El 19 de enero se publicaba en un diario regional que la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias,
a través del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, ha dictaminado la
ilegalidad de parte de un inmueble construido en Celorio, Llanes, al entender
que parte de la construcción invade la zona de servidumbre de protección de
costas. La resolución insta a su propietaria, quien habría incurrido en
una infracción contra la llamada Ley de Costas, a revertir la situación. Mediante
un procedimiento sancionador, la Consejería resuelve imponer a la titular de
la vivienda unifamiliar ubicada en la localidad llanisca de Celorio, cuyas
esquinas norte y este "se encuentran irrumpiendo el dominio público
marítimo", "la restitución de las cosas a su estado anterior
en el plazo de tres meses". A la espera de que el Principado remita la
resolución definitiva, la
vecina denunciada deberá demoler parte de su domicilio para poder cumplir con
la legalidad de la edificación. En total, la superficie de
ocupación de suelo en dicha zona de afección ser traduce en, aproximadamente,
unos 28,45 metros cuadrados en la planta baja, excluyendo los aleros. Al
disponer de dos plantas de altura sobre suelo de dominio público, la superficie
total afectada ascendería a 56,90 metros cuadrados.
La Asociación de Mujeres por la Transparencia presentó denuncia contra la propietaria hace varios años. Fue un proceso que, según el colectivo, no ha estado exento de baches y, aseguran, de "desinterés" por parte de las administraciones. Desde la entidad denunciante, lamentan la dilación del conflicto y critican la actuación y gestión de los servicios públicos, que, dicen, llegaron "a permitir la caducidad del expediente". El colectivo es particularmente crítico con el gobierno local llanisco: "El Ayuntamiento no tenía ningún interés en resolver el caso; presentó un informe del vigilante de playas indicando que, a juzgar por las mediciones de la vivienda, no había infracción; nosotras recurrimos a un topógrafo que hizo lo propio y a Demarcación de Costas, que, por su parte, lo encargó a una empresa externa; al final se demostró que había una falta grave", explica el grupo. Según expuso la Asociación de Mujeres por la Transparencia, la denunciada tiene opciones de recurrir, pero, a su juicio, hacerlo "solo servirá como maniobra de dilación, ya que, aunque las sanciones económicas prescriben, las infracciones contra Costas no lo hacen" https://cutt.ly/l9aU9Aq
Lo que se refleja en la noticia no es nuevo para el ciudadano que reside en Llanes, ya que es conocedor de que el urbanismo llanisco es el Talón de Aquiles del municipio con los políticos que llegan al gobierno del Ayuntamiento de Llanes. Lo fue con gobiernos pasados y lo es con el gobierno actual, que vino para regenerar la vida política municipal y ha emponzoñado de heces todo lo que toca, principalmente si son servicios públicos, como el saneamiento público, suministro de agua, etc. Una prueba de que el urbanismo es un caos se produjo el 22 de junio del año pasado, cuando se pidió el cese de la concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Llanes, ante el caos que reinaba en dicho departamento. La trásfuga, Marián de la Llana, entonces se aguantó en el cargo gracias al “modelo Mallada”, que imperaba en Llanes. El modelo consistía en un pacto tácito de dicha presidenta del PP de Asturias con el alcalde de Llanes Enrique Riestra, por el que el alcalde llanisco declaraba un día sí y otro también contra Adrián Barbón y el gobierno del Principado y Teresa Mallada recogía lo que su “bellotari” político de Llanes (Enrique Riestra) había dicho con sus declaraciones para afear el abandono al que supuestamente tiene al municipio de llanisco. El caso era hacer ruido mediático, como pago el PP acudió al rescate con sus dos concejales en el gobierno llanisco, Lucio Carriles y Juan Carlos Armas. De esta forma salvó los muebles el gobierno trásfuga que tenía la concejalía de Urbanismo echa un erial, como pusieron de manifiesto el sector de la construcción por la tardanza en la concesión de licencias y trámites urbanísticos. Posteriormente, con la caída en desgracia de Teresa Mallada vino el “paracaidista”, Diego Canga Fano, que aterrizó “manu militari” por obra y gracia y Núñez Feijóo y ratificó lo que los asturianos conocemos como el “modelo Canga”. Este es más de lo mismo del “modelo Mallada” (en síntesis, consiste en juntar todo lo que pueda, incluidos trásfugas, con el fin de llegar al poder).
Con estos antecedentes al que hay que sumar posteriormente el lanzamiento del PGOU que se produjo en el pleno del 28 de septiembre https://cutt.ly/w9aKbHi, que sirvió para enervar más si cabe la sensibilidad de la ciudadanía llanisca al comprobar cómo se atendían las necesidades de determinadas personas particulares y colectivos que dicen defender la ley, el paisaje de Llanes y el medio ambiente, pero no para la mayoría de los llaniscos. Esta situación derivó en la interposición de 1.100 alegaciones a dicho planeamiento urbano por parte de vecinos y parroquias como, Puertas, San Roque, Cue, Porrúa, el sector ganadero según denuncio GANAGRI, etc. Por lo tanto, lo que se publica en la noticia del encabezamiento del post es una constatación más de que algo huele a podrido en el gobierno municipal de, Enrique Riestra Rozas. Esa dejación en sus obligaciones urbanísticas, tanto de él como de la concejal trásfuga de Urbanismo, Marián de la Llana, es la constatación de que los más de 50.000 euros que nos cuestan al año dichos sujetos, es dinero tirado a la basura en defensa de los intereses de la ciudadanía llanisca. Lo grave y malo para estos individuos como para el resto de miembros de este gobierno municipal del pesebre, es que ha sido otra administración la que ha tenido que venir a poner coto sobre las tropelías que cometen. Esta no va a ser la primera ni la última, en los próximos días probablemente veremos la misma situación con otro problema que tiene el gobierno municipal larvado omitiendo sus obligaciones a la vez que cobra por unos servicios que no presta, ósea una estafa.
En el caso de la vivienda que se denuncia por invadir el dominio público marítimo es llamativo esa indolencia y desidia en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno municipal de, Enrique Riestra Rozas. Tanto, la concejalía de Urbanismo y Patrimonio como la de Obras y Medioambiente, quedan con él “culo al aire” por su forma de gestionar lo público. Desconozco los motivos para actuar de esta forma, no sé si existe relación de amistad u otra cualquiera, lo que si me llama la atención es el silencio y pasividad del guardián de las esencias del urbanismo de Llanes, AVALL. En sus estatutos se refleja lo siguiente con respecto a sus fines:
Como ciudadano ajeno de la política me pregunto las siguientes cuestiones, ¿Acaso dicha situación no es denunciable para AVALL?, ¿Por qué en casos donde se producen situaciones similares fuera de la legalidad vigente son tan beligerantes y en este caso no?, ¿Existe alguna relación concordada entre gobierno municipal de Enrique Riestra y AVALL para no actuar en este hecho que ha denunciado la administración regional? Todas estas preguntas, son cuestiones que afloran ante los hechos sucedidos y la falta de explicaciones de los afectados por dicho problema.
Para terminar el post, quiero afirmar que este hecho pone de manifiesto una vez más esa honestidad de hojalata que nos vende este gobierno municipal como estandarte de su gestión. Enrique Riestra Rozas, presume y presumirá a cuatro meses de las elecciones municipales de su honradez política, pero hechos como los que hoy recojo en el post ponen de manifiesto que esa honestidad está cubierta de; desidia, negligencia, dejadez, holgazanería, pereza, pero, sobre todo, está cubierta y envuelta en unas retribuciones que a muchos llaniscos les hace palidecer, ya que tanto el alcalde como los concejales de este gobierno trásfuga le costaron a los llaniscos el año pasado 470.897,82 €, (78.350.805 pts.)
Ya lo dijo Umberto Eco: “Un mentiroso que niega, afirma.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario