El engaño en política no es solo una técnica, sino una forma de violencia silenciosa contra la verdad. Ya los pensadores griegos advirtieron que cuando la palabra se separa del bien común, el discurso deja de ser logos y se convierte en mera herramienta de dominación. El político que engaña no lo hace únicamente para conservar el poder, sino para desviar la mirada del ciudadano, saturándolo de promesas, miedos o conflictos secundarios, mientras lo esencial —la justicia, el bienestar real, la dignidad de la vida común— queda oculto tras una niebla cuidadosamente construida. En ese gesto, el gobernante deja de ser servidor de la polis y pasa a tratar a sus conciudadanos como medios, no como fines.
Desde esta perspectiva clásica, el engaño no es solo inmoral, sino profundamente antipolítico. La comunidad se funda en la confianza y en la verdad compartida; sin ellas, la vida pública se degrada en una representación vacía donde quienes pagan los salarios del poder son tratados como espectadores pasivos. Para los griegos, la virtud del gobernante residía en su capacidad de decir la verdad incluso cuando incomodaba, porque solo así el ciudadano podía deliberar libremente. Cuando el engaño se normaliza, la política pierde su sentido más alto: deja de ser el arte de cuidar lo común y se convierte en un juego de sombras donde lo importante no desaparece, pero queda deliberadamente fuera de foco.
Hoy podía leer dos noticias del Ayuntamiento de Gijón que dibujan un panorama político marcado por la fricción entre administraciones, basado en el engaño y la manipulación de la verdad. En la primera se pretende manifestar la sensación de abandono institucional y un debate creciente sobre la transparencia en la vida pública gijonesa. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, vuelve a dirigirse al Ministerio de Transportes ante la ausencia prolongada de respuestas sobre proyectos estratégicos para la ciudad. En una carta remitida al secretario de Estado José Antonio Santano, Moriyón expresa su preocupación por el estancamiento de dos asuntos que considera capitales: los accesos al Puerto del Musel y el avance del plan de vías y de la integración ferroviaria en Moreda. La alcaldesa recuerda que ya en noviembre escribió al ministro Óscar Puente sin obtener contestación, lo que refuerza su percepción de que el Gobierno central se está desentendiendo de compromisos largamente adquiridos con Gijón.
En relación con el plan de vías, Moriyón insiste en la urgencia de firmar el nuevo convenio de la sociedad Gijón al Norte, bloqueado en el Ministerio de Hacienda, pese a que las tres administraciones implicadas —Estado, Principado y Ayuntamiento— coinciden en la necesidad de avanzar. Ese convenio es imprescindible para iniciar las primeras obras vinculadas a la futura estación intermodal de Moreda, cuyo símbolo más visible sería la demolición del viaducto de Carlos Marx, junto con la reordenación del viario y la construcción de nuevos colectores. La alcaldesa advierte de que la falta de avances erosiona la credibilidad institucional ante una ciudadanía que lleva años esperando y llega a ironizar públicamente sobre si los retrasos responden al desinterés ministerial o a cálculos políticos vinculados al calendario electoral. En paralelo, vuelve a reclamar explicaciones sobre los accesos al Puerto del Musel, un problema que afecta directamente a barrios como La Calzada, atravesados a diario por más de mil camiones sin que exista una alternativa definida ni plazos claros para su solución https://bit.ly/3YNR2tA
En la segunda noticia se sitúa en el ámbito del Ayuntamiento, pero conecta con la misma idea de responsabilidad política ante la ciudadanía. El gobierno municipal impulsa nuevos modelos de declaración de bienes, actividades e incompatibilidades para concejales y altos cargos, con el objetivo de adaptarlos a la normativa actual, unificar criterios y exigir mayor detalle en la información aportada. Estas declaraciones, que se publican en la web municipal desde 2008, pasan ahora a especificar de forma más clara las actividades privadas, los ingresos derivados de cargos institucionales y, de manera expresa, las retribuciones por actividades políticas, aunque sin obligar a detallar las cantidades exactas, que quedarían reflejadas en la documentación fiscal no pública.
El conflicto surge cuando la propuesta fija la aplicación de estos nuevos modelos a partir del mandato 2027-2031. Los partidos de la oposición rechazan esa demora y reclaman su entrada en vigor inmediata, al entender que no hay razones para posponer unas exigencias de transparencia que afectan a quienes ya ejercen responsabilidades públicas, como por ejemplo Moriyón y las retribuciones que percibe de múltiples pagadores (3). El debate se ve además condicionado por una polémica previa, cuando el PSOE acusó a la alcaldesa de ocultar sus retribuciones como presidenta de Foro, acusación que fue respondida señalando que dichos ingresos constaban en su declaración de la renta depositada en la Secretaría General. En conjunto, ambas noticias reflejan un clima político tenso con un único fin, desviar la atención y responsabilidad de quienes hoy ocupan el gobierno municipal, la derecha extrema de Foro y PP, con el fin de justificar el retraso de grandes proyectos y la discusión sobre la transparencia institucional. Ambas noticias se entrelazan como síntomas de una creciente desconfianza ciudadana hacia las administraciones que incumplen sistemáticamente las obligaciones que adquieren en campaña electoral https://bit.ly/3NBbpI1
Aquí está el resumen estructurado de lo sucedido con el vial de Jove.
1. Un problema histórico convertido en símbolo del fracaso político
El acceso al Puerto de El Musel ha sido durante décadas una de las grandes asignaturas pendientes de Gijón. El paso diario de más de mil camiones por barrios densamente poblados como La Calzada convirtió al vial de Jove en una reivindicación ciudadana legítima, no ideológica, ligada a la salud, la seguridad y la dignidad urbana. Sin embargo, lo que debía ser una solución técnica acabó transformándose en un campo de batalla política, donde la estrategia política de partidos sustituyó al rigor y la puesta en escena al trabajo serio. El resultado final no fue una mejora, sino la pérdida de la opción en superficie ya firmada y el bloqueo de cualquier alternativa real.
2. Viajes a Madrid sin munición técnica
La alcaldesa Carmen Moriyón acudió en dos ocasiones a Madrid para reunirse con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, acompañada por el consejero del Principado Alejandro Calvo. Ambos representaban administraciones con amplísima capacidad presupuestaria —en el entorno de los 300 millones de euros en el caso municipal y 400 millones en el consejero autonómico—, pero sin un solo estudio técnico propio que respaldase sus exigencias. Frente a los informes técnicos del Ministerio, su posición se apoyó en la mera negación y en el deseo político, como si la infraestructura pudiera concederse por presión o insistencia, y no por viabilidad contrastada. Fue una negociación sin herramientas, donde se pretendía rebatir datos con voluntad.
3. La movilización vecinal como coartada
Mientras en Madrid se negociaba sin base técnica, en Gijón se desplegó una estrategia de agitación social que terminó siendo profundamente dañina. Se salió a la calle con los vecinos, pero no para explicar escenarios, alternativas o límites reales, sino para reforzar una consigna única: el vial tenía que ser como decían Foro y PP. No hubo pedagogía, ni transparencia, ni exposición honesta de los riesgos o de las consecuencias de romper un acuerdo ya firmado. Se pidió a la ciudadanía que aceptara una posición política como verdad indiscutible, en un ejercicio que muchos percibieron como engaño emocional, una suerte de “acepta pulpo como animal de compañía”.
4. La renuncia firmada y el vacío posterior
El punto más grave llega cuando, tras esa estrategia, se renuncia formalmente al vial en superficie, una opción que ya estaba firmada y que, con todos sus defectos, era una solución inmediata. Esa renuncia se hizo sin tener asegurada una alternativa viable. Se apostó entonces por el valle de Aboño como nuevo horizonte, pero sin calendario, sin presupuesto comprometido y sin respaldo firme del Estado. Hoy, esa opción duerme el sueño de los justos, mientras el problema del tráfico pesado sigue exactamente dónde estaba. La consecuencia para los gijoneses es clara: se perdió lo que había y no se ganó nada a cambio.
5. Responsabilidades compartidas y exposición pública
En este proceso no solo queda señalada la alcaldesa. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aparece también como corresponsable de una estrategia errática, más preocupada por la escenificación política que por asegurar resultados. Tras múltiples declaraciones, gestos y performances, la imagen final es demoledora: Moriyón y Barbón quedan políticamente expuestos ante los gijoneses, sin vial, sin alternativa y sin credibilidad. La sensación ciudadana no es solo de decepción, sino de vergüenza ajena, al comprobar cómo un problema serio fue tratado como un pulso político mal calculado.
6. Balance final: cuando la política falla a la ciudad
El caso del vial de Jove se ha convertido así en un ejemplo paradigmático de mala gestión política: ausencia de rigor técnico, utilización interesada de la movilización ciudadana, renuncia a soluciones existentes y confianza ciega en que el conflicto se resolvería por insistencia o presión. Para muchos gijoneses, el resultado es nefasto: ni vial, ni plazos, ni certezas, solo un problema agravado y una profunda desconfianza hacia quienes decían defender los intereses de la ciudad.
Cuando Carmen Moriyón afirma que la falta de avances en los grandes proyectos de Gijón erosiona la credibilidad institucional, sus palabras chocan frontalmente con la memoria reciente de muchos ciudadanos. No tanto por lo que señala del Gobierno central —que puede ser discutible o incluso cierto en parte— sino por quién lo dice y desde qué trayectoria política reciente presenta. Para una parte relevante de la opinión pública gijonesa, escuchar a la alcaldesa hablar de credibilidad institucional provoca más perplejidad que reflexión, porque su regreso a la política municipal ha estado marcado por decisiones que, precisamente, han contribuido a deteriorar la confianza en las instituciones locales.
Moriyón volvió a la alcaldía tras asegurar que no pactaría con los extremos y acabó obteniendo la alcaldía tras pactar con Vox, rompiendo una promesa que muchos votantes entendían como una línea roja. A ello se suma su condena por el Tribunal de Cuentas, al considerar indebido el cobro de determinadas cantidades con cargo a las arcas municipales, un episodio que dañó gravemente la imagen de ejemplaridad que se exige a quien dirige una administración pública. En paralelo, su gobierno impulsó un controvertido intercambio de terrenos municipales que benefició al grupo Quirónsalud para la construcción de un futuro hospital privado en Gijón en lugar de realizar una expropiación como podía hacer para no socavar el interés de los gijoneses, una operación interpretada por muchos como una clara priorización de intereses privados sobre el uso estratégico del suelo público.
La situación se agrava cuando el actual ejecutivo municipal de Foro y PP se sostiene con un concejal tránsfuga, después de que la propia Moriyón hubiera condenado con dureza este tipo de prácticas en otros ayuntamientos asturianos como Llanes, Parres o Ribadesella. A esa incoherencia política se añade el uso del llamado dedazo en decisiones administrativas ya resueltas, como ocurrió con la gestión de los contenedores de ropa usada, un caso que simboliza para muchos ciudadanos una forma de gobernar basada más en la imposición que en el respeto a los procedimientos y a las resoluciones previas https://bit.ly/3NrWDTW
En este contexto, resulta comprensible que una parte de la ciudadanía reciba con escepticismo —cuando no con auténtica indignación— las declaraciones de la alcaldesa sobre la erosión de la credibilidad institucional causada por otros. Para esos gijoneses, el verdadero desgaste de la confianza política no proviene de los retrasos ministeriales, sino de una forma de ejercer el poder municipal percibida como incoherente, poco ejemplar y alejada de los principios que se proclamaron en campaña. Lo demás, en esta lectura crítica, no pasa de ser retórica defensiva y excusas de una mala pagadora, incapaz de asumir que la credibilidad institucional se pierde, sobre todo, desde dentro.
Para terminar el post quiero manifestar que el epílogo de todo este recorrido que hago en el post no admite ya matices ni excusas. El gobierno municipal de Carmen Moriyón ha convertido el engaño en método y la mentira en refugio, no como errores puntuales, sino como una estrategia consciente para ocultar su incapacidad política ante los gijoneses. Cuando faltan resultados, se fabrican culpables; cuando no hay proyectos que avancen, se construyen relatos; y cuando la gestión fracasa, se recurre al ruido, a la victimización y a la descalificación ajena como cortina de humo. No es un problema de Madrid, ni de Hacienda, ni de calendarios electorales: es un problema de liderazgo, de coherencia y de honestidad política.
La insistencia en hablar de credibilidad institucional mientras se gobierna desde la incoherencia, el incumplimiento de promesas y el desprecio a los procedimientos no solo es contradictoria, sino ofensiva para una ciudadanía que recuerda, compara y saca conclusiones. El engaño sistemático no tapa la realidad: la evidencia de un gobierno que ha renunciado a lo posible sin asegurar lo necesario, que ha sacrificado soluciones reales en nombre de gestos vacíos y que ha utilizado a los ciudadanos como coartada emocional de su propia impotencia. La mentira puede ganar tiempo, pero no construye ciudades; puede sostener discursos, pero no infraestructuras; puede servir para eludir responsabilidades, pero no para gobernar con dignidad.
Al final, la erosión de la confianza no llega desde fuera, sino desde dentro. Desde un poder municipal que exige credibilidad mientras la destruye, que reclama transparencia mientras la posterga, y que habla de responsabilidad institucional mientras huye de la suya propia. Gijón no sufre un abandono institucional: sufre un gobierno que ha elegido el autoengaño como política y la propaganda como sustituto de la gestión. Y cuando eso ocurre, la mentira deja de ser un recurso retórico para convertirse en lo que los clásicos ya advirtieron: una forma de violencia contra la verdad y, con ella, contra la ciudad misma.
Ya lo dijo Aristóteles: “Cuando el gobernante se sirve de la mentira, el Estado enferma”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario