La prensa regional asturiana ofrecía dos informaciones que, leídas en paralelo, dibujan con claridad las contradicciones profundas del discurso del PP sobre él problema de la vivienda y su aplicación práctica allí donde gobierna. Por un lado, La Nueva España informaba de la aprobación del Plan Especial de Usos Turísticos (PEUT) de Llanes, impulsado por el gobierno municipal integrado por VecinosxLlanes y el PP, una iniciativa presentada como respuesta urgente a uno de los fenómenos que más está transformando la costa cantábrica: la expansión descontrolada del alquiler turístico de corta duración.
El diagnóstico en el que se apoya el plan es demoledor. Según datos oficiales actualizados a julio de 2025, en el concejo de Llanes existen 1.202 viviendas destinadas al alquiler turístico, con una capacidad total de 6.498 plazas, frente a solo 13 viviendas disponibles para alquiler residencial de larga duración en todo el municipio. Esta desproporción extrema —1.202 frente a 13— constituye el eje central sobre el que el gobierno local justifica la necesidad de intervenir de manera inmediata (problema que el gobierno municipal creo tras diez años de desgobierno municipal). El crecimiento de las viviendas turísticas ha sido exponencial desde el año 2020, casi triplicándose, con una fuerte concentración en la franja costera y en núcleos como Llanes, Posada, Barro, Nueva o Po, dejando al vecindario sin alternativas habitacionales estables.
El informe no solo alerta de la desaparición del alquiler residencial, sino también de la presión insostenible sobre los precios del suelo y la vivienda, tanto en venta como en alquiler, lo que está expulsando a jóvenes y familias y provocando una estacionalidad extrema: pueblos colapsados en verano y prácticamente vacíos en invierno, sin vida comunitaria ni servicios sostenibles (nada nuevo que no venga denunciando desde este blog desde hace años). El PEUT no plantea una prohibición total, sino una regulación estricta, con el objetivo declarado de compatibilizar el turismo —motor económico del concejo— con el derecho a la vivienda y la vida vecinal, aspirando a que Llanes esté “vivo los doce meses del año”. Todo ello, paradójicamente, tras más de una década sin PGOU, circunstancia que ha contribuido decisivamente al desorden urbanístico actual y que si se sigue prolongando dichas licencias de uso turístico este plan está abocado a un rotundo fracaso bit.ly/45guiWM
El plan desarrolla una zonificación basada en un límite máximo del 5% de viviendas turísticas por núcleo, creando tres categorías: Núcleos Saturados (NS), donde no se concederán nuevas licencias; Núcleos de Contención (NC), con crecimiento muy limitado; y Núcleos en Equilibrio (NE), donde se permitirá un desarrollo controlado. En los núcleos saturados, las licencias existentes se seguirán renovando, pero se incentivará su reconversión a uso residencial permanente. Además, se prohíben los alquileres turísticos en plantas bajas del casco histórico, para proteger el comercio local, y se excluyen las fincas singulares —casonas de indianos y villas con valor patrimonial— de cualquier uso turístico. El sistema de mera declaración responsable desaparece y se implanta una licencia municipal previa, junto con un registro municipal único. El coste del plan se estima en 15.000 euros cada cuatro años, más 25.000 euros iniciales, asumiendo el Ayuntamiento una posible pérdida de ingresos por licencias, compensada —según defiende— por el ahorro futuro en servicios públicos y el beneficio social de una población estable. El plan será evaluado y revisado cada cuatro años bit.ly/4bKSgNI
Ayer en el mismo diario publicaba otra noticia en la que el PP acusaba al Gobierno del Principado de Asturias de convertir la vivienda en un “artículo de lujo” mediante políticas “intervencionistas” bit.ly/4b6oH9c El diputado nacional y “lumbrera” política del PP, Silverio Argüelles afirmaba que en Asturias se crean 2.850 nuevos hogares al año, pero solo se construyen 1.900 viviendas, con precios que superan los 1.600 €/m² en venta y 10,40 €/m² en alquiler, en un contexto de encarecimiento del coste de la vida y subida de impuestos. Según el PP, el problema no es la falta de leyes, sino la falta de gestión, acusando al Gobierno de no aprovechar fondos europeos, haber construido solo 100 viviendas públicas en cuatro años y que el programa “Alquilámoste” apenas haya aportado 20 viviendas.
Foto: el fascista alcalde, Enrique Riestra, con el sicario, Álvaro Queipo y la "mentira andante" el concejal de Urbanismo Juan Carlos Armas
Para otra de las “lumbreras” que estaba en dicha performance, el senador José Manuel Rodríguez ‘Lito’ fue aún más duro, acusando a la Consejería de Vivienda —en manos de la izquierda “comunista”— de aplicar políticas “trasnochadas”, “proteger a los okupas”, generar inseguridad jurídica y encarecer el alquiler. Frente a ello, ambos defendieron la llamada “Declaración de Asturias” bit.ly/3LT3AwT del PP, que propone más vivienda, menos trabas, menos impuestos, agilización de licencias y defensa del propietario, subrayando que en las comunidades gobernadas por el PP estas medidas “ya están en marcha” (con un resultado que es para echarse a llorar como nos informa la prensa).
Sin embargo, la realidad
contradice ese discurso. Las comunidades gobernadas por el PP concentran
algunos de los problemas de vivienda más graves de nuestro país:
Madrid, con precios inasumibles bit.ly/49YdSF8
Islas Baleares (PP), donde la presión turística ha disparado el acceso a
la vivienda bit.ly/4sHP5N7
Canarias, con una de las mayores subidas del alquiler;
Valencia y la Costa del Sol (PP), con mercados altamente tensionados bit.ly/49DjLWY o incluso Cataluña
y el País Vasco, con amplias zonas declaradas tensionadas.
En este contexto, resulta especialmente llamativo que el PP critique el intervencionismo mientras en Llanes, donde gobierna desde hace más de diez años junto a Vecinos por Llanes, se vea obligado a implantar un plan fuertemente regulador tras haber permitido que el problema se desbordase. El resultado es un concejo con menos población, un mercado residencial colapsado y una dependencia extrema del turismo, ejemplo claro de las consecuencias de años de inacción urbanística. Mientras se acusa al Gobierno regional y estatal de convertir la vivienda en un lujo, la experiencia local demuestra con sus políticas que la ausencia de planificación y regulación también expulsa población y destruye el tejido social, haciendo de la vivienda un bien inaccesible para quienes quieren vivir y trabajar todo el año en Asturias bit.ly/49rEHS1
La lectura conjunta de ambas informaciones deja al descubierto el núcleo del problema político del Partido Popular en Asturias: su intento de presentarse como alternativa al Gobierno regional mediante un discurso que falsea, manipula y oculta deliberadamente la realidad, incluso cuando esa realidad está generada por sus propias políticas allí donde gobierna. No se trata de un error puntual ni de una contradicción menor, sino de una estrategia consciente de engaño político.
Por un lado, el PP se exhibe en Asturias como adalid contra el “intervencionismo”, acusando al Principado de convertir la vivienda en un “artículo de lujo”, denunciando falta de oferta, precios elevados y políticas públicas ineficaces. Sus portavoces hablan de “gestión”, de “sacar la ideología” y de dejar actuar al mercado como si ese modelo no se hubiese aplicado ya, de forma sistemática, en numerosos territorios gobernados por el propio PP. El mensaje es claro: el problema no es el mercado, el problema son las regulaciones y la acción pública.
Sin embargo, la otra noticia desmonta ese relato pieza a pieza. En Llanes, donde el PP gobierna desde hace más de una década, se ve obligado ahora a aprobar un plan fuertemente regulador para frenar un fenómeno que se ha desbocado precisamente por haber dejado el urbanismo y la vivienda en manos del mercado. Las cifras son irrefutables: más de mil viviendas turísticas frente a una oferta residencial prácticamente inexistente. Ese escenario no es fruto de políticas “intervencionistas”, sino del modelo que el PP defiende y aplica cuando tiene poder: ausencia de planificación, tolerancia con la especulación y subordinación del derecho a la vivienda a los intereses económicos.
La manipulación es doble. Primero, el PP oculta que los territorios con mayores problemas de vivienda coinciden, en gran medida, con aquellos donde ha gobernado o gobierna: Madrid, Baleares, la costa valenciana o concejos asturianos como Llanes de la mano de la ultraderecha. Segundo, utiliza ese mismo desastre —provocado por su inacción— para atacar a gobiernos que sí intentan regular, aunque sea tarde o de forma insuficiente. El PP no reconoce su responsabilidad; reescribe el relato para presentarse ante los asturianos como solución de un problema que ha contribuido decisivamente a crear.
Lo verdaderamente grave es que ya no existe ni siquiera voluntad de coherencia. Mientras en Llanes regula porque la realidad le explota en la cara, en Asturias denuncia la regulación como si fuera el origen del problema. Hace una cosa donde gobierna y predica la contraria donde aspira a gobernar, confiando en que el ruido político tape los hechos. Esa es la esencia del engaño que ambas noticias ponen de manifiesto.
El PP que preside en Asturias el sicario del “bellotari” Tellado, Álvaro Queipo, no ofrece un proyecto alternativo de vivienda: ofrece un discurso construido sobre la negación de su propio historial, una retórica diseñada para confundir a la ciudadanía y ocultar que su modelo —fiar el acceso a la vivienda al mercado— ya ha fracasado allí donde se ha aplicado. No estamos ante un debate ideológico honesto, sino ante una operación de propaganda que utiliza la vivienda como arma política mientras ignora deliberadamente a quienes ya no pueden vivir en su propia tierra.
Un análisis técnico y no especulativo del PEUT de Llanes lleva a una conclusión clara: en su configuración actual, el plan es estructuralmente insuficiente para revertir el problema de la vivienda, y corre un alto riesgo de convertirse en un instrumento meramente declarativo si no se acompaña de cambios profundos en el planeamiento general y en la política de vivienda del (PGOU) en trámite.
No porque regular el uso turístico sea innecesario —lo es—, sino porque el PEUT actúa solo sobre una parte del problema y no sobre sus causas estructurales.
1. El PEUT regula el “síntoma”, no la “enfermedad”
El PEUT introduce límites (5%), zonificación y control administrativo sobre las viviendas turísticas. Desde un punto de vista técnico, eso puede frenar el crecimiento futuro del alquiler turístico, pero no corrige el desequilibrio ya existente:
- No reduce de forma efectiva el stock actual de viviendas turísticas.
- No recupera vivienda para uso residencial.
- No incrementa la oferta de alquiler de larga duración.
En un concejo con 1.202 viviendas turísticas y solo 13 residenciales, congelar el problema no equivale a resolverlo. El mercado residencial ya está colapsado; estabilizar el daño no lo repara.
2. La ausencia de un PGOU orientado a vivienda social invalida el alcance del PEUT
El principal factor que condena al PEUT a la ineficacia es su desconexión con un planeamiento general eficaz. Un PGOU de Llanes que no prioriza de forma explícita la vivienda protegida, pública o asequible implica que:
- No se reserva suelo suficiente para vivienda social.
- No se obliga a desarrollos residenciales con porcentajes significativos de VPO.
- No se crean bolsas de vivienda pública ni mecanismos estructurales de acceso.
Sin PGOU socialmente orientado, el PEUT se limita a ordenar usos existentes, pero no genera nueva oferta residencial, que es el núcleo del problema.
3. El diseño del PEUT es conservador respecto al mercado existente
Desde el punto de vista normativo, el PEUT protege los derechos adquiridos:
- Las licencias existentes se mantienen y renuevan.
- La reconversión a uso residencial es voluntaria e incentivada, no obligatoria.
- No existen mecanismos coercitivos ni fiscales potentes que fuercen cambios de uso.
Esto significa que el grueso del parque turístico seguirá intacto durante años o décadas, incluso aunque no se concedan nuevas licencias. En términos reales, el impacto del plan es lento y limitado, mientras que el problema de acceso a la vivienda es inmediato.
4. No hay una política activa de vivienda asociada al PEUT
El PEUT no va acompañado de:
- Un plan municipal de vivienda.
- Un parque público de alquiler.
- Compra o movilización de vivienda vacía.
- Colaboración estructurada con el Principado para vivienda protegida.
Sin estas herramientas, el plan carece de capacidad ejecutiva real sobre el acceso a la vivienda. Regular el turismo sin crear alternativas residenciales es, técnicamente, una política incompleta.
5. Riesgo claro: cronificar el problema bajo apariencia de acción
Desde un análisis frío y
objetivo, el mayor riesgo del PEUT no es jurídico, sino político y
estructural:
funcionar como coartada de acción mientras el problema se
mantiene o incluso se agrava por otras vías (venta a segunda residencia,
presión sobre precios, envejecimiento poblacional).
En términos de política pública, eso se traduce en:
- Menor presión social a corto plazo.
- Ausencia de soluciones a medio y largo plazo.
- Continuación del vaciamiento residencial.
La conclusión técnica es demoledora:
Sí: el
PEUT, tal y como está diseñado y aislado de un PGOU que priorice vivienda
social, está condenado a ser un completo fracaso.
No es inútil a futuro, pero no capaz de resolver el problema estructural que
hoy padece Llanes con el problema de la vivienda.
Sin:
- un PGOU con reservas obligatorias de vivienda protegida,
- una política activa de vivienda pública y asequible,
- y medidas que actúen sobre el stock existente,
el PEUT solo contendrá parcialmente el daño, pero no revertirá la dinámica que ha expulsado población y convertido la vivienda en un bien inaccesible en el municipio de Llanes.
Para terminar el post quiero manifestar que lo ocurrido en Llanes no es una anomalía: es el retrato fiel del Partido Popular que hoy lidera en Asturias el sicario, Álvaro Queipo. Un PP que santifica durante años un urbanismo desregulado, lo eleva a dogma ideológico y lo bendice desde los despachos municipales —con concejales como Juan Carlos Armas— mientras el mercado hace exactamente lo que siempre hace cuando no se le ponen límites: expulsar a la mayoría para beneficiar a unos pocos. Y cuando el problema estalla, cuando la vivienda desaparece y el concejo se vacía, entonces —y solo entonces— se recurre a la regulación, tarde, mal y sin convicción, como en el PEUT de Llanes.
Foto: los "mariachi" mantenidos del sicario Queipo en el Congreso y Senado
Ese es el núcleo de la impostura. El PP ataca a quienes propone regular desde el principio, los caricaturiza como “comunistas” y “trasnochados”, pero acaba copiando parte de esas mismas herramientas cuando la realidad ya no se puede ocultar. Lo hace sin asumir responsabilidades, sin autocrítica y sin cambiar el modelo de fondo. Regula lo justo para aparentar acción, pero preserva los intereses creados, protege los derechos adquiridos del negocio turístico y renuncia a una política de vivienda social que altere el reparto real del poder y del suelo.
La contradicción no es casual, es ideológica. La derecha extrema del PP que fía todos los problemas al mercado —la vivienda, el territorio, la cohesión social— es el sucedáneo local de ese “trumpismo” rampante que hoy envuelve al mundo: ruido, confrontación, negación de la evidencia y una fe ciega en que el mercado resolverá lo que el propio mercado ha destruido. Cuando no lo hace, se señala a un enemigo —los “intervencionistas”, los “okupas”, la izquierda— y se continúa exactamente igual.
En Llanes, el PP ha demostrado que su urbanismo no estaba pensado para vivir, sino para rentabilizar. Que su modelo no genera comunidad, genera estacionalidad. Que su política de vivienda no existe, salvo cuando el desastre amenaza con pasar factura electoral. Y aun entonces, no se toca el corazón del problema: ni vivienda pública, ni reservas obligatorias, ni parque de alquiler asequible, ni PGOU socialmente orientado.
Por eso el PEUT de Llanes nace muerto, condicionado y condenado por la insuficiencia. No porque regular sea un error, sino porque regular sin cuestionar el modelo es una coartada. Una coartada para seguir diciendo una cosa en la oposición y haciendo la contraria en el gobierno. Una coartada para mantener intacto un sistema donde todo es para los de siempre y nada para la mayoría. Es el principio de Lampedusa en estado puro: “cambiarlo todo para que todo siga igual”. Se cambia el discurso —ahora se “regula”—, se cambia el envoltorio normativo —porcentajes, zonificación, licencias—, pero no se cambia el modelo:
- no se altera la estructura del mercado,
- no se prioriza la vivienda social,
- no se redistribuye el uso del suelo,
- no se corrigen los efectos acumulados de años de desregulación.
El resultado es un reformismo defensivo, diseñado no para garantizar el derecho a la vivienda, sino para contener el malestar social, ganar tiempo y evitar que nada esencial se mueva. Se actúa cuando el problema ya es inocultable, pero se actúa lo justo para que siga siendo funcional a los mismos de siempre.
Ese es el PP del sicario, Álvaro Queipo, en Asturias: mucho discurso, poca coherencia y cero proyecto social de vivienda. Y mientras tanto, Llanes se vacía, la vivienda desaparece y el derecho a vivir en tu propia tierra se convierte, una vez más, en un privilegio reservado a quien puede pagarlo.
Ya lo dijo Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
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