Crueldad y fanatismo son las dos palabras que los historiadores usan para describir a Tomás de Torquemada, nombrado Inquisidor General de Castilla en 1483. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición había sido creado años antes --en 1478-- por los Reyes Católicos con un objetivo muy marcado: mantener la ortodoxia católica en sus reinos para lograr la unidad religiosa en un terreno que estaba repleto de falsos conversos, y Torquemada sería el máximo mandatario de esta institución. Torquemada se adentró en la vida pública cuando ya era bastante mayor --superaba los 60 años--, lo que hace que no se conozca demasiado sobre su vida entera. Aun así, sí se sabe que procedía de una influyente familia de judíos establecida en Castilla siglos antes y que se habían convertido al cristianismo dos generaciones atrás. En aquella época, los hijos de muchos de los conversos acababan ingresando en el clero como demostración del compromiso con su nueva religión. Ese fue el caso del tío del Inquisidor, el cardenal, teólogo y prior de los dominicos de Valladolid Juan de Torquemada, que se encargó personalmente de la educación de su sobrino Tomás. ¿Quién fue Torquemada? Como Inquisidor General, Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos en España. De hecho, de su mandato se calcula que fueron entre 2.000 y 10.000 las personas ejecutadas, según el historiador que lo cuente.
Ayer se celebraba un juicio de dos exconcejales del PSOE en el Ayuntamiento de Llanes a los cuales se les acusaba de prevaricación, por la adjudicación de un contrato de cartografía en 2014 a la empresa de ingeniería de un militante socialista, que sería elegido edil del PSOE posteriormente en las elecciones municipales del año 2015. La acusación de dichas personas era ejercida por la Fiscalía y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) https://cutt.ly/w9j8jor
El 19 de enero se publicaba en un diario regional https://cutt.ly/l9aU9Aq que una vecina de Celorio se le apremiaba a derribar parte de su chalet, que ha había invadido (56,90 metros cuadrados) la zona de servidumbre de protección de costas. Dicha situación fue denunciado al Ayuntamiento de Llanes, gobernado por VecinosxLlanes, PP, Suma Principado y trásfugas. La Asociación de Mujeres por la Transparencia presentó denuncia ante el Ayuntamiento de Llanes encontrándose con que, el Ayuntamiento no tenía ningún interés en resolver el caso, llegando a permitir la caducidad del expediente. En esta grave infracción urbanística, AVALL no hizo acto de presencia denunciando dicha infracción, quizás por motivos nada confesables. En esta situación fue la administración del Principado la que tuvo que intervenir a través de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, a través del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística con el fin de corregir dicha irregularidad.
Con el PGOU que se está tramitando nos encontramos también con otro caso similar, el 23 de diciembre se publicaba en un diario regional que los vecinos de la parroquia de Vidiago han presentado una alegación conjunta en la que piden desestimar la propuesta de segregación del barrio El Joyu l'Agua del núcleo rural de Puertas. Según exponen, el plan contempla constituir en ese barrio “un nuevo núcleo rural independiente”, lo que rechazan. “Todo parece indicar que se pretende llevar a cabo una propuesta claramente arbitraria y desde un punto de vista político, nunca con argumentos técnicos, sociales, medioambientales ni con la más mínima coherencia”, critican en el escrito. Consideran la argumentación “desafortunada”, pues “parece más bien la promoción de un negocio particular y concreto”. Sostienen en ese sentido que “es el único caso de mención expresa con su ubicación de un lugar similar (casa de comidas) en todo el concejo en el texto”. En esta cuestión, tanto AVALL como el gobierno municipal de, Enrique Riestra Rozas, optaron por ponerse de perfil ante el desatino urbanístico que se pretende cometer en beneficio de un particular https://cutt.ly/F9j8cqP Es llamativo que para los vecinos de dicha parroquia problemas como la señalización y ordenación de la circulación y la conexión satisfactoria con el saneamiento del resto del núcleo rural al “existir un negocio de hostelería con un caudal de vertidos seguramente al subsuelo sin depuración ni tratamiento”. De esto, tanto AVALL como Enrique Riestra adoptan la postura del avestruz… Enterrar la cabeza en el suelo.
El 15 de junio del 2016, en diario regional publicaba una entrevista al alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, https://cutt.ly/W9j8nrf en la misma se le preguntaban las siguientes preguntas:
- ¿Qué relación tiene Vecinos x Llanes con AVALL?
-Ninguna, más allá de que cada cual puede pertenecer al partido o asociación que desee.
- ¿Es Vecinos x Llanes el "brazo político" de AVALL?
-Por supuesto que no. Eso lo dijo el PSOE para meter miedo. Ni pedimos filiaciones concretas, ni preguntamos preferencias políticas, ni nos marca los tiempos AVALL, que, por cierto, nos ha criticado y denunciado.
Lo que nos muestra la secuencia de hechos a los ciudadanos que residimos en Llanes, es que esta “joint venture” (unión de interés) que tiene, Enrique Riestra, en nombre del gobierno municipal con la asociación AVALL, coincide en cuestiones urbanísticas cuando no quieren denunciar a quien infringe la ley, como sucedió en Celorio o cuando presentan un PGOU beneficiando a un particular dando lugar a que el resto de una parroquia alegue globalmente contra dicho planeamiento. Por otro lado, la ventaja de justicia gratuita de la que disfruta dicha asociación sin ánimo de lucro, AVALL, tiene entre sus fines:
La pregunta que como ciudadano me hago es, ¿por qué esa “selectividad” a la hora de hacer de fiscal con los individuos que vulneran la ley en el municipio llanisco? El privilegio que tiene dicha asociación de justicia gratuita se vuelve pernicioso cuando se utiliza de forma selectiva. La asistencia gratuita viene recogida en la Constitución Española en el artículo 119, “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Su desarrollo viene en la Ley 1/1996, de 10 de enero https://cutt.ly/69j8Iqf, de asistencia jurídica gratuita. En la misma, en el artículo 2.1 dice lo siguiente:
Ámbito
personal de aplicación.
En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1º. Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
La justicia gratuita encuentra su acomodo en la figura de los grupos de interés que desempeñan un papel, importante y legítimo, en el proceso de una democracia. Es un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones y de forma muy especial a los poderes ejecutivo y legislativo a fin de comunicar sus ideas e intereses, recabar información, defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta. Cuando ese papel no se ajusta a dichas premisas, lo que aparece la figura del lobby puro y duro. Esta, es una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos, ante los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas. Trata de trasladar la Administración Pública y distintos partidos políticos la posición e intereses de dicha organización, trabajar para que esos intereses formen parte del debate y sean tenidos en cuenta y conseguir que la normativa beneficie y no perjudique los intereses de la organización o colectivo que la integra. Ósea, que los que se benefician son los integrantes que componen dicha organización no el colectivo que ampara la definición de su fin como consta en los estatutos de constitución de dicha organización. Este es el caso de AVALL, cuando selectivamente elige a quien denunciar y a quien olvidar.
La sociedad civil asocia la figura del lobby en España con una imagen de oscuridad, e ilegalidad como práctica que alimenta la corrupción política. Por eso, parece urgente una ley que dote de transparencia a esta actividad. La regulación es casi inexistente, y, por lo tanto, no existen limitaciones en la forma de ejercer el lobby, lo que se traduce en falta de transparencia en la gestación de decisiones políticas o administrativas esenciales, y en una mala imagen de la integridad pública. En el año 2014 Transparencia Internacional realizó un análisis del lobby tachando la actividad, sin ningún rubor, de oscura y poco organizada. Un año antes, en el año 2013, España perdió, con la Ley de Transparencia, una oportunidad pintiparada para haber operado un cambio legislativo de calado en la actividad del 'lobby', nada extraño si tenemos en cuenta quien gobernaba en nuestro país, un gobierno del PP que estaba salpicado por los casos de la Gürtel, Púnica, Lezo, etc. https://cutt.ly/L9j8F3A
A mí como ciudadano, me gusta ver en la justicia la ejemplaridad y el trato igualitario de aquel que se somete a la misma. Cuando esto no sucede, la justicia pierde la venda y se vuelve algo que no es justicia y que denigra una labor troncal y esencial en cualquier democracia, más en tiempos en los que abundan “los espabilados” como todos los días nos pone de manifiesto la prensa. AVALL, con lo sucedido a la hora de ejercer el derecho de justicia gratuita, está perdiendo la poca credibilidad que tiene, si tiene alguna. Cuando la prensa nos informa a los ciudadanos que su beneficio lo utiliza de forma selectiva, no para la sociedad que le concedió dicho privilegio, sino para perseguir a según quien como “Torquemada” dejando por el camino a otros “espabilados” con idéntica situación… Es el momento para que el legislador se plantee si dicho privilegio se está utilizando para los fines que recoge la ley o hay que retirarlo.
Ya lo dijo Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.
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