Hoy podemos leer en los dos principales diarios regionales sendas entrevistas a la alcaldesa forista de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, que nos recuerdan, a los que ya tenemos una cierta edad, al NO-DO franquista en sus mejores tiempos. En ellas nos relata a gijoneses y asturianos los grandes éxitos de su gobierno en estos tres años en coalición con el PP y un tránsfuga.
En una de esas entrevistas, Moriyón intenta presentar estos tres años de gobierno municipal como una etapa de transformación histórica para Gijón. Y es evidente que hay proyectos en marcha, obras visibles y anuncios importantes. Pero una ciudad no puede ni debe medirse solo por las fotografías de las máquinas entrando en una obra ni por la acumulación de titulares sobre proyectos futuros. La gestión de un gobierno se mide también por aquello que no ha resuelto, por los problemas cotidianos que siguen pesando sobre los vecinos de Gijón y por las prioridades que ha elegido atender o dejar para después.
Moriyón habla de “el gobierno de los hechos”, pero muchos de esos hechos todavía son promesas, obras a largo plazo o proyectos heredados que siguen sin producir efectos reales en la vida diaria de la mayoría social gijonesa. Tabacalera, por ejemplo, es una actuación importante, pero acaba de reiniciar sus obras con una inversión de 21 millones de euros y un plazo previsto de 42 meses; por tanto, no puede venderse como un logro cerrado, sino como una obra que aún deberá demostrar si llega en plazo, con contenido útil y con retorno real para la ciudad.
Mientras se habla de Naval Azul, Tabacalera, la Universidad Europea o grandes operaciones urbanísticas, Gijón arrastra un problema urgente de vivienda que no puede quedar tapado por el relato de la transformación. La dificultad para acceder a una vivienda digna no es una cuestión secundaria ni una crítica partidista: es, quizás, el mayor problema que hoy tiene Gijón. El propio “Plan Llave”, que presentó a bombo y platillo Moriyón, ha pasado por anuncios, suspensiones y reformulaciones; la fase inicial para 120 viviendas fue aprobada en abril de 2025, después se suspendió la licitación en julio para modificar los pliegos y más tarde se retomó en septiembre. Eso demuestra que, frente a la propaganda de la gestión eficaz que presenta Moriyón, la realidad es que el gobierno municipal no ha ofrecido todavía una respuesta suficiente, estable y materializada al problema de la vivienda.
Además, el Gobierno del Principado ha llegado a anunciar la compra de suelo en Gijón para impulsar vivienda pública, alegando falta de avances municipales en la cesión de terrenos para construir hasta 300 viviendas de alquiler asequible. Esa versión podrá ser discutida políticamente, pero refleja un hecho incómodo para el gobierno local: la vivienda se ha convertido en un campo de bloqueo institucional, reproches cruzados y retrasos, justo cuando la ciudadanía necesita soluciones concretas. https://bit.ly/3QVE9wZ
También resulta difícil aceptar que se presente el vial de Jove solo como una batalla contra otras administraciones cuando, durante estos años, miles de vecinos de la zona oeste han seguido soportando el tráfico pesado, la contaminación y la sensación de abandono. El Gobierno del Principado ya manifestó en el año 2024 su rechazo al vial en superficie y pidió al Ministerio una alternativa viable, de modo que el problema no se resuelve reduciéndolo a una simple confrontación política. La obligación del gobierno municipal no es solo señalar culpables, sino liderar una solución útil, coordinada y creíble para sacar los camiones de La Calzada y proteger a los barrios afectados. Y eso Moriyón y sus concejales fueron incapaces de aportar: ni una sola propuesta al secretario de Estado, José Antonio Santano, en las dos visitas que realizaron a Madrid.
El relato de los grandes proyectos tampoco puede ocultar decisiones que han afectado directamente al bolsillo de los gijoneses. La subida de la tasa de basuras para 2025 supuso un incremento del 25%, con una subida de 3,75 euros en la factura bimestral doméstica y el paso de 90 a 112,5 euros anuales por vivienda. https://bit.ly/3OXajaN Para muchas familias, esos son los hechos que pesan: no los renders, no los anuncios, no las promesas de futuro, sino pagar más mientras los problemas esenciales siguen sin resolverse.
Por eso, el balance no puede hacerse solo desde el escaparate. Gijón necesita equipamientos culturales, espacios económicos y proyectos de ciudad, sí. Pero también necesita vivienda pública, barrios cuidados, soluciones de movilidad, servicios municipales suficientes y una política que no use cada problema como munición contra otra Administración. Cuando un gobierno de Moriyón presume de transformación histórica mientras el problema de la vivienda sigue bloqueado, el oeste continúa esperando una salida digna al tráfico pesado y los vecinos pagan más por servicios básicos, el relato de éxito queda incompleto.
La ciudad no puede vivir instalada en una propaganda permanente de “lo que va a ser”. Gijón merece que se hable también de lo que todavía no es: no es una ciudad con una política de vivienda a la altura de su emergencia habitacional, no es una ciudad que haya resuelto la deuda con La Calzada y el oeste, no es una ciudad donde los grandes anuncios compensen automáticamente las carencias sociales, y no es una ciudad que pueda permitirse confundir movimiento con avance real.
Moriyón tiene derecho a reivindicar las obras que están en marcha. Pero esas obras no pueden servir para tapar tres años de gestión marcados también por retrasos, bloqueos, subidas de tasas y falta de soluciones en asuntos esenciales. La verdadera transformación de Gijón no será creíble mientras los proyectos estrella avancen en los discursos y los problemas de siempre sigan cayendo sobre los mismos barrios y las mismas familias.
Más allá del relato de los grandes proyectos y de las obras que Carmen Moriyón presenta como aval de gestión al frente del gobierno municipal de Gijón, hay otra parte de su gobernanza que también debe formar parte del balance político. No se trata de discutir únicamente si hay máquinas trabajando, edificios en marcha o planes urbanísticos anunciados, sino de valorar qué concepto de coherencia, ejemplaridad y responsabilidad pública ha mostrado la alcaldesa en estos tres años.
Moriyón llegó a la campaña electoral afirmando que no pactaría con los extremos de la política, pero su acceso a la Alcaldía de Gijón quedó ligado a un acuerdo con Vox. Ese pacto permitió la formación de un gobierno de Foro, PP y Vox, aunque apenas unos meses después la propia alcaldesa acabó rompiendo con la formación ultra y expulsándola del gobierno municipal. Ese recorrido deja una primera contradicción evidente: lo que se rechazaba antes de votar se aceptó después para alcanzar el poder. https://bit.ly/49c5RvN
A esa contradicción se suma un hecho especialmente grave desde el punto de vista de la ejemplaridad institucional: la condena del Tribunal de Cuentas por pagos indebidos con cargo a fondos del grupo municipal de Foro. Moriyón fue condenada a reintegrar más de 31.000 euros, más intereses, por cantidades abonadas de forma irregular durante su anterior etapa como alcaldesa. Ella y Foro han defendido que se trató de un error contable y han negado enriquecimiento personal, pero el dato político permanece: una alcaldesa que exige responsabilidad a otras administraciones tuvo que responder por el uso indebido de fondos públicos de su propio grupo municipal https://bit.ly/4nqnLAO
También resulta relevante la controversia sobre sus retribuciones. Moriyón tiene una dedicación parcial como alcaldesa y percibe una retribución municipal por ello; además, reconoció una asignación como presidenta de Foro, lo que abrió un debate político sobre la transparencia de sus ingresos y sobre la compatibilidad ética entre responsabilidades públicas, partido y actividad profesional. https://bit.ly/4ddglvU En una ciudad con barrios necesitados, problemas de vivienda, servicios tensionados y demandas sociales pendientes, esa imagen de acumulación de ingresos por múltiples retribuciones resulta difícil de separar del juicio político sobre sus prioridades.
La cuestión de los tránsfugas políticos le añade otra capa de chapapote político a ese balance que realiza Moriyón. La alcaldesa había sido muy dura al censurar a quienes permanecían en cargos públicos tras romper con sus formaciones, llegando a hablar de “corruptos” para cobrar un sueldo. Sin embargo, tras la ruptura con Vox en Gijón, la oposición denunció que el gobierno municipal se sostenía o se apoyaba en un concejal salido de Vox y calificado como tránsfuga por sus críticos https://bit.ly/4u4FY9u De nuevo, el problema no es solo jurídico, sino político: la distancia entre el discurso previo y la práctica cuando el poder está en juego.
Además del problema de la vivienda, del vial de Jove, de la tasa de basuras, de los pactos, de las retribuciones y de las contradicciones sobre los tránsfugas, se puede añadir otro debe: la forma de gestionar los conflictos cuando afectan a barrios concretos y a colectivos vulnerables.
Otro ejemplo claro de pésima gestión fue lo sucedido con el Albergue Covadonga. Durante meses, el gobierno municipal trabajó en una reforma necesaria, pero la gestión del traslado temporal terminó convertida en un problema político y vecinal. Primero se planteó el traslado de usuarios al Hogar de San José, en El Natahoyo; después llegaron las protestas, los abucheos a la alcaldesa y la paralización de esa opción. Finalmente, el gobierno municipal anunció que recurriría a la Red de Entidades de Inclusión Activa para buscar una solución durante las obras. El problema de fondo no es que el albergue necesite reforma, que la necesita, sino que una cuestión social delicada acabó gestionada a golpe de rectificación, con vecinos movilizados y personas sin hogar convertidas en objeto de disputa pública. Esa no es una muestra de planificación serena, sino de una política que llega tarde al diálogo cuando el conflicto ya ha estallado. https://bit.ly/4wmPZ38
También pesa en él debe la gestión medioambiental y de movilidad en el barrio de La Calzada. El gobierno municipal ha denunciado con dureza la contaminación y el paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias, pero, al mismo tiempo, la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada sigue sin activarse plenamente. En abril del año 2026, grupos ecologistas denunciaron ante el Ministerio de Transportes la inacción del gobierno de Moriyón respecto a esa ZBE y cuestionaron el uso de fondos europeos vinculados a una medida que, según ellos, continúa sin efectos reales. Es difícil sostener un discurso de defensa de la salud pública en la zona oeste si las herramientas municipales disponibles contra la contaminación avanzan con lentitud o se quedan en el papel https://bit.ly/4tmRPyB
Otro asunto que debe incorporarse en el debe del balance de Moriyón es Cabueñes y la operación de Quirón. La alcaldesa presenta ahora la posible compra municipal de parcelas como una garantía para desbloquear los accesos al nuevo hospital, pero el hecho de que en el 2026 el Ayuntamiento tenga que advertir a Quirón de que “no puede esperar mucho más” evidencia que una infraestructura pública esencial ha estado demasiado tiempo condicionada por una operación privada. Más aún cuando todo ello llega después de una permuta con Quirón que, desde una perspectiva crítica, supuso un grave perjuicio económico para el contribuyente gijonés y dejó en manos de los tiempos e intereses de una empresa privada una pieza clave para el desarrollo del Hospital de Cabueñes. Que ahora el propio Ayuntamiento reconozca que asumirá la compra de las parcelas si Quirón no ejecuta su proyecto hospitalario permite señalar, sin exageraciones, que la ciudad ha llegado tarde a blindar una actuación imprescindible para la ampliación del hospital público, que para más inri es donde Moriyón tiene plaza y ejerce su labor en la medicina pública. Lejos de ser una muestra de previsión, esta rectificación revela una gestión errática: primero se aceptó una operación discutible para las arcas municipales y después se plantea corregir sus consecuencias con nuevos recursos públicos. https://bit.ly/4di55yq
También puede señalarse la política presupuestaria. El gobierno de Moriyón presume de haber aprobado tres presupuestos, incluido el de 2026, de 309,9 millones de euros, pero las cuentas fueron aprobadas con el voto contrario de PSOE, IU, Podemos y Vox. La oposición las calificó como alejadas de las necesidades reales de los gijoneses, y el PSOE presentó enmiendas para mover más de cinco millones hacia vivienda pública, rehabilitación, equipamientos de barrio y mejoras urbanas. El dato político es relevante: tener presupuestos aprobados no significa necesariamente que las prioridades presupuestarias estén donde más aprieta la vida diaria de la ciudadanía. https://bit.ly/4u4RFgp
Otra cuestión en el debe del balance de gestión de Moriyón fue el contrato de recogida de ropa usada. El caso resulta especialmente grave no solo por el fondo, sino por lo que transmite sobre la forma de gobernar: un concurso público ya adjudicado a Humana e Insertega fue anulado después de que Cáritas, que había perdido la licitación, recurriera el resultado. Según Humana, el recurso fue rechazado por técnicos y asesores legales, pero posteriormente se impulsó un nuevo informe jurídico que acabó llevando a la cancelación del procedimiento. La entidad adjudicataria ha denunciado mala praxis, favoritismo institucional y un ataque a la libre competencia. Sin necesidad de anticipar lo que resuelvan los tribunales, políticamente el episodio deja una imagen muy deteriorada: la de un gobierno que parece incómodo cuando el resultado de un procedimiento reglado no coincide con sus preferencias, y que termina proyectando una sombra de arbitrariedad impropia de una administración moderna. Es una forma de actuar que recuerda a las peores prácticas caciquiles: cuando la norma parece valer solo mientras confirma la voluntad del poder. https://bit.ly/4u5wkDB
En ese sentido, él debe de Moriyón no está solo en lo que no ha hecho, sino en el modelo de ciudad que se desprende de sus prioridades. Hay una apuesta fuerte por grandes operaciones urbanísticas, equipamientos emblemáticos, proyectos tractores y anuncios de transformación. Pero frente a esa ciudad de titulares aparece otra ciudad más concreta: la de los barrios que siguen esperando soluciones, la de la vivienda que no llega, la de La Calzada soportando tráfico pesado, la del Albergue Covadonga convertido en conflicto, la de la ZBE sin efectos suficientes, la de Cabueñes pendiente de resolver una operación de suelo que afecta a un hospital público y la de unos procedimientos administrativos que, en casos como el de la recogida de ropa usada, dejan demasiadas dudas sobre la limpieza política de determinadas decisiones… Son todo éxitos en negro.
Por eso, el balance de estos tres años de Moriyón no puede limitarse a una enumeración de obras. La gobernanza también se mide por la palabra dada, por la transparencia, por la coherencia y por la capacidad de asumir responsabilidades sin refugiarse siempre en explicaciones defensivas. La Moriyón que se presenta como gestora de grandes transformaciones convive con otra Moriyón más turbia: la que pactó con quien dijo que no pactaría, la que fue condenada a devolver dinero por pagos indebidos, la que ha tenido que dar explicaciones sobre sus ingresos y la que terminó dependiendo políticamente de aquello que antes criticaba con dureza.
Ese es el contra relato que no puede quedar oculto bajo los anuncios de ciudad histórica. Porque los proyectos pueden ser importantes, pero no borran las contradicciones. Y porque Gijón no solo necesita obras: necesita un gobierno que actúe con coherencia, ejemplaridad y respeto por la palabra dada.
Por eso, al relato triunfal de Moriyón se le puede oponer una idea sencilla: gobernar no es solo inaugurar, anunciar o reclamar a otras administraciones. Gobernar también es anticiparse a los problemas, ordenar las prioridades, proteger a los barrios más vulnerables, evitar que los conflictos sociales se pudran y no convertir cada bloqueo en una coartada política. Y ahí, en esa gestión cotidiana, menos vistosa pero mucho más decisiva para la mayoría de los gijoneses, el balance de estos tres años deja demasiadas sombras como para quedar sepultado bajo el discurso de la “transformación histórica”.
También debe señalarse la debilidad de la oposición socialista durante estos años. Mientras el gobierno de Moriyón aplicaba una agenda claramente de la derecha extrema, con decisiones que afectaban al bolsillo, a la vivienda, a los barrios y a los servicios públicos, el PSOE gijonés no supo convertirse en una alternativa firme ni en un contrapeso eficaz. Demasiadas veces pareció ver los toros desde la barrera, más pendiente del cálculo institucional que de plantar cara con claridad a un gobierno municipal que avanzaba sin encontrar una oposición a la altura del malestar ciudadano. En ese contexto, la figura de su secretario general de la agrupación socialista, José Ramón García, situado como diputado desde Oviedo, simboliza para muchos esa distancia: una representación socialista que, lejos del pulso diario de la ciudad, no logró transmitir que estaba acompañando de verdad a los gijoneses frente a las consecuencias de las políticas de Moriyón.
Para terminar el post quiero manifestar que en definitiva, Carmen Moriyón puede llenar entrevistas con obras, anuncios y promesas de transformación, pero Gijón no se gobierna desde los titulares ni desde la propaganda. Se gobierna desde la coherencia, desde la responsabilidad y desde la capacidad de dar respuesta a los problemas reales de la gente. Y ahí es donde su balance muestra sus mayores grietas.
Porque después de tres años, lo que queda no es solo una lista de proyectos pendientes, sino una forma de ejercer el poder que ha normalizado demasiadas contradicciones: pactar con quien se dijo que no se pactaría, apoyarse en aquello que antes se censuraba, exigir ejemplaridad a otros mientras se arrastran sombras propias, anunciar grandes transformaciones mientras la vivienda, los barrios, la movilidad, los servicios públicos y la transparencia siguen esperando soluciones de verdad.
Ese es el fondo del asunto. No se trata de negar que haya obras ni de impedir que la ciudad avance. Se trata de recordar que una ciudad no se transforma de verdad si sus vecinos siguen pagando más, esperando más y recibiendo menos de lo que se les prometió. Gijón no necesita un gobierno que se mire al espejo satisfecho de su relato; necesita un gobierno que mire de frente a sus barrios, a sus problemas y a sus contradicciones.
Por eso, frente al intento de presentar estos tres años como una etapa histórica, conviene decirlo con claridad: la historia no la escriben las entrevistas complacientes ni los anuncios envueltos en épica municipal. La historia la escriben los hechos completos, también los incómodos. Y en esos hechos, en los que afectan a la vida diaria de los gijoneses, el gobierno de Moriyón tiene todavía demasiadas cuentas pendientes como para pretender dar lecciones de gestión, de coherencia o de servicio público.
Ya lo dijo George Orwell: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír.”
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