Hoy se publica una noticia en La Nueva España —“La tasa turística llegará a Asturias: el Principado cobrará y los ayuntamientos decidirán dónde se aplica”— donde se explica que el Gobierno del Principado mantiene adelante su proyecto de tasa turística pese a las críticas del sector y las dudas de algunos ayuntamientos. La idea central es que Asturias apruebe una ley autonómica que permita cobrar un gravamen a los visitantes que pernocten en determinados concejos, pero no de forma obligatoria en toda la región: cada ayuntamiento decidirá si se adhiere o no mediante una ordenanza municipal.
El modelo que plantea el Principado combina decisión municipal y gestión autonómica. Los concejos que quieran aplicar la tasa deberán aprobar una ordenanza en la que concreten cómo se implanta en su territorio, pero la recaudación la haría el Principado, que después transferiría el dinero a los municipios. En una información posterior publicada el mismo 11 de mayo, la vicepresidenta Gimena Llamedo confirmó tras reunirse con la Federación Asturiana de Concejos que los ayuntamientos tendrán autonomía para decidir si la aplican y en qué cuantía, y que el sistema funcionará como un recargo municipal sobre las cantidades que establezca la ley autonómica. También precisó que el Principado recaudaría y transferiría los fondos trimestralmente a los ayuntamientos.
La recaudación no podrá gastarse libremente en cualquier cosa. La ley fijará los usos permitidos, orientados a mejorar el destino y compensar los gastos extraordinarios que genera el turismo. Entre las actuaciones mencionadas figuran mejoras en servicios e infraestructuras, obras en espacios públicos, movilidad, eficiencia energética, transición verde, protección del patrimonio cultural, aparcamientos disuasorios, digitalización del sector turístico y comercial, campañas de promoción responsable y medidas para mejorar las condiciones laborales. Llamedo añadió después que los fondos podrán destinarse a la mejora del destino, la desestacionalización, la movilidad y la profesionalización del sector, con el objetivo de favorecer la convivencia entre residentes y visitantes.
La noticia encaja con la estrategia turística que el Principado viene defendiendo desde hace tiempo. La Estrategia de Turismo de Asturias 2020-2030 sitúa la sostenibilidad, la autenticidad, la identidad regional y la calidad como pilares del modelo turístico asturiano. En la misma línea, la campaña oficial “Únete al respeturismo”, presentada en Fitur en enero del año 2026, promueve una forma de viajar más consciente y respetuosa con el territorio, basada en valores como sostenibilidad, paciencia, empatía, responsabilidad, compromiso con la economía local y reparto territorial de los flujos turísticos.
Uno de los puntos relevantes es que la tasa también afectaría a los cruceros. La noticia lo relaciona con el crecimiento de este tipo de turismo en Gijón. Ese contexto se refuerza con las previsiones publicadas para El Musel: entre abril y diciembre del año 2026 se esperan 54 escalas de hasta 25 buques distintos y cerca de 90.000 turistas a bordo, según los datos manejados por la Autoridad Portuaria recogidos por la SER.
El Principado toma como referencia el modelo de Galicia, donde la tasa se aplica de forma municipal. En A Coruña, por ejemplo, el recargo se cobra a través del establecimiento turístico, se calcula según el tipo de alojamiento y tiene un límite de cinco estancias. Las cuantías oficiales van de 1 euro a 2,50 euros según la categoría, e incluyen cruceros con 1,50 euros. También se contemplan exenciones para menores de 18 años, deportistas federados en competición, estancias por motivos de salud, programas sociales, fuerza mayor y personas con discapacidad igual o superior al 65 %. Vigo también ha aprobado su ordenanza, con importes entre 0,80 y 2 euros por noche según el alojamiento, y 1,20 euros para cruceristas, aunque allí la aplicación a cruceros se retrasa hasta el 1 de julio de 2027.
En Asturias aún no hay cuantías definitivas publicadas. La información disponible solo señala que serían importes bajos y que el texto está en la fase final de elaboración. Según Europa Press, el proyecto se encuentra en sus últimos retoques, después de la reunión con la FACC, y el Gobierno autonómico tiene previsto continuar la ronda de contactos con representantes empresariales antes de someter el texto a información pública, aprobarlo en Consejo de Gobierno y remitirlo después a la Junta General para su tramitación parlamentaria.
En conjunto, la noticia refleja que Asturias no plantea una tasa turística autonómica uniforme para todos los municipios, sino una herramienta voluntaria para los concejos con mayor presión turística. El Principado busca que el coste adicional lo asuman los visitantes y no los residentes, y que el dinero se dedique a servicios, infraestructuras, sostenibilidad, movilidad, patrimonio y mejora del propio sector turístico. La medida cuenta con rechazo de la derecha y reticencias en parte del sector turístico, pero el Gobierno asturiano la mantiene como una pieza de su modelo de turismo sostenible.
A día de hoy, si hacemos un repaso sobre dicha tasa en nuestro país debemos centrarnos en Cataluña, Illes Balears y Galicia, porque son los territorios españoles donde existe una regulación efectiva o ya activada de tasa turística. En Galicia, el modelo es distinto al catalán y al balear: la Xunta creó un impuesto autonómico, pero lo bonificó al 100 %, de modo que la recaudación real depende de los ayuntamientos que aprueben un recargo municipal. En el País Vasco también se ha anunciado una tasa turística, pero su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, por lo que no puede tratarse todavía como una tasa ya instaurada https://bit.ly/4uKAfFO
En Cataluña, la tasa se aplica a las estancias en alojamientos turísticos y también a cruceros. La cuota se calcula multiplicando el número de estancias por la tarifa correspondiente al tipo de establecimiento y al lugar donde se produzca la pernoctación. Barcelona tiene un régimen especialmente elevado porque suma el impuesto autonómico y un recargo municipal. Desde el 1 de abril del año 2026, en Barcelona ciudad, los hoteles de cinco estrellas, gran lujo o equivalentes pagan 12 euros por noche; los hoteles de cuatro estrellas y cuatro superior, 8,40 euros; las viviendas de uso turístico, 9,50 euros; los albergues juveniles, 6 euros; otros alojamientos y campings, 7 euros; y los cruceros pagan 9 euros si la escala dura más de doce horas y 11 euros si dura doce horas o menos. Fuera de Barcelona, entre abril de 2026 y marzo de 2027, las tarifas autonómicas son más bajas: 4,50 euros para hoteles de cinco estrellas o equivalentes, 1,80 euros para hoteles de cuatro estrellas, 1,75 euros para viviendas de uso turístico, 0,80 euros para albergues juveniles, 0,90 euros para otros establecimientos y campings, 3 euros para cruceros de más de doce horas y 4,50 euros para cruceros de doce horas o menos. A partir de abril del año 2027 esas cuantías suben en el resto de Cataluña, y además los municipios pueden establecer un recargo propio, con límites fijados por la ley https://bit.ly/4u6F1gU
El dinero recaudado en Cataluña tiene un destino finalista. La reforma aprobada en el año 2026 establece que el 25 % de la recaudación total se destine a políticas de vivienda de la Generalitat y que el 75 % restante vaya al Fondo para el Fomento del Turismo. Dentro de ese fondo, una parte importante retorna a los municipios donde se ha generado la recaudación. La ley permite financiar actuaciones vinculadas a la protección, preservación y mejora de recursos turísticos, la desestacionalización, la desconcentración territorial, la movilidad de bajas emisiones, la eficiencia de los alojamientos, la accesibilidad universal, la promoción turística sostenible, la inspección y control de establecimientos, la mejora de infraestructuras, la tecnología, los datos y la inteligencia turística. En el caso de los fondos gestionados por los ayuntamientos, también pueden destinarse a vivienda, promoción económica, competitividad industrial y otros fines de interés municipal relacionados con el impacto turístico https://bit.ly/4tvTCl0
En Illes Balears, la tasa recibe el nombre de Impuesto del Turismo Sostenible y está vigente desde el 1 de julio de 2016. Se aplica a las estancias en hoteles, apartamentos turísticos, alojamientos rurales, albergues, hospederías, campings, viviendas turísticas y cruceros. Las tarifas generales son de 4 euros por persona y día en hoteles de cinco estrellas, cinco gran lujo, cuatro superior y apartamentos turísticos de cuatro llaves o cuatro superior; 3 euros en hoteles de cuatro estrellas, tres superior y apartamentos de tres llaves superior; 2 euros en hoteles de una, dos y tres estrellas, viviendas turísticas vacacionales, alojamientos rurales, hoteles de interior y otros establecimientos similares; y 1 euro en hostales, pensiones, posadas, casas de huéspedes, campings, albergues y refugios. Los cruceros pagan 2 euros por día o fracción. La ley prevé una bonificación del 75 % en temporada baja, entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, y una reducción del 50 % a partir del noveno día de estancia https://bit.ly/4dB3dSy
La recaudación balear se integra en el Fondo para Favorecer el Turismo Sostenible. La propia ley define este fondo como un instrumento para financiar políticas de turismo sostenible, responsable y de calidad. El dinero se dedica a proteger, preservar, modernizar y recuperar el medio natural, rural, agrario y marino; mejorar el ciclo del agua, el saneamiento, la eficiencia energética y la gestión de residuos; fomentar la desestacionalización turística; crear productos turísticos sostenibles en temporada baja; impulsar la formación y la calidad del empleo; mejorar zonas turísticas saturadas o maduras; combatir la oferta ilegal; reforzar la inspección; y recuperar patrimonio histórico y cultural. En la planificación 2026-2027, el Govern balear anunció una movilización de 139,7 millones de euros para nuevos proyectos, con prioridad para el ciclo del agua, la formación y el empleo de calidad https://bit.ly/42oC9zN
En Galicia, la situación es más reciente y diferente. La Ley 5/2024 creó el Impuesto Gallego sobre las Estancias Turísticas, aplicable a hoteles, apartamentos turísticos, viviendas turísticas, viviendas de uso turístico, campings, alojamientos rurales, albergues y cruceros. Sin embargo, la propia ley estableció una bonificación autonómica del 100 %, por lo que el impuesto autonómico no se cobra de forma efectiva al visitante mientras esa bonificación siga vigente (significa que la Xunta renuncia a cobrar el impuesto autonómico mientras esa bonificación siga vigente.). Lo que sí permite la norma es que los ayuntamientos aprueben un recargo municipal voluntario, de hasta el 100 % de la cuota fijada por la ley gallega. La estancia gravada tiene un máximo de cinco días por estancia https://bit.ly/3QTBGTN
La escala gallega de referencia fija 2,50 euros para hoteles de cinco estrellas superior, cinco estrellas, cuatro estrellas superior y equivalentes; 2 euros para hoteles de cuatro estrellas, tres superior, tres estrellas, dos superior y viviendas de uso turístico; 1,50 euros para hoteles de dos estrellas, una superior, una estrella, pensiones y cruceros; y 1 euro para albergues, campings, alojamientos rurales, apartamentos turísticos y viviendas turísticas. La ley obliga a que al menos el 80 % de lo recaudado por los recargos municipales, una vez descontados los costes de aplicación, se destine a promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible. Entre los usos previstos figuran mejoras de infraestructuras, reformas urbanas, equipamientos turísticos municipales, servicios para visitantes, conservación del patrimonio cultural y natural, movilidad sostenible, lucha contra el alojamiento ilegal y el fraude, mejora de zonas con alta presión turística, convivencia entre residentes y turistas, digitalización y competitividad del sector https://bit.ly/4nGlLod
En Galicia ya hay ejemplos municipales. A Coruña aplica su recargo sobre estancias turísticas y cruceros con un máximo de cinco estancias. Según la información municipal, las cuantías son de 2,50 euros en hoteles de cinco estrellas, gran lujo, cuatro superior y equivalentes; 2 euros en hoteles de cuatro estrellas, tres superior, tres estrellas y dos superior; 1,50 euros en hoteles de dos estrellas, una superior, una estrella y pensiones; 2 euros en viviendas de uso turístico, albergues, campings y alojamientos rurales; 1 euro en viviendas turísticas; y 1,50 euros en cruceros. El Ayuntamiento indica que la recaudación se destina a infraestructuras, reformas urbanas, equipamientos turísticos, servicios para visitantes, conservación del patrimonio cultural y natural, lucha contra el intrusismo y la precariedad, mejora de zonas con alta afluencia turística y convivencia entre vecinos y visitantes.
Santiago de Compostela también tiene el recargo en vigor desde el 1 de octubre de 2025. La información turística municipal lo presenta como una herramienta para sostener un modelo de turismo sostenible y de calidad, con importes entre 1 y 2,50 euros por noche, de acuerdo con la escala prevista en la normativa gallega. En Vigo, el gobierno local aprobó en abril de 2026 el proyecto de tasa turística para aplicarla progresivamente desde octubre de 2026; las cuantías anunciadas van de 0,80 a 2 euros, y para cruceristas se prevé 1,20 euros a partir de julio de 2027 https://bit.ly/4nnvAal
En conjunto, Cataluña y Baleares funcionan con modelos autonómicos consolidados, aunque Cataluña permite además recargos municipales, especialmente relevantes en Barcelona. Galicia, en cambio, ha optado por una estructura en la que la Xunta crea el marco legal, pero la aplicación real queda en manos de cada ayuntamiento mediante un recargo municipal. En los tres casos, la norma vincula la recaudación a finalidades relacionadas con sostenibilidad turística, servicios públicos, patrimonio, movilidad, infraestructuras, vivienda en el caso catalán y mejora del destino turístico.
Con la información publicada hasta ahora, el rechazo municipal más claro aparece en Gijón. La alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, se ha expresado de forma directa contra aplicar la tasa en la ciudad. En una entrevista reproducida en su web, al ser preguntada si Gijón apostaba por crecer turísticamente “sin tasa turística”, respondió: “Sin tasa turística”. En ese mismo contexto defendió que el Ayuntamiento quiere evitar vender la ciudad al turismo y recordó que Gijón ya había actuado sobre las viviendas de uso turístico mediante una moratoria https://bit.ly/4u4B0tl
También en Gijón, la posición contraria la ha verbalizado con claridad Ángela Pumariega, vicealcaldesa, concejala de Turismo y líder local del PP. En septiembre del año 2024 afirmó que el Ayuntamiento de Gijón no se planteaba aplicar una tasa turística y que rechazaba totalmente la propuesta, al considerar que “aumentar la presión fiscal” no era la solución. Su alternativa pasaba por mantener impuestos equilibrados, trabajar la sostenibilidad turística y reclamar al Principado otra fórmula de financiación para los ayuntamientos (es decir, que el Gobierno del Principado les de más dinero pero el gobierno municipal de Gijón no asume el coste de poner la tasa turística) https://bit.ly/4ffDkJj
Esa postura se mantuvo después. En enero del año 2026, Pumariega volvió a decir que “el Ayuntamiento de Gijón ha dicho que no a la tasa turística, no en estos momentos”. Argumentó que Asturias no vive una situación de turismo masificado, que Gijón necesita consolidarse como destino antes de aplicar nuevas cargas fiscales al visitante, que la ciudad solo registra llenos sostenidos durante “un par de semanas al año” y que existen dudas sobre el carácter finalista de la recaudación y sobre las diferencias entre concejos https://bit.ly/48VQzuS
Dentro del mismo gobierno gijonés, Jesús Martínez Salvador, de Foro Asturias, también se ha manifestado contra implantarla en Gijón. En una entrevista publicada por Foro, sostuvo que sería una “gran incongruencia” ir a Fitur a intentar atraer visitantes y, al mismo tiempo, ponerles “un nuevo impuesto” que dejara a Gijón en desventaja frente a otros destinos. Añadió que Gijón no muestra saturación turística salvo en momentos puntuales, como verano o Semana Grande, y calificó de irresponsable instaurar una tasa durante todo el año por la presión de unos pocos días https://bit.ly/4ttbuwK
En Oviedo, la situación es algo más matizada. El alcalde Alfredo Canteli, del PP, fue presentado en agosto de 2024 como contrario o, al menos, como no partidario de la tasa al considerarla innecesaria, con el argumento de que Asturias todavía no tenía problemas de turismo. Sin embargo, en febrero del año 2026, cuando Vox llevó al Pleno una propuesta para rechazar la tasa turística, el equipo de gobierno ovetense no se sumó a ese rechazo expreso y defendió que no podía pronunciarse sobre una cuestión que todavía era “una gran incógnita” https://bit.ly/42x0mnw
Quien sí se ha situado claramente en contra en Oviedo es Sonsoles Peralta, portavoz de Vox en el Ayuntamiento. Vox reclamó al PP asturiano que se posicionara sobre el pacto presupuestario de Canteli con IU y criticó que en Oviedo se estuvieran alcanzando acuerdos “incluso sobre la implantación de la supuesta tasa turística en el municipio”. Peralta presentó ese posible acercamiento como una deriva del PP ovetense hacia políticas fiscales que, a juicio de Vox, no encajaban con un partido que se define como liberal. Posteriormente, en el Pleno de febrero de 2026, Vox pidió formalmente rechazar la tasa turística en Oviedo https://bit.ly/4tmp6K1
En Llanes, la posición publicada no aparece como un simple “no” ideológico, sino como una oposición condicionada a la falta de concreción del modelo. El alcalde ultra, Enrique Riestra, de VecinosxLlanes, ha sido citado como una de las voces más duras contra la indefinición del Principado. Sus reparos se centran en que lleva años oyendo hablar de la tasa sin avances claros, en la falta de tiempo para aplicarla correctamente, en la necesidad de saber si el dinero quedará en el municipio y en la ausencia de detalles sobre cómo se cobraría, a quién afectaría y qué alojamientos estarían incluidos. Según esa información, Llanes rechazaría el canon si la recaudación no queda en el concejo y si no se diseña para compensar los costes reales de tráfico, limpieza, seguridad, residuos y abastecimiento que soporta en verano https://bit.ly/49ARW2b
En el entorno de Llanes también se ha pronunciado Juan Carlos Armas, concejal del PP llanisco y representante del Ayuntamiento en la Comisión de Turismo de la FEMP. Armas recordó que su partido está en contra de establecer tasas turísticas, aunque admitió que los municipios turísticos necesitan recibir alguna aportación económica para afrontar el aumento estacional de población, ya sea a través de una tasa turística “o de otra manera”, siempre que se analizase y debatiera adecuadamente https://bit.ly/4uMq97n
En cuanto a otros ayuntamientos gobernados por el PP o con alcaldes populares, el caso más citado es Tapia de Casariego, cuyo alcalde, Pedro Fernández, del PP, ha criticado la indefinición del Principado. Su posición publicada no es tanto una negativa cerrada al concepto como una negativa a pronunciarse sin un modelo concreto: señaló que el debate lleva toda la legislatura sin que el Principado haya enviado una propuesta clara a los ayuntamientos y resumió su postura diciendo que, hasta que no se aclaren desde el Gobierno autonómico, los municipios no pueden opinar https://bit.ly/3RyEaqF
A nivel de partido, aunque ya no se trata estrictamente de ayuntamientos, el PP de Asturias se ha posicionado contra la tasa turística planteada por el Principado. Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, defendió que los municipios con presión turística necesitan recursos, pero rechazó que la solución sea implantar una tasa al visitante (la cuadratura del círculo de la derecha extrema asturiana). Planteó como alternativa una bolsa de financiación extra para los concejos afectados, sin necesidad de crear un nuevo gravamen turístico ( la financiación no se sabe todavía de donde saldría). La diputada popular Sandra Camino también la calificó como una “manzana envenenada”, alertando de diferencias entre municipios y de una posible penalización al turismo familiar https://bit.ly/48RUngF
En resumen, Gijón es el ayuntamiento donde el rechazo está más definido, con Moriyón, Pumariega y Martínez Salvador alineados contra aplicarla. Oviedo presenta una posición menos lineal: Canteli la consideró innecesaria, Vox se opone frontalmente, pero el gobierno municipal evitó en febrero de 2026 cerrar una postura definitiva alegando falta de concreción. Llanes y Tapia expresan sobre todo rechazo a la indefinición, reclamando saber cómo se aplicaría, quién recaudaría y si el dinero se quedaría en los municipios que soportan la presión turística.
Con las declaraciones publicadas, la contradicción más clara aparece en el entorno del PP asturiano y del Ayuntamiento de Gijón. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, rechazó la ecotasa en agosto de 2024 y propuso en su lugar una “bolsa de financiación específica” para los concejos turísticos (pero que la paguen los ciudadanos no los que utilizan dichos servicios turísticos). En esa misma intervención admitió expresamente que los alcaldes tienen “un problema de financiación para cubrir los servicios públicos en época estival” y que los municipios asturianos se ven “desbordados por el aumento de turistas y la falta de recursos para garantizar servicios públicos de calidad”. Sin embargo, al mismo tiempo rechazaba que esa financiación saliese de una tasa turística, porque a su juicio “no es necesario recaudar más, sino gestionar mejor”. Ahí está la contradicción política principal: se reconoce que el turismo genera un sobrecoste municipal en verano y se reclama financiación adicional, pero se rechaza una herramienta finalista que precisamente permitiría a los concejos obtener ingresos vinculados a ese impacto turístico (todo muy coherente por parte de aquel que nunca ha gobernado).
Esa contradicción se refuerza con el nuevo modelo que ha explicado el Principado. La vicepresidenta Gimena Llamedo ha detallado que la tasa sería voluntaria, que cada ayuntamiento decidiría si la aplica y en qué porcentaje, y que el Principado asumiría la recaudación para transferir después los fondos trimestralmente a los municipios. También ha señalado que el dinero podría destinarse a la mejora del destino, la movilidad, la desestacionalización, la profesionalización del sector y, de forma expresa, a sufragar los “gastos extraordinarios” que genera el turismo y favorecer la convivencia entre visitantes y residentes. Es decir, el mecanismo que ahora se plantea responde precisamente a la necesidad de financiación municipal que el PP decía detectar, pero los populares mantienen el rechazo a la tasa como figura tributaria.
En Gijón, la posición de Ángela Pumariega, vicealcaldesa, concejala de Turismo y líder local del PP, sigue una línea similar. La contradicción está en que Gijón reclama más financiación para los ayuntamientos, pero rechaza que esa financiación pueda venir de un tributo turístico municipal y voluntario, incluso cuando el modelo anunciado ahora prevé que la recaudación revierta en el propio municipio. La posición gijonesa, además, ha ido acompañada de otro argumento que reduce el margen de coherencia del discurso. Onda Cero recogió que Pumariega negaba que Gijón tuviera un problema para asumir el incremento de costes de los servicios derivado del aumento poblacional relacionado con el turismo, y recordaba que los visitantes también generan ingresos (que se ponga de acuerdo con Queipo porque parece que son de partidos diferentes). Por tanto, en su caso no solo se rechaza la tasa: también se relativiza que exista un sobrecoste turístico municipal, aunque en paralelo se reclama al Principado “más financiación” para los consistorios.
Foro rechaza que el visitante pague una tasa turística específica por alojarse o visitar el municipio, pero plantea que los concejos turísticos reciban más financiación a través del retorno de una parte del IVA ya generado por la actividad turística. Ese IVA lo soportan los consumidores finales de esos bienes y servicios, tanto turistas como residentes, y no funciona como un recargo finalista cobrado directamente al visitante por pernoctar.
Ese matiz es importante: no sería que “lo paguen todos los ciudadanos” en abstracto, sino que el dinero vendría del IVA que ya se recauda por consumos vinculados al turismo. La crítica que sí se puede sostener es que Pumares rechaza un tributo turístico directo y finalista, pero propone financiar el sobrecoste turístico con ingresos fiscales generales ya existentes, soportados por los consumidores que realizan esos consumos, sin una tasa específica al visitante.
En Llanes, la situación es más matizada. El municipio lleva años vinculando el debate turístico a la necesidad de recursos. En 2022, el entonces concejal de Turismo, Iván García, recordaba que la tasa turística había sido propuesta años antes por el alcalde Enrique Riestra como una ayuda a los llaniscos, porque son ellos quienes pagan servicios para una población que puede llegar a triplicarse en temporada alta. García reconocía que Llanes soporta una carga de visitantes que obliga a “redoblar recursos, esfuerzos y servicios” y admitía que la tasa podía estar sobre la mesa con consenso y estudio previo https://bit.ly/42sMtXy
Más tarde, en el año 2024, el concejal del PP de Llanes Juan Carlos Armas, representante del Ayuntamiento en la Comisión de Turismo de la FEMP, recordó que su partido estaba en contra de las tasas turísticas, pero al mismo tiempo sostuvo que los municipios turísticos “tienen que recibir alguna aportación de capital” para afrontar el incremento estacional de población, incluso admitiendo que podría ser “a través de una tasa turística o de otra manera”. En este caso, la contradicción no es tan cerrada como en Gijón, porque Armas no descartaba por completo la tasa como instrumento; lo contradictorio está en la posición general del PP de Queipo, que rechaza la tasa mientras reconoce que los municipios turísticos necesitan recursos extra por la presión estacional (Armas y Queipo deben de ser de partidos diferentes).
El caso de Llanes también muestra cómo algunos ayuntamientos condicionan su apoyo al destino de la recaudación. En diciembre de 2025 se publicó que el alcalde Enrique Riestra rechazaba el canon si el dinero no quedaba en el municipio, alegando que Llanes es uno de los concejos más tensionados en verano y soporta presión sobre tráfico, limpieza, seguridad, residuos y abastecimiento. Esa posición era coherente mientras no estuviera claro el destino del dinero. Sin embargo, el modelo explicado ahora por el Principado sí prevé que la recaudación se transfiera a los ayuntamientos que apliquen la tasa, lo que debilita ese argumento concreto si la negativa se mantiene una vez garantizado el retorno municipal https://bit.ly/4njRefr
También aparece un patrón parecido en otros concejos turísticos. En Tapia de Casariego, el alcalde del PP, Pedro Fernández, criticó que el Principado no hubiera enviado una propuesta concreta y resumió su posición diciendo que, hasta que no se aclarasen desde el Gobierno autonómico, los ayuntamientos no podían opinar. En Castropol, Francisco Javier Vinjoy reconocía que los veranos son cada vez más caros para los ayuntamientos por “más basura, más horas extra, más mantenimiento”, pero definía la tasa como difícil de implantar sin un marco técnico claro. En estos casos, más que una negativa ideológica pura, lo que había era rechazo o reserva por falta de concreción; la posible contradicción aparecería sí, una vez aclarado el marco, se siguiera rechazando cualquier ingreso turístico pese a reconocer esos sobrecostes https://bit.ly/42sNcYM
En conjunto, el patrón es claro: varios dirigentes contrarios a la tasa turística han reconocido que los municipios turísticos soportan gastos adicionales en verano o han reclamado más financiación para afrontarlos. La incoherencia más evidente se da cuando se pide dinero extra para cubrir limpieza, residuos, seguridad, mantenimiento o servicios públicos, pero se rechaza una tasa voluntaria y finalista que, según el diseño anunciado por el Principado, recaudaría el Gobierno autonómico y transferiría después a los ayuntamientos para sufragar precisamente esos gastos extraordinarios. Lo que no puede afirmarse sin matices es que todos los alcaldes “renieguen” de los fondos: algunos han rechazado la tasa por falta de concreción, otros por oposición fiscal y otros solo si la recaudación no revierte en el municipio. La contradicción más sólida, con las fuentes disponibles, está en quienes reclaman más financiación municipal pero descartan que esa financiación proceda de un tributo turístico específico.
Para terminar el post quiero manifestar que la oposición frontal de determinados responsables políticos asturianos de la derecha extrema, como son PP y Foro y la ultraderecha como VecinosxLlanes, a la tasa turística revela una contradicción difícil de disimular. Por un lado, reconocen que los municipios turísticos soportan más presión en verano, más población flotante, más necesidades de limpieza, recogida de residuos, movilidad, seguridad, mantenimiento urbano y servicios públicos. Por otro, cuando se plantea una herramienta específica, voluntaria y vinculada precisamente a quienes generan parte de esa presión, la rechazan en nombre de la presión fiscal. La contradicción no está en pedir más financiación para los concejos turísticos; eso es legítimo. La contradicción está en pedirla mientras se niega que una pequeña contribución turística pueda formar parte de la solución.
El caso del PP asturiano es especialmente claro. Álvaro Queipo afirmó que los alcaldes tienen “un problema de financiación para cubrir los servicios públicos en época estival”, pero al mismo tiempo rechazó la ecotasa y defendió que Asturias no tiene un problema de recaudación, sino de gestión del dinero público https://bit.ly/3R1O4kx Esa posición deja una pregunta política evidente: si se admite que hay un sobrecoste municipal causado por la presión turística, pero se rechaza que el visitante contribuya de forma finalista a sostenerlo, entonces ese coste acaba desplazándose hacia otro lado. Y ese “otro lado” suele ser el presupuesto general, es decir, el conjunto de contribuyentes, incluidos residentes que ya soportan durante todo el año los efectos de la actividad turística.
En Gijón ocurre algo parecido. Ángela Pumariega rechazó la tasa turística con el argumento de que aumentar la presión fiscal no es la solución, pero también reclamó otras fórmulas para que los consistorios reciban mayor financiación https://bit.ly/4tyhLHB . La posición puede resumirse de forma sencilla: no se quiere una tasa al turista, pero sí se quiere más dinero para los ayuntamientos. Esa postura es políticamente cómoda, pero fiscalmente incompleta. Si se piden más recursos, hay que decir de dónde salen. Y si se descarta que una parte proceda de quienes pernoctan, consumen espacio urbano, usan servicios y elevan los costes municipales en temporada alta, entonces se está aceptando que el coste se reparta de manera menos directa y menos corresponsable.
La posición de Foro Asturias, expresada por Adrián Pumares, sigue la misma lógica. Pumares rechazó la tasa turística por considerar que podía proyectar la imagen de una Asturias masificada, pero defendió que la financiación de los municipios turísticos llegase mediante un acuerdo en la FEMP que devolviera parte de lo ya recaudado por el IVA turístico de empresas vinculadas a la actividad https://bit.ly/4nkxLLI La diferencia no es menor: una tasa turística identifica un coste concreto y lo vincula al uso turístico del territorio; el retorno vía IVA diluye ese coste dentro de la recaudación general del consumo, donde pagan turistas y residentes. No es lo mismo pedir corresponsabilidad directa a quien visita que cargar la solución sobre impuestos ya existentes, mezclados con el consumo ordinario de la población.
Resulta especialmente difícil sostener esa oposición cuando el turismo no es una actividad marginal, sino una de las columnas de la economía española. En el año 2025, solo el gasto de los turistas internacionales alcanzó 134.712 millones de euros, según el INE, y Exceltur estimó que el conjunto del sector turístico aportó 218.459 millones de euros a la economía española https://bit.ly/4d5yP2A Con esas magnitudes, defender que el turismo es esencial pero negarse a que contribuya de forma específica al mantenimiento de los servicios que utiliza es una posición débil. Un sector de ese tamaño no puede sostenerse sobre la idea de que sus beneficios son privados o generales, pero sus costes deben absorberlos silenciosamente los ayuntamientos y los vecinos.
La tasa turística no debe presentarse como un castigo al visitante ni como una penalización al sector. Bien diseñada, baja, finalista, transparente y voluntaria para los concejos, es una fórmula de corresponsabilidad. Quien visita un territorio también participa en su desgaste, en su ocupación y en la demanda de servicios. Por tanto, no es desproporcionado que contribuya de manera moderada a conservar aquello que precisamente viene a disfrutar. Lo incoherente es reivindicar más limpieza, más seguridad, mejores accesos, más movilidad, más mantenimiento y más servicios públicos, pero rechazar al mismo tiempo una vía específica para financiarlos.
El debate real, por tanto, no es si los municipios turísticos necesitan más recursos: incluso parte de quienes rechazan la tasa lo han reconocido. El debate es quién debe pagarlos. Y ahí la contradicción queda expuesta. Algunos prefieren que el coste se pierda dentro del IVA, de los presupuestos generales o de transferencias futuras, antes que asumir una tasa turística clara, finalista y vinculada al impacto real de la actividad. Esa posición evita llamar tasa a la financiación, pero no elimina el coste: simplemente lo desplaza. Y desplazar el coste hacia el conjunto de la ciudadanía mientras se presume de defender al vecino no es una solución; es una forma de esconder quién paga realmente la factura del éxito turístico.
Ya lo dijo José Luís Sampedro: “Lo público no se mantiene con discursos, sino con responsabilidad compartida.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario