La situación de la vivienda en España —y de forma especialmente visible en Asturias y en ciudades como Gijón o Llanes— muestra una paradoja estructural cada vez más profunda: mientras miles de personas esperan una vivienda pública de emergencia, el mercado inmobiliario sigue acumulando riqueza en manos de grandes propietarios y fondos que continúan expandiendo su capacidad de influencia sobre el parque residencial.
En Gijón, la empresa pública del Ayuntamiento de Gijón, Emvisa, gestiona más de 225 solicitudes de emergencia social ya baremadas y casi 600 pendientes de valoración, un volumen que desborda su capacidad. La entidad atribuye esta saturación a la falta de viviendas disponibles, un problema que recae, según denuncia el gobierno de Moriyón por voz de su concejal Pendás, en la escasa aportación del Gobierno del Principado. La demanda aumenta, la tramitación se ralentiza y las familias en situación de vulnerabilidad quedan atrapadas en una espera indefinida. A ello se suma que Vipasa, gestora autonómica, adjudica viviendas de urgencia fuera del conocimiento directo de la empresa municipal, evidenciando una falta de coordinación entre administraciones que agrava el bloqueo. La accesibilidad del proceso —basta con presentar una solicitud— multiplica las peticiones, pero muchas no cumplen los requisitos, saturando aún más el sistema.
Esta crisis de acceso a la vivienda convive con otra realidad que revela la contradicción central del mercado: Asturias cuenta con más de mil particulares y centenares de empresas que superan el umbral legal de grandes tenedores, acumulando decenas e incluso centenares de viviendas. En un territorio con un parque residencial limitado, la capacidad de concentración inmobiliaria no es residual, sino estructural. Ante esta situación, el Gobierno del Principado ha aprobado una reforma fiscal que endurece la tributación de las operaciones realizadas por estos grandes propietarios, especialmente si se orientan a usos turísticos o especulativos. La medida busca frenar la desviación del parque residencial hacia el alquiler vacacional y proteger el acceso a la vivienda como derecho, no como activo financiero.
La situación de la vivienda en municipios como Llanes, gobernados por el fascismo de partidos políticos como VecinosxLlanes y su bastón del PP, refleja un escenario de presión extrema en el que confluyen varios factores estructurales: la turistificación acelerada, la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) durante una década y la creciente influencia de los grandes tenedores sobre el parque residencial. Según el Banco de España, los municipios turísticos son los que sufren mayor tensión inmobiliaria, y Llanes se ha convertido en el ejemplo más evidente dentro de Asturias.
A esta presión se suma una circunstancia singular: Llanes es el único de los 78 municipios asturianos que lleva diez años sin PGOU, una parálisis urbanística que coincide con la llegada al gobierno local de VecinosxLlanes y PP. Esta falta de planificación ha permitido la proliferación del uso turístico de la vivienda sin una regulación que proteja el acceso a la residencia habitual a los llaniscos. Más bien cuando ya era demasiado tarde con su inacción, se sacaron de la manga una moratoria que no ha servido absolutamente para nada.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la magnitud del fenómeno que sufre el oriente de Asturias. Actualmente existen 2.582 viviendas vacacionales con 13.557 plazas turísticas, pero es Llanes quien soporta casi la mitad del total: 1.107 viviendas, equivalentes al 42,8% de toda la oferta comarcal, que suman 5.853 plazas. Esta concentración convierte al concejo en el epicentro de la turistificación del oriente, desviando una parte sustancial de las viviendas hacia usos no destinados a residencia permanente, complicando la vida a los llaniscos hasta situaciones límite ya que los expulsa del arraigo de donde nacieron y se criaron para desarrollar su proyecto de vida.
El impacto sobre la población local —aproximadamente 13.500 habitantes— es directo y devastador. Llanes se ha convertido en el municipio con el precio de vivienda nueva más alto de Asturias, alcanzando los 2.118 €/m², una cifra inasumible para la mayoría de residentes y muy alejada de los salarios medios de la zona.
La estructura de la propiedad añade una capa más a esta tensión. De las 15.689 viviendas existentes en el concejo, 731 (el 4,66%) están en manos de grandes tenedores, propietarios con múltiples inmuebles cuya actividad influye decisivamente en el encarecimiento del mercado. A pesar de ello, el gobierno municipal no solo ha evitado adoptar medidas para limitar este poder de concentración, sino que —según denuncias ciudadanas— habría favorecido un modelo que beneficia a los grandes propietarios mientras los vecinos ven cómo su acceso a un hogar digno se vuelve cada vez más difícil.
En conjunto, Llanes se presenta como un municipio atrapado en la confluencia de tres vectores que se refuerzan mutuamente: turistificación masiva, falta de planificación urbanística y concentración inmobiliaria en pocas manos, un modelo que expulsa a los residentes y transforma el concejo en un territorio cada vez menos accesible para quienes lo habitan todo el año. Todo ello por obra y gracia del PP que es quien ocupa hoy la concejalía de Urbanismo en la figura de, Juan Carlos Armas, sicario del fascista que hoy ocupa la alcaldía de VecinosxLlanes, Enrique Riestra Rozas. Aquí está una vista al panorama de la vivienda con datos verificados en los concejos de Caravia, Colunga, Llanes y Ribadesella en el oriente de Asturias, y cómo encajan en tendencias más amplias.
Mientras se desarrolla el problema de la vivienda con su crudeza en una amplia capa social de los españoles, se producen hechos que son un enorme contrasentido, la subida generalizada del precio de la vivienda ha provocado que la riqueza inmobiliaria de los hogares españoles alcance cifras históricas: más de 7,3 billones de euros, según el Banco de España. Paradójicamente, esta revalorización no siempre se traduce en una mejora del poder adquisitivo, pues solo se materializa si el activo se vende. Para muchos hogares, el “efecto riqueza” impulsa el consumo, pero para otros como el de la vivienda supone entrar en una espiral especulativa donde invertir en vivienda parece la única vía segura de ahorro, lo que añade una mayor presión a un mercado ya rígido y limitado en oferta que hace inalcanzable a una capa de la sociedad muy grande. Algunos economistas advierten incluso de que esta escalada podría estar acercándose a un techo alimentado por expectativas más que por fundamentos reales.
Sin embargo, esta acumulación de riqueza contrasta con una realidad social mucho más dura: casi el 17% de las familias españolas no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, una cifra que dobla la media europea. La pobreza energética se ceba especialmente con quienes viven de alquiler, que destinan una proporción mayor de sus ingresos al pago de la vivienda. En España, un 14,2% de la población tiene retrasos en hipotecas, alquileres o facturas básicas, y cerca del 30% de los inquilinos dedican el 40% de sus ingresos solo a pagar el hogar. El encarecimiento del mercado inmobiliario —España fue el país donde más subió el precio de la vivienda en el año 2024— presiona aún más a las familias vulnerables, que ven cómo el derecho a un hogar digno se convierte en un lujo.
A esta tensión estructural se suma un problema de primer orden para una comunidad como la asturiana, es el reto demográfico de enormes dimensiones que padece: el envejecimiento acelerado reducirá la población activa en más de un 30% en las próximas décadas, aumentando el gasto en pensiones hasta cifras récord que comprometerán la sostenibilidad del Estado del Bienestar. España se dirige hacia un escenario en el que habrá casi tantos mayores como personas en edad de trabajar, lo que reducirá aún más la capacidad de muchas familias para acceder a la vivienda, especialmente si continúan subiendo los precios y acumulándose la propiedad en pocas manos.
En conjunto, los datos muestran a nuestro país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de desigualdad:
- Miles de personas esperan una vivienda pública que no llega,
- los grandes tenedores consolidan su poder,
- el precio de la vivienda dispara la riqueza de algunos mientras condena a muchos a la pobreza energética,
- y el horizonte demográfico presiona aún más un mercado ya tenso y desequilibrado.
Fuente: Eurostat
La vivienda, que debería ser un derecho básico, se ha transformado en el epicentro de una contradicción económica y social: un bien cada vez más valioso como activo financiero, pero cada vez menos accesible como necesidad humana esencial.
La gestión de la vivienda por parte de gobiernos locales de la derecha extrema como, Foro y PP como sucede en Gijón, o de la ultraderecha en municipios como Llanes, con el partido VecinosxLlanes y su mancebo del PP, incurren en una serie de contradicciones profundas que contribuyen no solo a agravar la crisis habitacional, sino también a polarizar aún más a la sociedad y a alimentar el crecimiento electoral de la ultraderecha entre los jóvenes que no vivieron los episodios más oscuros de la dictadura franquista.
Una de las paradojas más evidentes es que estos gobiernos suelen defender la primacía del mercado inmobiliario, apelando a la libertad del propietario y a la mínima intervención pública, mientras simultáneamente exigen al Estado o al Gobierno autonómico que resuelva la saturación de la vivienda social. En ciudades como Gijón, el gobierno de Moriyón denuncia la falta de viviendas asignadas por el Principado y la insuficiencia de recursos, pero al mismo tiempo mantiene una línea política que deja actuar al mercado sin introducir medidas contundentes que podrían aliviar la presión —como la regulación estricta del alquiler vacacional, la movilización de vivienda vacía o los límites a la actividad de los grandes tenedores o la facilitación de parcelas de suelo público para la construcción de vivienda social—. Se reclama más vivienda pública, pero se facilita al mismo tiempo un modelo que aumenta la necesidad de dicha vivienda pública, una contradicción que erosiona la eficacia de la política municipal y crea frustración entre quienes esperan una solución que no llega.
Algo similar ocurre en Llanes, donde el discurso oficial pretende proteger el arraigo local y la identidad del concejo, mientras la falta de planificación urbanística durante una década, unida a la permisividad total hacia el uso turístico de las viviendas, termina expulsando precisamente a quienes deberían ser los beneficiarios de ese arraigo. El municipio se ha convertido en el epicentro del alquiler vacacional en Asturias, y esto ha desplazado la oferta de vivienda residencial, encareciendo los precios hasta hacerlos inasumibles para los llaniscos. El resultado es un modelo económico que privilegia al turista por encima del residente, a pesar de que el discurso político asegura querer lo contrario. Así, la identidad local se invoca como bandera electoral (fascismo patriótico) mientras la realidad económica la deshace por la base.
A estas contradicciones se suma la tendencia a criticar la intervención reguladora del Estado cuando esta limita las actividades más rentables del mercado inmobiliario, al tiempo que se culpabiliza a ese mismo Estado de no proporcionar suficientes soluciones de emergencia. Es una postura doble: en el caso de Gijón rechazo de la intervención “desde abajo”, en el ámbito urbano local, pero dependencia absoluta de la intervención “desde arriba”, en forma de vivienda pública, recursos y nuevas promociones. En el caso de Llanes, la falta de PGOU durante diez años, coincidente con gobiernos que se proclamaban defensores del orden local, refleja un abandono de las responsabilidades más básicas de planificación del territorio. Se mantiene un discurso de estabilidad y protección del municipio, mientras las decisiones reales favorecen dinámicas que lo vacían de población y de proyecto de futuro.
Todas estas incoherencias tienen un impacto político visible. Los jóvenes, cada vez más excluidos del acceso a la vivienda, sienten que ninguna institución responde a sus necesidades reales. La frustración por la imposibilidad de emanciparse, por los salarios que no permiten afrontar alquileres desorbitados y por la creciente percepción de desigualdad alimenta un voto de protesta que, en ausencia de referentes sólidos, termina canalizándose hacia opciones de extrema derecha. Es irónico y lamentable que muchas de esas fuerzas políticas capitalicen el descontento generado por políticas que ellas mismas impulsan o legitiman: se nutren del malestar que produce la falta de regulación, mientras continúan defendiendo esa misma falta de regulación en nombre del mercado.
En definitiva, los gobiernos que se oponen a intervenir el mercado inmobiliario argumentando que ello distorsiona la libertad económica suelen ignorar que la ausencia de intervención genera distorsiones todavía mayores: concentración de la propiedad, turistificación masiva, expulsión de residentes y ruptura del equilibrio social. La vivienda, que debería ser un derecho básico garantizado por las políticas públicas, se convierte en el símbolo más evidente de un sistema que prioriza el beneficio por encima de la cohesión social. Esta suma de contradicciones —defender el mercado y exigir más vivienda pública, proteger el arraigo mientras se favorece la turistificación, reclamar seguridad y estabilidad mientras se permiten dinámicas que destruyen el tejido local— alimenta un clima de polarización que desorienta especialmente a las generaciones jóvenes, quienes terminan buscando tras su desesperación respuestas fáciles a problemas profundamente estructurales que los fascistas intentan aprovechar en su beneficio como sucede en gobiernos del PP, Foro, VecinosxLlanes y Vox.
Para terminar el post quiero manifestar que Asturias avanza hacia una distopía silenciosa, una que no necesita grandes cataclismos para hacerse sentir: le basta con los portales cerrados, las persianas bajadas y los precios imposibles. En ciudades como Gijón y en concejos como Llanes, la vida cotidiana transcurre bajo una tormenta que no cesa: la de un mercado inmobiliario desbocado y unas instituciones que, incapaces o renuentes a actuar, parecen haber perdido la brújula moral, política y social que debería orientar a cualquier gobierno responsable.
Los gijoneses hacen cola para solicitar una vivienda pública que no llega, atrapados entre expedientes que se apilan como si el drama humano fuera mera burocracia. Los llaniscos, convertidos en figurantes de su propio territorio, observan cómo su concejo se transforma en un escaparate turístico donde la vida real apenas tiene cabida. Mientras el alquiler vacacional devora sus barrios, las viviendas vacías proliferan y los grandes tenedores acumulan poder como si fueran señores de un feudo moderno, el discurso político se disuelve en reproches cruzados y promesas sin suelo bajo los pies.
La paradoja es insoportable: un territorio que presume de identidad, arraigo y comunidad está dejando sin hogar precisamente a quienes han sostenido esa identidad durante generaciones. En nombre del mercado, la tradición se convierte en eslogan, el arraigo en decorado, y el vecindario en una estadística desplazada. En nombre del orden, se renuncia a planificar. En nombre de la libertad económica, se sacrifica el derecho más elemental: el de poder vivir en el lugar donde naciste.
Y mientras la realidad se deteriora, el vacío político se llena. Las opciones extremas, que se alimentan del resentimiento, del miedo y del abandono institucional, encuentran su caldo de cultivo perfecto. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias expulsadas de sus barrios, trabajadores atrapados en la precariedad habitacional… todos ellos buscan explicaciones en un paisaje donde las instituciones parecen haberse rendido al mercado y haber olvidado a las personas. Así, discursos simples, identitarios y autoritarios encuentran una audiencia herida y cansada, dispuesta a escuchar a salva patrias quienes prometen soluciones fáciles para problemas complejos.
Lo más devastador no es solo la crisis de vivienda en sí misma, sino el tipo de sociedad que se va gestando a su sombra: una Asturias más desigual, más fragmentada y más vulnerable a los cantos de sirena de quienes explotan el malestar en lugar de aliviarlo. Una Asturias donde el derecho a un hogar se convierte en un privilegio, donde el turista tiene más opciones que el residente, y donde la política se limita a gestionar los escombros del desorden que ella misma permite.
Si algo revela esta distopía asturiana es que la falta de vivienda no es solo una crisis económica, sino una crisis moral como la que hoy encarnan sujetos como Carmen Moriyón, Álvaro Queipo, Enrique Riestra o políticos del gobierno como Adrián Barbón que elude tomar medidas más drásticas, aunque sea para confrontar, ante la magnitud del problema. No es solo un problema técnico, sino un espejo que devuelve la imagen de instituciones que han fallado en su deber más básico: proteger a la ciudadanía frente a dinámicas que la expulsan, la empobrecen y la fracturan. Lo que está en juego no es únicamente la arquitectura urbana, sino la arquitectura social.
Mientras no se recupere la brújula —esa que señala hacia la justicia social, la planificación responsable y la defensa del bien común—, Asturias seguirá avanzando hacia una distopía donde los hogares se vacían, los pueblos se deshacen y los discursos extremos se fortalecen. Y en esa distopía, los gijoneses y los llaniscos no son ciudadanos: son víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, los está dejando atrás.
Ya lo dijo Henri Lefebvre: “La ciudad no es un negocio, es un derecho.”
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