Ayer y hoy se está celebrando en el Ayuntamiento de Gijón el debate sobre el estado del municipio de Gijón el cual volvió a evidenciar una ciudad políticamente partida en dos relatos muy antagónicos: el del gobierno local, encabezado por la tri-asalariada Carmen Moriyón, que reivindica estabilidad, ejecución y proyectos en marcha, y el de una oposición que coincide en señalar la vivienda como el gran fracaso del mandato y acusa al bipartito Foro-PP de gobernar “a golpe de eslogan”.
En una sesión larga —más de cuatro horas y media— la alcaldesa defendió que Gijón está hoy “un poco mejor” que en 2011 y 2023, subrayando como ejes de gestión la atracción de inversiones, la cultura, la seguridad ciudadana y los servicios sociales. Puso como ejemplos “hechos objetivos y tangibles” como: la apertura de Naval Azul, la adjudicación de las obras de Tabacalera, la ampliación del Parque Científico, la nueva jefatura de la Policía Local o la renovación de la flota de Emtusa, además de reivindicar la estabilidad institucional y financiera del Ayuntamiento de Gijón, con tres presupuestos aprobados y la mayoría de la inversión ya convertida en obras y contratos. En ese marco, cargó contra el Gobierno central por los retrasos en el plan de vías y los accesos a El Musel, y reclamó un Pacto de Estado por la Vivienda, defendiendo la viabilidad del Plan Llave si el Principado actualiza el módulo de vivienda protegida https://bit.ly/4t5zkj9
El relato del gobierno fue respaldado por el PP y por el concejal tránsfuga de la ultraderecha, Óliver Suárez, que puso el foco en la programación cultural y el éxito de eventos como el Festival de Cine. El portavoz del PP, Rodrigo Pintueles, defendió que “a Gijón le sienta bien” que el PP gestione más del 40 % del presupuesto y destacó datos de empleo y turismo, frente a lo que calificó como una oposición instalada en la crítica fácil.
Desde el otro lado, PSOE, IU y Podemos coincidieron en que la crisis de la vivienda es el verdadero termómetro del mandato. La concejal socialista Carmen Eva Pérez habló de una “ciudad para ricos”, con precios fijados para visitantes y un mercado de alquiler y compra que expulsa a la clase media, mientras que Javier Suárez Llana cifró en un 29,76 % el aumento del alquiler desde el regreso de Moriyón a la Alcaldía y acusó al gobierno de convertir la vivienda en un negocio. En la misma línea, Olaya Suárez, habló de campañas grandilocuentes, turistificación y falta de un proyecto de ciudad, calificando de “pantomima” algunas actuaciones emblemáticas https://bit.ly/4a9V8lc
El debate municipal se prolongó al día siguiente con la intervención del consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, que calificó de “inaceptable” el retraso del Ministerio en licitar el tramo Lloreda-Veriña, pero instó al Ayuntamiento a no usarlo como excusa y a aplicar ya medidas de gestión del tráfico pesado y de calidad del aire en la avenida Príncipe de Asturias. Calvo ofreció colaboración autonómica para restricciones, reducción de velocidades y limitaciones a camiones sin etiqueta ambiental, mientras desde el PSOE local se reprochó a la Alcaldesa centrarse en polémicas en lugar de asumir responsabilidades compartidas bit.ly/4qMIFLi
En conjunto, el escenario que dibujan los dos grupos principales del gobierno, Foro, PP, tránsfuga y el PSOE en la oposición, es una imagen clara de la anti política. Dibujan un Gijón con proyectos estratégicos en marcha y estabilidad presupuestaria según el gobierno local, pero también con una brecha política profunda en torno al modelo de ciudad y, sobre todo, a una vivienda que la oposición considera el gran déficit de un mandato marcado por el enfrentamiento con otras administraciones y por dos visiones casi irreconciliables del futuro del concejo.
El escenario que se desprende del debate sobre el estado del municipio de Gijón, no es tanto el de una confrontación clásica entre gobierno y oposición como el de una crisis profunda de credibilidad política, donde los actores institucionales aparecen más preocupados por sostener su propio relato que por construir un marco compartido de diagnóstico y soluciones para los problemas estructurales de la ciudad.
Por un lado el gobierno local, encabezado por Carmen Moriyón, articula su discurso sobre tres pilares muy claros: estabilidad institucional, ejecución presupuestaria y acumulación de proyectos en marcha. El énfasis está puesto en la gestión entendida como capacidad administrativa: presupuestos aprobados, expedientes tramitados, obras licitadas y proyectos desbloqueados. Este marco no es casual: responde a una concepción de la política municipal donde el éxito se mide en términos de procedimiento y ritmo (aunque el mismo este trufado con un tufo fascista que apesta, como es en este caso con el pacto con el concejal tránsfuga de Vox), no de impacto social directo. Desde esa lógica, el gobierno municipal de Moriy ón se presenta ante los gijoneses como: eficaz, ordenado y responsable, y desplaza buena parte de los déficits —vivienda, movilidad pesada, integración ferroviaria— hacia otras administraciones, especialmente el Gobierno central y el Principado, eludiendo lo que dice la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 25, donde se fijan las competencias del gobierno municipal.
Sin embargo, esa estrategia tiene un límite evidente: la distancia entre la gestión proclamada y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. La insistencia en proyectos emblemáticos (Naval Azul, Tabacalera, Parque Científico) convive con indicadores sociales que no mejoran, especialmente en vivienda, donde el aumento sostenido de precios de alquiler y compra desborda cualquier explicación competencial. El “Plan Llave” presentado a bombo y plantillo por el gobierno de la derecha extrema de Foro y PP, ha resultado un completo fracaso. presentado como respuesta estructural, aparece todavía como una hipótesis condicionada a terceros, lo que refuerza la percepción de que el gobierno administra expectativas más que resultados en este ámbito. A ello se suma un problema político de fondo: el pacto de gobierno sostenido por un concejal tránsfuga, que erosiona cualquier discurso de ejemplaridad, transparencia o ética pública y debilita la autoridad moral del ejecutivo para reclamar responsabilidad a otros.
En paralelo, la oposición —especialmente PSOE, IU y Podemos— construye un contra-relato centrado casi exclusivamente en la vivienda como síntoma total del mandato. No se trata solo de un problema sectorial, sino del indicador que, a su juicio, demuestra el fracaso del modelo de ciudad impulsado por Foro y PP. La idea de una “ciudad para ricos”, orientada al turismo, a la inversión privada y a los visitantes temporales, funciona como eje explicativo de todos los desequilibrios: expulsión de población joven, precarización residencial, pérdida de identidad urbana y debilitamiento de lo público.
Ahora bien, ese discurso opositor también muestra límites claros. La reiteración del diagnóstico, sin una traducción igualmente visible en propuestas viables y ejecutables desde el ámbito municipal, acaba diluyendo su fuerza. Además, el PSOE carga con una contradicción estructural: critica la falta de liderazgo local mientras forma parte de gobiernos en otras administraciones que bloquean o retrasan proyectos clave para Gijón, como es el gobierno de la nación y el de la autonomía. Esa ambigüedad resta credibilidad a la posición del PSOE y refuerza la sensación de que, en demasiadas ocasiones, las siglas pesan más que la defensa efectiva del interés local.
La intervención posterior del consejero Alejandro Calvo introduce un elemento especialmente revelador: la posibilidad que tiene el gobierno de Moriyón de actuar ya en movilidad y calidad del aire sin esperar a grandes infraestructuras. Esto deja en evidencia que parte del inmovilismo municipal no es solo consecuencia de bloqueos externos, sino también de decisiones políticas no tomadas. La negativa a aplicar medidas restrictivas al tráfico pesado o a desarrollar plenamente una zona de bajas emisiones apunta a una gestión que prioriza evitar conflictos a corto plazo antes que asumir costes políticos en favor de beneficios colectivos a medio plazo… Es el peronismo descarnado de los descamisados, que hoy abandera Moriyón. Las declaraciones del consejero del Gobierno del Principado, Alejandro Calvo, resultan especialmente difíciles de sostener a la luz de su propia trayectoria en el conflicto del vial de Jove. No se trata de una discrepancia técnica ni de una diferencia de criterios legítima, sino de una incoherencia política evidente entre lo que ahora exige al Ayuntamiento de Gijón y lo que él mismo fue incapaz de aportar cuando tuvo responsabilidad directa y margen de actuación.
Su papel en este asunto puede calificarse, sin exageración, de fallido. Las dos visitas realizadas al Ministerio de Transportes para reunirse con el secretario de Estado, José Antonio Santano, no se tradujeron en absolutamente nada tangible para la ciudad. No hubo calendario, no hubo compromiso presupuestario, no hubo una alternativa técnica viable sobre la mesa y, lo que es más grave, no hubo una propuesta política clara que permitiera desbloquear el problema cuando el vial en superficie quedó descartado. Aquellas reuniones acabaron siendo meros gestos de cara a la galería, vacíos de contenido y de resultados.
Resulta por ello llamativo —y sonrojante— que ahora el consejero Calvo adopte un tono de reproche hacia el Ayuntamiento, instándole a “no usar excusas” y a actuar de inmediato, cuando él mismo no fue capaz de liderar ninguna solución ni de articular una alternativa creíble. No planteó un trazado distinto, no defendió públicamente una opción subterránea viable, no presionó políticamente al Ministerio con la contundencia necesaria ni generó un consenso institucional mínimo. Su actuación se limitó a gestionar el bloqueo, no a resolverlo.
Además, su actual discurso incurre en una simplificación interesada: presentar la gestión de la movilidad pesada como un problema que puede resolverse únicamente con medidas municipales inmediatas, obviando que el núcleo del conflicto —la salida de los camiones de La Calzada— depende estructuralmente del Estado. Señalar ahora al Ayuntamiento por no aplicar restricciones sin asumir el fracaso previo de las negociaciones ministeriales es una forma de desplazar responsabilidades que no resiste un análisis serio.
Foto: "Monchu" García y Alejandro Calvo, dos inútiles al frente del desastre socialista de Gijón
La crítica al “uso del retraso ministerial como excusa” es particularmente poco afortunada cuando quien la formula no logró arrancar ninguna respuesta efectiva del propio Ministerio. Si el problema “roza lo inaceptable”, como él mismo afirma, convendría empezar por reconocer que su gestión contribuyó a normalizar ese retraso en lugar de confrontarlo políticamente. No basta con constatar la inacción ajena; un responsable público está obligado a forzar decisiones, no a certificarlas.
En definitiva, Alejandro Calvo pretende ahora ocupar una posición de autoridad moral y técnica que no se ganó cuando tuvo la oportunidad. Su intervención no aporta soluciones nuevas, no corrige errores pasados y no asume ninguna autocrítica. Se limita a señalar, exigir y recomendar, desde una comodidad política incompatible con la gravedad del problema. En un asunto tan sensible como el vial de Jove, su papel no fue el de un actor resolutivo, sino el de un eslabón más en una cadena de dilaciones, y eso explica por qué sus palabras hoy pesan poco y convencen aún menos a los gijoneses que padecen dicho problema.
En conjunto, lo que se proyecta hacia la ciudadanía es una imagen de antipolítica institucionalizada: un gobierno que se refugia en la técnica, en los expedientes y en la comparación constante con otras administraciones para eludir responsabilidades políticas directas; y una oposición que denuncia con dureza, pero que no logra articular una alternativa creíble y coherente desde su propia posición de poder parcial. El resultado es una ciudad atrapada entre dos relatos cerrados, sin espacios de síntesis ni voluntad real de acuerdo.
Más allá de los calificativos, el problema central es que la política municipal aparece desconectada de la resolución efectiva de los problemas cotidianos. Vivienda, movilidad, servicios sociales o planificación urbana se convierten en armas arrojadizas, no en campos de cooperación. En ese contexto, la ciudadanía gijonesa percibe un Ayuntamiento más ocupado en ganar el relato que en recuperar la confianza, y un sistema político local donde la ética, la transparencia y el ejemplo quedan subordinados a la supervivencia del poder y a la confrontación permanente.
A todo lo anterior se suma un elemento que atraviesa el debate de forma silenciosa pero constante: la desafección ciudadana. El debate sobre el estado del municipio no ha servido para acercar posiciones ni para ofrecer certezas a los gijoneses, sino para confirmar una percepción cada vez más extendida de que el Ayuntamiento funciona como un espacio autorreferencial, donde los problemas reales se mencionan, pero no se abordan con voluntad transformadora. El lenguaje político se ha vaciado de contenido útil y se ha convertido en una herramienta de confrontación permanente, incapaz de generar confianza o expectativas razonables.
La reiteración de cifras, expedientes y anuncios contrasta con la ausencia de horizonte compartido. No hay una visión de ciudad que convoque a mayorías sociales amplias, ni un relato integrador que permita entender hacia dónde va Gijón y para quién se gobierna. El gobierno local habla de estabilidad mientras gobierna apoyado en un concejal tránsfuga; la oposición denuncia el modelo de ciudad mientras participa en gobiernos que bloquean decisiones clave. En ese contexto, la política municipal deja de ser un instrumento de resolución de conflictos para convertirse en un ejercicio de supervivencia partidaria.
Este clima tiene consecuencias concretas: paraliza acuerdos, cronifica problemas y convierte cada debate institucional en una repetición de reproches ya conocidos. La vivienda, la movilidad, los servicios sociales o el urbanismo no fracasan solo por falta de recursos o competencias, sino porque no existe una cultura política orientada al acuerdo, sino al desgaste del adversario. Y cuando la política se reduce a eso, la ciudadanía queda relegada al papel de espectadora pasiva de una disputa que no mejora su vida cotidiana.
En definitiva, lo que hoy se vive en el Ayuntamiento de Gijón no es únicamente una crisis de gestión o de liderazgo, sino una crisis de sentido de lo público. La institución municipal aparece desconectada de la realidad social que debería representar, atrapada en un juego de relatos cerrados, donde la ética, la ejemplaridad y la responsabilidad política han quedado subordinadas al mantenimiento del poder y al cálculo electoral. Mientras no se rompa esa lógica, cualquier proyecto, por ambicioso que sea sobre el papel, estará condenado a chocar contra la misma desconfianza ciudadana que hoy define el clima político del concejo.
Para terminar el post quiero decir que lo que hoy se representa en el Ayuntamiento de Gijón roza la pésima broma política. El gobierno de, Foro Asturias y PP, encabezado por Carmen Moriyón, administra expedientes y eslóganes mientras esquiva responsabilidades y se sostiene sobre un acuerdo que degrada la ética pública. Y la oposición del PSOE de los “monchitos” denuncia con estridencia, pero practica una ambigüedad funcional que bloquea soluciones cuando gobierna en otros niveles.
Unos y otros comparten un rasgo decisivo: anteponen sus intereses partidarios a los de quienes les pagan los sueldos. La ciudad queda atrapada entre la autocomplacencia tecnocrática y la crítica sin alternativa, entre el cálculo electoral y la ausencia de liderazgo. Mientras tanto, vivienda, movilidad y servicios siguen esperando. Si la política municipal no recupera el sentido del servicio público, Gijón seguirá pagando el precio de esta farsa institucional.
Ya lo dijo Groucho Marx:
“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
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