La situación del acceso a la vivienda en España atraviesa un momento especialmente delicado debido a una combinación de factores que afectan tanto a la demanda como a la capacidad real de pago de las familias. La renta disponible de los hogares crece de manera insuficiente, el ahorro es limitado y la oferta de vivienda, ya sea en compra o alquiler, no aumenta al ritmo al que lo hace la demanda. Todo ello se traduce en precios que superan lo que la mayoría de las familias pueden afrontar bit.ly/4p6eFcj
El Banco Central Europeo (BCE) estima que la vivienda en España presenta actualmente una sobrevaloración media cercana al 16,8 %, con un intervalo que oscila entre el 2 % y el 29 %. Esto supone el nivel más elevado en más de 16 años, desde 2009, y acerca al país a los niveles previos a la crisis inmobiliaria del año 2008. De hecho, el máximo histórico de sobrevaloración se alcanzó en 2007, durante la burbuja, con un 33,3 %. Tras el estallido de aquella burbuja y en plena crisis financiera y de deuda, el mercado vivió una etapa de infravaloración que duró ocho años, entre 2011 y 2019, con un mínimo de –17,3 % en junio de 2013. A partir de 2020, el precio de la vivienda retomó una senda alcista y abandonó la infravaloración. Desde entonces, la dinámica en el mercado de la vivienda ha sido claramente ascendente hasta situarse en la mayor sobrevaloración registrada en los últimos 16 años.
Las estimaciones del Banco de España difieren ligeramente, ya que emplea otras metodologías, pero también apuntan a un encarecimiento claro. Según este organismo, la sobrevaloración actual ronda el 9,35 %, con valores que oscilan entre el 5 % y el 12 %. Aun así, recuerda que entre 2021 y 2024 los precios y la renta de los hogares crecieron a ritmos similares, manteniendo cierta estabilidad. En cambio, en el año 2025 se aprecia un repunte claro de la sobrevaloración, alcanzando niveles parecidos a los de mediados de 2003, muy por debajo de los máximos de 2007 pero preocupantes por la rapidez del ascenso.
Para ambos organismos, la principal diferencia metodológica radica en los indicadores empleados. El BCE compara los precios actuales con su valor medio desde 1996, con los principales factores macroeconómicos (tipos de interés, PIB, oferta de vivienda) y con lo que sería financieramente razonable que una familia destinara a vivienda, aproximadamente el 30 % de su renta disponible. El Banco de España, por su parte, se apoya en indicadores que relacionan la renta de los hogares, la evolución histórica de precios, los tipos de interés y la relación entre crédito y PIB. Ambos estudios, pese a sus diferencias, coinciden en que los problemas de acceso a la vivienda no responden solo a dinámicas de mercado, sino que tienen una fuerte dimensión social.
El encarecimiento reciente es significativo: los precios crecieron de media un 12,5 % en el primer semestre de 2025, frente al 4 % en 2023 y al 8,4 % en 2024. La demanda se mantiene fuerte, mientras que la oferta apenas se mueve, generando tensiones adicionales. Aun así, si se tiene en cuenta la inflación acumulada desde el año 2008, el precio real de la vivienda todavía se sitúa un 17,7 % por debajo del máximo alcanzado justo antes de la crisis financiera global.
Además del indicador de sobrevaloración, el Banco de España dispone de un indicador sintético que valora el riesgo global del mercado inmobiliario integrando factores de oferta, demanda, condiciones crediticias y situación financiera de los hogares. Este indicador muestra que desde el año 2024 las vulnerabilidades están aumentando, aunque todavía se mantienen muy por debajo de las que precedieron al estallido de la burbuja en el año 2008. Actualmente se sitúan en torno al 0,41, un nivel similar al de finales de 2018 y muy lejos del 0,87 registrado en diciembre de 2006.
Para contextualizar estas cifras, distintos estudios señalan que España arrastra un déficit de vivienda principal que podría oscilar entre las 500.000 y las 765.000 unidades, alrededor del 4 % del parque total de vivienda principal, lo que presiona aún más al alza los precios. A ello se suma la percepción social: tres de cada cuatro españoles consideran que el problema de la vivienda no recibe la atención necesaria.
Si descendemos al ámbito regional, Asturias no es ajena a esta tendencia. Aunque tradicionalmente ha sido una de las comunidades con precios más moderados, en los últimos años experimenta un encarecimiento notable. El precio del alquiler en la región ronda los 9,9 €/m² y crece más de un 7 % anual, mientras que los precios de compra aumentaron un 13,5 % interanual en 2025, la mayor subida en casi dos décadas. La región padece también un desequilibrio claro entre oferta y demanda de vivienda en alquiler, lo que tensiona aún más los precios y reduce el acceso de los jóvenes y de las familias con ingresos medios. Para paliar esta situación, el Gobierno asturiano ha impulsado programas como “Alquilámoste”, orientados a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible, aunque su impacto aún es limitado frente a la magnitud del problema.
En definitiva, la combinación de una oferta insuficiente, unos precios que crecen más rápido que la renta de los hogares y una fuerte demanda estructural —incluida la residencial y la ligada a movimientos migratorios internos y externos— está generando un escenario en el que acceder a una vivienda resulta cada vez más complicado. Los indicadores técnicos descartan, por ahora, una burbuja semejante a la del año 2008, pero confirman que la tensión en el mercado inmobiliario es real, persistente y creciente tanto en España como en Asturias.
En un concejo costero y turístico como Llanes, el problema de la vivienda se agrava por un elemento que lo diferencia de muchos otros municipios asturianos: la ausencia prolongada de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) plenamente vigente. El último (PGOU) fue anulado por el Tribunal Supremo en el año 2011 gobernando el PSOE, lo que dejó al concejo sin normativa urbanística municipal propia, ya que también habían sido invalidados planeamientos anteriores; desde entonces, el urbanismo de Llanes ha tenido que apoyarse en normas supletorias y criterios caso a caso, con una gran inseguridad jurídica para promotores y vecinos. Esta carencia de planeamiento se ha mantenido durante casi toda la etapa del gobierno fascista que litigó para tumbar planeamientos anteriores, el partido fascista VecinosxLlanes sicarios de la asociación llanisca AVALL, que lleva dirigiendo el Ayuntamiento desde el año 2015, y ha coincidido con una fuerte presión turística y un auge del alquiler vacacional, precisamente en un municipio donde la demanda externa de vivienda —de segunda residencia o como inversión— es muy elevada, sin que el gobierno de coalición de, Vecinos y PP (el adicto al gobierno y tonto útil) hiciese absolutamente nada, frente al problema hasta que la situación les obligo a dictar una moratoria a los pisos turísticos cuando ya no había solución al problema de la vivienda.
Diversos organismos públicos han ido advirtiendo, de forma más o menos explícita, de las consecuencias de esta situación. El Consejo Consultivo del Principado, en varios dictámenes sobre casos concretos de suelo en Llanes, llegó a señalar que la falta de planeamiento es “un problema extensible a todo el concejo”, al no existir una categorización clara del suelo no urbanizable, lo que dificulta encajar jurídicamente cada actuación y genera un marco de gran incertidumbre tanto para la protección del territorio como para el desarrollo ordenado de nueva vivienda. ccasturias.es A su vez, la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno asturiano ha tenido que intervenir reiteradamente: por un lado, aprobando en el año 2024 unas Normas Urbanísticas Provisionales para Llanes, concebidas como un parche temporal mientras se tramita un nuevo plan general; por otro, urgiendo públicamente al Ayuntamiento a culminar “de forma inmediata” la aprobación de ese nuevo (PGOU), lo que equivale a reconocer que la ausencia de planeamiento propio se ha convertido en un problema serio para la ordenación del municipio. coaa.es+1
En la práctica, esta combinación de fuerte presión turística, escasa vivienda asequible y vacío de planeamiento ha tenido efectos muy claros sobre el acceso a la vivienda de la población residente. Sin un plan general que marque con precisión dónde y cómo crecer, qué suelos se reservan para vivienda protegida o para residencia habitual, y qué límites se ponen al uso turístico de los inmuebles, el mercado tiende a orientarse hacia el producto más rentable: la vivienda vacacional, la segunda residencia y la especulación sobre el suelo disponible. Los propios constructores han denunciado públicamente que la inexistencia de (PGOU) es ya la principal traba para impulsar nueva vivienda que responda a las necesidades reales del concejo, al tiempo que asociaciones vecinales y ecologistas han venido alertando desde hace años tanto de las irregularidades urbanísticas como del impacto social y territorial de este modelo. RTPA
Así, en un contexto regional en el que el Principado prepara su primera gran ley de vivienda y anuncia la declaración de “zonas tensionadas” allí donde el alquiler se ha disparado, el gobierno fascista de Vecinos y PP ha situado a Llanes como un ejemplo paradigmático de cómo la falta de planificación urbanística, mantenida durante años bajo el mismo gobierno local, ha contribuido a agravar el problema de acceso a la vivienda. El resultado de esta gestión municipal desastrosa es un municipio donde el suelo es caro, la vivienda para residentes es escasa y cada vez más inaccesible, y en el que son las instituciones autonómicas —a través de dictámenes, normas provisionales y advertencias públicas— las que han tenido que alzar la voz para recordar que sin un plan urbanístico claro no hay manera de garantizar ni un desarrollo ordenado del territorio ni el derecho efectivo a una vivienda digna para la población llanisca.
Ante esta dura realidad, aparecen los psicópatas del gobierno municipal de la ultraderecha, Juan Valladares, concejal de Economía y Enrique Riestra alcalde, ambos del partido Vecinos, para decirnos a los llaniscos que van a paliar dicho problema con la siguiente medida que han tomado en el presupuesto municipal que aprobaran para el año 2026. El equipo de gobierno municipal ha presentado para los presupuestos de 2026 una medida que pretende aliviar la situación: una partida de 50.000 euros destinada a incentivar el alquiler anual. La idea consiste en ofrecer ayudas de 1.000 euros por vivienda para animar a los propietarios de Viviendas de Uso Turístico y Viviendas Vacacionales a que renuncien, al menos temporalmente, al alquiler turístico y cedan sus inmuebles al mercado residencial. Desde el Ayuntamiento, el alcalde Enrique Riestra presenta esta iniciativa como una nueva muestra —según sus palabras— de gestión “honesta”, “con sentido común” y orientada a “priorizar el bien común” en todo el concejo. A su juicio, forma parte de la senda de transformación que asegura haber impulsado desde hace diez años, una etapa en la que dice haber saneado deudas, resuelto contratos, reforzado la cultura y mejorado instalaciones deportivas y festejos.
Sin embargo, la realidad que se vive en el concejo muestra que la medida llega tarde, es limitada y difícilmente tendrá ningún impacto. Con apenas 50.000 euros disponibles, el programa podría atraer, en el mejor de los casos, a cincuenta viviendas. En un municipio donde el parque turístico supera ampliamente esa cifra y donde la rentabilidad de una VUT es mucho mayor que la de un alquiler tradicional, es improbable que la ayuda resulte lo suficientemente atractiva para modificar el comportamiento de los propietarios. La diferencia entre lo que genera un piso en verano y lo que supone esta subvención es abismal. Pero su gesto de cara a la galería no deja de ser una prueba más de que quien gobierna en el Ayuntamiento de Llanes esta borracho de incompetencia y felonía a la hora de engañar a los llaniscos con burdos señuelos.
Además, esta iniciativa se presenta sin haber resuelto el problema de fondo: la falta de planeamiento urbanístico. Organismos públicos como el Consejo Consultivo del Principado y la Consejería de Ordenación del Territorio han advertido en repetidas ocasiones de los efectos de esta ausencia de PGOU, subrayando la inseguridad jurídica que genera, la dificultad para construir vivienda nueva y la imposibilidad de reservar suelo para usos prioritarios, incluida la vivienda asequible. Las Normas Provisionales aprobadas por el Principado fueron un parche temporal, no una solución definitiva. Mientras Llanes siga sin un plan urbanístico sólido, cualquier medida basada únicamente en incentivos económicos tendrá un efecto marginal, pero eso al golfo Riestra y su panda de “mariachis” conejales mantenidos del gobierno municipal les importa una mierda.
Así, lo que el gobierno municipal presenta como un avance resulta, en realidad, un engaño que no afronta las causas profundas del problema. Mientras tanto, los llaniscos siguen enfrentándose a alquileres prohibitivos, una oferta casi inexistente y un mercado completamente descompensado a favor del turismo. La crisis de vivienda en Llanes no se resolverá con una subvención simbólica ni con discursos triunfalistas, sino con planificación, regulación y una estrategia a largo plazo que el municipio lleva demasiados años posponiendo.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que ocurre en Llanes no es fruto de la casualidad ni de una mala racha urbanística: es el resultado directo de una década de decisiones políticas que han ignorado sistemáticamente el acceso a la vivienda, privilegiando modelos turísticos y discursos triunfalistas antes que la realidad cotidiana de los vecinos. Quienes gobiernan el concejo —la coalición fascista de Vecinos y el Partido Popular— han convertido la parálisis urbanística en una forma de gobierno, un inmovilismo que ha dejado a Llanes sin herramientas para planificar, sin vivienda asequible y sin horizonte para las generaciones jóvenes que buscan quedarse.
Mientras el municipio se hunde en un déficit crónico de vivienda residencial, el equipo de gobierno intenta vender como solución una subvención simbólica que, en el mejor de los casos, apenas convencerá a un puñado de propietarios. No hay estrategia, no hay ambición y no hay voluntad de afrontar el problema con la magnitud que exige. Se presentan como gestores responsables, pero la realidad es que han permitido que el alquiler turístico colonice el territorio, que los residentes queden desplazados y que el concejo se convierta poco a poco en un escaparate estacional más que en un lugar donde vivir.
Las palabras grandilocuentes de los magantes fascistas políticos, Enrique Riestra y Juan Valladares, en la presentación de presupuestos del año 2026, con anuncios de última hora y las fotos promocionales no tapan una década sin PGOU, sin vivienda protegida, sin reservas de suelo y sin un plan claro para frenar el deterioro social que supone que cada año más llaniscos tengan que marcharse porque no encuentran un techo digno. La crisis de vivienda no se combate con gestos cosméticos ni con discursos que apelan al “bien común”, sino con políticas valientes, planificación rigurosa y una visión de futuro que hoy brilla por su ausencia.
Llanes no necesita promesas: necesita
gobierno.
Y sobre ese punto, tras diez años, la evidencia es incontestable: no lo
ha tenido.
Ya lo dijo Montesquieu: “No hay tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.”
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