El servicio público no es un favor, ni un gesto de buena voluntad de quienes gobiernan: es una obligación legal y moral. Quien decide presentarse voluntariamente a unas elecciones municipales acepta, desde ese mismo momento, la responsabilidad de gestionar, mantener y garantizar los servicios básicos que afectan directamente a la seguridad, la salud y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
El saneamiento municipal, el mantenimiento de las vías públicas y la eliminación de riesgos evidentes en espacios comunes no son opcionales, ni dependen del interés político del momento. Son competencias propias del Ayuntamiento y se financian con el dinero que los ciudadanos pagan mes a mes mediante impuestos y tasas. Cuando estas funciones no se cumplen, no estamos ante un descuido menor: estamos ante una negligencia grave.
Un cargo público no puede escudarse en el silencio, la inacción o el “ya se mirará”. Gobernar implica responder, actuar y prevenir daños, especialmente cuando existe un peligro evidente y reiteradamente denunciado como el que hoy denuncio. Esperar a que ocurra una desgracia para intervenir no solo es irresponsable, sino inaceptable en un Estado de derecho.





Este post nace precisamente para denunciar esa dejadez, para recordar que las leyes están para cumplirse y que los servicios públicos existen para proteger a las personas, no para abandonarlas. Porque cuando un gobierno municipal, como este fascista que lleva diez años desgobernando el municipio de Llanes mira hacia otro lado, quien queda expuesto es el vecino: el niño, el anciano, la familia que vive allí todos los días.
Lo que ocurre en la Urbanización del Bosque no es un accidente ni un hecho puntual: es el resultado de años de dejadez, abandono y desprecio hacia los vecinos. Un agujero con más de un metro de profundidad, en plena vía pública, conocido por el Ayuntamiento, fotografiado por el propio alcalde de barrio y “revisado” por personal municipal, que sigue exactamente igual dos años después… Es fascismo encubierto, una forma de gobernar basada en la imposición del silencio, la inacción deliberada y el desprecio absoluto por la seguridad y la dignidad de los vecinos de Nueva. No hace falta prohibir ni reprimir abiertamente cuando se opta por algo igual de grave: mirar hacia otro lado, dejar que el problema se pudra y confiar en que nadie tenga la mala suerte de resultar gravemente herido. Esta manera de actuar, negligente y sucia que practica la ultraderecha de, VecinosxLlanes (sicarios de AVALL) y sus monagillos del PP, deciden qué problemas merecen atención y cuáles se pueden ignorarse indefinidamente, esto no es gestión pública: es autoritarismo negligente, sostenido con el dinero de quienes sí cumplen, pagan y viven cada día con el riesgo delante de su casa.
¿A qué están esperando? ¿A que un niño caiga? ¿A que una persona mayor se rompa una cadera? ¿A que un coche sufra un accidente grave? Porque cuando eso ocurra —si ocurre— ya no podrán decir que no sabían nada, están avisados desde hace demasiado tiempo.
Es indignante comprobar cómo para otras cosas sí hay tiempo, dinero y rapidez, como por ejemplo para el campo de golf o para él teatro Cinemar, pero para garantizar la seguridad básica de los vecinos no. Esto no es falta de recursos: es falta de voluntad política y vergüenza. Y cuando un gobierno municipal decide no actuar ante un peligro evidente, se convierte en responsable directo de las consecuencias.
Los vecinos no piden privilegios, exigen lo mínimo: seguridad, mantenimiento y respeto. Porque gobernar no es salir en fotos ni prometer en campaña; gobernar es resolver problemas reales, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida de las personas.
Desde el punto de vista legal, la situación descrita constituye un incumplimiento claro de las obligaciones del Ayuntamiento en materia de mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos esenciales.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25 que los municipios tienen competencias propias, entre otras, en infraestructuras viarias, saneamiento, seguridad en espacios públicos y protección de las personas. Estas competencias no son discrecionales, sino de obligado cumplimiento, y deben ejercerse de manera eficaz y continuada. Esto es en todos los municipios de España… Menos en Llanes con los perros de VecinosxLlanes y sus caniches del PP.
La existencia durante más de dos años de un socavón de gran profundidad en la vía pública, debidamente comunicado a la autoridad municipal, supone una omisión del deber de conservación y mantenimiento, así como una situación de riesgo grave y evitable para los ciudadanos. Dicha omisión puede derivar en responsabilidad patrimonial de la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en la legislación administrativa vigente.
Cuando una Administración pública tiene conocimiento de un riesgo y no actúa para eliminarlo, incurre en una negligencia administrativa, siendo plenamente reclamables los daños personales o materiales que pudieran producirse como consecuencia directa de esa inacción.
Los vecinos cumplen con su obligación de contribuir económicamente al sostenimiento de los servicios municipales. Es exigible, por tanto, que el Ayuntamiento cumpla con la suya: garantizar la seguridad, el mantenimiento y el correcto funcionamiento del saneamiento municipal.
El dinero público sí aparece… cuando interesa
Resulta aún más ofensivo comprobar que esta dejadez no se produce por falta de medios económicos, sino por una decisión política consciente. El gobierno municipal de Llanes no es un gobierno sin recursos: es un gobierno que prioriza sueldos, cargos y proyectos propagandísticos frente a la seguridad básica de los vecinos.
Foto: jabalís fascistas de VecinosxLlanes en el gobierno municipal
Según los propios datos públicos de retribuciones municipales, el coste anual del equipo de gobierno asciende a cerca de 300.000 euros en salarios al año, a los que se suma el coste de asesores externos, que supera los 47.000 euros anuales. Personas que cobran puntualmente todos los meses, con sueldos muy por encima de la media de los vecinos a los que dicen representar.
Mientras tanto, un problema de saneamiento evidente, peligroso y localizado de Nueva —que se arregla en una mañana y con un coste mínimo— permanece abandonado durante más de dos años.
Aquí no hay excusas técnicas
ni administrativas. Hay una pregunta muy simple:
👉 ¿Cómo
se justifica cobrar estos salarios mientras se ignora un riesgo real para la
vida de las personas?
Porque cuando un gobierno municipal cobra, decide y no actúa, lo que está haciendo es apropiarse del dinero público sin cumplir su función básica. Y eso, además de inmoral, es políticamente indecente.
Responsabilidades políticas y legales
Conviene recordarlo con claridad:
- El gobierno municipal conoce el problema.
- El gobierno municipal ha sido advertido reiteradamente.
- El gobierno municipal ha tenido tiempo, dinero y medios para solucionarlo.
- El gobierno municipal ha decidido no hacerlo.
Esto no es solo una negligencia técnica: es una responsabilidad política directa, y potencialmente una responsabilidad jurídica si se producen daños personales o materiales. Cada día que pasa sin intervenir, el riesgo aumenta y la responsabilidad se agrava.
La falta de actuación no puede justificarse ni por la complejidad de la obra, ni por la burocracia, ni por prioridades presupuestarias cuando sí existen recursos para sueldos, asesores, eventos y proyectos secundarios.
Exigencia clara
Los vecinos afectados no
piden favores ni discursos. Exigen soluciones.
Exigen que el Ayuntamiento actúe de inmediato, repare el saneamiento,
elimine el peligro y asuma su obligación legal.
Porque si no se gobierna para proteger a las personas, si no se mantienen los servicios públicos esenciales, si se cobra sin cumplir, entonces no se está gobernando: se está parasitando lo público… Lo llevan haciendo hace más de diez años por tener una oposición socialista que es para ponerse a mear y no echar gota, por su incapacidad y falta de contundencia con estos fascistas.
Y los vecinos de Nueva y del concejo de Llanes no tienen por qué aceptar más silencio, más abandono ni más desprecio.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que hoy viven los llaniscos no es una anécdota ni una mala racha administrativa: es el resultado lógico del dislate, del abandono convertido en costumbre y de una forma de gobernar que ha normalizado la chapuza, el riesgo y la impunidad. Llanes no está mal gobernado por error, está mal gobernado por hábito. Y cuando el hábito es despreciar al vecino, el resultado es exactamente el que muestran estas fotos: agujeros, peligro y silencio.
Mientras las calles se hunden, quienes mandan engordan. Mientras el saneamiento se pudre bajo los pies de la gente, el gobierno municipal se parapeta tras cargos, sueldos y propaganda. No gobiernan: ocupan. No gestionan: consumen. No representan a nadie más que a sí mismos. Son jabalíes de la política municipal, arrasando lo público a su paso, dejando barro donde antes había derechos.
Este municipio no está así porque falte dinero, ni porque falte ley, ni porque falten avisos. Está así porque quienes están al frente han decidido que la vida del vecino vale menos que su comodidad, que el riesgo ajeno es asumible si no les salpica, y que el poder sirve para blindarse, no para servir. Eso no es política: es degradación institucional.
Las fotos no mienten. El
agujero no miente. El tiempo no miente.
Miente quien calla, quien promete, quien cobra y no actúa.
Miente quien se envuelve en cargos mientras el suelo se abre bajo los pies de
su gente.
Y no, los vecinos no van a agachar la cabeza. No van a acostumbrarse. No van a aceptar que esta sea la normalidad. Porque Llanes no merece este gobierno municipal de jabalís, y Nueva no merece vivir con miedo mientras otros viven del presupuesto.
Esto no es una pataleta. Es
un aviso. La paciencia se ha agotado.
Y la dignidad, aunque la pisen, no se hunde.
Ya lo dijo Aristóteles: “Donde no gobierna la ley, gobierna la tiranía.”
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