La noticia publicada por La Nueva España aborda la continuidad de la subida del precio de los alquileres en Gijón, una tendencia que, según los datos del informe de Idealista correspondiente al cierre estadístico de marzo de 2026, afecta ya a todos los distritos de la ciudad. El precio medio del metro cuadrado de vivienda en alquiler se situó en 11,2 euros al finalizar el primer trimestre del año, lo que representa un incremento interanual del 8,8%.
El informe refleja que la subida no es homogénea, aunque sí generalizada. Todos los distritos gijoneses registraron aumentos en el precio del alquiler durante los últimos doce meses, pero algunos superaron la media de la ciudad. Es el caso del distrito Centro, con una subida del 9%; del Oeste, con un 9,2%; y especialmente del Este, donde el incremento alcanzó el 10,8%, el mayor de todos los distritos analizados. En este último, además, la oferta actual muestra que no hay viviendas disponibles por debajo de los 650 euros mensuales.
La zona este aparece como una de las áreas más caras y tensionadas del mercado. De alrededor de un centenar de viviendas ofertadas en el portal inmobiliario, las más baratas se sitúan en 650 euros, pero corresponden a pisos en plantas altas sin ascensor y bajo la modalidad de alquiler de temporada, de septiembre a junio. La franja con mayor número de anuncios se mueve entre los 850 y los 950 euros mensuales, aunque también aparecen viviendas con rentas muy superiores, de hasta 3.000 o 5.000 euros.
En el distrito centro, la oferta es más amplia que en otros barrios, pero los precios también son elevados. Las rentas van aproximadamente de los 600 a los 3.000 euros al mes. La noticia destaca de nuevo el peso de los alquileres de temporada, que reduce las posibilidades de encontrar una vivienda estable durante todo el año. Entre las opciones de larga duración citadas figuran un loft de 37 metros cuadrados en la calle de Los Moros por 700 euros mensuales, para el que se exigen nóminas y fiador, y un ático de 40 metros cuadrados en Marqués de San Esteban por 1.000 euros al mes.
En la zona oeste, aunque el informe detecta una bajada de precios respecto al mes de febrero, el precio medio queda en 10,1 euros por metro cuadrado y la oferta disponible es reducida, con unas 35 viviendas. Salvo un piso anunciado para estancias cortas por 470 euros, el resto de los alquileres supera los 650 euros y, en la práctica, se sitúa más cerca de los 700 euros o por encima. También se mencionan alquileres de 3.000 euros durante los meses de verano en zonas próximas a Naval Azul y la playa de Poniente.
El distrito de El Llano presenta un precio medio de 10,3 euros por metro cuadrado. En esta zona, la noticia señala que el alquiler más bajo se sitúa en torno a los 600 euros para un apartamento de 41 metros cuadrados y una habitación, ubicado a unos diez minutos del paseo de Begoña. También se citan ejemplos como un dúplex en la calle Mon por 850 euros mensuales o un piso recién reformado de tres habitaciones en la calle Electra por 1.000 euros al mes. Para los meses de verano, el precio máximo mencionado alcanza los 2.300 euros en julio y los 2.800 en agosto por una vivienda de tres habitaciones en la calle Poeta Alfonso Camín.
El distrito sur es el que presenta el precio medio más bajo, con 9,8 euros por metro cuadrado, pero esa cifra no se traduce necesariamente en alquileres baratos. La oferta es muy limitada, con solo 16 viviendas disponibles, y no hay ninguna por debajo de los 750 euros mensuales. La opción más económica citada es una vivienda de dos habitaciones en la calle Cataluña, construida en 1968. En el extremo contrario, aparece un chalet de lujo en alquiler de larga duración junto a la Escuela de Fútbol de Mareo, en el camino de La Marruca, por 4.200 euros al mes.
En conjunto, la noticia describe un mercado del alquiler en Gijón marcado por el encarecimiento generalizado, la escasez de oferta asequible y la presencia creciente de alquileres de temporada, especialmente en las zonas más demandadas. Aunque existen diferencias entre distritos, los precios mínimos se sitúan ya en niveles elevados en buena parte de la ciudad, con pocas opciones por debajo de los 600 o 650 euros y con importes mucho más altos en las áreas del Centro, Este y zonas próximas a la playa.
El problema de la vivienda en España no se debe principalmente a los precios, sino a la falta de oferta disponible. La tesis principal es que en España faltan viviendas para atender el crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares. Como dato central, el país llegó a construir más de 650.000 viviendas al año durante la etapa de la burbuja inmobiliaria allá por el año 2008, mientras que en la actualidad apenas se terminan unas 90.000 viviendas anuales. Frente a esa cifra, la creación de hogares se sitúa en torno a las 200.000 unidades al año, lo que genera una brecha entre la demanda de vivienda y la capacidad del mercado para ofrecerla.
Esa escasez se debe a varios factores: falta de suelo disponible, exceso de burocracia, inseguridad jurídica, falta de mano de obra y encarecimiento de los materiales. Estas circunstancias han convertido la construcción de vivienda en una actividad con más riesgo, menos rentabilidad y plazos más inciertos.
España no está ante una nueva burbuja inmobiliaria. Para sostenerlo, hay que indicar que, descontada la inflación, la vivienda sigue siendo un 25,9% más barata que en 2007, según datos del Índice Único Informatizado Notarial. El verdadero problema está en la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, ya que entre 2013 y 2025 el precio nominal del metro cuadrado ha crecido en línea con el PIB, mientras que la renta per cápita ha quedado rezagada.
La presión fiscal, los salarios insuficientes y la inflación han reducido la capacidad de los hogares para acceder a una vivienda. En este sentido, casi cuatro de cada diez inquilinos destinan más del 40% de su renta a vivienda y suministros, el doble que la media europea. Por tanto, el problema no se presenta como una burbuja especulativa, sino como un desequilibrio entre ingresos, costes y falta de vivienda disponible https://bit.ly/4tijmkG
Lo que muestra la fotografía del mercado inmobiliario de Gijón es una ciudad donde el alquiler ha dejado de ser un problema limitado a las zonas más caras y se ha convertido en una dificultad general para acceder a una vivienda estable. El dato central es claro: el precio medio del alquiler se situó en marzo de 2026 en 11,2 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8,8%, y en abril alcanzó ya los 11,3 euros por metro cuadrado, máximo de la serie de Idealista para la ciudad. El problema no está solo en la media, sino en que los precios mínimos de entrada se han desplazado hacia arriba: en buena parte de Gijón encontrar algo por debajo de 600 o 650 euros es excepcional, y en algunos distritos directamente no aparece oferta por debajo de esas cantidades https://bit.ly/4tOAiQC
Traducido a la vida cotidiana, esto significa que una persona sola con ingresos bajos o medios queda prácticamente expulsada del mercado. El Salario Mínimo Interprofesional del año 2026 está fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 17.094 euros brutos anuales. Incluso prorrateando esas 14 pagas en 12 mensualidades, un alquiler de 650 euros consume alrededor del 46% del SMI bruto mensualizado; uno de 750 euros se va por encima del 52%; uno de 850 euros roza el 60%; y uno de 950 o 1.000 euros absorbe entre dos tercios y un 70% de ese ingreso bruto. Eurostat considera sobrecarga residencial cuando los costes de vivienda superan el 40% de la renta disponible del hogar, y aquí muchos alquileres de entrada ya rebasan ese umbral incluso antes de sumar suministros, comunidad, fianza, transporte o alimentación https://bit.ly/4tSlnoN
La situación es especialmente dura para los jóvenes. Según el INE, en el año 2024 el salario medio bruto de los menores de 25 años fue de 1.372,8 euros mensuales, mientras que el de las personas de 25 a 34 años fue de 2.131,6 euros. Con esas cifras, un joven menor de 25 años que alquile solo por 650 euros ya destina casi la mitad de su salario bruto al alquiler; si paga 750 euros, supera el 54%; y si entra en la franja más habitual de 850 a 950 euros, queda entre el 62% y el 69% de su salario bruto. En el grupo de 25 a 34 años la situación mejora, pero tampoco se normaliza: 850 euros suponen casi el 40% del salario bruto medio y 950 o 1.000 euros lo colocan ya claramente por encima del umbral de sobrecarga https://bit.ly/4uqkqUr
Para una pareja con dos salarios estables, el acceso puede parecer más posible, pero a costa de una condición cada vez más exigente: que ambos trabajen, que ambos tengan ingresos suficientes y que ninguno caiga en temporalidad, paro, parcialidad involuntaria o precariedad. Una pareja joven con dos sueldos bajos puede llegar a pagar 850 o 950 euros, pero con un margen estrecho para ahorrar, tener hijos, afrontar imprevistos o plantearse una compra. Para una persona sola, una familia monoparental, un trabajador con contrato parcial, un pensionista con ingresos modestos o una persona migrante con dificultades añadidas para reunir avales, nóminas y garantías, el mercado directamente se estrecha hasta dejar muy pocas opciones reales.
Los datos asturianos confirman esa presión. El informe citado por Europa Press sobre emancipación juvenil en Asturias sitúa la renta mediana de una vivienda libre en 752 euros mensuales, equivalente al 33,1% de los ingresos de un hogar joven y al 63,7% del salario si se trata de una persona joven que vive sola. Es decir, el alquiler medio ya puede ser asumible solo cuando se comparte renta dentro del hogar; para quien intenta emanciparse individualmente, se convierte en una carga desproporcionada https://bit.ly/42LMhm9
La consecuencia social es que la vivienda deja de funcionar como base de autonomía y pasa a actuar como filtro de clase. No accede quien necesita vivir en la ciudad, sino quien puede demostrar solvencia, asumir precios altos o aceptar fórmulas precarias como alquileres de temporada, pisos pequeños, viviendas sin ascensor, contratos cortos o convivencia forzada. El INE señalaba en el año 2025 que el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años seguía viviendo con sus padres y que, entre ellos, el 34,6% decía no poder permitirse alquilar y el 12,7% no poder comprar. Además, entre quienes buscaron vivienda sin lograr mudarse, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal motivo https://bit.ly/4tbVU8w
En este contexto, la crítica al gobierno municipal de Carmen Moriyón, sostenido por Foro y PP y con el apoyo del edil tránsfuga, en votaciones clave como el presupuesto año 2026, tiene una base material: la ciudad afronta una emergencia de acceso a la vivienda mientras el debate político municipal coloca en el centro grandes proyectos urbanos de alto coste. El presupuesto municipal de 2026 fue aprobado gracias al voto del edil tránsfuga y asciende a 309,99 millones de euros, con un consolidado de 430,96 millones. Dentro de ese reparto, EMVISA (la empresa de vivienda pública) cuenta con 7,63 millones de euros https://bit.ly/3OTMqkl
El contraste con la obra del soterramiento del Muro es muy fuerte. El estudio de viabilidad sitúa el coste de esa actuación entre 120 y 137 millones de euros, con una posible aportación municipal en torno al 25%, lo que supondría aproximadamente entre 30 y 34 millones de euros de dinero público municipal si se mantiene ese esquema. El propio proyecto se plantea como una operación con tráfico soterrado, aparcamientos subterráneos, peatonalización en superficie y hasta 1.461 plazas de aparcamiento en el escenario de tres niveles https://bit.ly/4n5zOmC
La comparación presupuestaria es reveladora: una aportación municipal de 30 a 34 millones para el Muro equivaldría aproximadamente a cuatro veces el presupuesto anual de EMVISA y a unas treinta veces la partida de inversiones de 1,025 millones prevista para compra de viviendas de alquiler social, mejoras de habitabilidad y nuevas promociones en La Calzada y Cimadevilla. No se trata de negar cualquier intervención urbana, sino de señalar que, cuando miles de personas no pueden acceder a una vivienda estable, la prioridad pública debería estar mucho más claramente orientada a aumentar el parque de vivienda pública, comprar vivienda para alquiler social, rehabilitar inmuebles, movilizar vivienda vacía y promover alquiler asequible https://bit.ly/4dnSoTP
La radiografía final es la de una ciudad partida entre la Gijón que se revaloriza y la de un Gijón que no puede pagar esa revalorización. Los datos de alquiler muestran precios al alza, escasez de oferta asequible y peso creciente del alquiler temporal. Los datos salariales muestran que jóvenes, personas solas, hogares con ingresos bajos y familias con una sola nómina quedan sometidos a esfuerzos económicos que superan los umbrales razonables. Y la acción municipal, aunque incluye programas de vivienda, aparece descompensada cuando se compara la escala de los recursos destinados a vivienda pública con la ambición financiera de proyectos como el soterramiento del Muro. En una ciudad donde alquilar ya exige demasiado a demasiada gente, la prioridad política debería medirse por viviendas disponibles y asequibles, no por grandes obras de escaparate.
La situación del mercado inmobiliario de Gijón tiene su réplica idéntica en la situación del mercado inmobiliario de Llanes: en ambos casos la vivienda en alquiler se ha convertido en un bien de acceso difícil para una parte importante de la población. La diferencia está en la forma que adopta el problema. En Gijón pesa más la tensión de una ciudad grande, con barrios enteros al alza, precios mínimos cada vez más altos y un mercado residencial amplio pero encarecido. En Llanes, en cambio, el problema aparece concentrado en un municipio mucho más pequeño, con menos oferta estable, fuerte presión turística, mucho alquiler de temporada y una parte relevante del parque residencial fuera del uso habitual.
En Gijón, el dato de referencia es que el alquiler alcanzó en abril de 2026 los 11,3 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8%, mientras que la media asturiana se situó en 10,5 euros. Llanes no aparece con una media general completa de alquiler en esa tabla de Idealista, pero sí con una valoración de 8,3 euros por metro cuadrado para pisos y apartamentos en alquiler. La comparación directa puede llevar a engaño: Gijón es más caro por metro cuadrado, pero Llanes presenta una dificultad añadida, que es la falta de vivienda disponible para vivir todo el año. Es decir, en Gijón el problema se ve con más claridad en el precio; en Llanes, en la escasez de oferta residencial estable y en la conversión de vivienda hacia usos temporales o turísticos https://bit.ly/4f0JqNu
La propia situación administrativa confirma que Llanes está en una posición de tensión residencial. El Principado declaró como zonas de mercado residencial tensionado el núcleo urbano de Llanes y Posada, junto con Arenas y Poo en Cabrales, con una duración inicial de tres años prorrogables. Esa declaración no se produce en un vacío: responde a una situación en la que acceder a una vivienda habitual se ha vuelto especialmente difícil. Según la información publicada por COPE, en Llanes encontrar alquiler de larga duración es descrito por el sector inmobiliario local como prácticamente imposible, debido al desvío de la oferta hacia el alquiler vacacional, más rentable para los propietarios https://bit.ly/4ersDDg
La oferta visible en los portales refuerza esa radiografía. En el momento consultado, Idealista mostraba 53 viviendas en alquiler en Llanes, pero el filtro de alquiler temporal recogía 48 anuncios. Eso significa que la gran mayoría de la oferta disponible en ese portal estaba marcada por la temporalidad. Además, varios anuncios que aparecen con precios bajos no responden a una vivienda estable para todo el año, sino a estancias concretas, periodos hasta junio, alquileres de septiembre a junio o fórmulas que dejan libre la vivienda en verano https://bit.ly/3PnnZff
Ahí aparece la similitud más fuerte con Gijón: tanto en una ciudad como en la otra, el alquiler de temporada reduce la oferta real para quien necesita una vivienda como hogar permanente. Pero en Llanes el efecto es más severo porque el mercado es mucho más pequeño. Cuando en una ciudad grande como Gijón desaparece parte de la oferta estable, el golpe es grave; pero cuando eso ocurre en un concejo pequeño como Llanes con una oferta reducida, el resultado es directamente la expulsión práctica de trabajadores, jóvenes, familias con rentas medias o bajas y personas que obtienen plaza o empleo en la zona pero no encuentran dónde vivir.
Los precios que se citan para Llanes muestran esa tensión con claridad. Según COPE, un apartamento de una habitación puede rondar los 500 o 600 euros mensuales y uno de dos habitaciones puede situarse en torno a los 800 euros. Con el SMI de 2026 fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 17.094 euros brutos anuales, un alquiler de 600 euros ya consume alrededor del 42% del SMI prorrateado en doce meses, y uno de 800 euros se lleva más del 56%. Eurostat considera sobrecarga residencial cuando los costes de vivienda superan el 40% de la renta disponible del hogar, y en Llanes muchos hogares superarían ese umbral solo con la renta, antes de sumar luz, agua, calefacción, comunidad, transporte o alimentación https://bit.ly/4wdXQAg
Para los jóvenes, la situación es especialmente restrictiva. El INE sitúa el salario medio bruto de los menores de 25 años en 1.372,8 euros mensuales en 2024 y el de las personas de 25 a 34 años en 2.131,6 euros. Con esas cifras, un joven menor de 25 años que alquile solo en Llanes por 600 euros destina cerca del 44% de su salario bruto al alquiler; si necesita una vivienda de dos habitaciones por 800 euros, el esfuerzo supera el 58%. En el grupo de 25 a 34 años, un alquiler de 800 euros supone alrededor del 38% del salario bruto medio, muy cerca del umbral de sobrecarga incluso antes de añadir suministros https://bit.ly/42ewnR6
Para una pareja con dos salarios estables, Llanes puede parecer más accesible, pero esa lectura depende de que ambos tengan empleo, contrato suficiente y continuidad laboral. Un alquiler de 800 euros puede entrar dentro de lo soportable para dos nóminas, pero deja de serlo para una pareja con un solo ingreso, para una familia monoparental, para trabajadores temporales ligados al turismo, para jóvenes en empleos parciales o para personas mayores con pensiones modestas. El mercado queda así organizado en torno a quienes pueden acreditar solvencia y aceptar condiciones temporales, no necesariamente en torno a quienes necesitan vivir en el concejo durante todo el año.
El peso de la vivienda no principal y turística es otro dato clave. Según datos del INE recogidos por el Observatorio de Vivienda Turística, Llanes tenía en noviembre de 2025 un total de 846 viviendas turísticas, con 4.545 plazas, equivalentes al 5,21% del parque residencial. El Censo de Población y Viviendas del año 2021 contabilizaba 16.224 viviendas familiares en el municipio, de las cuales 6.090 eran principales y 10.134 no principales. Esto no significa que todas las viviendas no principales sean turísticas, pero sí muestra una estructura residencial muy marcada por segundas residencias, usos temporales y viviendas que no funcionan como hogar permanente.
La diferencia con Gijón, por tanto, no es que Llanes tenga exactamente el mismo problema, sino que su problema es aún más dependiente del turismo y de la estacionalidad. Gijón vive una subida generalizada del alquiler urbano, con distritos donde los precios mínimos ya expulsan a muchas rentas. Llanes vive una combinación distinta: menos viviendas disponibles, fuerte atractivo turístico, abundancia de alquiler temporal, presión sobre los núcleos más demandados y dificultad extrema para encontrar alquiler de larga duración. En Gijón se encarece la ciudad; en Llanes se estrecha el municipio hasta dejar fuera a quienes necesitan residir allí de manera permanente.
La radiografía final es la de dos mercados distintos con una consecuencia social parecida. En ambos lugares, la vivienda deja de ser una base segura para organizar la vida y pasa a funcionar como barrera de entrada. En Gijón, esa barrera se expresa en precios mínimos cada vez más altos en barrios enteros. En Llanes, se expresa en la desaparición práctica de la vivienda estable frente a la vivienda turística, temporal o de temporada. Para jóvenes, trabajadores con salarios medios o bajos, familias con una sola nómina, personal público desplazado al concejo o vecinos que quieren seguir viviendo allí, el resultado es el mismo: el alquiler disponible no encaja con la renta real de una parte amplia de la población.
Para terminar el post quiero manifestar como epílogo, la situación de la vivienda en Gijón y Llanes deja una imagen difícil de justificar desde la prioridad social. En ambos municipios, aunque con realidades distintas, el acceso a una vivienda se ha convertido en un problema cotidiano para jóvenes, trabajadores, familias con ingresos medios o bajos, personas solas y vecinos que necesitan vivir donde trabajan. En Gijón, la presión se expresa en alquileres cada vez más altos, mínimos que ya rondan o superan los 600, 650, 750 u 850 euros y una oferta estable cada vez más limitada. En Llanes, el problema se agrava por la escasez de alquiler de larga duración, el peso del alquiler temporal y turístico y una estructura residencial que deja poco margen a quien busca una vivienda para todo el año.
Frente a esa realidad, resulta legítimo cuestionar unas prioridades políticas que destinan el debate, los recursos y la energía institucional a grandes actuaciones urbanas como el soterramiento del Muro en Gijón o proyectos como El Cinemar en Llanes, mientras la vivienda continúa sin una respuesta pública suficiente. No se trata de negar que una ciudad o una villa puedan mejorar sus espacios, rehabilitar edificios o acometer obras urbanas, sino de señalar que hay momentos en los que la jerarquía de necesidades debería ser evidente. Cuando una parte creciente de la población no puede emanciparse, no puede alquilar sola, no puede formar un hogar o se ve empujada fuera de su propio municipio, la prioridad no puede ser sacar brillo a la fachada urbana, sino garantizar condiciones materiales para vivir en ella.
El contraste es especialmente duro porque la vivienda no es un lujo ni un complemento estético del modelo de ciudad: es la base desde la que se organiza la vida. Sin vivienda accesible no hay arraigo, no hay juventud que se quede, no hay familias que puedan planificar su futuro, no hay trabajadores que sostengan los servicios locales y no hay comunidad que resista la presión de un mercado cada vez más orientado a quien puede pagar más o a quien llega solo por temporadas. En Gijón, la distancia entre los recursos que pueden movilizarse para grandes obras y los destinados a vivienda pública muestra una descompensación política evidente. En Llanes, la persistencia del problema revela que el atractivo turístico y la dinámica inmobiliaria han avanzado más rápido que la capacidad institucional para proteger el uso residencial estable.
La crítica, por tanto, no es abstracta ni ideológica: nace de comparar necesidades reales con decisiones públicas concretas. Si durante años los gobiernos municipales han tenido capacidad para promover, estudiar o defender proyectos urbanos de alto coste, también deberían haber tenido capacidad para colocar la vivienda en el centro de su acción política. Eso significa más vivienda pública, más alquiler social, más rehabilitación con destino residencial, más movilización de vivienda vacía, más control sobre los usos que expulsan a los vecinos y una planificación que piense primero en quien vive todo el año en el municipio.
Gijón y Llanes no necesitan únicamente ciudades más vistosas o equipamientos más relucientes. Necesitan que vivir en ellas no sea un privilegio. Mientras el dinero público se oriente antes a obras de escaparate que a resolver el acceso a un bien básico, la brecha entre la ciudad que se promociona y la ciudad que realmente habitan sus vecinos seguirá creciendo. Y esa es la contradicción de fondo: se embellece el decorado mientras muchas personas quedan fuera de escena.
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