CERREDO: LA TRAGEDIA MINERA QUE LA ADMINISTRACIÓN PUDO DETENER

 

Hoy podemos leer en un diario regional las declaraciones de Enrique Ramón Martínez, antiguo trabajador de la mina de Cerredo, el cual rompe su silencio tras tres años de silencio para denunciar una realidad que, según él, “todo el mundo sabía”: en la explotación se estaba extrayendo carbón de forma ilegal, sin permisos, a la vista de todos y con la convicción interna de que el Principado terminaría autorizándolo. Enrique, con más de tres décadas de experiencia en maquinaria minera, empezó a trabajar allí en noviembre de 2021. Lo que inicialmente se presentaba como un simple trabajo de manejo de acopios pronto se convirtió, afirma, en una operación encubierta para reactivar el sexto piso de la mina y sacar antracita sin ningún tipo de autorización.

Enrique asegura que desde marzo de 2022 la empresa había comenzado tareas preparatorias para explotar clandestinamente la galería, trayendo madera para postear y enviando a varios mineros al interior. En abril ya se sacaban pequeñas cantidades y en julio la producción era constante. “Claro que sabíamos que se sacaba carbón. Era el objetivo desde el principio”, dice. Incluso sostiene que el empresario, Jesús Rodríguez Morán, les aseguraba que el permiso llegaría “en semanas”, aunque nunca llegó. Aun así, continuaron explotando el sexto piso “a tope”.

Según su relato, el carbón extraído ilegalmente se mezclaba, cribaba y distribuía por distintos puntos de Asturias y León, y parte se vendía para calefacciones, donde “estaba la pasta”. Asegura que se añadía grafito para reducir cenizas y obtener un producto más vendible. Todo mientras los inspectores del Principado visitaban la mina con aviso previo, permitiendo —según Enrique— que los trabajadores se escondieran o simulasen actividades legales. Para él, estas inspecciones nunca destaparon lo evidente: que se estaba explotando carbón sin licencia.

  Foto: Barbón se funde en un efusivo abrazo con su consejera dimitida

El 25 de agosto de 2022, Enrique sufrió un accidente mortal en el camión con el que transportaba ese carbón ilegal. Su compañero murió y él perdió una pierna. Desde entonces vive convencido de que la empresa no solo trató de desentenderse del incidente, sino también de culparlo falsamente para ocultar la actividad clandestina que realmente estaban realizando. Afirma que la mutua recibió informes manipulados, que se intentó comprar su silencio y que incluso un trabajador implicado llegó a negar conocerle durante la llamada al 112, pese a haber estado con él minutos antes.

Lo que más le indigna es que, pese a haber declarado todo a la Guardia Civil y a la dirección de Minas meses después de su accidente, la administración permitió que la mina continuara operando bajo otra empresa de la misma familia del empresario, un simple cambio de nombres. Tres años después, en marzo de 2025, cinco mineros murieron en la misma explotación, otra vez extrayendo carbón sin permiso, repitiendo el patrón que Enrique había denunciado.

Para él, la tragedia era “100% evitable”. Cree que si en 2022 no se hubieran ocultado pruebas, si no se hubiese mentido a las autoridades y si la administración hubiera actuado, esas cinco personas no habrían muerto. “Todo el mundo sabía que se sacaba carbón, y quien debía evitarlo miró hacia otro lado”. Su testimonio concluye con un mensaje claro: callar permite que las irregularidades se repitan. Y en Cerredo, dice, ese silencio costó vidas https://tinyurl.com/2evrkbx3

A continuación hago una línea de tiempo solo con hechos que constan en fuentes oficiales y periodísticas, sin entrar en opiniones ni hipótesis propias.

1. Contexto administrativo previo al accidente

• 2018
• La mina de Cerredo (Zarréu, concejo de Degaña) se cierra oficialmente en el marco del fin de la minería del carbón subvencionada. ElHuffPost
• Junio de 2022 – septiembre de 2024
• La explotación pasa a manos de Blue Solving S.L., que adquiere los derechos mineros del antiguo Grupo Cerredo. Actualidad Asturias
• La Dirección General de Energía y Minas del Principado realiza 8–9 inspecciones en la mina en ese periodo. Según el Gobierno asturiano, ninguna de esas actas recogió actividad ilegal en el piso 3º ni incumplimientos graves de seguridad, aunque sí se abrieron dos expedientes sancionadores por otros motivos. https://www.tribunazamora.com+2Cadena SER+2
• Verano de 2024
• El Principado concede a Blue Solving un permiso de investigación complementaria para explorar usos del carbón orientados al grafito (en el nivel 1) y otra autorización para retirar materiales y chatarra en el nivel 3, donde luego ocurrirá la explosión.
• En ningún caso estas licencias autorizan extracción de carbón como explotación ordinaria. RTVE+2agoranet.jgpa.es+2
• 2022–2023 (hechos documentados)
• Tras un accidente exterior en 2022 con un fallecido, un informe interno habla de “indicios racionales de actividad extractiva no autorizada”.
• En 2023 se registra al menos una denuncia de un particular y un conflicto entre empresas mineras sobre posibles extracciones no permitidas. Estas denuncias fueron conocidas por el Principado y trasladadas a las autoridades competentes. Cadena SER+2RTPA+2

2. 31 de marzo de 2025: secuencia básica del accidente

• Entre las 8:45 y las 9:40 h
• Se produce una explosión en el piso 3º de la mina de Cerredo, a varios metros de profundidad. Las primeras informaciones apuntan a la explosión de una máquina y/o a una bolsa de grisú (gas metano) como principal hipótesis de la causa, según la Brigada de Salvamento Minero y la Policía Judicial. Diario Público+3RTVE+3elDiario.es+3
• 09:32 h aprox.
• El Centro de Coordinación de Emergencias del Principado recibe el aviso por “un problema con una máquina” que ha dejado varios heridos. infobae
• A lo largo de la mañana
• Se activa el dispositivo de rescate: acuden SEPA, Brigada de Salvamento Minero, Guardia Civil y servicios sanitarios.
• El consejero de Movilidad activa el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA) en fase de emergencia, que se desactiva hacia las 18:00 h, una vez finalizadas las labores de rescate. elDiario.es
• Balance de víctimas (cifras oficiales)
• 5 trabajadores fallecidos y 4 heridos, varios de ellos con quemaduras graves y traumatismos.
• Los fallecidos, de entre 32 y 54 años, son todos vecinos de la provincia de León (Laciana y El Bierzo principalmente). El Faro Astorgano+3El País+3radioplayer.orm.es+3
• Dos trabajadores resultan ilesos. El Obrero
• Duelo oficial
• Asturias y Castilla y León decretan dos días de luto oficial. El País+1

3. Movimientos inmediatos del Principado (finales de marzo – primera quincena de abril)

3.1. Primeras decisiones administrativas y de investigación

• Desde el 31 de marzo de 2025
• La actividad en la mina queda paralizada de facto a raíz del accidente y del dispositivo judicial y de seguridad.
• Se abre una investigación penal en el Juzgado de Cangas del Narcea; el Principado s e persona en la causa. La Voz de Asturias+1
• 3–4 de abril de 2025
• La Comisión Regional de Seguridad Minera se reúne de urgencia.
• La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, anuncia:
• Inicio de los trámites previos de un expediente sancionador contra Blue Solving. RTPA+1
• Puesta en marcha de una comisión especial de investigación técnica dentro de la propia Comisión de Seguridad Minera. RTPA+1
• El Ejecutivo confirma que el Principado se presentará como acusación particular en el denominado “caso Blue Solving”. La Voz de Asturias
• 4 de abril de 2025
• Distintas fuentes del Gobierno y medios recogen que el expediente sancionador formal contra Blue Solving se abre el 4 de abril, tras detectarse las primeras irregularidades. ElHuffPost+2Estrella Digital+2
• Primeros días de abril
• El Gobierno asturiano niega públicamente haber actuado de forma negligente en la vigilancia de la mina, defendiendo que los permisos concedidos eran solo para investigación y retirada de materiales, y que las ocho inspecciones desde 2022 no detectaron extracción de carbón en el nivel 3. Cadena SER+2Cadena SER+2

3.2. Inspecciones técnicas tras el accidente

• 8 de abril de 2025
• La Policía Judicial accede al interior de la mina junto con inspectores del Principado, la Brigada de Salvamento y otros equipos técnicos para recabar datos en el punto de la explosión. RTVE
• 11 de abril de 2025
• El Principado comunica que los inspectores han hallado “indicios claros” de extracción de carbón en el nivel 3 (dos huecos de más de 18 y 24 metros), zona en la que Blue Solving no tenía autorización para extraer carbón.
• El Gobierno anuncia que exigirá a la empresa que asuma “todas las responsabilidades” si se confirma la irregularidad. El País+2Diario ABC+2
• En paralelo (principios de abril)
• Se ordena una auditoría interna o inspección de servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas de la consejería, para revisar la actuación administrativa previa al accidente. Estrella Digital+2NR | Periodismo alternativo+2

4. Cambios políticos y refuerzo del control (segunda quincena de abril – junio 2025)

• 15 de abril de 2025
• La consejera Belarmina Díaz presenta su dimisión irrevocable tras comparecer en el parlamento asturiano por el accidente.
• En su salida:
• Reitera que las licencias eran solo para investigación y retirada de materiales, no para extraer carbón.
• Señala a Blue Solving como principal responsable si se confirma la extracción ilegal. El País+2La Voz de Asturias+2
• Mayo de 2025
• El presidente del Principado, Adrián Barbón, reitera públicamente su compromiso de “investigar y llegar hasta el final” y recuerda que el Gobierno ha activado varias vías: investigación técnica, expediente sancionador, revisión interna de la Administración y personación en la causa penal. Nueva Economía Fórum+1
• 20 de junio de 2025
• La Junta General del Principado acuerda llamar a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la futura comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo. EFE Noticias

5. Comisión parlamentaria de investigación y nuevas revelaciones (julio – octubre 2025)

• 28 de julio de 2025
• Arranca en la Junta General del Principado de Asturias la comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas por la muerte de los cinco mineros.
• Está previsto que comparezcan hasta 92 personas: funcionarios, ex altos cargos, técnicos, inspectores y expertos. Cadena SER+1
• Septiembre – octubre de 2025
• La comisión celebra diversas sesiones, recogidas en los Diarios de Sesiones, donde comparecen:
• Agentes de Medio Natural que habían emitido advertencias previas. agoranet.jgpa.es
• Personal técnico del Servicio de Minas y de Industria. agoranet.jgpa.es+1
• 9 de octubre de 2025
• En su comparecencia, el jefe del Servicio de Minas, Santiago Berjano, reconoce que, desde el punto de vista jurídico-administrativo, la Administración debería haber declarado la caducidad de la concesión de Cerredo antes del accidente, debido a que Blue Solving:
• No había depositado la fianza requerida para el proyecto de investigación complementaria.
• No había presentado el plan de labores correspondiente.
• Señala que estas circunstancias, en su opinión, implicaban la necesidad de dar por terminada de oficio la concesión, pero el accidente se produjo mientras el servicio “valoraba qué hacer”. EFE Noticias

6. Resumen muy sintético

• Hecho central: el 31 de marzo de 2025 una explosión en el nivel 3 de la mina de Cerredo causa 5 muertos y 4 heridos, con la bolsa de grisú como hipótesis oficial principal de la causa. elDiario.es+1
• Situación legal de la mina: la empresa Blue Solving solo tenía permisos para investigación y retirada/valorización de materiales, no para extraer carbón en el piso 3.RTVE+2La Voz de Asturias+2
• Hallazgos posteriores: las inspecciones tras el accidente encuentran indicios claros de extracción de carbón en ese nivel, calificada por el propio Gobierno como actividad irregular. El País+1
• Movimientos del Principado:
• Apertura de expediente sancionador (4 de abril).
• Personación como acusación particular.
• Auditoría interna del Servicio de Minas.
• Creación de una comisión técnica de seguridad y, más tarde, de una comisión parlamentaria de investigación. Cadena SER+3RTPA+3La Voz de Asturias+3
• Dimisión de la consejera Belarmina Díaz el 15 de abril de 2025. El País+1
• Reconocimiento posterior, por el jefe de Minas, de que administrativamente se debió clausurar la concesión antes del accidente por falta de fianza y plan de labores. EFE Noticias

Todo lo anterior son hechos documentados en notas oficiales, diarios de sesiones y prensa seria. Lo que queda por definir (responsabilidades penales y políticas concretas) está en manos de la justicia y de la comisión parlamentaria.

A continuación doy una respuesta estrictamente jurídica, basada en la legislación aplicable en Asturias y en España en materia minera y de seguridad laboral, sin especulaciones y separando claramente lo que exige la ley de lo que se conoce que hizo la Administración en el caso de Cerredo.

1. Ley aplicable

En este tipo de casos intervienen tres marcos legales principales:

A) Ley de Minas (Ley 22/1973) y su Reglamento (RD 2857/1978)

Obliga a la Administración minera autonómica (en Asturias, la Dirección General de Energía y Minas) a:

1. Autorizar / denegar planes de labores y permisos de explotación o investigación.
2. Inspeccionar periódicamente las labores mineras.
3. Suspender actividades cuando se realicen trabajos sin autorización o con riesgo grave.
4. Abrir expedientes sancionadores en caso de infracción.
5. Declarar la caducidad de derechos mineros si no se cumplen las obligaciones administrativas (fianzas, planes de labores, etc.).

B) Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985)

Exige que la autoridad minera:

1. Verifique que solo se realicen tareas autorizadas.
2. Prohíba trabajos subterráneos no previstos en el plan aprobado.
3. Actúe de inmediato en caso de indicios de riesgo grave (gas, explosiones, maquinaria…).

C) Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y RD 39/1997

Obliga a:

1. Vigilancia pública del cumplimiento de las condiciones de seguridad por parte de la autoridad laboral y minera.
2. Inspecciones independientes cuando hay accidentes graves.

D) Competencias de la Delegación del Gobierno (Administración General del Estado)

La delegación interviene en:

• Guardia Civil (Policía Judicial).
• Coordinación de emergencias cuando lo exigen los protocolos.
• Traslado al Ministerio de Transición Ecológica en lo relativo a títulos mineros estatales.

2. ¿Qué exige la ley que debió hacer el Principado?

Según la normativa transcrita arriba, la Administración autonómica debía:

(1) Verificar que los permisos otorgados coincidían con la actividad real

• Si Blue Solving tenía permisos solo para investigación o retirada de materiales en el nivel 3, la ley impide cualquier extracción de carbón sin autorización expresa.
• Si existía sospecha de explotación ilegal, la ley obliga a interrumpir la actividad de inmediato.

(2) Declarar la caducidad de la concesión

La Ley de Minas establece caducidad si:

• No se deposita la fianza obligatoria, o
• No se presenta el plan de labores anual.

En la comisión parlamentaria, el jefe del Servicio de Minas reconoció que estos dos supuestos sí se daban en Cerredo.
* Por ley, esto debía llevar a la revocación o suspensión del derecho minero antes del accidente.

(3) Realizar inspecciones eficaces

La legislación obliga a que las actas de inspección:

• Comprueben que no hay labores en zonas no autorizadas.
• Actúen frente a indicios de trabajos no declarados.
• Ordenen suspensión inmediata si se detectan labores irregulares.

(4) Abrir expediente sancionador cuando existan indicios de actividad ilegal

No solo tras un accidente grave, sino en cuanto haya indicios suficientemente consistentes.

(5) Coordinarse con la autoridad laboral y la Delegación del Gobierno

Especialmente para:

• Riesgos graves para la vida de trabajadores.
• Acumulaciones de grisú.
• Maquinaria peligrosa.

3. ¿Qué se sabe que hizo efectivamente el Principado? (solo hechos documentados)

Antes del accidente

• Concedió permisos de investigación y retirada de materiales, no de explotación.
• Realizó 9 inspecciones en dos años, ninguna de las cuales documentó extracción ilegal en el nivel 3.
• No declaró la caducidad de la concesión, pese a que faltaba fianza y plan de labores.
• No ordenó suspensión preventiva de labores por indicios previos (denuncias de particulares, advertencias de agentes medioambientales, informes internos previos del caso 2022).

Después del accidente

• Paralizó la mina.
• Se personó como acusación particular.
• Abrió expediente sancionador.
• Inició auditoría interna del Servicio de Minas.
• Impulsó una comisión técnica de seguridad.
• Activó el PLATERPA durante el rescate.
• La consejera presentó su dimisión.
• Las Cortes regionales crearon una comisión parlamentaria de investigación.

4. Comparación estricta: LO QUE EXIGE LA LEY vs. LO QUE SE HIZO

Obligación legal	¿Se cumplió?	Observación documentada
Suspender actividad en caso de indicios de trabajos no autorizados	No consta que se hiciera antes del accidente	El jefe de Minas reconoció que la fianza y plan no estaban en regla y que se estaba “valorando qué hacer”.
Declarar caducidad por falta de fianza y plan de labores	No se declaró antes del accidente	Según declaraciones oficiales, debía haberse tramitado.
Inspección eficaz que verifique zonas realmente trabajadas	No se detectaron extracciones previas	La comisión técnica halló después huecos de extracción en el nivel 3.
Actuar ante denuncias de irregularidades	Actuación insuficiente para evitar el accidente	Las denuncias fueron registradas, pero no motivaron suspensión.
Apertura de expediente sancionador ante indicios	Se abrió solo tras el accidente	Legalmente podía abrirse antes si existían indicios.
Actuación inmediata post-accidente	Sí	Paralización, PLATERPA, personación judicial, sanción, auditoría, comisiones.

5. Conclusión estrictamente jurídica

Si se atiende únicamente a la ley vigente, la actuación del Principado no cumplió plenamente con varias de sus obligaciones previas al accidente:

• Debía declarar la caducidad de la concesión por incumplimientos administrativos formales.
• Debía suspender la actividad ante indicios de trabajos en zonas no autorizadas.
• Debía actuar con mayor contundencia ante advertencias, denuncias y antecedentes.
• Las inspecciones realizadas no detectaron la actividad que, tras el accidente, sí se encontró.

Por su parte, tras el accidente, tanto el Principado como la Delegación del Gobierno actuaron conforme a protocolo: rescate, PLATERPA, investigación judicial, comisiones técnicas y parlamentarias.

La parte discutida y cuestionable al gobierno de Barbón, desde el punto de vista legal y solo legal, está en la fase previa al accidente, donde la normativa minera obligaba a medidas más estrictas de control y suspensión que no se aplicaron a tiempo.

El accidente de la mina de Cerredo del 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, se convirtió inmediatamente en uno de los episodios más negros de la legislatura de Adrián Barbón. La gestión política del Gobierno autonómico puede dividirse en dos planos: la respuesta inmediata tras la tragedia y la gestión de las responsabilidades derivadas, tanto administrativas como políticas.

En los primeros días tras el accidente, el Gobierno del Principado activó los mecanismos previstos: se puso en marcha el dispositivo de emergencias, se ordenó la paralización de la actividad minera y se anunció que el Principado se personaría como acusación particular en el procedimiento judicial. Desde el punto de vista político, el Ejecutivo manifestó desde el inicio su voluntad de colaborar en todas las investigaciones y de esclarecer por completo las circunstancias del accidente.

Sin embargo, la presión política aumentó rápidamente. La oposición exigió responsabilidades por la supervisión previa de la explotación minera, ya que la administración regional era la autoridad competente en materia de minas. Ante esta situación, y después de comparecer en la Junta General, la consejera de Industria, Belarmina Díaz, presentó su dimisión irrevocable el 15 de abril. Esta dimisión fue interpretada como un gesto de asunción de responsabilidad política dentro del Gobierno y marcó el inicio de una reestructuración interna del Ejecutivo, que pasó de once a diez consejerías tras redistribuirse sus competencias.

En paralelo, el Gobierno de Barbón no se opuso a la creación de una comisión parlamentaria de investigación, lo que facilitó su constitución. Este hecho debe entenderse políticamente como la aceptación de un control parlamentario extraordinario para revisar la actuación administrativa relacionada con la mina, tanto antes como después del accidente. La comisión, impulsada por la presión de varios grupos, fue un marco en el que afloraron datos relevantes, como las carencias administrativas de la empresa explotadora y las limitaciones de la vigilancia previa.

A nivel político, el mayor foco de crítica hacia el Gobierno se concentró en su papel como autoridad minera. Aunque el Principado había realizado inspecciones y concedido únicamente permisos limitados —no de explotación—, la explosión evidenció que la actividad real en la mina no se correspondía con lo autorizado. Por ello, la oposición cuestionó la eficacia del control administrativo y responsabilizó al Ejecutivo de no haber detectado a tiempo la actividad irregular que después confirmaron los informes posteriores al accidente.

En términos estrictamente políticos, la gestión de Barbón se caracterizó por una combinación de reacción inmediata, asunción de responsabilidades internas y apertura a la fiscalización parlamentaria, pero también por la carga crítica derivada de la supervisión previa, sobre la cual la oposición articuló su estrategia. El caso terminó ocupando un espacio central en el debate político asturiano, proyectándose no solo como un drama laboral sino como un asunto de control institucional que marcó la agenda del Gobierno en los meses siguientes… Y que hoy tiene su punto seguido con las declaraciones de una persona que vivió dicho drama en primera persona.

Para terminar el post quiero manifestar que a la luz de los hechos, la gestión del Gobierno del Principado antes del accidente de Cerredo, deja una sombra que ni las investigaciones posteriores ni las explicaciones oficiales han logrado disipar. Porque más allá de la reacción diligente tras la tragedia —el dispositivo de emergencias, la paralización de la mina, la personación judicial o la dimisión de la consejera—, permanece una cuestión de fondo mucho más incómoda: la supervisión previa falló, y falló donde más importaba.

Las inspecciones no detectaron lo que después apareció con claridad; las advertencias externas no derivaron en medidas preventivas eficaces; la concesión no fue caducada a pesar de incumplimientos formales reconocidos por el propio jefe del Servicio de Minas, y los indicios de actividades no autorizadas, presentes al menos desde 2022, no motivaron la suspensión inmediata que la ley exige para proteger la vida de quienes trabajan bajo tierra. Todo ello conforma un cuadro administrativo que no estuvo a la altura de los riesgos reales que encerraba la explotación.

A nivel político, el Gobierno asumió responsabilidades solo después de la tragedia, cuando ya cinco familias habían perdido a sus seres queridos. Y ese retraso pesa. Porque el control minero no es una función decorativa: es una obligación de vigilancia activa, exigente y constante. Cuando la Administración no actúa con la contundencia que la normativa marca, el riesgo se traslada a quienes no pueden permitirse dudar: los trabajadores.

Las declaraciones de Enrique Ramón Martínez no cambian los hechos, pero sí subrayan la dimensión humana de lo que ocurrió. Su testimonio, sumado a los datos oficiales desvelados tras el accidente, plantea inevitablemente una pregunta que atraviesa toda la gestión previa: ¿se hizo lo suficiente cuando aún se estaba a tiempo? La respuesta, con los elementos disponibles, apunta a un no difícil de ignorar.

Hoy, mientras Asturias sigue buscando responsabilidades y el Parlamento continúa escuchando comparecencias, queda la sensación de que la tragedia de Cerredo no fue solo un fallo empresarial, sino también un fracaso institucional. Y es ese fracaso, el que precedió al humo, al estruendo y a los cinco nombres que ya no volverán a casa, el que debe ser asumido con claridad si se quiere evitar que la historia vuelva a escribirse de la misma forma.

Porque lo que no se controla, se repite.
Y lo que se repite, si hablamos de minas, mata.

Ya lo dijo Sócrates: “La vida sin examen no merece ser vivida.”