En la noticia recogida ayer en la prensa regional en el siguiente enlace https://bit.ly/48Xjvmg, Carmen Moriyón defendió la necesidad de desbloquear el proyecto de Ecojove y cargó contra el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, después de que este descartara reformular el proyecto al considerar que no tenía sentido impulsar un desarrollo inmobiliario desconectado de la ciudad y vinculado al fallido vial de Jove.
La alcaldesa de Gijón hizo un repaso cronológico del proyecto para sostener que Ecojove no es una propuesta nueva ni improvisada, sino una actuación con antecedentes administrativos claros. Recordó que el 11 de junio de 2010 el Principado, el Ayuntamiento y varios promotores firmaron un convenio que permitió reclasificar los suelos y registrar las parcelas resultantes. También señaló que el 18 de mayo de 2011, pocos días antes de las elecciones, se firmó otro acuerdo entre la Secretaría de Estado de Vivienda del Gobierno de Zapatero, la consejera asturiana Noemí González, de Izquierda Unida, y la entonces alcaldesa Paz Fernández Felgueroso. Según Moriyón, aquel acuerdo fijaba que el 75% de la edificabilidad de Ecojove se destinara a vivienda protegida y permitía al promotor acceder a financiación del Plan Estatal de Vivienda. Tras recordar esos pasos, criticó que después no se hiciera nada para desarrollar el proyecto.
Foto: Carmen Moriyón y su fiel escudero el concejal Martínez Salvador vendiendo la burra coja ayer de Ecojove
Moriyón también explicó que, cuando llegó por primera vez a la Alcaldía, intentó modificar el convenio de Ecojove, pero no pudo hacerlo porque, según afirmó, PSOE e Izquierda Unida votaron en contra en el Ayuntamiento. Añadió que durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2019 fue la CUOTA la que informó al Ayuntamiento de que debía mantener obligatoriamente esa bolsa de suelo para vivienda protegida en el planeamiento vigente.
A partir de esos antecedentes, la alcaldesa reclamó a Ovidio Zapico que dejara de quejarse y empezara a trabajar. Aseguró que el Principado lleva tres años sin actuar y que en Gijón existe una reserva de suelo con capacidad para unas 1.900 viviendas protegidas. También afirmó que hay promotores interesados en reactivar el plan y en adaptar sus condiciones a las necesidades actuales, pero acusó a la Consejería de responder con evasivas y de no avanzar porque, según dijo, eso exige trabajo.
Moriyón elevó el tono al acusar a Zapico de actuar con criterios electoralistas. Según su planteamiento, modificar Ecojove requiere una tramitación compleja que no ofrecería resultados visibles antes de las próximas elecciones, mientras que el consejero preferiría proyectos donde se pudiera ver actividad antes. Además, sostuvo que la inacción del Principado ante una bolsa de suelo destinada a vivienda protegida podría considerarse una “presunta prevaricación”, al menos “moral”.
Finalmente, Moriyón defendió que Ecojove debe desbloquearse porque, en su opinión, permitiría construir un nuevo barrio y ayudaría a coser la ciudad en esa zona de Gijón.
A modo de recordatorio, Ecojove fue concebido como un Plan Especial del área con destino a viviendas protegidas en Jove/Xove, promovido por Áreas Residenciales Concertadas, S. L. —ARCON—, sobre una superficie de 253.888,85 m² en la parroquia de Jove. El expediente fue aprobado definitivamente por la CUOTA el 10 de marzo de 2011, después de que el Gobierno del Principado declarara de interés la operación en mayo de 2010, se autorizara la firma del convenio en enero de 2010 y el convenio entre Principado, Ayuntamiento y ARCON se firmara el 11 de junio de 2010. El Ayuntamiento había aprobado inicialmente el Plan Especial el 10 de septiembre de 2010 https://bit.ly/4eJbZPw
El proyecto recogía la construcción de 1.976 viviendas protegidas, no exactamente 1.900. El Plan General de Ordenación Urbana de Gijón (PGOU) aprobado posteriormente mantuvo esa determinación porque, según el propio documento del PGOU, el informe sectorial de la CUOTA obligaba a conservar las determinaciones de la Actuación Urbanística Concertada y, por tanto, la previsión de 1.976 viviendas https://bit.ly/42v4rZy
En cuanto al modelo urbano, el Ecojove original no era una pequeña actuación de borde, sino un desarrollo residencial intensivo. La documentación de aprobación señalaba alturas de entre cuatro y nueve plantas, con los bloques de mayor altura situados en torno a un espacio central configurado como plaza pública. También preveía zonas verdes, equipamientos y una actuación por el sistema de compensación, con propietario único, en una sola etapa, ejecutando simultáneamente urbanización y edificación junto con la red viaria, saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía, gas y alumbrado https://bit.ly/4tx5tiu
Sobre los plazos, la urbanización fue aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno Local el 5 de abril de 2011, después de la aprobación inicial del 18 de enero de 2011 y de la aprobación definitiva del proyecto de compensación el 29 de marzo de 2011. La Consejería del Principado sostuvo en 2026 que el ámbito estaba ya fuera de plazo, tanto en la urbanización, cuyo plazo habría expirado en 2016, como en la edificación, cuyo horizonte terminó en 2023, sin que se hubiera materializado ninguna actuación ni existiera convenio vigente https://bit.ly/4d8EzZq , https://bit.ly/4dGbR2c
Respecto a si Ecojove estaba vinculado al vial de Jove, la respuesta documental es matizada. El expediente sí relacionaba el desarrollo con la futura Ronda de El Musel y con el nuevo vial de acceso al puerto. La resolución ambiental del proyecto de urbanización situaba el ámbito entre la carretera de La Campa de Torres y la futura Ronda de El Musel, y explicaba que la trama viaria prevista se conectaría con esa futura ronda mediante glorietas, además de conectar con la carretera de La Campa de Torres https://bit.ly/433zM5w
La aprobación del Plan Especial también decía que, aunque el acceso existente sería desde la carretera de La Campa de Torres, el nuevo vial de acceso al puerto de El Musel tendría un papel primordial para el futuro del área residencial. Ahora bien, el propio expediente añadía que la ordenación del área de Jove no se confiaba “en ningún caso” exclusivamente a ese vial, porque el acceso principal en ese momento sería la carretera de La Campa de Torres, que debía mejorarse y acondicionarse desde su entronque con la avenida de la Argentina https://bit.ly/4d63EUS , https://bit.ly/3PmcGUH
Por tanto, para contrastar las declaraciones de Moriyón, hay varios puntos relevantes. Es correcto que el ámbito fue mantenido en el PGOU como bolsa de vivienda protegida por indicación de la CUOTA, pero la cifra exacta documentada es 1.976 viviendas, no 1.900. También es cierto que el proyecto no nació en 2026, sino que tiene un expediente urbanístico aprobado entre 2010 y 2011. Sin embargo, no parece preciso presentar Ecojove como una actuación simplemente pendiente de activar sin más, porque el Principado sostiene que el convenio expiró en abril de 2023, que los plazos de urbanización y edificación vencieron y que el proyecto original quedó obsoleto por su intensidad edificatoria, su integración en el entorno y la incertidumbre o no ejecución del vial de Jove https://bit.ly/3R4Rcw1
La posible incorrección más clara sería negar o minimizar la relación de Ecojove con el vial de Jove. La documentación no dice que todo el proyecto dependiera únicamente de ese vial, pero sí lo incorpora como elemento relevante de conexión futura y reconoce que tendría un papel importante para el área. Por eso, afirmar sin matices que el vial no afecta al desarrollo no encaja bien con el expediente como defiende Moriyón; lo más ajustado sería decir que Ecojove tenía acceso previsto por La Campa de Torres, pero también estaba funcionalmente relacionado con la futura Ronda de El Musel/vial de Jove
No se puede afirmar como hecho objetivo que las declaraciones de Carmen Moriyón sean una “pataleta”, porque eso implicaría atribuirle una intención o un estado de ánimo. Lo que sí se puede sostener, con los datos disponibles, es que su intervención contiene varias simplificaciones e incongruencias políticas: presenta Ecojove como una bolsa de vivienda casi lista para desbloquear, cuando la documentación y las propias posiciones administrativas recientes muestran que se trata de un desarrollo antiguo, caducado en sus plazos, necesitado de reformulación y con condicionantes urbanísticos relevantes.
La primera incongruencia está en usar Ecojove como si fuera una solución operativa e inmediata al problema de la vivienda. El proyecto existe, tiene antecedentes administrativos claros y no es una ocurrencia reciente: el Plan Especial fue aprobado definitivamente por la CUOTA el 10 de marzo de 2011, el proyecto de compensación el 29 de marzo de 2011 y el proyecto de urbanización por la Junta de Gobierno el 5 de abril de 2011. Pero precisamente por eso, no estamos ante un expediente nuevo, sino ante una actuación diseñada hace más de quince años y no ejecutada. La Consejería sostiene que el ámbito está fuera de plazo, con la urbanización expirada en 2016 y la edificación finalizada en 2023, sin actuación material ni convenio vigente. Por tanto, hablar de “desbloquear” puede ser políticamente eficaz para intentar salvar la cara Moriyón y su gobierno, pero administrativamente parece reducir mucho la complejidad real del asunto https://bit.ly/4uNHjBB
La segunda incongruencia está en la cifra y en la forma de presentarla. Moriyón habla de unas 1.900 viviendas protegidas, una cifra razonable como redondeo político, pero la documentación del PGO recoge 1.976 viviendas y señala expresamente que, según el informe sectorial de la CUOTA, había que mantener las determinaciones de la Actuación Urbanística Concertada y, por tanto, construir esas 1.976 viviendas. La diferencia no cambia el fondo del debate, pero sí muestra que se está usando una cifra comunicativamente cómoda más que una referencia técnica exacta https://bit.ly/48VJx9o
La tercera incongruencia es que Moriyón se apoya en la CUOTA cuando le conviene para decir que el Ayuntamiento estaba obligado a mantener la reserva de suelo, pero traslada el peso político del bloqueo casi exclusivamente al Gobierno del Principado. Es cierto que el PGOU mantuvo Ecojove por indicación de la CUOTA, pero también lo es que el propio Zapico replica que el convenio expiró en 2023 y que el ámbito está clasificado dentro del planeamiento municipal, añadiendo que, si el Ayuntamiento considera prioritario desarrollarlo, debe asumir su parte de competencia urbanística. Sin entrar a resolver jurídicamente todas las competencias, el reproche de Moriyón queda debilitado si se presenta como si el Gobierno del Principado tuviera por sí solo la llave de una actuación que exige planeamiento, gestión urbanística, acuerdo con promotores, accesos, financiación y adaptación al modelo urbano actual https://bit.ly/4nqRedB
La cuarta incongruencia está en el vial de Jove. Moriyón rechaza que la falta de alternativa al vial pueda servir de excusa y sostiene que se puede construir barrio en esa zona, pero la documentación y las comunicaciones institucionales recientes sí vinculan el futuro de Ecojove a los problemas de conexión. En el año 2024, la Consejería recordó que el convenio había expirado en abril de 2023 y señaló que el nulo desarrollo privado, la incertidumbre sobre el vial de Jove que daría acceso a esos terrenos y los cambios legislativos obligaban a repensar la actuación. En 2026, Zapico volvió a sostener que la no ejecución del vial previsto dejó el ámbito desconectado y cuestionó la viabilidad del modelo inicial. Por tanto, no es correcto decir sin matices que el vial sea una mera excusa: puede que Ecojove no dependiera exclusivamente de ese vial, pero sí estaba condicionado por él en términos de accesibilidad e integración urbana https://bit.ly/4dqe7tbv
La quinta incongruencia afecta al relato de “coser ciudad”. Moriyón defiende que Ecojove permitiría construir barrio y coser la ciudad en esa parte de Gijón, pero en el año 2024 la propia Consejería afirmó que tanto el Gobierno asturiano como el Ayuntamiento (con Moriyón como alcaldesa) consideraban obsoleto el proyecto original por su edificación intensiva y su escasa integración en el entorno. Si ahora se defiende que Ecojove cosería la ciudad, haría falta explicar qué Ecojove: no el de 2011 sin cambios, sino uno reformulado, con otra densidad, otros accesos, otra relación con Jove y otra conexión con la ciudad consolidada. Sin esa concreción, la frase funciona más como argumento político que como descripción técnica del desarrollo https://bit.ly/42QfvRb
La sexta incongruencia es el uso del reproche de la inacción. Moriyón acusa a Zapico de llevar tres años “haciendo nada”, pero la propia hemeroteca institucional recoge que en junio del año 2024 se anunció una redefinición de Ecojove coordinada entre el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Otra cosa es que esa redefinición no haya producido resultados visibles, que es una crítica legítima. Pero convertirlo en un reproche unilateral al Principado borra la parte de responsabilidad municipal y la complejidad de una actuación que no salió adelante ni con promotores privados, ni con convenio vigente, ni con el diseño original intacto https://bit.ly/48Xmxa8
También resulta llamativo que Moriyón introduzca la expresión “presunta prevaricación, al menos moral”. Esa fórmula tiene más carga retórica que utilidad administrativa. Si se habla de prevaricación en sentido jurídico, harían falta elementos que no aparecen acreditados en la información consultada. Si se habla de “prevaricación moral”, lo que se está haciendo realmente es elevar el tono político para acusar de dejadez o bloqueo, no probar una irregularidad concreta. En un problema tan serio como el acceso a la vivienda, esa clase de expresión desplaza el debate desde las soluciones hacia el choque partidista https://bit.ly/4wsahIy Resulta cuando menos chocante y obsceno al ciudadano de Gijón que se hable de prevaricación moral cuando Moriyón arrastra en su mochila política hechos que si son motivo de dicho reproche político. Por ejemplo, la condena del Tribunal de Cuentas por el cobro de dinero publico que no le correspondía o la mentira en campaña electoral cuando afirmó que no pactaría con los extremos políticos y le faltó tiempo para “encamarse” con Vox y quitarle la alcaldía a “Floro”… De prevaricación moral mejor no hablar Moriyón
El contexto del Plan Llave explica por qué Ecojove aparece ahora en el centro del rifirrafe. El Ayuntamiento presentó una nueva fase para promover entre 160 y 180 viviendas en alquiler asequible facilitando el “negociete” a los promotores privados con intención de licitar antes del 30 de junio https://bit.ly/3PyO1MG, mientras la Consejería acusa al gobierno local de haber anunciado mucho y ejecutado poco, llegando a hablar de “cero viviendas licitadas” y de una convocatoria fallida. Es decir, Ecojove se utiliza como arma cruzada: Moriyón lo emplea para señalar la inacción del Principado y Zapico lo usa para acusar al Ayuntamiento de tapar sus propios retrasos https://bit.ly/4d77GMH
En resumen, las declaraciones de Moriyón tienen una base cierta cuando recuerdan que Ecojove existía, que fue aprobado, que el PGOU mantuvo la reserva y que allí se contemplaban casi 2.000 viviendas protegidas. Pero resultan débiles cuando presentan el asunto como si bastara voluntad política del Gobierno del Principado para ponerlo en marcha, cuando minimizan el problema del vial de Jove, cuando omiten que el convenio y los plazos están vencidos, y cuando convierten una actuación urbanística compleja en un reproche electoral inmediato. La víctima de ese intercambio no es el relato de una administración u otra, sino la ciudadanía de Gijón que necesita vivienda asequible y recibe, en su lugar, una pelea de gallos inútil sobre quién tiene la culpa de que no se haya construido.
Ayer también se publicaban en la prensa regional las declaraciones del alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, sobre el culebrón del “caso Valladares” https://bit.ly/4tspG9n El alcalde de Llanes valoró la dimisión del concejal Juan Valladares, de VecinosxLlanes, después de que este accediera sin permiso a documentación bajo custodia saltándose la ley de forma impune.
Foto: Juan Valladares y Enrique Riestra, dos timadores en apuros tras ser cazados con el carrito del helado en las manos
Riestra presentó la renuncia como un gesto de “profunda entereza moral y responsabilidad política”. Según el alcalde, Valladares decidió apartarse no por una cuestión menor ni por presión externa, sino porque entendió que un cargo público debe actuar con ejemplaridad, transparencia y respeto hacia los vecinos. El regidor destacó que el concejal no se aferró al acta ni se amparó en la presunción de inocencia para mantenerse en el cargo, sino que prefirió asumir una responsabilidad política inmediata.
El alcalde utilizó esa dimisión para establecer una comparación con otros casos políticos, especialmente con situaciones que atribuyó a cargos socialistas implicados en polémicas como la de la mina de Cerredo, en Degaña. Riestra criticó que, a su juicio, en esos casos los responsables no hayan dimitido ni asumido responsabilidades políticas, sino que se hayan refugiado en argumentos técnicos, plazos procesales o silencios. Frente a esa actitud, defendió que Valladares sí habría antepuesto la ética y la dignidad del cargo a cualquier interés personal o partidista.
En sus declaraciones, Riestra quiso presentar la actuación de Valladares como ejemplo de la forma de hacer política que defiende VecinosxLlanes, basada, según dijo, en el rigor, la honestidad y el compromiso real con los vecinos (para ponerse rojo de ira tras once años de gobierno ultra). Cerró su mensaje agradeciendo al concejal saliente su honestidad y expresando el deseo de que su ejemplo sirva para otras formaciones, al sostener que sin responsabilidad ni coherencia no puede sostenerse una democracia.
Con los datos publicados, el centro del “caso Valladares” no está en si el concejal dimitió o no dimitió, porque eso ya ocurrió, sino en si esa dimisión basta para cerrar políticamente una actuación que él mismo reconoce como irregular. Y ahí es donde las declaraciones de alcalde ultra, Enrique Riestra, resultan inútiles: el alcalde desplaza el foco desde el hecho principal —un concejal de su gobierno accede por su cuenta a documentación municipal sometida a custodia especial— hacia el relato moral de la dimisión, presentándola como prueba de ejemplaridad. Ese giro puede servir como defensa política, pero no responde a las preguntas administrativas de fondo.
Lo que está acreditado por las informaciones publicadas es que Juan Valladares accedió a documentación relacionada con la concesión de parcelas agrícolas en la Sierra Plana de Purón, que esos documentos estaban bajo un régimen específico de custodia y que el propio Valladares reconoció que ese régimen “prohíbe expresamente acceder” al contenido de la caja a la que él accedió “por cuenta y riesgo”. También consta que comunicó lo ocurrido al alcalde y que asumió la responsabilidad política mediante su dimisión. Es decir, no estamos ante una mera polémica fabricada por la oposición, sino ante un hecho reconocido por el propio afectado: hubo un acceso irregular a documentación protegida.
El primer problema del relato de Riestra es que convierte la dimisión en una especie de absolución política total. Es verdad que dimitir es asumir una consecuencia, y no todos los cargos públicos lo hacen cuando se ven envueltos en una irregularidad. Pero una dimisión no sustituye a la explicación institucional. Que Valladares se vaya no aclara qué documentación era, por qué estaba bajo custodia especial, quién debía custodiarla, cómo fue posible acceder a ella, quién facilitó llaves o datos, si hubo informe técnico, si el procedimiento de adjudicación queda afectado y qué medidas adoptará el Ayuntamiento para que no vuelva a ocurrir. La dimisión cierra la responsabilidad individual más visible, pero no agota la responsabilidad política del gobierno municipal.
La segunda incongruencia está en el tono elegido por el ultra Riestra. Según la información publicada y los mensajes difundidos por su entorno político, el alcalde presentó la dimisión como un acto de “entereza moral y responsabilidad política”, subrayando que Valladares no se aferró al cargo. Ese enfoque tiene una parte cierta: el concejal dejó el acta. Pero resulta incompleto si se usa para tapar el hecho previo. La ejemplaridad no puede medirse solo por cómo se sale de una crisis, sino también por cómo se produjo la crisis y por cómo responde la institución. Si un concejal accede indebidamente a documentación bajo custodia especial, el Ayuntamiento no puede limitarse a elogiar su salida; debe explicar el fallo de control y que se vió comprometido.
La tercera incongruencia es que Riestra intenta elevar el caso a una comparación moral con otros partidos, especialmente con el PSOE, cuando el asunto inmediato afecta a un concejal de su propio grupo y a un procedimiento interno de su Ayuntamiento. La comparación con otros escándalos puede ser útil como arma partidista, pero no responde a la cuestión concreta: qué ocurrió en Llanes, quién lo sabía, desde cuándo, qué se hizo y qué consecuencias administrativas tiene (de estas cuestiones el ultra Riestra hace mutis por el foro). En ese sentido, la crítica de que el alcalde usa “tinta de calamar” tiene base política: no porque esté probado que quiera ocultar nada, sino porque sus declaraciones cambian el marco del debate. En vez de explicar el funcionamiento interno del Ayuntamiento, coloca el foco en que otros partidos supuestamente actúan peor.
La cuarta cuestión delicada es el conocimiento previo del alcalde. En la carta o comunicado de Valladares se recoge que, antes de que la técnica competente elaborase informe, habló con el alcalde de lo sucedido y le trasladó su intención de dimitir (el jueves pasado según declaraciones de Valladares en la cadena SER). Eso no prueba por sí solo encubrimiento ni una actuación irregular de Riestra, pero sí activa una obligación política evidente: explicar con precisión cuándo lo supo, qué le dijo Valladares, qué medidas adoptó, si ordenó preservar el expediente, si pidió informe, si informó a Secretaría o a los servicios jurídicos y por qué la explicación pública llegó cuando llegó. En una administración, la cronología es esencial.
La quinta incongruencia del ultra Riestra está en presentar el episodio como una cuestión de honestidad personal sin abordar la posible afectación al procedimiento administrativo. El PSOE de Llanes ha pedido transparencia y sostiene que no basta con la dimisión porque el caso afecta a la credibilidad institucional del gobierno municipal y al proceso de adjudicación de parcelas. Esa petición, al margen de la intención política que pueda tener, es razonable en términos administrativos: si la documentación protegida pertenecía a un procedimiento de adjudicación, la institución debe aclarar si el procedimiento sigue siendo válido, si hubo perjuicio para terceros y si se debe revisar lo actuado.
La posición de IU de Llanes introduce otro plano: el penal. IU Llanes afirma que puede haber un presunto delito y pide que los hechos se trasladen a Fiscalía. Esa afirmación debe manejarse con prudencia. Políticamente, puede tener sentido pedir que se investigue; jurídicamente, hablar de delito exige acreditar elementos que no están todos publicados: conocimiento previo de la prohibición, carácter secreto o reservado de los documentos en sentido penal, ausencia total de autorización, posible beneficio a una parte, alteración, sustracción o revelación. Lo que sí es criticable desde el punto de vista político es que, si una responsable pública como Begoña Collado o una formación afirma que ve indicios suficientes de delito, lo coherente sería no limitarse a pedir que otro denuncie, sino poner directamente los hechos en conocimiento de Fiscalía si dispone de base documental suficiente. Si no la tiene, lo más riguroso sería hablar de necesidad de investigación, no de delito como conclusión https://bit.ly/4trFx7X
También hay una contradicción de fondo entre el discurso de regeneración de VecinosxLlanes y la gestión comunicativa del caso. El código ético de la formación habla de honestidad, transparencia, rendición de cuentas, respeto institucional y aceptación de responsabilidades. Además, recoge la limitación de mandatos a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogables a una más mediante un proceso de discusión y validación ciudadana (cuestión que el ultra Enrique Riestra ya ha dicho que se saltará las próximas elecciones anunciando un cuarto mandato en la entrevista del día 11 de mayo). Ese marco obliga a una exigencia superior, no inferior. Si un partido se presenta como alternativa ética a la política tradicional, no basta con decir que un concejal dimite; debe demostrar que sus mecanismos internos y municipales funcionan con más transparencia que aquellos a los que critica.
En ese mismo terreno, la cuestión de los mandatos no es menor. VecinosxLlanes incluyó en su programa la limitación a dos legislaturas para evitar que la política se convirtiera en “forma de vida” (cuando uno ve lo que sucede con Llanes a uno se le abren las carnes ante tanto concejal sin oficio ni beneficio en la vida civil). Su propio código ético admite excepcionalmente una tercera legislatura con validación ciudadana. Riestra fue elegido alcalde por primera vez en 2015 y continuó posteriormente al frente del Ayuntamiento, por lo que una eventual aspiración a un cuarto mandato chocaría, como mínimo, con el espíritu regenerador que la formación había defendido públicamente (tampoco le da mucho más, lo importante es seguir cobrando los algo más de 46.000 euros que percibe al año, que recordemos todavía no sabemos cuáles eran sus retribuciones antes de entrar en política tras once años de gobierno municipal, eso transparencia y lo demás cuento).
Por tanto, el análisis crítico del caso lleva a una conclusión bastante clara: el ultra Riestra tiene razón en que Valladares asumió una responsabilidad política que otros cargos públicos a veces evitan, pero no tiene razón si pretende que esa dimisión convierta el episodio en una prueba de limpieza institucional. La dimisión es una consecuencia, no una explicación. El hecho relevante sigue siendo que un miembro del gobierno municipal accedió por su cuenta a documentación bajo custodia especial en un procedimiento que afectaba a vecinos concretos.
La respuesta institucional adecuada no debería consistir en elogiar al dimitido ni en comparar con escándalos ajenos, sino en publicar una cronología completa, encargar o hacer público el informe técnico y jurídico correspondiente, aclarar si el procedimiento de adjudicación queda afectado, explicar qué sabía el alcalde y cuándo, y detallar qué cambios se harán para proteger la documentación municipal. Todo lo demás —la épica de la dimisión, la comparación con el PSOE, el uso del caso como bandera moral o la insinuación de futuras listas electorales— pertenece al terreno del ruido inútil político. Los hechos, sin adornos, son suficientes: hubo una irregularidad reconocida, hay preguntas institucionales sin responder y la ciudadanía de Llanes tiene derecho a algo más que un relato falso de ejemplaridad construido después del problema por él ultra Riestra.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, los dos casos dejan una conclusión política incómoda, pero difícil de esquivar: tanto en Gijón como en Llanes, los gobiernos sostenidos alrededor del mismo eje político —Foro, VecinosxLlanes y el PP como pegamento institucional— han convertido la gestión pública en un ejercicio de propaganda, evasivas y defensa de parte. Durante estos tres años han prometido eficacia, limpieza, cercanía y soluciones reales, pero los hechos recogidos en este post muestran otra cosa: bloqueo, contradicciones, relatos interesados y una preocupante tendencia a utilizar las instituciones para blindar su propio discurso antes que para resolver los problemas de la ciudadanía.
En Gijón, Carmen Moriyón utiliza Ecojove como arma arrojadiza para señalar al Principado, pero lo hace ocultando o minimizando elementos esenciales: los plazos vencidos, el convenio caducado, la necesidad de reformular el proyecto, la vinculación funcional con el vial de Jove y la complejidad urbanística de una actuación diseñada hace más de quince años. Presentar Ecojove como si fuera una solución al alcance de la mano no es gestión; es una cortina política ante la falta de resultados suficientes en materia de vivienda. Mientras tanto, los gijoneses siguen esperando viviendas asequibles, no titulares de confrontación ni reproches cruzados entre administraciones.
En Llanes, el ultra Enrique Riestra pretende convertir una irregularidad reconocida por un concejal de su propio gobierno en una lección de ejemplaridad democrática. Pero la dimisión de Valladares no borra las preguntas pendientes: qué documentación se abrió, quién permitió el acceso, qué sabía el alcalde, cuándo lo supo, qué controles fallaron y qué consecuencias administrativas tendrá lo ocurrido. Riestra ha preferido envolver el caso en una épica de responsabilidad moral antes que ofrecer una explicación completa y transparente. Y cuando un alcalde responde a una crisis interna señalando los defectos de otros partidos, lo que demuestra no es fortaleza institucional, sino falta de respuestas propias.
Moriyón y Riestra comparten un mismo patrón: desplazar el foco. Una habla de desbloquear Ecojove como si la realidad administrativa no existiera; el otro habla de honestidad como si una dimisión bastara para cerrar una irregularidad municipal. Ambos construyen relatos políticos para no mirar de frente el problema de fondo. En Gijón, la vivienda sigue sin resolverse. En Llanes, la transparencia sigue sin aparecer completa. Y en ambos casos, quienes pagan las consecuencias no son los dirigentes que dan ruedas de prensa o emiten comunicados, sino los vecinos que necesitan soluciones reales.
Por eso, el balance político es duro: Foro en Gijón y VecinosxLlanes en Llanes han tenido tiempo suficiente para demostrar que gobernaban para la mayoría social. Sin embargo, los hechos analizados proyectan otra imagen: gobiernos más preocupados por conservar el poder, proteger su relato y satisfacer a sus círculos de apoyo que por afrontar con rigor los problemas que dicen combatir. La vivienda en Gijón y la limpieza institucional en Llanes no pueden seguir siendo decorado de campaña ni munición contra el adversario.
Ante esta situación, tanto Moriyón como Riestra han dejado de ser una solución para convertirse en un problema político para sus respectivos concejos. Gijón y Llanes necesitan gobiernos que rindan cuentas, que expliquen, que ejecuten y que asuman responsabilidades sin convertir cada crisis en un espectáculo de propaganda. Lo mejor para gijoneses y llaniscos sería que ambos pasaran al banquillo de la oposición, no por revancha, sino por higiene democrática y por la necesidad urgente de abrir una etapa donde los intereses de la ciudadanía vuelvan a estar por encima de los intereses de quienes gobiernan.
Ya lo dijo John
Steinbeck: “El poder no corrompe. El miedo corrompe, quizá el miedo a
perder el poder.”
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