Hoy podíamos leer en la prensa que la adjudicación del nuevo contrato para la gestión de los contenedores de ropa usada en Gijón ha provocado una grave crisis política dentro del gobierno municipal, formado por Foro, Partido Popular y tránsfuga, un conflicto que llevaba meses gestándose y que estalló públicamente este viernes bit.ly/49tyxPZ
El detonante ha sido un duro informe de la asesoría jurídica municipal, encargado por la alcaldesa de Foro, Carmen Moriyón, que detecta importantes irregularidades en el procedimiento seguido por Emulsa para adjudicar el servicio. Dicho informe cuestiona los pliegos del concurso y señala que la licitación perjudicó a Cáritas, entidad que venía gestionando los contenedores desde hacía una década, en favor de dos adjudicatarias privadas: Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo.
La reacción de la dirección de Emulsa, controlada políticamente por el PP, no se hizo esperar. A través de un comunicado muy crítico, la empresa calificó el informe de “extemporáneo” y acusó a la alcaldesa de pretender utilizarlo como base para anular todo el proceso de contratación cuando los contratos estaban a punto de formalizarse. Emulsa sostiene que el dictamen llega fuera de plazo y cuando el recurso administrativo presentado por Cáritas ya había quedado desestimado por silencio administrativo negativo.
Según la cronología de los hechos, Emulsa sacó el concurso en mayo de 2025 y adjudicó los lotes en agosto a Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo. Cáritas recurrió su exclusión, pero la alcaldesa no tuvo conocimiento formal del recurso hasta octubre, durante una reunión con la entidad por otros asuntos. A partir de ahí, solicitó información a Emulsa y encargó el informe jurídico municipal. En noviembre, el presidente de Emulsa, el concejal popular Rodrigo Pintueles, intentó llevar a una junta de gobierno la desestimación del recurso fuera del orden del día, algo que no se permitió al estar el asunto bajo estudio. Finalmente, en enero de 2026, el informe jurídico salió a la luz y desató la crisis política.
La empresa municipal defiende que actuó conforme a la legalidad, apoyándose en informes jurídicos externos que aconsejaban desestimar el recurso de Cáritas. Además, advierte de que una eventual anulación del procedimiento podría derivar en reclamaciones judiciales por parte de las empresas adjudicatarias, con posibles consecuencias económicas para las arcas públicas. Emulsa también reprocha al Ayuntamiento y a la Alcaldía no haber emitido un pronunciamiento claro dentro del plazo legal, lo que llevó a la desestimación automática del recurso.
Desde Foro, el gobierno municipal matiza la versión del PP, subrayando que la alcaldesa actuó en cuanto tuvo conocimiento del recurso y que la desestimación no pudo llevarse a la junta de gobierno precisamente porque estaba pendiente del informe jurídico.
El conflicto ha sido aprovechado por la oposición. El PSOE, a través del concejal José Ramón Tuero, acusa al gobierno local de intentar corregir políticamente una licitación ya resuelta porque el resultado no favoreció a Cáritas, y critica que el informe jurídico coincida con los argumentos de la entidad excluida. Por su parte, Vox, en voz de su portavoz, la “sobrinisima” del cardenal, Sara Álvarez Rouco, carga duramente contra la alcaldesa, a la que acusa de protagonismo, deslealtad y de ofrecer una imagen de descomposición del gobierno municipal.
En conjunto, la polémica refleja no solo un choque jurídico y administrativo sobre la legalidad del concurso, sino también una profunda fractura política entre Foro y PP que deja en entredicho la estabilidad del gobierno local gijonés… Es un gobierno de conveniencia… Todo por la pasta y los chanchullos.
A continuación realizo un análisis político detallado, en clave comparativa, sobre el ejercicio de la arbitrariedad en política, tomando como referencia la actuación de Carmen Moriyón en el conflicto de los contenedores de ropa usada y el denominado “modo trumpista” asociado a Donald Trump, tal y como viene siendo descrito estos días en la prensa internacional. El objetivo no es equiparar contextos o magnitudes, sino analizar patrones de comportamiento político similares.
1. La arbitrariedad como forma de poder
En ciencia política, la arbitrariedad no consiste solo en actuar fuera de la ley, sino en reinterpretar las reglas, los tiempos y los procedimientos en función de un objetivo político concreto, subordinando el marco institucional a la voluntad personal del gobernante. Este fenómeno aparece cuando el poder deja de ser neutral y pasa a ser selectivo, es decir, cuando decide cuándo intervenir, cómo y sobre qué, en función de intereses políticos y no estrictamente jurídicos.
2. El caso Moriyón: intervención ex post y personalización del poder
En el conflicto de Emulsa, el rasgo clave no es tanto el contenido del informe jurídico, sino el momento y el uso político del mismo:
- La licitación ya estaba resuelta.
- El recurso de Cáritas había seguido su curso administrativo.
- El informe se encarga cuando el resultado ya no puede revertirse fácilmente sin consecuencias.
Este modo de proceder introduce una lógica peligrosa: la revisión de los procedimientos no como garantía previa, sino como herramienta correctora posterior cuando el resultado no es políticamente satisfactorio. Aquí aparece un rasgo claramente arbitrario:
El poder (Carmen Moriyón) no actúa como árbitro neutral, sino como actor interesado que interviene para corregir un desenlace incómodo.
Además, la iniciativa parte directamente de la alcaldesa, no de un órgano colegiado ni de un control previo, lo que refuerza la personalización del poder ejecutivo municipal.
3. El paralelismo con el “modo trumpista”
El llamado “modo trumpista” no se define por una ideología concreta, sino por una forma de ejercer el poder basada en varios elementos que también aparecen, a escala local, en este caso:
a) Cuestionamiento del procedimiento solo cuando el resultado no conviene
Trump cuestionó elecciones,
tribunales, organismos internacionales o acuerdos solo cuando sus decisiones
no le favorecían.
De modo similar, en Gijón el procedimiento administrativo pasa a ser
problemático solo tras conocerse el resultado final.
b) Uso instrumental de informes, expertos o instituciones
En el “trumpismo”, los informes son válidos o inválidos según respalden o no la posición del líder. Aquí, el informe jurídico se convierte en arma política, no en instrumento técnico previo, lo que debilita su legitimidad institucional.
c) Relato moralizante
Ambos modelos apelan a una superioridad moral:
- Trump hablaba de “fraude”, “sistema corrupto”, “enemigos del pueblo”.
- En este caso se introduce implícitamente la idea de que la decisión correcta es la que favorece a una entidad socialmente querida, aunque el procedimiento diga otra cosa.
La moral sustituye al procedimiento, y eso es una forma clásica de arbitrariedad.
4. La erosión de la seguridad jurídica
Uno de los efectos más graves del ejercicio arbitrario del poder es la quiebra de la seguridad jurídica:
- Si un procedimiento puede revisarse políticamente después de cerrado,
- si los plazos dejan de ser relevantes,
- si el silencio administrativo se ignora cuando no conviene,
entonces ningún actor puede confiar en que las reglas sean estables.
Este es un rasgo central del “trumpismo”: la incertidumbre como herramienta de poder. El gobernante mantiene a instituciones, socios y ciudadanos en un terreno inestable, donde todo depende de su voluntad política.
5. El daño institucional: socios, empresas y ciudadanía
En el caso de Gijón, el conflicto deja tres consecuencias claras:
- Ruptura interna del gobierno: Foro y PP quedan enfrentados públicamente, debilitando la acción municipal.
- Desconfianza empresarial: las empresas adjudicatarias ven cuestionado un contrato válido, lo que ahuyenta inversión y colaboración futura.
- Ciudadanía desorientada: el mensaje implícito es que las reglas no bastan, que siempre puede haber una corrección política posterior.
Este escenario es idéntico al observado en sistemas donde el “trumpismo” ha calado: instituciones formales debilitadas y poder personal reforzado.
6. Conclusión: la arbitrariedad como síntoma, no como excepción
La comparación no implica que Carmen Moriyón sea “Trump” ni que Gijón viva una deriva autoritaria, pero sí muestra un patrón común:
Cuando el poder político decide cuándo importan las normas y cuándo no, se cruza la línea entre gobierno y la arbitrariedad.
El caso refleja cómo prácticas asociadas al “trumpismo” global —personalización del poder, uso selectivo de la legalidad y corrección ex post de decisiones incómodas— no son exclusivas de grandes potencias, sino que pueden reproducirse en el ámbito local, con efectos igualmente corrosivos para la democracia como sucede en el municipio de Gijón con la derecha extrema de Foro, PP y tránsfuga.
Foto: el fascista, Enrique Riestra, abraza al sicario Álvaro Queipo
A continuación relato casos parecidos en el municipio de Llanes identificados en la prensa con el caso de Gijón. La comparación entre Llanes y Gijón no debe hacerse desde la identidad ideológica estricta, sino desde las formas de ejercicio del poder. Ambos municipios, en contextos distintos, muestran cómo determinadas decisiones políticas tensionan la legalidad y terminan siendo corregidas, revertidas o cuestionadas cuando entran en conflicto con marcos normativos superiores o con la propia estabilidad institucional.
En Llanes, desde el año 2015, el gobierno encabezado por el fascista, Enrique Riestra del partido VecinosxLlanes (sicarios de la asociación llanisca AVALL) ha desarrollado un estilo de gobierno marcado por lo que puede denominarse “urbanismo de voluntad” y “excepcionalidad permanente”. Un ejemplo claro es la prolongada gestión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde el Ayuntamiento mantuvo durante años una posición de resistencia frente a los requerimientos del Principado, estirando plazos, interpretando competencias de forma expansiva y actuando como si la voluntad política local pudiera suplir la ausencia de un marco normativo plenamente aprobado. La presión autonómica y las advertencias administrativas acabaron forzando correcciones y aceleraciones que evidenciaron que el conflicto no era técnico, sino político: la ley era vista desde el gobierno municipal como un obstáculo, no como una guía.
Otro caso relevante en Llanes es la moratoria del alquiler turístico, una decisión adoptada con un fuerte componente político y discursivo. Aunque finalmente fue avalada judicialmente, el proceso ilustra bien el patrón: una actuación contundente, presentada como necesaria y urgente, que se somete después al filtro legal. Aquí la arbitrariedad no se manifiesta en la ilegalidad final, sino en el método: primero se decide, luego se comprueba si es jurídicamente sostenible. El gobierno asume el riesgo y normaliza la idea de que la excepción es el modo habitual de gobernar.
En Gijón, el conflicto por la adjudicación del contrato de los contenedores de ropa usada sigue una lógica distinta, pero emparentada. Aquí no se actúa ignorando la legalidad desde el inicio, sino que se produce lo que puede llamarse una “corrección ex post”. El procedimiento se desarrolla, se adjudica y solo cuando el resultado genera incomodidad política —por la exclusión de una entidad socialmente legitimada como Cáritas— se encarga un informe jurídico que cuestiona los pliegos y abre la puerta a una posible anulación.
Mientras que en Llanes el poder municipal avanza hasta que alguien lo frena. Un buen ejemplo se vivió durante seis años en Nueva, donde 25 vecinos tuvieron que litigar en tres contenciosos-administrativos contra las decisiones arbitrarias de un gobierno municipal que se amparaba en informes jurídicos que posteriormente fueron tumbados por los tribunales. Ojo, esta cuestión tenía el agravante de tener cuatro resoluciones administrativas emitidas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que no se cumplieron ni fueron recurridas en los tribunales de justicia como marca La Ley de Procedimiento Administrativo. En Gijón el poder retrocede selectivamente cuando el desenlace no conviene. Son dos caras de una misma moneda: la subordinación del procedimiento a la conveniencia política del momento. En ambos casos, el mensaje institucional es problemático. En Llanes se transmite que la ley puede doblarse si existe suficiente determinación política (fascismo puro y duro de garrafón); en Gijón, que incluso los procedimientos cerrados pueden reabrirse si el poder ejecutivo decide que el resultado no es aceptable (dedazo “trumpista” de Moriyón).
Ambos modelos comparten además un rasgo esencial: la personalización del poder. Las decisiones controvertidas no aparecen como fruto de órganos colegiados sólidos o de consensos técnicos, sino asociadas directamente al liderazgo del alcalde o alcaldesa. Esto debilita la institucionalidad y convierte la política municipal en un espacio de decisiones excepcionales, dependientes del criterio del gobernante y no de reglas estables.
La consecuencia final, tanto en Llanes como en Gijón, es una erosión de la seguridad jurídica y de la confianza democrática. Empresas, entidades sociales y ciudadanía perciben que las normas no son un marco fijo, sino un terreno maleable. Y cuando la legalidad se vuelve contingente, el poder deja de ser previsible y pasa a ser arbitrario.
En síntesis, Llanes representa un modelo de arbitrariedad por acción y Gijón un modelo de arbitrariedad por revisión. Diferentes estrategias, mismo efecto: la primacía de la voluntad política sobre el procedimiento. Y ese es precisamente el rasgo que conecta estos casos locales con dinámicas más amplias del populismo contemporáneo.
El Partido Popular en Asturias ha terminado por encarnar una forma especialmente cínica de anti política: la del acompañante dócil del poder, dispuesto a comerse todo tipo de arbitrariedades con tal de seguir en los gobiernos, mantener sueldos y facilitar negocios para los interesados de siempre. Bajo el liderazgo del sicario de Génova, Álvaro Queipo, el PP de Asturias ha renunciado a ejercer como contrapeso democrático para convertirse en socio acrítico, aceptando dedazos, silencios administrativos y atropellos procedimentales si eso garantiza sillones e influencia. No es pragmatismo ni responsabilidad institucional, sino una claudicación ética consciente: mirar hacia otro lado mientras se vacían las reglas, se degrada la seguridad jurídica y se convierte la administración en moneda de cambio. Así, el PP asturiano no solo tolera la arbitrariedad, sino que la legitima y la perpetúa, consolidándose como uno de los pilares de la anti política que hoy empobrece la democracia en Asturias.
Para terminar el post quiero manifestar que lo ocurrido en Gijón y Llanes no es una suma de errores administrativos ni una concatenación de malentendidos jurídicos. Es algo más profundo y, por ello, más preocupante: la normalización de la anti política democrática como método de gobierno. Allí donde debería haber reglas claras, tiempos previsibles y decisiones colegiadas, se impone la voluntad del cargo, el cálculo táctico y la excepción permanente.
En Gijón, bajo el liderazgo de Carmen Moriyón, la legalidad no se rompe de frente: se reinterpreta cuando estorba. El procedimiento vale mientras el resultado no incomode; cuando lo hace, se revisa, se cuestiona o se corrige a posteriori. Es la democracia entendida como edición de resultados, no como respeto a las reglas. Un gobierno que actúa así no gobierna: administra su conveniencia y llama a eso responsabilidad institucional.
En Llanes, con el fascista, Enrique Riestra, el patrón es más tosco pero igual de dañino: avanzar hasta que alguien frene. Urbanismo, litoral, licencias o conflictos vecinales se abordan como pruebas de fuerza, no como ejercicios de legalidad. La ley se dobla, se estira o se ignora con la confianza de quien cree que mandar consiste en imponer, y que rectificar no es gobernar sino claudicar. La democracia queda reducida a retórica de plaza y despacho blindado.
Ambos modelos comparten el mismo desprecio por la política en su sentido noble. La sustituyen por personalismo, por moralismo selectivo y por un uso instrumental de informes hechos ac hoc, plazos e instituciones. Se gobierna desde el relato y contra el procedimiento. Se invoca al interés general mientras se erosiona la seguridad jurídica, se desgasta a las instituciones y se transmite a la ciudadanía una idea tóxica: que las reglas son decoradas y el poder, una excepción permanente.
Esta es la anti política democrática: no la ausencia de política, sino su caricatura autoritaria. Un modo de gobernar que convierte la ley en obstáculo, a los técnicos en estorbo y a la ciudadanía en espectadora. Un gobierno de conveniencia, de atajos y de dedazos —unos “trumpistas” de despacho (Moriyón), otros caudillistas de cercanías (Riestrocracia)— que confunden liderazgo con arbitrariedad y decisión con capricho.
El resultado está a la vista: instituciones debilitadas, conflictos enquistados y una democracia local más pobre. Cuando la voluntad sustituye a la norma y el poder se ejerce sin autocontrol, no hay proyecto político, solo administración del conflicto. Y cuando gobernar se parece demasiado a imponer, la democracia deja de ser un sistema de reglas compartidas para convertirse en un escenario de fuerza. En Gijón y en Llanes, hoy, ese es el verdadero problema.
Ya lo dijo Aristóteles: “Donde la ley es sometida por los hombres y no gobierna, allí nace la tiranía.”
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