El mercado inmobiliario en Gijón atraviesa una fase de transición marcada por una paradoja cada vez más evidente: los precios se mantienen en niveles muy elevados —e incluso continúan al alza en determinadas zonas— mientras el volumen de compraventas comienza a mostrar signos claros de agotamiento. Aunque los datos del último trimestre aún son provisionales, el propio sector inmobiliario local coincide en señalar que, tras varios años de crecimiento sostenido, el mercado gijonés podría estar entrando en una etapa de desaceleración más que de expansión.
Durante los últimos ejercicios, Gijón ha funcionado como el principal motor del mercado inmobiliario asturiano, con una media de 937 transacciones por trimestre el año pasado. Sin embargo, esta cifra resulta inferior a la de 2024 (960 operaciones trimestrales) y solo ligeramente superior a la de 2023 (869), lo que refuerza la percepción de que el mercado ha alcanzado un punto de saturación. A pesar de seguir liderando las compraventas en Asturias, la ciudad empieza a perder empuje relativo frente a municipios cercanos cuyos precios aún resultan más accesibles.
Uno de los elementos más preocupantes del diagnóstico es la creciente desconexión entre los precios de la vivienda y la capacidad adquisitiva de la población local. El comprador tradicional de clase trabajadora gijonesa encuentra cada vez más dificultades para acceder a una vivienda en su propia ciudad. Esta situación es especialmente visible en barrios como El Bibio o Viesques, donde los precios medios superan ya los 3.500 euros por metro cuadrado, niveles claramente fuera del alcance de una parte muy significativa de los residentes. Este fenómeno no se limita a los barrios tradicionalmente más exclusivos. Tal y como recoge la noticia sobre El Llano bit.ly/4qBwe4Z, este barrio popular de Gijón vive un mercado inmobiliario descrito por los propios profesionales como “de locos”, con subidas de hasta un 20 % en el precio de la vivienda en apenas un año y un mercado del alquiler completamente tensionado por la falta de oferta. La presión es doble: comprar resulta cada vez más caro y alquilar se convierte en una alternativa igualmente inaccesible. El encarecimiento en barrios tradicionalmente más asequibles demuestra que la tensión del mercado se ha extendido de forma transversal, afectando de lleno a jóvenes, familias trabajadoras y hogares con ingresos medios.
A este escenario se suma otro fenómeno emergente: la estacionalización de la oferta. Cada vez más propietarios retrasan la salida al mercado de sus viviendas hasta los meses de primavera y verano, con la expectativa de atraer a compradores externos —especialmente interesados en segundas residencias— y con mayor poder adquisitivo. Aunque el sector reconoce que esta estrategia responde en gran medida a una falsa creencia, lo cierto es que entre marzo y septiembre se detecta una mayor presencia de inmuebles con precios sensiblemente más altos. Esta práctica reduce artificialmente la oferta durante parte del año y refuerza la percepción de escasez, dificultando cualquier ajuste real de precios a la baja.
La comparación con otros municipios asturianos permite observar con claridad el denominado “efecto mancha de aceite”. Oviedo, con unas 881 transacciones trimestrales, se encuentra en una situación muy similar a la de Gijón: escasez de vivienda disponible, precios al alza y expulsión progresiva del comprador local. Esta situación queda reflejada en la siguiente noticia bit.ly/4pyW9J2, que describe un mercado ovetense tensionado por la falta de oferta, especialmente en vivienda usada, mientras que la obra nueva parte de precios que muchos compradores no pueden asumir.
Cuando comprar en Gijón u Oviedo se vuelve inasumible, la demanda se desplaza hacia municipios cercanos como Avilés, Langreo, Mieres o Siero. Este desplazamiento se refleja claramente en la llamada capacidad de absorción del mercado: mientras Gijón y Oviedo presentan un sobreesfuerzo del 22 %, municipios como Avilés alcanzan el 53 % y Langreo llega hasta el 82 %, evidenciando un rápido crecimiento de la demanda en zonas que históricamente habían sido más asequibles.
Este proceso se ve reforzado por el auge de la demanda externa, especialmente de compradores procedentes de Madrid o de comunidades como Castilla y León, interesados en segundas residencias o en vivienda de inversión. Para estos perfiles, concejos como San Martín del Rey Aurelio o Aller resultan atractivos tanto por precio como por calidad de vida. Sin embargo, esta demanda no compensa la pérdida de compradores locales en las grandes ciudades, generando un mercado con precios altos pero menor rotación, una combinación que suele anticipar fases de estancamiento más que de corrección.
La presión sobre los precios tampoco se limita a las zonas más dinámicas. Tal y como recoge la noticia bit.ly/4qcxFX6, incluso los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se han encarecido, con subidas interanuales que alcanzan el 16 % en algunos concejos. Este dato resulta especialmente significativo porque indica que la tensión del mercado se ha extendido a los segmentos que tradicionalmente ofrecían mayor accesibilidad, reduciendo drásticamente las opciones para quienes dependen del mercado de segunda mano.
Todo este contexto ha motivado la apertura de un debate público sobre el futuro del modelo residencial en Asturias, ejemplificado en el coloquio que se celebrará en la Escuela de Comercio de Gijón, impulsado por We love Gijón y con el apoyo de Compromiso Asturias XXI. En él se abordará el impacto del plan estatal de vivienda y se debatirán alternativas como la vivienda libre a precio tasado, con la participación de representantes del sector inmobiliario, de la Federación Asturiana de Empresarios, de la Unión de Comerciantes y de expertos en urbanismo e inteligencia artificial.
En conclusión, el mercado de la vivienda en Gijón y en Asturias muestra síntomas claros de tensión estructural más que de un simple ciclo alcista. Precios elevados, escasez de oferta, desplazamiento de la demanda hacia municipios periféricos y una creciente exclusión del comprador local configuran un escenario con importantes consecuencias sociales. Si no se amplía de forma decidida la oferta —especialmente de vivienda asequible— y no se articulan políticas eficaces de equilibrio territorial, existe el riesgo de reproducir en el resto del territorio asturiano los mismos problemas que hoy ya son evidentes en Gijón y Oviedo, profundizando la desigualdad residencial y la presión socioeconómica sobre amplias capas de la población.
Ante este escenario de tensión estructural del mercado de la vivienda, la actuación del actual gobierno municipal de Gijón, sustentado por Foro Asturias, PP y un edil tránsfuga, se caracteriza más por la inacción, la falta de planificación y la ausencia de una política de vivienda coherente que por una respuesta decidida a un problema que afecta de forma directa y cotidiana a miles de gijoneses.
Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que la política municipal en materia de vivienda no está a la altura de la magnitud del problema. Mientras los precios se disparan, la oferta se reduce y la población trabajadora queda progresivamente expulsada del mercado, el gobierno local ha optado por una estrategia pasiva, confiando en que el mercado se autorregule o en que la iniciativa privada resuelva por sí sola un desequilibrio que es claramente estructural. Esta postura encaja con una visión ideológica liberal-conservadora que evita la intervención pública, pero ignora las consecuencias sociales de no actuar.
Uno de los déficits más evidentes es la ausencia de una política decidida de vivienda pública o asequible, concejalía que tiene en gestión el partido de Foro en la persona de Jesús Martínez Salvador, un sicario de mirada corta que obedece ciegamente a los caprichos de Moriyón. No se han impulsado promociones significativas de vivienda protegida adaptadas a los salarios reales de la ciudad, ni se ha desarrollado un parque público de alquiler capaz de amortiguar la presión del mercado privado. En una ciudad donde incluso barrios tradicionalmente populares han dejado de ser accesibles, la falta de una alternativa pública deja a amplios sectores de la población sin opciones reales.
Tampoco se han activado instrumentos urbanísticos eficaces para movilizar vivienda vacía, frenar la especulación o condicionar el desarrollo urbano a objetivos sociales. El discurso oficial suele centrarse en atraer inversión o en facilitar operaciones inmobiliarias, pero rara vez en garantizar que esas dinámicas beneficien a quienes viven y trabajan en Gijón. El resultado es un modelo urbano que prioriza al comprador externo, a la segunda residencia o a la vivienda como activo financiero, mientras relega a un segundo plano las necesidades residenciales de la población local… Desgraciadamente esta política me recuerda lo que está sucediendo en el municipio de Llanes, con el partido fascista de VecinosxLlanes ayudado por los inútiles del PP.
En el ámbito del alquiler, la situación es especialmente reveladora. Pese a la escalada de precios y a la escasez de oferta, el gobierno municipal de Moriyón no ha impulsado medidas locales de contención, ni ha presionado de forma efectiva para aplicar herramientas legales que podrían aliviar la situación. La pasividad ante un mercado del alquiler desbocado refuerza la precariedad residencial, especialmente entre jóvenes y familias con ingresos medios o bajos, y acelera procesos de expulsión silenciosa de vecinos hacia concejos del entorno.
Otro aspecto criticable es la falta de una estrategia metropolitana o territorial. El desplazamiento de la demanda hacia municipios cercanos es tratado como un fenómeno inevitable, cuando en realidad responde a la incapacidad de las grandes ciudades para ofrecer vivienda accesible. El gobierno local no ha liderado una coordinación real con otros concejos ni con el Principado para abordar el problema desde una lógica regional, limitándose a gestionar las consecuencias en lugar de atacar las causas.
En términos políticos, esta inacción tiene un efecto claro: la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio, y el modelo de ciudad se redefine sin un debate democrático profundo. Mientras se habla de dinamismo económico o de atractivo urbano, se ignora que una ciudad que expulsa a su población trabajadora compromete su cohesión social, su tejido productivo y su futuro a medio plazo.
En definitiva, lo que el actual gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón no está haciendo —y debería hacer— es asumir la vivienda como una prioridad política central, con intervención pública, planificación a largo plazo y una clara orientación social. La ausencia de estas políticas no es neutra: beneficia a quienes ya tienen acceso al mercado y perjudica a quienes sostienen la ciudad con su trabajo. En este contexto, la crítica no se dirige solo a lo que se hace mal, sino sobre todo a lo que deliberadamente se ha decidido no hacer, dejando a miles de gijoneses afrontar en solitario un problema que es, claramente, colectivo.
Mientras Gijón, Llanes y muchos otros municipios españoles sucumben ante la ineficacia de la gestión de la derecha extrema del PP con el problema de la vivienda, aparece el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentando en Barcelona el plan de vivienda del PP, que incluye 15 medidas y tiene como objetivo iniciar la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura para hacer frente al déficit habitacional en España.
El eje central del plan es vincular la financiación autonómica y la capacidad de gasto de los ayuntamientos a las políticas de vivienda: las comunidades y municipios que más impulsen la construcción y el acceso a la vivienda recibirían más recursos y margen de gasto… Es decir, barra libre para los “amigos” constructores ante la nula regulación que habra para que unos pocos se hagan más ricos.
Entre las principales propuestas de Feijóo destacan:
- Reducción de la burocracia, con licencias automáticas si no hay respuesta en 90 días (silencio administrativo positivo).
- Bajada de impuestos para jóvenes, reduciendo el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% en la compra de la primera vivienda.
- Movilización de suelo público para construir viviendas destinadas al alquiler hasta un 30% más barato que el precio de mercado.
- Impulso a la colaboración público-privada y a la construcción industrializada para acortar los plazos de obra.
- Uso de remanentes municipales para políticas de vivienda.
- Endurecimiento de las penas por ocupación ilegal de viviendas.
- Plan de formación y empleo para cubrir la falta de mano de obra en el sector.
- Nueva ley del suelo para agilizar el desarrollo urbanístico.
Feijóo ha defendido que la vivienda es un “asunto de Estado” (menos allí donde gobiernan como queda demostrado en municipios como Gijón o Llanes, ha criticado la gestión del Gobierno actual y ha subrayado que su objetivo es evitar que España tenga una “generación perdida” en el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes… Parece una broma de mal gusto para los ciudadanos todo este despropósito de propuesta populista mientras allí donde gobiernan se le ve el culo a la hora de gestionar.
Para terminar el post quiero manifestar que la vivienda no se encarece sola ni se vuelve inaccesible por generación espontánea. Detrás de cada barrio tensionado, de cada joven expulsado, de cada familia obligada a marcharse, hay decisiones políticas —o la ausencia deliberada de ellas—. En Gijón, en Llanes y en tantos otros municipios, la realidad se ha impuesto con una crudeza que ya no admite coartadas: cuando se gobierna mirando al mercado y dando la espalda a la gente, el mercado cobra y la gente paga.
Foro, el PP y sus satélites locales —incluidas esas plataformas de barniz vecinal que actúan como avanzadilla del reaccionarismo más rancio como VecinosxLlanes— han demostrado que su idea de ciudad no incluye a quienes la sostienen con su trabajo. Su modelo no planifica, no protege y no equilibra; espera. Espera que el capital haga lo que nunca ha hecho por sí solo: garantizar derechos. Y mientras espera, legitima la especulación, normaliza la expulsión silenciosa y convierte el derecho a la vivienda en una carrera de obstáculos que solo unos pocos pueden superar.
El contraste con los grandes discursos es obsceno. Se habla de millones de viviendas, de medidas estructurales, de “asuntos de Estado”, mientras en los municipios donde gobiernan se practica la política del abandono: ni parque público, ni alquiler asequible, ni movilización de vivienda vacía, ni regulación efectiva. Todo queda reducido a facilitar negocio, a allanar el camino a quienes ya tienen ventaja, a confundir gestión con dejar hacer. Eso no es neutralidad: es tomar partido.
Esta forma de gobernar no es ineficaz por error; lo es por convicción. Responde a una ideología que desprecia lo colectivo, que demoniza la intervención pública y que entiende la ciudad como un activo financiero antes que como un espacio de vida. Por eso, cuando los precios se disparan y la cohesión social se resquebraja, su respuesta es el silencio o la propaganda. Y por eso, cuando hablan de bienestar, suenan huecos.
La consecuencia es clara: ciudades cada vez menos habitables, territorios fragmentados y una desigualdad residencial que se extiende como una mancha de aceite. No es un problema técnico; es un problema político. Y también moral. Porque renunciar a garantizar vivienda digna es renunciar a la igualdad de oportunidades, a la justicia social y al futuro compartido.
Frente a esta deriva, no basta con denunciar lo que se hace mal. Hay que señalar, sin ambigüedades, lo que se ha decidido no hacer. Porque la inacción también gobierna. Y hoy, en demasiados ayuntamientos, se gobierna contra la gente.
Ya lo dijo Naomi Klein:
“La política no es neutral: o protege a la gente o protege al dinero.”
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