicción es aún mayor si se tiene en cuenta que el propio PSOE suele denunciar —con razón— los efectos de estas políticas cuando las aplican otros: subidas de tarifas, pérdida de control público, contratos blindados, dificultad para revertir decisiones y ciudadanos convertidos en clientes cautivos. Defender en abstracto lo público y, en la práctica, externalizarlo como hace el alcalde de Siero cuando surgen problemas, es una incoherencia ideológica difícil de justificar.
Por eso, el debate no es si la decisión es legal —que lo es— ni siquiera si puede ser económicamente defendible a corto o medio plazo. El debate es qué proyecto político se está aplicando realmente. Un alcalde socialista no gobierna solo para cuadrar balances, sino para encarnar una forma de entender el poder, los derechos y la relación entre ciudadanía y servicios públicos. Cuando se opta por una privatización estructural y de largo alcance, se está eligiendo un modelo de sociedad, aunque se niegue.
Negar el componente ideológico de esta decisión no la hace menos ideológica; solo la hace menos honesta en el plano político. Porque si algo caracteriza al socialismo democrático es precisamente asumir que la política consiste en elegir valores, no en esconderlos detrás de informes técnicos. Y cuando un gobierno socialista actúa como si lo público fuera un problema y lo privado la solución, no está gobernando “sin ideología”: está gobernando con una ideología que no es la suya.
He encontrado información pública sobre el programa electoral de Ángel García en las elecciones municipales del año 2023, así como declaraciones de campaña que pueden contrastar con su postura actual sobre la privatización del agua. No he hallado una declaración explícita de “el agua debe seguir siendo pública” en esa campaña, pero sí varios elementos que permiten mostrar un contraste ideológico evidente:
1. Compromiso con servicios públicos de calidad y medio ambiente
En mayo de 2023, el PSOE de Siero presentó su proyecto “Siero Verde” como eje central del programa electoral con el que García concurría a las municipales. Ese proyecto ponía el acento en:
- Cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático.
- Fomentar el autoconsumo energético en edificios públicos y la eficiencia energética.
- Ampliar zonas verdes, carriles bici y movilidad sostenible.
- Endurecer la gestión eficiente de recursos municipales desde el ámbito público para conseguir ahorro y sostenibilidad. elfielato.es
Ese discurso está muy orientado a fortalecer lo público como herramienta para responder a retos colectivos, lo cual incluye, en principio, una visión de servicios gestionados desde lo público con objetivos sociales y ambientales.
2. Énfasis en servicios públicos y calidad de vida
En la misma campaña, García destacaba que su programa se centraba en:
- Garantizar buenos servicios públicos de calidad para todos.
- Asegurar infraestructuras que permitan vivir dignamente en el medio urbano y rural.
- Abordar problemáticas como el saneamiento rural desde la visión de cobertura pública universal. La Voz de Asturias
El foco estaba en que el Ayuntamiento velase por todos esos servicios, mejorándolos y ampliándolos, sin plantear explícitamente cambios de gestión que impliquen su entrega a operadores privados.
3. Contraste con la gestión privada del agua
Hoy, sin embargo, García impulsa la externalización de la gestión del agua, un servicio básico y esencial, aludiendo a razones técnicas y de eficiencia, pero con efectos claros: concesiones de hasta 30 años y participación de empresas privadas en la gestión de infraestructuras y cobro de tarifas. elfielato.es
Ese planteamiento choca con los énfasis del programa electoral 2023, donde la prioridad era reforzar la acción municipal para mejorar servicios, impulsar sostenibilidad y aplicar soluciones desde lo público —un criterio ideológico propio del PSOE— y no trasladar la gestión a empresas privadas. La idea de que el Ayuntamiento debe garantizar, directamente o a través de entes públicos, la gestión de recursos y servicios fundamentales formaba parte de la narrativa de campaña, sin menciones a externalizaciones amplias ni concesiones prolongadas que vinculan al municipio con terceros durante décadas.
Conclusión (contraste ideológico)
Aunque García no se pronunció específicamente en campaña sobre privatizaciones de servicios concretos como el agua, el tono y contenido del programa electoral de mayo de 2023 están enfocados en fortalecer la gestión pública, servicios municipales de calidad y sostenibilidad ambiental, que —en el ámbito político y doctrinal del PSOE— implican una preferencia por una gestión pública directa o al menos con control ciudadano. elfielato.es+1
La externalización del agua con concesiones de décadas y participación empresarial privada empata más con un enfoque de gestión neoliberal del servicio (centrado en eficiencia de mercado) que con los postulados socialdemócratas que destacaron en la campaña electoral de 2023 del propio alcalde de Siero. Dicho de otro modo: la privatización del agua no estaba planteada como propuesta electoral ni forma parte destacada del proyecto “Siero Verde”, y su aparición ahora introduce una tensión entre lo prometido —hacer fuerte lo público— y lo que se está implementando.
La información concreta y comparativa sobre precios del agua en Asturias según si el servicio es gestionado de forma pública o privada no suele aparecer en una tabla oficial actualizada, pero sí hay datos periodísticos e informes que permiten sacar conclusiones útiles:
Tarifas más altas y más bajas en Asturias
Según un estudio de la Unión de Consumidores de España (UCE) citado por la prensa, las tarifas más baratas del agua en Asturias se encuentran en Laviana y las más caras en Langreo. RTPA
· Laviana, donde el precio del agua es de los más bajos, no tiene un modelo privatizado de gestión totalmente externo, sino que se beneficia del abastecimiento consorciado (principalmente público) con CADASA y una gestión local que no está dominada por grandes concesionarias privadas. RTPA
· Langreo, por el contrario, es conocido por tener una gestión privatizada del agua (a través de concesión a empresas como Aqualia o similares), y en él se registran las tarifas más altas de Asturias según el mismo estudio. RTPA
Un informe de consumidores citaba diferencias de hasta 105 € al año entre un hogar de Laviana y uno de Langreo, siendo el recibo mayor en el municipio con gestión privada, incluso cuando Langreo no tiene costes de compra del agua externo. Cadena SER
📌 ¿Qué sugiere esto sobre público vs privado?
·
Gestión pública o consorciada (a través
de CADASA)
Tiende a estar asociada a tarifas más bajas o moderadas, como en el caso
de Laviana u otros municipios consorciados, que reciben agua a través de
un sistema público regional con economías de escala y menor presión comercial
sobre tarifas. RTPA
·
Gestión privatizada o concesiones
privadas
En municipios como Langreo, donde el servicio está concesionado a
empresas privadas, los estudios de consumidores reflejan tarifas más
elevadas, aun comparando consumos homogéneos. RTPA+1
Matices importantes
*Estas comparaciones no implican que todas las gestiones públicas siempre tengan tarifas más bajas que todas las privadas en todos los casos, pero sí muestran una tendencia, al menos en Asturias, hacia precios más competitivos cuando la gestión es pública o consorciada.
*La variación de precios depende también de otros factores como:
- Volumen de consumo y estructura de tarifas municipales.
- Inversiones realizadas o amortizadas en redes.
- Impuestos y tasas locales adicionales.
- Pérdidas en redes y eficiencia técnica.
Pero los datos existentes coinciden en ubicar a los municipios con gestión privatizada entre los de tarifa más alta (como Langreo) y a los más baratos entre aquellos con gestión pública consolidada (como Laviana). RTPA
Si el Ayuntamiento de Siero dispone para el año 2026 de un presupuesto municipal de 68.300.700,33 €, la pregunta no es solo si puede legalmente externalizar el servicio del agua, sino, ¿Por qué renuncia de partida a una alternativa que mantendría íntegramente la titularidad y la gestión públicas?
El alcalde Ángel García sostiene que el Ayuntamiento no puede asumir de forma directa las inversiones necesarias —unos 25 millones en abastecimiento y 40 millones en saneamiento— sin comprometer otras políticas municipales. Sin embargo, ese argumento no explica por qué se descarta prorratear dichas inversiones en varios ejercicios presupuestarios, del mismo modo que se hace con infraestructuras, equipamientos o planes urbanísticos que también superan ampliamente el gasto anual de un solo presupuesto.
En términos estrictamente financieros, ningún ayuntamiento aborda inversiones estructurales de gran calado en un único ejercicio. Se hace mediante planificación plurianual, endeudamiento controlado, fondos europeos, prioridades de gasto o empresas públicas. Renunciar de antemano a esas herramientas en el caso del agua implica asumir como axioma que la gestión pública es incapaz de sostenerse, una premisa que no es técnica, sino ideológica. Porque si el Ayuntamiento puede comprometer decenas de millones en saneamiento con recursos propios, resulta legítimo preguntarse ¿por qué no puede hacer lo mismo con el abastecimiento, aunque ello suponga reorganizar prioridades o alargar plazos?
La externalización introduce, además, un elemento que el discurso oficial tiende a minimizar: el coste del intermediario. Cuando el servicio lo gestiona una empresa privada, el vecino no solo paga el coste del agua, del mantenimiento y de las inversiones, sino también el beneficio empresarial, los gastos financieros y la estructura corporativa del concesionario. Ese margen no desaparece por arte de magia; se incorpora de forma estructural a la tarifa durante 25 o 30 años. En otras palabras, el Ayuntamiento renuncia a invertir directamente, pero acepta que los ciudadanos paguen más a largo plazo para que un tercero haga lo que el propio consistorio podría hacer sin ánimo de lucro.
Aquí aparece una contradicción clave: se considera inasumible que el Ayuntamiento afronte la inversión, pero se considera perfectamente asumible que lo hagan los vecinos, pagando durante décadas a una empresa privada. No se elimina el coste; se traslada y se encarece. La diferencia es quién controla el servicio y quién decide las tarifas, las prioridades y los ritmos de inversión. Con la gestión pública, esas decisiones están sometidas al control democrático; con una concesión larga, quedan blindadas por contrato.
Desde el punto de vista político, la decisión refleja una renuncia explícita a la capacidad del Ayuntamiento para gestionar un servicio esencial, pese a contar con cuentas saneadas, superávit y el mayor presupuesto de su historia. No se trata de que falte dinero en abstracto, sino de cómo se decide utilizarlo y qué se considera irrenunciable. Externalizar el agua equivale a asumir que hay servicios que, cuando se vuelven complejos o costosos, dejan de ser responsabilidad directa de lo público.
El resultado es que los vecinos de Siero pasan de ser ciudadanos titulares de un servicio público a clientes cautivos de un operador privado, sin capacidad de elección y con escaso margen de corrección política durante décadas. Y todo ello, paradójicamente, en un contexto presupuestario expansivo, donde el argumento de la imposibilidad económica pierde fuerza frente a la realidad de una decisión estratégica.
En definitiva, el debate no es si el Ayuntamiento puede externalizar el servicio del agua, sino por qué elige no hacer el esfuerzo político y presupuestario de mantenerlo público, aun cuando ello sea viable a medio plazo. Aceptar que los vecinos paguen a un intermediario lo que el propio Ayuntamiento podría gestionar implica priorizar la comodidad financiera inmediata y la descarga de responsabilidades frente a la defensa de un servicio esencial como bien público. Y esa elección, de nuevo, no es técnica: es profundamente política e ideológica.
La externalización del agua en Siero no es un error técnico ni una medida coyuntural: es una renuncia política consciente. Un alcalde que se presenta bajo unas siglas que históricamente han vinculado su legitimidad a la defensa de los servicios públicos y que, llegado el momento, elige la vía más cómoda para el poder y más costosa para la ciudadanía, deja de actuar como representante de un proyecto colectivo y pasa a comportarse como gestor indolente, más preocupado por descargar responsabilidades que por proteger derechos.
Ese es el verdadero peligro: la desideologización interesada del poder, que permite travestirse políticamente según convenga. Hoy se gobierna con discurso socialdemócrata y mañana se ejecutan políticas propias del neoliberalismo más clásico, sin asumir el coste político ni dar explicaciones de fondo. Cuando esto ocurre, el ciudadano no se enfrenta solo a una mala decisión, sino a una quiebra de confianza estructural: ya no sabe qué defienden realmente quienes gobiernan ni a quién sirven.
No es casual que esta actuación del alcalde de Siero encaje perfectamente con el marco ideológico de la derecha y la ultraderecha, para quienes los servicios públicos son un estorbo y no un pilar de cohesión social. El Partido Popular, Vox o formaciones locales como VecinosxLlanes comparten una visión en la que externalizar equivale a “quitarse problemas de encima”, aunque ello suponga encarecer servicios, perder control público y convertir derechos en negocios.
El ejemplo reciente del Ayuntamiento de Llanes es ilustrativo y alarmante. Allí, un gobierno municipal sustentado por VecinosxLlanes y el PP privatizó el servicio de la ORA sin plantearse siquiera su gestión directa, pese a tratarse de un servicio con capacidad de generar ingresos municipales y empleo público. No hubo debate real, ni análisis de alternativas, ni voluntad de que los beneficios repercutieran directamente en los vecinos de Llanes. Se optó, directamente, por entregar el servicio a un tercero. Es la lógica del Estado mínimo aplicado al ámbito local: lo público molesta, lo privado “resuelve”.
Cuando un gobierno socialista actúa de forma indistinguible a estos modelos, la consecuencia es devastadora para la democracia local. Porque desarma políticamente a la ciudadanía: si todos hacen lo mismo cuando gobiernan, si todos privatizan cuando hay dificultades, entonces el voto deja de ser una herramienta de transformación y se convierte en un simple trámite.
Lo que cabe esperar de “estos piratas de lo público”, como los defines, no es solo la privatización de servicios concretos, sino un proceso progresivo de vaciado del sector público, siempre justificado con informes, urgencias y supuestas eficiencias. Hoy es el agua, mañana el estacionamiento, pasado el transporte o la recogida de residuos. Y siempre con la misma coartada: no hay alternativa, cuando en realidad no hay voluntad política.
El problema no es solo que se privaticen servicios; es que se normalice la idea de que los derechos colectivos son una carga y no una responsabilidad. Cuando eso ocurre, el Ayuntamiento deja de ser una herramienta al servicio de los vecinos para convertirse en una oficina de concesiones. Y entonces ya no hablamos de mala gestión: hablamos de derrota política y ética, especialmente grave cuando viene de quienes se presentaron como defensores de lo contrario.
Ya lo dijo Norberto Bobbio: “La diferencia entre la derecha y la izquierda no está en la técnica, sino en la actitud frente a la igualdad y lo público”.
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