La apertura del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón, sigue paralizada pese a que la obra ya está terminada. La infraestructura, situada en El Polígono y dotada con 486 plazas, permanece cerrada por el desacuerdo entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón sobre los pasos necesarios para su cesión y puesta en servicio. Según informan El Comercio y La Nueva España, el conflicto se centra en la exigencia regional de un plan de gestión previo, mientras que el gobierno local de Moriyón sostiene que ya ha entregado toda la documentación necesaria y que no tiene que realizar ningún trámite más.
El Principado defiende que, antes de entregar formalmente el aparcamiento al Consistorio, el Ayuntamiento debe presentar un modelo de gestión “concreto, medible, verificable y orientado a resultados”. La Consejería de Movilidad, dirigida por Alejandro Calvo (el catador de vino) enologo, remitió el 5 de mayo una carta a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en la que advertía de que la puesta en servicio de la infraestructura debía garantizar su carácter disuasorio y acreditar su contribución a la reducción del tráfico en vehículo privado y de las emisiones. El Ejecutivo autonómico vincula esta exigencia a los objetivos de movilidad sostenible y a las condiciones asociadas a la financiación europea utilizada para la obra.
Foto: aparcamiento de la Avenida Portugal en Gijón cerrado y sin uso
En concreto, el Principado reclama un documento completo que detalle el régimen de uso, las limitaciones de estancia, la política tarifaria, la integración con el transporte público, el sistema de seguimiento mediante indicadores verificables, las medidas de control y gestión de accesos, el plan de información y señalización y el encaje del aparcamiento en la estrategia municipal de movilidad. Para el Gobierno regional, no basta con explotar el equipamiento como un aparcamiento convencional, sino que debe demostrarse que cumple una función disuasoria real.
El Ayuntamiento, por su parte, rechaza esa interpretación. El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, aseguró que el Consistorio no considera necesario hacer ningún trámite adicional y que está esperando a que el Principado entregue la obra. Según su versión, si dependiera del Ayuntamiento, el aparcamiento ya estaría abierto y funcionando. El gobierno municipal afirma que ya comunicó el 24 de abril la gestión prevista para el recinto, basada en un uso gratuito, la rotación de vehículos mediante la prohibición de estacionar al menos un día al mes y la instalación de señalización similar a la de otros aparcamientos disuasorios de la ciudad, como el situado junto al Palacio de los Deportes de La Guía.
La posición municipal es que el aparcamiento no requiere un plan de gestión específico porque, por sus características, bastan esas medidas básicas de uso y señalización. Fuentes del Ayuntamiento resumen su rechazo con la frase: “No es un hospital, es un parking”. Además, el Consistorio insiste en que no consta en el expediente que la elaboración de un plan de gestión fuese un requisito para recepcionar la obra. También sostiene que la justificación de los fondos europeos corresponde al Principado, como administración promotora de la actuación, y no al Ayuntamiento.
El choque también afecta al modelo de funcionamiento. El Ayuntamiento defiende que el aparcamiento sea gratuito y se niega a cobrar por su uso, mientras que el Principado incluye entre los elementos a definir una política tarifaria orientada al carácter disuasorio. La administración local considera que, si la financiación europea exigía controles concretos, mediciones, sensores o sistemas verificables, esas medidas deberían haber sido previstas por la Consejería de Movilidad en el propio proyecto de obra.
La obra fue anunciada como concluida a mediados de mayo, tras varios meses de retraso y una inversión regional de 4,5 millones de euros. Desde entonces, ambas administraciones han intercambiado escritos sin resolver el bloqueo. El Principado sostiene que la infraestructura está lista para avanzar hacia su recepción desde el 12 de mayo, pero que la apertura depende únicamente de que el Ayuntamiento remita el documento de gestión requerido. El Ayuntamiento, en cambio, asegura que ya está en disposición de recibir la obra y ponerla al servicio de la ciudadanía.
Mientras el desacuerdo institucional continúa, el perjuicio inmediato recae sobre los de siempre, los usuarios, que siguen sin poder utilizar un aparcamiento ya finalizado. La falta de acuerdo mantiene congelada la cesión de las 486 plazas y deja sin fecha de apertura un equipamiento concebido para favorecer la movilidad sostenible y reducir la presión del vehículo privado en la ciudad… Eso sí, tanto la alcaldesa Moriyón como el catador de vino, Alejandro Calvo, seguirán cobrando su sueldo público.
Las discrepancias que nos transmiten las noticias publicadas se centran en si el Ayuntamiento de Gijón debe presentar o no un plan de gestión antes de recepcionar el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal.
El Gobierno regional sostiene que la recepción y puesta en servicio del equipamiento exige previamente un modelo de gestión concreto, medible y verificable. Según el gobierno del Principado, ese documento debe acreditar que el aparcamiento funcionará realmente como infraestructura disuasoria y que contribuirá a reducir el tráfico privado y las emisiones, conforme a las condiciones vinculadas a la financiación europea. Por ello reclama que el gobierno municipal de Gijón de la derecha extrema, Foro, PP y tránsfuga, detalle cuestiones como el régimen de uso, las limitaciones de estancia, la política tarifaria, la integración con el transporte público, el control de accesos, la señalización y los indicadores de seguimiento.
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón, por el contrario, afirma que ya ha remitido la documentación necesaria para recibir la obra y que no tiene que elaborar ningún trámite adicional. Defiende que el aparcamiento puede funcionar con uso gratuito, rotación mediante prohibición periódica de estacionamiento y señalización similar a la de otros aparcamientos disuasorios de la ciudad. Además, sostiene que en el expediente no consta que un plan de gestión fuese requisito para recepcionar la infraestructura y que la justificación de los fondos europeos corresponde al Principado, como administración promotora de la obra.
Si un ciudadano de Gijón busca y contrasta lo que dicen las noticias con bases públicas sobre fondos europeos y PRTR se encontrará con lo siguiente. El dato acreditable es este: en las bases y acuerdos del PRTR consultados no aparece, con esa denominación literal, la obligación de presentar un “informe del modelo de gestión” para cobrar los fondos europeos. Lo que sí aparece es la obligación de que la actuación financiada cumpla la finalidad para la que recibió los fondos, esté puesta en servicio, funcione conforme a los objetivos previstos y pueda justificarse mediante indicadores, seguimiento y documentación verificable.
La base principal está en el acuerdo publicado en el BOE para las inversiones C1.I1-CCAA, que financian actuaciones de las comunidades autónomas destinadas a fomentar la movilidad sostenible, crear o hacer funcionar zonas de bajas emisiones y transformar de forma sostenible el transporte. Ese acuerdo establece que el cumplimiento de hitos, objetivos e indicadores es obligatorio para que cada comunidad autónoma pueda retener finalmente los fondos transferidos https://bit.ly/4v43148
Además, la Orden TMA/892/2021, que regula ayudas del PRTR en movilidad urbana, establece que los beneficiarios deben justificar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, la aplicación de los fondos y el mantenimiento y operación de la actuación durante al menos cinco años. También exige informes periódicos con memoria técnica, indicadores de seguimiento y acreditación de que la actuación cumple los objetivos previstos https://bit.ly/4dMnqE1
La misma orden señala que una actuación se entiende completamente terminada cuando ha sido puesta en servicio, cumple la función para la que fue planificada y da cumplimiento a los indicadores concretados en la resolución de concesión https://bit.ly/4x83Tqy
Por tanto, con la documentación localizada, no puede afirmarse que el “informe del modelo de gestión” sea un requisito expresamente nombrado en las bases como tal. Lo que sí se acredita en las bases es que el Principado necesita justificar ante el Estado y la UE para recibir los fondos europeos, que el aparcamiento funciona como actuación de movilidad sostenible y cumple sus objetivos. De ahí que el Gobierno regional defienda que ese modelo de gestión es el instrumento necesario para acreditar el carácter disuasorio del aparcamiento; mientras que el Ayuntamiento sostiene que esa exigencia no consta en el expediente como requisito de recepción y que la justificación de los fondos corresponde al Principado.
Por tanto, el dato concluyente es que sí es defendible que el Principado exija al Ayuntamiento de Gijón un documento de gestión para poder justificar el uso del aparcamiento como actuación financiada con fondos europeos, porque las bases del PRTR obligan a acreditar que la actuación cumple su finalidad, sus indicadores y su mantenimiento operativo https://bit.ly/42Ytog8
Ahora bien, no he localizado una base que diga literalmente que deba llamarse “informe del modelo de gestión” ni que ese documento sea, con ese nombre exacto, un requisito formal de recepción de la obra. Lo acreditado es que los fondos europeos exigen seguimiento, justificación, cumplimiento de objetivos e indicadores verificables. Por eso la posición del Principado tiene base material: necesita un documento que permita demostrar que el aparcamiento funciona realmente como disuasorio y no como un aparcamiento convencional https://bit.ly/4vebD8B
La discrepancia está en el plano administrativo: el Principado dice que ese modelo es necesario antes de la puesta en servicio; el Ayuntamiento sostiene que no consta en el expediente como requisito para recepcionar la obra y que la justificación de los fondos corresponde al Gobierno regional. Por tanto, el dato preciso sería: el Principado tiene fundamento para exigir información de gestión, uso, control e indicadores para justificar los fondos europeos; pero, con las bases consultadas, no queda acreditado que exista una obligación literal de presentar un “informe de modelo de gestión” como requisito específico y previo para recepcionar el equipamiento… Y mientras todo este disparate sucede en Gijón, la casa sin barrer para quien tiene que aparcar en dicho equipamiento.
Desde los hechos conocidos, la crítica puede formularse así: Moriyón y Calvo han convertido varios problemas materiales de Gijón y Asturias en conflictos institucionales prolongados, donde la ciudadanía ve obras terminadas que no abren, infraestructuras prometidas que no llegan y servicios esenciales sometidos a retrasos, sobrecostes o falta de coordinación.
El caso del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal resume bien esa dinámica. La obra está terminada, tiene 486 plazas y, sin embargo, no se abre porque el Principado exige al Ayuntamiento un modelo de gestión verificable y el Ayuntamiento responde que ya ha entregado lo necesario y que ese requisito no consta como trámite de recepción. El resultado no es teórico: el equipamiento permanece cerrado y los ciudadanos no pueden usarlo.
El vial de Jove es el precedente más grave. El Ministerio descartó el túnel proyectado al alegar afecciones a unas 150 viviendas y una residencia, además de limitaciones para tráficos peligrosos y portuarios; como alternativa planteó un vial en superficie. Principado y Ayuntamiento rechazaron esa salida, pero la consecuencia práctica fue que el oeste de Gijón siguió sin solución efectiva para retirar el tráfico pesado que soporta desde hace décadas https://bit.ly/3RAkvXw La propia información vecinal posterior refleja hartazgo por la falta de avances, financiación clara y una nueva alternativa aún en estudio por Aboño https://bit.ly/3S54Xes
En vivienda, la gestión municipal de Moriyón se enfrenta a un dato incómodo: Gijón mantiene una presión fuerte sobre el alquiler. Idealista situaba el alquiler en abril de 2026 en 11,3 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 8 % https://bit.ly/3RoTuq7 Además, Gijón concentra algunos de los barrios más caros de Asturias para alquilar, con el Centro, La Arena y Natahoyo a la cabeza, según datos difundidos por Cadena SER a partir de Fotocasa https://bit.ly/4uz2OGp Aunque existen medidas anunciadas, como acuerdos para vivienda pública o programas de alquiler asequible, el problema de fondo sigue siendo que la oferta pública y asequible llega tarde frente a una subida ya instalada https://bit.ly/4e7jYoM
En el caso de Alejandro Calvo, COGERSA representa otro foco de gestión discutible. La planta de tratamiento de fracción resto sufrió un incendio y su reconstrucción requirió una inversión de 14,7 millones de euros sin IVA, según la propia COGERSA https://bit.ly/4uynuy9 Además, el consejero Calvo admitió que los incidentes y mal gestión habían generado un “daño reputacional” al consorcio de la perdida de subvenciones europeas por su gestión del orden de 14,7 millones de euros https://bit.ly/4e7djuJ A esto se suma el debate sobre tarifas: para 2026, la tarifa por tratamiento de basura mezclada se situó en 82 euros por tonelada, un 2,5 % más https://bit.ly/4dQRxu4
La conclusión, sin exagerar los hechos, es que la gestión de ambos políticos aparece marcada por la falta de resultados tangibles en asuntos clave: el oeste de Gijón sigue esperando una solución real al tráfico pesado; la vivienda continúa tensionada en Gijón; por lo que respecta al consejero Calvo, COGERSA arrastra problemas operativos y reputacionales; y un aparcamiento ya construido en Gijón permanece cerrado por una disputa administrativa entre otras cuestiones. La responsabilidad no siempre es exclusiva de uno u otro, pero el balance político común es claro: demasiada confrontación institucional y pocas soluciones efectivas para los ciudadanos que sufren sus gestiones.
Para terminar el post quiero manifestar que la incompetencia política no entiende de siglas ni pertenece a un solo extremo político. No es solo el PSOE, también son Foro y el PP cuando gobiernan o condicionan las instituciones sin ofrecer soluciones eficaces al ciudadano. Cuando la incapacidad se instala en la administración y las relaciones políticas se envenenan, el resultado siempre es el mismo: obras bloqueadas, problemas sin resolver y ciudadanos pagando las consecuencias.
Mientras tanto, quienes dicen defender el interés público continúan cobrando sus retribuciones, protegidos por una maquinaria política que rara vez asume responsabilidades reales. Esa es, quizá, la verdadera maldición de la política: que la incompetencia sale gratis para quien la práctica, pero carísima para quien la sufre. Nada más se puede decir.
Ya lo dijo Paul Valéry: “La política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe.”
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