El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo plenario del 31 de agosto de 2023 por el que el Ayuntamiento de Ribadedeva aprobó la liberación parcial y retribución del alcalde independiente, Jorge Martínez, candidato del grupo de ultraderecha, Juntos por Ribadedeva, hermano del partido ultra, VecinosxLlanes, en el municipio llanisco. El tribunal ha ordenado que se devuelvan todas las cantidades cobradas indebidamente desde entonces, con los intereses legales correspondientes.
En la Sentencia nº 25/2026, dictada el 16 de enero de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado el recurso de apelación interpuesto por los concejales del PP de Ribadedeva, Ignacio Garmendia Cano y Fernando del Barrio Romano, contra la resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo del 13 de junio de 2025, que había anulado el acuerdo pero sin pronunciarse sobre los actos derivados ni exigir la devolución del dinero. Con esta nueva decisión, la sentencia de primera instancia queda revocada.
El núcleo de la controversia radica en que, según el TSJA, el asunto relativo a las dedicaciones y liberaciones no fue incluido de forma expresa en el orden del día del pleno extraordinario en el que se aprobó la medida y ello supuso una vulneración del derecho de participación política de los concejales, garantizado por el artículo 23 de la Constitución. Por ello, la nulidad es de pleno derecho, sin posibilidad de subsanación posterior.
El tribunal anula asimismo de forma encadenada la resolución de Alcaldía de 19 de septiembre de 2023, que designaba al alcalde como beneficiario de la liberación, al depender directamente del acuerdo plenario anulado.
Según los cálculos mencionados en las informaciones publicadas, la suma que Jorge Martínez deberá reintegrar al consistorio podría rondar los 60.000 € aproximadamente, junto con los intereses legales generados desde que percibió esas cantidades.
El proceso judicial se remonta a septiembre de 2023, cuando el grupo municipal del Partido Popular presentó un recurso de reposición contra el acuerdo al considerarlo nulo de pleno derecho y pidió su debate nuevamente en Pleno. En ese momento, el alcalde respondió que estaba “tratándolo con mis asesores”. El secretario municipal, principal asesor jurídico del Ayuntamiento, había advertido previamente que, estando recurrida la liberación, sería “prudente” no proceder al cobro hasta que se resolvieran los recursos, y posteriormente avaló la nulidad del acuerdo en un informe jurídico. A pesar de ello, el alcalde emitió un decreto de alcaldía para “devolverlo a su autor y eliminarlo del sistema informático del Ayuntamiento”.
Debido a la persistente negativa del equipo de gobierno a respetar los procedimientos legalmente establecidos, el PP presentó finalmente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa el 16 de febrero de 2024.
El portavoz municipal del PP, Ignacio Garmendia, ha celebrado la sentencia calificándola de clara y contundente, señalando que demuestra que el acuerdo por el que el alcalde se benefició de la liberación fue adoptado “al margen de la legalidad” y vulneró las normas esenciales del procedimiento y los derechos de los concejales. Según Garmendia, no se trata de un simple tecnicismo administrativo, sino de una constatación de un uso irregular del poder público para beneficio propio que ha dejado a Ribadedeva en una situación histórica sin precedentes en Asturias. La sentencia todavía tiene recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal, o bien otro recurso ante el propio TSJA si se apela por normativa autonómica bit.ly/3M2EUC7
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias trasciende con mucho el caso concreto de la liberación del alcalde y se convierte en un precedente de enorme calado institucional para la administración local asturiana. No solo anula un acuerdo plenario, sino que desautoriza de forma explícita la manera en que se ejerció el poder municipal, señalando una ruptura grave de las reglas democráticas básicas que rigen el funcionamiento de los ayuntamientos.
Desde el punto de vista administrativo, el fallo refuerza un principio esencial: la forma es fondo en el derecho administrativo. El TSJA deja claro que no basta con aprobar acuerdos por mayoría si estos no han sido correctamente incluidos en el orden del día, debatidos y votados conforme a la ley. La vulneración del derecho de participación de los concejales —artículo 23 de la Constitución— convierte el acuerdo en nulo de pleno derecho, sin posibilidad de convalidación posterior. Esto envía un mensaje inequívoco a todos los consistorios: los atajos procedimentales no solo son ilegales, sino costosos.
La orden de devolver las cantidades cobradas indebidamente con intereses legales introduce además un elemento disuasorio muy potente. Hasta ahora, muchas irregularidades en materia de liberaciones o retribuciones quedaban en simples anulaciones formales, sin consecuencias económicas personales. En este caso, el tribunal rompe esa dinámica y establece que quien se beneficia de un acto nulo debe responder patrimonialmente, incluso aunque el cobro se haya producido durante meses o años.
En el plano político, el impacto es aún más profundo. La sentencia debilita de forma notable la posición del alcalde, al señalar que actuó en contra del criterio del secretario municipal, principal garante de la legalidad en el Ayuntamiento. El hecho de ordenar la retirada y eliminación de un informe jurídico desfavorable del sistema informático municipal es especialmente grave, porque proyecta una imagen de desprecio institucional por los controles internos y erosiona la confianza en la neutralidad de la administración, nada nuevo en movimientos políticos populistas de condición ultra como el que hoy gobierna en el municipio de Llanes.
Para el PP de Ribadedeva, el fallo supone una victoria política y jurídica. Este PP tiene cuando menos una condición más decente que otros, como por ejemplo el que hoy abandera el partido en el municipio de Llanes, donde es cómplice y artífice de las tropelías del partido ultra, VecinosxLlanes, hermano del partido ultra JuntosxRibadedeva y su alcalde condenado en los tribunales. No solo valida su actuación desde el primer momento, sino que refuerza su discurso de defensa del procedimiento, del Pleno como órgano soberano y de los derechos de la oposición.
El caso también tiene una lectura más amplia para el municipalismo. Aunque existen antecedentes en otros municipios del país, esta sentencia se convierte en la primera en Asturias que obliga a un alcalde a reintegrar personalmente salarios indebidamente percibidos, lo que marca un antes y un después. A partir de ahora, cualquier decisión sobre dedicaciones exclusivas o parciales será examinada con lupa, tanto por secretarios municipales como por interventores y grupos de la oposición.
Por último, en términos de gobernabilidad, Ribadedeva entra en una etapa delicada. La sentencia no solo cuestiona un acuerdo concreto, sino que siembra dudas sobre la forma de gobernar del equipo municipal, lo que puede traducirse en mayor tensión política, pérdida de legitimidad y presión social para exigir explicaciones o incluso dimisiones, especialmente si el fallo se confirma en instancias superiores o se ejecuta plenamente.
En definitiva, no estamos ante un tecnicismo ni un conflicto menor, sino ante una resolución que reafirma el Estado de Derecho en el ámbito local, protege los derechos de los concejales y recuerda que el poder público no es discrecional, sino reglado. Ribadedeva queda así como un caso de estudio jurídico y político que probablemente será citado durante años en debates sobre transparencia, legalidad y buen gobierno municipal.
A los partidos ultras, JuntosxRibadedeva y VecinosxLlanes, son bien conocidos en el oriente de Asturias por la funesta gestión del servicio de dependencia que prestan a través de la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva. A continuación está el siguiente resumen de lo publicado en la prensa sobre la pésima gestión del servicio de dependencia (Servicios Sociales/Servicio de Ayuda a Domicilio) prestado por la Mancomunidad.
El primer atropello que cometieron con los vecinos de ambos concejos se produjo con la constitución de la Mancomunidad en esta legislatura, se produjo tras meses de demora y cambios en la representación de los municipios; la nueva entidad quedó formada por vocales nombrados por ambos ayuntamientos, con el alcalde de Llanes como presidente y el alcalde de Ribadedeva como vicepresidente (dos golfos políticos con pedigrí) circunstancia que marcó el inicio de la gestión mancomunada de servicios como Dependencia y Ayuda a Domicilio.
Desde meses antes y ya durante 2023 fueron públicas quejas de familias y del PSOE de Llanes sobre falta de atención a grandes dependientes, con denuncias concretas de retrasos en la atención domiciliaria y casos de personas en listas de espera que las fuentes consideran graves. Estas denuncias señalaron deficiencias en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que afectan a usuarios con necesidades de alta dependencia.
En 2024–2025 la controversia se centró en la negociación y votación del convenio colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio: el pleno de la Mancomunidad rechazó por dos veces el convenio propuesto por la presidencia (Llanes) y se aprobó finalmente una propuesta alternativa presentada por el PSOE para la estabilización de las trabajadoras. Los rechazos y la gestión del expediente motivaron críticas públicas y cobertura extensa en la prensa local.
Organizaciones sindicales y representantes políticos han acusado a los gobiernos municipales que componen la Mancomunidad —con mención explícita al bipartito y a los grupos que ostentan la mayoría— de agravar la situación laboral de las trabajadoras y de complicar la mejora de las condiciones: CC.OO. criticó con dureza el rechazo del convenio y denunció un empeoramiento de la situación laboral; UGT también emitió posicionamientos señalando problemas en la negociación y calificando algunas maniobras como insuficientes o poco transparentes. Estas críticas incluyen la existencia de modelos contractuales distintos y la pérdida de complementos retributivos para empleadas concretas.
Ante la repercusión mediática y las denuncias, el Ayuntamiento de Llanes publicó comunicados indicando que tomaría medidas por la problemática surgida en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad, reconociendo implícitamente la existencia de disfunciones organizativas que deben abordarse. Primero crean el problema y luego se presentan como salvadores de los ciudadanos a la hora de corregirlo… Me suena mucho este tema con lo que hemos leído estos días sobre el problema de la vivienda vacacional.
Enlaces consultados (prensa y fuentes citadas):
- Artículo sobre constitución de la
Mancomunidad Llanes–Ribadedeva (El Fielato / El Nora).
bit.ly/4bm2Ivf - Información sobre denuncias de
familias y PSOE de Llanes por falta de atención a grandes dependientes
(Cope Ribadesella).
bit.ly/3YWy3Nt - Cobertura sobre el rechazo del
convenio y la aprobación de propuesta socialista para estabilizar a las
trabajadoras (El Diario de Asturias).
bit.ly/45rAiw3 - Crítica sindical y conflicto por el
convenio colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio (Cope Ribadesella —
CCOO / UGT).
bit.ly/3NBkYqE, bit.ly/49MpPxT - Comunicado oficial del Ayuntamiento
de Llanes sobre la problemática en el Centro de Servicios Sociales de la
Mancomunidad.
bit.ly/4tc9mdY
Para terminar el post quiero manifestar que los llamados partidos “ultras” que irrumpen en la política municipal envueltos en promesas de limpieza, transparencia y regeneración terminan, demasiadas veces, dejando un rastro de desprecio por la ley, deterioro institucional y cinismo democrático. El caso de Ribadedeva —con una sentencia que declara nulo de pleno derecho un acuerdo para retribuir al alcalde y obliga a devolver el dinero con intereses— no es una anécdota ni un tecnicismo: es la evidencia de una forma de gobernar que confunde el cargo con la propiedad y el poder con la impunidad.
Cuando la legalidad estorba, se esquiva; cuando los controles incomodan, se neutralizan; cuando un informe jurídico es desfavorable, se intenta borrar. Esa es la lógica que subyace en movimientos como JuntosxRibadedeva y su entorno político afín, VecinosxLlanes, que han mostrado una preocupante naturalidad para cruzar líneas que cualquier demócrata debería considerar infranqueables. El mantra es viejo y brutalmente simple: “donde pago yo, cago”. El dinero como brújula; la ley como obstáculo.
Nada de esto prosperaría sin complicidades. Complicidades de quienes, por cálculo o conveniencia, normalizan el desorden si les garantiza poder. Ahí aparecen PP y Foro Asturias, capaces de encamarse sin rubor con estos proyectos cuando la aritmética manda; o de bendecir gobiernos sostenidos por tránsfugas, como ya ocurrió en Llanes o Gijón, con tal de conservar parcelas de poder. La coherencia democrática se sacrifica en el altar del despacho.
El resultado lo pagan los vecinos: servicios esenciales mal gestionados, como la Dependencia; trabajadoras precarizadas; familias desatendidas; y una administración erosionada que pierde credibilidad. Primero crean el problema; después, se presentan como salvadores. Es populismo de manual: ruido, confrontación y propaganda para tapar la incompetencia y la arbitrariedad.
La sentencia de Ribadedeva no solo corrige un abuso; desnuda un método. Recuerda que el poder público es reglado, que el Pleno no es un trámite y que los derechos de la oposición existen para proteger a la ciudadanía. Y advierte —con consecuencias económicas personales— de que saltarse la ley sale caro. Ojalá no haga falta repetirlo: la mayor peste democrática no es la discrepancia, sino la impunidad. Cuando quienes prometen ejemplaridad gobiernan como si el ayuntamiento fuera suyo, la democracia enferma. Y cuando otros les sostienen para “sumar”, la enfermedad se cronifica.
Ya
lo dijo Norberto Bobbio: “Donde se desprecia la ley, el poder
acaba despreciando a los ciudadanos.”
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