Hoy podemos leer en la prensa una noticia donde se desgrana el disparate de gestión urbanística que sufre Llanes desde hace 40 años. Llanes arrastra una situación urbanística excepcional. No se trata solo de un retraso administrativo ni de una tramitación larga, sino de una anomalía sostenida en el tiempo: el concejo carece de un planeamiento urbanístico municipal propio plenamente válido desde 1986. La última referencia legal anterior se remonta a la delimitación de núcleos de 1978, posteriormente declarada obsoleta por el Principado junto al Plan de Extensión de 1970. Desde entonces, todos los intentos de dotar al municipio de una norma urbanística estable han terminado bloqueados, anulados o devueltos al punto de partida https://tinyurl.com/28knsn3z
Foto: Dolores Campillo, Enrique Riestra y Antonio Trevín, los tres jinetes del apocalipsis urbanistico de Llanes
La fecha clave es el 26 de junio de 1986. Aquel día, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias dejó sin efecto el Plan de Extensión de 1970 y la delimitación de núcleos de 1978, al considerar que ya no respondían a la realidad del concejo ni a sus necesidades de desarrollo. En la práctica, Llanes quedó sin una normativa urbanística municipal propia adaptada a su territorio. Desde entonces, el municipio ha funcionado durante cuarenta años con un marco provisional, fragmentado y sometido a controles externos, especialmente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, la CUOTA.
Antes de desarrollar los hechos quiero hacer un cronograma con los alcaldes y sus periodos de gobierno desde 1987, son los siguientes:
· Antonio Trevín Lombán (PSOE): 1987 – 1993
· Manuel Esteban Miguel Amieva (PSOE): 1993 – 1999
· Antonio Trevín Lombán (PSOE): 1999 - 2003 (Tras su mandato, fue sucedido por María Dolores Álvarez Campillo, quien gobernó hasta 2015)
· Enrique Riestra Rozas (Vecinos x Llanes): 2015 - Actualidad (reelegido en 2019 y 2023)
El problema no fue la ausencia de intentos. Hubo varios. El problema fue que ninguno resistió el control judicial. Las normas subsidiarias aprobadas en 1986 fueron declaradas nulas de pleno derecho porque no se publicaron íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, lo que provocó indefensión a la ciudadanía. El plan urbanístico de 1992 también fue anulado. Aquel documento preveía más de 13.000 nuevas viviendas y fue tumbado porque el Ayuntamiento restringió la participación en el documento de prioridades a “inversores reales y comprometidos”, dejando fuera al conjunto de los vecinos (era la democracia de corral de Trevin y sus sicarios).
El siguiente gran intento llegó con el Plan General aprobado en el año 2002 nuevamente con el urbanismo salvaje de Trevín, fue ratificado en 2003. Era un documento de enorme impacto territorial, con una previsión superior a las 15.000 viviendas. También terminó anulado. El Tribunal Supremo confirmó en 2011 la nulidad del planeamiento porque durante la tramitación se incorporaron cambios relevantes, entre ellos varios planes parciales, sin someterlos de nuevo a información pública. De nuevo, el motivo central fue la falta de garantías de participación y la indefensión generada a los llaniscos.
La consecuencia fue grave: Llanes quedó otra vez sin Plan General válido. A partir de ahí, muchas licencias y actuaciones urbanísticas pasaron a depender de normas regionales, estatales y de la autorización previa de la CUOTA. En términos prácticos, el Ayuntamiento perdió capacidad plena para ordenar su propio territorio, y vecinos, promotores, técnicos y propietarios quedaron sometidos a un marco de incertidumbre jurídica poco habitual en un municipio con tanta presión residencial, turística y paisajística.
La dimensión del caso se entiende mejor con una comparación temporal. Desde 1986 hasta 2026 han pasado cuarenta años. Desde la última normativa urbanística legal de 1978 han pasado cuarenta y ocho. En ese tiempo, Llanes ha visto anulados los principales instrumentos urbanísticos que intentaron regular su crecimiento. Hubo planeamientos aprobados, recursos judiciales, sentencias, anulaciones, intentos fallidos, reinicios de tramitación y hasta un expediente que ni siquiera llegó a nacer correctamente por una adjudicación irregular. El resultado ha sido una cadena de vueltas a empezar.
El cambio político del año 2015 donde entro a gobernar la ultraderecha de la mano de VecinosxLlanes y PP, tampoco cerró el problema, sino que vino a agravarlo coincidiendo con la mayor crisis de la vivienda que vive nuestro país. Tras veintiocho años de gobiernos “trevinistas” con mayoría absoluta, una alianza formada por el partido ultra, Vecinos por Llanes en sociedad con Foro, PP e IU arrebató la Alcaldía al PSOE. El nuevo gobierno municipal desistió del planeamiento heredado de la etapa socialista y defendió la necesidad de elaborar un documento diferente, más ajustado al territorio y menos expansivo que los anteriores, cuestión que los hechos han demostrado que fue una falacia. Aquella decisión supuso otro reinicio del proceso.
El actual Plan General de Ordenación Urbana comenzó a tramitarse en el año 2018. Sin embargo, pronto se encontró con un obstáculo importante: la necesidad de tramitar el Plan General junto al Catálogo Urbanístico. El PSOE lo advirtió durante la aprobación inicial, y la CUOTA acabó obligando al Ayuntamiento a repetir esa fase. Ese error procedimental supuso más demora y confirmó que, en Llanes, cada fallo formal puede tener consecuencias de años.
El nuevo documento fue avanzando lentamente hasta llegar al año 2025. En abril de ese año, el Ayuntamiento aprobó el expediente del Plan General, el Catálogo Urbanístico y el Estudio Ambiental Estratégico, sometiéndolo después a información pública durante 45 días hábiles. El Gobierno del Principado, por su parte, había fijado un plazo de 15 meses para que Llanes aprobara provisionalmente el documento, una vez recibidos los informes correspondientes. La administración autonómica llegó a advertir en noviembre del año 2025 de que el Ayuntamiento estaba incumpliendo los plazos y de que, si el retraso continuaba, podrían adoptarse medidas sobre las competencias urbanísticas municipales.
La aprobación provisional llegó finalmente el 4 de diciembre de 2025. El Pleno municipal sacó adelante el Plan General con los votos favorables de Vecinos por Llanes y el Partido Popular, mientras el PSOE se abstuvo. Estas son las cifras que aparecen en la documentación pública y en las explicaciones del Pleno sobre el nuevo PGO/PGOU de Llanes.
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Concepto |
Cifra |
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Viviendas existentes computadas actualmente |
16.223 |
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Capacidad máxima teórica total del plan |
21.997 viviendas |
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Nuevas viviendas posibles según el cálculo global |
5.774 viviendas |
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Suelo urbano consolidado |
1.503 viviendas |
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Suelo urbano no consolidado |
570 viviendas |
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Suelo urbanizable |
354 viviendas |
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Suelo no urbanizable de núcleo rural |
3.300 viviendas |
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Vivienda protegida/VPO comunicada por VecinosxLlanes |
274 viviendas |
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VPO en Llanes villa |
223 viviendas |
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VPO en Posada |
46 viviendas |
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VPO en Nueva |
5 viviendas |
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Suelo municipal puesto a disposición para vivienda protegida en la Reserva Regional de Suelo |
25.000 m² |
El dato central es este: el plan maneja 16.223 viviendas existentes y una capacidad máxima teórica de 21.997, por lo que el crecimiento residencial sería de 5.774 viviendas nuevas. En el debate plenario se desglosó así: 1.503 en suelo urbano consolidado, 570 en suelo urbano no consolidado, 354 en suelo urbanizable y 3.300 en núcleos rurales.
Hay un matiz importante: la suma literal de esas partidas da 5.727 viviendas, mientras que la diferencia entre la capacidad máxima total y las existentes da 5.774. Es decir, hay una diferencia de 47 viviendas entre el desglose verbal y el cálculo global. No añado interpretación: simplemente, los dos datos aparecen así en la explicación pública del expediente.
En porcentaje, tomando como base las 5.774 nuevas viviendas, el reparto queda aproximadamente así: 57,2% en núcleos rurales, 26,0% en suelo urbano consolidado, 9,9% en suelo urbano no consolidado y 6,1% en suelo urbanizable.
Sobre vivienda protegida, la cifra pública más concreta localizada en comunicación de VecinosxLlanes es de 274 VPO, repartidas en 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Eso supone aproximadamente el 4,7% de las 5.774 nuevas viviendas previstas, en un momento en que Llanes padece un problema de vivienda que está lastrando su desarrollo económico al no poder diferentes profesionales que vienen al municipio encontrar una vivienda para desarrollar su actividad profesional.
Además, el Ayuntamiento señaló en enero de 2025 que dispone de 25.000 m² de suelo municipal en la Reserva Regional de Suelo, situada entre Llanes y Póo, para vivienda protegida mediante Plan Especial.
El caos urbanístico de Llanes no nace de un solo error ni puede atribuirse a una única decisión administrativa. Es el resultado acumulado de cuarenta años de fallos de procedimiento, planeamientos mal tramitados, anulaciones judiciales, reinicios políticos, falta de continuidad institucional y una incapacidad reiterada para dotar al concejo de una norma urbanística municipal estable. El dato esencial es claro: Llanes lleva desde 1986 sin un planeamiento municipal propio plenamente válido, después de que el Principado dejara sin efecto la normativa anterior y los sucesivos intentos municipales fueran cayendo ante los tribunales.
La primera causa del problema está en el origen mismo del vacío normativo. En 1986, el Principado suspendió el Plan de Extensión de 1970 y la delimitación de núcleos de 1978 por considerarlos obsoletos. Aquella decisión podía tener sentido desde el punto de vista técnico, porque Llanes ya no era el mismo concejo de los años setenta, pero dejó al municipio ante una obligación inmediata: aprobar un nuevo marco urbanístico sólido, participativo y jurídicamente seguro. Eso no ocurrió. A partir de ahí, Llanes entró en una dinámica de provisionalidad que se ha convertido en una anomalía histórica.
La segunda causa fue la reiteración de defectos jurídicos graves en los instrumentos aprobados. Las normas subsidiarias de 1986 fueron anuladas porque no se publicaron íntegramente, lo que generó indefensión. El planeamiento de 1992 fue anulado porque restringió la participación ciudadana en una fase esencial del procedimiento, dando entrada solo a determinados agentes y dejando fuera al conjunto de la ciudadanía. El Plan General aprobado en 2002 y ratificado en 2003 también acabó anulado, porque se incorporaron cambios relevantes después del trámite de información pública sin volver a someterlos a participación ciudadana. El patrón se repite: no fallaron detalles menores, fallaron garantías básicas del procedimiento urbanístico.
En el periodo de Antonio Trevín, la responsabilidad política es especialmente relevante porque bajo sus mandatos se sitúan dos de los hitos más determinantes del fracaso urbanístico llanisco. En su primera etapa como alcalde, entre 1987 y 1993, se aprueba el planeamiento de 1992, que preveía más de 13.000 viviendas y que terminó anulado por defectos en la participación pública. En su segunda etapa, entre 1999 y 2004, se impulsa y aprueba el Plan General de 2002, posteriormente ratificado en 2003, con una previsión superior a las 15.000 viviendas. Ese documento también fue tumbado judicialmente. Por tanto, el balance objetivo de ese periodo es que Llanes apostó por modelos urbanísticos muy expansivos, de enorme impacto territorial, pero sin la solidez jurídica necesaria para mantenerse en pie.
El caso del Plan General de 2002 es especialmente grave porque sus consecuencias no fueron inmediatas, sino diferidas. Durante años se actuó bajo un planeamiento que después fue declarado nulo. Cuando el Tribunal Supremo confirmó la anulación en 2011, Llanes no solo perdió una norma urbanística: quedó contaminado todo el desarrollo producido al amparo de un documento que nunca debió superar determinados filtros procedimentales. Para los vecinos, propietarios, promotores y técnicos, aquello significó inseguridad jurídica, expedientes afectados, licencias discutidas y una relación permanente con la CUOTA para poder resolver actuaciones que en un municipio normal deberían estar amparadas por su propio planeamiento.
El periodo de Dolores Álvarez Campillo, entre 2004 y 2015, debe valorarse desde una doble perspectiva. Por un lado, no fue su gobierno el que aprobó inicialmente el Plan General de 2002, aunque ella venía de la cuadra política del “trevinismo” al ser concejala de Urbanismo entre 1999 y 2004. Por otro lado, sí fue su etapa de alcaldía la que recibió de lleno el golpe de la anulación definitiva de 2011. Desde ese momento hasta 2015, Llanes tuvo cuatro años para encauzar una salida definitiva. No lo consiguió. El resultado político de ese periodo fue que el concejo llegó al final del largo ciclo socialista sin un planeamiento válido, sin una solución cerrada y con un problema urbanístico convertido ya en una de las mayores debilidades estructurales del municipio.
La llegada de los mesías de la ultraderecha que abandera, Enrique Riestra y su partido, Vecinos por Llanes, en el año 2015 tampoco resolvió el problema. El nuevo gobierno defendió la necesidad de abandonar el planeamiento heredado y empezar otro proceso, bajo la idea de elaborar un documento más moderado, mejor hecho y más ajustado al territorio. Esa decisión supuso otro reinicio. Puede discutirse políticamente si era conveniente o no desistir del documento anterior, pero el hecho verificable es que desde 2015 hasta hoy en el año 2026 el concejo sigue sin Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) definitivamente aprobado. Es decir, después de más de una década de gobierno ultra de VecinosxLlanes, primero con Foro, PP e IU y después con el PP, el problema continúa abierto.
En el periodo de Enrique Riestra hay dos hechos especialmente importantes. El primero es el error de tramitación vinculado al Catálogo Urbanístico. El Plan General debía tramitarse coordinadamente con el Catálogo, y al no hacerlo correctamente, la CUOTA obligó a repetir fases del procedimiento. Ese fallo no es menor, porque en urbanismo los errores formales pueden costar años. El segundo hecho es el atasco actual en la declaración ambiental estratégica. Tras la aprobación provisional del plan, el expediente fue remitido al Principado, pero la Consejería señaló después que no se había solicitado correctamente la declaración ambiental y que faltaba documentación. De nuevo, Llanes se encuentra ante un bloqueo procedimental en una fase crítica.
La fotografía del nuevo PGOU permite medir con claridad el alcance del problema. El documento parte de 16.223 viviendas existentes y fija una capacidad máxima teórica de 21.997, lo que abre la puerta a 5.774 nuevas viviendas posibles. El dato más llamativo es dónde se concentra ese crecimiento: el mayor peso recae en los núcleos rurales, con unas 3.300 viviendas, como si el planeamiento estuviera diseñado a la carta para expandir los pueblos, mientras deja en segundo plano los núcleos urbanos, precisamente donde mayor presión residencial existe y donde más necesaria sería una política ordenada de vivienda. El suelo urbano consolidado absorbería 1.503 viviendas, el suelo urbano no consolidado 570 y el suelo urbanizable apenas 354. Frente a ese volumen total, la vivienda protegida comunicada por Vecinos por Llanes se queda en 274 VPO: 223 en Llanes villa, 46 en Posada y 5 en Nueva. Es decir, alrededor de un 4,7% de las nuevas viviendas previstas si se toma como referencia la cifra global de 5.774. Un porcentaje muy reducido para un concejo que padece una grave crisis de acceso a la vivienda y que necesita suelo residencial útil para jóvenes, trabajadores, familias y profesionales que quieren vivir y desarrollar su actividad en Llanes.
Ese dato es central para entender una de las consecuencias sociales del modelo. Llanes no solo necesita un PGOU para ordenar el suelo; necesita un PGOU capaz de responder al problema real de vivienda. Si el plan permite miles de nuevas viviendas pero reserva una parte muy reducida a vivienda protegida, el instrumento puede ordenar el crecimiento, pero no garantiza por sí mismo que ese crecimiento sirva para fijar población, facilitar el acceso a la vivienda de trabajadores, jóvenes y familias, o responder a las necesidades de profesionales que llegan al concejo y no encuentran dónde vivir. La vivienda protegida no es un adorno del planeamiento: en un municipio tensionado por el turismo y la segunda residencia, es una pieza esencial de la política territorial.
Las consecuencias para los llaniscos han sido profundas. La primera es la inseguridad jurídica. Durante décadas, vecinos y propietarios han vivido en un municipio donde saber qué se puede hacer, dónde se puede hacer y bajo qué condiciones no siempre ha dependido de una norma municipal clara, sino de criterios provisionales, normas regionales, interpretaciones técnicas y autorizaciones externas. Eso encarece, retrasa y complica cualquier decisión relacionada con vivienda, rehabilitación, actividad económica o inversión.
La segunda consecuencia es la pérdida de autonomía municipal. Un Ayuntamiento sin planeamiento propio queda limitado en su capacidad para ordenar el territorio. Llanes ha dependido durante años de la CUOTA y de normas provisionales para desbloquear licencias y dar cobertura a situaciones que deberían estar reguladas por un Plan General. Eso no significa que la CUOTA sea el problema; significa que el Ayuntamiento no ha sido capaz de dotarse con gobiernos de ambos signos políticos, izquierda y ultraderecha, de la herramienta básica que necesita cualquier municipio con presión urbanística.
La tercera consecuencia es la parálisis estratégica. Sin PGOU estable, es más difícil planificar infraestructuras, ordenar el crecimiento de los núcleos rurales, reservar suelo para vivienda pública, proteger adecuadamente el patrimonio, anticipar necesidades de servicios y decidir qué modelo territorial quiere Llanes. Un concejo turístico, costero, rural y con fuerte presión residencial necesita reglas claras. Sin ellas, el desarrollo se vuelve fragmentado, reactivo y permanentemente expuesto al conflicto.
La cuarta consecuencia es política. Durante décadas, los gobiernos municipales de distinto signo han convertido el planeamiento urbanístico de Llanes en una promesa recurrente y en un campo de batalla partidista, pero no en una solución real. El resultado ha sido justamente el contrario: más bloqueo, más retrasos y más incertidumbre. El “trevinismo” socialista gobernó durante buena parte del periodo en el que se impulsaron documentos expansivos que acabaron anulados por los tribunales. VecinosxLlanes y el PP llegaron después al poder prometiendo una alternativa sin exclusiones, basada en la igualdad de oportunidades y en un modelo supuestamente más ordenado, pero tras once años de gobierno tampoco han culminado el proceso. Su gestión ha estado marcada por la confrontación permanente con otras administraciones, utilizada muchas veces como coartada para tapar sus propios errores de tramitación y su incapacidad para cerrar el principal problema estructural del concejo. Para los llaniscos, la conclusión es evidente: la responsabilidad se reparte en etapas políticas distintas, pero el fracaso institucional ha sido continuo.
La conclusión, atendiendo solo a los hechos, es que Llanes ha sufrido una cadena de mala técnica administrativa, decisiones políticas fallidas y falta de continuidad eficaz. Trevín representa la etapa de los grandes planeamientos expansivos que acabaron anulados. Dolores Álvarez Campillo representa la etapa en la que el colapso judicial se hizo definitivo y no se cerró una solución antes del final del ciclo socialista. Enrique Riestra representa la etapa del reinicio prometido, pero todavía no culminado, con nuevos tropiezos procedimentales y con un plan que, pese a reducir las cifras de crecimiento respecto a los documentos anulados anteriormente, sigue sin resolver de forma contundente la cuestión de la vivienda protegida por la que padecen cientos de llaniscos pese a las promesas que realizó para alcanzar la alcaldía.
Llanes no lleva cuarenta años sin urbanismo ordenado por casualidad. Lleva cuarenta años así porque cada etapa política dejó su propia factura: unos por aprobar documentos que no resistieron el control judicial (Trevín); otros por no reconstruir a tiempo una alternativa válida (Dolores); y los actuales por no haber cerrado todavía, tras más de una década, el expediente que prometieron resolver (Riestra). El coste lo pagan los llaniscos en forma de inseguridad, retrasos, falta de vivienda accesible, dependencia administrativa y ausencia de una estrategia territorial estable para el futuro del concejo.
El urbanismo vivido en Llanes durante estas cuatro décadas puede definirse, atendiendo a los hechos, como un urbanismo profundamente personalista, casi caudillista en su forma de concebir el territorio. No ha sido un urbanismo entendido como herramienta colectiva para ordenar el municipio, garantizar derechos, proteger el paisaje, facilitar vivienda y dar seguridad jurídica a los vecinos. Ha sido, demasiadas veces, un campo de poder construido alrededor de liderazgos políticos que se presentaron como salvadores del concejo y acabaron dejando tras de sí el mismo resultado: bloqueo, nulidades, retrasos y frustración ciudadana.
Antonio Trevín representa la etapa del urbanismo expansivo, de los grandes negocios donde documentos que prometían crecimiento, desarrollo y modernización, pero que terminaron anulados por los tribunales por defectos graves de procedimiento y de participación pública. Bajo ese ciclo político se impulsaron planeamientos de enorme impacto territorial, con previsiones superiores a 13.000 y 15.000 viviendas, pero sin la solidez jurídica necesaria para mantenerse en pie. No es una opinión: es el resultado de las sentencias. Llanes quedó atrapado en una herencia de inseguridad jurídica que todavía pesa sobre el municipio hoy día con sus hijos políticos que se sientan en el Ayuntamiento y que tienen que tragar ruedas de molino con lo realizado por dicho personaje.
Enrique Riestra representa la otra cara del mismo fracaso. Llegó al poder denunciando aquel modelo, prometiendo una alternativa más justa, más ordenada y más respetuosa con el territorio. Sin embargo, tras más de una década de gobierno, Llanes sigue sin un PGOU definitivamente aprobado y antes de las elecciones de dentro de 11 meses tampoco estará aprobado. El discurso cambió, los protagonistas cambiaron y las siglas cambiaron, pero el problema de fondo sigue sin resolverse. El nuevo planeamiento también ha acumulado errores de tramitación, retrasos, enfrentamientos administrativos y una respuesta insuficiente al problema de la vivienda protegida.
Por eso puede hablarse de dos liderazgos políticos de hojalata: mucho relato, mucha promesa y mucha escenificación, pero poca capacidad real para cerrar el principal problema estructural de Llanes. Trevín dejó la marca de un urbanismo expansivo que no resistió el control judicial. Riestra ha construido su discurso contra aquel pasado, pero todavía no ha sido capaz de entregar una solución definitiva. Uno simboliza el exceso; el otro, la promesa incumplida. Entre ambos, con etapas intermedias también responsables, los llaniscos llevan cuarenta años pagando las consecuencias.
El problema no es solo jurídico ni administrativo. Es profundamente político. Durante décadas, el planeamiento no se ha tratado como una necesidad básica de la ciudadanía, sino como una bandera de poder. En lugar de servir para resolver carencias reales —vivienda accesible, seguridad jurídica, ordenación de los pueblos, protección del territorio, desarrollo económico equilibrado— se ha convertido en un instrumento de confrontación, propaganda y control del relato. Mientras tanto, los vecinos siguen viviendo en un concejo turístico, tensionado y caro, pero sin la herramienta urbanística estable que cualquier municipio serio debería tener.
La conclusión es dura, pero inevitable: Llanes no ha sufrido cuarenta años de caos urbanístico por mala suerte. Los ha sufrido porque sus principales liderazgos políticos no estuvieron a la altura de una cuestión decisiva para el futuro del concejo. El urbanismo se manejó como patrimonio de gobierno y no como un pacto de municipio. Y cuando el territorio se gobierna desde el caudillismo, desde el cálculo político o desde la propaganda, quienes siempre acaban pagando la factura son los mismos: los llaniscos.
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