LOBO, LEGALIDAD Y FASCISMO: LA TORMENTA PERFECTA EN ASTURIAS

El diputado del Partido Popular (PP) en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta Cueli ("el mensajero"), se reunió el viernes en Porrúa (concejo de Llanes) con un grupo de ganaderos para manifestar su rechazo a la política autonómica de gestión del lobo. Durante su intervención, acusó al Gobierno regional de aplicar «otro engaño más» al concebir medidas que —según su criterio— “no sirven para nada”.

Venta Cueli denunció que el programa anual de control del lobo únicamente se ha desplegado en 11 de los 78 concejos asturianos, lo que considera una clara muestra de su ineficacia. Subrayó que, mientras los vecinos observan lobos a diario, los responsables de su gestión parecen “incapaces de encontrarlos”.

 

Foto: "el mensajero" Luis Venta, y sus "mariachis" concejales del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar y Juan Carlos Armas

Además, señaló que en las Reservas Regionales de Caza, las cacerías autorizadas para abatir lobos han resultado un “timo absoluto”, ya que “no se ha abatido ni un solo ejemplar”. En concreto, en la zona del Oriente de Asturias —una de las más afectadas por ataques al ganado— afirmó que solo se ha abatido un lobo en los 17 concejos de esa comarca, lo que pone incluso en riesgo la producción local de queso.

En la Sierra del Cuera, que figura como “zona libre de lobos”, los ganaderos presentes en la cita expresaron su malestar por daños que se suceden “a diario” y calificaron la situación como “insostenible e injustificable”. Venta Cueli responsabilizó directamente al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, de aplicar sin rechistar las políticas del presidente autonómico, Adrián Barbón.

Por su parte, el consejero Marcelino Marcos defendió que la política de control del lobo se está ejecutando con rigor. En una rueda de prensa informativa, indicó que el programa no se ha suspendido “ni un solo día”. Según los datos que ofreció, hasta el momento se han eliminado 19 ejemplares —11 mediante extracciones planificadas por los agentes de la Guardería del Medio Natural y 8 por causas naturales o accidentales— lo que representa un 36 % de ejecución sobre un cupo total de 53 ejemplares previsto para el periodo hasta marzo de 2026. También manifestó que hay autorizadas 174 cacerías en reservas regionales, de las que 37 se han celebrado sin éxito, 14 cuadrillas no aceptaron participar y 8 no llegaron a celebrarse. Europa Press+1

Marcos argumenta que el verano es un periodo de menor eficacia para este tipo de controles —por la orografía, condiciones de montaña e incendios, que obligaron a desviar recursos— y que el otoño-invierno es más propicio para lograr resultados. También remarcó que el programa no se limita a abatimientos, sino que contempla ayudas de 1,8 millones de euros para medidas de prevención (cerramientos, pastores eléctricos, mastines), incremento de indemnizaciones (+30 %) y agilización de los pagos (menos de 90 días de media). En cuanto a la implicación de los cazadores, el consejero reconoció que ciertos colectivos rechazan participar por temor a perder su arma o licencia si luego actúan en una batida de lobos, aunque aseguró que “la garantía jurídica existe desde el momento en que se firman las resoluciones autorizando” la participación.

En resumen, el conflicto gira en torno a dos posiciones contrapuestas:

• El PP y los ganaderos denuncian que el programa de control del lobo es ineficiente, limitado territorialmente, sin resultados visibles y que deja desprotegido al sector ganadero.
• El Gobierno autonómico de Barbón y su socio de IU defiende que el programa está en marcha, aporta datos, incluye medidas de prevención y que espera mayor eficacia conforme avance la temporada más propicia para el control.

A día de hoy, el “problema del lobo” y su control cinegético en España está en un punto de máxima tensión jurídica y política: el Congreso ha reabierto la puerta a la caza en parte del país, mientras que la normativa europea y varios tribunales (incluido el TJUE) marcan límites muy claros que usan las organizaciones proteccionistas como ASCEL para tratar de frenar esa vuelta al fusil.

Te lo ordeno en bloques, pero todo en prosa.

1. De dónde venimos: de especie protegida en toda España a un modelo “partido en dos”

Hasta 2021, el lobo tenía un régimen dual:

• Al norte del Duero: era especie cinegética (se podía cazar con cupos y planes autonómicos).
• Al sur del Duero: estaba sometido a protección estricta por la Directiva Hábitats (Anexo IV) y la legislación estatal. MITECO

En septiembre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó la Orden TED/980/2021, que incluyó todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Eso supuso: Actualidad Jurídica Ambiental+1

• El lobo dejó de ser especie cinegética en todo el territorio nacional.
• Quedó prohibida su caza deportiva.
• Solo se podían autorizar controles letales excepcionales al amparo del art. 61 de la Ley 42/2007 (daños graves al ganado, seguridad, etc.), con una justificación técnica muy detallada.

En 2022 el MITECO aprobó la Estrategia para la conservación y gestión del lobo, que fija criterios para esas excepciones y da por hecho que el estatus básico es de especie protegida, no cazable. MITECO

2. Las sentencias que reforzaron la protección (y dieron alas a ASCEL y a los ecologistas)

En ese contexto se fue consolidando un bloque jurídico claramente favorable a la protección:

2.1. Tribunal Constitucional – STC 99/2022

El Tribunal Constitucional, en la STC 99/2022, anuló varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León que seguían tratando al lobo como especie cinegética al norte del Duero pese a su inclusión en el LESPRE. La sentencia:

• Reconoce que la Orden TED/980/2021 tiene carácter básico estatal.
• Obliga a las CCAA a ajustar su normativa de caza al nuevo estatus de especie protegida.
• Confirma que las autonomías no pueden, por su cuenta, “convertir” en cazable una especie que el Estado ha situado en el Listado de Protección Especial. BOE

Esta sentencia fue una victoria indirecta de la línea proteccionista, al blindar el instrumento que había sacado al lobo del ámbito cinegético.

2.2. Tribunal de Justicia de la UE – Asunto C-436/22 (ASCEL vs. Castilla y León)

El gran espaldarazo jurídico llega con el TJUE, en la sentencia de 29 de julio de 2024, asunto C-436/22, ASCEL / Junta de Castilla y León:

• El TJUE dice que el art. 14 de la Directiva Hábitats se opone a que un Estado miembro declare al lobo especie cazable en una parte de su territorio si el estado de conservación de la especie a escala nacional es “desfavorable-inadecuado”.
• Obliga a usar los datos científicos más recientes y el principio de precaución al valorar la compatibilidad de la caza con la conservación. EUR-Lex

Traducido: aunque el Derecho europeo permite cierta gestión cinegética de poblaciones de lobo (Anexo V) cuando están en estado favorable, no se puede legitimar su caza si a nivel de país la especie está mal. Eso pone un listón muy alto para justificar cualquier reapertura generalizada de la caza.

2.3. TSJ de Castilla y León – anulación de la caza de 339 lobos (2019–2022)

En octubre de 2024, el TSJ de Castilla y León declara “ilegal” la caza de 339 lobos autorizada por la Junta entre 2019 y 2022, anulando esas resoluciones de control cinegético. Actualidad Jurídica Ambiental

Aunque se refiere a caza previa a la plena consolidación del nuevo régimen, la sentencia refuerza la idea de que los programas de extracción masiva, sin un encaje muy fino en la Directiva Hábitats y la Ley 42/2007, son jurídicamente muy vulnerables.

2.4. Jurisprudencia autonómica “pro-precaución”

Hay también resoluciones que, sin prohibir totalmente la intervención, exigen un uso muy limitado:

• El TSJ de Asturias (STSJ AS 1895/2024) analiza una resolución de 2022 que autorizaba trabajos de localización y medidas de prevención de daños en Picos de Europa, previos a una posible extracción.
• La asociación ecologista alegaba que, estando el lobo en el LESPRE, no se podían autorizar controles.
• La Sala confirma que sí caben medidas excepcionales, pero bajo condiciones muy estrictas: carácter no cruento en esa fase, justificación técnica y encaje en el art. 61 de la Ley 42/2007 y en la Orden TED/980/2021.Actualidad Jurídica Ambiental

En conjunto, todo este bloque jurisprudencial refuerza la lectura restrictiva del uso de controles letales, y es utilizado por organizaciones como ASCEL, WWF, Ecologistas en Acción, etc., para impugnar planes de caza y cupos.

3. No todo han sido victorias ecologistas: decisiones contrarias a ASCEL

ASCEL no gana siempre. Hay resoluciones relevantes en su contra:

• Auto de la Audiencia Nacional de 25 de noviembre de 2022: ASCEL pidió suspender cautelarmente la disposición adicional 1ª de la Orden TED/980/2021, que permite extracciones excepcionales. La Audiencia Nacional deniega la suspensión, señalando que el eventual perjuicio deriva más de las resoluciones autonómicas concretas que de la propia Orden, y que esas resoluciones pueden ser recurridas caso por caso. Dialnet
• Tribunal Supremo (11.05.2023): inadmite el recurso de ASCEL contra el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, confirmando la sentencia del TSJ cántabro que avalaba el plan.
• El Supremo considera que el plan tiene base científica suficiente y recuerda que, aunque el lobo sea especie cinegética en ese contexto histórico, el plan ya contemplaba la obligación de mantener un estado de conservación favorable y de restringir la caza cuando fuera necesario. Cantabria

 

Estas decisiones muestran que los tribunales no aceptan automáticamente el discurso proteccionista, y que los planes de gestión con buena fundamentación técnica pueden superar el filtro judicial.

4. El gran giro de 2025: la “Ley de desperdicio alimentario” y la vuelta parcial de la caza

El gran cambio llega en 2025, cuando el nuevo bloque parlamentario impulsa una modificación legal que rebaja la protección del lobo:

4.1. La Ley 1/2025 de pérdidas y desperdicio alimentario

La Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, incluye en sus últimas disposiciones una enmienda que modifica el anexo del Real Decreto 139/2011 y, en la práctica, saca al lobo del LESPRE al norte del Duero.Agronews+3BOE+3Newtral+3

En la práctica:

• Al norte del Duero: el lobo vuelve a ser gestionable como especie cinegética (o como especie susceptible de extracción ordinaria) en comunidades como Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, La Rioja, etc., que están adaptando sus órdenes de veda y planes de gestión. Cadena SER+2ElHuffPost+2
• Al sur del Duero: sigue en régimen de protección especial, sin caza deportiva, solo con excepciones muy justificadas.

Diversos análisis periodísticos subrayan que esta modificación se coló discretamente, en la parte final de la ley, sin un debate monográfico específico sobre la protección del lobo.Newtral+1

4.2. Nuevos cupos de caza y programas autonómicos

Tras este cambio normativo:

• Cantabria fija un cupo de 41 lobos hasta julio de 2026 (aprox. un 20 % de su población estimada), dentro de su plan de gestión. El Gobierno cántabro sostiene que la población está en “estado de conservación favorable” y que los controles responden al fuerte aumento de daños al ganado (más de 2.600 ataques y 3.220 reses muertas en 2024).Cadena SER
• Asturias aprueba un programa de control que permite abatir hasta 53 lobos (unos 15 % de su población estimada de 345–400 ejemplares), incluyendo aguardos, recechos y batidas, con dos periodos de extracción anuales y controles puntuales en zonas de daños reiterados. Noticias Jurídicas+2medioambiente.asturias.es+2
• Otras comunidades están incorporando al lobo en sus órdenes de veda o estudiando cupos similares, sobre todo en áreas con alta conflictividad ganadera.ElHuffPost+1

Todo esto está siendo recurrido (o anunciado para recurrir) por entidades como ASCEL, Ecologistas en Acción, Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, etc. El País+1

5. Reacción institucional proteccionista: Defensor del Pueblo y posible choque con el Constitucional y con la UE

El giro de 2025 ha activado una contraofensiva jurídica desde organismos públicos y el movimiento ecologista:

5.1. Recurso del Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta el 1 de julio de 2025 un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones de la Ley 1/2025, por entender que:

• Se han introducido cambios sobre el lobo “por la puerta de atrás” en una ley de desperdicio alimentario.
• Se vulnera el art. 45 CE (derecho al medio ambiente) y el procedimiento previsto en la Ley 42/2007 para cambiar el estatus de especies protegidas. Europa Press+2WWF España+2

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso en julio de 2025, lo que abre un procedimiento que puede terminar declarando inconstitucional —total o parcialmente— la desprotección del lobo al norte del Duero. El País

5.2. Posible conflicto con el Derecho de la UE

El propio recurso y numerosos informes científicos recuerdan que el MITECO ha declarado el estado de conservación del lobo desfavorable a escala estatal, con una estimación de 1.300–1.600 individuos y 333 manadas. El País+1

Aquí vuelve a entrar en juego la sentencia del TJUE en el asunto ASCEL (C-436/22): si el estado es “desfavorable-inadecuado”, no es compatible con el Derecho europeo convertir al lobo en especie cazable en parte del territorio.EUR-Lex+1

Es decir, incluso aunque el Constitucional avalara la ley española, podría abrirse un frente europeo (infracción ante la Comisión, nuevos litigios ante el TJUE) si se consolida un modelo de caza amplia en un contexto de estado de conservación no favorable.

6. Entonces… ¿qué prohibiciones y límites pesan hoy sobre el lobo a la hora de abatirlo?

Resumiendo la situación a día de hoy:

1. Régimen dual territorio / especie
• Sur del Duero: el lobo sigue en el LESPRE →
• Prohibida la caza y las muertes intencionadas como regla general.
• Solo caben excepciones muy justificadas (art. 61 Ley 42/2007): prevenir daños graves al ganado, riesgo para la salud y seguridad, etc., demostrando que no existen alternativas no letales y que no se compromete la conservación.Actualidad Jurídica Ambiental+1
• Norte del Duero: la Ley 1/2025 ha sacado al lobo del LESPRE →
• Las CCAA pueden incluirlo en sus órdenes de veda y fijar cupos de extracción dentro de sus planes de gestión.BOE+2Cadena SER+2
• Aun así, deben respetar la Directiva Hábitats y demostrar que la explotación cinegética es compatible con un estado de conservación favorable, algo discutible mientras los datos oficiales lo sigan calificando de “desfavorable”.EUR-Lex+1
2. Autorizaciones concretas y riesgo jurídico para quien dispara
• En ambos regímenes, los disparos fuera de los planes y autorizaciones oficiales pueden constituir delito contra la fauna o infracción administrativa grave.
• Incluso dentro de los cupos autonómicos, los actos concretos (batidas, aguardos, etc.) son impugnables si no se ajustan a los requisitos de necesidad, proporcionalidad y base científica exigidos por la UE y la Ley 42/2007. Actualidad Jurídica Ambiental+1
3. Seguridad jurídica real de los cazadores
• Gobiernos regionales (por ejemplo, Cantabria y Asturias) defienden que sus planes ofrecen plena seguridad jurídica a los cazadores participantes. Cadena SER+1
• Las organizaciones agrarias replican que, mientras haya recursos de ASCEL, otras ONG y ahora del Defensor del Pueblo en el Constitucional, la seguridad jurídica es relativa (más bien nula): una futura sentencia puede tumbar normas y dejar expuestas actuaciones pasadas, al menos en el plano reputacional y, según cómo se argumente, también en el penal/administrativo.

7. Papel actual de ASCEL y otros actores proteccionistas

Hoy, el papel de ASCEL y otros grupos proteccionistas se centra en tres líneas:

1. Litigios estratégicos
• Demandas contra planes de gestión y órdenes de veda autonómicas.
• Uso intensivo de la sentencia del TJUE en el asunto C-436/22 y del concepto de “estado de conservación desfavorable” para cuestionar cupos y programas que permitan la caza.EUR-Lex+1
2. Apoyo al recurso del Defensor del Pueblo
• ONG como WWF han respaldado públicamente el recurso contra la desprotección del lobo en la Ley 1/2025, considerando que el Gobierno y el Parlamento han “esquivado” el procedimiento científico-técnico previsto para cambiar el estatus de la especie. WWF España+1
3. Presión política y mediática
• Campañas para resituar al lobo como especie clave para los ecosistemas y reclamar su reincorporación al LESPRE en todo el territorio, proponiendo medidas no letales (mastines, cerramientos, ayudas condicionadas…) como alternativa a la caza.

8. Conclusión: un escenario muy inestable

En resumen:

• La caza del lobo ha vuelto parcialmente al norte del Duero por una reforma legal aprobada en 2025.
• Las CCAA ganaderas están aprobando cupos y planes de extracción relativamente amplios. Cadena SER+1
• Pero ese modelo está rodeado de incertidumbre jurídica:
• Recurso de inconstitucionalidad en marcha. El País+1
• Jurisprudencia europea que limita poderosamente la caza en contextos de conservación “desfavorable-inadecuado”.EUR-Lex+1
• Sentencias autonómicas y estatales que ya han anulado autorizaciones de caza de centenares de lobos. Actualidad Jurídica Ambiental+1Principio del formulario

La situación del lobo en las distintas comunidades de nuestro país se encuentra actualmente de la siguiente forma:

1. Comunidades con mayor presencia de lobos

Asturias, gobernada por PSOE e IU

• Estatus legal: al norte del Duero → el lobo ha salido del LESPRE y es cazable dentro del Programa Anual de Control 2025-2026.medioambiente.asturias.es+1
• ¿Caza deportiva? No hay “caza libre” como una especie menor más; son extracciones planificadas dentro del plan de gestión.
• Cupo 2025-2026: hasta 53 lobos (≈15 % de la población regional, estimada en unos 345 ejemplares). A primeros de noviembre llevaban 11 abatidos.
• Cómo se caza: aguardos, recechos y batidas, dentro y fuera de Reservas Regionales, con cacerías específicas en zonas de alta conflictividad ganadera.elDiario.es+1
• Situación judicial:
• El programa se apoya en la nueva ley estatal que desprotege al lobo al norte del Duero y está bajo fuego cruzado: recurso del Defensor del Pueblo al TC contra esa rebaja general de protección, y anuncios de acciones legales de ASCEL y otras ONG contra el propio plan asturiano.Iustel+1 Motivos tienen sobrados los cazadores a no ser cazados por abatir lobos pese a las soflamas de los partidos de la derecha extrema como el PP o Foro y los partidos de la ultraderecha como Vox o VecinosxLlanes
• Argumentos típicos:
• Ganaderos / Gobierno regional: daños crecientes, indemnizaciones muy altas y necesidad de “repartir la carga” con controles letales.
• Proteccionistas: estado de conservación “desfavorable” a escala estatal; los 53 lobos podrían suponer la pérdida de varias manadas y vulnerar la Directiva Hábitats y la reciente sentencia del TJUE en el caso ASCEL. El País+1

Foto: Álvaro Queipo, Juan Valladares y Luis Venta, el trío calavera de la politica asturiana con respecto a lo que marca la ley en la cuestion del lobo, piden a los demás (ganaderos) lo que ellos no hacen... Matar lobos para terminar delante de un juez.
 

Cantabria, gobernada por el PP

• Estatus legal: norte del Duero, cazable con plan de gestión propio.
• ¿Caza deportiva? De nuevo, no es “pieza más de caza menor”, sino cupo de extracción dentro del Plan de Gestión del Lobo.
• Cupo 2025-2026: 41 lobos autorizados por Resolución de 2 de abril de 2025.
• Ejecución:
• En agosto el Gobierno informó de 21-24 lobos ya extraídos (según nota y posteriores actualizaciones), más varios atropellados.
• Situación judicial:
• Diversas ONG (entre ellas ASCEL) preparan o ya han presentado recursos contra el cupo de 41 y contra la propia desprotección al norte del Duero.elconfidencial.com+1
• Argumentos:
• Gobierno cántabro: más de 200 lobos en la región; los daños al ganado se han disparado (más de 2.600 ataques y 3.200 reses muertas en 2024), por lo que necesitan reducir densidad. Cadena SER+1
• Ecologistas: el cupo (≈20 % de la población) es excesivo y puede eliminar manadas completas; no se han agotado medidas preventivas no letales. El País+1

Galicia, gobernada por el PP

• Estatus legal:
• La Xunta intentó reactivar la caza del lobo, pero el TSXG la ha suspendido cautelarmente.ElHuffPost+1
• La Resolución de 3 de abril de 2025 (DOG 71) establece que la caza del lobo queda prohibida con carácter general, permitiendo solo medidas de control por daños. Xunta de Galicia+1
• ¿Caza deportiva? No; ahora mismo la caza está suspendida / prohibida, solo caben controles puntuales de daños.
• Cupo 2025-2026: la resolución que reactivaba la caza para 2024-2025 ha quedado en el aire por la suspensión judicial; para 2025-2026 no hay un cupo plenamente operativo.
• Situación judicial:
• El TSXG aplica el principio de precaución, criticando la falta de datos cuantitativos y cualitativos sobre daños al ganado que justifiquen la caza.
• Argumentos:
• Xunta / organizaciones agrarias: Galicia tiene unas 93 manadas y cerca de 800 lobos, con mucha presión sobre la ganadería extensiva, especialmente en montaña.
• Proteccionistas: la caza no está suficientemente justificada; los daños son indemnizables, pero la pérdida de ejemplares puede afectar a la viabilidad de las poblaciones.ElHuffPost+1

Castilla y León, gobernada por el PP y Vox

• Estatus legal:
• Región clave (muchas manadas al norte del Duero).
• Con la desprotección estatal al norte del Duero, la Junta tiene vía libre para reintroducir la caza controlada, pero está siendo muy cautelosa por el historial de pleitos. El País+2Diario de Castilla y León+2
• ¿Caza deportiva?
• No hay una “orden de vedas del lobo” simple; Castilla y León funciona con periodos fijos y planes, no con orden anual de vedas para cada especie.
• Organizaciones cinegéticas dan por hecho que la caza del lobo volverá, pero de momento todo está muy condicionado por los tribunales.
• Cupo 2025-2026:
• No hay un número tan claro y “publicitado” como en Asturias o Cantabria; se habla de reactivar la caza mediante instrucciones y planes específicos por zonas, ligados a daños.
• Situación judicial:
• Viene de una sentencia del TSJ que declaró ilegal la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022, por defectos en la justificación.
• ONG como Fondo del Lobo han pedido incluso veda total de la caza por tiempo indefinido en la comunidad.
• Argumentos:
• Junta / sector ganadero y cinegético: Castilla y León soporta buena parte de los daños del lobo en España; piden recuperar el modelo anterior de especie cinegética al norte del Duero. Cadena SER+1
• Ecologistas / ASCEL: Castilla y León es epicentro de manadas; si se abre la mano con cupos altos, se puede comprometer la viabilidad global pese al ligero aumento de manadas del último censo .El País+1

La Rioja, está gobernada por el PP

• Estatus legal:
• En 2021 el lobo pasó a ser especie protegida en la comunidad; en 2025 ha sido re-declarado especie cinegética para favorecer su control.
• ¿Caza deportiva? En teoría, sí se ha abierto la puerta a la caza como herramienta de gestión, pero su aplicación práctica está “congelada” por recursos judiciales. Cadena SER+1
• Cupo / gestión 2025-2026:
• El gobierno regional ha anunciado la eliminación de la tasa de 1.250 € por sacrificar lobos, para facilitar su control; el censo habla de 6 manadas y unos 71 ejemplares.
• Situación judicial:
• Hay recursos admitidos a trámite que piden frenar la caza del lobo en La Rioja, de modo que cualquier cupo real está pendiente de la justicia. Cadena SER+1
• Argumentos:
• Gobierno riojano y ganaderos: denuncian una caída del 25 % de la cabaña ganadera en cuatro años por ataques de lobo (504 animales muertos en 2024).
• ONG: consideran temerario declarar cinegética la especie con una población aún muy pequeña y en expansión reciente.

País Vasco (Euskadi), gobernada por el PNV

• Estatus legal:
• El Gobierno Vasco ha manifestado que, pese a la desprotección estatal al norte del Duero, el lobo seguirá protegido, aunque se estudia encajar su estatus en una categoría “más ajustada a la convivencia”.
• ¿Caza deportiva? No. A día de hoy no hay caza autorizada del lobo; la especie se ha tratado hasta ahora como estrictamente protegida y cualquier cambio sería muy polémico.
• Cupo 2025-2026: ninguno.
• Situación judicial:
• Más que pleitos concretos sobre cupos, aquí hay una batalla política y social sobre si Euskadi debe abrir la puerta a la caza o mantenerse en la protección estricta.
• Argumentos:
• Ganaderos: ven con preocupación el avance de manadas desde Burgos / La Rioja y piden herramientas contundentes si los daños aumentan.
• Grupos ecologistas y parte del Gobierno: apuestan por seguir con protección alta, con medidas preventivas y compensatorias en lugar de caza.

2. Resto de comunidades con presencia o potencial de lobo

Navarra, gobernada por una coalición de partidos PSN-PSOE, GBai, y CN-ZN

• Estatus legal:
• El lobo está catalogado en Navarra como especie “extinta” desde 1995; no hay manadas estables desde hace más de un siglo, aunque ocasionalmente aparecen individuos dispersantes.
• ¿Caza deportiva? No. La desprotección estatal al norte del Duero es básicamente simbólica aquí, por falta de población.
• Gestión:
• Lo que se discute más es un plan general de control de fauna silvestre (jabalí, corzo, etc.) y limpieza de cauces, más que un programa específico sobre lobo.

Aragón, gobernada por el PP

• Estatus legal:
• El lobo podría cazarse de nuevo al norte del Duero según la nueva ley estatal, pero Aragón tiene que demostrar daños y población suficiente para cambiar su estatus; de momento sigue de facto en régimen de alta protección.
• ¿Caza deportiva? No hay caza organizada de lobo hoy por hoy.

Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Cataluña, C. Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias

• Estatus general:
• En estas regiones el lobo está al sur del Duero o directamente no hay manadas residentes (caso de archipiélagos).
• El marco europeo y estatal mantiene un estatus de protección alta (en varios casos “en peligro de extinción” a nivel autonómico) y la caza está prohibida.
• Gestión:
• Si aparecen individuos aislados (por ejemplo, expansión hacia Sistema Central, Cataluña, etc.), se recurre a seguimiento, prevención y, en casos extremos, extracciones puntuales autorizadas al amparo del art. 61 de la Ley 42/2007, no a una caza deportiva normal.

3. Resumen global a dicha situación del lobo en nuestro país.

Si se mira en su conjunto:

• Solo cuatro CCAA están ahora mismo con caza o intento de caza abierta del lobo:
• Asturias (53), Cantabria (41), La Rioja (caza prevista pero pendiente de tribunales) y Castilla y León (en fase de reactivación, sin cupo tan claro como las anteriores).El País+4medioambiente.asturias.es+4Iberley+4
• Galicia ha intentado sumarse, pero el TSXG lo ha frenado cautelarmente, dejando la caza en pausa y solo permitiendo controles por daños.ElHuffPost+2Xunta de Galicia+2
• País Vasco, Navarra y Aragón están en un punto intermedio:
• La ley estatal les permite en teoría rebajar protección al norte del Duero, pero sus gobiernos (y en Navarra, además, la ausencia de manadas) hacen que no haya caza activa.El País+3Euskadi+3Contigo Zurekin+3
• El resto de España sigue en clave de protección fuerte / especie amenazada, donde cualquier abatimiento solo se concibe como control excepcional y no como gestión cinegética ordinaria.MITECO+2El País+2

Y por encima de todas las CCAA planean dos “espadas” jurídicas que pueden traer graves consecuencias a los ganaderos que abatan lobos por recomendación de los partidos de la derecha extrema o ultraderecha y socialistas timoratos donde se abaten como sucede en Asturias bajo la presidencia de Barbón:

1. El recurso del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que puede tumbar la desprotección al norte del Duero. Iustel
2. La sentencia del TJUE en el caso ASCEL (C-436/22) y el reconocimiento oficial de que el lobo está en “estado de conservación desfavorable” en España, lo que choca con la idea de explotarlo cinegéticamente en regiones clave. El País+1 

En Asturias, la gestión del lobo se ha convertido en uno de los temas más conflictivos del ámbito rural. El Gobierno del Principado cuenta con alrededor de 45 manadas y una población estimada entre 350 y 400 lobos, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor densidad del norte de España. A la vez, los daños a la ganadería —especialmente vacuno y ovino en extensivo— han aumentado de forma constante, superando los 3.000 expedientes anuales y más de 1,5 millones de euros en indemnizaciones.

Tras la retirada del lobo del LESPRE al norte del Duero, el Gobierno del Principado aprobó un Programa Anual de Control que fija la posibilidad de abatir hasta 53 lobos, alrededor del 15 % de la población regional. Sin embargo, el avance del plan ha sido limitado: a mitad de año apenas se habían abatido once ejemplares. Los partidos de la oposición —PP, Foro y Vox y VecinosxLlanes— califican estos resultados de “irrisorios”, acusando al Gobierno de Adrián Barbón de falta de firmeza y de “no controlar” la situación en el campo.

El Gobierno del Principado sostiene que los abatimientos deben cumplir estrictamente con los criterios legales marcados por la normativa española y europea, que exige justificar cada extracción con informes técnicos, acreditar daños y garantizar que no se compromete el estado de conservación de la especie. A esto se suma la presión judicial: varias organizaciones conservacionistas han recurrido el programa y la reciente jurisprudencia europea exige mayor precaución en territorios donde el lobo no está en “estado de conservación favorable”.

El resultado es un escenario donde la gestión del lobo se ha convertido en un asunto altamente politizado: la derecha extrema y la ultraderecha acusan de dejación al Gobierno autonómico, mientras que el Ejecutivo intenta equilibrar las exigencias legales con las demandas de los ganaderos, sin llegar a satisfacer plenamente a ninguno de los dos lados.

Llanes es uno de los municipios donde esta tensión es más visible. La ganadería extensiva tiene un peso central en la economía local, y las juntas ganaderas han denunciado un incremento notable de ataques. En zonas previamente catalogadas como “libres de lobo” se han identificado varios ejemplares y se han registrado más de 200 reses muertas en determinados periodos, lo que ha avivado el malestar de los productores.

El gobierno fascista municipal de Llanes, liderado por VecinosxLlanes con apoyo del PP, se ha situado claramente en el bloque favorable a reforzar el control letal. Ambos partidos han defendido públicamente la necesidad de “regular” o “reducir” la población de lobos en el concejo, apoyando las demandas ganaderas y criticando la gestión del Principado. Han pedido en varias ocasiones medidas más contundentes, más intervención en zonas de daños reiterados y una ejecución más rápida del plan autonómico. Lo curioso de dicha situación, es que ellos animan a los ciudadanos a saltarse la ley y sin embargo no cogen la escopeta y dan ejemplo matando lobos, lo cual sería un buen camino para inhabilitarlos de la política de una vez por todas.

Las reclamaciones del municipio se han intensificado en actos públicos, reuniones vecinales y sesiones plenarias como la “performance” del “mensajero” en Porrúa, Luis Venta Cueli o las manifestaciones que hace periódicamente, el mitad político y mitad sindicalista, Juan Valladares, concejal de Agroganadería en el gobierno municipal de Llanes del partido fascista, VecinosxLlanes. Además, dirigentes del PP asturiano han realizado visitas específicas a Porrúa y otras parroquias llaniscas para apoyar la línea del gobierno local y denunciar la “ineficacia” del plan autonómico.

Sin embargo, las competencias de control del lobo corresponden al Gobierno del Principado, no a los ayuntamientos. Esto sitúa al gobierno municipal en una posición de presión política, pero con poca capacidad real de ejecución. La consecuencia es que el lobo se ha convertido en un frente político interno dentro del municipio: los ganaderos reclaman acciones urgentes que mitiguen sus problemas, los partidos locales cargan contra el Principado, y el Gobierno regional insiste en que debe actuar conforme a la legalidad estatal y europea.

En Asturias y especialmente en Llanes, el lobo ha dejado de ser únicamente una cuestión de conservación o de ganadería para convertirse en un símbolo político. Los datos oficiales muestran daños crecientes y una población estable o en ligera expansión, mientras que la ejecución de los planes de control avanza despacio debido al marco legal y a la vigilancia judicial. En este contexto, las voces políticas locales —especialmente PP, Foro, Vox y VecinosxLlanes— emplean el problema como herramienta de oposición, mientras el Gobierno del Principado intenta aplicar un equilibrio difícil entre la normativa europea, la gestión científica y las demandas del sector ganadero.

Para terminar el post quiero manifestar que si algo demuestra este largo y conflictivo recorrido, es que el debate sobre el lobo no puede seguir sosteniéndose únicamente sobre impulsos políticos, tensiones rurales o “performances” mediáticas como la realizada ayer en Porrúa por la derecha extrema del PP. La propia Comisión Europea, la Directiva Hábitats y la legislación española —respaldadas por décadas de investigación científica— reconocen al lobo como un depredador ápice y como una especie clave en los ecosistemas naturales. Su presencia regula las poblaciones de ungulados, favorece la regeneración forestal, reduce la expansión de enfermedades en la fauna silvestre y contribuye, en última instancia, al equilibrio global de los hábitats de montaña y media montaña.

Si el lobo cumple una función ecológica esencial y está protegido precisamente porque la ciencia ha demostrado su valor ambiental, los ganaderos no pueden ni deben ser los sacrificados de esa ecuación. No es razonable exigirles que soporten pérdidas que derivan de decisiones de conservación adoptadas desde las administraciones. En cualquier política pública coherente —y en cualquier Estado de Derecho funcional— quien debe asumir el coste de esa conservación es la administración, no las familias que viven de la ganadería extensiva.

Por ello, una vía de equilibrio real pasa por retribuir el daño al precio de mercado, no con indemnizaciones simbólicas, tardías o sometidas a trámites interminables, sino con compensaciones que permitan mantener vivas las explotaciones y garantizar que la coexistencia con el lobo no sea una ruina económica. Si el Estado español y la Unión Europea reconocen el valor ecológico del lobo, deben reconocer también el valor social de quienes mantienen el territorio vivo.

En Asturias, este principio debería ser evidente. Sin embargo, la gestión regional del gobierno de Barbón se ha movido demasiado tiempo entre la retórica, la presión política y las respuestas insuficientes. Ninguna administración puede jugar con los intereses de sus ciudadanos mientras ofrece únicamente gestos vacíos o pugnas partidistas. Compensar justamente, prevenir eficazmente y planificar con rigor científico no son opciones: son obligaciones legales y éticas.

Porque, si no se avanza hacia una solución seria, transparente y jurídicamente sólida, los conflictos no desaparecerán: solo se agravarán. Y quienes hoy agitan el problema para hacer oposición terminarán repitiendo mañana la misma parálisis cuando gobiernen. En un Estado que funciona mediante leyes y tribunales, no mediante proclamas, cualquier desviación de los procedimientos científicos y jurídicos acabará —inevitablemente— ajustándose las cuentas en sede judicial.

En definitiva, conservar al lobo y proteger la ganadería no son objetivos incompatibles, pero requieren abandonar la política del gesto y comprometerse con una gestión que respete la ciencia, el derecho y la dignidad de quienes viven en el territorio. Sólo así podrá construirse un modelo duradero en el que ni el lobo sea demonizado, ni los ganaderos abandonados, ni la ciudadanía utilizada como escenografía para aspiraciones partidistas.

Ya lo dijo Platón: “El castigo que sufren los buenos cuando rehúyen la política es ser gobernados por los malos.”

 

Final del formulario