El estudio de la Fundación Ramón Areces sobre la Economía de la Vivienda señala que el alquiler turístico ha tenido un fuerte impacto en el mercado inmobiliario, especialmente en zonas urbanas y turísticas como Gijón, donde más del 20 % de las viviendas en alquiler son turísticas, una de las proporciones más altas del norte de España.
Según el RegioLab de la Universidad de Oviedo, el número de viviendas turísticas en Asturias pasó de 4.891 en 2020 a 7.697 en 2025, un aumento del 58 %. Aunque su peso en el parque residencial sigue siendo bajo (del 0,80 % al 1,14 %), el crecimiento ha sido sostenido y desigual: los concejos turísticos del oriente asturiano concentran la mayor presión, destacando Llanes (7,05 %), Cangas de Onís (6,85 %), Ribadedeva (6,72 %) y Caravia (6,67 %).
Por el contrario, municipios del interior como Langreo, Laviana, Tineo o Grado apenas superan el 0,5 %, quedando al margen del turismo vacacional. En conjunto, el informe concluye que el crecimiento del alquiler turístico en Asturias supera la media nacional, concentrándose en áreas rurales y costeras, mientras que Oviedo, Gijón y Avilés mantienen cifras inferiores al 1 % del total de viviendas https://tinyurl.com/ysu6rcbk
Por otro lado, un informe del Consejo Europeo concluye que España es uno de los países con mayor presión inmobiliaria de Europa, ya que en la última década los precios de la vivienda han subido un 72 %, por encima de la media europea (60,5 %). Sin embargo, otros países como Portugal (147 %) o Hungría (237 %) registran aumentos aún mayores.
El precio del alquiler también preocupa, especialmente en Madrid y Barcelona, donde puede absorber entre el 30 y el 40 % del salario medio. Además, el auge de plataformas como Airbnb y Booking ha reducido la oferta de alquiler a largo plazo. Estas dificultades, unidas a la precariedad laboral, han elevado la edad media de emancipación de los jóvenes españoles a los 30 años, una de las más altas de la UE.
El informe considera la crisis de la vivienda en Europa un problema estructural, afectando de manera desigual a los Estados miembros: el 19,2 % de los ingresos de los hogares se destinan a la vivienda, y un 10 % de los europeos urbanos gasta más del 40 % de su renta en ella. Además, se estima un déficit de un millón de viviendas por la caída de la construcción tras la crisis de 2007 y la pandemia. Finalmente, el Consejo Europeo subraya que no existe una solución única y que la vivienda debe tratarse como un bien público esencial, no solo como un activo financiero https://tinyurl.com/2ukn8d2u
La situación descrita en ambos informes afecta de manera muy directa y profunda a un municipio como Llanes, donde la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para fijar población estable. En este contexto, se pueden destacar los siguientes impactos:
1. Reducción de la oferta de vivienda residencial
El auge del alquiler
turístico, señalado por el estudio de la Fundación Ramón Areces, ha
provocado que una parte importante del parque inmobiliario se destine a uso
vacacional. En Llanes, más del 7 % de las viviendas son turísticas, lo
que representa la proporción más alta de Asturias.
Esto significa que muchos pisos que antes estaban disponibles para
alquiler o venta a residentes ahora se destinan al turismo, reduciendo la
oferta y elevando los precios del alquiler y de compra.
2. Aumento del precio de la vivienda
El informe del Consejo Europeo indica que España ha sufrido un incremento del 72 % en el precio de la vivienda en la última década, un fenómeno que en lugares turísticos como Llanes se intensifica aún más. La presión turística y la alta demanda estacional elevan los precios por encima del poder adquisitivo medio local, lo que dificulta el acceso a la vivienda a jóvenes, trabajadores y familias residentes.
3. Dificultades para retener población joven y trabajadora
El alto coste del alquiler y la escasez de vivienda asequible hacen que muchos jóvenes y empleados del sector servicios o turístico no puedan vivir en el propio municipio. Esto genera un círculo vicioso: falta de vivienda ➜ despoblación ➜ menor actividad económica local ➜ pérdida de servicios públicos (escuelas, sanidad, transporte).
4. Dependencia económica del turismo
El auge del alquiler
vacacional ha convertido a Llanes en un territorio altamente dependiente
del turismo, lo que vulnera su equilibrio social y económico.
Fuera de temporada, las viviendas quedan vacías y la actividad
económica se reduce, provocando una gran estacionalidad laboral y fragilidad
demográfica.
5. Necesidad de políticas públicas y planificación
Ante este panorama, el municipio necesita medidas específicas de regulación y fomento de la vivienda permanente, como:
- Incentivar la construcción o rehabilitación de vivienda pública o asequible.
- Limitar o controlar el número de pisos turísticos.
- Favorecer ayudas al alquiler para residentes permanentes.
- Promover políticas de urbanismo sostenible y repoblación rural
La conclusión es que la
expansión del alquiler turístico y el aumento generalizado de los precios de la
vivienda en España agravan el problema estructural de Llanes,
donde la falta de vivienda asequible impide fijar población y amenaza la
sostenibilidad social y económica del municipio.
Sin una intervención política en el ámbito municipal y autonómica decidida, Llanes
corre el riesgo de convertirse en un territorio vacacional sin comunidad
residente estable, con un tejido social cada vez más debilitado.
En un contexto como el que vive Llanes, donde la vivienda es el principal problema estructural y un factor clave para fijar población, la inacción o falta de políticas eficaces por parte de las administraciones locales agrava todavía más la situación social y económica.
Cuando formaciones políticas como, VecinosxLlanes y el PP que actualmente gobiernan en el municipio, ignoran la emergencia habitacional o priorizan intereses turísticos, urbanísticos o ideológicos, están dejando a los llaniscos en una posición de desamparo. Estas políticas “trumpistas” implantadas por el gobierno fascista del gobierno municipal llanisco puede entenderse aquí como una política autoritaria y populista que ha implantado el gobierno municipal que se caracteriza por:
- Negar la gravedad de los problemas sociales, incluso cuando los datos son evidentes.
- Desacreditar voces críticas o expertas, como los informes universitarios o fundacionales que advierten sobre el impacto del alquiler turístico.
- Promover decisiones de corto plazo, centradas en la rentabilidad inmediata (turismo, inversión privada) en lugar de en el bienestar ciudadano y el equilibrio territorial.
- Tratar la gestión pública como un ejercicio de poder personal o de imagen, más que como un compromiso con el interés común.
En el caso de Llanes, esto se traduce en una política local que no afronta la raíz del problema habitacional, pese a que:
- El municipio lidera Asturias en porcentaje de viviendas turísticas (más del 7 %).
- La población joven y trabajadora no puede acceder a una vivienda asequible.
- Los pueblos del interior pierden habitantes cada año.
Los gobiernos de derecha y extrema derecha, tanto en el ámbito municipal como autonómico, suelen depositar toda su confianza en el mercado para resolver los grandes problemas sociales. La vivienda, uno de los derechos básicos más amenazados en la actualidad, no escapa a esa lógica. La receta es simple: menos regulación, más libertad para el sector privado y la esperanza de que la oferta y la demanda encuentren por sí solas el equilibrio perfecto. Sin embargo, la realidad demuestra que esa fe ciega en las leyes del mercado suele acabar generando efectos perversos.
Cuando el Estado se retira y deja el acceso a la vivienda exclusivamente en manos del mercado, el resultado es previsible: la especulación se dispara, los precios suben sin control y la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un bien de lujo. La historia reciente lo confirma. La burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 no fue un accidente, sino la consecuencia directa de años de desregulación, créditos fáciles y políticas públicas que miraron hacia otro lado mientras se inflaban los precios del ladrillo.
Hoy, algunos gobiernos parecen no haber aprendido la lección. Se repite el discurso de que “intervenir el mercado ahuyenta la inversión”, mientras miles de jóvenes y familias quedan fuera del acceso a una vivienda digna. Se construyen pisos turísticos, se venden suelos públicos a fondos de inversión y se fomenta el alquiler a precios imposibles, mientras la vivienda social sigue siendo una excepción.
En definitiva, confiar ciegamente en el mercado es una estrategia que beneficia a unos pocos y deja atrás a la mayoría. La vivienda no puede tratarse como un simple producto financiero: es un derecho fundamental que exige políticas valientes, regulación efectiva y una visión de futuro que ponga a las personas —no al capital— en el centro del debate.
En
España, el parque de vivienda social pública se sitúa en torno al 2,5-3,4 %
del total del parque habitacional, frente a una media de la Unión Europea
situada en torno al 8-9 % o más. The Objective+7infobae+7COPE+7
En concreto, recientes datos indican que ese parque alcanzó el 3,4 % tras sumar
162.000 viviendas en los últimos cinco años. Idealista+2EL BOLETIN+2
Por otro lado, la inversión pública en vivienda social entre 2007 y 2021 fue
de apenas 34 €/habitante al año, frente a unos 160 €/habitante de media en
Europa. El País
Estas cifras ponen de manifiesto que, cuando los gobiernos liberales (fascistas)
apuestan casi exclusivamente por el mercado para la vivienda, el
resultado es un sistema donde la oferta pública brilla por su ausencia y el
acceso digno se convierte en privilegio.
Y no es casualidad: la escasa intervención pública facilita que la vivienda funcione como producto especulativo más que como derecho social.
En
ese contexto, conviene recordar que la formación política Partido Popular (PP)
fue objeto de una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la existencia de
un sistema de financiación irregular (una “caja B”): el fallo validó la
existencia de contabilidad extracontable en el partido, y el uso de fondos para
campañas y sobresueldos durante al menos dos décadas. elDiario.es
Por ejemplo:
- El Tribunal Supremo afirma que hubo prueba de cargo “válida y suficiente” para concluir la existencia de una contabilidad paralela del PP. elDiario.es
- Asimismo,
la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 considera probada la
financiación ilegal del PP valenciano en las campañas de 2007-2008. Newtral
Vale matizar: aunque hay estos pronunciamientos, también hay pronunciamientos que recalcan que el PP no fue condenado penalmente como persona jurídica por financiación ilegal. Maldita.es+1
¿Y qué relación hay entre estos dos escenarios —la escasa
vivienda pública y la financiación política irregular?
Cuando un partido
político gobierna con una concepción casi exclusivamente de mercado y reduce al
mínimo su papel público en la vivienda, se abre camino para que el suelo, la
construcción y las adjudicaciones lleguen al ámbito privado (y a veces opaco). Si al mismo tiempo ciertas campañas
políticas se financian parcialmente con fondos derivados de contratos públicos
o de adjudicaciones favorecidas, entramos en un círculo peligroso donde la
vivienda se convierte en mercancía, y la política en mecanismo de lucro.
La combinación es tóxica:
- Un suministro público de vivienda prácticamente residual (2,5-3,4 %) no protege frente a subidas de precio, alquileres elevados y precariedad habitacional.
- Una política de vivienda que fomenta la desregulación y deja el “ajuste” al mercado favorece la especulación.
- Cuando los actores políticos tienen incentivos perversos (financiación irregular, cajas B, contratos afines), la vivienda deja de ser una prioridad social para transformarse en nicho de rentabilidad y poder.
Por ello, más que nunca, la vivienda debe dejar de tratarse como un bien financiero y volver a concebirse como un derecho social. Los próximos años exigirán políticas audaces:
- incrementar el parque público lo antes posible (mirando los datos europeos como referencia),
- garantizar transparencia total en la contratación de suelo y construcción,
- intervenir activamente en el mercado del alquiler para evitar que los más vulnerables queden excluidos.
Porque un país que reduce su vivienda social al 2-3 % como España y además registra sentencias que confirman que el partido de gobierno mantuvo sistemas de financiación irregular, no está ante un problema técnico: está ante un problema de modelo. Y el modelo merece un debate claro, profundo y urgente.
Para terminar el post, quiero manifestar que el drama de la vivienda en municipios como Llanes no es fruto del azar, sino la consecuencia directa de una política que confunde la gestión pública con la especulación privada. Cuando la derecha y la ultraderecha gobiernan desde la comodidad ideológica del mercado libre, lo hacen ignorando la realidad de miles de vecinos que no pueden permitirse vivir en su propio pueblo. Su inacción, disfrazada de “liberalismo” o de “atracción de inversión”, ha convertido el acceso a la vivienda en un privilegio, y el derecho constitucional a un techo en una promesa vacía.
Llanes es el espejo de esa deriva: un municipio tirado al monte por sus gobernantes, que han abandonado la vivienda como prioridad social mientras entregan su territorio al turismo de temporada y a los fondos privados. Mientras tanto, los llaniscos de toda la vida —jóvenes, trabajadores y familias— se ven obligados a marcharse. No hay política más cruel que la que expulsa a su propia gente. Si la derecha municipal y autonómica continúa negando la emergencia habitacional, el futuro de Llanes no será el de un pueblo próspero, sino el de un escaparate vacío: un lugar hermoso, sí, pero sin vecinos que lo habiten.
Ya lo dijo Confucio: “La virtud debe ser común al labrador y al monarca”.
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