La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha decidido suspender temporalmente el traslado del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en el barrio de El Natahoyo. Según explica, el clima de crispación generado alrededor de este proyecto hace imposible llevarlo adelante en condiciones adecuadas, tanto para las personas usuarias del recurso como para los vecinos del área receptora. Moriyón asumirá personalmente la tarea de encontrar una vía de consenso que permita realizar la reubicación con la máxima dignidad y seguridad para todas las partes implicadas. Aunque la paralización no implica empezar desde cero, sí obliga a revisar y reconsiderar la solución propuesta hasta ahora.
La regidora anunció su decisión mediante un vídeo publicado a media tarde, en el que relata el episodio “violento y desagradable” que vivió el lunes anterior en El Natahoyo https://tinyurl.com/yfhhjkv2 En aquel momento, un grupo de manifestantes exaltados la siguió a ella y a varios concejales desde la inauguración de la capilla de San Esteban hasta las puertas del Ayuntamiento, a pesar de la presencia policial que los escoltaba. Durante el recorrido, los asistentes gritaron consignas como “Pa’ Somió”, “Moriyón dimisión” o “Mentirosos”. La alcaldesa admite haber reflexionado mucho sobre quienes lanzaban esos gritos y confiesa estar profundamente preocupada, porque considera que ese odio expresado en la protesta no representa a la ciudad de Gijón. También critica la deshumanización que, a su juicio, se ha hecho de las personas usuarias del albergue.
Moriyón denuncia que todo lo relacionado con el traslado se ha visto contaminado por mentiras, odio y silencios interesados. Entre los bulos que menciona está el rumor de que existe un pacto secreto para construir pisos de lujo junto al “solarón” en el actual edificio del Albergue Covadonga, en Laviada. La alcaldesa lo desmiente por completo: asegura que el equipamiento se mantendrá en su ubicación actual y que será sometido a una reforma integral valorada en cinco millones de euros. Afirma, además, que ese proyecto le enorgullece especialmente, ya que permitirá convertir el centro en un lugar más digno tanto para las personas sin hogar como para los vecinos de la zona. Para ella, en esta controversia no sólo está en juego la dignidad de los usuarios del albergue, que no han elegido su situación y que podrían verse privados del servicio durante dos años, sino también la dignidad de la propia ciudad de Gijón.
En su mensaje final, la alcaldesa se reivindica como la responsable de una ciudad abierta, acogedora y solidaria, que siempre da ejemplo y no deja a nadie atrás. Asegura que el gobierno municipal no permitirá que se juegue con la dignidad de las personas. El plan ahora suspendido preveía trasladar a un máximo de sesenta personas, distribuidas en dos inmuebles distintos y acompañadas por un equipo especializado, en una estancia temporal que nunca superaría los dos años. El traslado se iba a realizar en dos fases, dejando para el final la reubicación de los usuarios del centro de baja exigencia. También se había acordado que el Hogar de San José mantendría totalmente separado el edificio destinado a menores de la zona destinada a los adultos procedentes del albergue.
La Fundación Municipal de Servicios Sociales había alcanzado recientemente un acuerdo con la Compañía de Jesús para alquilar durante dos años las dependencias del Hogar de San José, situadas en las calles Vicente Jove y Mariano Pola. Según lo previsto, el bloque de Vicente Jove —donde hasta hace poco residían varios jesuitas— se adaptaría para acoger a unas quince mujeres a partir de febrero. La antigua sede del Hogar de San José en Mariano Pola, vacía desde hace un año, se prepararía para recibir a partir de abril a un máximo de cuarenta hombres. La Fundación tenía también proyectadas varias obras para garantizar la separación total entre el espacio de menores y las instalaciones destinadas a los adultos, incluyendo la elevación del muro que divide ambas áreas.
En Gijón, una parte importante de la ciudadanía siente que la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, ha contribuido al clima de crispación política que ahora ella misma denuncia. El escrache sufrido el 10 de noviembre en El Natahoyo, más allá de su gravedad, ha puesto en evidencia un malestar social que no nace de un día para otro. Moriyón afirma no comprender el odio o la polarización que observa hoy en la ciudad, pero muchos gijoneses consideran que su propio recorrido político desde que recuperó la alcaldía ha alimentado esa sensación de engaño y desconfianza hacia el gobierno municipal.
Para muchos ciudadanos, la primera fractura se produjo con el pacto de gobernabilidad alcanzado con Vox, después de haber asegurado durante la campaña electoral que no pactaría con extremismos. Ese cambio de criterio fue interpretado como una contradicción directa entre sus promesas y sus acciones y dejó una sensación de traición en parte del electorado. A partir de ahí, comenzó a asentarse la idea de que Moriyón decía una cosa y hacía otra, lo cual generó una desafección política creciente.
Tampoco ayudó la sombra de su condena por el Tribunal de Cuentas en relación con su gestión anterior, un episodio que, pese a sus matices legales, deterioró su imagen de rigor y transparencia. Para muchos vecinos, ese hecho restó credibilidad a su discurso de ejemplaridad institucional.
Otro de los puntos que ha provocado frustración ha sido la gestión del vial de Jove. Lo que debía ser un gran proyecto estructural para la ciudad terminó convertido en un fracaso político, con anuncios que no se concretaron y promesas que se fueron diluyendo. La ciudadanía percibió improvisación y falta de eficacia, lo que alimentó la sensación de que el gobierno municipal no estaba a la altura de las necesidades de Gijón.
A esto se suma el malestar generado por las subidas en la tasa de basuras, presentadas inicialmente con un mensaje ambiguo que luego se tradujo en incrementos que afectaron directamente al bolsillo de los vecinos. Para muchos gijoneses, este episodio reforzó la idea de un gobierno que no explica con claridad sus decisiones y que toma medidas impopulares sin ofrecer alternativas ni un relato convincente.
Otro de los elementos que más ha contribuido a la frustración ciudadana ha sido la cuestión de la vivienda. En un momento en el que los precios del alquiler están disparados y Gijón sufre una de las mayores tensiones residenciales de Asturias, el discurso de Moriyón ha resultado, para muchos, contradictorio y distante de las urgencias sociales. Mientras afirmaba preocuparse por el acceso a la vivienda, se mostró abiertamente crítica con la declaración de zonas tensionadas promovida por el Gobierno central y apoyada por el Principado, una medida diseñada precisamente para frenar los abusos del mercado en áreas con precios disparados. La alcaldesa se posicionó en contra, defendiendo que esas herramientas “no solucionan nada”, pese a que numerosos colectivos ciudadanos y expertos reclamaban intervenir para frenar la escalada de precios.
A esta contradicción se sumó su enfrentamiento político con el Principado por el precio de la vivienda protegida. Moriyón acusó al Gobierno autonómico de bloquear el aumento del precio máximo de venta, argumentando que, al no actualizar esas cantidades, se impedía que los constructores privados pusieran vivienda protegida en el mercado. Esta postura fue interpretada por muchos gijoneses como una defensa encubierta de los intereses de los promotores privados, incluso por encima de la urgencia de ampliar el parque público o facilitar el acceso a la vivienda asequible. Para una parte importante de la ciudadanía, resultó difícil entender cómo se podía hablar de crisis habitacional mientras se centraba el discurso en la rentabilidad de los constructores, en vez de en las necesidades reales de los vecinos.
Todo este conjunto de decisiones, contradicciones y problemas acumulados ha desembocado en un clima de desconfianza que explica, en parte, la tensión política actual en Gijón. Muchos ciudadanos consideran que no es únicamente la sociedad la que se ha vuelto más crispada, sino que ciertas actuaciones del propio gobierno municipal han contribuido a erosionar la confianza pública y a generar la sensación de que Gijón va a la deriva entre promesas incumplidas, rectificaciones continuas y una comunicación poco transparente.
En este contexto, el malestar expresado en las calles —aunque nunca justificando la violencia o el acoso— no puede entenderse sin tener en cuenta la percepción de una parte de la ciudadanía que siente que Moriyón ha faltado a su palabra y ha gobernado sin la coherencia política que prometió. Precisamente por eso, para muchos gijoneses, el escrache no es el origen de la crispación, sino la consecuencia visible de un desencanto que lleva tiempo gestándose en la ciudad.
De poco sirve envolverse en la bandera de la tolerancia y reivindicar el carácter abierto de Gijón si, al mismo tiempo, se omite la propia responsabilidad en el clima que hoy atraviesa la ciudad. Carmen Moriyón afirma que “ha echado callo” tras su paso anterior por la política, pero la realidad demuestra que empieza a experimentar algo que, durante años, creyó que no le afectaría: las consecuencias de faltar a la palabra dada y de gobernar a golpe de ocurrencias, con un equipo que muchos vecinos ven más como un grupo de acompañamiento fiel (mariachis) que como un conjunto de concejales con criterio propio.
La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas, giros de guion y decisiones improvisadas, empieza a mostrar signos de saturación ante lo que considera caprichos y contradicciones constantes del gobierno municipal. Moriyón puede intentar presentarse como la víctima de una crispación ajena a ella, pero una parte muy amplia de Gijón siente que su gestión ha contribuido, y no poco, a erosionar la confianza, alimentar la frustración y abrir una brecha creciente entre el Ayuntamiento y la gente a la que debería servir.
Moriyón tras obtener la alcaldía... La alegría que se le está avinagrando
La crispación política que hoy atraviesa Gijón no puede entenderse únicamente a partir del escrache sufrido por Carmen Moriyón en El Natahoyo. Ese episodio, aunque inaceptable en una sociedad democrática, no es más que el síntoma visible de un malestar más profundo, alimentado por contradicciones, promesas incumplidas y una pérdida de legitimidad institucional que ha ido calando en la ciudadanía. Cuando la alcaldesa se muestra sorprendida por la tensión y el “odio” que observa en la calle, muchos gijoneses sienten que pasa por alto su propia responsabilidad —y la de sus socios de gobierno— en la gestación de este clima.
Porque es difícil pedir serenidad a la ciudadanía cuando el propio gobierno municipal se mueve entre rectificaciones constantes, pactos que contradicen compromisos de campaña y decisiones que generan más confusión que soluciones. Sin embargo, el malestar no se nutre solo del gobierno local: también influye el comportamiento de su socio imprescindible, el Partido Popular, cuya actuación en Asturias dista de contribuir a una verdadera regeneración política. El caso de Ribadesella es un ejemplo paradigmático. Allí, su alcalde, Paulo García, se ha visto envuelto en una controversia judicial por un proceso de estabilización municipal que terminó adjudicándole a él mismo una plaza pública. Aunque niegue cualquier interferencia deliberada, la sentencia y las explicaciones posteriores han alimentado la percepción de que algunas prácticas políticas continúan navegando cómodamente en la frontera entre lo legal y lo éticamente cuestionable. Las respuestas de los dirigentes regionales del PP, lejos de apostar por la transparencia, se centraron en minimizar el caso y culpar al PSOE, reforzando la sospecha de que el partido prefiere proteger a los suyos antes que asumir una responsabilidad ejemplar.
Y Ribadesella no es el único frente abierto. Muchos ciudadanos ven con perplejidad cómo el mismo PP que en Gijón habla de estabilidad, moderación y regeneración política mantiene desde hace años en Llanes un pacto con el partido fascista de, Vecinos x Llanes, un grupo cuya gestión ha sido objeto de críticas constantes y que numerosos llaniscos califican —con mayor o menor acierto— de autoritaria o antidemocrática. Durante más de una década, los gobiernos surgidos de esa alianza han acumulado polémicas, tensiones internas, enfrentamientos vecinales y decisiones controvertidas que han lastrado la vida institucional del concejo. Para una parte importante de la ciudadanía asturiana, resulta incoherente que el PP defienda en unas ciudades la necesidad de estabilidad y transparencia mientras sostiene en otras acuerdos que llevan años generando un desgaste notable en la convivencia política local.
Todo ello conforma un paisaje político que explica por qué la crispación se ha instalado en el debate público. Cuando los ciudadanos observan contradicciones constantes —en los pactos, en los discursos, en la gestión y en la ética institucional— se sienten engañados. Y cuando ven que los partidos se exigen entre sí lo que no se aplican internamente, la decepción se convierte en indignación. Desde esa perspectiva, lo que vive Gijón no es un estallido repentino, sino la consecuencia de una acumulación de frustraciones: promesas que no se cumplen, escándalos que se justifican, responsabilidades que se esquivan y una sensación creciente de que las élites políticas exigen comprensión a la ciudadanía mientras se blindan a sí mismas ante cualquier crítica.
Por eso, cuando Moriyón se sorprende del clima que respira la calle, muchos vecinos responden que este malestar no ha surgido de la noche a la mañana. Es el resultado de una política que ha pedido confianza sin practicar la coherencia, que ha pedido moderación mientras tensaba la convivencia y que ha exaltado la tolerancia mientras esquivaba su propia parte en el deterioro institucional. En definitiva, la crispación no es causa: es consecuencia.
La vida, como la política, ofrece a veces segundas oportunidades. Pero esas segundas oportunidades no son cheques en blanco: exigen humildad, coherencia y, sobre todo, aprendizaje. No basta con volver; hay que volver mejor. No basta con pedir confianza; hay que merecerla. No basta con hablar de tolerancia, diálogo o responsabilidad; hay que practicarlos.
Carmen Moriyón regresó a la alcaldía envuelta en la promesa de una gestión más madura, más experimentada, más consciente de los errores del pasado. Pero el tiempo —ese juez implacable que deshace discursos y desnuda incoherencias— ha demostrado que segundas oportunidades mal entendidas pueden convertirse en segundas decepciones. Y, a veces, en decepciones más profundas que las primeras.
Porque si en política se falla una vez, puede ser un tropiezo. Pero si se falla dos veces en lo mismo —en la palabra dada, en la coherencia, en la transparencia, en la sensibilidad social— entonces ya no es un accidente: es un patrón. Y ese patrón es el que hoy sienten amplios sectores de Gijón, que asisten con cansancio a una segunda etapa que prometía redención pero que ha terminado replicando, ampliando o incluso empeorando los errores anteriores.
La segunda oportunidad de Moriyón no ha sido, como muchos esperaban, un acto de madurez política, sino una repetición ampliada de la distancia entre lo que se promete y lo que se hace. Entre lo que se dice y lo que se ejecuta. Entre lo que se exige a la ciudadanía y lo que se aplica en el gobierno.
La vida enseña que no todos saben aprovechar las segundas oportunidades. La política, también. Y el caso de Carmen Moriyón es un ejemplo nítido de ello: una segunda ocasión convertida en un desencanto mayor que el primero. En Gijón, muchos ciudadanos empiezan a asumir algo tan simple como doloroso: que no toda vuelta significa avance, que no todo regreso trae solución y que, a veces, la segunda oportunidad no confirma el cambio, sino el fracaso.
Y cuando eso ocurre, la responsabilidad no es de la ciudad. Es de quien desaprovecha la oportunidad y confianza que la ciudad, generosa, le volvió a otorgar.
Ya lo dijo Demócrito: “Es fácil engañar a quien confía; difícil es volver a ganarse su fe.”
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