PP Y VECINOSXLLANES: EXTERNALIZAR LO DE TODOS, BLINDAR LO SUYO

 

Ayer podíamos leer en la prensa que mientras en Asturias, el Gobierno de coalición del PSOE-IU, refuerza los servicios públicos con inversiones tangibles, en Andalucía, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) avanza en una línea diametralmente opuesta, según numerosas voces, está deteriorando pilares esenciales como la educación y la sanidad. Hay que recordar, que el 31 de diciembre en una entrevista en la prensa asturiana el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, alababa dicha gestión como modelo de eficiencia frente a los socialistas en Asturias.

En el Principado, el Gobierno autonómico destinará diez millones de euros para mejorar el saneamiento y el abastecimiento en Corvera, Villaviciosa, Teverga, Cabranes y Valdés. Se construirán nuevas depuradoras, depósitos, colectores y estaciones de bombeo, se ampliarán redes, se reforzará el abastecimiento a núcleos rurales y se actuarán sobre infraestructuras clave para garantizar una gestión integral, eficiente y sostenible del agua. Es una inversión que persigue modernizar el territorio y mejorar la calidad de vida, con planificación técnica y financiación pública estable.
https://bit.ly/44MIeYs

Mientras tanto, en Andalucía, la implantación de la nueva Formación Profesional Dual se ha convertido en un problema para miles de alumnos, docentes y centros educativos. El  gobierno de la Junta dirigido por el PP ha aplicado la normativa estatal de forma improvisada, introduciendo requisitos como las 500 horas de prácticas obligatorias de manera retroactiva y sin planificación. Muchos estudiantes corren el riesgo de no titular por falta de plazas en empresas; el profesorado carece de medios para gestionarlas; y la oferta pública se estanca mientras la privada crece con rapidez y matrículas cada vez más elevadas. El resultado es claro: la FP deja de ser un derecho universal y se convierte en un negocio, desplazando a quienes no pueden pagar. https://bit.ly/44UXwKB


 Foto: Moreno Bonilla, Núñez Feijóo y Álvaro Queipo, tres mercenarios para liquidar los servicios públicos

A ello se suma la situación de la sanidad andaluza. Moreno Bonilla ha llegado a plantear públicamente que la sanidad pública para todos podría volverse “inviable”, al tiempo que su Gobierno mantiene contratos prorrogados con clínicas privadas y cierra miles de camas en hospitales públicos durante el verano. Existen denuncias por presunta malversación relacionadas con contratos del Servicio Andaluz de Salud y, según sindicatos, el cierre de camas aumentará las listas de espera y deteriorará la atención. La percepción generalizada es que se vacía lo público para empujar a la ciudadanía hacia lo privado, debilitando un servicio que debería ser universal. Al margen de todo ello, a principios de mes el Sindicato de Enfermería, SATSE, alertaba sobre el cierre de 10.258 camas de hospital durante junio, julio, agosto y septiembre, con Andalucía a la cabeza. Esto incrementará las listas de espera y una peor atención para acabar repercutiendo directamente en el estado de salud de algunas personas.

El sindicato afirmó que "la posibilidad de aprovechar el periodo estival para reducir las listas de espera ha vuelto a ser descartada por las administraciones, que priman el bienestar de sus cuentas antes que el bienestar de las personas”.

Según los datos de SATSE, este verano se cerrarán miles de camas hospitalarias en todo el país. Andalucía encabeza la lista, con el cierre de al menos 2.200 camas. En Madrid, se prevé el cierre de 1.539 camas, bajo la información recabada en ocho hospitales. Le siguen Cataluña con 1.300 camas, la Comunidad Valenciana con 910 y, tanto Aragón como Galicia, donde el cierre afectará a 700 camas en cada comunidad. En el País Vasco dejarán de estar operativas 619 camas, en Extremadura 500, en Castilla-La Mancha 373, en Asturias 370, en Murcia 317, en Castilla y León 250, en Cantabria 164, en Navarra 146, en Baleares 116 y en La Rioja 54. https://bit.ly/3Yl8ohk

Así, mientras en Asturias el esfuerzo público se orienta a invertir, reforzar infraestructuras esenciales y garantizar derechos básicos, en Andalucía se consolida un modelo donde los servicios públicos pierden recursos, se externalizan funciones y crecen las desigualdades. Dos caminos opuestos: uno que apuesta por ampliar el bien común, y otro que, paso a paso, parece desguazarlo.

Las tres noticias dibujan un contraste nítido entre dos formas de entender los servicios públicos en España.

Por un lado, Asturias aparece como ejemplo de planificación pública orientada a reforzar infraestructuras básicas: agua, saneamiento, depuración y abastecimiento. No se trata de grandes titulares espectaculares, sino de obras que no siempre se ven, pero que sostienen la vida cotidiana: depuradoras que evitan vertidos, redes renovadas que reducen fugas, depósitos que garantizan suministro estable y actuaciones pensadas a medio plazo. Es inversión productiva, con horizonte ambiental y social, destinada a mejorar la calidad de vida y la cohesión territorial de los habitantes de la comunidad.

En el lado opuesto, las informaciones procedentes de Andalucía dibujan un panorama de creciente tensión en dos pilares esenciales: educación y sanidad. La implantación apresurada de la FP Dual, con cambios retroactivos y sin recursos suficientes, genera incertidumbre y favorece —de facto— el trasvase hacia la oferta privada. Y, en sanidad, el cierre de camas, la dependencia creciente de conciertos con clínicas privadas y las polémicas sobre contratos y gestión alimentan la percepción de que lo público se va debilitando poco a poco.

El mensaje de fondo es claro: cuando el Estado renuncia a planificar, lo que avanza es el mercado —y el acceso a derechos básicos empieza a depender del bolsillo de cada ciudadano.

A partir de aquí, surge otra conclusión política relevante: los territorios (ayuntamientos con gobiernos civilizados) donde existe una relación institucional razonable —aunque haya discrepancias políticas— suelen conseguir inversiones, proyectos y mejoras del gobierno regional. Los ayuntamientos que mantienen interlocución estable con su comunidad autónoma y el Gobierno central logran subirse al ciclo de oportunidades que ofrece la legislación del Estado.

Cuando un municipio convierte la política en confrontación permanente como sucede en el municipio de Llanes desde el año 2015, el resultado suele ser el contrario: parálisis, aislamiento y oportunidades perdidas… El precio lo pagan los llaniscos, no los golfos que hoy están cobrando del erario público lo que no ganan en la vida civil al carecer de ocupación como sucede con muchos de ellos.  No porque “se castigue” al municipio, sino porque la energía que debería dedicarse a negociar proyectos y defender expedientes se consume en disputas, titulares y guerras internas. Y quienes pagan las consecuencias son los vecinos: peor mantenimiento, menos inversión y más retrasos.

En ese sentido, la comparación implícita que plantes apunta a una idea sencilla:

·         Mientras otros concejos asturianos avanzan gracias a cooperación institucional y planificación, un municipio en tensionamiento político constante como sucede en Llanes, ve pasar las inversiones sin poder aprovecharlas.

La lección política que dejan estas noticias es doble:

1️⃣ Los servicios públicos requieren planificación, estabilidad y recursos. No se improvisan. Cuando se gestionan como un campo de negocio, se rompen la igualdad de oportunidades y la confianza ciudadana.

2️⃣ La confrontación permanente empobrece políticamente a los territorios. Sin diálogo institucional, se bloquean proyectos, se pierden alianzas y las inversiones acaban yendo donde hay seriedad y previsibilidad.

Podemos estar más cerca o más lejos de una posición ideológica u otra, pero los hechos apuntan a algo bastante pragmático: los lugares que cuidan sus instituciones y apuestan por lo público suelen salir mejor parados que aquellos que convierten la política en ruido y confrontación como sucede con los partidos de la derecha extrema, Foro, PP o de la ultraderecha, VecinosxLlanes o Vox.

Las noticias publicadas nos muestran un contraste claro entre dos orientaciones de gobierno respecto a los servicios públicos: reforzarlos mediante inversión sostenida como hace la izquierda o someterlos a dinámicas del mercado que, en la práctica, los debilitan.

En Asturias, el programa de inversión en saneamiento y abastecimiento revela una idea sencilla pero estratégica: los servicios públicos se sostienen con planificación, obras estructurales y financiación estable. Renovar colectores, construir depuradoras, reforzar depósitos y modernizar redes no es una operación propagandística; es una política de Estado a escala regional, que incide directamente en salud pública, protección ambiental, seguridad del suministro y equidad territorial. Los beneficios son concretos: menos vertidos, menor riesgo de cortes, mejor calidad del agua y un marco de gestión más sostenible.

En Andalucía, las informaciones sobre la educación de la FP Dual y la sanidad pública apuntan a consecuencias distintas. No se trata de un debate ideológico abstracto, sino de efectos prácticos:

  1. En educación, la aplicación precipitada del nuevo modelo de FP ha introducido inseguridad jurídica y organizativa. El cambio de reglas a mitad de curso, la obligación de horas adicionales sin previsión suficiente de plazas en empresas y la carga trasladada al profesorado generan:
  • retrasos en la titulación,
  • riesgo de abandono,
  • desigualdad de acceso cuando la alternativa es pagar formación privada.

Aquí la consecuencia no es teórica: estudiantes que cumplen con los estudios ven peligrar su título por fallos de gestión.

  1. En sanidad, las decisiones combinadas —cierre de camas, ampliación de conciertos con centros privados y reducción temporal de capacidad hospitalaria— producen efectos medibles:
  • listas de espera más largas,
  • menor disponibilidad de recursos en periodos críticos,
  • mayor derivación hacia la oferta privada.

El resultado es que la ciudadanía percibe que el sistema público pierde capacidad de respuesta, especialmente quienes dependen exclusivamente de él.

A partir de estos hechos, la conclusión no gira tanto sobre etiquetas políticas como sobre modelos de gestión. Cuando se desordena la planificación o se fragmenta el sistema, el coste recae sobre el usuario: más incertidumbre, más barreras y menos garantías.

En el plano municipal, la experiencia comparada que sugieren las noticias es igualmente clara: los ayuntamientos que mantienen relaciones institucionales estables —aunque discrepen— obtienen inversiones y proyectos porque pueden negociar, presentar expedientes maduros y coordinarse. Donde prevalece la confrontación constante, el efecto es otro: lentitud administrativa, aislamiento y oportunidades perdidas. No es una cuestión de castigo, sino de capacidad de gestión.

Para la ciudadanía, las lecciones que se desprenden —sin especulaciones— son estas:

1️⃣ Los servicios públicos necesitan continuidad y previsión.
Cambiar reglas sin tiempo, recortar capacidades o externalizar funciones esenciales genera incertidumbre y desigualdad.

2️⃣ Las inversiones invisibles son decisivas.
Infraestructuras de agua, depuración o mantenimiento no ocupan portadas, pero determinan salud, medio ambiente y bienestar.

3️⃣ Las malas decisiones administrativas tienen consecuencias reales.
Retrasos en titulaciones, saturación sanitaria, derivaciones forzadas y pérdida de confianza institucional.

4️⃣ La cooperación institucional importa.
Municipios que trabajan con las administraciones superiores obtienen más recursos y servicios; los que priorizan el conflicto se quedan atrás.

5️⃣ Cuando lo público pierde peso, el coste se desplaza a las familias.
Más gasto privado, más desigualdad y menos garantía de derechos básicos.

En síntesis, las noticias no describen solo diferencias partidistas: muestran cómo determinadas formas de gobernar fortalecen o erosionan derechos concretos. Allí donde hay planificación, inversión y cooperación, los servicios públicos se consolidan. Allí donde predominan la improvisación, la fragmentación y la externalización, aparecen tensiones que acaban pagando los ciudadanos.

Existen cifras aproximadas sobre el coste económico de la externalización y recortes en servicios públicos en Andalucía, en especial en el servicio público de sanidad, aunque no siempre hay estudios oficiales únicos y completos que sumen todos los gastos de externalización y recortes desde que gobierna el PP. Aun así, hay estimaciones y datos públicos que permiten cuantificar en parte este impacto.

1. Contratos con sanidad privada — cientos de millones al año

  • En el año 2024, Andalucía destinó **casi 580 millones de euros de su presupuesto sanitario a conciertos con empresas privadas (servicios externalizados) para operaciones, pruebas y otros servicios. Asociación de Administrativos Sanitarios
  • Según el sindicato de enfermería SATSE, el Gobierno andaluz aprobó **un contrato plurianual con entidades privadas por más de 500 millones de euros destinado a la asistencia sanitaria externalizada. Andalucía
  • Otra fuente periodística menciona que los contratos a dedo con clínicas privadas por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) habían alcanzado un gasto acumulado de 243 millones de euros hasta junio de 2023. elDiario.es
  • En 2025, también se informó de una **licitación planificada de aproximadamente 533 millones de euros para derivar operaciones y pruebas diagnósticas a la sanidad privada. La Mar de Onuba

Ø  Resumen del gasto externalizado en sanidad:
aproximadamente entre 500–580 millones de € anuales en conciertos/contratos con proveedores privados en años recientes bajo el Gobierno del PP. Andalucía+1

— Este gasto no es “recorte” en sentido estricto, pero sí representa dinero público que sale del sistema sanitario público y va a proveedores privados.

2. Recortes presupuestarios directos en sanidad pública

  • El propio Gobierno andaluz ha aprobado para 2025 **recortes de gasto de personal por valor de 91 millones de euros en 16 grandes hospitales públicos, lo que representa una reducción del 3,35 % en esa partida respecto al año anterior. El País

Ø  Esto sí es un dato cuantificado de recorte real en gasto público: 91 millones de € menos para gasto de personal en hospitales en 2025, según datos internos del SAS. El País

3. Acusaciones de transferencia de fondos hacia lo privado

  • Según críticas del PSOE en Andalucía, desde 2019 la Junta habría destinado alrededor de 4.600 millones de euros a servicios concertados o privados (derivaciones, hospitales, pruebas…) con el argumento de reducir listas de espera. Este dato se ha citado en comunicados de la oposición (aunque no siempre con desglose oficial publicado). Cadena SER

Este número no es un gasto oficial publicado por la Junta, pero es la cifra que se menciona públicamente por parte de grupos parlamentarios como estimación del dinero transferido a la sanidad privada desde el año 2019. Cadena SER

Conclusión cuantificada (según datos disponibles)

Sanidad privada/externalizada:

·         Aprox. 500–580 millones € anuales en conciertos/contratos con el sector privado en sanidad pública en años recientes. Andalucía+1

Recortes en gasto de personal sanitario:

·         91 millones € menos en gasto de personal para hospitales públicos en 2025. El País

Denuncias de gasto total asociado a externalizaciones desde 2019:

·         Aproximadamente unos 4.600 millones € (estimación de PSOE-A, no desglose oficial). Cadena SER

Fuentes / enlaces

Para terminar el post quiero manifestar que al cerrar este recorrido por las noticias y los datos, hay una conclusión que los ciudadanos no pueden ignorar: allí donde gobiernan fuerzas que conciben los servicios públicos como un coste a reducir — la derecha extrema de PP, Foro o la ultraderecha de VecinosxLlanes o Vox— los derechos básicos corren el riesgo de transformarse en mercados. Lo vemos en Andalucía: externalización creciente, recortes funcionales y decisiones que desplazan progresivamente la carga hacia las familias.


Lo más preocupante es que este modelo empieza a presentarse como “normal”. Los cierres temporales se convierten en estructura, las derivaciones a la privada dejan de ser excepcionales y los retrasos o barreras en educación y sanidad se asumen como parte del sistema. Cuando esto ocurre, el ciudadano pasa de tener derechos garantizados a tener oportunidades condicionadas.

En paralelo, emerge una contradicción evidente: quienes defienden externalizar lo público a empresas privadas o a terceros, rara vez plantean externalizar —o cuestionar— aquello que sí les beneficia directamente: sus salarios, sus dietas, sus cargos. Ahí ya no hablan de “eficiencia del mercado”, sino de estabilidad y de servicio público. Se reivindica austeridad para los demás y blindaje para uno mismo. Es una incoherencia que erosiona la credibilidad y revela una ética frágil: se pide sacrificio al conjunto mientras se preservan los privilegios propios… Son seres con sarna que todo lo que tocan se contamina.

Por eso resulta inquietante que, desde algunos espacios políticos asturianos, se señale este modelo como ejemplo a seguir como dijo el día 31 de diciembre, Álvaro Queipo. No estamos hablando de teoría ni de consignas; hablamos de listas de espera que crecen, de estudiantes que ven peligrar su titulación, de municipios que pierden inversiones por falta de cooperación institucional, y de familias que pagan más por lo que antes era un derecho.

Asturias ha mostrado que otra vía es posible: planificación, inversión estable y coordinación entre administraciones. Pero esa senda no está garantizada. Si quienes normalizan la externalización y el debilitamiento de lo público llegan a convertir su forma de gobernar en regla, los recortes dejarán de ser episodios para convertirse en sistema. Y cuando eso sucede, lo que se pierde no es solo presupuesto: se pierde igualdad, confianza y horizonte común.

Que estas experiencias como la andaluza sirvan, al menos, como advertencia. Porque la democracia se mide, en gran parte, por la fortaleza de sus servicios públicos —y por la honestidad de quienes los gestionan.

Ya lo dijo Thomas Piketty: “La desigualdad no es económica: es política.”

 

 

 

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