Hoy ser publica una entrevista en un diario regional con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en la cual no hay ninguna rendición de cuentas por los fracasos sonados que han cosechado él gobierno municipal de Foro y PP en el Ayuntamiento de Gijón, desde que Carmen Moriyón ha regresado a la primer línea política municipal.
El concejal de Urbanismo dibuja en la entrevista un balance marcadamente positivo de la acción del gobierno municipal en la recta final del mandato, reivindicando una gestión “ágil y transformadora” frente a lo que considera la parálisis de otras administraciones.
En el capítulo de éxitos, Martínez Salvador subraya la intensa actividad municipal en ámbitos de competencia directa del Ayuntamiento. Destaca la proyección de Gijón en Fitur, con una presencia reforzada no solo desde el turismo institucional sino también desde la vertiente gastronómica, aprovechando una plataforma inédita como el estand de la Asociación de Hostelería de España. A ello suma una batería de proyectos urbanos que, a su juicio, evidencian “la mayor transformación de la ciudad en décadas”: la apertura de Naval Azul al paseo ciudadano, la futura playa verde de El Rinconín, la inminente culminación de la ampliación del Parque Tecnológico y la adjudicación de las obras de Tabacalera por 21 millones de euros, la mayor inversión cultural de la historia local. Todo ello se presenta como prueba de una gestión eficaz, con hechos tangibles frente a discursos.
Foto: Carmen Moriyón, Ángela Pumariega (PP) y Jesús Martínez Salvador, los timadores de la estampita en el municipio de Gijón
Sin embargo, el propio concejal reconoce asignaturas pendientes, aunque matiza que muchas no dependen exclusivamente del Consistorio. Proyectos como el PERI de Cimavilla, el hotel de cinco estrellas o el desarrollo de la Ería del Piles avanzan con mayor lentitud de la deseada, en buena medida —según sostiene— por la necesidad de iniciativa privada o de colaboración interadministrativa.
Es precisamente en las relaciones con otras administraciones donde su discurso se vuelve más crítico. Martínez Salvador traza una línea nítida entre lo que el Ayuntamiento ha sido capaz de ejecutar y lo que sigue bloqueado por decisiones ajenas. Apunta directamente al Gobierno de España por la falta de avances en infraestructuras clave como el vial de Jove, la integración ferroviaria o los accesos a El Musel, lamentando incluso la ausencia de respuesta a las cartas remitidas por la alcaldesa. En este punto, el tono se endurece: Gijón, afirma, “ni siquiera existe” en la agenda estatal. Con el Principado de Asturias, la relación es exigente pero menos rupturista: reclama más ambición en política de vivienda y mayor aprovechamiento de los instrumentos ya disponibles.
La vivienda ocupa un lugar central en su intervención. Martínez Salvador defiende una estrategia municipal activa, frente a un modelo que, en su opinión, otros concejos limitan a la mera cesión de suelo. Reafirma la voluntad de ceder parcelas al Principado para vivienda pública en alquiler, pero advierte de que no es suficiente. Reclama que se desbloquee la construcción de hasta 2.000 viviendas protegidas en Ecojove previstas en el PGOU y critica que, hasta ahora, no se haya hecho nada al respecto. Al mismo tiempo, apuesta por un modelo mixto que combine alquiler asequible y vivienda en propiedad, insistiendo en que ambas opciones son necesarias para responder a la demanda real.
En este contexto, anuncia la reactivación del Plan Llave, adaptándolo a las nuevas posibilidades que ofrece el uso del remanente municipal para compensar el encarecimiento de los costes de construcción. El objetivo es hacer viables promociones que, de otro modo, no resultarían atractivas para el sector. Asimismo, abre la puerta a fórmulas como el derecho de superficie para mpulsar vivienda en alquiler a precios moderados. En cuanto a la conversión de locales comerciales en viviendas, niega un endurecimiento de los requisitos y plantea una regulación más fina: proteger los ejes comerciales, pero permitir viviendas dignas en barrios con locales vacíos desde hace décadas.
En el plano político, Martínez Salvador transmite estabilidad en el pacto con el PP, al que considera funcional pese a las diferencias, y reafirma la identidad propia de Foro Asturias, descartando cualquier dilución o confluencia electoral. Su discurso, en conjunto, combina autocomplacencia por lo logrado, autodefensa ante la oposición y una clara estrategia de confrontación institucional para explicar los retrasos que siguen lastrando algunos de los grandes proyectos de ciudad.
La entrevista de Jesús Martínez Salvador adopta un tono claramente triunfalista tras dos años y medio de legislatura, pero ese optimismo resulta, como mínimo, discutible si se confronta con una serie de hechos políticos y administrativos que han marcado el mandato y que pesan con fuerza en la percepción pública.
El primer elemento que cuestiona ese triunfalismo es el pacto postelectoral con la ultraderecha, alcanzado tras las elecciones municipales pese a que durante la campaña se trasladó a la ciudadanía un mensaje distinto. Para muchos gijoneses, ese acuerdo supuso una ruptura de la confianza electoral, al alterar de forma sustancial el marco político que se había presentado en las urnas. No se trata solo de una cuestión ideológica, sino de coherencia democrática: gobernar con apoyos que se negaron explícitamente en campaña debilita la legitimidad del relato de estabilidad y “buen gobierno” que ahora se intenta proyectar.
A ello se suma la condena del Tribunal de Cuentas a la alcaldesa, Carmen Moriyón, por el cobro indebido de retribuciones del Ayuntamiento de Gijón. Aunque desde el gobierno local se ha tratado de minimizar el impacto político del fallo, lo cierto es que se trata de un hecho grave desde el punto de vista institucional. Difícilmente puede hablarse de gestión ejemplar cuando la máxima responsable municipal ha sido sancionada por un uso irregular de fondos públicos. Este episodio erosiona cualquier discurso de superioridad moral o de buena administración como el que hoy hace gala su mamporrero, Martínez Salvador.
Otro punto especialmente sensible es la permuta de parcelas con la clínica Quirón, una operación urbanística que ha sido muy cuestionada por el perjuicio económico causado a la ciudad. Diversos análisis han señalado un daño patrimonial claro para los gijoneses, al intercambiar suelo municipal en condiciones desfavorables para el interés público. En este caso, el triunfalismo choca frontalmente con una realidad en la que el Ayuntamiento aparece como el actor perdedor frente a una entidad privada pudiendo haber expropiado el suelo por el que ha pagado lo que no vale con dicha permuta, sin que se hayan asumido responsabilidades políticas claras.
Pero si hay un ámbito donde el contraste entre el discurso y los hechos resulta más evidente, es el de la vivienda pública. Pese a que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales que tiene hoy Gijón, la realidad es que no se ha construido vivienda pública municipal en todo el periodo de mandato consumido por el actual gobierno de derechas. Anuncios, planes y promesas han abundado; resultados, no. La insistencia de Martínez Salvador en culpar a otras administraciones —como el Principado de Asturias— puede explicar parte de la parálisis, pero no oculta la ausencia de una política municipal eficaz y tangible en este ámbito.
En conjunto, el triunfalismo del concejal parece apoyarse más en relatos y comparaciones políticas que en un balance integral del mandato. Es cierto que se han impulsado proyectos urbanos visibles y que el gobierno local ha mostrado iniciativa en determinadas áreas, pero ese balance queda seriamente empañado por decisiones controvertidas, condenas institucionales, operaciones urbanísticas lesivas y una falta total de avances en vivienda pública. Más que motivos para celebrar, lo que emerge es un escenario de luces y sombras profundas, donde el optimismo oficial contrasta con una realidad que muchos gijoneses perciben como decepcionante y, en algunos aspectos, reprobable.
Por otro lado, hay varios factores adicionales que pueden incorporarse al “debe” del gobierno municipal de Moriyón para confrontar ese relato triunfalista de su mamporrero Martínez Salvador, y que además conectan con preocupaciones reales y persistentes de la ciudad. Añadirlos refuerza todavía más si cabe la crítica a dicho gobierno.
En primer lugar, destaca la ausencia de un modelo claro de ciudad a medio y largo plazo. Más allá de actuaciones urbanísticas puntuales —algunas heredadas o largamente anunciadas—, el gobierno municipal de Foro y PP no ha logrado articular un proyecto coherente que defina qué Gijón se quiere construir en términos de movilidad, sostenibilidad, cohesión social o diversificación económica. El énfasis constante en “obras visibles” no sustituye a una planificación estratégica integral, y eso se traduce en una gestión fragmentada, basada más en hitos aislados que en una visión compartida de futuro.
Otro elemento relevante es la gestión del espacio público y la movilidad, donde persisten problemas estructurales sin resolver. Gijón continúa con un modelo muy dependiente del vehículo privado, sin avances significativos en una red eficaz de transporte público urbano, ni en una apuesta decidida por la movilidad sostenible que vaya más allá de actuaciones cosméticas. Esto resulta especialmente llamativo en un contexto europeo donde muchas ciudades comparables han avanzado con mayor ambición, mientras Gijón permanece en una posición conservadora y poco innovadora.
También puede señalarse la debilidad en políticas sociales municipales, especialmente en un contexto de inflación, precariedad laboral y envejecimiento de la población. El discurso del gobierno local ha priorizado la inversión “transformadora”, pero ha dejado en segundo plano el refuerzo de servicios sociales, la lucha contra la desigualdad entre barrios o el apoyo decidido a colectivos vulnerables. El triunfalismo institucional contrasta con una realidad en la que muchas familias siguen encontrando serias dificultades para acceder a vivienda, energía o cuidados.
Un factor adicional es la relación con el tejido vecinal y social, marcada por una creciente percepción de distancia y falta de escucha. Las protestas por infraestructuras, vivienda o planificación urbana han sido respondidas más desde la confrontación política que desde el diálogo estructurado. El riesgo aquí no es solo el conflicto puntual, sino el deterioro de la confianza entre ciudadanía y administración, algo que ningún balance triunfalista puede compensar.
Por último, cabe añadir la tendencia a externalizar responsabilidades. Buena parte del relato del gobierno municipal se apoya en culpar a otras administraciones —el Gobierno de España o el Principado de Asturias— de los grandes fracasos estratégicos. Aunque algunas críticas puedan estar justificadas, el uso sistemático de ese argumento acaba proyectando una imagen de victimismo institucional incompatible con la autoproclamada eficacia y liderazgo que se reivindica.
En conjunto, estos elementos —falta de proyecto global, carencias en movilidad y políticas sociales, distanciamiento ciudadano y una cultura política basada en eludir responsabilidades— amplían y profundizan el “debe” del gobierno municipal de Foro y PP. Frente a ellos, el triunfalismo de declaraciones como las de Martínez Salvador aparece menos como el reflejo de una gestión sobresaliente y más como una estrategia discursiva destinada a tapar grietas cada vez más visibles en el balance real del mandato.
Por último quiero manifestar que la hemeroteca es implacable, y el texto publicado en 2021 en el diario Cope Ribadesella del oriente de Asturias funciona hoy como un espejo incómodo para quien entonces lo protagonizaba. En aquellas declaraciones, Carmen Moriyón, presidenta de Foro Asturias, se erigía en adalid de la ética política con un discurso duro, sin matices y profundamente moralizante contra el transfuguismo. No hablaba solo de una discrepancia orgánica, sino de corrupción, ampliando deliberadamente el concepto más allá del dinero para incluir a quienes —en sus propias palabras— se aferraban al cargo por el “momio”, por el sueldo, por seguir viviendo de la política sin otro horizonte que la supervivencia personal bit.ly/3Z2puAO
Moriyón no dejaba espacio a la ambigüedad: quien no se sintiera identificado con el proyecto debía marcharse, devolver el acta y “dedicarse a otra cosa”. Apelaba a la decencia, al respeto a los votantes y a la honestidad mínima exigible a quien entra en política bajo unas siglas concretas. El mensaje era claro, rotundo y, en aquel momento, coherente con una determinada idea de dignidad institucional.
Cuatro años después, ese discurso se ha revelado como papel mojado. El gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón se sostiene, sin rubor alguno, sobre el apoyo de un tránsfuga procedente de la ultraderecha, alguien que encaja milimétricamente en la definición que la propia Moriyón despreciaba en el año 2021: un político sin proyecto, sin respaldo electoral propio, convertido en pieza clave del poder municipal únicamente por su utilidad aritmética. El “momio” que entonces se denunciaba como corrupción moral hoy se acepta, se normaliza y se blanquea cuando garantiza estabilidad en el sillón entre ellos el de su mamporrero, Martínez Salvador.
La contradicción no es menor ni anecdótica. No se trata de pragmatismo político ni de adaptación a circunstancias sobrevenidas; se trata de una renuncia explícita a los principios proclamados cuando se estaba en la oposición o cuando resultaba rentable exhibir superioridad ética. Gobernar gracias a un tránsfuga de la ultraderecha no es un accidente: es una elección consciente que invalida cualquier lección moral impartida en el pasado sobre decencia, coherencia o respeto a los votantes.
Más grave aún es que este giro se produzca sin una sola explicación pública convincente, sin autocrítica y sin asumir el coste político de la incoherencia. Donde antes había condena moral, ahora hay silencio; donde antes se exigía devolver el acta, ahora se acepta el acta ajena como salvavidas del gobierno. El listón ético no se ha rebajado: se ha tirado directamente al suelo.
Por eso, el triunfalismo con el que hoy se pretende vender la gestión municipal su mamporrero, Martínez Salvador, no solo resulta discutible por sus resultados materiales, sino profundamente cuestionable desde el punto de vista democrático. No se puede gobernar con quienes encarnan exactamente aquello que se llamó corrupción política y, al mismo tiempo, reclamar credibilidad, ejemplaridad y liderazgo moral. La hemeroteca no olvida, y en este caso deja al descubierto una realidad incómoda: no fue el “momio” lo que molestaba, sino no poder disfrutarlo.
Para terminar el post quiero manifestar que el balance real del regreso de Carmen Moriyón y su partido Foro Asturias a la primera línea política municipal dista mucho del relato autocomplaciente que hoy intenta imponer su gobierno. Bajo una pátina de inauguraciones, titulares optimistas y proyectos envueltos en marketing institucional, lo que emerge es un mandato sostenido más en éxitos de pacotilla que en transformaciones profundas y socialmente útiles para Gijón. La propaganda ha sustituido a la rendición de cuentas y el relato ha pasado a ocupar el lugar que deberían tener los resultados.
El gobierno de, Foro Asturias, PP y tránsfuga, ha convertido la gestión municipal en una sucesión de operaciones cosméticas, muchas de ellas heredadas, sobredimensionadas o todavía inconclusas, mientras los grandes problemas estructurales de la ciudad —vivienda, movilidad, desigualdad social, modelo económico— permanecen intactos. Se gobierna a golpe de foto, no de proyecto. Se inaugura antes de planificar y se celebra antes de evaluar. Ese es el verdadero sello de este mandato.
Pero este deterioro no sería posible sin la complicidad necesaria del PP, socio de gobierno y corresponsable directo del rumbo tomado por el Ayuntamiento de Gijón. El PP ha renunciado a cualquier papel moderador o corrector y ha optado por ser copartícipe silencioso de decisiones que han supuesto un claro perjuicio para el interés público, desde operaciones urbanísticas discutibles hasta un modelo de ciudad cada vez más alejado de la mayoría social. Su papel no ha sido el de freno, sino el de avalista. No el de garante, sino el de acompañante necesario en un proceso de vaciamiento político e institucional que muchos gijoneses —y también vecinos de concejos cercanos como Llanes— perciben ya como un atropello continuado a los intereses colectivos.
Foto: el vividor socialista "Monchu", que tiene sumido al socialismo gijonés en un lodazal
Aún más preocupante es el panorama que ofrece la oposición. El PSOE, lejos de ejercer un control firme, riguroso y creíble sobre el gobierno municipal, parece instalado en una oposición folclórica, más pendiente del gesto y la ocurrencia que de la construcción de una alternativa sólida. Tras el rotundo fracaso electoral de José Ramón García —“Monchu”—, el socialismo gijonés no ha hecho el necesario ejercicio de autocrítica ni ha iniciado una regeneración real. El resultado es una oposición desdibujada, reactiva y previsible, incapaz de capitalizar el desgaste evidente del gobierno ni de canalizar el descontento ciudadano hacia una propuesta creíble de futuro.
Así, Gijón se encuentra atrapada en una paradoja inquietante: un gobierno que se celebra a sí mismo mientras acumula contradicciones, incoherencias y fracasos de fondo; un socio conservador que mira hacia otro lado mientras participa del deterioro institucional; y una oposición socialista que confunde la fiscalización con el ruido y la política con la performance. En ese escenario, el triunfalismo no solo resulta ofensivo, sino peligroso, porque anestesia el debate público y normaliza una mediocridad que se presenta como éxito.
La hemeroteca, la realidad cotidiana y los datos acabarán imponiéndose al relato. Porque por mucho que se repita el discurso de la “transformación histórica”, la ciudad no vive de eslóganes ni de fotos inaugurales. Vive —o sobrevive— de políticas públicas eficaces, de coherencia democrática y de respeto a la inteligencia de sus ciudadanos. Y en esos tres ámbitos, el gobierno de Moriyón, con la ayuda del PP y un tránsfuga, y la pasividad de una oposición socialista sin pulso, suspende con estrépito.
Ya lo dijo Platón: “El
castigo del corrupto no es solo ser odiado por los demás, sino verse obligado a
odiarse a sí mismo”.
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