La diputada regional del Partido Popular, Cristina Vega, ha denunciado en Llanes que los Presupuestos del Principado de Asturias para 2026, presentados por el Gobierno de Adrián Barbón, suponen un retroceso en la inversión para el concejo llanisco y una continuidad de decisiones frustradas de años anteriores. Vega criticó que las cuentas contemplan un recorte de cerca del 20% en inversión respecto a 2023, pasando de 76,3 millones a 58,9 millones destinados a infraestructuras, pese a que el presupuesto global de la comunidad ha crecido en más de 1.000 millones de euros. Para la diputada, esto refleja que hay dinero disponible, pero no voluntad de ejecutarlo.
Según la parlamentaria, tres de cada cuatro partidas de carreteras son repetidas de ejercicios anteriores sin que se haya iniciado prácticamente ninguna obra, por lo que los presupuestos no son “nuevos” sino la repetición de proyectos que no se ejecutan. Como ejemplo de ello citó la carretera AS-343 (Puertas-Villanueva–Panes), un eje viario que une Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja y que fue anunciado y retirado de forma reiterada. En este 2026, solo aparece con 100.000 euros consignados, cantidad que Vega considera “ridícula” frente a las verdaderas necesidades de la obra.
La diputada también ha puesto el foco en el puerto de Llanes, donde la inversión prevista vuelve a bajar y muchas partidas son simplemente repetidas sin ejecución real. En particular, criticó que la partida para el muelle de espera, prometida inicialmente con más de 4 millones de euros en 2023 y rebajada después, queda reducida a apenas 50.000 euros, lo que a su juicio es “una partida ridícula” que demuestra la falta de credibilidad del Ejecutivo autonómico.
El grupo popular presentó enmiendas por 1.670.000 euros para reforzar carreteras, puerto y saneamiento en Llanes, todas ellas rechazadas por el PSOE y sus socios. Vega afirmó que esto evidencia que “el Gobierno socialista prefiere imponer su mayoría en la Junta antes que aceptar propuestas que mejoran la vida de los vecinos”.
Desde el Ayuntamiento de Llanes, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas (la mentira andante), coincidió con las críticas al señalar que Llanes queda de nuevo excluido de proyectos concretos en materia de carreteras, abastecimiento de agua y educación para 2026, lo que a su juicio representa una discriminación territorial frente a otros concejos bit.ly/4qXEnjX
Frente a estas críticas, el Gobierno de Adrián Barbón y el PSOE han mantenido una postura marcadamente diferente. En su defensa de los presupuestos, tanto el presidente como sus representantes han argumentado que las cuentas de 2026 suponen unas cifras globales históricas para Asturias, rozando los 7.000 millones de euros, y que están diseñadas para responder a las necesidades sociales y económicos de la mayoría de la población. Barbón ha llegado a afear al PP y Vox lo que calificó de “enorme irresponsabilidad” al intentar bloquear o retrasar la tramitación de estos presupuestos, especialmente alegando que esa postura podría perjudicar a los ciudadanos al no permitir aplicar determinadas deducciones fiscales que están previstas en la ley aprobada.
Desde la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) también se ha resaltado un “fuerte compromiso con el municipalismo”, presentando estas cuentas como una herramienta para ampliar servicios e inversiones a lo largo de la región. En ese contexto, se subraya que no se trata únicamente de cifras de gasto, sino de un intento de consolidar políticas sociales, de infraestructuras y de apoyo a servicios públicos esenciales, aunque este posicionamiento no siempre aparece acompañado de respuestas concretas a cada crítica territorial concreta como las centradas en Llanes.
Más allá del PSOE y el PP, otras fuerzas políticas, como FORO Asturias o VOX, también han cargado contra los presupuestos de Barbón, aunque desde perspectivas propias: FORO critica la ausencia de reformas estructurales y un diseño que, según ellos, solo gestiona el gasto sin responder a problemas profundos de la región, mientras que VOX presentó una enmienda a la totalidad acusando al Ejecutivo socialista de priorizar gasto político y burocracia por encima de resultados tangibles para los ciudadanos.
En síntesis, mientras el PP acusa al Gobierno de Barbón de falta de ejecución real y discriminación territorial, el PSOE defiende el presupuesto como un instrumento amplio y socialmente orientado con cifras récord que, en su opinión, benefician al conjunto de Asturias. El debate refleja así una tensión política profunda sobre prioridades, ejecución de inversiones y modelos de gestión en la comunidad autónoma.
Más allá del tono de confrontación política habitual, un análisis frío y técnico de lo planteado por ambos bandos políticos permite distinguir qué afirmaciones se apoyan en datos objetivos y cuáles entran en el terreno de la charlatanería política.
Desde el Partido Popular, la crítica principal se centra en dos hechos verificables. El primero es la reducción de la inversión territorializada en Llanes y en infraestructuras concretas respecto a ejercicios anteriores. Los datos presupuestarios confirman que determinadas partidas —carreteras, puerto y saneamiento— disminuyen o se mantienen con importes muy bajos, y que muchas de ellas se repiten año tras año sin ejecución efectiva. Esto no es una valoración subjetiva: la repetición de partidas y la escasa consignación económica (100.000 euros para una carretera de gran envergadura o 50.000 euros para un muelle prometido con millones) no permite materialmente iniciar obras, por lo que la crítica del PP sobre la falta de ejecución tiene una base real. También es cierto que las enmiendas del PP fueron rechazadas, lo cual es un hecho parlamentario objetivo.
Sin embargo, el discurso del PP incurre en una simplificación interesada cuando presenta estos presupuestos como una especie de castigo deliberado o como un engaño exclusivamente electoral. El presupuesto autonómico es un documento global y anual, condicionado por reglas fiscales, plazos administrativos y la capacidad real de ejecución. Que una partida sea baja no implica necesariamente que el proyecto esté abandonado, sino que puede encontrarse en fase de redacción, tramitación ambiental o replanteamiento técnico, algo que el PP omite deliberadamente porque debilita su relato político.
Por parte del Gobierno del Principado y del PSOE, encabezado por Adrián Barbón, también hay verdades comprobables. Es cierto que los Presupuestos de Asturias para 2026 son los más elevados de la historia, con un crecimiento global muy notable respecto a años anteriores. También es real que una parte sustancial del gasto se orienta a políticas sociales, sanitarias y educativas, y que el Gobierno defiende un modelo en el que la inversión no se mide solo por obra pública visible, sino por el sostenimiento de servicios públicos.
No obstante, el Ejecutivo incurre en una debilidad clara al utilizar esas cifras globales como respuesta a críticas concretas de carácter territorial. Que el presupuesto total crezca no contradice el hecho de que la inversión en determinadas zonas o proyectos específicos sea baja o esté estancada. Además, el argumento del “compromiso con el municipalismo” pierde fuerza cuando, año tras año, se repiten partidas sin ejecución y no se aportan calendarios ni compromisos temporales claros para proyectos largamente anunciados, como ocurre en Llanes. En ese punto, el Gobierno no miente, pero elude el problema central: la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado.
En síntesis, ambos bandos dicen verdades parciales. El PP acierta al denunciar la escasa ejecución real y la repetición de promesas, pero exagera al presentar el problema como una maniobra política consciente y exclusivamente electoral. El PSOE dice la verdad al destacar el aumento histórico del presupuesto y el enfoque social, pero falla al no asumir con claridad que la baja ejecución de inversiones territoriales mina la credibilidad de esos compromisos. El conflicto no está tanto en las cifras globales como en la capacidad real de transformar el presupuesto en obras y actuaciones concretas, especialmente en concejos como Llanes, donde la distancia entre anuncio y realidad es ya estructural.
El debate en torno a los Presupuestos del Principado de Asturias para 2026, presentados por el Gobierno de Adrián Barbón, pone de manifiesto un problema estructural que va más allá de la confrontación entre PSOE y PP: la desconexión persistente entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado, especialmente en determinadas inversiones territoriales.
Desde el PP las críticas formuladas por la diputada regional Cristina Vega se apoyan en varios elementos objetivamente comprobables. Los datos presupuestarios reflejan que la inversión en infraestructuras territorializadas vinculadas a Llanes y su entorno es inferior a la de ejercicios anteriores, con una caída significativa respecto a 2023. Asimismo, es un hecho que numerosas partidas de carreteras y puertos se repiten año tras año, con consignaciones económicas reducidas que no permiten iniciar obras de envergadura, como ocurre con la carretera AS-343 o el muelle de espera del puerto de Llanes. Desde un punto de vista técnico, partidas de 50.000 o 100.000 euros solo pueden cubrir estudios, ajustes administrativos o mantenimiento documental, pero no una ejecución material.
También es verificable que las enmiendas presentadas por el PP fueron rechazadas en bloque, lo que forma parte del funcionamiento parlamentario cuando un Gobierno cuenta con mayoría suficiente. Este hecho, por sí mismo, no implica arbitrariedad, pero sí limita la incorporación de propuestas alternativas al proyecto presupuestario final. Cuestión que denuncian los populares que se repite de forma reciproca en el Ayuntamiento de Llanes, las propuestas socialistas frente al gobierno fascista de, VecinosxLlanes y PP, ninguna propuesta se aprueba de la oposición no vaya a ser se que se contagien de raciocinio.
Ahora bien, el discurso del PP pierde solidez cuando transforma estos hechos en una conclusión política cerrada, presentando la situación como un castigo deliberado o una maniobra exclusivamente electoral. Esa afirmación no puede demostrarse con los datos disponibles. Un presupuesto autonómico está condicionado por factores técnicos, administrativos y normativos —redacción de proyectos, evaluaciones ambientales, disponibilidad de suelo, licitaciones fallidas— que explican, al menos en parte, la repetición de partidas sin ejecución. Omitir sistemáticamente estos condicionantes convierte una crítica legítima en un relato incompleto.
Por su parte, el Gobierno del Principado y el PSOE sostienen su defensa en datos igualmente ciertos: el presupuesto global para 2026 alcanza cifras históricas, con un crecimiento muy relevante respecto a ejercicios anteriores, y una parte sustancial del gasto se orienta a políticas sociales, sanitarias, educativas y de protección. Desde una perspectiva macroeconómica y social, es correcto afirmar que el volumen de recursos públicos disponibles en Asturias es mayor que nunca y que el modelo de gasto prioriza servicios públicos esenciales.
Sin embargo, esta defensa presenta una debilidad clara cuando se utiliza como respuesta automática a críticas territoriales concretas. El aumento del presupuesto total no invalida que determinadas zonas o proyectos específicos reciban menos inversión real o acumulen retrasos prolongados. Tampoco contradice el hecho de que la ejecución efectiva de algunas infraestructuras sea baja. En ese sentido, el argumento del “compromiso con el municipalismo” pierde fuerza cuando no se acompaña de calendarios, fases claras o explicaciones técnicas detalladas sobre por qué proyectos anunciados hace años siguen sin materializarse.
Por tanto, el conflicto no se sitúa tanto en la veracidad de las cifras —que ambas partes utilizan correctamente— como en el uso político que se hace de ellas. El PP acierta al señalar un problema real de ejecución y de credibilidad de proyectos largamente anunciados, pero exagera al reducirlo a una intencionalidad política consciente. El PSOE dice la verdad al destacar el crecimiento presupuestario y el enfoque social del gasto, pero elude parcialmente el problema de fondo: la dificultad persistente para convertir partidas presupuestarias en obras y actuaciones visibles en determinados territorios.
En conclusión, la realidad que reflejan los presupuestos de 2026 es menos ideológica de lo que sugiere el debate político y más estructural: Asturias dispone de más recursos que nunca, pero sigue mostrando problemas crónicos de planificación, priorización y ejecución de inversiones, especialmente en infraestructuras locales. Mientras esta brecha entre lo anunciado, lo presupuestado y lo ejecutado no se cierre con datos de ejecución verificables, el debate seguirá repitiéndose año tras año, independientemente del partido que gobierne o critique.
Para terminar el post quiero manifestar que el debate presupuestario deja al descubierto una doble vara de medir que no puede ignorarse. El PP, cuando ejerce la oposición en el ámbito autonómico, construye su discurso sobre la exigencia de ejecución, la transparencia y la necesidad de aceptar enmiendas ajenas para mejorar la vida de los asturianos. Sin embargo, cuando gobierna en el Ayuntamiento de Llanes, su práctica institucional se mueve en sentido contrario: bloqueo sistemático de propuestas de la oposición, cierre del debate político real y uso de la mayoría como herramienta de imposición, exactamente aquello que denuncia en la Junta General del Principado… Fascismo en estado puro.
Los hechos son claros. En Llanes, el gobierno municipal liderado por el PP —en alianza con fuerzas locales— no incorpora iniciativas de la oposición, independientemente de su contenido, reproduciendo una lógica de exclusión política que vacía de sentido el pluralismo democrático. La justificación es siempre la misma: que gobierna quien tiene mayoría y que las propuestas ajenas no encajan en su modelo. Es decir, el mismo argumento que el PP critica cuando lo emplea el PSOE a nivel autonómico.
Esta contradicción no es anecdótica, sino estructural. Cuando el PP gobierna, la mayoría se presenta como legitimación absoluta para decidir sin integrar otras visiones; cuando está en la oposición, esa misma mayoría pasa a ser descrita como abuso de poder, cerrazón política o desprecio a los ciudadanos. No hay aquí un problema ideológico de fondo, sino una instrumentalización del discurso según la posición que se ocupa.
La consecuencia de esta incoherencia es una pérdida de credibilidad absoluta. No se puede exigir diálogo, ejecución y aceptación de enmiendas mientras se gobierna localmente con prácticas de bloqueo, ni denunciar la falta de municipalismo mientras se vacían de contenido los mecanismos de participación política en el propio municipio. Esa forma de actuar no responde a una defensa coherente del interés público, sino a una estrategia de confrontación permanente que cambia de signo según convenga al interés electoral del PP.
En última instancia, el problema no es solo del PSOE ni solo del PP, sino de una cultura política que normaliza la incoherencia y convierte el debate presupuestario en un intercambio de reproches sin asumir responsabilidades propias. Mientras esa lógica no cambie, Llanes —como otros concejos— seguirá siendo rehén de discursos cruzados, promesas reiteradas y una gestión pública donde el problema no es la falta de recursos, sino la falta de coherencia y vergüenza entre lo que se exige y lo que se practica cuando se gobierna.
Ya lo dijo Plutarco: “El poder revela al hombre.”
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