Ayer se publicaba en la prensa regional una noticia donde se reflejaba las dificultades que tienen los jóvenes asturianos para independizarse debido al encarecimiento de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Según se indica, tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven todavía con sus padres en Asturias, una situación que refleja la complejidad creciente de la emancipación juvenil en la región y en España.
El artículo señala que uno de los principales problemas es el aumento constante del precio de la vivienda. En marzo de 2026, el precio medio de venta en Asturias alcanzó los 1.746 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 1,1 % respecto al mes anterior, un 2,4 % más que en diciembre de 2025 y un 17 % más que un año antes. El mercado del alquiler también ha seguido una evolución parecida, con un precio medio de 10,5 euros por metro cuadrado, un 8,3 % más que el año anterior.
Foto: Carmen Moriyón y su asesor jurídico, Jaime Fernández-Paíno
Para mostrar que el problema no es solo estadístico, la noticia presenta el caso concreto de una gijonesa de 32 años que lleva siete meses buscando un piso para comprar. Su objetivo es adquirir una vivienda en Gijón, ya que considera que pagar alquiler es “tirar el dinero” y prefiere invertir en una propiedad propia. Además, quiere vivir en la ciudad por razones familiares, porque sus padres residen allí, y también porque Gijón le gusta por su ambiente, sus planes de ocio y su cercanía al mar.
Sin embargo, se ha encontrado con muchas dificultades. Ha buscado vivienda a través de inmobiliarias, contactos y portales especializados, pero siempre se topa con el mismo problema: precios demasiado altos y poca oferta asequible. Aunque le interesan zonas como el centro, Laviada, El Llano o La Arena, afirma que los pisos suelen ser antiguos y aun así tienen precios muy elevados. También menciona que incluso barrios como Nuevo Roces o El Natahoyo, que antes podían considerarse más accesibles, han subido mucho de precio.
La noticia también apunta a otro factor que agrava la situación: el aumento de los pisos turísticos. Según esta ciudadana, muchos propietarios prefieren alquilar sus viviendas durante las temporadas de verano para obtener más beneficios, en lugar de venderlas. Esto reduce todavía más la oferta de viviendas disponibles para quienes quieren comprar.
Aunque sigue buscando una oportunidad en Gijón, no descarta mirar en otras localidades si no encuentra una opción viable. Aun así, considera que la situación es “muy crítica”, especialmente porque la vivienda nueva que se está construyendo suele estar lejos del centro y con precios muy altos en comparación con otras ciudades.
En resumen, la noticia utiliza el caso de esta ciudadana para representar una realidad cada vez más común entre los jóvenes asturianos: la emancipación se retrasa porque comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en una tarea muy difícil por la subida de precios, la escasez de oferta y el impacto del alquiler turístico https://bit.ly/4wepq05
Mientras esto sucede con el problema de la vivienda en Gijón, leo en el mismo diario que el gobierno de Moriyón está en otros problemas que le preocupan más, como es el enfrentamiento que mantiene el gobierno municipal de Foro, PP y un tránsfuga con el Principado de Asturias por la posible retirada del monumento del Simancas, situado en el colegio de La Inmaculada. El conflicto surge porque el Principado, a través de la consejería dirigida por IU, considera que el monumento debe retirarse al entender que es un símbolo de exaltación franquista y que, por tanto, entra dentro de la legislación de memoria democrática.
Frente a esta postura, el gobierno municipal de Carmen Moriyón defiende que el monumento está protegido por el Catálogo Urbanístico municipal, por lo que el Ayuntamiento no autorizará ninguna actuación sobre él. Mientras esto sucede, el asesor jurídico de Moriyón, director general de Alcaldía y miembro destacado de Foro, acusa al Principado de intentar invadir competencias municipales, ya que, según sostiene, la aprobación del Catálogo municipal y la concesión de licencias de obra corresponden al Ayuntamiento.
El mismo recuerda además que en 2018 ya se denegó una licencia de obra menor a la Compañía de Jesús para intervenir en ese mismo monumento, precisamente por estar protegido. Desde el Gobierno del Principado, sin embargo, se rechaza que esa protección urbanística municipal pueda prevalecer sobre la Ley de Memoria Democrática con rango superior, e incluso se advierte al Ayuntamiento de que incumplir dicha ley podría suponer un caso de prevaricación.
El representante municipal respondió con dureza al consejero de IU, criticando que diera “lecciones” al Ayuntamiento sobre prevaricación. Además, le reprochó que no hubiera impulsado en Gijón otros proyectos urbanísticos, como Ecojove, que contemplaba la construcción de unas dos mil viviendas protegidas, y que la actuación de su consejería en la ciudad se hubiera limitado prácticamente a las obras de los pisos para jóvenes de Peritos. Sin embargo, el asesor de Moriyón no aclaró si la propuesta de Ecojove seguiría un modelo similar al que la propia Moriyón defendía cuando, como abanderada de Asprocon, la patronal asturiana de la construcción, apostaba por la participación de la iniciativa privada en este tipo de promociones urbanísticas.
En definitiva, la noticia refleja un choque político y competencial entre ambas administraciones que, previsiblemente, acabará en los tribunales. Aunque el Ayuntamiento reivindica sus competencias urbanísticas y la protección del monumento en el Catálogo municipal, esas competencias deben ejercerse dentro del marco de la legislación estatal y autonómica vigente. Si el elemento es considerado contrario a la memoria democrática, el gobierno municipal no podría ampararse en el planeamiento local para incumplir una norma de rango superior. Otra cuestión será determinar judicialmente si concurren razones patrimoniales, artísticas o arquitectónicas que justifiquen su conservación o reinterpretación, y si la negativa municipal pudiera tener consecuencias jurídicas más graves https://bit.ly/4njVqMp
La lectura que puede hacer una joven gijonesa que no encuentra vivienda para emanciparse es bastante evidente: mientras su problema real es pagar un alquiler imposible o comprar un piso a precios cada vez más alejados de sus ingresos, una parte de la clase política local aparece instalada en una pelea institucional que no le resuelve nada. Para quien lleva meses buscando vivienda, viendo cómo suben los precios, cómo se reduce la oferta y cómo el alquiler turístico expulsa vivienda del mercado residencial, el enfrentamiento por el monumento del Simancas puede percibirse como otro ejemplo de política ensimismada, más preocupada por marcar territorio ideológico y competencial que por dar respuesta a las necesidades materiales de la ciudadanía.
El contraste es duro. Por un lado, la juventud asturiana retrocede en emancipación: la tasa de emancipación juvenil en Asturias cayó al 16,7%, y una vivienda en alquiler puede suponer más del 60% de los ingresos de una persona joven que viva sola https://bit.ly/3QXAzlY Por otro lado, el debate público municipal de Gijón se consume en una disputa sobre si el Ayuntamiento puede bloquear o no la retirada de un símbolo que el Principado ha ordenado eliminar en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según la información publicada, la Compañía de Jesús dispone de cuatro meses para retirarlo y, si no lo hace, el Gobierno regional podría actuar de forma subsidiaria https://bit.ly/4wpTSom
Desde esa perspectiva, la sensación de desamparo de esta joven gijonesa es comprensible. Una joven que no puede irse de casa no necesita discursos grandilocuentes, ni ruedas de prensa, ni choques calculados entre administraciones. Necesita vivienda asequible, alquiler estable, parque público suficiente, control efectivo de la vivienda turística, rehabilitación de vivienda vacía y políticas que bajen al terreno de la vida diaria. Necesita que el gobierno municipal de la derecha extrema, Foro, PP y tránsfuga, y el Principado compitan por solucionar el problema, no por ver quién ocupa más titulares.
El caso de Gijón no es aislado. En Asturias, la presión sobre la vivienda ya ha llevado a hablar de zonas tensionadas, y municipios como Llanes y Cabrales han entrado por primera vez en ese marco de control del alquiler https://bit.ly/4tnOQFQ En el municipio de Llanes, además, el propio Ayuntamiento ha tenido que actuar sobre los usos turísticos, ampliando la suspensión de nuevas licencias a todos los núcleos del concejo, después de dar licencias sin control. Eso demuestra que el problema no es retórico ni inventado: es estructural, afecta a ciudades y villas costeras, y está condicionando quién puede vivir en ellas y quién queda expulsado https://bit.ly/4u2cQzu
Por eso resulta tan irritante ver a responsables públicos dedicar tanta energía a batallas simbólicas mientras la vivienda se convierte en una frontera social. La política municipal debería estar volcada en evitar que Gijón se convierta en una ciudad bonita para visitar pero imposible para vivir. Sin embargo, cuando la acción pública se reduce a confrontación, gestos, declaraciones cruzadas y fotos en prensa, la ciudadanía percibe que sus problemas quedan en segundo plano. Y esa percepción se agrava cuando quienes protagonizan esas disputas cobran sueldos públicos precisamente para gestionar soluciones, no para eternizar conflictos.
La cuestión del monumento tiene su recorrido jurídico, pero no puede servir como cortina de humo. La Ley de Memoria Democrática considera contrarios a la memoria democrática los elementos que exalten la sublevación militar o la dictadura, y obliga a las administraciones públicas a actuar sobre ellos, con las excepciones legales que correspondan por razones artísticas o arquitectónicas. Si el Ayuntamiento discrepa, puede defender su posición por las vías legales, pero no convertir esa disputa en el centro de la agenda política mientras miles de jóvenes siguen atrapados en casa de sus padres o condenados a alquileres inasumibles.
La lectura crítica, por tanto, es que existe una profunda desconexión entre la política institucional y la vida real. Para una joven que busca piso en Gijón, el mensaje que recibe es demoledor: cuando se trata de vivienda, todo son diagnósticos, promesas y planes que no llegan; cuando se trata de una guerra ideológica, aparecen de inmediato comunicados, advertencias, acusaciones y titulares. Esa diferencia de intensidad revela mucho sobre las prioridades de una parte de la clase política que hoy gobierna en municipios como Gijón y Llanes.
En ciudades como Gijón o Llanes, donde la presión turística, la falta de oferta y los precios están estrechando el derecho a vivir en el propio territorio, gobernar no puede consistir en administrar símbolos ni en fabricar polémicas. Gobernar debería ser garantizar que una persona joven con trabajo pueda alquilar o comprar una vivienda sin hipotecar toda su vida. Cuando eso no ocurre, cuando la política se refugia en fuegos de artificio mientras la ciudadanía soporta el coste real de su inacción, la crítica no solo es legítima: es imprescindible.
Lo que conviene subrayar es que el problema no está solo en que existan debates simbólicos o conflictos entre administraciones, sino en la jerarquía de prioridades que dejan ver determinados gobiernos locales. Cuando un gobierno municipal dedica una enorme energía y dinero en política a defender una posición sobre un monumento, pero no muestra la misma contundencia para garantizar vivienda asequible, limitar la especulación, movilizar vivienda vacía o proteger a la población joven frente a alquileres imposibles, la ciudadanía tiene motivos para pensar que sus necesidades reales quedan relegadas. En Gijón, mientras el precio de la vivienda marca máximos y la juventud retrasa su emancipación, el gobierno de Foro, PP y el tránsfuga aparece más cómodo en la confrontación institucional que en la búsqueda de soluciones materiales. Esa diferencia de intensidad no es menor: revela una forma de gobernar donde el conflicto político pesa más que la vida cotidiana de quienes no pueden independizarse.
También en Llanes se observa una contradicción parecida. El avance de la vivienda turística y la presión sobre el alquiler han obligado incluso a adoptar medidas de contención, como la suspensión de nuevas licencias turísticas y la declaración de zonas tensionadas en Llanes y Cabrales. Eso demuestra que el problema existe, que no es una exageración ideológica y que afecta directamente al derecho de la gente a vivir en su propio concejo. Sin embargo, los gobiernos de la derecha extrema como él de Gijón y de la ultraderecha como el de Llanes suelen reaccionar tarde, cuando el deterioro ya es evidente, y muchas veces lo hacen sin cuestionar de fondo el modelo que ha permitido que la vivienda se trate antes como negocio que como derecho. El resultado es que las soluciones llegan tarde, son parciales y no compensan años de permisividad con dinámicas que expulsan a vecinos y jóvenes del municipio.
A la responsabilidad del gobierno de Moriyón hay que añadir también la debilidad de una oposición socialista “monchista” que, más allá de declaraciones puntuales contra la parálisis del gobierno local, no está logrando aparecer como una alternativa firme, útil y reconocible para Gijón. Monchu García fue reelegido secretario general del PSOE gijonés en el año 2025 y ha acusado al gobierno local de falta de ambición y parálisis, pero la sensación política que queda es que, con la que está cayendo en vivienda, barrios y modelo de ciudad, el socialismo gijonés ni está ocupando el espacio que debería ocupar ni se le espera con la contundencia que exige el momento. Una oposición que no incomoda de verdad al poder acaba siendo parte del paisaje, y Gijón no necesita figurantes: necesita una alternativa seria, presente y combativa https://bit.ly/48MqVIX
Por eso la crítica no debe centrarse únicamente en un caso concreto, sino en una manera de gobernar. Foro, PP y fuerzas como VecinosxLlanes representan una política que suele hablar de libertad, propiedad y gestión, pero que en la práctica deja a mucha gente joven sin libertad real para emanciparse, sin posibilidad de acceder a una vivienda digna y sin respuestas públicas proporcionales a la gravedad del problema. Cuando gobernar se reduce a proteger intereses urbanísticos, evitar conflictos con determinados sectores económicos o convertir cada asunto en una batalla ideológica, las necesidades de la ciudadanía quedan en segundo plano. Y una ciudad o un concejo no se gobiernan bien defendiendo solo escaparates, símbolos o titulares: se gobiernan garantizando que quienes trabajan, estudian y viven allí no sean expulsados por los precios.
En ese sentido, la vivienda funciona como una prueba clara de prioridades. Si un gobierno local actúa con rapidez para bloquear decisiones que afectan a un monumento, pero no actúa con la misma urgencia ante jóvenes que no pueden irse de casa, familias que no encuentran alquiler o vecinos desplazados por el uso turístico, la conclusión política es evidente. No hace falta exagerar ni elucubrar: basta observar dónde ponen la energía, a quién escuchan antes y qué problemas convierten en urgentes. Y hoy, para demasiados gobiernos de la derecha extrema asturiana que encabeza el PP, la urgencia parece estar más en defender su terreno político que en garantizar el derecho efectivo a vivir en Gijón, Llanes o cualquier otro municipio tensionado por la vivienda.
Para terminar el post quiero manifestar como epílogo, conviene recordar a Carmen Moriyón aquello de que nunca segundas partes fueron buenas. Pero, desde luego, terceras partes como la que ahora vive Gijón con su presencia en política están resultando directamente horrorosas. Una ciudad con problemas urgentes de vivienda, juventud, barrios, servicios públicos y modelo urbano no necesita más gestos de poder ni más conflictos fabricados, sino un gobierno que se tome en serio la vida diaria de sus vecinos.
Y, aun así, mientras Gijón acumula cansancio, Moriyón parece querer postularse para un cuarto mandato https://bit.ly/3ORNnd1 (las retribuciones múltiples que percibe de la política son demasiado golosas https://bit.ly/42TSxZc ), como si la ciudad fuera una saga interminable al servicio de su carrera política. Después de tantos años, la sensación que queda es amarga: le ha cogido gusto a castigar a los gijoneses con una política más pendiente de resistir, confrontar y mantenerse que de resolver los problemas reales de la ciudadanía.
Ya lo dijo Francisco de Quevedo: “Poderoso caballero es don Dinero.”
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