Hoy se publica en la prensa regional que la planta de tratamiento de la fracción resto de Cogersa, conocida como la “Plantona”, continúa sin tener un seguro específico de daños que cubra un posible incendio, pese a que ya sufrió uno en abril de 2024 que la dejó inutilizada. Según la información publicada, si ahora se produjera otro fuego en la instalación, la situación sería similar a la de entonces: no habría una póliza concreta que cubriese esos daños materiales.
La “Plantona” ya ha sido oficialmente recepcionada por Cogersa tras las obras de reconstrucción, pero todavía no funciona plenamente. Su puesta en marcha será gradual y se ha retrasado, aunque está previsto que entre en funcionamiento completo en otoño. Durante esta fase sigue vigente el contrato con Valtalia, la empresa que construyó la planta y que ahora debe acompañar los primeros pasos de reapertura. El Gobierno del Principado defiende que, mientras ese contrato esté en vigor, opera el seguro de responsabilidad civil de la empresa constructora.
Aun así, la situación recuerda a la del año 2024, cuando también estaban activos los seguros de responsabilidad civil de las empresas que trabajaban en la planta, como Tragsa y Valtalia, pero Cogersa no disponía de un seguro específico de daños para la Plantona. Tras aquel incendio, Cogersa contrató un seguro de daños materiales para sus instalaciones de Serín, aunque dejó fuera la Plantona porque aún estaba en obras y no había sido recepcionada. Ese seguro ya ha sido prorrogado por otro año.
El Principado también plantea reforzar la capacidad de auto aseguramiento de Cogersa mediante una partida económica con cargo a sus remanentes. La Consejería sostiene que incluso los seguros más amplios no suelen cubrir todo el valor de reposición de infraestructuras tan complejas, por lo que considera necesario aumentar la resiliencia financiera del consorcio ante futuras contingencias.
La falta de seguro ya generó una fuerte polémica política tras el incendio del año 2024. Cogersa apuntó entonces a posibles responsabilidades de los operarios de Tragsa y Valtalia, aunque un informe de la Guardia Civil señaló como una posible causa el material apilado, sin responsabilizar directamente a los trabajadores. Cogersa inició acciones judiciales y el coste total del incendio, incluyendo obras adicionales, ascendió a 14 millones de euros.
El Gobierno del Principado mantiene que no existe obligación legal de asegurar estas instalaciones frente a incendios y recuerda que no es ilegal carecer de una póliza específica de este tipo (mientras pague el contribuyente todo está permitido para Barbón y sus “chicago boys” https://bit.ly/4tTZSmH ). Además, destaca que desde octubre del año 2025 Cogersa cuenta con un servicio propio de emergencias operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana https://bit.ly/4v738w1 Cuando se produjo el incendio de la Plantona de Cogersa, en abril de 2024, la presidenta de Cogersa era Nieves Roqueñí (célebre por al accidente de la mina de Cerredo entre otros éxitos en negro que atesora), quien además era la titular de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, departamento del que dependía Cogersa. La gerente de Cogersa cuando se produjo el incendio de la Plantona en abril de 2024 era Paz Orviz Ibáñez. Ocupaba ese cargo desde 2020.
Foto: El consejero y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, y la gerente, Paz Orviz
El 7 de mayo se publicaba en la prensa regional que Cogersa reunía a sus órganos de dirección para aprobar la renuncia a cuatro subvenciones europeas del Plan de Recuperación por un importe global de 6,72 millones de euros, al no poder ejecutarlas dentro del plazo previsto.
La ayuda más importante a la que renuncia asciende a 3,8 millones de euros y estaba destinada a crear una red de minipuntos limpios por toda Asturias. El contrato fracasó después de que se detectara que el pliego exigía unas dimensiones que solo podía cumplir un suministrador concreto, al tener patentados esos tamaños. Cogersa intentó corregirlo con una nueva licitación, a la que concurrieron cuatro empresas, pero el concurso acabó quedando desierto a finales de 2025 (otro éxito más del “barbonismo” que abandera el “catador de vinos” (enologo), Alejandro Calvo.
La segunda subvención más relevante, de 2,7 millones de euros, estaba prevista para impulsar un nuevo centro de preparación y reutilización de residuos, que incluiría la llamada “objetoteca”. El proyecto empezó a plantearse en 2023, pero fue aumentando en ambición, costes y plazos, y todavía se estudia cómo será la obra en el centro adquirido en Siero.
Además, Cogersa renuncia a 225.000 euros destinados a la digitalización de la gestión de residuos. También se incluye una renuncia parcial vinculada a obras en los puntos limpios de Parres-Cangas de Onís y Llanera, aunque parte de esos fondos se reorientarán para intentar aprovechar hasta dos millones de euros.
A estas renuncias se suma otro proceso independiente para desistir de ayudas por otros 8 millones de euros, al no construirse una planta de triaje ni ampliarse la de compostaje. En conjunto, las subvenciones captadas y no aprovechadas podrían alcanzar los 14,7 millones de euros (el coste de la nueva Plantona que se tuvo que construir por no tener un seguro que cubriera dichos hechos) https://bit.ly/4nJOQivEl 19 de mayo se publicaba en la prensa regional el descontento del Gobierno del Principado con la dirección de Cogersa por la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación https://bit.ly/43maEaq El consejero de Medio Ambiente y presidente del consorcio, Alejandro Calvo (célebre por sus éxitos con la gestión del vial de Jove), muestra su malestar con la gerente, Paz Orviz, después de que se haya conocido que de los 26 millones de euros captados por Cogersa, unos 14 millones están en riesgo al estar vinculados a proyectos que no pueden ejecutarse dentro de plazo.
Calvo fue especialmente crítico con esa gestión y afirmó ante la oposición: “Yo no veo para nada ejemplar esa gestión”. Además, anunció que, de cara a la Junta prevista para junio, ha solicitado a la gerencia un informe sobre el estado real de los fondos europeos (un brindis al sol). Según explicó, quiere que la rendición de cuentas se haga proyecto por proyecto, con el objetivo de aclarar la situación concreta de cada subvención.
El consejero también reconoció que Cogersa ha atravesado en los últimos años “determinados episodios” que han provocado un daño reputacional al consorcio (sin consecuencias para aquellos que lo ocasionaron como Nieves Roqueñi o Paz Orviz). Para superar esa situación, defendió la necesidad de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la supervisión y la ejemplaridad. También planteó la conveniencia de reforzar la organización interna de Cogersa (más burocracia).
La oposición interpretó el tono de Calvo como una posible señal de que el Gobierno prepara alguna decisión sobre la dirección del consorcio. PP, Vox y Foro habían convocado a la gerente Paz Orviz para que explicara su versión y ayudara a delimitar responsabilidades, pero finalmente no pudo comparecer al encontrarse de baja laboral.
Calvo también abordó el problema general de los residuos en Asturias. Reconoció que más del 70% de los residuos municipales terminan actualmente en el vertedero, mientras que el objetivo europeo para 2035 es reducir esa cifra por debajo del 10%. Advirtió que esa meta “no se logra con declaraciones” y pidió afrontar el asunto con seriedad.
Sobre el debate de las incineradoras de nueva generación, planteado en un borrador del Ministerio para la Transición Ecológica, Calvo pidió a la oposición “leer más allá del titular”. Afirmó que “el sistema funciona, no hay alarma, la basura se trata”, pero subrayó que es necesario incentivar a los ciudadanos para que colaboren más en la gestión de residuos.
El consejero defendió como objetivo aprobar este año un nuevo plan de residuos 2026-2030. Para ello pidió debate, acuerdos y consensos, insistiendo en que el problema de los residuos no es solo del Gobierno regional, sino de Asturias en su conjunto. También pidió que el asunto deje de utilizarse de forma superficial.
Por último, respecto al retraso en la activación de la “Plantona”, Calvo restó gravedad a la situación. Señaló que la prioridad no debe ser ponerla en marcha con la máxima celeridad si eso genera un estrés adicional, y relativizó que su activación se retrase “mes arriba o mes abajo”.
Desde el incendio de la “Plantona”, la gestión de Cogersa se ha convertido en un ejemplo muy grave de descontrol político, mala planificación y ausencia de consecuencias para los negligentes responsables políticos. No hablamos solo de una instalación que ardió en abril de 2024, sino de una infraestructura esencial para Asturias que quedó inutilizada, que obligó a afrontar un coste de unos 14 millones de euros y que, según lo publicado, no contaba con un seguro específico de daños que cubriera un incendio de esas características.
La primera crítica debe dirigirse al Gobierno del Principado de Adrián Barbón, porque su defensa ha sido pobre: insistir en que no era ilegal carecer de esa póliza no elimina la negligencia política. Una administración responsable no debe limitarse a cumplir el mínimo legal, sino proteger el patrimonio público. Que una planta estratégica pueda arder y que el coste termine recayendo sobre los asturianos revela una falta de previsión difícil de justificar.
Nieves Roqueñí era presidenta de Cogersa y consejera responsable del área cuando se produjo el incendio. Políticamente, su etapa queda ligada a ese desastre, aparte del de la mina de Cerredo. Sin embargo, lejos de apreciarse una depuración de responsabilidades, su posterior promoción a la presidencia del Puerto de Gijón transmite una imagen pésima y lesiva para los intereses de los asturianos: en vez de exigencia, premio; en vez de rendición de cuentas, continuidad institucional.
Pero Alejandro Calvo tampoco puede presentarse simplemente como espectador indignado y ofendido. Como actual consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, tiene responsabilidad directa en la etapa posterior. Sus críticas a la gestión de los fondos europeos, afirmando que no la ve “para nada ejemplar”, llegan cuando el daño ya está hecho: millones captados, proyectos atascados, subvenciones en riesgo y una reputación institucional deteriorada… Y una gerente que se va de rositas pese a tener un salario de 59.289 € https://bit.ly/4f4uxtSç
Calvo intenta marcar distancia con la gerente Paz Orviz, pero esa estrategia resulta insuficiente. Si la gerencia ha fallado, también ha fallado quien debía supervisarla. Si Cogersa ha perdido capacidad de ejecución, también ha fallado la presidencia del consorcio. Y si los problemas se conocían desde hace tiempo, pedir ahora informes proyecto por proyecto suena más a maniobra defensiva que a liderazgo firme.
La situación de los fondos europeos agrava todavía más el balance. Cogersa captó 26 millones del Plan de Recuperación, pero unos 14 millones quedaron en el aire por proyectos que no podían ejecutarse en plazo. A eso se suman renuncias concretas: 3,8 millones para minipuntos limpios, 2,7 millones para un centro de preparación y reutilización, 225.000 euros para digitalización y otras líneas vinculadas a puntos limpios. Esto no es un tropiezo administrativo menor; es una incapacidad manifiesta para convertir financiación pública en servicios reales para Asturias.
La gerente Paz Orviz queda muy cuestionada por esa pérdida de subvenciones y por la sensación de bloqueo del consorcio. Pero el Gobierno de Barbón no puede esconderse detrás de una gerente como si Cogersa funcionara sola. La estructura política existe precisamente para controlar, corregir y exigir resultados. Si durante años no se detectaron o no se corrigieron los problemas, entonces la responsabilidad sube por toda la cadena.
El papel de Adrián Barbón en todo este desaguisado queda tocado. Su Gobierno transmite una preocupante tolerancia hacia la mala gestión. Cuando una planta pública arde sin seguro específico, cuando se pierden o peligran millones europeos, cuando los proyectos estratégicos se retrasan y cuando los responsables políticos no sufren consecuencias claras, la ciudadanía percibe impunidad. Y esa impunidad erosiona la confianza en las instituciones.
Además, el contexto de residuos en Asturias es alarmante. Más del 70% de los residuos municipales acaban en vertedero, mientras Europa exige bajar del 10% en 2035, esto sucede con gobiernos de la derecha extrema de PP, Foro o de la izquierda como PSOE o IU. En ese escenario, Cogersa debería ser una herramienta eficaz y moderna, no un foco permanente de polémicas, retrasos, informes, renuncias y reproches internos. La “Plantona” debía representar avance, pero ha terminado simbolizando la improvisación e incompetencia de un gobierno como el de Adrián Barbón.
Lo más grave es que cada explicación oficial parece llegar tarde. Primero se justificó la falta de seguro. Luego se anunció auto aseguramiento. Después se habló de reforzar transparencia. Más tarde se pidieron informes sobre fondos europeos. Pero ninguna de esas respuestas borra el hecho principal: el daño ya está causado y lo pagan los asturianos.
La crítica a Alejandro Calvo debe ser clara y rotunda por ser reincidente en otras cuestiones como el vial de Jove: no basta buscar excusas de mal pagador levantando la voz contra la gerencia ni con reconocer daño reputacional. Si quiere demostrar que su presidencia en Cogersa supone un cambio real, debe pasar de las declaraciones a las responsabilidades, empezando por él mismo. Mientras no haya consecuencias visibles, su discurso de ejemplaridad queda vacío.
En conjunto, el caso Cogersa deja una imagen catastrófica del Gobierno del Principado: una exresponsable política promocionada tras un desastre millonario, una gerente incapaz de garantizar la ejecución de fondos europeos, un consejero que critica pero no corta de raíz, y un presidente autonómico que no transmite voluntad de depurar responsabilidades. El resultado es una sensación de desgobierno en un área esencial, pagada con dinero público y sufrida por todos los asturianos.
Para terminar el post quiero manifestar que el caso Cogersa termina reflejando algo mucho más profundo que una mala gestión puntual: retrata una forma de gobernar instalada en la resignación, la burocracia defensiva y la ausencia total de responsabilidades políticas.
En cualquier administración seria, que una infraestructura estratégica arda sin seguro específico, que se pierdan o peligren millones de euros en fondos europeos y que el organismo responsable acumule retrasos, improvisaciones y daño reputacional tendría consecuencias inmediatas. En Asturias no. Aquí la respuesta del Gobierno de Adrián Barbón parece consistir siempre en lo mismo: declaraciones, informes, excusas y tiempo. Mucho tiempo. El suficiente para que la polémica se enfríe y nadie pague políticamente por nada.
El problema del “barbonismo” no es únicamente la mala gestión; es la absoluta falta de exigencia hacia los suyos. Nadie dimite, nadie es cesado, nadie asume responsabilidades reales. Los errores se reciclan, los responsables se recolocan y los contribuyentes pagan la factura. Mientras los asturianos ven cómo su dinero desaparece entre incendios sin cobertura, subvenciones fallidas y proyectos paralizados, el Gobierno del Principado transmite la sensación de vivir encerrado en una realidad paralela donde todo se reduce a problemas administrativos o cuestiones técnicas.
Alejandro Calvo simboliza perfectamente esa contradicción. Sale a reconocer daño reputacional y a criticar una gestión “no ejemplar”, pero al mismo tiempo continúa al frente del consorcio sin adoptar medidas de fondo visibles. Su discurso parece pensado más para amortiguar el desgaste político que para corregir el problema. Porque cuando un consejero necesita admitir públicamente el caos interno de un organismo que él mismo preside, lo lógico sería actuar con contundencia y no limitarse a pedir informes o a anunciar futuras mejoras organizativas (es un auténtico inútil político).
La sensación que queda al ciudadano asturiano es la de un Gobierno agotado, incapaz de controlar sus propios entes públicos y más preocupado por proteger equilibrios internos que por defender el interés general. Y eso resulta especialmente grave en un asunto tan sensible como la gestión de residuos, donde Asturias arrastra cifras muy alejadas de los objetivos europeos y necesita precisamente lo contrario: rigor, planificación y liderazgo.
Pero el Gobierno del Principado ha optado por otra vía: minimizar los problemas, rebajar la gravedad de los hechos y ponerse de perfil, vamos realizar el menor “barullu” posible. Primero con el incendio. Luego con la ausencia de seguros. Después con la pérdida de fondos europeos. Más tarde con los retrasos de la “Plantona”. Siempre igual: explicaciones tardías, autocríticas controladas y ninguna consecuencia tangible.
Al final, lo que percibe el ciudadano asturiano es devastador: una administración donde la incompetencia no penaliza, donde los errores millonarios no impiden ascensos y donde la responsabilidad política prácticamente ha desaparecido. Un Gobierno que parece incapaz de sacar la tijera para cortar cabezas incluso cuando los fracasos son evidentes y el coste económico y reputacional lo pagan todos los asturianos.
Ya lo dijo Manuel Azaña: “La responsabilidad política empieza donde terminan las excusas.”
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