Ayer se publicaba en la prensa regional la siguiente noticia. El Partido Popular de Asturias ha abierto en Avilés su nuevo curso político con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Durante la primera reunión de la Ejecutiva Autonómica tras el verano, su presidente, Álvaro Queipo, realizó un balance crítico de la gestión del Gobierno del Principado presidido por Adrián Barbón y aseguró que los próximos nueve meses estarán dedicados a preparar un eventual Ejecutivo del PP.
Queipo
afirmó que el Gobierno autonómico obtiene un «suspenso» y anunció que su
partido elaborará un «boletín de evaluación» sobre su gestión. El dirigente
popular aseguró que este será el último curso político del PP en la
oposición y sostuvo que la formación pretende llegar a las elecciones
preparada para «gobernar Asturias desde el primer día».
En su balance, Queipo cuestionó la actuación del Ejecutivo asturiano en ámbitos como vivienda, fiscalidad, empleo, autónomos, sanidad, dependencia, burocracia, infraestructuras y conexiones ferroviarias. Según los datos expuestos por el presidente del PP asturiano, comprar una vivienda cuesta actualmente un 50% más que en 2019 y alquilarla un 48% más. También señaló un incremento del 44% de la recaudación prevista, la pérdida de más de 3.100 autónomos desde 2019 y la existencia de más de 185.000 asturianos en listas de espera sanitarias.
Frente a esta situación, el PP plantea un «plan de recuperación» para Asturias que contempla la movilización de suelo y vivienda protegida, rebajas fiscales, cambios en el sistema de promoción empresarial, una reducción de las cargas para los autónomos y una auditoría del SESPA que sirva como base para un plan de choque sanitario. También propone reorganizar el sistema de dependencia, utilizar la inteligencia artificial para reducir la burocracia y desarrollar planes específicos para carreteras y ferrocarriles. Estas propuestas se agrupan bajo la consigna «Asturias primero».
El presidente del PP asturiano aseguró que su formación está «preparando el día después» de las elecciones autonómicas y que pretende llegar a mayo de 2027 «con los deberes hechos», de forma que un eventual cambio de Gobierno permita comenzar a aplicar sus medidas sin dedicar los primeros meses a estudiar la situación administrativa.
Queipo también hizo una llamada a la unidad, la serenidad y la movilización interna del PP, reclamando «trabajo, muchísimo trabajo» para conseguir un partido presente en la calle, que escuche a los ciudadanos y explique sus propuestas.
La elección de Avilés para iniciar el curso político tuvo también un importante componente municipal. Queipo extendió sus críticas al Gobierno local de Mariví Monteserín, al que calificó de «mustio, agotado y sin ningún tipo de impulso». Una parte destacada de su intervención estuvo dedicada al conflicto relacionado con el contrato del agua y Asturagua, sobre el que afirmó que existen más de 15 millones de euros de las arcas municipales en juego dentro de un procedimiento judicial.
El dirigente popular acusó al Ejecutivo municipal de «oscurantismo» en la gestión de este asunto y destacó el trabajo de los nueve concejales del PP de Avilés para obtener información sobre el procedimiento. Durante el acto estuvieron presentes, entre otros dirigentes, la portavoz municipal y diputada nacional Esther Llamazares y la presidenta de la junta local del partido, Estefanía Rodríguez.
Queipo también criticó al Gobierno municipal por no secundar la movilización en solidaridad con Ceuta prevista para el 2 de septiembre y animó a avilesinos y asturianos a participar en la concentración.
El calendario del PP asturiano tendrá otra de sus próximas citas relevantes el 10 de octubre en Oviedo, donde la formación celebrará una nueva Intermunicipal con sus representantes en los ayuntamientos.
Queipo cerró el arranque del curso político reiterando su objetivo para las próximas elecciones: «Este es nuestro último curso antes de empezar a gobernar». El resultado de las urnas en mayo de 2027 determinará si el Partido Popular consigue alcanzar ese objetivo.
La información completa sobre el inicio del curso político del PP asturiano en Avilés puede consultarse en este enlace.
Las palabras de Álvaro Queipo en el inicio del curso político del Partido Popular asturiano dibujan una Asturias en la que prácticamente todos los indicadores relevantes serían consecuencia directa de la gestión del Gobierno de Adrián Barbón. Vivienda, impuestos, empleo, autónomos, sanidad, dependencia, burocracia, carreteras o ferrocarril reciben un suspenso general. El problema de un diagnóstico tan rotundo aparece cuando se abandona el atril y se examinan los lugares en los que el Partido Popular participa directamente en la gestión pública. Entonces resulta bastante más difícil sostener que existe una sencilla división entre una izquierda que gestiona mal y una derecha que posee automáticamente las soluciones.
Conviene empezar por una precisión indispensable. El PP no gobierna en solitario ni Gijón ni Llanes. En Gijón forma parte del gobierno municipal de coalición de la derecha extrema encabezado por FORO Asturias; en Llanes participa en el ejecutivo liderado por la ultraderecha de VecinosxLlanes. Sería incorrecto, por tanto, adjudicar al PP toda la responsabilidad sobre lo sucedido en esos municipios. Pero sería igualmente difícil sostener que carece de responsabilidad política sobre decisiones que adopta o respalda desde esos gobiernos.
El terreno en el que resulta más evidente la contradicción con el discurso de Queipo es la vivienda. El presidente popular utiliza el incremento del precio de compra y alquiler desde 2019 como una de las principales pruebas contra el Gobierno autonómico. Sin embargo, en Gijón el PP ha formado parte activa de la oposición municipal a una de las herramientas propuestas precisamente para intervenir sobre el mercado del alquiler.
En marzo de 2025, FORO y PP impulsaron conjuntamente en el Pleno gijonés el rechazo a que Cimavilla y La Arena pudieran ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado sin acuerdo previo con el Ayuntamiento. El propio PP de Gijón presentó aquella actuación como un freno a lo que calificaba de medidas «intervencionistas». La posición no quedó reducida a una declaración política. Tras la declaración oficial de ambos barrios como zonas tensionadas por el Principado el 14 de mayo de 2026, publicada en el BOPA, el gobierno gijonés mantuvo su oposición y decidió recurrir la medida.
Esto permite plantear una objeción perfectamente factual al discurso de Queipo: el PP critica al Gobierno asturiano por el precio de la vivienda mientras, allí donde participa en gobiernos municipales, rechaza algunos de los instrumentos escogidos por el Principado para intentar contener esos precios. Esto no demuestra por sí mismo que la política autonómica sea acertada ni garantiza que la declaración de zonas tensionadas vaya a resolver el problema. Pero sí obliga al PP a ir más allá de señalar el incremento de los alquileres y a demostrar con resultados que las alternativas que propone son más eficaces. Y es precisamente ahí donde surge la contradicción: en municipios como Gijón y Llanes, donde el PP comparte responsabilidades de gobierno, los ciudadanos tampoco han podido comprobar hasta ahora resultados suficientemente concluyentes en materia de vivienda que permitan presentar su modelo como una alternativa acreditadamente más eficaz. Criticar los resultados del adversario es legítimo; pero, si se pretende gobernar Asturias ofreciendo una política distinta, el mismo criterio de exigencia que Queipo aplica al Principado debe aplicarse a la gestión del PP allí donde ya tiene capacidad para tomar decisiones.
Hay además un dato reciente que obliga a ser especialmente cuidadosos. El Gobierno autonómico sostiene que empiezan a observarse descensos de precios en zonas gijonesas afectadas por la regulación, aunque esa interpretación es discutida por quienes cuestionan la eficacia de este tipo de medidas. Por rigor, todavía no puede atribuirse con certeza una evolución del mercado exclusivamente a la declaración de zona tensionada, pero tampoco resulta serio descartar sus efectos mediante una simple descalificación ideológica.
Eso no significa que el Ayuntamiento de Gijón permanezca completamente inactivo en vivienda. El presupuesto municipal para 2026 elevó los recursos de la Empresa Municipal de la Vivienda, EMVISA, de unos 6,99 millones a 7,63 millones de euros, un incremento presupuestario del 9,16%. Este dato debe incluirse porque un análisis riguroso no puede seleccionar únicamente aquello que perjudica al adversario. El gobierno municipal también defiende otras fórmulas para aumentar la oferta y ha planteado desarrollos de centenares de viviendas.
La cuestión fundamental, sin embargo, sigue siendo la diferencia entre anunciar suelo o proyectos y disponer efectivamente de vivienda asequible terminada y accesible para la población. Esa misma distinción resulta especialmente importante en Llanes.
El Ayuntamiento llanisco anunció en enero de 2025 que ponía nuevamente a disposición del Principado 25.000 metros cuadrados de suelo municipal entre Llanes y Poo para vivienda protegida, recuperando como referencia un convenio que se remontaba nada menos que al año 2007. Es una actuación concreta y debe reconocerse como tal. Pero poner suelo a disposición de otra administración no equivale a entregar nuevas viviendas públicas. El propio portal municipal mantiene un Plan Municipal de Vivienda basado en diferentes actuaciones y reservas de suelo, entre ellas la de Poo.
Aquí aparece otra pregunta incómoda para la contundencia con la que Queipo califica de «suspenso» la vivienda autonómica. Si el acceso a la vivienda sirve para juzgar a un gobierno por sus resultados materiales, el mismo criterio debe aplicarse a los gobiernos municipales de los que forma parte el PP. No basta entonces con contabilizar suelo disponible, proyectos futuros o convenios pendientes: habría que ofrecer el número de nuevas viviendas protegidas efectivamente construidas, terminadas y puestas a disposición de los ciudadanos durante el periodo analizado.
Algo parecido ocurre con los impuestos, aunque en este terreno conviene desmontar una confusión frecuente. Queipo y el PP utilizan el crecimiento de la recaudación tributaria del Principado como demostración de una mayor presión sobre los asturianos. Los presupuestos oficiales permiten comprobar que los ingresos previstos por impuestos directos e indirectos son efectivamente mucho mayores que en 2019. En aquel ejercicio ascendían conjuntamente a aproximadamente 2.620 millones de euros; en el presupuesto de 2026 alcanzan unos 3.770 millones.
Pero que una Administración recaude más dinero no demuestra automáticamente que haya aumentado los tipos impositivos en la misma proporción. La recaudación depende también de los salarios nominales, los precios, el empleo, el consumo, la actividad económica, las compraventas y otras bases tributarias. Entre 2019 y 2026, además, España ha atravesado un periodo de inflación muy significativo. Por tanto, convertir directamente el aumento agregado de ingresos tributarios en una supuesta factura adicional individual de cada asturiano exige una metodología que debe explicarse.
Los propios presupuestos asturianos de 2026 estiman 3.688 millones de euros de recaudación prevista y aproximadamente 1.457 millones en beneficios fiscales dentro del cálculo de ingresos tributarios potenciales. El debate sobre si Asturias debe bajar impuestos es plenamente legítimo; lo que no resulta metodológicamente correcto es presentar cualquier aumento nominal de recaudación como si fuera necesariamente equivalente a una subida fiscal decretada por el Gobierno.
La comparación municipal introduce, además, algunos matices que incomodan cualquier discurso demasiado simple. En Llanes, el gobierno local aprobó para 2026 la congelación del IBI, del impuesto de circulación y de la plusvalía municipal, según la información publicada sobre sus ordenanzas fiscales. Ese dato favorece el argumento fiscal del gobierno municipal y sería incorrecto ocultarlo.
Pero también existen tasas y prestaciones municipales que los ciudadanos continúan pagando. El padrón oficial del segundo bimestre de 2026 de Llanes recoge, entre otros conceptos, 352.576 euros por recogida de basuras, 209.427 euros por suministro de agua y 55.829 euros por alcantarillado. Esto no constituye ninguna irregularidad: son ingresos vinculados a la prestación de servicios municipales. Precisamente por eso resulta necesario introducir un dato especialmente relevante cuando el PP asturiano convierte la fiscalidad en uno de los principales argumentos de su crítica al Gobierno del Principado.
El informe «La competitividad fiscal en el Principado de Asturias. Una propuesta de mejora», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y presentado junto con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), ofrece una fotografía de la fiscalidad municipal que merece ser incorporada al debate. Según el estudio completo del IEE y FADE, Llanes recaudó en 2024 un total de 724 euros por habitante a través de los principales impuestos municipales analizados, frente a los 439 euros de media del conjunto de Asturias y los 474 euros de media española. Entre los municipios asturianos recogidos en esta comparación, Llanes ocupa la segunda posición en recaudación tributaria municipal por habitante, únicamente por detrás de Carreño, que alcanza los 805 euros.
El dato resulta todavía más significativo al observar Gijón, donde el PP también comparte responsabilidades de gobierno. El mismo estudio sitúa la recaudación de los principales impuestos municipales en 464 euros por habitante, una cantidad superior a la media asturiana de 439 euros, aunque ligeramente inferior a los 474 euros de la media española.
Por tanto, los propios datos del estudio utilizado para denunciar la elevada fiscalidad asturiana muestran que el argumento exige también mirar hacia los ayuntamientos donde el PP participa en el gobierno. Llanes destaca especialmente, al situarse segundo entre los municipios asturianos analizados por recaudación tributaria por habitante, mientras Gijón también supera el promedio regional. Esto no significa que recaudar más constituya por sí mismo una mala gestión, del mismo modo que un incremento de la recaudación autonómica tampoco permite concluir automáticamente que exista una mala gestión. Lo que sí evidencia es una contradicción en el discurso si se utiliza exclusivamente el volumen recaudado para censurar al Gobierno del Principado y se prescinde de ese mismo criterio cuando se examinan administraciones en las que el PP tiene responsabilidades.
Gobernar implica recaudar para financiar servicios, también cuando gobierna o cogobierna la derecha extrema. Por eso, si Queipo pretende convertir la presión fiscal en una de las grandes asignaturas con las que suspender al Ejecutivo de Barbón, el mismo examen debe realizarse allí donde su propio partido participa en la gestión. Y los datos del IEE y FADE muestran que Llanes no constituye precisamente un ejemplo de baja recaudación tributaria municipal por habitante y que Gijón tampoco se encuentra por debajo del promedio asturiano.
El discurso contra los impuestos debe confrontarse además con el coste real de esos servicios. En Llanes, los datos presupuestarios de 2025 situaban el gasto en servicios públicos básicos en unos 10,5 millones de euros, el 47,19% del gasto municipal, aproximadamente 775 euros por habitante. Para 2026, el propio Ayuntamiento presentó un presupuesto superior a 23 millones de euros, con algo más de 1,2 millones destinados a inversiones reales y transferencias de capital.
Gijón muestra todavía más claramente esta realidad. El gobierno municipal de FORO y PP aprobó para 2026 el presupuesto más elevado de la historia del Ayuntamiento, con un presupuesto consolidado próximo a 538,6 millones de euros. Las empresas municipales aumentan globalmente su presupuesto un 6,86%; EMULSA alcanza más de 57 millones, la Empresa Municipal de Aguas supera los 42 millones, EMTUSA ronda los 37,7 millones y la Fundación Municipal de Servicios Sociales llega a 31,59 millones.
Estos datos hacen difícil sostener como principio universal la idea política de que una Administración que maneja más recursos es por ello necesariamente una Administración peor o más cara. Si ese razonamiento se aplicara mecánicamente al Principado, debería aplicarse también al Ayuntamiento de Gijón. Y sería absurdo en ambos casos. Un presupuesto puede crecer por inflación, ampliación de servicios, inversiones, salarios, transferencias o mayores costes. La calidad de una gestión no puede medirse únicamente por cuánto recauda o cuánto gasta, sino por qué hace con esos recursos y qué resultados obtiene.
Este es probablemente el punto más débil del «boletín de notas» elaborado por Queipo. Presentar cifras seleccionadas y convertirlas inmediatamente en una calificación política puede resultar eficaz como discurso de oposición, pero un dato sin contexto no constituye por sí solo una evaluación de gestión.
Hay además competencias que el discurso mezcla pese a que pertenecen a administraciones distintas. Cercanías ferroviarias, determinadas carreteras estatales o decisiones de financiación autonómica no dependen exclusivamente del Gobierno del Principado. Del mismo modo, un ayuntamiento no tiene las competencias sanitarias del SESPA. Un análisis serio debe exigir responsabilidades a cada Administración por aquello que realmente controla, no acumular todos los problemas existentes bajo una única etiqueta partidista.
Eso tampoco exonera al Gobierno de Barbón de sus responsabilidades. Las listas de espera sanitarias, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de dependencia o la baja tasa de actividad merecen evaluación y crítica. Pero la existencia de problemas no demuestra que la alternativa de la derecha extrema que abandera Queipo que promete resolverlos tenga ya acreditada una gestión mejor allí donde gobierna.
En Gijón, por ejemplo, la coalición municipal de la que forma parte el PP administra cientos de millones de euros, mantiene un amplio entramado de empresas públicas y organismos municipales y ha aumentado para 2026 el presupuesto de prácticamente todos ellos. En Llanes, el ejecutivo con participación popular recauda impuestos y tasas, presta servicios públicos con un elevado peso presupuestario y continúa dependiendo de acuerdos con el Principado para transformar suelo disponible en vivienda protegida efectiva.
Nada de ello convierte automáticamente esas gestiones municipales en fracasos. Pero sí desarma la imagen de una frontera nítida entre una Administración socialista que recauda, gasta y no resuelve los problemas y unas administraciones gobernadas por la derecha extrema que funcionarían bajo reglas completamente diferentes. La realidad presupuestaria y administrativa es bastante menos cómoda para ese relato.
Queipo afirma que el PP estará preparado para gobernar Asturias «desde el minuto uno» y anuncia movilización de suelo, rebajas fiscales, reorganización de la dependencia, auditoría sanitaria, reducción de burocracia y planes de infraestructuras, o sea, los duros a peseta. Son compromisos políticos que podrán juzgarse cuando estén suficientemente desarrollados y, en caso de llegar al Gobierno, cuando produzcan resultados.
Hasta entonces, la fiabilidad de una alternativa no puede demostrarse mediante los suspensos que reparte al adversario, sino mediante sus propios resultados allí donde ya tiene responsabilidades de gobierno… Y de momento nada han demostrado, salvo ser unos marrulleros políticos.
Y es precisamente ahí donde el discurso de Álvaro Queipo necesita más explicaciones. El PP tiene derecho a presentar al Gobierno de Barbón como agotado y a ofrecerse como alternativa. Pero si vivienda, impuestos, servicios públicos y capacidad de gestión van a convertirse en las asignaturas del examen electoral de 2027, el boletín no puede tener una sola página. Los ciudadanos pueden examinar al Gobierno del Principado. Pero también pueden abrir las cuentas, los presupuestos, las políticas de vivienda y las decisiones de los ayuntamientos en los que gobierna o cogobierna la derecha extrema. Cuando se aplica el mismo criterio a todos, la política del «y tú más» pierde buena parte de su utilidad. Y el examinador también acaba siendo examinado.
El llamamiento de Álvaro Queipo a la «unidad y la serenidad» del Partido Popular asturiano adquiere una dimensión diferente cuando se confronta con las informaciones publicadas apenas unos días antes sobre la situación interna del PP de Oviedo. El presidente autonómico pidió un partido «movilizado, entregado, en la calle, que escuche y que explique» y reclamó «trabajo, muchísimo trabajo» ante las elecciones de 2027. Es una imagen de cohesión y disciplina que, sin embargo, contrasta con las tensiones internas descritas por la prensa en una de las organizaciones municipales más importantes del PP asturiano.
El pasado 27 de agosto se publicaba una información sobre la situación interna del PP de Oviedo y las relaciones entre Alfredo Canteli, Mario Arias y Gerardo Antuña. El punto de partida resulta significativo: Mario Arias había sido elegido presidente del PP ovetense en febrero con un 97,43% de los votos, un resultado que públicamente proyectaba una organización prácticamente unánime alrededor de su nueva dirección. Sin embargo, según las fuentes populares citadas en esa información, el proceso que desembocó en aquella candidatura única habría sido bastante más complejo.
La información sostiene, basándose en fuentes conocedoras del proceso, que Gerardo Antuña disponía de apoyos importantes entre la militancia y especialmente en Nuevas Generaciones, mientras Mario Arias contaba con el respaldo del alcalde, Alfredo Canteli ( un no militante). La candidatura única habría llegado después de movimientos destinados a evitar una confrontación interna y de un acuerdo por el que Arias asumiría la presidencia mientras Antuña permanecería como secretario general.
Aquí aparece una primera diferencia importante entre la imagen pública y lo que esas fuentes describen sobre el funcionamiento interno de la organización. Un 97,43% de respaldo permite acreditar formalmente una enorme mayoría alrededor de una candidatura; no permite concluir, por sí solo, que previamente no existieran diferencias, negociaciones o candidatos potencialmente enfrentados. Son dos cuestiones distintas.
Además, la información publicada señala como antecedentes las divisiones producidas en otras organizaciones locales del PP asturiano. En Avilés, Estefanía Rodríguez derrotó en el congreso local a Esther Llamazares, que contaba con el respaldo de la dirección autonómica. También se habían producido tensiones dentro de la organización gijonesa. Es decir, el contexto en el que se celebró el congreso ovetense no era el de un PP asturiano completamente ajeno a las disputas internas.
Más delicado resulta lo publicado sobre las relaciones posteriores entre Alfredo Canteli, Mario Arias y Gerardo Antuña. Según las fuentes citadas por la información del 27 de agosto, Canteli habría preferido que Arias se impusiera sin necesidad de alcanzar un acuerdo con Antuña y el desenlace habría provocado malestar. Las mismas fuentes describen además una relación especialmente deteriorada entre el alcalde y el secretario general del PP ovetense.
Estas afirmaciones deben manejarse con precisión. No son hechos acreditados mediante declaraciones públicas de sus protagonistas, sino informaciones periodísticas atribuidas a fuentes internas o conocedoras del partido. Por tanto, sería impropio convertirlas automáticamente en certezas. Pero tampoco pueden ignorarse cuando se pretende analizar la imagen de absoluta cohesión que la dirección popular quiere proyectar.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia porque Oviedo es el principal poder institucional del PP asturiano. Alfredo Canteli gobierna la capital con mayoría absoluta y ha anunciado su intención de volver a presentarse en 2027. Al mismo tiempo, el partido tendrá que afrontar en algún momento su sucesión y confeccionar las próximas candidaturas municipales. Es precisamente en esos procesos —direcciones orgánicas, listas electorales y sucesiones— donde las diferencias internas adquieren consecuencias políticas reales.
A ello se suma la incertidumbre electoral. La información publicada señalaba que fuentes próximas al PP ovetense concedían credibilidad a encuestas que contemplaban una posible pérdida de la mayoría absoluta y un crecimiento de Vox. De producirse ese resultado, el escenario político de Oviedo cambiaría sustancialmente porque el PP necesitaría apoyos externos para conservar la Alcaldía. A día de hoy, sin embargo, una encuesta constituye una estimación electoral y no un resultado, por lo que cualquier conclusión sobre la futura composición del Ayuntamiento debe esperar a las urnas.
La situación descrita trasciende incluso Oviedo. Según la misma información periodística, fuentes conocedoras de conversaciones internas aseguraban que desde la dirección regional se habría contactado con un alto cargo próximo a Alberto Núñez Feijóo para trasladarle preocupación por las informaciones que situaban a José Manuel Ferreira como posible alternativa para una futura candidatura autonómica. La respuesta que esas fuentes atribuyen a Génova —esperar hasta finales de septiembre— tampoco constituye una confirmación pública de ningún cambio de candidato. Sí muestra, en caso de ser correcta la información publicada, que las expectativas sobre quién ocupará determinadas posiciones continúan formando parte de las conversaciones internas.
Todo esto introduce un contrapunto evidente al discurso pronunciado ahora por Queipo. El presidente del PP asturiano reclama unidad precisamente cuando existen informaciones periodísticas que describen disputas, equilibrios y recelos dentro de algunas de las organizaciones más relevantes de su propio partido. Una cosa no invalida necesariamente la otra: un dirigente puede pedir unidad precisamente porque quiere evitar divisiones. Pero el contexto impide presentar esa unidad como una realidad indiscutible.
Tampoco sería riguroso afirmar, sin pruebas, que esas diferencias se producen simplemente porque determinados dirigentes quieran «ocupar una silla» o «vivir de la política». Las luchas orgánicas pueden responder a ambiciones personales, diferencias políticas, estrategias electorales, relaciones personales o disputas por el control de una organización, y atribuir una motivación concreta exige disponer de evidencias. Lo que sí está documentado es la existencia de procesos internos disputados y de informaciones periodísticas que describen tensiones dentro del PP asturiano.
Y ahí reside una contradicción política que merece ser señalada. Queipo presenta un partido que dedica los próximos nueve meses a preparar minuciosamente el Gobierno de Asturias, que llegará a 2027 «con los deberes hechos» y que únicamente necesita unidad, serenidad y trabajo para culminar el cambio político. Pero las informaciones procedentes del interior del propio PP muestran que una parte de sus energías también se dedica a resolver equilibrios orgánicos, candidaturas, sucesiones y relaciones entre dirigentes.
No es una anomalía exclusiva del Partido Popular. Las organizaciones políticas albergan corrientes, intereses y disputas internas. Precisamente por ello resulta difícil sostener una imagen idealizada de cualquier partido como una maquinaria perfectamente cohesionada mientras se presentan las divisiones del adversario como prueba de incapacidad.
La diferencia entre ambas imágenes es importante. De puertas afuera, Queipo habla de unidad, preparación y un PP concentrado exclusivamente en convertirse en alternativa de gobierno. De puertas adentro, las fuentes recogidas por la prensa describen negociaciones para evitar enfrentamientos, relaciones personales deterioradas, preocupación por futuras candidaturas y movimientos entre Oviedo, la dirección regional y Génova. Ambas realidades forman parte del análisis político, aunque la segunda deba presentarse siempre con la cautela que exige una información sustentada parcialmente en fuentes anónimas.
Por eso, cuando Queipo asegura que el PP está «preparando el día después» y reclama «unidad y serenidad», cabe someter también a examen la situación de su propia organización. No para sustituir el debate sobre la gestión del Gobierno de Barbón por un «y tú más», sino porque quien presenta la cohesión, la preparación y la capacidad de gobierno como credenciales electorales debe aceptar que esas mismas credenciales sean contrastadas con el funcionamiento real de su partido.
El 97,43% obtenido por Mario Arias en febrero es un dato objetivo. También lo es que fue candidato único. Pero las informaciones posteriores permiten cuestionar que aquel porcentaje pueda utilizarse como demostración suficiente de que todas las diferencias internas habían desaparecido. Una votación prácticamente unánime puede cerrar un congreso; no necesariamente cierra las disputas políticas que existían antes de celebrarlo.
Ese es el reverso que queda oculto cuando el discurso público se limita a presentar un PP asturiano unido, sereno y exclusivamente preocupado por preparar su llegada al Gobierno. La fortaleza de un partido no se demuestra proclamando su unidad, sino comprobando cómo gestiona sus diferencias cuando aparecen. Y, a pocos meses de entrar de lleno en el ciclo electoral de 2027, las informaciones publicadas sobre Oviedo muestran que el PP asturiano también tiene sus propios deberes internos pendientes.
Para terminar el post quiero manifestar que Álvaro Queipo ha decidido afrontar el camino hacia 2027 convertido en examinador de la política asturiana. Reparte suspensos, enumera problemas y presenta al Partido Popular como una alternativa preparada para entrar en el Gobierno y comenzar a resolverlos desde el primer día. Es una estrategia política legítima. Lo que resulta mucho más discutible es construir ese relato seleccionando únicamente aquella parte de la realidad que permite responsabilizar al adversario mientras se evita aplicar idéntico nivel de exigencia a las administraciones en las que el propio PP participa en el gobierno.
Porque la realidad no desaparece por mucho que se simplifique desde un atril. Si Queipo considera que el precio de la vivienda constituye una prueba del fracaso del Gobierno asturiano, debe aceptar que se examinen también los resultados efectivos de las políticas de vivienda en Gijón y Llanes, donde su partido comparte responsabilidades. Si utiliza el incremento de la recaudación para denunciar la presión fiscal del Principado, debe aceptar igualmente que se recuerde que Llanes figura entre los municipios asturianos analizados con mayor recaudación por habitante en los principales impuestos locales y que Gijón se sitúa por encima de la media asturiana. Y si reclama unidad y serenidad como demostración de que el PP está preparado para gobernar Asturias, tampoco puede pretender que las informaciones publicadas sobre disputas, equilibrios internos, sucesiones y relaciones difíciles dentro de su propio partido carezcan de relevancia.
Ese es el problema fundamental del discurso de Queipo: el baremo no puede cambiar dependiendo de quién esté sentado en el gobierno que se examina. Lo que constituye un fracaso cuando gobierna el PSOE no puede convertirse automáticamente en una explicación administrativa, una competencia ajena, una herencia recibida o un proyecto todavía pendiente cuando el PP comparte responsabilidades.
También merece una reflexión el discurso fiscal que acompaña habitualmente a la derecha. Los impuestos no pueden analizarse únicamente como dinero que la Administración quita al ciudadano, porque financian sanidad, educación, dependencia, transporte, limpieza, agua, vivienda, seguridad y el resto de los servicios públicos. Otra cuestión perfectamente legítima es discutir cuánto debe recaudarse, quién debe aportar más, cómo debe gastarse ese dinero y si una Administración lo utiliza eficientemente.
Ahí aparece una diferencia política fundamental que debe discutirse con datos y no con eslóganes. Cuando el PP propone rebajas fiscales, hay que preguntar qué impuestos pretende reducir, quiénes serían los principales beneficiarios, cuánto dejaría de ingresar la Administración y cómo se compensaría esa reducción de ingresos. Solo después puede determinarse si una rebaja beneficia principalmente a rentas bajas y medias o concentra sus mayores ventajas en quienes poseen mayores rentas o patrimonios. Afirmar simplemente que toda rebaja fiscal beneficia a «los ricos» sería tan poco riguroso como sostener que cualquier incremento de la recaudación perjudica necesariamente a todos los ciudadanos por igual.
Y precisamente eso es lo que debería exigirse a quien aspira a gobernar Asturias: menos eslóganes y más cuentas completas. Si Queipo promete rebajas fiscales, que explique su distribución y su coste. Si promete vivienda, que concrete cuántas viviendas, dónde, cuándo y con qué presupuesto. Si promete reducir las listas de espera, que detalle los recursos necesarios. Si promete menos burocracia mediante inteligencia artificial, que explique qué procedimientos pretende modificar y qué ahorro espera conseguir. Gobernar empieza precisamente donde termina el eslogan.
Porque estar en la oposición permite señalar cada problema y responsabilizar al Gobierno. Gobernar obliga a escoger entre alternativas, cuadrar presupuestos, recaudar, priorizar inversiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Y para conocer qué hace realmente un partido cuando abandona la oposición no hace falta imaginarlo: también pueden examinarse las administraciones en las que ya gobierna o cogobierna.
Ahí es donde el relato de Queipo pierde buena parte de la perfección con la que pretende presentarse. No porque Gijón o Llanes demuestren automáticamente que el PP gestione peor, algo que los datos analizados no permiten afirmar de manera general, sino porque tampoco ofrecen esa demostración incontestable de superioridad gestora que permitiría repartir suspensos al adversario desde una posición de pretendida excelencia propia.
Lo mismo sucede con la imagen de cohesión interna. Queipo pide «unidad y serenidad», mientras las informaciones publicadas describen negociaciones, equilibrios y tensiones dentro del PP asturiano. Que existan diferencias internas no convierte al PP en una excepción: existen en prácticamente todas las organizaciones políticas. La contradicción aparece cuando se pretende vender hacia fuera una virtud absoluta que la realidad interna obliga, como mínimo, a matizar.
Por eso quizá el mayor problema del discurso de Álvaro Queipo no sean sus críticas a Barbón. Un líder de la oposición tiene el derecho y la obligación democrática de fiscalizar al Gobierno. El problema comienza cuando la fiscalización se convierte en un espejo que solo refleja los defectos del contrario y nunca los propios.
Asturias necesita una oposición que controle, denuncie errores y presente alternativas. Pero también necesita que esas alternativas puedan medirse, compararse y someterse al mismo examen que se exige a quienes gobiernan. No basta con anunciar que se tienen las soluciones; hay que demostrar que funcionan. No basta con prometer menos impuestos; hay que explicar quién se beneficia y cómo se mantienen los servicios. No basta con proclamarse preparado para gobernar; hay que acreditar esa capacidad allí donde ya se gobierna.
Queipo ha decidido repartir el boletín de notas del Gobierno asturiano. Está en su derecho. Pero si pretende convertir las elecciones de 2027 en un examen sobre vivienda, fiscalidad, servicios públicos, gestión y credibilidad, debería asumir que el Partido Popular también tendrá que sentarse delante del tribunal de los hechos.
Porque en democracia ningún partido posee el aprobado por anticipado y ningún dirigente tiene reservado el pupitre del profesor. Queipo puede repartir todos los suspensos que quiera. Lo que no puede pretender es corregir los exámenes ajenos mientras mantiene el suyo boca abajo sobre la mesa.
Ya lo dijo François de La Rochefoucauld: «La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.»
