El concejo de Llanes afronta una situación profundamente contradictoria: mientras el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación definitiva se espera para el año 2026, prevé una de las mayores expansiones urbanísticas de los últimos tiempos —con la posibilidad de construir 5.862 nuevas viviendas, lo que supondría un crecimiento del 36% del parque residencial actual—, el municipio continúa acumulando problemas estructurales y reiterados en el suministro de agua que llevan años sin resolverse y que afectan directamente a la vida diaria de vecinos, negocios y parroquias enteras.
Este crecimiento proyectado que hoy se nos anuncia en él diario oficial del gobierno municipal bit.ly/4iBEIG5, es especialmente significativo si se tiene en cuenta la evolución del propio planeamiento. En la aprobación inicial de hace tres años se contemplaban 3.837 nuevas viviendas, cifra que aumentó a 4.485 tras atender parte de las alegaciones, hasta llegar a las 5.774 aprobadas en abril de 2024 y finalmente a las 5.862 actuales. Es decir, un incremento del 52,8% respecto a la primera propuesta, que se suma a un escenario en el que el abastecimiento hídrico ya está tensionado incluso sin ese aumento.
Los problemas de suministro de agua no son puntuales ni aislados en el municipio de Llanes con este gobierno fascista de Vecinos y PP. Desde al menos el año 2021 se han producido cortes prolongados, restricciones nocturnas, problemas de potabilidad y avisos de emergencia en múltiples parroquias:
- Posada y su entorno (que incluye Celorio, Barro, Balmori, Bricia, Lledías, Meré, Turanzas, Allende o Los Callejos) han sufrido cortes masivos, algunos de ellos durante varios días, obligando a instalar cisternas de agua y a suministrar mediante cubas a residencias y viviendas.
- En 2022, los vecinos de Posada denunciaron públicamente que llevaban años pidiendo la renovación de la traída, sin obtener respuesta municipal, a pesar de los cortes reiterados en pleno verano, cuando la población del concejo se multiplica por la presión turística.
- En 2023, asociaciones vecinales advirtieron que la macrotraída, que abastece a gran parte del concejo, no había recibido inversiones significativas, alertando de su vulnerabilidad ante picos de demanda y fallos estructurales.
- En 2025, la empresa gestora y el Ayuntamiento reconocieron que los manantiales presentaban un descenso notable de reservas, emitiendo avisos oficiales de “consumo responsable” para evitar colapsos en pleno agosto.
- A ello se suma la detección de problemas de potabilidad en Tresgrandas, con parámetros químicos fuera de rango, o episodios de agua no apta en localidades como Nueva, Ovio y Picones.
Todos estos casos muestran un patrón: las infraestructuras actuales no garantizan un suministro estable ni siquiera con la población de hecho actual, especialmente en épocas de máxima afluencia turística.
El actual equipo de gobierno lleva más de diez años al frente del gobierno municipal, tiempo suficiente para haber abordado de manera estratégica el abastecimiento de agua. Sin embargo, las actuaciones realizadas no han logrado resolver los problemas recurrentes ni anticipar las necesidades de un concejo cuya población se dispara en temporada alta y cuya expansión urbanística sigue creciendo.
Las denuncias de vecinos, colectivos y oposición —que reclaman desde 2021 estudios globales del estado de la red, inversiones en traídas, renovación de captaciones y modernización de la macrotraída— ponen de manifiesto que la planificación municipal no ha ido en paralelo con la realidad del servicio esencial más básico. Pese a esta situación, ahora nos dice en el diario vocero de sus tropelías que crecerá urbanísticamente más de un 30% del parque público de viviendas con servicios públicos como el suministro de agua que son africanos.
La previsión de 5.862 nuevas viviendas implica, según los propios cálculos del PGOU, un incremento poblacional potencial muy elevado. De ellas:
- 2.173 viviendas se construirían en suelo urbano,
- 354 en suelos urbanizables,
- y la mayoría, 3.335, en núcleos rurales, lo que supone un aumento del 57% del total proyectado exclusivamente para áreas que dependen de pequeñas traídas locales, manantiales y redes con antigüedad y capacidad limitada.
El reparto es especialmente crítico porque muchos de los núcleos afectados por los cortes de agua de los últimos años son precisamente los que concentrarían buena parte del crecimiento residencial. Es decir: las zonas donde hoy ya se producen problemas son las mismas donde se prevé el mayor aumento de edificaciones.
A esta situación se suma que el concejo presenta una presión turística enorme, con una población que en verano llega a multiplicarse varias veces respecto a la población empadronada, saturando aún más infraestructuras que ya están al límite.
El contraste entre el ambicioso crecimiento urbanístico del nuevo PGOU y la realidad del suministro de agua en Llanes evidencia un desequilibrio estructural. Se proyecta ampliar en más de un tercio el parque de viviendas mientras el sistema de abastecimiento:
- No puede garantizar estabilidad durante todo el año,
- Ya presenta fallos graves en varias parroquias,
- Ha obligado al uso repetido de cisternas,
- Ha sufrido descensos alarmantes de reservas,
- Y acumula denuncias de falta de inversión, planificación y renovación.
Sin una intervención profunda, planificada y proporcional a las necesidades actuales y futuras, el concejo corre el riesgo de perpetuar un modelo en el que el desarrollo urbanístico avance sin asegurar la disponibilidad de un recurso básico, comprometiendo la calidad de vida, el turismo, la actividad económica y la sostenibilidad del territorio.
El concejo de Llanes vive desde hace años una paradoja difícil de justificar: mientras el Ayuntamiento proyecta un crecimiento urbanístico sin precedentes, confiando en que el futuro Plan General de Ordenación permita la construcción de casi seis mil nuevas viviendas, el municipio continúa arrastrando un problema básico y no resuelto: la incapacidad de garantizar un suministro de agua estable, suficiente y seguro para la población actual.
Ante esta realidad, el gobierno municipal ha optado por una estrategia que desplaza la responsabilidad hacia arriba, fiando la solución definitiva a que, en algún momento, el Principado de Asturias prolongue la traída de CADASA hasta el concejo. Esa hipotética infraestructura aparece en el discurso político como la gran respuesta que algún día, más tarde o más temprano, resolverá de raíz todos los problemas del abastecimiento. Pero mientras tanto —y ese “mientras tanto” ya dura más de una década— los vecinos siguen padeciendo cortes, restricciones y episodios de mala calidad del agua que se repiten año tras año en numerosas parroquias.
El gobierno municipal fascista actúa, en la práctica, como si el servicio no fuese competencia propia, cuando la ley es clara: el abastecimiento domiciliario de agua potable es un servicio municipal, y por tanto es el gobierno local quien tiene la obligación de garantizarlo, de planificarlo y de invertir en él. La traída de CADASA podría ser una solución de refuerzo, sí, pero no es una excusa para la inacción ni un escudo detrás del cual refugiarse. Sin embargo, la actitud institucional del inepto gobierno municipal consolidada ha sido precisamente esa: esperar a que llegue la “gran tubería salvadora” mientras las infraestructuras locales, viejas y poco modernizadas, siguen fallando.
Así, la prolongación de la traída del Principado se ha convertido en la coartada perfecta para posponer decisiones y no afrontar de manera decidida la renovación de captaciones, depósitos y redes rurales que, desde hace años, muestran síntomas de agotamiento. Se transmite la idea de que el problema no puede resolverse desde el municipio, cuando en realidad lo que no se ha hecho es planificar e invertir con visión global. Como consecuencia, parroquias enteras han vivido cortes prolongados, se han instalado cisternas de emergencia, se han declarado aguas no aptas para el consumo y se han lanzado avisos de “consumo responsable” como los lanzados por el mangante político, Juan Carlos Armas, en pleno verano por descenso de reservas en los manantiales. La realidad es tozuda: el sistema actual no soporta ni siquiera la demanda presente.
Y pese a ello, el Ayuntamiento impulsa un planeamiento que prevé un aumento del 36% del parque residencial, con especial énfasis en los núcleos rurales, donde precisamente más problemas hay. Resulta difícil entender cómo se pretende que esas miles de nuevas viviendas puedan funcionar sin antes asegurar un recurso tan básico como el agua. La expansión programada del concejo avanza sin que la infraestructura hidráulica acompañe, lo que alimenta la sensación de un modelo incoherente, donde se construye primero y se piensa después en cómo abastecer lo construido, cuestión tan recriminada por el alcalde fascista, Enrique Riestra, en multitud de plenos municipales por el urbanismo socialista “depredador”.
La consecuencia es una situación institucionalmente cómoda para el Ayuntamiento, pero insoportable para los vecinos: mientras se espera la gran obra autonómica, son ellos quienes cargan con los cortes, las restricciones, los avisos de emergencia y la incertidumbre diaria de no saber si el servicio funcionará como debe. Todo ello en un municipio que lleva más de diez años gobernado por el mismo bloque político y que, sin embargo, no ha logrado dar una respuesta estructural a un problema tan esencial como el abastecimiento de agua.
La realidad es cruda, pero evidente: el gobierno municipal no puede seguir pidiendo paciencia eterna a sus habitantes mientras deposita todas las esperanzas en una solución externa que ni depende de él ni ofrece garantías inmediatas. El agua es un servicio municipal, y la responsabilidad de garantizarlo recae sobre el propio gobierno municipal. Mientras no se asuma esa obligación con la seriedad y la planificación que exige, los llaniscos continuaran soportando las consecuencias de un sistema que hace tiempo dejó de estar a la altura de las necesidades del concejo.
Para terminar el post quiero manifestar que lo más inquietante de esta situación no es únicamente la ineficacia reiterada del gobierno municipal de Llanes para garantizar un servicio público esencial como el abastecimiento de agua, sino el hecho de que este modelo de gestión cuente con el aval político y el respaldo explícito del Partido Popular a nivel regional del sicario, Álvaro Queipo. No se trata únicamente de una cuestión de incapacidad administrativa: es la renuncia consciente a ejercer las obligaciones que la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece de forma taxativa en su artículo 25, donde se recuerda que los municipios deben garantizar la prestación mínima y eficaz de los servicios públicos obligatorios, entre ellos el suministro de agua potable.
La norma es clara: el Ayuntamiento no puede desentenderse de sus responsabilidades, no puede delegar de facto en el Principado ni puede ampararse en futuras infraestructuras para justificar la ausencia de actuaciones presentes. Cuando un gobierno local, tras más de una década al frente, continúa ignorando un problema estructural que afecta a la salud, la economía y la dignidad de miles de vecinos, no estamos ante un simple error de gestión, sino ante una distorsión profunda del sentido mismo de la responsabilidad pública.
Resulta aún más grave que esta dejación de funciones sea sostenida mediante un sistema de cargos liberados y sueldos públicos cuya contraprestación debería ser precisamente la correcta gestión de los servicios municipales. No se puede exigir sacrificios constantes a los ciudadanos —vivir con cortes, restricciones y avisos de emergencia— mientras quienes ostentan el poder municipal disfrutan de la estabilidad económica y la protección institucional que otorgan cargos públicos cuya razón de ser es, precisamente, gestionar con competencia lo que la ciudadanía financia con sus impuestos.
El contraste entre las obligaciones legales, las retribuciones públicas y la realidad vivida por los llaniscos es demasiado evidente como para maquillarlo. Mientras el Partido Popular respalda sin fisuras un modelo de gestión que ha sido incapaz de garantizar el agua en pleno siglo XXI, los vecinos siguen asumiendo los costes de esta irresponsabilidad institucional. El resultado es un Ayuntamiento que ha convertido la administración municipal en un espacio de confort político, ajeno a las necesidades reales del concejo y alejado del deber más básico de todo cargo público: servir al interés general y garantizar los derechos esenciales de la ciudadanía.
Hasta que el gobierno municipal —y quienes lo sostienen— no asuman plenamente la gravedad de la situación y la responsabilidad legal y moral que les corresponde, el concejo de Llanes seguirá atrapado en una paradoja intolerable: crecer urbanísticamente como si fuese una ciudad moderna, mientras gestiona el agua como si fuese un municipio sin estructuras ni planificación. Y esa contradicción no la sufrirá el poder político, sino los de siempre, los que pagan, esperan y aguantan… Los llaniscos.
Ya lo dijo Thomas Jefferson: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia sobre quienes gobiernan”.
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