El lenocinio político es una expresión de carácter crítico y despectivo que denuncia comportamientos inmorales dentro de la política. El término procede del latín lenocinium, asociado al proxenetismo o la alcahuetería, y se aplica de forma metafórica para describir actitudes de servilismo y corrupción. Hace referencia a la venta de principios y valores políticos por intereses personales, al apoyo sumiso al poder a cambio de favores o beneficios, y a la manipulación o encubrimiento de actos corruptos. En esencia, alude a la degradación de la ética política, cuando se sacrifica la dignidad y el bien común por conveniencia.
En Gijón, la política municipal atraviesa una etapa marcada por la renuncia al interés general y por una preocupante normalización de decisiones que favorecen a actores privados en detrimento de la ciudadanía. Bajo discursos grandilocuentes sobre mayorías sociales, ética y compromiso histórico, la práctica diaria revela un patrón distinto: el del lenocinio político, entendido como la degradación consciente de la ética pública al servicio de intereses ajenos al bien común.
El actual gobierno municipal de la derecha extrema de, Foro y PP, han demostrado una alarmante falta de voluntad para ejercer las herramientas legales que la ley pone a su disposición cuando se trata de defender lo público. El caso de Cabueñes y la operación urbanística con Quirón no es fruto de un error técnico ni de una complejidad administrativa inevitable, sino el resultado directo de una decisión política deliberada, ampliamente documentada en diversos análisis y noticias recientes https://bit.ly/4qknYFE. Existía una vía legal clara —la expropiación por utilidad pública— que habría protegido el patrimonio municipal y evitado un desequilibrio evidente, pero fue conscientemente descartada.
La operación beneficia de forma manifiesta al Grupo Quirón, que “supo” (¡qué casualidad!) anticiparse adquiriendo suelo estratégico en el mercado privado para convertirlo después en moneda de cambio. El gobierno municipal de Moriyón, lejos de corregir esa maniobra mediante la expropiación, acabó legitimando una posición de ventaja negociadora del operador privado y entregando suelo público de alto valor urbano a cambio de terrenos cuya adquisición podría haberse resuelto de forma mucho más justa y económica. Esta maniobra ha sido objeto de una crítica detallada por su carácter asimétrico y lesivo para el interés general https://bit.ly/48DnNxV
Este proceder no es un hecho aislado. Encaja en un patrón más amplio de gestión caracterizado por el abandono de proyectos estratégicos, el fracaso en políticas de vivienda pública y una visión de ciudad orientada al escaparate y al titular fácil, más que a las necesidades reales de la población. El acomodo de una izquierda desnortada como la que hoy abandera el fracasado, José Ramón García, alías “Monchu” y la falta de una alternativa sólida han contribuido a reforzar esta dinámica, debilitando la capacidad de respuesta política frente a estas decisiones deshonestas y caciquiles que hoy abandera la derecha extrema del gobierno de Moriyón https://bit.ly/4s7ohWd
A esta deriva se suma la complicidad pasiva del PSOE de los “monchitos”, cuya preocupación verbal por la corrupción, el machismo o la degradación ética del partido no se traduce en una oposición firme ni en una defensa clara del interés general de los gijoneses. A partir de las declaraciones que ayer se publicaron en la prensa de José Ramón García, “Monchu”, se desprende una imagen clara —y preocupante— del momento que atraviesa el PSOE tanto a nivel estatal como en su proyección local en Gijón, así como de las limitaciones políticas reales que el propio dirigente reconoce frente a las decisiones tomadas desde Madrid bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.
Por un lado, “Monchu” insiste en un discurso clásico del socialismo democrático: el PSOE como partido de las mayorías, como herramienta fundamental de la clase trabajadora y como garante histórico de la democracia. Sin embargo, ese relato entra en contradicción constante con sus propias afirmaciones cuando aborda los escándalos de corrupción y las denuncias por acoso sexual que afectan a la cúpula estatal del partido. Sus palabras transmiten incomodidad, desconcierto y una cierta resignación: admite que resulta “muy difícil de comprender y de asumir” que personas que entran en el partido para lucrarse alcancen puestos de máxima responsabilidad, pero no va más allá de expresar preocupación y confiar en procesos internos futuros, tira la piedra pero esconde la mano con los “valientes”. No hay una exigencia clara de responsabilidades políticas inmediatas, sino una apelación reiterada a los tiempos, los procedimientos y la prudencia.
Foto: José Ramón García "Monchu", el pirata político de la agrupación socialista de Gijón
Esta actitud revela una incapacidad —o falta de voluntad— para cuestionar de forma directa el liderazgo estatal del partido, especialmente el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su doble condición de presidente y secretario general del PSOE. El valiente “Monchu” establece una separación artificial entre ambas figuras: valora positivamente al presidente para el país y para las clases trabajadoras, pero se muestra mucho más crítico con su papel como secretario general. Sin embargo, esa crítica se queda en el plano retórico, ya que descarta cualquier cambio a corto plazo y asume una lógica de espera que, en la práctica, refuerza el statu quo.
En el ámbito de las decisiones ministeriales que afectan a Gijón, las declaraciones evidencian una debilidad política estructural. “Monchu” reconoce abiertamente los retrasos históricos en infraestructuras clave —accesos a El Musel, estación intermodal, metrotrén, anillo eléctrico— y admite que los ministerios no están siendo “muy útiles” para la ciudad. Incluso llega a señalar que algunos ministros destacan más por su contundencia comunicativa (Oscar Puente) en redes sociales que por su eficacia real en la resolución de los problemas gijoneses. Pese a ello, su estrategia vuelve a ser la misma: aumentar la presión, insistir, pelear… Pero sin romper nunca el marco de lealtad orgánica al partido y al Gobierno central (hay que cobrar lo que no gana en la vida civil)
Esta contradicción es central: el PSOE local se presenta como alternativa al gobierno municipal de Foro y PP, denunciando su dejadez, su política de escaparate y su sumisión a intereses privados; pero al mismo tiempo acepta con normalidad la incapacidad del propio PSOE estatal para cumplir plazos, ejecutar inversiones o priorizar a Gijón en la agenda política nacional. La crítica existe, pero es siempre medida, cuidadosa y subordinada a la disciplina interna del partido.
En conjunto, las declaraciones de “Monchu” dibujan a un PSOE atrapado entre dos planos. Por un lado, un discurso ético, social y transformador que apela a la igualdad, la vivienda, la industria y la cohesión social. Por otro, una práctica política marcada por la contención, la justificación permanente y la aceptación implícita de decisiones —o indecisiones— tomadas en Madrid que perjudican objetivamente a Gijón. Es decir, “Monchu” como de costumbre pone una vela a Dios y otra al diablo no vaya a ser que se quede en tierra de nadie. Esa distancia entre discurso y capacidad real de influencia explica, en parte, la desafección ciudadana y el debilitamiento del proyecto socialista en el ámbito local, así como las dificultades para construir una alternativa sólida frente a la derecha municipal y frente a los intereses económicos que condicionan la política de la ciudad. Obvia en todo este argumentario cocinado para distraer a los militantes socialistas y los ciudadanos de Gijón, que él es el único responsable del fracaso electoral cosechado en las elecciones municipales del año 2023, donde el PSOE no consiguió la alcaldía, para lo cual, utilizo y mancilló, de pésima manera a una buena persona como es, Luis Manuel Florez “Floro”. En definitiva, de las palabras de “Monchu” se desprende no solo una crítica velada al funcionamiento interno del PSOE estatal, sino también la constatación de un problema más profundo: la incapacidad del socialismo gijonés bajo su posición de secretario general, de para pasar de la preocupación a la exigencia, y de la lealtad orgánica a la defensa firme de los intereses de la ciudad frente a su propio Gobierno https://bit.ly/3Nbd9HG Esa tibieza, ese mantenerse de perfil, termina funcionando como una coartada que facilita la continuidad de políticas perjudiciales para los gijoneses, mientras el sátrapa “Monchu” cobra del erario público lo que no gana en la vida civil por la profesión laboral que tiene. Es curioso que cuestione a su secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero si hay algo cuestionable o delictivo, lo primero es que no se lo haya dicho a la cara a dicha persona y lo segundo, haya puesto dichos hechos en manos de la fiscalía.
Lo ocurrido en Cabueñes con el caso “Quirón” evidencia cómo el gobierno de la derecha extrema del Ayuntamiento de Gijón, dejó de actuar como garante del patrimonio público para convertirse en facilitador de una operación urbanística desequilibrada. No fue incapacidad ni desconocimiento: fue voluntad política. Y cuando la política renuncia a ejercer sus responsabilidades para no molestar a una minoría privilegiada, lo que se sacrifica no es solo dinero público, sino la confianza, la ilusión y la esperanza de una ciudadanía que ve cómo el coste recae siempre sobre los mismos.
Gijón merecía una gestión valiente, clara y orientada al bien común. En su lugar, ha recibido una política de perfil bajo ante los intereses privados, de excusas ante la inacción y de discursos éticos que no resisten el contraste con los hechos. Esta etapa, ampliamente reflejada en el análisis crítico de la gestión municipal reciente https://bit.ly/4j5zDpu, no pasará desapercibida. La memoria colectiva de los gijoneses también juzga, y cuando llegue el momento, quedará claro quién defendió a la ciudad y quién, por acción u omisión, la dejó desprotegida.
El caso anómalo de Gijón no es una cuestión aislada dentro del panorama municipal asturiano, sino que encuentra un reflejo casi exacto en lo que hoy sucede en el municipio de Llanes. En ambos escenarios se repite un mismo patrón de gobierno: una coalición de derechas —en Llanes, Vecinos y PP— que, bajo una orientación política claramente alineada con postulados de ultraderecha y bajo la supervisión orgánica de AVALL, ha convertido la gestión municipal en un ejercicio de opacidad, endeudamiento innecesario y progresivo abandono del interés general.
Foto: el bucanero que hoy preside el Ayuntamiento de Llanes
En Llanes, como en Gijón, el planeamiento urbanístico se ha convertido en una herramienta al servicio de decisiones políticas poco transparentes. El PGOU que se acaba de aprobar para mandar a la CUOTA, lejos de ser un instrumento para ordenar el territorio pensando en el bienestar colectivo, se utiliza como una palanca para justificar actuaciones que benefician a intereses concretos mientras se posterga cualquier debate real sobre el modelo de municipio que necesitan los vecinos. La falta de información clara, la ausencia de participación efectiva y la confusión deliberada en torno a los procesos urbanísticos generan una sensación creciente de desprotección entre los llaniscos, muy similar a la que experimenta hoy buena parte de la ciudadanía gijonesa.
La atención a los servicios públicos es otro de los puntos donde la mimetización entre ambos ayuntamientos resulta evidente. En Llanes, la gestión cotidiana de servicios esenciales se resiente mientras el gobierno municipal prioriza proyectos de alto impacto mediático pero escasa utilidad social. El ejemplo más paradigmático es el del Cinemar: una operación que ha supuesto un endeudamiento cercano a los 6,5 millones de euros entre la compra y la rehabilitación de un activo cuya necesidad real para el municipio nunca fue debidamente explicada ni justificada. Como ocurre en Gijón con otras inversiones de escaparate, se sacrifica la solvencia financiera y la atención a lo básico en favor de proyectos simbólicos que sirven más para la propaganda política que para mejorar la vida de la ciudadanía llanisca.
A todo ello se suma una preocupante cultura de la opacidad y transparencia pública de las cuestiones que afectan a los llaniscos. Las decisiones que afectan directamente a los vecinos de Llanes se toman con escasa rendición de cuentas, poca información pública y un control político cada vez más débil. La supervisión de los enemigos de Llanes (AVALL), lejos de aportar garantías de buena gobernanza, refuerza una lógica de cierre institucional, en la que las críticas se deslegitiman y las dudas ciudadanas se despachan como ruido político. Este clima recuerda de forma inquietante al que se vive en Gijón, donde la política municipal se ha ido alejando progresivamente del debate democrático para refugiarse en discursos auto justificativos y decisiones poco explicadas.
En definitiva, Llanes y Gijón comparten hoy un mismo modelo de gobierno: uno que prioriza intereses políticos y proyectos de imagen sobre la planificación responsable, que endeuda a las instituciones en activos no esenciales mientras descuida los servicios públicos, y que convierte la falta de transparencia en una práctica habitual. Esta mimetización no es casual, sino el resultado de una orientación ideológica común que entiende el poder municipal no como una herramienta al servicio de la ciudadanía, sino como un espacio de control, propaganda y gestión cerrada. Las consecuencias, en ambos municipios, ya empiezan a ser visibles: desafección ciudadana, deterioro de lo público y una creciente sensación de abandono institucional entre quienes deberían ser el centro de la acción política… Es el lenocinio político en toda su expresión.
Mientras tanto, en Llanes la oposición del PSOE parece atrapada en una dinámica tan estéril como previsible: quiere, pero no puede. Falta fuelle político, falta estrategia y, sobre todo, falta la determinación necesaria para plantar cara a un gobierno municipal de Vecinos y PP que actúa con maneras cada vez más autoritarias y excluyentes. La oposición existe, pero lo hace en modo guante blanco, más preocupada por no incomodar en exceso que por ejercer con firmeza el papel de control y fiscalización que le corresponde.
Las críticas se formulan a media voz, los comunicados llegan tarde y las denuncias se diluyen en un discurso cargado de lamentos, en el que el eje central no es tanto la defensa activa de los intereses de los llaniscos como la queja reiterada por el “maltrato” recibido por parte del gobierno municipal. Ese maltrato, real o percibido, se convierte en coartada para justificar una oposición débil, reactiva y sin capacidad de marcar agenda política. Se denuncia el estilo bronco y excluyente del gobierno, pero no se logra transformar esa denuncia en una alternativa sólida ni en una presión efectiva sobre las decisiones que están hipotecando el futuro del municipio.
El resultado es un escenario profundamente desequilibrado. Un gobierno local con rasgos claramente autoritarios, alineado con una orientación ideológica de corte ultraderechista, avanza sin apenas obstáculos en su modelo de gestión opaca, endeudada y orientada al espectáculo, mientras la oposición se limita a resistir, a protestar y a lamentarse. No hay un relato potente que conecte los abusos de poder con sus consecuencias concretas en los servicios públicos, en el urbanismo o en la economía municipal. Tampoco hay una ofensiva política sostenida que exponga ante la ciudadanía el coste real de decisiones como el endeudamiento millonario del Cinemar o la utilización del PGOU como instrumento de conveniencia, si se ha uno abstenido en la aprobación del mismo.
Así, el gobierno de Vecinos y PP no solo se beneficia de su mayoría institucional, sino también de la debilidad estructural de la oposición, que renuncia de facto a disputar el sentido de la acción política. Llanes queda atrapado en una doble precariedad democrática: la de un poder municipal que gobierna sin transparencia ni contrapesos efectivos, y la de una oposición incapaz de salir del papel testimonial. En este contexto, los llaniscos no solo padecen las políticas del gobierno ultra, sino también la ausencia de una oposición capaz de defenderlos con la contundencia que la situación exige.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que hoy sucede en los ayuntamientos de Gijón y Llanes no es una anomalía pasajera ni una suma de errores administrativos: es la expresión descarnada de un modelo político agotado y profundamente nocivo, donde el poder municipal ha dejado de ser una herramienta al servicio de la ciudadanía para convertirse en un espacio de lenocinio político, de servilismo, de cálculo interesado y de renuncia deliberada al bien común.
En Gijón, el gobierno de Foro y PP ha demostrado que su prioridad no es proteger el patrimonio público ni garantizar un desarrollo equilibrado de la ciudad, sino facilitar operaciones privadas, maquillar la inacción con propaganda y gobernar desde la opacidad. El caso Quirón no es una excepción: es el símbolo perfecto de una política que elige no expropiar cuando la ley lo permite, no confrontar cuando el interés general lo exige y no explicar cuando la ciudadanía lo demanda. No fue incapacidad: fue decisión consciente. Y toda decisión consciente tiene responsables.
Pero el problema no acaba ahí. La gravedad del momento se multiplica cuando la oposición, especialmente el PSOE gijonés bajo el mando de José Ramón García “Monchu”, opta por mirar de perfil, por practicar una crítica tibia y subordinada, más preocupada por no incomodar a Madrid que por defender a Gijón. Esa oposición domesticada, de discursos grandilocuentes y hechos inexistentes, actúa como el complemento perfecto de un gobierno de derechas: legitima la deriva sin necesidad de apoyarla explícitamente. La renuncia a exigir responsabilidades, la obsesión por los “tiempos” y los “procedimientos”, y la incapacidad de señalar con claridad a los culpables, convierten al socialismo gijonés en parte del problema.
En Llanes, el escenario se repite con inquietante precisión. Un gobierno ultra de Vecinos y PP, tutelado por (AVALL), gobierna sin transparencia, sin participación y sin pudor, endeudando al municipio en proyectos innecesarios como el Cinemar mientras descuida los servicios públicos básicos y utiliza el PGOU como un instrumento político al servicio de intereses concretos. La ciudadanía asiste, una vez más, a decisiones tomadas a puerta cerrada, a explicaciones vagas y a un desprecio sistemático por el debate democrático.
Y, de nuevo, una oposición socialista que quiere pero no puede, que protesta pero no confronta, que se lamenta del maltrato institucional mientras se abstiene, llega tarde o se limita a ejercer una fiscalización simbólica. Una oposición de “guante blanco” frente a un poder autoritario no es oposición: es coartada democrática. Y cuando la oposición renuncia a disputar el sentido de la acción política, deja a la ciudadanía completamente desprotegida.
Gijón y Llanes comparten hoy algo más que problemas de gestión: comparten una crisis democrática municipal, en la que gobiernan quienes no creen en lo público y opositan quienes no se atreven a defenderlo. El resultado es devastador: desafección ciudadana, deterioro de los servicios públicos, endeudamiento irresponsable y una sensación creciente de abandono institucional.
Esto es el lenocinio político en su forma más cruda: gobiernos que facilitan, oposiciones que consienten y una ciudadanía que paga. Y frente a ello no bastan más comunicados, ni más prudencia, ni más excusas. O se recupera la política como herramienta de defensa del interés general, con valentía y confrontación democrática real, o estos ayuntamientos seguirán siendo escenarios de decadencia, donde el poder se reparte entre unos pocos mientras la dignidad colectiva se diluye.
La memoria de los vecinos de Gijón y Llanes tomarán nota. Porque hay momentos en los que no elegir también es elegir. Y hoy, demasiados han elegido no estar del lado de la gente.
Ya lo dijo Hannah Arendt: “La corrupción no comienza cuando se roba, sino cuando se deja de defender lo que es de todos.”
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