Hoy una emisora de radio recoge la siguiente noticia. “Los habitantes de los pueblos que forman parte del Valle Oscuru, en el concejo de Llanes, piden el “indulto” para los muros construidos en los laterales de un camino abandonado e intransitable que un vecino ha recuperado para el uso público en el barrio de Los Cándanos, en el núcleo rural de Pie de la Sierra. La obra se ejecutó en 2016 y seis años después, el Ayuntamiento de Llanes ha abierto expediente de demolición al ejecutarse al margen de la normativa vigente.
Para evitarlo, los vecinos del Valle Oscuro se van a concentrar mañana frente al Ayuntamiento de Llanes. Exigen el “indulto” de unos muretes que le han dado dignidad y vida a un camino que estaba fuera de servicio y cubierto por la maleza. Los vecinos aseguran que tanto los trescientos metros de camino como los muros que los bordean están en unas condiciones “fantásticas” y dan un gran servicio a todos cuantos transitan por él” https://bit.ly/3zfNHI6
Leída la noticia, sin entrar en el fondo de esta con respecto a su legalidad, lo primero que me llama la atención es que se abra expediente de demolición a una obra seis años después de construido dicho muro. ¿Como es posible que la concejalía responsable (Urbanismo y Patrimonio, ósea, Marian de la Llana) no se haya enterado hasta seis años después de hecho?, ¿Qué nivel de seguridad jurídica ofrece este gobierno municipal a la ciudadanía con acciones como las que se relatan en la noticia? Como viene siendo costumbre, últimamente nos enteramos un día sí y otro también del descontrol urbanístico al que tienen sometidos el gobierno del señor Riestra y “palmeros” (VecinosxLlanes, PP y tránsfugas) el municipio llanisco. Lo vimos con los casos del Tendedero de Redes o la Cueva del Covarón, acciones que, por otro lado, para el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, son “minucias” comparado con lo que sucedía en tiempos del señor Trevín y sucesores https://bit.ly/3t4NP9C
En la noticia hay dos hechos importantes y reseñables sobre los que me quiero detener y analizar con respecto a la actuación de este gobierno municipal que dirige actualmente, el incapaz señor Riestra. El primero es él lo que llamamos el “interés general”, que es un concepto que resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos. Por lo que recoge la noticia, existen ciudadanos que residen en el entorno de dicho camino, que manifiestan ese servicio público que presta una vez restaurado tras sacarlo del abandono en el que se encontraba. Una vez restaurado y puesto a disposición de los vecinos y ciudadanos que pueden utilizarlo, es de difícil comprensión que venga el gobierno municipal a tumbar un bien que repercute en el bienestar de la ciudadanía, máxime si tenemos en cuenta que dicha Administración, ni ha hecho, ni hace nada por mejorar dicho bien.
La segunda cuestión que quiero abordar es el principio de la seguridad jurídica. Este forma parte consubstancial del Estado de derecho, por lo que para ello es fundamental que exista en la administración pública unas conductas predecibles (en especial, las de los poderes públicos), frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho. Esto es garantía esencial para que todo el ordenamiento jurídico impida la privación de un derecho al ciudadano en base a la arbitrariedad de aquel que está al frente de la Administración (políticos o funcionarios). Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone ‘la expectativa razonablemente fundada en cual ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho’. Esta cuestión como hemos visto en el gobierno municipal de Llanes brilla por ausencia, como ha quedado demostrado con el problema de la Cueva del Covarón. La concejal de Urbanismo, Marian de La Llana, firma licencias que luego se tienen que revocar en base a que otras Administraciones de rango superior, intervienen al ver cercenada su competencia como sucedió con Patrimonio del Principado. Mientras hechos como los de la noticia sucedan, es difícil que les vuelvan a conceder como recoge la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25.2.a, las competencias de Urbanismo a las que tienen derecho.
Para terminar el post, quiero manifestar que hechos como los que hoy recoge un diario son una muestra inconfundible de que con el gobierno “tribu” que dirige hoy el Ayuntamiento llanisco, es un completo incompetente para gestionar nada. Por lo tanto, nada se puede esperar de dicho gobierno en beneficio de los ciudadanos, más allá de aquello que llene sus bolsillos como es el coste que tiene para los llaniscos su estancia en la política… 52.321,98 euros que nos cuesta cada uno de los nueve concejales que integran dicho gobierno municipal.
Ya lo dijo Louis Dumur: “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”.
No les interesan los ciudadanos para nada. Es vergonzoso
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