La actualidad política reciente vuelve a situar al PP en el centro del debate público, tanto en el ámbito municipal como en el nacional, reflejando una forma de ejercicio del poder marcada por conflictos administrativos, judicialización de la gestión pública y una reiterada contestación institucional.
En Gijón, la vicealcaldesa Ángela Pumariega, representante del PP en el gobierno local junto a Foro Asturias y un tránsfuga, defiende la ausencia de crisis política pese a las fricciones surgidas por la gestión de servicios públicos sensibles como la adjudicación de los contenedores de ropa usada o el traslado del Albergue Covadonga. Ambos casos han terminado encauzándose por la vía administrativa y jurídica, poniendo de manifiesto discrepancias entre órganos técnicos, recursos legales y resoluciones que han obligado a reabrir procedimientos por el “dedazo de la populista Carmen Moriyón Entrialgo. Paralelamente, el PP gijonés impulsa proyectos estratégicos como la ampliación del Parque Científico, la restauración de la piscina de la Universidad Laboral o la reorganización de eventos turísticos y comerciales, al tiempo que critica la falta de avances de otras administraciones en proyectos clave como la ZALIA.
Este escenario local enlaza con lo ocurrido en el plano nacional, donde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana. Su declaración, realizada por videoconferencia desde el Congreso, se ha centrado en los mensajes intercambiados con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, incorporados al sumario judicial https://bit.ly/4qk9CFQ Feijóo reconoció un error en su afirmación inicial de haber estado “informado en tiempo real”, aclaró que no tuvo contacto con Mazón hasta avanzada la tarde del día de la catástrofe y negó haber recibido información directa de los responsables autonómicos o estatales durante las horas críticas… Nada nuevo en el universo de mentiras y engaños de un partido antisistema como es el PP.
Foto: la populista Carmen Moriyón y el vividor "Monchu"
La comparecencia estuvo marcada por protestas de las partes personadas, debates sobre la validez de la declaración telemática y correcciones de la jueza ante valoraciones políticas del testigo, especialmente cuando defendió que la dana debió haberse gestionado como una emergencia nacional. La magistrada recordó que la Audiencia ya descartó esa interpretación y que la ley autonómica atribuye la competencia a la Generalitat https://bit.ly/45rCPq7 La sesión concluyó en un clima de tensión procesal, reflejo de la relevancia judicial y política del caso https://bit.ly/45rDl7x
Estos episodios se inscriben en un contexto más amplio en el que el Partido Popular mantiene una relación singular con los tribunales. El PP tiene el honor de ser el único partido político en España que ha sido condenado penalmente como persona jurídica, en concreto por la sentencia firme del caso Gürtel, que acreditó la existencia de una trama de corrupción ligada a su financiación irregular. Este antecedente judicial condiciona la lectura de los actuales conflictos administrativos y penales que afectan a responsables del partido, tanto en la gestión de servicios públicos como en situaciones de emergencia o en el uso de recursos institucionales.
Así, desde la política municipal hasta la dirección nacional, las informaciones que pudimos leer ayer y hoy enlazan un mismo patrón: decisiones de gobierno cuestionadas, procedimientos revisados por los tribunales y una constante presencia del PP en escenarios donde la legalidad de la actuación pública es objeto de escrutinio judicial y administrativo.
Desde la llegada al poder municipal en el año 2023, el gobierno municipal de Gijón, sustentado por PP, Foro Asturias y un tránsfuga, ha ido configurando una forma de gobernar que la prensa local y regional ha descrito reiteradamente como un ejercicio de poder poco dialogante, jurídicamente tensionado y socialmente insensible, con un patrón que se repite en distintos ámbitos de la vida municipal.
El eje de este modelo se articula en torno a la figura de la alcaldesa Carmen Moriyón, cuya manera de ejercer la autoridad ha sido presentada como personalista y vertical. Desde el inicio del mandato, la toma de decisiones relevantes ha tendido a concentrarse en Alcaldía, relegando a un segundo plano a los “pagafantas” de la moqueta, los concejales del PP. Tanto los socios de gobierno como a los propios órganos técnicos cuando sus criterios resultan incómodos quedan como “cagancho” en Almagro si a la alcaldesa Moriyón no le agrada su decisión. Esta práctica ha provocado fricciones constantes, no solo dentro del gobierno municipal, sino también con funcionarios, entidades sociales y colectivos ciudadanos. Es un peronismo descarnado, una forma cruda, sin mediaciones ni contrapesos, de ejercer prácticas asociadas históricamente al peronismo, pero despojadas de su retórica social original y de sus mecanismos de integración. No es una categoría académica formal, sino una expresión crítica que se utiliza para describir un estilo de poder, no una doctrina cerrada. El poder se concentra en una figura o núcleo dirigente que se presenta como intérprete exclusivo de la voluntad popular. Las instituciones, los técnicos y los procedimientos quedan subordinados a esa autoridad personal. La legitimidad no proviene tanto de la norma como del liderazgo. El “pueblo” se invoca de forma constante, pero no como sujeto activo, sino como recurso retórico. Se habla en su nombre mientras se limitan los canales reales de participación, deliberación o control. La ciudadanía es llamada a respaldar, no a decidir… Para eso ya está Moriyón y sus mariachis concejales. Este peronismo descarnado borra las fronteras entre:
· lo institucional,
· lo partidario,
· y lo personal.
Las decisiones políticas se presentan como inevitables o naturales, y cualquier crítica se etiqueta como ataque al proyecto o a la comunidad… Sería el dicho de, “o yo o el caos”.
No se gobierna desde un marco ideológico coherente, sino desde la oportunidad política:
- hoy se apela al orden,
- mañana al pueblo,
- pasado a la eficiencia técnica.
La coherencia no es un valor central; lo es la conservación del poder.
Los controles —tribunales, técnicos, prensa, oposición, movimientos sociales— son vistos como obstáculos, no como garantías democráticas. Se los tolera solo mientras no interfieran con la decisión ya tomada.
El disenso interno se corrige, se margina o se silencia. La obediencia se premia; la crítica se penaliza. El gobierno municipal funciona más como una estructura jerárquica que como un espacio plural.
El adjetivo de descarnado es clave, ya que implica que no hay épica social, justicia redistributiva ni integración popular real, sino solo:
- poder sin relato inclusivo,
- mando sin protección,
- autoridad sin contrapeso ético.
Es un peronismo sin carne social, reducido a técnica de dominación. Es en síntesis la siguiente formula:
liderazgo personalista + uso retórico del pueblo + desprecio por controles + pragmatismo extremo.
La prensa ha puesto el foco en una utilización extensiva de informes “sobrevenidos” o reinterpretaciones jurídicas para justificar decisiones ya adoptadas políticamente. El caso de la adjudicación de los contenedores de ropa usada, que terminó con la reapertura de un procedimiento fuera de los plazos ordinarios, es paradigmático: cuando la legalidad no encaja con la decisión política, se fuerza el procedimiento hasta el límite, generando inseguridad jurídica y una sensación de arbitrariedad que socava la confianza ciudadana en la Administración.
En el ámbito social, el traslado del Albergue Covadonga evidenció con crudeza el divorcio entre el gobierno municipal y buena parte de la sociedad gijonesa. La decisión se tomó sin un proceso real de participación ni un consenso previo con los barrios afectados, y la posterior rectificación parcial no se presentó como una autocrítica, sino como una concesión forzada. El mensaje implícito fue claro: la acción de gobierno no se negocia, se ejecuta, y solo se revisa cuando el coste político es elevado.
Este modo de gobernar ha alimentado una percepción ampliamente recogida por los medios: lo ancho para los responsables políticos, lo estrecho para la ciudadanía. Mientras el gobierno municipal de la derecha extrema del Ayuntamiento de Gijón se arroga una amplia discrecionalidad para reinterpretar normas, modificar proyectos o acelerar iniciativas estratégicas, a los gijoneses se les exige una adhesión estricta a procedimientos, plazos y obligaciones, sin el mismo margen de flexibilidad. Esa asimetría es uno de los rasgos más criticados del actual mandato de la “trumpista” Moriyón y su séquito de concejales.
A ello se suma una confusión deliberada entre gestión pública y relato político. Grandes anuncios —planes estratégicos, proyectos de ciudad, inversiones futuras— conviven con una ejecución lenta, fragmentada o directamente inexistente. La prensa ha señalado que el énfasis del gobierno está más en el impacto mediático que en la resolución efectiva de los problemas cotidianos: vivienda, servicios sociales, mantenimiento urbano o cohesión territorial entre barrios… La misma mierda política que sufren los llaniscos con el gobierno fascista de, VecinosxLlanes y PP, engañar y cobrar lo que no ganan en la vida civil mientras los llaniscos se cuecen en la salsa de su incompetencia.
La relación con otras administraciones tampoco ha escapado a este patrón. El Ayuntamiento de Gijón como el de Llanes ha optado por una lógica de confrontación permanente con el Principado y el Gobierno central, trasladando a la opinión pública la idea de que los bloqueos externos justifican las carencias internas de su incapacidad para gestionar nada. Sin embargo, esa estrategia ha tenido como efecto colateral aislar políticamente a Gijón y dificultar la cooperación institucional necesaria para proyectos de largo alcance… Igual que en el municipio de Llanes que lleva algo más de 10 años sufriendo dicha situación.
En conjunto, lo que la prensa viene retratando desde el año 2023 con Foro, PP y tránsfuga, es un desgobierno más formal que técnico, donde la legalidad se estira, la participación se minimiza y la ciudadanía queda relegada a un papel pasivo. Un modelo en el que gobernar se confunde con mandar, y donde el ejercicio del poder se impone sobre la escucha, el consenso y la equidad. No se trata de episodios aislados, sino de una forma coherente de entender la política municipal: una gestión rígida hacia abajo y flexible hacia arriba, que ha terminado por erosionar la confianza de muchos gijoneses en sus instituciones locales.
Por otro lado, lo que está sucediendo en la agrupación gijonesa del PSOE desde las elecciones municipales del año 2023 no puede entenderse como una simple fase de reorganización tras una derrota electoral, sino como la continuidad de un modelo interno agotado, incapaz de hacer autocrítica real y de ofrecer una alternativa creíble al gobierno de Carmen Moriyón en Gijón.
El discurso oficial del secretario general, José Ramón García “Monchu”, insiste en hablar de “parálisis y desgobierno” municipal, pero esa denuncia pierde fuerza cuando quien la formula no ha asumido responsabilidades políticas por el fracaso electoral del año 2023 cuando siendo secretario general abandero dicha candidatura que no consiguió la alcaldía. Aquel resultado, lejos de abrir un proceso de renovación profunda, dio paso a una operación de cierre de filas en torno al mismo núcleo dirigente, que optó por sacrificar piezas intermedias para preservar intacto el liderazgo real. La salida de Floro (una buena y decente persona) no fue una catarsis colectiva ni una reflexión estratégica: fue un movimiento defensivo para evitar que la derrota tuviera consecuencias en la cúspide.
Desde entonces, la agrupación gijonesa vive instalada en una oposición retórica de cara a la galería con los concejales “monchitos”, más preocupada por reconstruir un relato que por revisar sus propias carencias. La asamblea del año 2026, presentada como un hito organizativo, evidencia en realidad una paradoja: se multiplican los encuentros, las actividades y las declaraciones, pero no se produce ningún relevo generacional ni político. Se habla de credibilidad mientras se evita el debate incómodo sobre por qué el PSOE perdió la alcaldía y por qué no ha logrado, desde entonces, capitalizar el desgaste evidente del gobierno municipal.
El problema de fondo no es solo estratégico, sino orgánico. El PSOE gijonés sigue funcionando bajo una lógica de dirección en la sombra, donde las decisiones clave no se toman en espacios abiertos ni colegiados, sino en círculos reducidos. La apelación constante a la “unidad” se utiliza como mecanismo disciplinario, no como proyecto compartido. En ese contexto, la advertencia de Fran López sobre la necesidad de “ilusión” suena más a síntoma que a solución: cuando hay que pedir ilusión es porque esta ya no surge de manera natural.
De cara a las elecciones municipales del año 2027, el patrón que se perfila es inquietantemente familiar. En lugar de una renovación real, se insinúa la posibilidad de volver a colocar un candidato amortiguador, un perfil destinado a encabezar formalmente un proyecto que otros controlan desde la retaguardia, como se hizo con Floro. El riesgo es evidente: repetir la estrategia que ya fracasó, convertir al candidato en cabeza visible pero no en líder efectivo, y dejar intactas las dinámicas internas que alejaron al PSOE de amplios sectores de la ciudadanía gijonesa.
Foto: Oscar Torre el eterno opositor incapaz de erosionar al fascismo, y el fascista, Enrique Riestra, el sátrapa que ha encontrado en la política su medio de vida
Mientras tanto, el discurso sobre un “proyecto de ciudad a 25 años” choca con la realidad de una organización incapaz de proyectarse más allá de su propia supervivencia interna. La insistencia en reivindicar logros del pasado reciente —algunos culminados ahora por otros gobiernos— refuerza la imagen de un partido que mira más al retrovisor que al horizonte. La conexión con la sociedad civil gijonesa, tan invocada, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio performativo si no va acompañada de cambios reales en las formas de decidir y de liderar.
En definitiva, frente a un gobierno municipal cuestionado por su forma de ejercer el poder, el PSOE gijonés no está ofreciendo hoy una alternativa sólida, sino una oposición atrapada en sus propias inercias. Sin renovación, sin asunción clara de responsabilidades y sin ruptura con las estrategias fallidas del pasado, el partido corre el riesgo de llegar a 2027 no como una fuerza preparada para gobernar, sino como una estructura defensiva, más centrada en controlar su trastienda que en disputar de verdad el futuro de Gijón… Exactamente igual a como está sucediendo con la agrupación socialista de Llanes. Nos preocupamos más por mantener el escaso poder de las ruinas que por ser alternativa a un fascismo descarnado como sucede en Gijón y Llanes.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que hoy se observa en Gijón y en Llanes no es una anomalía coyuntural ni una suma de errores aislados, sino la cristalización de un ecosistema político degradado en el que el poder se ejerce sin proyecto compartido y la oposición ha renunciado a ser alternativa. Allí donde gobierna la derecha extrema municipal —articulada en torno al Partido Popular y sus aliados— la gestión se ha vuelto defensiva, autorreferencial y cerrada, más preocupada por sostener el mando que por gobernar con y para la ciudadanía.
En Gijón, el gobierno local ha normalizado una política de hechos consumados: decisiones relevantes adoptadas desde arriba, procedimientos estirados hasta el límite, rectificaciones solo cuando el coste mediático se vuelve insoportable. El resultado es una administración formalmente activa pero sustantivamente frágil, donde la legalidad se instrumentaliza, la participación se minimiza y el relato sustituye a la ejecución. La ciudad se gestiona como un escaparate de anuncios —planes, hitos, promesas— mientras los problemas estructurales se enquistan y la confianza pública se erosiona.
En Llanes, el patrón se repite con una lógica aún más áspera: confrontación permanente con otras administraciones, aislamiento político y una gestión que convierte la excepcionalidad en norma. La consecuencia es la parálisis por conflicto, una gobernanza que confunde firmeza con cerrazón y autonomía con autarquía, dejando a la ciudadanía atrapada entre discursos grandilocuentes y resultados pobres.
Frente a este bloque de poder, el PSOE local aparece desdibujado. Ni en Gijón ni en Llanes ha sido capaz de articular una respuesta a la altura del desgaste evidente de los gobiernos. La ausencia de renovación, la falta de asunción de responsabilidades tras derrotas electorales y la reproducción de direcciones en la sombra han convertido a la oposición en un ejercicio de performance política: mucha escenificación, poca construcción. Se denuncia el desgobierno ajeno mientras se elude el examen propio; se invoca un futuro a largo plazo sin ordenar el presente interno.
El saldo de este doble fracaso —un gobierno que manda más de lo que gobierna y una oposición que declama más de lo que propone— es una ciudadanía desamparada. La política deja de ser un espacio de solución colectiva para convertirse en una liturgia de poder: unos deciden sin escuchar; otros protestan sin transformar. Entre ambos, se abre un vacío que paga la gente común en servicios, oportunidades y cohesión social.
Si algo enseñan Gijón y Llanes es que sin contrapesos reales no hay buena administración, y que sin oposición creíble no hay democracia viva. Cuando el mando se impone al consenso y la supervivencia interna sustituye al proyecto, la política se vacía de sentido. Y ese vaciamiento, sostenido en el tiempo, no solo desgasta instituciones: desgasta ciudades, como Gijón y Llanes.
Ya lo dijo Norberto Bobbio: “La política se degrada cuando gobernar se confunde con mandar y la oposición se resigna a mirar”.
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