La gestión del lobo en Asturias atraviesa un momento de fuerte tensión entre el Gobierno regional, los cazadores, los ganaderos y los grupos ecologistas. Aunque la Consejería de Medio Rural cuenta con autorización para eliminar 53 lobos hasta marzo de 2026, la ejecución del plan avanza con mucha lentitud: solo se han abatido 12 ejemplares de forma oficial –más otros 8 muertos por causas no relacionadas– y ninguno ha sido eliminado por los cazadores, pese a estar autorizados en decenas de batidas.
Los cazadores, representados por el presidente de la Federación de Caza de Asturias, Valentín Morán, aseguran que es “muy difícil” matar un lobo durante cacerías de otras especies como el jabalí, porque los animales huyen con el ruido de los perros y rara vez coinciden en el lugar de la batida. Además, muchos cazadores rechazan participar por miedo a acabar en los juzgados, ya que el lobo no es especie cinegética en Asturias y temen el “acoso” de los grupos ecologistas, quienes han anunciado que llevarán ante la justicia cualquier muerte que consideren fuera de la ley.
Esta situación ha generado un clima de desconfianza. Mientras el Principado insiste en que respalda jurídicamente a los cazadores y que el plan de control del lobo se está cumpliendo “a rajatabla”, las organizaciones agrarias reclaman más implicación y eficacia, señalando que los daños al ganado continúan. Por su parte, el PP duda de la efectividad del modelo asturiano y exige mayores “garantías jurídicas” para los cazadores. Los populares comparan la situación con Cantabria, donde aseguran que el plan de control ha eliminado ya entre 35 y 40 ejemplares.
Ante la falta de resultados, la Consejería ha decidido recurrir a profesionales y guardas de los cotos para apoyar a los agentes del Medio Natural, aunque algunos critican esta medida porque ciertos guardas solo pueden portar armas de bajo calibre. Aun así, el Gobierno regional insiste en que sí se han abatido lobos y que no revelará las zonas de actuación para evitar conflictos, dado lo “polarizado” del tema.
Las organizaciones ecologistas, especialmente el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, anuncian que estudiarán al detalle la legalidad de que cazadores abatan lobos, puesto que el animal ya no figura en el listado de especies estrictamente protegidas, pero tampoco es especie cinegética en Asturias. Si detectan irregularidades, advierten de que iniciarán acciones legales contra todos los responsables.
En medio de este enfrentamiento, la Consejería de Medio Rural defiende una posición “equilibrada”: proteger la actividad ganadera y agrícola, pero también garantizar la conservación del lobo. El éxito del plan de control, que se evaluará en marzo de 2026, será –según el Principado– una responsabilidad compartida entre administración, cazadores, guardería, ganaderos y sociedad.
Lo primero que quiero manifestar que las mentiras del fascismo del PP vuelven a quedar al descubierto con sus afirmaciones con respecto al plan que se lleva bajo su gobierno en Cantabria. En dicha comunidad el plan de gestión del lobo que autoriza abatir hasta 41 ejemplares ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones proteccionistas, que denuncian que la estrategia carece de base científica y supone un riesgo para la conservación de la especie. WWF España considera que el programa es “insostenible y sin fundamento técnico”, mientras que INTERCIDS ha señalado graves carencias metodológicas y la falta de un enfoque preventivo ante los daños al ganado. A estas críticas se suman colectivos como Ecologistas en Acción, ARCA o Verdes Equo Cantabria, que reclaman una moratoria inmediata y alertan de que continuar con las extracciones tras los incendios recientes agrava todavía más la situación ambiental. También Podemos Cantabria se ha desmarcado del plan, cuestionando su compatibilidad con la legislación estatal y europea al priorizar el control letal sobre otras medidas.
Este rechazo social y científico ha desembocado en una batalla jurídica. Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han recurrido ante la justicia la resolución que autoriza la extracción de los lobos, interponiendo un recurso contencioso-administrativo y solicitando medidas cautelares para suspender el plan. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestimó la suspensión cautelar al considerar que la especie no está en un estado de conservación desfavorable, el proceso continúa. Además, PACMA ha impulsado una vía penal mediante una querella contra la consejera de Desarrollo Rural y el director general de Biodiversidad, a quienes acusa de posibles delitos de falsedad documental y maltrato animal relacionados con las órdenes de abatimiento. Todo ello se produce en un contexto donde el Tribunal Supremo ya había avalado un plan previo de gestión del lobo aprobado en 2019, lo que no ha frenado la ofensiva legal de los ecologistas frente a la nueva política de control letal. En conjunto, la reacción en Cantabria combina movilización social, oposición política y una intensa respuesta judicial, convirtiendo la estrategia de abatimiento de lobos en un asunto abiertamente judicializado por las organizaciones defensoras de la fauna.
En la comunidad de Galicia, la respuesta de la justicia ante las iniciativas del Gobierno autonómico para autorizar el abatimiento del lobo ha sido clara y favorable a las organizaciones de protección de la fauna. Aquí están los puntos clave:
· El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido de forma cautelar varias resoluciones de la Xunta de Galicia que pretendían autorizar la caza del lobo para la temporada 2024-2025 o la 2025-2026. Poder Judicial+1
· En su autos, el tribunal basa su decisión en el principio de precaución medioambiental, señalando que los daños al ganado “si bien no son reversibles, sí son indemnizables” y que no se había justificado suficientemente la necesidad de abatimientos frente a la viabilidad de la población de lobos. Poder Judicial+1
· El TSXG recuerda además que el lobo está incluido en el Anexo V de la Directiva Hábitats (especie de interés comunitario) y que su estado de conservación no puede evaluarse solo a nivel local sino también considerando la población ibérica completa, incluyendo por ejemplo la situación en zonas limítrofes con Portugal. WWF España+1
· Como consecuencia de estas resoluciones, la Xunta no ha podido avanzar con el régimen de caza del lobo en Galicia mientras dure el proceso judicial, lo que ha generado críticas desde el sector ganadero por la “inacción” en controles poblacionales. Afriga+1
En resumen, en Galicia, a pesar de que el Gobierno autonómico (dirigido por el partido Partido Popular de Galicia) quería avanzar con medidas de abatimiento del lobo como instrumento de gestión, los tribunales de justicia han frenado en seco esas iniciativas hasta que no se acrediten técnicamente los datos que las justifican, priorizando la protección de la especie.
Como vemos el problema está encallado ante una oposición fascista del PP, Vox, VecinosxLlanes y demás basura política que no propone nada salvo dos cuestiones: saltarse la ley o engañar a los afectados. Veamos que sucede en el mejor país de nuestro entorno que gestiona con mejor criterio dicha situación del lobo
Suiza es uno de los países europeos que ha logrado un equilibrio más efectivo entre la protección del lobo y la defensa de la ganadería, convirtiéndose en un modelo de referencia en Europa. Su estrategia se basa en la idea de que la convivencia es posible siempre que se trabajen tres pilares fundamentales: prevención eficaz, compensaciones justas y seguimiento científico continuo.
El Estado suizo financia entre el 80% y el 100% de todas las medidas preventivas, y en algunos cantones estas son incluso obligatorias para poder acceder a las indemnizaciones. Estas medidas incluyen el uso de perros mastines certificados, vallas eléctricas móviles de alto rendimiento, la contratación de pastores profesionales, la agrupación nocturna del rebaño y el empleo de tecnologías de vigilancia como GPS o dispositivos acústicos disuasorios. Gracias a este sistema preventivo completo, los ataques al ganado se han reducido de manera muy notable en las zonas donde se aplica adecuadamente.
Otro elemento clave es el sistema de indemnizaciones, considerado uno de los más eficientes de Europa. Suiza garantiza pagos rápidos, con poca burocracia, y cubre no solo el valor del animal perdido, sino también los daños indirectos y el lucro cesante. A cambio, exige que los ganaderos hayan aplicado correctamente las medidas preventivas, asegurando así la corresponsabilidad entre el Estado y el sector agrícola.
La política suiza de gestión del lobo se caracteriza además por un enfoque no letal basado en el conocimiento científico. El país invierte de forma intensiva en monitoreo genético de las manadas, estudios continuos sobre su comportamiento y distribución, y equipos técnicos especializados que hacen seguimiento de cada territorio. La eliminación de ejemplares solo se autoriza en casos excepcionales, cuando un lobo ha demostrado atacar de manera reiterada a rebaños debidamente protegidos, y tras comprobar que todas las alternativas preventivas se han aplicado sin éxito.
Todo este sistema funciona porque existe una implicación directa de la Administración del Estado y un amplio consenso social. El gobierno asume los costes, coordina la protección del ganado y trabaja con organizaciones ecologistas y sectores rurales en la elaboración de los planes de gestión. Los agricultores, por tanto, no se sienten abandonados, y la población en general acepta la presencia del lobo como parte del patrimonio natural del país.
Los resultados de este modelo son evidentes: una reducción drástica de ataques en las zonas donde se aplica la prevención completa, rebaños mejor protegidos que en la mayoría de regiones europeas, una población de lobos estable y viable, y ganaderos más satisfechos que en aquellos países donde la caza es el recurso principal.
En el resto de Europa la situación es diversa. Italia sigue un modelo muy similar al suizo, basado en la prevención y la prohibición del control letal, con resultados muy positivos aunque variables entre regiones. Alemania exige medidas preventivas y solo permite abatimientos en casos excepcionales, aunque su sistema de indemnización es más lento. Francia, en cambio, presenta un escenario más conflictivo: las medidas preventivas son insuficientes y el Estado recurre con frecuencia al abatimiento de ejemplares, lo que reduce su efectividad y aumenta el malestar tanto entre ganaderos como entre ecologistas.
En resumen, el modelo suizo —seguido en parte por Italia— demuestra que la convivencia con el lobo es plenamente posible cuando se invierte en prevención, se compensan las pérdidas de forma justa, se fundamentan las decisiones en criterios científicos y se utilizan los controles letales únicamente como último recurso. Cuanta más prevención se aplica, menos lobos se matan y menos ganado muere.
Qué hacen los políticos españoles para “escurrir su responsabilidad” frente al problema del lobo
En España, la respuesta habitual ante los conflictos entre el lobo y la ganadería suele ser recurrir al control letal del animal, una vía rápida que muchos gobiernos autonómicos consideran eficaz a corto plazo. Sin embargo, esta estrategia contrasta con la aplicada en países como Suiza, donde la convivencia se aborda desde la prevención, la ciencia y la gestión profesionalizada. La clave de la diferencia radica en la forma de entender el problema. Mientras en Suiza se parte de la premisa de que, si se producen ataques, es señal de que la administración no ha protegido adecuadamente al ganadero, en España la responsabilidad se desplaza hacia el propio animal. Se presenta el conflicto como un simple “lobo contra ganadero”, y la solución inmediata que se propone es eliminar a los lobos implicados. Actuar así permite evitar preguntas incómodas sobre fallos en la prevención, retrasos en las indemnizaciones, carencias en la gestión del territorio o falta de inversión pública.
A esto se suma que la opción de abatir lobos es la más sencilla y barata para los responsables políticos. Aplicar un modelo similar al suizo requeriría inversiones millonarias y mantenidas en el tiempo, equipos especializados para el seguimiento de las manadas, mastines certificados, formación profesional para pastores, indemnizaciones rápidas y completas, así como coordinación entre administraciones y una planificación seria a largo plazo. Frente a todo ello, matar un lobo requiere pocos recursos, escaso esfuerzo político y produce la sensación inmediata de que “se está haciendo algo”, aunque en realidad no solucione el problema de fondo.
El conflicto con el lobo también se ha convertido en España en un arma política por unos políticos fascistas de la la derecha extrema como el PP y un izquierda temeraria como los que hoy gobiernan en el Principado con Barbón al frente de la solución a dicho problema. En determinadas comunidades autónomas se utiliza como herramienta para ganarse el favor del sector ganadero, para marcar distancias con el Gobierno central o para lanzar mensajes de mano dura y defensa del medio rural. Esto desplaza el debate científico y técnico y lo transforma en un conflicto emocional y partidista que impide avanzar hacia soluciones reales.
Otro factor determinante es la falta de responsabilidad institucional ante la inacción preventiva. Aplicar medidas de protección requiere equipos técnicos, inspecciones regulares, subvenciones bien gestionadas y normas claras. Sin embargo, cuando un ataque ocurre sobre un rebaño que no contaba con medidas adecuadas, muchos responsables políticos prefieren evitar la cuestión clave —por qué no se protegió el rebaño antes del ataque— y recurren al mensaje simplista de que “hay demasiados lobos”.
Foto: el consejero de Agricultura, Marcelino Marcos Líndez, Adrián Barbón y Álvaro Queipo, tres inútiles frente al problema del lobo en Asturias
La ausencia de planificación científica agrava aún más la situación. Mientras Suiza realiza un seguimiento exhaustivo de cada manada y dispone de sistemas unificados de monitoreo genético, España carece de censos anuales coordinados, no cuenta con un seguimiento genético estatal y cada comunidad autónoma aplica protocolos de prevención distintos. Esta falta de una estrategia nacional coherente provoca que las decisiones se tomen de forma reactiva, impulsadas por la presión social o mediática, en lugar de basarse en datos sólidos y planificación rigurosa.
En conjunto, la política del “muerto el perro, se acabó la rabia” sintetiza la tendencia simplista que algunos dirigentes aplican al gestionar el problema del lobo. Cuando una administración no quiere invertir, coordinar esfuerzos, asumir costes o modernizar la ganadería extensiva, la vía rápida es eliminar lobos para crear la impresión de que el conflicto está bajo control. Pero la realidad demuestra lo contrario: los ataques no disminuyen, el conflicto persiste y los ganaderos siguen desprotegidos. El modelo suizo evidencia claramente que existen alternativas eficaces que permiten convivir con el lobo, proteger los rebaños y ofrecer soluciones duraderas basadas en prevención, conocimiento y responsabilidad política… Pero en España y Asturias en particular, seguimos instalados en el abandono más absoluto con “perroflautas” políticos como los que hoy tenemos en la derecha extrema del PP, Vox, Foro, VecinosxLlanes y los acomplejados “barbonistas” de un PSOE desnortado que son incapaces de resolver un problema con la solución delante de sus narices, como ha demostrado el modelo suizo.
El conflicto del lobo en España —y de forma sangrante en Asturias— no es el resultado inevitable de una especie difícil de gestionar, sino el fruto directo de una clase política que ha convertido la incapacidad en forma de gobierno. Ni la derecha que presume de soluciones inmediatas ni la izquierda que se reclama defensora del equilibrio ecológico han sido capaces de asumir la responsabilidad que exige este problema. Ambas han elegido el mismo camino cobarde: improvisar, retrasar, señalar culpables y esconder su inutilidad detrás de discursos emotivos.
La derecha extrema y el fascismo han convertido al lobo en arma electoral, una herramienta propagandística con la que prometer mano dura, cuando en realidad sus modelos —como se ve en Cantabria o Galicia— se derrumban al primer examen judicial o científico. Construyen su relato en torno a la idea de “sobran lobos”, porque es sencillo, porque es rápido, porque políticamente rinde. Pero la realidad es tozuda: matar más lobos no reduce los ataques, y Europa entera lo demuestra. Se limitan a agitar el miedo y a exigir permisos de abatimiento que luego ni siquiera pueden sostener legalmente cogiendo el fusil haciéndolo ellos en primera persona, ante el temor de terminar con su sustento económico que tienen del pesebre público.
La izquierda, por su parte, se parapeta en un discurso de conservación que no se acompaña de inversión, planificación ni rigor técnico. En Asturias, la gestión del Principado ha sido una sucesión de anuncios vacíos, planes lentos, decisiones contradictorias y una incapacidad absoluta para ofrecer seguridad jurídica, prevención eficaz o un sistema de indemnizaciones digno. Han preferido no molestar a nadie… Y al final descontentan a todos: ganaderos, ecologistas, cazadores y sociedad. Han confundido “equilibrio” con parálisis.
Mientras unos y otros juegan al desgaste mutuo, el campo asturiano sigue abandonado, los ganaderos siguen sin protección, las resoluciones judiciales siguen frenando ocurrencias mal diseñadas y el conflicto se enquista como siempre. Y lo más grave: España continúa ignorando que existe un modelo eficaz, probado y sostenible —el suizo— simplemente porque exige trabajo, inversión y planificación a largo plazo, tres cosas que nuestra clase política parece incapaz de ofrecer.
Lo que necesitamos no son eslóganes ni batidas simbólicas ni planes redactados para salir del paso. Necesitamos responsabilidad. Necesitamos datos. Necesitamos prevenir primero y actuar después. Y, sobre todo, necesitamos que quienes gobiernan estén a la altura de un país que merece soluciones reales, no excusas partidistas.
Porque al final, el verdadero problema del lobo en España no es el lobo. Son los políticos que llevan décadas demostrando que no saben —o no quieren— gestionarlo. Y mientras esa incompetencia siga instalada en el poder, seguiremos pagando todos las consecuencias: ganaderos, ecosistemas, contribuyentes… Y, por supuesto, el propio lobo.
Ya lo dijo Plauto: “El hombre es el lobo del hombre.”
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