Ayer se publicó en la prensa regional que el Partido Popular de Asturias ha comenzado a preparar la carrera electoral de mayo de 2027 con el objetivo de aumentar su representación y alcanzar la Presidencia del Principado. Durante un encuentro con cargos del partido, el secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, afirmó que la formación tiene la obligación de seguir creciendo y de arrebatar al PSOE el Gobierno autonómico.
Tellado recordó que en las elecciones municipales de 2023 el PP asturiano logró un importante crecimiento en votos, concejales y alcaldías, aunque se quedó a un escaño de poder gobernar el Principado. Según señaló, si 2023 representó un gran avance para el partido, 2027 debe convertirse en el año de la victoria, después de que el PP también fuera la fuerza más votada en Asturias en las últimas elecciones generales y europeas.
El dirigente popular sostuvo que el presidente asturiano, Adrián Barbón, está preocupado por el crecimiento del líder regional del PP, Álvaro Queipo. Además, acusó a Barbón de anteponer la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los intereses de Asturias, especialmente en cuestiones como la financiación autonómica y los acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana de Catalunya.
Foto: cuatro trileros políticos que al que puedan engañar lo harán sin vergüenza
Tellado también criticó la actuación del Gobierno central ante la llegada de inmigrantes a Ceuta y afirmó que un futuro Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo se ocuparía de cuestiones como la protección de las fronteras, la prevención de los incendios y los problemas cotidianos de los ciudadanos.
Por su parte, Álvaro Queipo reprochó al Gobierno asturiano su falta de firmeza ante decisiones del Ejecutivo central que, a su juicio, perjudican a la comunidad. Como ejemplos, mencionó la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública frente a la candidatura de Oviedo, la falta de adaptación de la red ferroviaria asturiana al ancho internacional, la paralización del vial de Jove y la continuidad del peaje del Huerna.
Queipo también criticó que Asturias afronte una nueva campaña de incendios sin tener aprobado el Plan Forestal y cuestionó las diferencias entre el PSOE e Izquierda Unida sobre la fiscalidad de las rentas medias. Frente a esta situación, explicó que el proyecto del PP se apoya en tres ejes: la creación de oportunidades, la mejora de la gestión pública y la defensa de los intereses de Asturias.
El líder del PP asturiano aseguró que su formación pretende facilitar que los jóvenes puedan permanecer o regresar a la región, mejorar el acceso a la vivienda, apoyar a los autónomos y a las empresas y evitar la pérdida de inversiones. También defendió una gestión destinada a reducir las listas de espera sociales y sanitarias, ordenar la Administración y garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos.
En relación con la defensa de Asturias, Queipo afirmó que el PP continuará reclamando infraestructuras, inversiones y oportunidades para todos los concejos, además de insistir en la eliminación del peaje del Huerna, la ejecución del vial de Jove y la mejora de las conexiones ferroviarias.
El acto fue inaugurado por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien pidió a los cargos del partido que afronten el periodo electoral con trabajo, humildad y esfuerzo. Canteli señaló que el primer objetivo debe ser conservar las mayorías absolutas ya existentes, mientras que el segundo consiste en lograr nuevas mayorías y continuar aumentando la presencia municipal del PP en Asturias. La información original puede consultarse en este enlace a la noticia.
La gestión municipal frente a la propaganda
La prensa lo aguanta todo, pero los expedientes administrativos, las actas municipales y las resoluciones oficiales permiten comprobar qué parte de un discurso político se corresponde con hechos y qué parte es simple propaganda. Cuando el Partido Popular proclama que representa una gestión ejemplar y que está preparado para gobernar Asturias, resulta legítimo examinar aquello que ya administra. Ese análisis debe hacerse con precisión: el PP gobierna Oviedo con mayoría absoluta; en Gijón forma parte de un gobierno encabezado por Foro Asturias, y en Llanes participa en una coalición con la ultraderecha de Vecinos por Llanes, cuyo alcalde es Enrique Riestra. No son, por tanto, tres gobiernos exclusivamente populares, pero el PP forma parte directa de los tres y comparte la responsabilidad sobre sus decisiones.
El balance de esta legislatura municipal, iniciada en 2023, muestra una considerable distancia entre los anuncios y los resultados materiales en asuntos tan importantes como la vivienda pública, las infraestructuras de Gijón o la candidatura de Oviedo a la Agencia Estatal de Salud Pública. Calificar globalmente una gestión como un fracaso es una valoración política, pero puede sostenerse de manera rigurosa cuando los compromisos anunciados no se traducen, dentro de los plazos prometidos, en viviendas terminadas, obras iniciadas o proyectos técnicos viables.
Gijón: quinientas viviendas anunciadas y una licitación desierta
En noviembre de 2024, el gobierno de Foro y PP presentó el denominado Plan Llave y aseguró que durante el mandato se construirían al menos quinientas viviendas protegidas. El anuncio establecía que las primeras ciento veinte comenzarían a impulsarse en 2025 sobre seis parcelas municipales situadas en Ceares, El Coto, Perchera-La Braña y Nuevo Gijón. La promesa no se limitaba a preparar suelo o redactar estudios: el Ayuntamiento hablaba expresamente de construir las viviendas antes de que concluyera la legislatura.
En abril de 2025, la Junta de Gobierno aprobó la primera fase. El sistema elegido consistía en entregar las parcelas a empresas privadas mediante una permuta, recibiendo el Ayuntamiento una parte de las viviendas edificadas como pago. De las aproximadamente ciento veinte viviendas previstas, solamente una veintena pasarían directamente al patrimonio municipal para ser gestionadas como alquiler asequible por la Empresa Municipal de la Vivienda. El calendario divulgado contemplaba seis meses para comenzar las obras después de obtener las licencias y treinta meses para finalizarlas.
Sin embargo, el procedimiento no produjo la adjudicación esperada. La documentación oficial del propio Ayuntamiento recoge que el expediente del Plan Llave fue declarado desierto. La Junta de Gobierno formalizó en diciembre de 2025 que no se adjudicaba la permuta de las seis parcelas municipales, por lo que la primera fase quedó sin promotor y sin obras. No se trata de una interpretación de la oposición, sino de una resolución incluida en el expediente municipal de contratación.
La situación resulta especialmente significativa porque el Ayuntamiento había prometido que las primeras obras comenzarían en 2025. En febrero de 2026, una comisión municipal seguía refiriéndose a las viviendas que recibiría el Ayuntamiento en términos condicionales, señalando lo que ocurriría “si el Plan Llave funciona”. Posteriormente se anunció otra operación para promover entre 160 y 180 viviendas de alquiler asequible en una parcela de la calle Sierra del Sueve, pero nuevamente se trataba del anuncio de una convocatoria y no de viviendas iniciadas o entregadas.
Por consiguiente, a 1 de agosto de 2026 no puede afirmarse que el Plan Llave haya construido las quinientas viviendas prometidas ni que haya entregado alguna de las correspondientes a su primera fase. Lo acreditado documentalmente es una promesa de quinientas viviendas, una licitación para las primeras ciento veinte que terminó declarada desierta y nuevos anuncios pendientes de desarrollo. Esto no significa que EMVISA haya dejado de tramitar ayudas, registros de demandantes o programas sobre el parque existente, pero esas actuaciones no pueden presentarse como nueva construcción municipal realizada durante esta legislatura.
La gravedad del retraso se entiende mejor al observar que La Arena y Cimavilla han sido declaradas oficialmente zonas de mercado residencial tensionado, una decisión que reconoce las dificultades objetivas de sus vecinos para acceder a un alquiler y que permite aplicar medidas destinadas a contener las rentas y movilizar viviendas vacías. Sin embargo, el Gobierno municipal de Carmen Moriyón, en lugar de responder a esta emergencia construyendo vivienda pública y ampliando de forma efectiva el parque de alquiler asequible, ha optado por llevar a los tribunales la declaración aprobada por el Principado e incluso solicitar su suspensión cautelar. El recurso ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La posición del Ejecutivo de Foro y PP resulta especialmente grave: mientras sus promociones anunciadas continúan atrapadas entre licitaciones fallidas, trámites y ruedas de prensa, emplea recursos públicos para intentar paralizar unas medidas dirigidas a frenar la escalada de los alquileres. El gobierno de Moriyón no solo es incapaz de aportar suficientes viviendas públicas al mercado, sino que combate judicialmente una de las pocas herramientas adoptadas para proteger a los inquilinos de dos de los barrios más afectados. En este contexto, la gestión municipal no puede medirse por el número de anuncios realizados, sino por las viviendas realmente construidas y por las soluciones facilitadas a la ciudadanía; y el balance revela un gobierno más decidido a bloquear la intervención sobre los precios que a garantizar el derecho efectivo a una vivienda asequible.
El vial de Jove: rechazo sin una solución municipal desarrollada
El vial de Jove es otra materia en la que conviene repartir las responsabilidades correctamente. La infraestructura es un acceso al puerto de El Musel promovido y financiado por el Estado. En mayo de 2023, el Ministerio de Transportes licitó por 285,7 millones de euros el proyecto que incluía un túnel de más de dos kilómetros. Por tanto, la competencia principal para contratar y ejecutar la obra correspondía al Ministerio y no al Ayuntamiento de Gijón.
En marzo de 2024, Transportes suspendió aquella solución subterránea alegando riesgos técnicos inasumibles para aproximadamente ciento cincuenta viviendas y una residencia de mayores. El Ministerio propuso sustituirla por un acceso en superficie. Esa decisión estatal supuso el fracaso del proyecto licitado y devolvió a la zona oeste a una situación de incertidumbre que continúa afectando a los vecinos.
El gobierno de Carmen Moriyón rechazó la alternativa en superficie, apoyó las movilizaciones vecinales y promovió declaraciones institucionales para exigir al Ministerio una solución urgente. Esa oposición fue compartida por el Principado, los grupos municipales y las asociaciones vecinales.
Otra cosa distinta es valorar la capacidad municipal para pasar de la protesta a la propuesta. Las actuaciones públicamente documentadas consistieron principalmente en rechazar el trazado, reclamar al Ministerio que presentara alternativas, organizar mesas de trabajo y estudiar la posibilidad de utilizar el túnel o el corredor de Aboño. Entre la documentación oficial y las informaciones consultadas no aparece un proyecto técnico municipal completo que definiera trazado, coste, financiación, evaluación ambiental y calendario de ejecución, como si se hizo para soterrar el muro de Gijón. El Ayuntamiento planteó y respaldó ideas generales, especialmente la opción de Aboño, pero no consta una alternativa municipal desarrollada con el mismo nivel de concreción que se exigía al Ministerio.
Por eso, la crítica rigurosa no consiste en responsabilizar exclusivamente a Carmen Moriyón de la cancelación del vial, pues fue el Ministerio quien retiró el proyecto subterráneo. Consiste en señalar que, después de más de tres años de legislatura, el gobierno municipal no ha conseguido convertir su presión política en una solución acordada, financiada y calendarizada. Los camiones continúan atravesando la zona oeste mientras Ayuntamiento, Principado y Estado intercambian responsabilidades.
Oviedo y la Agencia de Salud Pública: una candidatura con deficiencias concretas
La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública también exige más rigor del que ofrece el enfrentamiento partidista. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros después de comparar ocho candidaturas. El dictamen oficial señala que la propuesta de Oviedo fue presentada por el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud, con el respaldo del Ayuntamiento, propietario del inmueble ofrecido.
El local propuesto se encontraba en la planta menos dos del edificio Buenavista, conocido como el edificio Calatrava, y necesitaba un acondicionamiento integral. La candidatura no ofrecía una sede provisional para que la Agencia pudiera empezar a funcionar mientras se ejecutaban las obras. El espacio útil presentado era de 3.486 metros cuadrados, pero el compromiso formal de cesión se refería a una superficie de entre 2.500 y 3.000 metros, por debajo de los 4.000 utilizados como referencia en el procedimiento. La entrada en funcionamiento se demoraba hasta diez meses después de la adjudicación.
El expediente reconoció fortalezas a Oviedo: una oferta hotelera e inmobiliaria adecuada, un entorno científico y sanitario bien relacionado con las funciones de la Agencia, la cercanía del Instituto de Investigación Sanitaria y la presencia de titulaciones universitarias sanitarias. Sin embargo, también identificó carencias concretas. La sostenibilidad y eficiencia energética de la propuesta fueron calificadas como insuficientes porque no se aportó la certificación energética del local ni compromisos cuantificados para reducir el consumo o instalar energías renovables. Tampoco se asumían compromisos económicos adicionales comparables con los presentados por otras ciudades.
Zaragoza y Granada fueron las dos candidaturas mejor valoradas, con una diferencia apreciable sobre las restantes. Zaragoza ofreció una sede provisional, una planificación detallada para el traslado, financiación autonómica para las obras y el equipamiento, compromisos sobre los gastos de mantenimiento y unas conexiones ferroviarias de alta velocidad especialmente favorables. El Gobierno de Aragón presupuestó más de veinte millones de euros para acondicionar la sede definitiva y asumió también los costes de la provisional.
En consecuencia, Oviedo perdió la Agencia porque otra candidatura obtuvo una valoración superior dentro del procedimiento oficial. Puede discutirse políticamente la decisión del Gobierno central, pero el dictamen no sostiene que Oviedo fuera excluida por un castigo a Asturias. Lo que documenta es una candidatura con aspectos positivos, pero también con falta de sede provisional, menor superficie comprometida, escasa información energética y menos compromisos financieros. El Ayuntamiento, como propietario del espacio y participante en la propuesta, comparte la responsabilidad de no haber presentado una oferta más completa y competitiva junto al Gobierno autonómico de Adrián Barbón.
Llanes: suelo anunciado, pero viviendas sin materializar
En Llanes tampoco gobierna el PP en solitario. El municipio está dirigido por una coalición entre Vecinos por Llanes y el Partido Popular, pese a que el PSOE fue la candidatura más votada en 2023. Vecinos por Llanes obtuvo seis concejales y el PP tres, sumando los nueve votos que permitieron mantener a Enrique Riestra en la Alcaldía.
La vivienda es uno de los principales problemas del concejo por la presión turística, la temporalidad del alquiler y la escasez de oferta permanente. En enero de 2025, un acta oficial del Pleno recogió la acusación de la oposición de que no se había construido ninguna vivienda pública durante los diez años anteriores. Esa afirmación aparece dentro de una intervención política y no debe confundirse con una estadística independiente, pero resulta relevante porque el propio debate municipal demuestra que, a mitad de la legislatura, la discusión continuaba centrada en la disponibilidad de suelo y no en promociones nuevas terminadas.
Foto: dos golfos políticos que llevan viviendo de la politica desde hace 11 años
La respuesta del gobierno local fue anunciar la puesta a disposición del Principado de unos 25.000 metros cuadrados dentro de una reserva regional de suelo entre Llanes y Poo. La cesión o preparación del terreno puede ser un paso necesario, pero no equivale a construir viviendas. Hasta el 1 de agosto de 2026, las fuentes municipales y autonómicas consultadas documentan ofrecimientos de suelo, planeamiento y negociaciones, pero no una promoción municipal de nueva vivienda pública iniciada y entregada durante esta legislatura.
Mientras tanto, la gravedad del problema ha quedado reconocida oficialmente. Llanes y Posada fueron declaradas zonas de mercado residencial tensionado en abril de 2026, y posteriormente se incorporaron Nueva, Poo, Barro y Celorio. Estas declaraciones permiten aplicar medidas de contención de rentas y obligan a desarrollar actuaciones para ampliar la oferta de vivienda estable.
En estas circunstancias, anunciar miles de viviendas posibles dentro de un futuro planeamiento no resuelve la situación de quienes hoy no encuentran un alquiler anual. El gobierno de Vecinos por Llanes y PP podrá alegar dificultades urbanísticas heredadas, falta de suelo inmediatamente edificable o necesidad de cooperación autonómica, pero después de tres años de mandato su balance material sigue compuesto fundamentalmente por suelo ofrecido, previsiones y trámites. La vivienda pública terminada continúa sin aparecer.
Un balance que desmiente la pretendida superioridad de gestión
Estos hechos no exoneran al Gobierno central ni al Principado de sus propias responsabilidades. El Ministerio de Transportes canceló el proyecto subterráneo del vial de Jove y todavía no ha ejecutado una alternativa. El Principado tiene competencias esenciales en vivienda y participó directamente en la candidatura ovetense a la Agencia de Salud Pública.
Pero tampoco es aceptable que PP y Foro utilicen cada proyecto fallido para acusar a otras administraciones mientras presentan como modelo una gestión municipal basada demasiadas veces en anuncios pendientes. En Gijón se prometieron quinientas viviendas y la primera licitación terminó desierta; en Llanes se habla de terrenos y futuros desarrollos sin que aparezcan promociones municipales terminadas; en Oviedo se ofreció para la Agencia un local sin sede provisional, con carencias energéticas y con compromisos financieros inferiores a los de la candidatura ganadora; y en el vial de Jove el gobierno gijonés ha mostrado capacidad de protesta, pero no ha conseguido una solución técnica y políticamente acordada.
La realidad no demuestra que estos gobiernos municipales no hayan realizado ninguna actuación positiva. Lo que demuestra es que sus resultados en estas materias no justifican la pretendida superioridad de gestión que ahora proclaman sus dirigentes como sucede con Álvaro Queipo. Antes de anunciar que están preparados para gobernar Asturias, PP y Foro deberían explicar por qué las viviendas prometidas siguen en los expedientes, por qué la zona oeste de Gijón continúa esperando una salida para el tráfico pesado y por qué la candidatura de Oviedo llegó al proceso estatal con deficiencias que el propio dictamen oficial dejó por escrito.
Para terminar el post quiero manifestar que este es el verdadero rostro de la derecha extrema que representan en Asturias el Partido Popular, Foro Asturias y Vecinos por Llanes: formaciones que han convertido la política en un ejercicio permanente de propaganda, victimismo y reparto de culpas. Cuando gobiernan, anuncian; cuando fracasan, responsabilizan a otros; y cuando sus propios expedientes desmienten sus discursos, levantan todavía más la voz para intentar ocultar una realidad que ya resulta imposible esconder.
En Gijón, el Gobierno de Foro y PP prometió quinientas viviendas protegidas, pero la primera licitación del denominado Plan Llave terminó desierta y las viviendas continúan sin construirse. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha decidido recurrir judicialmente las medidas adoptadas para contener los precios del alquiler en La Arena y Cimavilla. Es decir, no construye las viviendas públicas que anuncia y, además, combate en los tribunales las herramientas destinadas a proteger a quienes sufren la escalada de las rentas. Esa es la gestión de Carmen Moriyón: mucha confrontación, mucha rueda de prensa y muy pocas soluciones materiales.
Con el vial de Jove sucede algo parecido. El Gobierno municipal exige respuestas al Ministerio, pero después de más de tres años de legislatura no ha presentado una alternativa técnica completa, financiada y calendarizada. Ha sabido colocarse detrás de las pancartas y trasladar toda la responsabilidad a otras administraciones, pero no ha sido capaz de convertir sus reclamaciones en una propuesta viable que permita sacar el tráfico pesado de los barrios de la zona oeste. Mientras unos y otros se acusan, los camiones continúan pasando por delante de las viviendas y los vecinos siguen soportando las consecuencias.
En Oviedo, el Partido Popular pretende utilizar la pérdida de la Agencia Estatal de Salud Pública como otra prueba de un supuesto maltrato a Asturias. Sin embargo, el expediente oficial recoge que la candidatura presentada tenía deficiencias concretas: no ofrecía una sede provisional, comprometía una superficie inferior a la utilizada como referencia, presentaba carencias en materia de eficiencia energética y aportaba menos compromisos financieros que la candidatura ganadora. El alcalde Alfredo Canteli participó y respaldó una propuesta que no fue la mejor valorada, pero el PP prefiere denunciar una conspiración antes que asumir su parte de responsabilidad.
En Llanes, Vecinos por Llanes y el Partido Popular gobiernan un concejo sometido a una enorme presión residencial sin haber entregado durante esta legislatura nuevas viviendas públicas municipales. Han anunciado suelo, planes y futuros desarrollos, pero las familias que buscan una vivienda permanente no pueden vivir en una promesa ni pagar un alquiler con una nota de prensa. Después de años de gobierno, el resultado continúa siendo una sucesión de trámites y anuncios frente a una necesidad social inmediata.
PP, Foro y Vecinos por Llanes comparten así una misma manera de ejercer el poder: exageran sus anuncios, minimizan sus fracasos y convierten a cualquier administración gobernada por sus adversarios en culpable universal de todo aquello que ellos no saben o no quieren resolver. Reclaman competencias cuando están en la oposición y se esconden detrás de ellas cuando gobiernan. Exigen resultados inmediatos a los demás, pero piden paciencia infinita para sus propios incumplimientos.
La basura de su gestión ya no puede ocultarse detrás de las banderas, los eslóganes ni los discursos sobre la defensa de Asturias. Les sale por la ventana en forma de viviendas que no se construyen, licitaciones que quedan desiertas, proyectos que no llegan, recursos judiciales contra la contención de los alquileres y candidaturas institucionales presentadas con carencias evidentes. No es una cuestión de relato ni de ideología: son hechos administrativos, compromisos incumplidos y resultados que pueden comprobarse.
Antes de presentarse como salvadores del Principado, deberían rendir cuentas allí donde ya gobiernan. Antes de acusar a los demás de abandonar Asturias, deberían explicar por qué sus promesas permanecen atrapadas en expedientes y anuncios. Y antes de reclamar la confianza de los asturianos, deberían abandonar la mentira política más repetida de todas: la de proclamarse excelentes gestores mientras la realidad de sus ayuntamientos demuestra exactamente lo contrario.
Ya lo dijo Miguel Unamuno: «Venceréis, pero no convenceréis.»
