Estos últimos días hemos podido leer en la prensa regional que el Principado de Asturias ha situado la vivienda como prioridad absoluta, con la intención de multiplicar por seis lo construido en la legislatura anterior y alcanzar entre 600 y 1.000 nuevas viviendas públicas, de las cuales 600 ya están en obra y 400 en tramitación. En este marco, el consejero Ovidio Zapico anunció que el gobierno regional está en condiciones de levantar 300 viviendas públicas adicionales en Gijón, además de las 250 que ya se edifican en el solar de Peritos, siempre que el Ayuntamiento ceda suelo municipal. Zapico subrayó que "no hay problema de financiación" ni de gestión y advirtió que, si la colaboración municipal se dilata, el Principado estudiará “todos los mecanismos necesarios” para llevar adelante el proyecto.
El estudio del Indurot presentado por la directora general de Urbanismo, Laura López, identifica las zonas de mayor vulnerabilidad residencial en el sur de Gijón —Santa Bárbara, Contrueces, Ceares, El Llano y áreas colindantes a Peritos—, así como problemas ligados a la gentrificación en La Calzada, Cimavilla y La Arena. El informe señala varias áreas aptas para vivienda asequible: en El Natahoyo, con capacidad para unas 350 viviendas; en el área centro CRI-05, junto a la estación, con 262 viviendas; en un solar municipal junto al futuro Hospital Quirón, donde podrían edificarse 159 viviendas de forma inmediata; y en Nuevo Gijón Oeste, con una bolsa que permitiría 606 nuevas viviendas.
En paralelo, el Principado impulsa el programa ‘Alquilámoste’, destinado a poner en uso viviendas privadas vacías mediante incentivos fiscales y garantías públicas, y propone un aumento del 20 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para operaciones realizadas por grandes tenedores —479 contribuyentes en Asturias, con más de la mitad personas jurídicas—. Zapico avisó incluso de que, si fuera necesario actuar contra grandes propietarios reacios a movilizar vivienda, "no tendría miedo a expropiar".
Sin embargo, el clima político urbanístico en Gijón se tensó tras estas declaraciones. El concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador (Foro) (el mancebo de Moriyón), respondió que el Ayuntamiento solo colaborará con la cesión de suelo si el Principado se compromete por escrito con cifras, plazos y presupuesto. Acusó a Zapico de "discursos huecos y sectarios" y recordó que las 250 viviendas de Peritos han sido posibles gracias al Consistorio, que promovió la modificación urgente del PGOU para permitir la instalación del supermercado que desbloqueó la operación y garantizó los suministros básicos.
Martínez Salvador denunció que la Consejería de Vivienda "actúa como una agencia de colocación" y que solo ha ejecutado un cuarto de los 83 millones presupuestados. Afirmó que, con el modelo autonómico actual, la Dirección General de Vivienda no tiene dinero suficiente para promover las 300 viviendas anunciadas y acusó al Principado de torpedear la cooperación institucional, especialmente tras el rechazo al Plan Llave y la "pobre" subida del 2,7 % del módulo de VPO, comunicada horas antes del cierre del plazo para presentar ofertas.
El edil gijonés también criticó la parálisis del proyecto de Ecojove, donde el PGO prevé 1.900 viviendas de protección, denunciando que el Principado ha frenado su desarrollo y que, pese a los compromisos iniciales para reformular la actuación de forma conjunta, el plan está en "vía muerta". Según la directora general Laura López, el Gobierno regional no considera adecuado que la ciudad de Gijón "crezca por el oeste", lo que compromete una de las mayores bolsas de vivienda protegida previstas.
En conjunto, la estrategia regional para ampliar el parque público —a través de nuevas promociones, incentivos fiscales y presión sobre los grandes propietarios— choca en Gijón con un Ayuntamiento que reclama garantías firmes, acusa al Principado de falta de gestión, defiende su papel en la operación de Peritos y advierte de que no cederá suelo sin un compromiso presupuestario y temporal claro. La disputa entre ambas administraciones amenaza con condicionar la ejecución de buena parte de las 300 viviendas públicas proyectadas en la mayor ciudad del Principado.
Hay una tensión clara y documentada entre el modelo de vivienda pública promovido por Gobierno de coalición del Principado de Asturias (desde la consejería de Ovidio Zapico) y el modelo impulsado por el Ayuntamiento de Gijón de la derecha extrema de Foro y PP más tránsfuga, (con el plan municipal conocido como Plan Llave). A continuación lo detallo con lo que se ha publicado en prensa:
1. El modelo del Principado
- El Principado defiende que la solución al acceso a la vivienda pasa por promover vivienda pública directamente (alquiler asequible, obra pública). Así, el consejero Zapico declaró que están “en condiciones de construir 300 viviendas públicas en Gijón”, siempre que se cediera suelo municipal. Europa Press+2Actualidad Asturias+2
- Sobre el módulo de vivienda protegida (precio máximo por metro cuadrado para venta de VPO), el Principado mantiene un valor de 2.124 €/m² en Asturias, y afirma que la revisión de ese módulo se hará “por debajo del incremento de los salarios”. Europa Press+2Actualidad Asturias+2
- El consejero cargó contra el “Plan Llave” municipal, alegando que “nunca se tuvo en cuenta nuestra opinión” y que el modelo municipal favorece a promotores privados más que a vivienda asequible para trabajadores o jóvenes. Europa Press+1
2. El modelo del Ayuntamiento de Gijón (Plan Llave)
- El Ayuntamiento, mediante el concejal de Urbanismo Jesús Martínez Salvador, está apostando por un modelo en que los promotores privados, sobre suelo municipal, construyan vivienda protegida/asequible, combinando venta y alquiler, dentro del “Plan Llave”. Por ejemplo, Gijón se propuso “construir al menos 500 viviendas públicas hasta 2027, la mitad para alquiler” mediante ese plan. Cadena SER+1
- Sin embargo, el Ayuntamiento denuncia que la falta de actualización del módulo de vivienda protegida por parte del Principado es un obstáculo para la licitación del “Plan Llave”: la licitación de la fase 1 del Plan Llave “ha quedado desierta” porque los constructores no presentaron ofertas al entender que con el módulo vigente no salen los costes. OndaCero+2La Voz de Asturias+2
- Martínez Salvador acusa al Principado de “boicotear” el Plan Llave al no actualizar el módulo y de impedir que se construya vivienda protegida en Gijón, pese al suelo municipal. La Voz de Asturias+1
3. El choque esencial de ambas posturas
- Finalidad y promotor: El Principado propone que la vivienda pública sea promovida directa o mayoritariamente por la administración para alquiler asequible; el Ayuntamiento apuesta por un modelo de concertación público‐privada en que los promotores privados construyan (venta o alquiler) sobre suelo municipal.
- Módulo de vivienda protegida / costes de construcción: Mientras que el Ayuntamiento argumenta que con el módulo vigente (2.124 €/m²) no es viable la construcción (los materiales y costes han subido) y exige que se actualice conforme al coste real, el Principado replica que subirlo indiscriminadamente llevaría a que la vivienda protegida cuestione el carácter asequible (y mencionan que el módulo “no puede situarse por encima de lo que un ciudadano razonablemente puede pagar”).
- Coordinación y competencias: El Ayuntamiento reclama al Principado un compromiso por escrito (“cuánto y cuándo”) y que cumpla la ley de actualización del módulo. El Principado, por su parte, reclama suelo al Ayuntamiento y advierte de que actuará por otros mecanismos si no hay cesión. Existe desconfianza mutua: el Ayuntamiento duda de que el Principado pueda asumir la construcción directa de 300 viviendas en Gijón. Europa Press+1
- Plan Llave vs vivienda pública: El Ayuntamiento considera que el Plan Llave es una vía para movilizar suelo municipal, implicar al sector privado y generar vivienda protegida; el Principado considera que ese plan favorece a promotores y mezcla modelos que no garantizan vivienda asequible o de alquiler, y por eso declara que no participará en él. Cadena SER
4. Datos destacados que ilustran el conflicto
- Módulo vigente en Asturias: 2.124 €/m² para vivienda protegida. Europa Press+1
- Ayuntamiento de Gijón pretende construir 500 viviendas públicas hasta 2027, mediante Plan Llave, la mitad para alquiler. Cadena SER
- El Principado anuncia capacidad para construir 300 viviendas públicas en Gijón adicionalmente, pero exige cesión de suelo. Europa Press+1
- La licitación de la fase 1 del Plan Llave quedó desierta porque el módulo no se había actualizado según el Ayuntamiento. OndaCero+1
- El Ayuntamiento acusa al Principado de ejecución muy baja: por ejemplo, que de la construcción protegida en Asturias solo un 3% de las viviendas iniciadas son protegidas, lo que evidencia “la inoperancia”. Europa Press
5. ¿Por qué importa este choque?
- Porque afecta al ritmo y modelo de acceso a la vivienda en Gijón: dependiendo de cuál modelo se imponga, puede variar si predominan los pisos en alquiler social promovidos por la administración, o la vivienda protegida en venta promovida por el sector privado.
- Porque el precio de acceso puede diferir: si el módulo no se actualiza, los promotores pueden negarse a participar, lo que frena la construcción; si se sube demasiado, podría perder el carácter asequible.
- Porque la cedencia de suelo municipal es clave: sin colaboración del Ayuntamiento (o sin compromiso escrito del Principado), muchos suelos no se movilizan.
- Porque el recurso público (financiación autonómica, normativa, plazas de alquiler) se enfrenta al “modelo de negocio privado”, lo que genera debates sobre quién debe asumir los costes y los beneficios.
Hay una tensión clara y documentada entre el modelo de vivienda pública promovido por Gobierno de coalición del Principado de Asturias (desde la consejería de Ovidio Zapico) y el modelo impulsado por el Ayuntamiento de Gijón de la derecha extrema de Foro y PP más tránsfuga, (con el plan municipal conocido como Plan Llave). A continuación lo detallo con lo que se ha publicado en prensa:
1. El modelo del Principado
- El Principado defiende que la solución al acceso a la vivienda pasa por promover vivienda pública directamente (alquiler asequible, obra pública). Así, el consejero Zapico declaró que están “en condiciones de construir 300 viviendas públicas en Gijón”, siempre que se cediera suelo municipal. Europa Press+2Actualidad Asturias+2
- Sobre el módulo de vivienda protegida (precio máximo por metro cuadrado para venta de VPO), el Principado mantiene un valor de 2.124 €/m² en Asturias, y afirma que la revisión de ese módulo se hará “por debajo del incremento de los salarios”. Europa Press+2Actualidad Asturias+2
- El consejero cargó contra el “Plan Llave” municipal, alegando que “nunca se tuvo en cuenta nuestra opinión” y que el modelo municipal favorece a promotores privados más que a vivienda asequible para trabajadores o jóvenes. Europa Press+1
2. El modelo del Ayuntamiento de Gijón (Plan Llave)
- El Ayuntamiento, mediante el concejal de Urbanismo Jesús Martínez Salvador, está apostando por un modelo en que los promotores privados, sobre suelo municipal, construyan vivienda protegida/asequible, combinando venta y alquiler, dentro del “Plan Llave”. Por ejemplo, Gijón se propuso “construir al menos 500 viviendas públicas hasta 2027, la mitad para alquiler” mediante ese plan. Cadena SER+1
- Sin embargo, el Ayuntamiento denuncia que la falta de actualización del módulo de vivienda protegida por parte del Principado es un obstáculo para la licitación del “Plan Llave”: la licitación de la fase 1 del Plan Llave “ha quedado desierta” porque los constructores no presentaron ofertas al entender que con el módulo vigente no salen los costes. OndaCero+2La Voz de Asturias+2
- Martínez Salvador acusa al Principado de “boicotear” el Plan Llave al no actualizar el módulo y de impedir que se construya vivienda protegida en Gijón, pese al suelo municipal. La Voz de Asturias+1
3. El choque esencial de ambas posturas
- Finalidad y promotor: El Principado propone que la vivienda pública sea promovida directa o mayoritariamente por la administración para alquiler asequible; el Ayuntamiento apuesta por un modelo de concertación público‐privada en que los promotores privados construyan (venta o alquiler) sobre suelo municipal.
- Módulo de vivienda protegida / costes de construcción: Mientras que el Ayuntamiento argumenta que con el módulo vigente (2.124 €/m²) no es viable la construcción (los materiales y costes han subido) y exige que se actualice conforme al coste real, el Principado replica que subirlo indiscriminadamente llevaría a que la vivienda protegida cuestione el carácter asequible (y mencionan que el módulo “no puede situarse por encima de lo que un ciudadano razonablemente puede pagar”).
- Coordinación y competencias: El Ayuntamiento reclama al Principado un compromiso por escrito (“cuánto y cuándo”) y que cumpla la ley de actualización del módulo. El Principado, por su parte, reclama suelo al Ayuntamiento y advierte de que actuará por otros mecanismos si no hay cesión. Existe desconfianza mutua: el Ayuntamiento duda de que el Principado pueda asumir la construcción directa de 300 viviendas en Gijón. Europa Press+1
- Plan Llave vs vivienda pública: El Ayuntamiento considera que el Plan Llave es una vía para movilizar suelo municipal, implicar al sector privado y generar vivienda protegida; el Principado considera que ese plan favorece a promotores y mezcla modelos que no garantizan vivienda asequible o de alquiler, y por eso declara que no participará en él. Cadena SER
4. Datos destacados que ilustran el conflicto
- Módulo vigente en Asturias: 2.124 €/m² para vivienda protegida. Europa Press+1
- Ayuntamiento de Gijón pretende construir 500 viviendas públicas hasta 2027, mediante Plan Llave, la mitad para alquiler. Cadena SER
- El Principado anuncia capacidad para construir 300 viviendas públicas en Gijón adicionalmente, pero exige cesión de suelo. Europa Press+1
- La licitación de la fase 1 del Plan Llave quedó desierta porque el módulo no se había actualizado según el Ayuntamiento. OndaCero+1
- El Ayuntamiento acusa al Principado de ejecución muy baja: por ejemplo, que de la construcción protegida en Asturias solo un 3% de las viviendas iniciadas son protegidas, lo que evidencia “la inoperancia”. Europa Press
5. ¿Por qué importa este choque?
- Porque afecta al ritmo y modelo de acceso a la vivienda en Gijón: dependiendo de cuál modelo se imponga, puede variar si predominan los pisos en alquiler social promovidos por la administración, o la vivienda protegida en venta promovida por el sector privado.
- Porque el precio de acceso puede diferir: si el módulo no se actualiza, los promotores pueden negarse a participar, lo que frena la construcción; si se sube demasiado, podría perder el carácter asequible.
- Porque la cedencia de suelo municipal es clave: sin colaboración del Ayuntamiento (o sin compromiso escrito del Principado), muchos suelos no se movilizan.
- Porque el recurso público (financiación autonómica, normativa, plazas de alquiler) se enfrenta al “modelo de negocio privado”, lo que genera debates sobre quién debe asumir los costes y los beneficios.
Un resumen claro, estructurado y fundamentado jurídicamente de la situación que en este momento se vive con los gobiernos de la derecha extrema del, PP y Foro de Gijón con el gobierno del Principado, termina perjudicando al ciudadano. Las leyes de la distribución fragmentada de competencias en urbanismo y vivienda, revela un problema estructural profundo: la fragmentación de competencias y la ausencia de cooperación interadministrativa, que convierte cualquier proyecto de vivienda en un laberinto administrativo. En este contexto, el único perjudicado es el ciudadano, que solo necesita una vivienda digna y asequible.
1. Dos modelos incompatibles que bloquean soluciones
- El Ayuntamiento de Gijón (Foro - Moriyón) apuesta por un modelo basado en promotores privados (el Plan Llave), confiando en el mercado como motor de la vivienda protegida.
- El Principado de Asturias apuesta por vivienda pública directa y alquiler asequible, rechazando mecanismos que puedan incentivar la especulación.
Este choque evidencia dos modelos confrontados que no dialogan ni se coordinan, generando parálisis y retraso en proyectos urgentes.
2. El ciudadano como víctima
Cuando
dos administraciones pelean por el “modelo”, se olvidan de lo esencial:
Dar respuesta al derecho a la vivienda (art. 47 de la Constitución
Española).
La ciudadanía sufre:
- retrasos en promociones ya planificadas,
- licitaciones desiertas,
- falta de suelo disponible,
- encarecimiento del alquiler,
- nula visibilidad de plazos reales.
La historia reciente (burbuja inmobiliaria y crisis de 2008) ya demostró que confiar exclusivamente en el mercado no garantiza acceso a vivienda asequible, y ahora se repite la misma lógica, pero retroalimentada por un conflicto político.
3. Marco legal: un sistema pensado para cooperar… pero que en la práctica se rompe
La legislación española en urbanismo y vivienda distribuye funciones entre Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, lo que exige colaboración. Sin ella, el sistema colapsa, como ocurre en Gijón.
A continuación, están las leyes que son clave y muestran cómo deberían coordinarse —y cómo su mala aplicación explica el conflicto:
A. Constitución Española (artículo 47 y artículo 148.1.3ª)
- Artículo 47: Reconoce el derecho a una vivienda digna y el deber de los poderes públicos de impedir la especulación.
- Artículo 148.1.3ª: Permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en Urbanismo y Vivienda.
Las CCAA son las responsables principales, pero los ayuntamientos son decisivos porque controlan el suelo y el planeamiento.
B. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias (artículo 10.1.3)
Otorga a Asturias competencias exclusivas en urbanismo y vivienda, incluidas:
- ordenación del territorio,
- vivienda pública,
- promoción de vivienda protegida,
- disciplina urbanística.
El Principado puede promover vivienda pública, regular módulos y definir zonas tensionadas.
C. Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015)
Establece:
- Deber de cooperación interadministrativa (art. 4 y 6).
- Necesidad de coordinar planeamiento y cesión de suelos.
- Prioridad de la vivienda protegida como función social del suelo.
El Principado y el Ayuntamiento están obligados por ley a
cooperar.
La confrontación vulnera el espíritu del marco legal.
D. Ley del Principado de Asturias 1/2004 de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Estipula que:
- Los ayuntamientos gestionan el planeamiento y el suelo urbanizable.
- El Principado supervisa y puede intervenir si el interés general lo exige.
- Ambos deben coordinar programas de vivienda protegida.
La ley establece corresponsabilidad, no confrontación.
E. Ley Estatal 38/2003 de Subvenciones y Plan Estatal de Vivienda
Regula:
- ayudas al alquiler,
- promoción de VPO,
- colaboración entre Estado, CCAA y municipios.
La vivienda protegida depende de tres niveles de administración a la vez, lo que exige cooperación técnica y política constante.
4. ¿Qué refleja todo esto en la práctica?
El conflicto Gijón–Principado evidencia que:
✔ El sistema legal exige cooperación
Pero la cooperación no se está produciendo.
✔ Hay duplicidad competencial
Principado y Ayuntamiento chocan porque ambos tienen poder sobre una parte del proceso:
- el Principado controla la política de vivienda, módulos y ayudas,
- el Ayuntamiento controla el suelo, el planeamiento y las cesiones.
✔ Cuando no hay acuerdo, no hay vivienda
El resultado es claro:
- proyectos paralizados,
- vivienda pública bloqueada,
- promotores privados sin seguridad jurídica,
- retrasos en barrios vulnerables,
- pérdida de oportunidades de financiación estatal.
La conclusión es que el marco legal español está diseñado para la cooperación multinivel, pero en Gijón se ha convertido en un “carajal” —como dices acertadamente— fruto del conflicto partidista.
- El ciudadano es quien paga el precio, con más dificultad para acceder a vivienda, precios disparados y proyectos encallados.
- Las administraciones, obligadas por ley a colaborar, usan la vivienda como arma política, ignorando el mandato constitucional del art. 47 CE.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que está sucediendo en Gijón no es un hecho aislado ni un desencuentro puntual entre administraciones: es el síntoma más visible de un partidismo corrosivo, particularmente acentuado en la derecha extrema que hoy gobierna en Gijón (Foro, PP y su tránsfuga), que antepone la confrontación al interés general. La vivienda —un derecho constitucional, un pilar vital para la estabilidad y dignidad de cualquier persona— se ha convertido en un arma partidista, en un territorio donde medir fuerzas en lugar de aliviar necesidades.
No se discute qué modelo es mejor para garantizar vivienda asequible; se discute quién puede apuntarse el tanto político. No se analiza qué combinación de recursos públicos, colaboración institucional y planificación técnica puede acelerar la construcción; se rehúye la cooperación porque es más rentable mantener la bronca que resolver el problema.
Y lo más grave es que este guion ya lo hemos visto en otros lugares. El caso de Llanes es paradigmático: bajo el urbanismo dictado por la alianza de extrema derecha de VecinosXLlanes y PP, el municipio lleva más de diez años atrapado en un laberinto urbanístico inacabable, un Plan General eternamente bloqueado, revisado, anulado, rehecho, paralizado… Una década de incertidumbre donde los vecinos siguen pagando el precio: inseguridad jurídica, retrasos, pérdida de oportunidades económicas, vivienda inaccesible y un territorio en “pausa” porque a la política no le interesa pulsar el botón de “play”.
Allí, como aquí, el patrón es idéntico:
- Antagonizar primero, resolver después (si eso).
- Convertir la vivienda en un instrumento de propaganda y no en un servicio público.
- Desconfiar de cualquier solución que no controle el propio partido.
- Ocultar la propia incompetencia acusando a la otra administración.
- Y, sobre todo, bloquear, porque bloquear da rédito político cuando el objetivo no es gobernar, sino perpetuar el conflicto.
El
resultado es siempre el mismo:
Los ciudadanos empobrecidos, el mercado encarecido, los jóvenes expulsados
de sus barrios, las familias desesperadas y el futuro hipotecado. Decimos
que “querer es poder”. Y es verdad. Lo que vemos en Gijón y
Llanes demuestra lo contrario:
· Cuando no se quiere, no se puede.
· Cuando no se quiere cooperar, no se puede construir.
· Cuando no se quiere gobernar, no se puede garantizar vivienda.
· Cuando no se quiere escuchar, no se puede avanzar.
La política que hoy nos gobierna en estos municipios no quiere resolver los problemas reales, porque hacerlo exige renunciar al ruido, al cálculo y al rédito electoral. Prefiere el conflicto a la solución. Prefiere el titular al ladrillo. Prefiere la excusa a la responsabilidad.
Mientras tanto, Asturias sigue perdiendo población joven, sigue encareciéndose el alquiler, siguen quedando vacíos los solares que deberían estar llenos de vida y siguen paralizados proyectos que podrían haberse ejecutado hace años.
La vivienda no puede seguir siendo rehén de la peor política:
· Ni en Gijón.
· Ni en Llanes.
· Ni en ningún punto de Asturias.
Hasta que no se entienda que gobernar es cooperar —no destruir—, que la vivienda no es mercancía electoral, y que la ciudadanía no puede seguir siendo víctima de esta basura política, no habrá avance posible. Y eso, desgraciadamente, depende de quienes hoy prefieren el enfrentamiento antes que el bienestar de aquellos a quienes dicen representar.
Ya lo dijo Sócrates: “El castigo de no participar en la política es ser gobernado por quienes sí lo hacen”.
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