EL “CASO VALLADARES” DESNUDA AL GOBIERNO DE ENRIQUE RIESTRA DE VXLL Y PP

Ayer el partido, VecinosxLlanes, emitió un comunicado en redes sociales que se puede leer en el siguiente enlace https://bit.ly/4u9oA3s Este comunicado es una prueba evidente de que lo que siempre ha sucedió en Llanes desde que alcanzaron el gobierno municipal VxLl y PP, en junio del año 2015, esto sigue ahora con el “caso Valladares”… La opacidad de un gobierno de la “omerta” política.

La reacción del partido, VecinosxLlanes, ante la dimisión de Juan Valladares presenta un respaldo político claro a su compañero, al que atribuye honestidad, responsabilidad y coherencia. Sin embargo, si nos ceñimos estrictamente a lo que dice la carta y a lo que el propio comunicado permite comprobar, esa justificación deja varios puntos esenciales sin aclarar.

Foto: la raíz del gobierno ultra del Ayuntamiento de Llanes: Juan Valladares, Enrique Riestra y Juan Carlos Armas 

El primer agujero es que se habla de responsabilidad, pero no se explica con precisión qué régimen de custodia tenía la documentación. La carta reconoce que existía una caja o documentación sometida a un régimen específico que prohibía expresamente acceder a su contenido sin las debidas garantías. Pero no se aclara quién estableció ese régimen, en qué norma o instrucción se basaba, quién era la persona responsable de custodiarla y qué procedimiento concreto debía seguirse para acceder a ella. Sin esa explicación, la ciudadanía llanisca solo conoce la admisión del error, pero no el alcance real de la irregularidad.

El segundo punto débil de dicho comunicado de VxLl es que el comunicado del partido convierte la dimisión en el centro del relato, pero no responde al problema administrativo de fondo. Que un cargo público dimita puede ser una forma de asumir responsabilidad política, pero no sustituye la obligación de explicar cómo fue posible que un concejal accediera a documentación custodiada, utilizando una llave o solicitando datos, sin que se activaran controles suficientes. La pregunta no es solo por qué lo hizo Valladares, sino cómo pudo hacerse.

El tercer agujero del comunicado de VxLl está en la apelación al desconocimiento. La carta insiste en que Valladares no podía imaginar que esos documentos estaban sometidos a ese régimen especial de custodia. Ese dato puede ser relevante para valorar la intención, pero no resuelve la cuestión principal: si la documentación era tan sensible como para estar protegida, resulta necesario saber por qué un concejal con responsabilidades en la materia desconocía las reglas básicas de acceso, quién debía habérselas comunicado y qué protocolos existían para evitar precisamente ese tipo de situaciones.

El cuarto punto sin resolver es el papel del gobierno municipal. Valladares afirma que habló con el alcalde antes de que la técnica competente elaborara ningún informe y le comunicó su propósito de dimitir. Pero la reacción política no aclara qué hizo después el gobierno municipal: si se abrió informe interno, si se documentó formalmente el acceso, si se revisó la custodia de la caja, si se comprobó la integridad de la documentación o si se adoptaron medidas para garantizar que nada había sido alterado. La transparencia no puede quedarse en una carta personal.

El quinto punto discutible es que se exima de responsabilidad a todos los trabajadores municipales sin explicar antes los hechos completos. Valladares afirma que quienes le facilitaron una llave o un dato actuaron correctamente y que él es el único responsable. Esa afirmación puede expresar una voluntad de proteger a terceros, pero institucionalmente no basta con declararlo. Si había una documentación especialmente custodiada, debe aclararse quién podía facilitar acceso al despacho, bajo qué condiciones y con qué conocimiento del régimen de custodia. No se trata de señalar culpables sin pruebas, sino de reconstruir el procedimiento.

El sexto agujero está en el desplazamiento del foco. La carta dedica una parte importante a criticar la burocracia, las malas prácticas de otros políticos y el funcionamiento general de la Administración. Esa reflexión puede ser legítima, pero no responde a la pregunta concreta que afecta a los vecinos de Llanes: qué ocurrió exactamente con una documentación municipal protegida y qué garantías existen de que el procedimiento administrativo no quedó comprometido.

El séptimo punto es que la reacción del partido VxLl destaca la honradez del dimitido, pero no ofrece una explicación institucional propia. El partido respalda la dimisión como un gesto honorable, pero no aporta datos nuevos sobre la custodia, el informe técnico, el procedimiento vulnerado o las medidas correctoras. En términos políticos, el partido VxLl cierra filas en torno a la conducta personal de Valladares; en términos de transparencia, deja abiertas demasiadas preguntas.

Con prudencia, no se puede afirmar a partir de la carta que exista delito. Tampoco se puede afirmar que hubiera intención de alterar, sustraer o manipular documentación. Pero sí se puede afirmar que la propia carta reconoce una actuación irregular: acceso por cuenta propia a documentación sometida a custodia especial. Y ante eso, la dimisión no debería ser el final de la explicación, sino el inicio de una aclaración completa.

Los vecinos de Llanes tienen derecho a saber qué documentación era, por qué estaba custodiada, quién debía custodiarla, qué procedimiento se incumplió, qué informe se emitió, si la documentación fue revisada después del acceso y qué medidas adoptará el Ayuntamiento para que algo así no vuelva a suceder. La responsabilidad política puede asumirse con una dimisión; la confianza de los llaniscos solo se recupera con hechos, informes y transparencia.

La entrevista concedida por el alcalde ultra de VecinosxLlanes, Enrique Riestra, publicada el día 10 de este mes en la prensa regional llegaba envuelta en un mensaje de balance triunfal: once años de alcaldía, cuentas saneadas, gestión responsable, estabilidad de gobierno y una idea repetida de fondo: VecinosxLlanes gobierna de otra manera https://bit.ly/4wmj2E2 En esa entrevista, el alcalde defendía que su equipo estaba centrado en cumplir el programa electoral y en “seguir gestionando el Ayuntamiento lo mejor posible”; afirmaba que la relación con el PP era sana; sostenía que “gobiernan mejor dos que cuatro”; y remataba con una frase especialmente rotunda: “Lo estamos haciendo muy bien”. También presentaba como uno de sus grandes méritos haber salvado al concejo de la quiebra y gestionar “el dinero de los llaniscos con responsabilidad”.

El problema político surge cuando, apenas unas horas después de ese relato de ejemplaridad, estalla el “caso Valladares”. No hablamos aquí de rumores ni de interpretaciones: hablamos de un concejal del propio equipo de gobierno que reconoce haber accedido por su cuenta a documentación municipal sometida a un régimen específico de custodia, vinculada a la adjudicación de parcelas agrícolas en la Sierra Plana de Purón. La dimisión se produce después de que el propio Valladares admita un acceso indebido o irregular a documentación municipal y asuma personalmente la responsabilidad de lo ocurrido.

La contradicción política es evidente. Un gobierno que presume públicamente de rigor, responsabilidad y buena gestión queda obligado a explicar cómo pudo producirse dentro del propio Ayuntamiento una actuación que su mismo concejal reconoce como incorrecta. No se trata de negar que Valladares haya dimitido ni de discutir que haya asumido una responsabilidad política individual. Se trata de señalar que la dimisión no borra el hecho administrativo que la provoca ni responde por sí sola a las preguntas que quedan abiertas.

La entrevista del alcalde ultra proyectaba una imagen de control, solvencia y ejemplaridad institucional. El caso Valladares, en cambio, muestra una grieta en esa imagen: documentación bajo custodia especial, acceso por cuenta propia, utilización de una llave o búsqueda de una forma de entrar, comunicación posterior al alcalde y dimisión antes de que se cerrase públicamente una explicación completa. Esos son los elementos que permiten hablar de contradicción política sin necesidad de añadir nada más, tras las declaraciones del alcalde de Llanes.

La primera contradicción está entre el discurso de la gestión responsable y la realidad de un procedimiento sensible que, por lo conocido, no estuvo suficientemente blindado. Si una documentación municipal estaba sometida a custodia especial, los vecinos tienen derecho a saber quién debía custodiarla, qué protocolo existía, cómo pudo accederse a ella y qué controles fallaron. La responsabilidad política de Valladares no agota la responsabilidad institucional del gobierno municipal.

La segunda contradicción está entre la afirmación de que “lo estamos haciendo muy bien” y la necesidad de explicar un episodio que afecta directamente al funcionamiento interno de la administración municipal. Un gobierno puede defender su balance económico, turístico o político, pero cuando se produce una irregularidad reconocida en el acceso a documentación pública, la vara de medir ya no es el relato de gestión, sino la transparencia con la que se aclaran los hechos.

La tercera contradicción aparece en el intento de convertir la dimisión en prueba suficiente de ejemplaridad. Dimitir puede ser un gesto correcto, pero no puede convertirse en un cortafuegos para evitar preguntas. La ejemplaridad no consiste solo en que un cargo abandone su puesto cuando comete un error; consiste también en que la institución explique qué ocurrió, qué informe se hizo, si la documentación fue revisada después del acceso y qué medidas se adoptarán para que no vuelva a suceder.

La cuarta contradicción afecta al propio alcalde ultra Enrique Riestra. Según el relato conocido, Valladares comunicó lo sucedido al alcalde antes de que la técnica competente elaborase informe. Por tanto, el alcalde no aparece como alguien ajeno al episodio una vez conocido, sino como la máxima autoridad municipal informada de lo ocurrido desde una fase temprana. Eso hace inevitable una pregunta política: ¿qué hizo el gobierno municipal desde ese momento para documentar, aclarar y garantizar la integridad del procedimiento?... No hay respuesta.

La quinta contradicción es de relato. VecinosxLlanes ha construido buena parte de su identidad política sobre la idea de hacer las cosas de otra manera, lejos de las malas prácticas, con honradez y sentido del bien común que criticaban en los socialistas de Llanes. Precisamente por eso, cuando uno de sus concejales reconoce un acceso indebido a documentación custodiada, la respuesta no puede limitarse a ensalzar la actitud personal del dimitido. Si se exige ejemplaridad a los demás, hay que aplicarla también hacia dentro dando todas las explicaciones, que de momento, han hurtado a los llaniscos.

Con los datos conocidos, no puede afirmarse que exista delito. Tampoco puede afirmarse que Valladares actuase con ánimo de alterar, sustraer o manipular documentos. Pero sí puede afirmarse que hubo una irregularidad reconocida en el acceso a documentación municipal protegida. Y eso, en un Ayuntamiento y gobierno municipal, no es una cuestión menor ni puede despacharse únicamente con una carta de despedida y una defensa política del compañero.

La verdadera prueba de ejemplaridad para el gobierno de Enrique Riestra no está en decir que se gestiona bien ni en proclamar que se gobierna con responsabilidad. Está en explicar con claridad qué pasó, qué documentación estaba custodiada, qué procedimiento se incumplió, quién tenía la obligación de proteger esos documentos, qué informe técnico existe y qué medidas se van a tomar. Porque la confianza pública no se sostiene solo con titulares de balance ni con dimisiones individuales: se sostiene con hechos, transparencia y rendición de cuentas.

En apenas veinticuatro horas, el relato de gobierno ejemplar de VxLl y PP se encontró con una realidad incómoda dentro de su propia casa. Y esa es la cuestión política de fondo: cuando un gobierno presume de hacer las cosas mejor que los demás, debe aceptar también un nivel mayor de exigencia cuando algo falla. La dimisión de Valladares asume una parte de la responsabilidad, pero no responde a todo. Llanes merece saber qué ocurrió de principio a fin.

Con la información pública localizada hasta ahora del “caso Valladares”, no consta una explicación institucional del alcalde ultra, Enrique Riestra, que responda punto por punto a lo sucedido. Lo que sí consta es que la entrevista al alcalde proyectaba un relato de buena gestión —“seguir gestionando el Ayuntamiento lo mejor posible”, “gobiernan mejor dos que cuatro” y “lo estamos haciendo muy bien”— mientras, al día siguiente, se hacía pública la dimisión de un concejal de su propio gobierno por acceder de forma irregular a documentación municipal bajo custodia específica.

Ese silencio, entendido con prudencia, no puede presentarse como una confesión de culpa ni como prueba de encubrimiento. Eso sería ir más allá de los hechos conocidos. Pero políticamente sí puede entenderse como una falta de rendición de cuentas ante un episodio que afecta directamente al funcionamiento interno del Ayuntamiento. Valladares no era un vecino particular ni un empleado externo: era concejal del equipo de gobierno, con responsabilidades en Agroganadería, Hacienda y Sanciones, y el propio relato publicado indica que comunicó lo ocurrido al alcalde antes de formalizar su salida.

El problema para Enrique Riestra no es solo que dimita un concejal. El problema es que dimite por un hecho que revela una grieta administrativa: documentación municipal sometida a custodia especial, acceso por cuenta propia, ausencia de la funcionaria responsable, uso o solicitud de medios para entrar, comunicación posterior al alcalde y falta, por ahora, de una explicación institucional completa sobre qué falló. En un gobierno que presume de rigor, ejemplaridad y buena gestión, ese vacío explicativo pesa más que cualquier frase de campaña.

La reacción mínima esperable de un alcalde en una situación así no debería limitarse a aceptar la dimisión ni a dejar que el partido envuelva el asunto en un relato de honor personal. La alcaldía debería explicar qué tipo de documentación era, por qué estaba custodiada, quién tenía la responsabilidad formal de custodiarla, qué protocolo se incumplió, si existe informe técnico, si se verificó la integridad de la documentación después del acceso y qué medidas se van a adoptar para impedir que vuelva a suceder. Esas preguntas no son ataques personales: son exigencias básicas de funcionamiento democrático.

Lo que demuestra esta forma de actuar, si se mantiene sin explicación pública suficiente, es una concepción pobre de la transparencia. La transparencia no consiste en publicar una carta del dimitido ni en elogiar su dimisión como gesto honorable. La transparencia consiste en que el máximo responsable político del Ayuntamiento dé la cara cuando un miembro de su gobierno reconoce una actuación irregular dentro de un procedimiento administrativo. Más aún cuando la oposición ya ha reclamado “máxima transparencia, explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas” y ha pedido que Riestra aclare qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo a partir de ese momento https://bit.ly/4u1iWjD

 

Tampoco basta con refugiarse en que Valladares afirma ser “el único responsable”. Esa afirmación puede tener valor personal, pero institucionalmente no cierra el caso. Un concejal puede asumir su error, pero el gobierno municipal debe explicar el fallo del sistema. Porque si una documentación protegida pudo ser consultada al margen del cauce ordinario, el problema no es únicamente la conducta individual del concejal: también lo es la eficacia real de los controles municipales.

Para los llaniscos, la conclusión prudente es clara: no deben aceptar que una dimisión sustituya a una explicación. No deben dar por cerrado un asunto que todavía deja preguntas administrativas abiertas. Y tampoco deben permitir que el debate se desplace hacia la épica de la responsabilidad individual mientras queda sin aclarar lo esencial: cómo pudo producirse el acceso, qué consecuencias tuvo y qué garantías existen para que los procedimientos municipales se respeten.

Ante este episodio, los vecinos de Llanes deberían exigir tres cosas sencillas y democráticas: explicación pública del alcalde, acceso a los informes y documentos que puedan hacerse públicos conforme a la ley, y medidas concretas de corrección. No se trata de condenar sin pruebas ni de convertir una irregularidad reconocida en un delito sin base suficiente. Se trata de algo más básico: exigir que un gobierno municipal que presume de ejemplaridad actúe con la misma exigencia cuando el problema nace dentro de su propia casa.

El silencio político, en un caso así, no calma la situación: la agrava. Porque cuando un alcalde ultra habla ampliamente de sus logros pero calla o no explica con detalle una crisis interna que afecta a documentación pública custodiada, transmite a los vecinos que la transparencia funciona a conveniencia. Y en democracia municipal, la confianza no se pide: se gana dando explicaciones.

Para terminar el post quiero manifestar que conviene recordar una idea tan vieja como la propia democracia: para los griegos, la política no nacía para alimentar carreras personales, sino para servir a la polis, al bien común y a la vida digna de los ciudadanos. Aristóteles entendía la política como la más alta de las tareas públicas porque debía ordenar la comunidad hacia el bien común, no hacia el beneficio particular de quienes ocupan el poder como sucede hoy en Llanes. Y Platón ya advertía del peligro de quienes llegan al gobierno movidos por el interés propio y no por la virtud, la prudencia y el servicio.

Por eso, lo más grave de este gobierno municipal no es solo una dimisión concreta ni una irregularidad reconocida, sino la sensación de que el poder se ha convertido en un espacio de permanencia, retribución y protección mutua (la omerta). Las liberaciones, los sueldos públicos y los cargos de confianza no pueden ser el pegamento que mantenga unido a un gobierno. En la vida pública, el dinero nunca debe sustituir al proyecto, la nómina nunca debe reemplazar a la vocación y el cargo nunca debe convertirse en refugio personal.

Después de tantos años, los llaniscos tienen derecho a preguntarse qué han recibido realmente a cambio de ese coste político: qué mejoras tangibles se han producido en su vida diaria, qué problemas estructurales se han resuelto y qué futuro se ha construido para quienes quieren vivir y trabajar en Llanes todo el año. Porque cuando un gobierno presume de ejemplaridad, la primera ejemplaridad debe ser esta: demostrar que está en el Ayuntamiento para servir al pueblo, no para servirse de él.

Ya lo dijo Aristóteles: “En política, el cargo debe ser servicio y no refugio; cuando la nómina pesa más que el bien común, la democracia municipal empieza a pudrirse.”