Hoy se publica en el siguiente enlace https://bit.ly/4dHfX9l, la noticia donde se explica un nuevo enfrentamiento político e institucional entre el Gobierno del Principado de Asturias, el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Gijón por la obra de “humanización” de la avenida Príncipe de Asturias, una vía clave para los accesos al puerto de El Musel y por la que siguen circulando más de mil camiones diarios.
El consejero del Gobierno del Principado, Alejandro Calvo alias “el catador de vinos” (enólogo) anunció que había pedido formalmente al ministerio que le cediera el proyecto para poder asumir directamente la actuación. Según el consejero, el objetivo era desbloquear la situación, agilizar los plazos y demostrar el compromiso del Gobierno asturiano con la zona oeste de Gijón. La propuesta consistía en que el Principado se hiciera cargo de los trabajos para retirar el tráfico pesado de la avenida y mejorar los accesos al puerto.
Foto: proyecto de construcción del vial de Jove
Sin embargo, pocas horas después, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, rechazó esa opción. Defendió que la obra debe ejecutarla el ministerio porque la carretera es de titularidad estatal y porque, según explicó, habría una gran complejidad jurídica para que un tercero hiciera la actuación por cuenta del Estado. Santano sostuvo que lo razonable es que Transportes lleve adelante la humanización, como hace en otros lugares de España, aunque dejó abierta la posibilidad de un futuro cambio de titularidad.
El trasfondo de los hechos es el deterioro de las relaciones entre el Gobierno del Principado, el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Gijón. Ese desgaste comenzó hace dos años, tras la renuncia al vial de Jove en superficie por parte del Ayuntamiento de Gijón y del Gobierno asturiano. La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el consejero Alejandro Calvo acudieron en dos ocasiones a Madrid para reunirse con el secretario de Estado, pero lo hicieron sin una propuesta alternativa sólida ni estudios que respaldasen su rechazo a la construcción del vial en superficie. La consecuencia de aquel episodio es conocida: se renunció a la obra y, desde entonces, ambas administraciones se han instalado en una confrontación permanente con el Ministerio, tratando de forzar una solución que no siempre aparece avalada por informes técnicos.
En el fondo de esta disputa subyace también un claro componente electoralista, con las asociaciones vecinales y los cerca de 40.000 vecinos afectados como parte central del conflicto político. La situación se agravó posteriormente con la disputa por el peaje del Huerna, un asunto en el que el Ministerio parece encontrarse en una posición más débil a la luz de los criterios europeos. Desde entonces, la interlocución entre el Gobierno del Principado y el Gobierno central se ha debilitado notablemente, pese a que ambas administraciones están gobernadas por el PSOE.
Tras la negativa del ministerio, el Principado mantuvo su postura. Alejandro Calvo insistió en que la propuesta no pretendía sustituir responsabilidades estatales, sino acelerar una actuación que considera urgente (estamos a un año de las elecciones y hay que presentarse con algo a los vecinos de la zona oeste de Gijón). También valoró que el ministerio aceptara la opción de Aboño como acceso principal al puerto, pero reclamó hechos concretos: licitaciones, ejecución y menos retrasos. Según el consejero, estas actuaciones acumulan demasiada demora y ya no admiten más espera.
El Ayuntamiento de Gijón fue muy crítico con la situación. Su portavoz, Jesús Martínez Salvador, calificó el episodio como “el enésimo ridículo del PSOE” respecto a las infraestructuras pendientes de la ciudad. Según el gobierno municipal, el cruce de declaraciones demuestra que los accesos al puerto dependen del ministerio y que hablar de humanizar la avenida sin una alternativa real para los camiones supone engañar a los vecinos.
El Ayuntamiento también criticó al consejero Alejandro Calvo y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. Interpretó las palabras de Santano como una prueba de que el Puerto aún no ha confirmado si Aboño sirve como acceso válido para todo tipo de mercancías. Para el gobierno local, mientras las administraciones se enfrentan, los vecinos de la zona oeste continúan soportando el paso diario de tráfico pesado. Por otro lado si faltaba alguien en todo este despropósito, el PSOE de Gijón apoyó la posición del Principado y pidió al Ministerio de Transportes que reconsiderase su negativa. Su secretario general de la agrupación socialista, el corcho, “Monchu” García, defendió que permitir al Principado asumir la obra sería fundamental para garantizar que el proyecto se complete. Además, calificó de negligente la actuación del ministerio y afirmó que Transportes no ha mostrado sensibilidad suficiente hacia los vecinos de La Calzada.
La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana también intervino en la polémica. Su presidente, Manuel Cañete, consideró que el debate resulta estéril porque la zona lleva treinta años esperando una solución definitiva. Cuestionó que plantar árboles o mejorar la imagen de la avenida sirva de algo si al final siguen pasando por ella más de mil camiones diarios. En conjunto, la noticia muestra que el problema principal no es solo quién ejecuta la obra, sino la falta de una solución definitiva para los accesos al puerto y para el tráfico pesado que afecta a la zona oeste de Gijón. El Principado quiere asumir el proyecto para acelerar los trabajos, el ministerio rechaza cederlo por razones jurídicas y de titularidad, el Ayuntamiento critica el bloqueo político y los vecinos reclaman una solución real tras décadas de espera.
La noticia y las declaraciones posteriores reflejan un escenario político marcado por contradicciones, cambios de postura y una evidente incapacidad de las principales figuras políticas asturianas para ofrecer una solución estable y técnicamente sólida al problema del vial de Jove y de los accesos al puerto de El Musel.
Alejandro Calvo ha sostenido en los últimos años posiciones difíciles de conciliar entre sí. Primero rechazó junto al Ayuntamiento de Gijón el vial de Jove en superficie impulsado por el Ministerio de Transportes, una infraestructura que contaba con planificación estatal y que pretendía sacar parte del tráfico pesado de la zona oeste. Sin embargo, aquel rechazo no vino acompañado de una alternativa concreta ni de estudios técnicos capaces de justificar la inviabilidad de la solución planteada por el ministerio. Dos años después, el mismo consejero se presenta como impulsor de una “solución urgente” y reclama acelerar actuaciones que quedaron paralizadas precisamente tras aquella renuncia política. La contradicción reside en exigir rapidez para resolver un problema cuya solución anterior fue rechazada sin disponer de un proyecto alternativo plenamente definido.
A ello se suma otra inconsistencia evidente: mientras el Principado mantiene un discurso de defensa de los vecinos de la zona oeste y de rechazo al tráfico pesado, acepta ahora centrar la solución en la humanización de la avenida Príncipe de Asturias y en el acceso por Aboño, una propuesta que todavía genera dudas técnicas y cuya viabilidad total ni siquiera ha sido confirmada oficialmente por la Autoridad Portuaria. De esta forma, el Gobierno asturiano pasó de rechazar una infraestructura concreta a defender actuaciones parciales cuya eficacia definitiva aún no está plenamente acreditada.
Carmen Moriyón también aparece retratada en la noticia como una figura atrapada entre la presión vecinal y la confrontación institucional. La alcaldesa se alineó con el rechazo al vial de Jove en superficie, respaldando una posición política que obtuvo respaldo social en determinados sectores de la ciudad. Sin embargo, el gobierno municipal tampoco fue capaz de presentar una alternativa integral técnicamente desarrollada, como si ha hecho y se ha encargado de publicitar a los cuatro vientos con el soterramiento del Muro La postura municipal del gobierno de la derecha extrema, Foro, PP y tránsfuga, terminó basándose más en la oposición al proyecto estatal que en la existencia de una solución distinta ya definida. Con el paso del tiempo, el propio Ayuntamiento ha endurecido el discurso contra el Ministerio y contra el Principado, denunciando la ausencia de soluciones reales para los más de mil camiones diarios que atraviesan la zona oeste, aunque parte de esa situación deriva directamente de la paralización del proyecto inicialmente previsto. Carmen Moriyón terminará su mandato actual el año que viene y el vial de Jove seguirá en la misma situación que hoy se encuentra, “política de escaparate”.
La posición del PSOE de Gijón, encabezado por el corcho “Monchu” García, evidencia otra contradicción política relevante. Mientras el Ministerio de Transportes, también gobernado por el PSOE, rechaza ceder la obra al Principado por motivos jurídicos y de titularidad estatal, la agrupación socialista gijonesa acusa al propio ministerio de actuar con negligencia y de carecer de sensibilidad con los vecinos. La situación resulta especialmente llamativa porque el partido critica públicamente a una administración dirigida por sus propios compañeros políticos. Monchu García defiende ahora que el Principado asuma la obra como vía para garantizar su ejecución, pese a que durante años el debate político se centró en rechazar la solución estatal existente sin que el socialismo gijonés impulsara una alternativa definitiva viable.
En el caso de Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular asturiano, su discurso ha girado principalmente en torno a la crítica al enfrentamiento institucional y a la incapacidad del PSOE para coordinarse entre administraciones. Sin embargo, el PP asturiano tampoco ha logrado consolidar una propuesta propia capaz de convertirse en una referencia técnica y política definitiva para resolver el conflicto, pese a formar parte del gobierno de Moriyón y contar con capacidad de influencia directa. Su posición se ha centrado más en denunciar el problema y utilizarlo para erosionar al Gobierno central y al Principado que en liderar una alternativa concreta con verdadera capacidad de desbloqueo. Esta estrategia busca capitalizar el malestar ciudadano, pero también evidencia cómo la discusión sobre el vial ha derivado progresivamente hacia el terreno partidista y electoral.
El resultado de todas estas contradicciones es una situación enquistada desde hace años, en la que unos y otros parecen limitarse a hacer el canelo mientras el Ministerio y José Antonio Santano contemplan, probablemente con incredulidad, la incapacidad y mediocridad de buena parte de la clase política implicada. Mientras las distintas administraciones y partidos intercambian reproches sobre competencias, titularidades y responsabilidades, los vecinos de la zona oeste, unos 40.000, continúan soportando a diario el tráfico pesado, la contaminación y la ausencia de una solución definitiva para los accesos portuarios. La noticia transmite precisamente esa sensación de bloqueo y hastío permanente: dirigentes que modifican su discurso según el momento político, enfrentamientos entre administraciones gobernadas incluso por el mismo partido y una creciente utilización electoral de un problema que afecta directamente a miles de ciudadanos.
Los gijoneses, especialmente los vecinos de la zona oeste, tienen motivos sobrados para concluir que el vial de Jove ha dejado de tratarse como un problema de ciudad y se ha convertido en un campo de batalla político. Durante años, las administraciones han cambiado de posición, se han reprochado competencias y han utilizado el conflicto para desgastar al adversario, mientras el problema real sigue exactamente dónde estaba: más de mil camiones diarios atravesando una zona habitada, con contaminación, ruido, inseguridad y deterioro de la calidad de vida.
La principal conclusión es que la clase política asturiana ha sido incapaz de actuar con seriedad, continuidad y sentido de responsabilidad. Se rechazó una solución sin tener preparada otra alternativa sólida; después se exigió rapidez para resolver un bloqueo que los propios responsables políticos ayudaron a crear. El ciudadano ve, por tanto, una cadena de contradicciones: unos prometen desbloqueo, otros hablan de titularidades, otros denuncian el ridículo ajeno, pero nadie consigue presentar una salida definitiva, viable y ejecutable.
También queda en evidencia que los vecinos han sido utilizados más como argumento político que como una prioridad real. Las asociaciones vecinales de los barrios afectados han acabado siendo las grandes damnificadas de este despropósito político, instrumentalizadas en sus reclamaciones por dirigentes que, tanto desde el gobierno municipal de Moriyón como desde la consejería de Alejandro Calvo, dicen defender a La Calzada, Jove y al conjunto de la zona oeste. Sin embargo, los hechos demuestran que los vecinos siguen soportando las consecuencias mientras los responsables políticos se enredan en declaraciones, ruedas de prensa y acusaciones cruzadas (teatro de tahúres políticos). El problema no es solo la falta de una obra, sino la ausencia de liderazgo, seriedad y responsabilidad institucional.
En definitiva, lo que deben sacar en claro los gijoneses es que el vial de Jove resume una forma de hacer política agotada: mucha propaganda, mucha pelea institucional y muy poca capacidad para resolver. La zona oeste no necesita más gestos ni más discursos, sino una decisión seria, técnica y definitiva que saque el tráfico pesado de sus calles. Mientras eso no ocurra, todo lo demás seguirá siendo ruido político sobre el sufrimiento cotidiano de miles de vecinos.
Para terminar el post quiero manifestar que el vial de Jove ya no retrata solo un problema de infraestructuras, sino una forma de hacer política basada en la improvisación, la mentira, el cálculo electoral y la falta de responsabilidad. Mientras unos políticos se reparten culpas y otros venden titulares, la zona oeste sigue pagando el precio real: camiones, contaminación, ruido y décadas de abandono.
Ya lo dijo Gore Vidal: “El problema no es que los políticos mientan; el problema es que la gente les crea.”
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