LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN ÉTICA ALCANZA AL PP ASTURIANO, EL CASO PAULO GARCÍA DEJA EN EVIDENCIA A ÁLVARO QUEIPO

 

Ayer se publicaba en la prensa que los tribunales de justicia han anulado el proceso mediante el cual el alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), obtuvo en abril una plaza de encargado de obras en su propio Ayuntamiento, y ha ordenado repetir la selección por considerar que hubo irregularidades y conflicto de intereses.

El PSOE de Ribadesella denunció el caso al entender que el regidor “maniobró” para asegurarse un puesto en la administración que él mismo dirige, acusándolo de vulnerar los principios de igualdad, transparencia y buena administración. Los socialistas exigen su dimisión inmediata, señalando que García designó al tribunal del proceso selectivo y no se abstuvo pese a ser parte interesada.

Foto: Álvaro Queipo y Paulo Garcia, los dos "artistas" de la felonía a los vecinos de Ribadesella

Desde el PSOE asturiano, Álvaro Valle criticó también al líder regional del PP, Álvaro Queipo, por haber elogiado al alcalde cuando ya se conocía la existencia del procedimiento cuestionado, y le pidió pronunciarse públicamente sobre el caso.

Por su parte el alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), defendió su actuación, alegando que el fallo judicial solo aprecia un defecto de forma administrativo, sin cuestionar su honorabilidad ni su gestión. Asegura que no intervino en el proceso y que su participación se debió a que los dos aspirantes mejor clasificados renunciaron a la plaza, negando cualquier irregularidad https://tinyurl.com/48ckwp3h

Según lo publicado en los medios de comunicación con el proceso de oposición mediante el cual el alcalde de Ribadesella, Paulo García, obtuvo una plaza en el Ayuntamiento hay publicado lo siguiente:

• Álvaro Queipo, como presidente del Partido Popular de Asturias, visitó Ribadesella el día que se hizo pública la adjudicación de la plaza al alcalde Paulo García. OndaCero+2coperibadesella.com+2
• Durante esa visita, Queipo definió al alcalde Garcia como “un magnífico alcalde”. coperibadesella.com+1
• Desde el Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) se cuestionó si la visita y esa expresión de apoyo por parte de Queipo no constituían una forma de celebración del resultado del proceso selectivo. Federación Socialista Asturiana+1

En resumen: la relación de Álvaro Queipo con este proceso se sitúa en el ámbito político como responsable del PP respaldando al alcalde, habiendo expresado públicamente su respaldo en un momento polémico del proceso de oposición, lo que ha sido interpretado por la oposición como un síntoma de conflicto de intereses o al menos de falta de prudencia política.

El conflicto de intereses en política ocurre cuando una persona que ocupa un cargo público —como un alcalde, concejal, diputado o funcionario— tiene intereses personales, económicos o familiares que pueden influir o entrar en colisión con el interés general o con sus deberes como servidor público.

En otras palabras, se da un conflicto de intereses cuando quien debe tomar una decisión pública podría beneficiarse (directa o indirectamente) de esa misma decisión o perjudicar a otros por motivos personales. Un conflicto de intereses es la situación en la que los intereses privados de un cargo público pueden influir indebidamente en el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones.

Ejemplos típicos en política:

1. Un alcalde que participa en una decisión que le afecta personalmente, como una contratación, una adjudicación, una recalificación urbanística de un terreno de su propiedad o una oposición en el ámbito de gobierno donde ejerce su función.
2. Un concejal que favorece a una empresa de su familia o amigos en un concurso público.
3. Un funcionario que evalúa a un familiar o socio en un proceso selectivo.
4. Un parlamentario que vota leyes que afectan a su propio negocio o patrimonio.

Marco legal en España

• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 23): obliga a los cargos públicos a abstenerse en cualquier asunto en el que tengan un interés personal o relación que pueda afectar a su objetividad.
• Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno (art. 26): establece que los responsables públicos deben evitar conflictos de intereses y actuar siempre en defensa del interés general.
• Código Penal (art. 439-441): castiga los casos más graves de aprovechamiento del cargo para beneficio propio, lo que puede considerarse prevaricación o cohecho si hay dolo.

En el caso del alcalde de Ribadesella (ejemplo práctico)

El conflicto surge porque Paulo García, siendo alcalde y máxima autoridad del Ayuntamiento, participó o firmó actos administrativos relacionados con un proceso de selección en el que él mismo era aspirante a una plaza laboral. Esto supone que era “juez y parte”, lo que vulnera los principios de imparcialidad, transparencia y buena administración, y por ello la Justicia anuló el proceso.

Un conflicto de intereses se produce cuando un cargo público toma parte en una decisión que puede beneficiarle personalmente o afectar a sus propios intereses, en lugar de actuar con total imparcialidad en defensa del interés general.
En esos casos, la ley obliga al responsable a abstenerse y dejar que otros órganos decidan.

En política local, por ejemplo, hay conflicto de intereses cuando un alcalde participa en un proceso de selección de personal del Ayuntamiento en el que él mismo es candidato, o cuando firma decisiones que pueden repercutir en su propio beneficio o en el de su entorno. Este tipo de situaciones no siempre implican delito, pero sí vulneran los principios de transparencia, igualdad y buena administración que deben regir en toda institución pública.

Vamos a analizar la complicidad política del presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, en el contexto del conflicto de intereses del alcalde de Ribadesella, Paulo García, desde los ámbitos legal y político, con rigor y sin especulaciones:

1. Ámbito legal

Desde el punto de vista jurídico, no hay indicios ni constancia de participación directa o administrativa del presidente regional del PP, Álvaro Queipo, en el proceso de selección que benefició al alcalde de Ribadesella.
Por tanto, no existe responsabilidad legal ni penal derivada de su parte, ya que el conflicto de intereses recae exclusivamente sobre el cargo público que participó en el procedimiento (Paulo García).

Según el artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el deber de abstención corresponde al funcionario o autoridad que se encuentre en una situación de interés personal en el expediente.
En consecuencia, solo el alcalde tenía obligación legal de abstenerse y no intervenir en el proceso selectivo. La “complicidad política” o el respaldo público de su partido no tiene relevancia jurídica: no constituye infracción administrativa ni penal, salvo que se demostrara intervención material en la manipulación del proceso (lo que no aparece en las resoluciones judiciales ni en la documentación conocida).

Conclusión legal:

Álvaro Queipo y el PP no tienen responsabilidad jurídica directa en el conflicto de intereses. La infracción formal recae exclusivamente en el alcalde, por no haberse abstenido en un proceso donde concurría un interés propio.

2. Ámbito político

Desde el punto de vista político, la situación sí tiene connotaciones importantes para el PP asturiano y para su presidente, Álvaro Queipo:

• Álvaro Queipo mostró apoyo público al alcalde tras conocerse su adjudicación de la plaza, calificando su labor de “magnífica”.
• Ese gesto, aunque no ilegal, se interpreta políticamente como una forma de respaldo o tolerancia hacia una actuación cuestionada por los tribunales.
• En términos de responsabilidad política, este tipo de apoyo proyecta una imagen de connivencia o falta de exigencia ética interna, especialmente en materia de incompatibilidades y transparencia.
• Los partidos tienen el deber político —aunque no jurídico— de garantizar estándares éticos elevados en la actuación de sus cargos públicos. El silencio o la defensa pública ante un fallo judicial que anula un proceso por conflicto de intereses debilita la credibilidad del partido en materia de integridad institucional.

Conclusión política:

La “complicidad” del PP asturiano y de Álvaro Queipo no tiene efectos legales, pero sí connota una responsabilidad política indirecta, al no haber marcado una línea clara de separación entre la defensa partidista y la exigencia de ejemplaridad pública. En términos políticos, su respaldo al alcalde puede interpretarse como una validación implícita de un comportamiento contrario a los principios de imparcialidad y transparencia, lo que genera un coste reputacional para el partido en el ámbito del municipalismo asturiano.

Esta situación sucedida con el alcalde de Ribadesella no es la primera vez que se produce en el ámbito municipal o autonómico en España se ha detectado o investigado un conflicto de intereses relacionado con cargos del Partido Popular (PP). Aquí tienes algunos ejemplos y contextualización, sin que esto justifique de forma automática que los hechos sean exactamente iguales o tengan las mismas características que el caso de Ribadesella:

Ejemplos de conflictos o irregularidades anteriores

• Se conoce que el PP en Valencia, mediante el gobierno de Partido Popular de la Comunitat Valenciana, ha sido acusado de mantener un concejal de contratación que tenía vínculos empresariales con firmas que optaban a contratos públicos, lo que plantea un posible conflicto de intereses. elDiario.es
• A nivel más amplio, en España existen casos de adjudicación de contratos, favoritismo, recalificaciones urbanísticas, puertas giratorias o nombramientos en sedes municipales promovidos por cargos del PP u otros partidos, ya judicializados o mediáticos. Un caso amplio y conocido es el Caso Gürtel, en el que cargos del PP estuvieron implicados en la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas ligadas al partido.

Importante diferenciar

Aunque hay precedentes, hay que tener claro que cada caso tiene sus particularidades:

• No todos los conflictos o irregularidades provienen del mismo tipo de actuación (por ejemplo, selección de personal vs. contratos públicos vs. recalificación urbanística).
• Que haya irregularidades anteriores de un mismo partido no implica que todos los casos sean iguales o que haya responsabilidad automática del partido en cada una.
• En el caso de Ribadesella lo que está acreditado es que el alcalde participó en el proceso de selección en su propio ayuntamiento (conflicto de intereses), y lo que se analiza es la posible “complicidad política” del partido y su presidente regional, pero esa parte no ha sido judicializada en el mismo grado.

Conclusión

Por tanto, está acreditado que:

• Sí, existen antecedentes en el PP en el ámbito local o autonómico de actuaciones que suscitan o suscitaban conflictos de intereses o irregularidades similares.
• Pero no se puede decir que este sea “el primer” caso de este tipo dentro del PP, pues hay datos contrarios.
• Cada caso requiere análisis propio del contexto, de la legislación aplicable, de los hechos jurídicos y políticos específicos.

Aquí está una lista ampliada de diversos casos concretos en España relacionados con el Partido Popular (PP) y PSOE en el ámbito municipal o autonómico, que presentan indicios o investigaciones de conflictos de intereses o situaciones de actuación cuestionada. Cada caso incluye un resumen breve y la fuente pública.

Importante: Estos casos no necesariamente implican condena firme en todos los casos, y cada uno debe analizarse en su contexto. Esto ofrece un panorama comparativo.

Nº	Lugar / Año	Resumen del caso	Fuente
1	Algeciras (Cádiz) – 2025	El PSOE denunció al alcalde del PP por presunto conflicto de intereses, malversación y negociaciones prohibidas respecto a su propia clínica. Europa Press	“El PSOE denuncia al alcalde de Algeciras… ante Anticorrupción por presunto conflicto de intereses con su clínica.”
2	Santander – 2025	El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del PP era preparador privado de opositores mientras diseñaba la OPE municipal, lo que la oposición denomina “puerta giratoria en tiempo real” y posible conflicto de intereses. elDiario.es	“Exigen explicaciones a la alcaldesa de Santander…”
3	Málaga – 2025	Denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude por posible conflicto de la concejala de Cultura del PP, quien había sido directora de la entidad que recibió contrato de patrocinio del Ayuntamiento. Cadena SER	“Con Málaga eleva una denuncia… posible conflicto de intereses e irregularidades…”
4	Alberto Fabra (PP) – 2025	El ex-presidente de la Generalitat Valenciana y diputado del PP renunció a presidir la Comisión de Defensa del Congreso para evitar un posible conflicto de intereses: su hijo trabaja para una empresa vinculada al sector de la defensa. Cadena SER	“Alberto Fabra (PP) deja la Comisión de Defensa…”
5	Caso Gürtel – principalmente 2007-2018	Trama de corrupción vinculada al PP que implicaba adjudicación irregular de contratos, financiación ilegal, tráfico de influencias: aunque no es exactamente “conflicto de intereses” técnico, representa actuación en contra de los principios de transparencia y buen gobierno. Wikipedia	“Caso Gürtel… red de corrupción política vinculada al Partido Popular…”
6	José Manuel Soria (PP, Canarias) – década 2000	Durante su etapa política se investigaron múltiples tramas y actuaciones urbanísticas cuestionadas vinculadas con el PP en Canarias (casos Góndola, Faycán, etc.). Wikipedia	“Corrupción urbanística vinculada al PP de Canarias…”
7	Utrera (Sevilla) – 2025	Las obras llevadas a cabo en la vivienda de la concejala de Urbanismo del PP generaron dudas porque el expediente sancionador dependía de su propia delegación, lo que la oposición califica como “muy grave conflicto de intereses”. El País	“Unas obras presuntamente ilegales en una vivienda de la concejal… cuestionan la compatibilidad de su cargo.”
8	Javier Maroto (PP) – 2016	Condenado junto a otro cargo por perjuicios para los fondos públicos del municipio de Vitoria en el “caso San Antonio”. No es exactamente conflicto de intereses pero sí actuación contraria a los principios de buena administración. Wikipedia	“Fue condenado… por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del municipio de Vitoria…”

El caso del alcalde de Ribadesella, Paulo García,  no es un episodio aislado, sino un reflejo preocupante de una pauta de degradación ética en la política municipal del Partido Popular, donde los límites entre el servicio público y el interés personal parecen diluirse. La Justicia ha dejado claro que Paulo García incurrió en un conflicto de intereses, utilizando su posición de alcalde para intervenir en un proceso de selección que acabó beneficiándole personalmente. Este hecho, más allá del fallo judicial, quiebra la confianza ciudadana en la imparcialidad y la transparencia que deben regir en toda institución democrática.

Resulta especialmente grave el respaldo público ofrecido por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien, lejos de exigir explicaciones o marcar distancia ante una actuación incompatible con los principios de buena administración, decidió elogiar al alcalde y defender su gestión incluso cuando el proceso estaba siendo cuestionado. Ese apoyo político —hoy desmentido por la sentencia— expone la complicidad moral del liderazgo del PP asturiano, que ha preferido proteger a uno de los suyos antes que salvaguardar la integridad institucional.

Este episodio deja una lección nítida: cuando la ética se convierte en una opción y no en una obligación, la política pierde su legitimidad. Los ciudadanos no solo esperan legalidad, sino ejemplaridad; y cada vez que un responsable público confunde el poder con el privilegio, la democracia se resiente un poco más.

Ya lo dijo John Steinbeck: “El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder”.