Hoy se publica en la prensa regional la noticia donde se informa que el gobierno del Ayuntamiento de Gijón va a poner en marcha la segunda fase del Plan Llave, una iniciativa destinada a construir viviendas de alquiler asequible en parcelas municipales https://bit.ly/4nrzaQD El anuncio fue realizado por el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y por la alcaldesa, Carmen Moriyón, en una comparecencia en la que también lanzaron fuertes críticas al consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico.
Martínez Salvador explicó que el objetivo del Ayuntamiento es publicar antes del 30 de junio la convocatoria para conceder un derecho de superficie durante 75 años sobre una parcela municipal situada en la calle Sierra del Sueve, en Nuevo Gijón, frente a la escuela infantil del barrio. El solar tiene 7.918 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 15.836 metros cuadrados. Según el concejal, en esa parcela podrían construirse entre 160 y 180 viviendas de alquiler asequible, aunque el número final dependerá de los proyectos que presenten las empresas interesadas.
El edil de Urbanismo detalló que la parcela está calificada como equipamiento, pero que puede destinarse a vivienda siempre que se mantenga la titularidad municipal del suelo. Las viviendas se construirían en bloques abiertos, con un máximo de cuatro alturas. Además, señaló que las empresas promotoras tendrán libertad para plantear sus anteproyectos y decidir si destinan los bajos a usos comerciales o si los incorporan también a la construcción de viviendas. Martínez Salvador añadió que la ayuda directa al promotor rondará los 40.000 euros por vivienda y que el precio máximo del alquiler se situará aproximadamente en 8,5 euros por metro cuadrado útil.
Foto: Carmen Moriyón y su concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, vendiendo hoy la "burra" de la solución al problema de la vivienda en Gijón
El concejal justificó la elección de esta parcela por su tamaño, ya que, según explicó, es la más grande de las disponibles y permite un número de viviendas mucho mayor que otras parcelas municipales. También indicó que el gobierno local sigue trabajando en la reformulación de la primera fase del Plan Llave, cuya licitación quedó desierta en noviembre, y apuntó que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda serán claves para hacerla viable.
Martínez Salvador también respondió a las críticas de Ovidio Zapico, quien había acusado al Ayuntamiento de falta de colaboración con el Principado. El concejal afirmó que el Ayuntamiento ya comunicó en diciembre al Gobierno autonómico la disponibilidad de dos parcelas para construir vivienda y que en una reunión celebrada durante el primer trimestre del año volvieron a confirmar esa oferta. Según defendió, esas dos parcelas podrían permitir la construcción de unas 130 viviendas más, por lo que rechazó la acusación de falta de cooperación.
Además, el concejal pidió al consejero que aproveche todas las posibilidades del Plan Estatal de Vivienda. Según Martínez Salvador, el plan contempla siete tipos de ayudas, pero el Principado solo estaría trabajando en una. Por ello, defendió que la solución al problema de la vivienda no puede depender únicamente de que la Consejería construya vivienda pública, sino que debe impulsarse también la colaboración público-privada, siguiendo el modelo de otras comunidades autónomas donde, según dijo, se están promoviendo viviendas asequibles en un volumen importante.
Después intervino la alcaldesa, Carmen Moriyón, que centró sus críticas en la postura de Ovidio Zapico sobre Ecojove. El consejero había descartado reformular ese proyecto al considerar que, sin el vial de Jove, sería un desarrollo inmobiliario desconectado de la ciudad. Moriyón defendió el modelo de colaboración público-privada y puso como ejemplo la construcción de los pisos de Peritos, que, según ella, demuestra que esa fórmula funciona.
La alcaldesa hizo un repaso histórico del proyecto Ecojove. Recordó que el 11 de junio de 2010 el Principado, el Ayuntamiento y varios promotores firmaron un convenio para reclasificar los suelos y que las parcelas resultantes fueron inscritas. También señaló que el 18 de mayo de 2011, pocos días antes de las elecciones, se firmó otro acuerdo entre la Secretaría de Estado de Vivienda del Gobierno de Zapatero, la Consejería de Vivienda del Principado, Izquierda Unida y la entonces alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, por el que el 75% de la edificabilidad de Ecojove debía destinarse a vivienda protegida. Según Moriyón, tras aquel acuerdo “no se hizo nada”.
Moriyón también recordó que, cuando Foro llegó a la Alcaldía, intentó modificar ese convenio, pero no pudo porque, según afirmó, PSOE e Izquierda Unida votaron en contra en el Ayuntamiento. Añadió que durante la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación en 2019, la CUOTA obligó al Ayuntamiento a mantener esa bolsa de suelo para vivienda protegida.
La alcaldesa pidió a Zapico que deje de quejarse y se ponga a trabajar. Afirmó que el Principado lleva “tres años haciendo nada” y aseguró que en Gijón existe una reserva de suelo para 1.900 viviendas protegidas. Según Moriyón, hay promotores interesados en reactivar Ecojove y en modificar sus condiciones para adaptarlas a las necesidades actuales, pero la Consejería no estaría actuando y estaría dando evasivas.
Finalmente, Moriyón acusó a Zapico de actuar con criterios electoralistas, al considerar que reformular Ecojove requiere trabajo, negociación con promotores y administraciones, y no daría resultados antes de las elecciones. Incluso llegó a hablar de una posible “prevaricación moral” por la inacción del Principado ante una bolsa de suelo que permitiría construir 1.900 viviendas protegidas. La alcaldesa concluyó reclamando que, si el proyecto Ecojove se considera “faraónico”, se reformule mediante una negociación entre administraciones y promotores interesados.
Por fin conocemos el “modelo Moriyón” para resolver el problema de la vivienda en el municipio de Gijon, con lo que hoy anunciado de la puesta en marcha del Plan Llave. El proyecto anunciado por el Ayuntamiento de Gijón consiste en ceder una parcela municipal durante 75 años a una empresa privada para que construya viviendas de alquiler asequible. El Ayuntamiento mantiene la propiedad del suelo, pero la empresa adjudicataria construiría las viviendas, las gestionaría y cobraría los alquileres durante ese periodo.
Con los datos publicados, el coste público directo que puede calcularse es la ayuda prevista al promotor, que sería de unos 40.000 euros por vivienda. Si se construyen 160 viviendas, el desembolso público total sería de 6,4 millones de euros. Si finalmente se construyen 180 viviendas, el coste público subiría a 7,2 millones de euros.
Tomando como ejemplo una vivienda de 70 metros cuadrados útiles, la ayuda pública de 40.000 euros equivale a 571,43 euros por metro cuadrado útil. También equivale aproximadamente a 67 meses de alquiler, es decir, algo más de 5 años y medio de renta al precio máximo anunciado.
El Ayuntamiento de Gijón, según los datos de la noticia, no cobraría los alquileres. Su papel sería aportar el suelo municipal y facilitar la operación para que se construyan viviendas de alquiler asequible. A cambio, conservaría la propiedad de la parcela y, al terminar los 75 años, lo normal en este tipo de fórmulas es que el suelo siga siendo público y que las edificaciones puedan revertir al Ayuntamiento, siempre según lo que establezca el pliego definitivo.
Para la empresa constructora o promotora, el ingreso principal vendría del alquiler de las viviendas. La noticia fija un precio máximo aproximado de 8,5 euros por metro cuadrado útil. Por tanto, una vivienda de 70 metros cuadrados tendría un alquiler máximo de 595 euros al mes. Eso supone 7.140 euros al año por cada vivienda. Durante los 75 años de duración del derecho de superficie, esa vivienda podría generar 535.500 euros brutos en alquileres, sin contar subidas, actualizaciones o inflación. Además, si se suma la ayuda pública prevista de 40.000 euros por vivienda, cada piso de 70 metros cuadrados supondría para la empresa una entrada económica total de hasta 575.500 euros brutos durante todo el periodo: 535.500 euros en alquileres más 40.000 euros de ayuda pública.
Si el proyecto tuviera 160 viviendas, los ingresos máximos por alquiler serían de 95.200 euros al mes, 1.142.400 euros al año y 85,68 millones de euros en 75 años. Si se alcanzaran 180 viviendas, los ingresos máximos serían de 107.100 euros al mes, 1.285.200 euros al año y 96,39 millones de euros en 75 años.
Por tanto, visto de forma sencilla: el Ayuntamiento asumiría un coste público directo de entre 6,4 y 7,2 millones de euros en ayudas, además de poner a disposición una parcela municipal durante 75 años. La empresa privada, por su parte, recibiría esas ayudas y cobraría los alquileres durante todo el periodo, con unos ingresos brutos máximos de 535.500 euros por vivienda de 70 metros cuadrados, o 575.500 euros por vivienda si se añade la ayuda pública.
Además de la ayuda directa de 40.000 euros por vivienda que pagaría el gobierno de Moriyón, existe otro coste público indirecto importante: el Ayuntamiento pone a disposición una parcela municipal edificable durante 75 años. Eso tiene valor económico, aunque no aparezca como un pago directo en dinero.
Ahora bien, sin elucubraciones no se puede calcular en euros con los datos de la noticia. La noticia da tres datos útiles: la parcela tiene 7.918 m² de superficie, una edificabilidad de 15.836 m² y se cedería mediante derecho de superficie durante 75 años. Pero no da el dato clave: la valoración económica del suelo o del derecho de superficie.
Lo que sí puede decirse con claridad es esto: el Ayuntamiento no solo asumiría una ayuda directa de entre 6,4 y 7,2 millones de euros, según se construyan 160 o 180 viviendas. También dejaría de poder usar libremente esa parcela durante 75 años para otros fines: venderla, construir vivienda pública de gestión directa, levantar equipamientos municipales, destinarla a otro proyecto o explotarla mediante otra fórmula. Ese es el verdadero coste indirecto: el coste de oportunidad del suelo público.
Ese coste indirecto no se puede identificar con los alquileres que cobrará la empresa. Los alquileres de las viviendas construidas serían ingresos de la promotora adjudicataria, no del Ayuntamiento, salvo que el futuro pliego establezca algún canon, reparto o contraprestación. Tampoco se puede decir que el coste indirecto sea automáticamente el valor total de mercado de la parcela, porque el Ayuntamiento no pierde la propiedad del suelo: la conserva, pero limita su uso durante 75 años.
Con los datos disponibles, lo único cuantificable sin inventar precios es la magnitud del activo público que se pone al servicio del proyecto. Para 160 viviendas, la parcela equivaldría a unos 49,49 m² de suelo municipal por vivienda y a unos 98,98 m² edificables por vivienda. Para 180 viviendas, equivaldría a unos 43,99 m² de suelo municipal por vivienda y a unos 87,98 m² edificables por vivienda.
Por tanto, el resumen correcto sería: el coste directo para las arcas públicas sería la ayuda de 40.000 euros por vivienda; el coste indirecto sería la cesión del uso económico de una parcela pública de 7.918 m², con 15.836 m² edificables, durante 75 años. Pero para saber cuánto vale ese coste indirecto en euros haría falta una tasación oficial de la parcela o del derecho de superficie, o conocer si el pliego impondrá un canon a la empresa adjudicataria. Sin ese dato, cualquier cifra monetaria sería una estimación, no un cálculo cierto.
Lo que no se puede calcularse con los datos de la noticia es la rentabilidad neta real de la empresa, porque no se informa del coste de construcción, financiación, mantenimiento, impuestos, reparaciones, seguros, gestión, posibles viviendas vacías o condiciones concretas del pliego. Por eso, la cifra clara no es el beneficio final, sino el ingreso bruto máximo que podría obtener la empresa y el coste público directo que asumiría la administración.
Tras conocerse los datos anunciados hoy, queda más claro cuál es el modelo de vivienda que defiende el gobierno de Carmen Moriyón en Gijón: no una apuesta decidida por vivienda pública gestionada directamente desde lo público, sino una fórmula en la que el Ayuntamiento pone suelo municipal y recursos públicos al servicio de operaciones que terminan siendo explotadas por empresas privadas.
El llamado Plan Llave II confirma una orientación política muy concreta. El gobierno de Moriyón presenta la colaboración público-privada como solución al problema de la vivienda, pero en la práctica esa colaboración supone que el Ayuntamiento cede capacidad pública de actuación mientras el sector privado obtiene el papel central en la construcción, gestión y explotación de los alquileres. No estamos ante una política pública ambiciosa de vivienda municipal, sino ante una estrategia que convierte suelo público en una oportunidad de negocio regulado para promotores privados.
La dureza de las críticas de Moriyón y Martínez Salvador al consejero Ovidio Zapico contrasta con el balance real del gobierno municipal. Desde que Moriyón llegó a la alcaldía, Gijón no ha visto una entrega efectiva de viviendas públicas fruto de su gestión. Lo que sí ha habido son anuncios, reproches a otras administraciones, licitaciones fallidas, reformulaciones y una constante confrontación política utilizada como cortina de humo para tapar la falta de resultados.
El caso de la vivienda sigue el mismo patrón que otros conflictos del mandato: mucho ruido institucional, mucha acusación al Gobierno autonómico o al Gobierno central, pero pocas soluciones concretas para los vecinos. Moriyón ha construido un discurso basado en señalar culpables fuera del Ayuntamiento, mientras su propio modelo se apoya en dejar en manos privadas una parte esencial de la respuesta al problema de la vivienda.
Lo conocido hoy permite hacer una lectura política clara: el gobierno de Foro y PP no plantea la vivienda como un derecho que deba garantizarse desde una política pública fuerte, sino como un campo en el que las constructoras y promotoras deben tener un papel protagonista, haciendo negocio con la mayor necesidad de la sociedad española. El Ayuntamiento aporta suelo de todos los gijoneses, respaldo institucional y ayudas; las empresas construyen, gestionan y cobran. Esa es la esencia del “modelo Moriyón”.
Por eso chirrían las acusaciones de inacción dirigidas al Principado. Puede criticarse la actuación del Gobierno asturiano, pero eso no borra la responsabilidad del gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón. Moriyón gobierna Gijón desde junio del año 2023 y, en materia de vivienda, su balance sigue siendo pobre: ninguna gran promoción pública entregada, una primera fase del Plan Llave que no salió adelante y una segunda fase que refuerza todavía más la dependencia del sector privado.
En definitiva, lo anunciado hoy no resuelve el problema de fondo; más bien retrata el modelo político del actual gobierno municipal. Moriyón habla de vivienda asequible, pero su receta pasa por poner patrimonio público al servicio de una explotación privada a largo plazo. Es una política que se presenta como pragmática, pero que en realidad evidencia la falta de ambición pública del Ayuntamiento para liderar directamente una solución al problema de la vivienda en Gijón.
Los números y el modelo conocido dejan poco margen para el maquillaje y el engaño: el gobierno municipal de Moriyón no está construyendo una verdadera política pública de vivienda, sino una fórmula en la que lo público asume el impulso y lo privado captura buena parte del rendimiento. Y mientras tanto, los gijoneses siguen esperando soluciones reales.
Para terminar el post quiero manifestar que este episodio deja una conclusión difícil de maquillar: Carmen Moriyón, Foro y el Partido Popular se oponen a declarar Gijón como zona tensionada, rechazan utilizar herramientas que podrían intervenir sobre el mercado del alquiler y, al mismo tiempo, presentan como gran solución un modelo en el que el suelo público y los recursos públicos acaban puestos al servicio de la rentabilidad privada. Hoy ya no hablamos solo de discursos ni de titulares; hoy conocemos la arquitectura política de su propuesta.
Y esa arquitectura es profundamente reveladora. Cuando había que elegir entre reforzar lo público o entregar el protagonismo al negocio privado, eligieron lo segundo. Cuando había que decidir si el Ayuntamiento debía liderar una política de vivienda al servicio de la mayoría social, optaron por una fórmula en la que las empresas constructoras y promotoras ocupan el centro de la operación. Cuando había que proteger a los vecinos de Gijón que no pueden acceder a una vivienda digna, prefirieron abrir una vía cómoda para que una minoría económica encuentre nuevas oportunidades de beneficio.
Ese es el descaro de esta política municipal: envolverse en el lenguaje de la vivienda asequible mientras se renuncia a una verdadera política pública de vivienda. Hablar de soluciones para los gijoneses mientras se diseña un modelo en el que el Ayuntamiento pone el suelo, moviliza ayudas y entrega durante décadas la explotación del alquiler a manos privadas. Presentarse como defensores del interés general mientras se actúa, en la práctica, como correa de transmisión de los intereses de la patronal de la construcción.
Moriyón podrá culpar al Principado, al Gobierno central o a quien convenga según el día, pero lo conocido hoy retrata con bastante claridad cuál es su prioridad. No es tensionar el mercado para proteger a quienes sufren los precios del alquiler. No es construir un parque público potente y estable. No es poner el patrimonio municipal al servicio directo de la mayoría. Su prioridad es hacer compatible el discurso de la vivienda asequible con un modelo en el que el negocio privado siga teniendo la última palabra.
Y eso, en plena crisis de vivienda, resulta especialmente grave. Porque cuando una administración decide que el suelo de todos debe servir antes a la rentabilidad de unos pocos que a garantizar derechos básicos, no estamos ante un error técnico: estamos ante una decisión política. Una decisión que dice mucho de para quién se gobierna y de a quién se escucha.
Hoy Moriyón, Foro y PP han dado una lección muy clara a los asturianos: cuando el interés de la mayoría choca con el interés de una minoría poderosa, su gobierno sabe perfectamente de qué lado colocarse. Y lo más preocupante no es que lo hagan; lo más preocupante es que ya ni siquiera se molestan en disimularlo.
Ya lo dijo Manuel García Rojo: “Cuando el suelo público se convierte en negocio privado, la vivienda deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión al poder económico.”
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