Hoy podemos leer en la prensa que el Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado un anteproyecto de Ley de Vivienda con el objetivo de reforzar el parque público, mantener de forma permanente la calificación de vivienda protegida, destinar las viviendas públicas exclusivamente al alquiler y habilitar sanciones a los grandes tenedores que mantengan pisos vacíos. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en la Junta General, donde el consejero de Ordenación del Territorio y líder de IU, Ovidio Zapico, ha apelado al consenso, defendiendo la importancia de que la derecha democrática se sienta partícipe del proyecto.
Sin embargo, el panorama político se presenta complejo. Sin embargo, la derecha extrema del PP de Asturias ha mostrado un rechazo frontal a una norma que considera ideológica, intervencionista y alejada de las necesidades reales de los ciudadanos. Desde su perspectiva, el principal problema del mercado inmobiliario es la escasez de oferta, una cuestión que, a su juicio, la ley no aborda. Los populares sostienen que el exceso de regulación genera inseguridad jurídica, desincentiva la promoción de vivienda y acaba encareciendo los precios, perjudicando especialmente a jóvenes y familias de rentas medias. Frente a ello, defienden un modelo basado en deducciones fiscales eficaces, mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos y una decidida colaboración público-privada, insistiendo en que el derecho a la vivienda no se garantiza mediante prohibiciones.
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Por otro lado, el partido de la ultraderecha Vox eleva aún más el tono crítico y alerta de que la ley podría conducir a un modelo de dependencia social y degradación urbana. Desde esta formación se atribuye la actual carestía de la vivienda no al mercado, sino a años de inseguridad jurídica en el alquiler, un crecimiento demográfico no acompañado de suficiente construcción, una burocracia excesiva y una elevada presión fiscal (lo que quieren es un liberalismo exacerbado donde el mercado dicte las normas a los ciudadanos que no tienen vivienda). Consideran que el anteproyecto agrava estos problemas al introducir mecanismos como derechos de tanteo y retracto o limitaciones a la transmisión de la propiedad, que interpretan como una expropiación encubierta. Vox sostiene que, bajo el pretexto del derecho a la vivienda, se vacía de contenido el derecho a la propiedad privada y se traslada al ciudadano una responsabilidad que debería asumir el Estado mediante políticas sociales directas.
La derecha extrema autonómica de Foro Asturias, adopta una posición más abierta al entendimiento. Su dirección valora positivamente la intención de crear un gran parque público de vivienda, pero considera insuficiente el planteamiento actual por apoyarse casi exclusivamente en la intervención pública. Desde Foro se defiende que la colaboración público-privada es imprescindible para alcanzar ese objetivo y se critica que la ley apueste únicamente por el alquiler, dejando de lado fórmulas que faciliten el acceso a la vivienda en propiedad para sectores que no cumplen los requisitos de la vivienda protegida pero tampoco pueden acceder al mercado libre (Foro como buen “embajador” de la patronal de la construcción CAC-Asprocon quiere que sea el mercado libre el que cope las necesidades de aquellos que sin estar en la necesidad extrema por no cumplir los requisitos, tengan que someterse al criterio arbitrario del mercado, para ello abanderan lo que lleva tiempo diciendo dicha patronal) bit.ly/3MKixla
En paralelo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido públicamente la creciente gravedad y complejidad del problema de la vivienda, subrayando que no existe una solución única y que es necesario un enfoque poliédrico. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la promoción de recursos públicos, destacando el impulso a la construcción de 1.500 viviendas de alquiler público y la voluntad de desbloquear la negociación sobre el módulo de vivienda protegida dentro del marco de la concertación social.
Durante su intervención en un encuentro empresarial en Gijón, Barbón también abordó la cuestión fiscal, defendiendo que la fiscalidad empresarial en Asturias es comparable a la de otras comunidades y que los grandes proyectos de inversión interesados en la región no han señalado los impuestos como un obstáculo. No obstante, sí reconoció desequilibrios en otros tributos y abogó por una armonización estatal de impuestos como Patrimonio y Sucesiones, al tiempo que reiteró su compromiso de aliviar la carga fiscal de las familias, especialmente aquellas con hijos.
El presidente reivindicó asimismo la tradición industrial de Asturias como un factor clave para atraer inversiones, aseguró que la región recibe más empresas de las que pierde y destacó el papel de Asturex en el impulso de las exportaciones. Aun así, admitió que existen retos pendientes, como la mejora de las conexiones —con especial mención al peaje del Huerna—, el refuerzo de la formación vinculada a las necesidades del mercado laboral, la mejora de los espacios industriales y la resolución de proyectos estratégicos como la ZALIA o el desarrollo industrial en Avilés. Finalmente, reconoció la necesidad de una administración más ágil y abierta, confiando en que la digitalización y la reciente Ley Simplifica marquen un cambio de tendencia en los próximos años bit.ly/44AcvcT
Si nos fijamos en los municipios donde gobierna Foro y PP y vemos como han abordado el problema de la vivienda nos encontraremos con la siguiente fotografía:
1. Gijón: Foro Asturias (con apoyo del PP en el gobierno municipal)
En Gijón, donde Foro Asturias gobierna junto al PP tras las elecciones municipales del año 2023, las políticas de vivienda han generado controversia y críticas por falta de resultados concretos.
Participación municipal en viviendas públicas:
- Foro y el Ayuntamiento inicialmente rechazaron presupuestos del Principado que incluían financiación completa para la construcción de 300 viviendas públicas en Gijón, alegando que necesitaban garantías formales antes de ceder suelo municipal. Este rechazo fue criticado por el PSOE local como una incoherencia frente a necesidades reales de la ciudadanía. gijonradiotv.com
- Posteriormente, el Ayuntamiento avanzó en un acuerdo con el Principado para la cesión de suelo municipal para construir vivienda protegida y asequible en Gijón, como parte del llamado Plan Llave, que busca desarrollar vivienda pública en distintas modalidades, con más de media legislatura consumida no han sido capaces de construir ni una sola vivienda pública porque sus “amigos” de CAC-Asprocon quieren más dinero por el metro cuadrado de la vivienda protegida. carmenmoriyon.es
Críticas sobre resultados y ejecución:
- Sectores de la oposición señalan que el “Plan Llave” podría tardar años en producir viviendas efectivas, con afirmaciones de que no habría ni una sola vivienda pública adjudicada en los próximos dos años por la lentitud en la gestión municipal. meneame.net
Interpretación de datos y política local:
- La cesión de suelo es un instrumento fundamental para promover vivienda pública. Sin embargo, la crítica desde el PSOE (los “monchitos”) y otros actores es que la ejecución y planificación municipal no ha logrado, hasta ahora, traducirse en viviendas construidas o adjudicadas rápidamente, lo que dificulta mejorar el acceso real a la vivienda para jóvenes y familias en una ciudad con fuerte presión en alquiler y precios.
2. Oviedo u otros municipios gobernados por PP y/o Vox
No existe una fuente pública reciente y detallada sobre la gestión municipal de la vivienda en otros ayuntamientos asturianos donde el PP o Vox tienen representación (por ejemplo en Oviedo o Avilés). Sin embargo:
- El PP en Asturias ha propuesto soluciones enfocadas en medidas fiscales y apoyos a la construcción privada, como avales para facilitar el acceso a la compra o incentivos a promotores privados, pero sin programas municipales de vivienda pública con magnitudes claras publicadas. Europa Press
- A nivel autonómico, cargos de IU han contrapuesto el modelo de vivienda pública del Principado con el estilo de políticas del PP, acusando al PP de orientar recursos públicos hacia bancos y constructoras en lugar de hacia vivienda pública social. Actualidad Asturias
3. ¿Qué nos dicen estos datos sobre cómo «pretenden resolver» el problema?
A partir de lo disponible:
Foro + PP en Gijón:
- Rechazo inicial de cesión de suelo, luego acuerdo con el Principado para desarrollar vivienda pública. gijonradiotv.com+1
- Críticas de oposición sugieren lentitud en ejecución y falta de resultados tangibles en plazos cortos. meneame.net
PP a nivel autonómico y articulación local:
- Propone medidas centradas en seguridad jurídica, incentivos fiscales, apoyos a la promoción privada y colaboración público-privada en general, más que en construir vivienda pública directamente. Europa Press
4. En otros municipios, como Llanes, donde la concejalía de Urbanismo está en manos del PP dentro de un gobierno compartido con la ultraderecha de, VecinosxLlanes, la gestión ha sido especialmente reveladora. Su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas Sierra, tras dos años al frente del área —y después de otros ocho años formando parte del gobierno municipal— no ha sido capaz siquiera de culminar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una herramienta básica para cualquier política de vivienda y desarrollo territorial. Esta década de gobierno reaccionario ha supuesto la parálisis urbanística del concejo, impidiendo la planificación de suelo, bloqueando la promoción de vivienda y contribuyendo a un progresivo empobrecimiento estructural de Llanes, que hoy acusa las consecuencias de una gestión marcada por la inacción, la falta de proyecto y el abandono del interés general.
La aprobación provisional del nuevo PGOU de Llanes por el gobierno municipal del PP, con el respaldo de la ultraderecha de VecinosxLlanes recientemente, no constituye una respuesta estructural al problema de la vivienda, sino la consolidación de un modelo que lo agrava. Bajo un discurso de contención, sostenibilidad y justicia social, el plan despliega una ordenación urbanística claramente orientada a ampliar el negocio inmobiliario y la segunda residencia, relegando la vivienda protegida a un papel meramente testimonial.
Los propios números del planeamiento son elocuentes. En un concejo de unos 13.500 habitantes, se autoriza la construcción de casi 5.900 nuevas viviendas, una magnitud que no responde a las necesidades residenciales de la población estable, sino a una lógica expansiva ligada al turismo, la inversión externa y la vivienda vacacional. La reserva de vivienda protegida, limitada a poco más del 4% del total, evidencia que el acceso a una vivienda asequible no es una prioridad real del plan de estos fascistas, sino un requisito legal cumplido de manera mínima y estratégica, desplazando el grueso del crecimiento hacia ámbitos donde esa obligación no existe.
Este PGOU de Llanes no utiliza el urbanismo como herramienta de corrección social, sino como mecanismo de neutralidad aparente que, en la práctica, beneficia a quienes ya tienen capacidad económica. Al apostar por un crecimiento disperso, de baja densidad y alejado de los servicios, traslada costes cotidianos —movilidad, tiempo, gasto energético— a quienes menos recursos tienen, mientras facilita un modelo residencial cómodo para segundas residencias y usos estacionales. La vivienda en Llanes, lejos de concebirse como un derecho a garantizar, se trata como un bien de mercado cuyo acceso queda condicionado al poder adquisitivo.
Lo ocurrido en Llanes es ilustrativo de lo que cabe esperar a los asturianos si este “liberalismo de escaparate” que hoy abandera el sicario, Álvaro Queipo y su troupe de mantenidos, se extiende por Asturias bajo un gobierno de la derecha extrema: grandes cifras de suelo y vivienda en el papel, muy poca vivienda pública real, dependencia de decisiones futuras sobre usos turísticos y una confianza casi absoluta en que el mercado resolverá lo que la planificación pública renuncia a corregir. Es un modelo que no expulsa de golpe, pero sí de forma progresiva y silenciosa, convirtiendo el derecho a vivir en el territorio en un privilegio cada vez más restringido.
En ese sentido, el PGOU de Llanes no anticipa una solución al problema de la vivienda, sino un aviso. Muestra cómo, bajo una retórica moderada y técnica, puede consolidarse un urbanismo que protege la rentabilidad del suelo antes que la permanencia de la población, y que deja a jóvenes, trabajadores del sector servicios y familias con rentas medias y bajas sin una alternativa habitacional digna dentro de su propio concejo. Lo que se ensaya aquí, con nombres y cifras concretas, es un modelo que, de generalizarse, profundizará la desigualdad territorial y social en Asturias a límites desconocidos.
4. Conclusión analítica
En los municipios de Asturias donde gobernaron Foro y PP, como Gijón, la gestión del problema de la vivienda ha transitado entre dificultades para articular políticas públicas efectivas y la búsqueda de acuerdos para habilitar suelo municipal destinado a vivienda asequible. Aunque se han alcanzado pasos administrativos —como la cesión de suelo a favor de proyectos de vivienda protegida y acuerdos con el Principado— no hay cifras aún de viviendas construidas o adjudicadas que permitan evaluar resultados concretos a corto plazo. Al mismo tiempo, las propuestas de PP y aliados se concentran más en medidas que favorezcan al mercado privado y faciliten la inversión (fiscalidad, avales, incentivos) que en crear directamente vivienda pública, una estrategia que en el contexto de alta demanda y precios crecientes puede tardar más en traducirse en oferta real.
La falta de datos cuantitativos de ejecución municipal no significa ausencia de acción, pero sí indica que hasta ahora las políticas locales bajo estos gobiernos no han producido grandes cifras de vivienda pública disponible, y se apoyan más en marcos normativos y colaboraciones que en programas masivos de producción directa de vivienda social en plazos cortos.
En varias de las comunidades autónomas donde gobierna el PP, a menudo con la condicional influencia de Vox, la gestión del problema de la vivienda no ha dado resultados que puedan calificarse de eficaces o estructurales; más bien, ha reflejado una política orientada hacia el mercado libre, con un debilitamiento de los instrumentos públicos que regulan la vivienda asequible.
El ejemplo más claro y relevante lo ofrece la Comunidad de Madrid. Aunque el Ejecutivo regional presume de liderar la construcción de vivienda protegida en términos absolutos, la realidad demuestra una fuerte erosión de ese parque. Entre 2019 y 2025, Madrid ha perdido casi 10.000 viviendas de protección oficial porque, al expirar sus períodos de protección, han pasado al mercado libre sin mecanismos que garantizaran su calificación indefinida. Esto ha contribuido a que buena parte de esas viviendas terminen en manos de la especulación y con precios mucho más elevados, en un mercado ya de por sí de los más tensos de España. El País
La política de no consolidar de forma permanente la protección de estas viviendas —una opción que otras regiones como el País Vasco sí aplican con más éxito— ha tenido efectos claros: pese a la construcción de VPO, el parque total de vivienda protegida crece menos de lo que se podría esperar en proporción a la población, y muchas de las viviendas socialmente necesarias desaparecen del circuito de asequibilidad. El País
En municipios madrileños gobernados por el PP también se observan problemas de gestión: en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, más de 120 de las 488 viviendas construidas bajo el Plan Vive llevan más de un año vacías, y sólo el 27 % han sido adjudicadas a vecinos del municipio, mientras empresas privadas gestionan esas viviendas anunciándolas incluso en portales de lujo. Esto evidencia una desconexión entre la construcción pública de viviendas y su canalización efectiva hacia los colectivos que más lo necesitan. Cadena SER
Más allá de Madrid, en otras comunidades donde el PP es la fuerza dominante y Vox actúa como soporte ideológico y parlamentario, no se han desarrollado políticas regionales robustas que prioricen el parque público de vivienda, el control de rentas o la regulación para frenar la especulación inmobiliaria. El resultado ha sido, en general, un crecimiento de los precios de mercado, un incremento de la brecha entre salarios y coste de la vivienda, y un debilitamiento de las herramientas públicas de intervención.
Las estadísticas económicas nacionales reflejan que España en su conjunto sufre una crisis estructural en vivienda: los precios llevan años al alza y los alquileres han incrementado de forma significativa, impulsados por la escasez de oferta asequible frente a una demanda que sigue siendo fuerte. Aunque estos datos son globales, las políticas regionales de corte liberal que hoy abanderan estos iluminados del mercado como PP, Vox, Foro o VecinosxLlanes —centradas en incentivos fiscales a la compra privada, menor regulación del alquiler y escasa presión sobre grandes tenedores— no han revertido esta dinámica, y en algunos casos la han exacerbado.
En suma, la gestión del PP en las comunidades donde gobierna, con la influencia o apoyo parlamentario de Vox, ha tendido a priorizar la lógica del mercado libre y la construcción privada sobre la protección pública y la consolidación de vivienda asequible. La pérdida de casi 10.000 VPO en Madrid, la existencia de viviendas públicas sin adjudicar, y la falta de un parque público fuerte son síntomas de un modelo que, más que resolver el acceso a la vivienda, ha favorecido la mercantilización del suelo y ha dejado a muchos ciudadanos, especialmente a jóvenes y hogares con ingresos modestos, sin soluciones reales en un mercado cada vez más inaccesible.
Para terminar el post quiero manifestar que el balance final de la gestión de la vivienda por parte de la derecha extrema del, PP y Foro, con la ultraderecha de, Vox y VecinosxLlanes, como fuerza de choque, es demoledor. Bajo una retórica de libertad, moderación y eficacia, lo que se ha desplegado en Asturias —y antes en otras comunidades— es un modelo de desprotección social cuidadosamente construido, donde el mercado inmobiliario actúa sin contrapesos reales y la vivienda deja de ser un derecho para convertirse definitivamente en un filtro económico.
Carmen Moriyón en Gijón, Álvaro Queipo en la dirección del PP asturiano, Alberto Núñez Feijóo desde la jefatura nacional del partido, Santiago Abascal como legitimador ideológico de la ofensiva antisocial, y Enrique Riestra en Llanes como ejecutor local de este urbanismo excluyente, forman parte de una misma arquitectura política. Sus nombres no aparecen unidos por casualidad, sino por una coherencia profunda: todos comparten la convicción de que la intervención pública en vivienda es un estorbo y de que el mercado, incluso cuando expulsa, encarece y segrega, es un árbitro legítimo.
En Gijón, la parálisis en la construcción de vivienda pública bajo el gobierno de Foro y PP no es un accidente administrativo, sino la consecuencia lógica de subordinar la política municipal a los intereses de promotores y patronales del sector. En Llanes, el nuevo PGOU impulsado por Enrique Riestra y su concejalía de Urbanismo del PP no corrige la exclusión residencial: la planifica. Multiplica la capacidad edificatoria, reduce la vivienda protegida a una cifra simbólica y orienta el crecimiento hacia la segunda residencia y el turismo, dejando fuera a jóvenes, trabajadores precarios y familias con salarios ajustados. En ambos casos, el resultado es el mismo: se gobierna el territorio como mercancía, no como espacio de vida.
A escala autonómica y estatal, el discurso se afina pero el objetivo no cambia. Álvaro Queipo repite el catecismo liberal de la “seguridad jurídica” y los “incentivos”, mientras se opone frontalmente a cualquier intento de blindar la vivienda protegida o de sancionar la especulación. Núñez Feijóo convierte ese ideario en programa nacional, normalizando un modelo donde miles de viviendas protegidas pierden su calificación y pasan al mercado libre sin red de seguridad alguna. Y Santiago Abascal aporta la cobertura ideológica más cruda: negar el derecho a la vivienda como responsabilidad colectiva y reducirlo a un problema individual, donde quien no accede es culpable de su propia exclusión.
VecinosxLlanes actúa como correa de transmisión local de esa lógica, aportando la dosis de autoritarismo municipal y desprecio por la participación social necesaria para imponer planes profundamente desequilibrados sin corregirlos. El resultado es un urbanismo salvaje que no necesita expulsar a nadie por decreto: basta con encarecer, dispersar y precarizar hasta que quedarse sea inviable.
Este bloque político de “perroflautas” actúa como un ariete contra la población más desfavorecida en el mercado de la vivienda. No porque desconozca las consecuencias de sus políticas, sino precisamente porque las conoce y las acepta. La pérdida de vivienda pública, la falta de alquiler social, la dependencia del turismo y la inversión externa, y la expulsión silenciosa de residentes no son daños colaterales: son el mecanismo central de su modelo.
El epílogo de esta gestión no es una ciudad ni un concejo más ordenado, sino territorios cada vez más desiguales, con barrios y pueblos convertidos en escaparates estacionales y una población trabajadora condenada a vivir más lejos, pagar más y tener menos derechos. Frente a la propaganda, quedan los datos. Frente a los discursos, los precios. Y frente a las promesas, una realidad cada vez más clara: cuando el PP, Foro, Vox y sus satélites como VecinosxLlanes gobiernan la vivienda, gobierna el mercado; y cuando gobierna el mercado sin límites, los primeros en caer son siempre los mismos.
Este no es solo un mal gobierno: es un proyecto consciente de exclusión. Y sus responsables tienen nombres y apellidos como acabo de relatar.
Ya lo dijo Platón: “Cuando el dinero gobierna la ciudad, la injusticia no es una excepción: es la norma.”
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