Hoy el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, aparece en un medio regional para anunciar que presentó en la Junta General una proposición de ley de Vivienda con la que el PP pretende afrontar lo que define como una de las urgencias sociales más graves del Principado. La iniciativa, según defiende, se apoya en una reducción de la intervención pública directa y en el impulso del mercado mediante seguridad jurídica, simplificación administrativa y colaboración con ayuntamientos y sector privado, rechazando expresamente la creación de nuevos organismos públicos.
La propuesta se articula en dos grandes líneas. Por un lado, aumentar la oferta de vivienda —especialmente protegida— a través de medidas como la creación de una bolsa pública digital de suelo, la reconversión de edificios públicos vacíos en viviendas, la habilitación de vivienda protegida en suelos o edificios no residenciales infrautilizados y la compatibilización de usos residenciales en equipamientos públicos sin alterar su función principal. A ello se suman incentivos urbanísticos como incrementos limitados de edificabilidad y densidad para hacer rentable la promoción de vivienda protegida, así como la actualización anual del precio de referencia de este tipo de vivienda (estas propuestas benefician a los de siempre que tanto defiende la derecha extrema, a los promotores de ASPROCON)
Por otro lado, el PP plantea facilitar el acceso a la vivienda apostando por el alquiler con opción a compra en vivienda protegida y por una fuerte rebaja fiscal. Entre las medidas destacan la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados, así como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos. Además, la propuesta incluye avales públicos para que las hipotecas puedan cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda, especialmente orientadas a jóvenes y familias con capacidad de pago pero sin ahorro previo suficiente.
El planteamiento del PP se acompaña de una crítica frontal a las políticas de vivienda del Gobierno del Principado y, en particular, a las impulsadas por Izquierda Unida, a las que Queipo acusa de priorizar el control, la regulación y la creación de estructuras administrativas frente a la construcción efectiva de vivienda. Según el dirigente popular, este modelo intervencionista estaría reduciendo la oferta disponible y empujando los precios al alza, al generar inseguridad y desincentivar la salida de viviendas al mercado bit.ly/3LMpXnK
Un análisis detenido y estudiando dicha propuesta de la derecha extrema que hoy representa el PP y su coaligado en Asturias, Foro, de la proposición de ley de Vivienda presentada por el PP asturiano, muestra que, pese a su envoltorio de “urgencia social” y “realismo”, responde a un enfoque claramente ideológico que ya ha demostrado su ineficacia en otros territorios y contextos. Lejos de atacar las causas estructurales del problema de la vivienda —la especulación, la financiarización del suelo y la desigualdad de renta—, las medidas planteadas refuerzan el papel del mercado y trasladan recursos públicos hacia actores privados que históricamente han contribuido a encarecer el acceso a la vivienda.
Foto: el sicario del PP, Álvaro Queipo y sus pócimas para resolver el problema de la vivienda
El primer eje de la propuesta, centrado en aumentar la oferta mediante la activación de suelo, la reconversión de edificios y los incentivos urbanísticos, parte de una premisa discutible: que el problema de la vivienda es esencialmente un problema de escasez física. Sin embargo, en Asturias —como en gran parte del Estado— existe un volumen significativo de vivienda vacía y suelo urbanizable no desarrollado, la mejor muestra la tenemos en el municipio de Llanes donde gobierna el PP en la consejalía de Urbanismo con el vago indolente, Juan Carlos Armas. El verdadero cuello de botella no es la falta de suelo, sino su control por parte de propietarios y promotores que retienen activos esperando mayores rentabilidades. En este contexto, crear bolsas de suelo o flexibilizar usos no garantiza que se construya vivienda asequible, sino que se amplían las oportunidades de negocio para promotores privados, especialmente los vinculados a patronales como ASPROCON, sin mecanismos efectivos de control de precios ni de destino social a largo plazo.
Los incentivos urbanísticos, como el aumento de edificabilidad y densidad a cambio de vivienda protegida, reproducen un modelo ampliamente cuestionado: se socializan las ventajas urbanísticas mientras se privatizan los beneficios. La experiencia demuestra que este tipo de “vivienda protegida” acaba siendo temporal, limitada en número y, a menudo, desclasificada tras unos años, integrándose en el mercado libre. La actualización del precio de la vivienda protegida, presentada como una medida de “transparencia”, en realidad normaliza su encarecimiento progresivo y la aleja de los salarios reales de jóvenes y clases trabajadoras.
El segundo bloque de medidas, centrado en rebajas fiscales y avales públicos, resulta aún más problemático desde una perspectiva social. La reducción de impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados beneficia principalmente a quienes ya tienen capacidad económica para comprar vivienda, mientras que deja fuera a los sectores con rentas bajas o precarias. La supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos refuerza, además, la desigualdad patrimonial intergeneracional, favoreciendo a quienes heredan frente a quienes no tienen acceso a patrimonio familiar.
Especialmente significativa es la propuesta de avales públicos para hipotecas al 100%. Lejos de ser una solución neutral, esta medida traslada el riesgo del sistema financiero al conjunto de la ciudadanía y contribuye a inflar los precios, al permitir que los compradores asuman mayores niveles de endeudamiento. En lugar de abaratar la vivienda, se incentiva una nueva escalada de precios que beneficia a bancos y promotores, mientras se precariza aún más la situación de los compradores, atrapados en hipotecas de largo recorrido.
Finalmente, la crítica del PP a las políticas de regulación y control del Gobierno del Principado y de Izquierda Unida omite un elemento clave: sin intervención pública en precios, sin un parque de vivienda pública robusto y sin límites claros a la especulación, el mercado tiende a excluir a quienes no pueden competir en términos de rentabilidad. Presentar la regulación como un obstáculo ideológico es una simplificación interesada que ignora que la vivienda no es un bien cualquiera, sino un derecho básico.
En conjunto, las propuestas del PP no solo resultan insuficientes para resolver el problema de la vivienda, sino que reproducen el mismo modelo que lo ha agravado: más mercado, menos control y más recursos públicos al servicio de intereses privados. Bajo el discurso de la “libertad” y la “agilidad”, la iniciativa termina beneficiando a promotores inmobiliarios, entidades financieras y propietarios de suelo, mientras deja intactas —cuando no profundiza— las dificultades de acceso a la vivienda para la mayoría social.
Foto: Carmen Moriyón, Ángela Purmariega (PP) y Jesús Martínez Salvador, los tres mercenarios que llevan con su politica de vivienda al precipicio a los gijoneses
Una noticia publicada ayer en la prensa regional introduce datos empíricos que chocan de forma directa con el diagnóstico y las soluciones defendidas hoy por el sicario, Álvaro Queipo. Frente al discurso del PP, que atribuye la crisis de la vivienda a un exceso de regulación y a la supuesta inseguridad jurídica generada por las políticas públicas, el informe presentado por la Unión de Inmobiliarias de Asturias revela una realidad mucho más ligada a dinámicas de mercado, escasez inducida de oferta y presión de la demanda, especialmente externa.
Según explicó su presidenta, Katia Domingo, los precios de la vivienda en Asturias y, en particular en Gijón donde gobierna Foro, PP y un tránsfuga, continúan una senda claramente ascendente. En el año 2025, el precio medio de venta alcanzó los 195.267 euros, un 10% más que el año anterior, en un contexto marcado por una oferta cada vez más reducida y una demanda elevada. Este dato contradice frontalmente la idea, reiterada por Queipo, de que basta con “liberar suelo”, flexibilizar normas urbanísticas o reducir impuestos para que los precios se moderen. El mercado inmobiliario gijonés muestra justo lo contrario: con menos viviendas disponibles, los precios suben con rapidez, incluso sin que existan nuevas regulaciones especialmente restrictivas.
El informe también evidencia un proceso de expulsión residencial que el discurso del PP ignora. Familias gijonesas ya no pueden comprar vivienda en barrios como Viesques, La Arena, El Bibio o el Centro, donde los precios por metro cuadrado se disparan debido a la fuerte demanda, en buena parte procedente de compradores de fuera de Asturias. Esta dinámica cuestiona la narrativa de Queipo de que el problema es meramente burocrático: la realidad es que el mercado, dejado a su lógica, prioriza al comprador con mayor capacidad adquisitiva, no a quien necesita vivienda para vivir.
La situación del alquiler refuerza aún más estas contradicciones. La propia Unión de Inmobiliarias califica el mercado del alquiler como una “emergencia social”, con una caída del 20% en la oferta y un aumento del 30% en la demanda en solo un año. Paradójicamente, el sector inmobiliario insiste en la falta de “seguridad jurídica” para los propietarios, una tesis muy cercana a la del PP, pero los datos muestran que la retirada de viviendas del alquiler no ha servido para estabilizar precios ni para mejorar el acceso, sino todo lo contrario: ha agravado la escasez y tensado aún más el mercado. Es decir, el problema no se resuelve reduciendo controles o concediendo ventajas fiscales, sino enfrentando la lógica especulativa que convierte la vivienda en un activo financiero.
Además, la solución que se plantea desde el ámbito municipal —el programa público ‘Gijón, confía alquilando’, respaldado por el concejal del PP Guzmán Pendás y el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda, Ángel Benavente— apunta en una dirección opuesta a la defendida por Queipo. No se basa en desregular ni en primar al promotor privado, sino en la intervención pública para movilizar vivienda vacía, ofrecer garantías a los propietarios y aumentar la oferta de alquiler asequible. Justo el tipo de políticas que el PP tacha de “ideológicas” y “obstaculizadoras”.
En conjunto, esta noticia desmiente de cabo a rabo el relato del PP: los precios suben no por exceso de regulación, sino por falta de vivienda accesible; las familias locales son expulsadas por la presión del mercado; y el alquiler entra en colapso cuando se deja en manos exclusivas de la rentabilidad privada. Lejos de avalar las propuestas de Queipo, el propio sector inmobiliario confirma que el problema de la vivienda en Asturias no se resuelve con menos Estado y más mercado, sino con políticas públicas activas que limiten la especulación y garanticen el derecho a la vivienda bit.ly/3Zv7oHL
Otro municipio donde sufren el urbanismo salvaje que abandera el PP y la extrema derecha de, VecinosxLlanes, es en Llanes. Las situación de la vivienda se ha convertido en uno de los problemas sociales más graves del concejo y es el resultado directo de un modelo urbanístico desarrollado durante años bajo gobiernos municipales del PP. No se trata de una cuestión coyuntural ni de percepciones, sino de un escenario constatable: escasez extrema de vivienda habitual, precios disparados y una población local cada vez con más dificultades para residir en su propio municipio.
Foto: Juan Carlos Armas (PP) "la mentira andante" y el ultraderechista, Enrique Riestra, dos parados sin mayor ocupacion que castigar la cartera de los llaniscos con su mierda política.
Llanes presenta hoy un mercado residencial profundamente desequilibrado. La mayor parte del parque inmobiliario está orientado al uso turístico o como segunda residencia, lo que reduce de forma drástica la oferta disponible para alquiler o compra como vivienda habitual. Esta realidad no es nueva, sino consecuencia de un urbanismo permisivo, poco planificado y orientado a la rentabilidad a corto plazo, que ha priorizado durante años la construcción vinculada al turismo y a la especulación inmobiliaria frente a las necesidades residenciales de la población local.
El resultado es una presión constante sobre los precios. Comprar vivienda en Llanes se ha vuelto inasumible para buena parte de las familias del concejo, especialmente jóvenes y trabajadores del sector servicios, cuyos salarios no guardan ninguna relación con el valor del suelo y de la vivienda. El alquiler, por su parte, es prácticamente inexistente para residencia permanente: la mayoría de las viviendas disponibles se destinan al alquiler vacacional o se mantienen vacías fuera de temporada, lo que expulsa a vecinos a otros municipios del oriente asturiano o directamente fuera de la comarca.
A esta situación se suma la ausencia de un parque público de vivienda suficiente y la falta de políticas municipales eficaces para movilizar vivienda vacía o limitar el uso turístico en zonas residenciales. Bajo los gobiernos del PP, no se han desarrollado instrumentos sólidos de planificación que garanticen vivienda asequible ni se han impulsado promociones públicas de vivienda protegida en proporción a la demanda real. El planeamiento urbanístico ha sido incapaz de corregir los desequilibrios generados por el propio modelo que promovió.
La consecuencia directa de todo este desatino de gobierno municipal del PP y VecinosxLlanes, es un proceso de despoblación silenciosa y de pérdida de tejido social: jóvenes que no pueden emanciparse en su municipio, trabajadores esenciales que no encuentran dónde vivir y un casco urbano cada vez más tensionado por la estacionalidad. Llanes funciona, en la práctica, como un espacio residencial pensado para visitantes y rentas altas, mientras la población local queda relegada a un segundo plano.
En síntesis, la situación de la vivienda en Llanes no es fruto del azar ni de factores externos inevitables, sino de un modelo urbanístico sostenido en el tiempo por gobiernos municipales del PP que han permitido un crecimiento desordenado, orientado al beneficio inmobiliario y turístico, sin dotarse de herramientas para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho básico. El problema es hoy estructural y sus efectos sociales son ya plenamente visibles… Pero esto al sicario Queipo y sus mulilleros fascistas de VecinosxLlanes se la trae al pairo.
A todo lo anterior se suma una contradicción fundamental que la proposición de ley del PP no resuelve y ni siquiera aborda: la ausencia total de un compromiso real con la creación y consolidación de un parque público de vivienda en alquiler. Mientras comunidades y municipios que han logrado contener parcialmente la escalada de precios lo han hecho ampliando vivienda pública permanente y regulando su uso, la propuesta del PP evita deliberadamente este camino y lo sustituye por incentivos al sector privado, cuya lógica es incompatible con el derecho a la vivienda. Sin vivienda pública suficiente, cualquier política queda subordinada al mercado y, por tanto, condenada al fracaso social.
Resulta igualmente revelador que el PP sitúe como eje central la “seguridad jurídica del propietario” pero no mencione en ningún momento la seguridad residencial de inquilinos y compradores. La proposición no contempla mecanismos eficaces contra la retención especulativa de vivienda, ni límites a la conversión masiva de vivienda residencial en alojamiento turístico, ni medidas para frenar la compra de vivienda como activo financiero. Esta omisión no es casual: define con claridad a quién se protege y a quién se deja fuera. En concejos como Llanes, donde el propio PP gobierna el urbanismo durante años, esta falta de regulación ha desembocado en un mercado expulsivo que hoy sirve como ejemplo de lo que ocurre cuando se prioriza la rentabilidad frente a la función social de la vivienda.
Por último, el discurso del PP incurre en una incoherencia política difícil de ocultar: mientras critica la intervención pública cuando gobierna en la oposición autonómica, en los municipios donde ostenta responsabilidades de gobierno no ha demostrado que su modelo funcione. Ni en Llanes ni en otros concejos con fuerte presión turística se han generado soluciones estructurales al problema de la vivienda bajo gobiernos del PP. Al contrario, los desequilibrios se han agravado, la vivienda habitual ha retrocedido y la población local ha sido desplazada. Pretender ahora presentar ese mismo modelo como solución regional no es una propuesta nueva, sino la extensión de un fracaso ya visible que nos remite el fascismo que hoy representa el PP en Asturias.
En definitiva, las medidas defendidas por el sicario, Álvaro Queipo, no solo ignoran la evidencia empírica disponible en Asturias, sino que reproducen exactamente las dinámicas que han llevado a la situación actual: liberalización del suelo, incentivos al promotor privado, ausencia de control sobre el uso residencial y abandono de la vivienda pública como pilar del sistema. El resultado no es una política de vivienda, sino una política inmobiliaria al servicio de intereses privados, incompatible con la garantía efectiva del derecho a la vivienda.
La opción política que hoy encarna el sicario, Álvaro Queipo, junto a sus coaligados de Foro Asturias y VecinosxLlanes, no representa una alternativa para resolver la crisis de la vivienda en Asturias, sino la prolongación de un modelo que ha demostrado, en la práctica, su capacidad para agravarla. Allí donde esta basura política ha gobernado o condicionado el gobierno —en Gijón y en Llanes— el resultado no ha sido más vivienda accesible, sino más presión especulativa, más expulsión residencial y una fractura social cada vez más profunda.
Su discurso, envuelto en apelaciones a la “libertad”, la “seguridad jurídica” y la “agilidad administrativa”, oculta una realidad tozuda: la renuncia deliberada a entender la vivienda como un derecho y no como un mero activo económico. Las políticas que defienden priorizan de forma sistemática los intereses de promotores, propietarios y operadores financieros, mientras relegan a un segundo plano a quienes necesitan una vivienda para vivir y no para invertir. El balance es visible en los barrios donde los precios se han vuelto inasumibles, en los jóvenes obligados a marcharse y en los trabajadores esenciales que ya no pueden residir cerca de su empleo.
En Gijón, el encarecimiento sostenido de la vivienda y la contracción del alquiler han convivido con gobiernos municipales donde PP y Foro han tenido responsabilidades directas, sin que se haya articulado una respuesta estructural capaz de frenar estas dinámicas. En Llanes, la apuesta prolongada por un urbanismo orientado al turismo y a la segunda residencia ha vaciado de contenido la vivienda habitual y ha convertido al municipio en un espacio cada vez más ajeno a su propia población. En ambos casos, la ausencia de un parque público de vivienda sólido y la falta de límites claros a la especulación han sido decisiones políticas, no inevitabilidades.
El problema, por tanto, no es la falta de diagnósticos —los datos son conocidos—, sino la persistencia en un modelo que se niega a corregirse. Pretender ahora presentar como solución autonómica aquello que ha fracasado a escala local revela una profunda desconexión con la realidad social asturiana. La crisis de la vivienda no se resolverá con más mercado y menos control, ni con rebajas fiscales que benefician a quienes ya tienen, sino con políticas públicas firmes, sostenidas y orientadas al interés general.
Mientras esa comprensión no exista, la propuesta que defiende el él fascista, Álvaro Queipo, y sus aliados allí donde gobierna, seguirá siendo lo que hoy ya es para muchos vecinos de Gijón y Llanes: la confirmación de que, bajo su proyecto político, la vivienda deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un privilegio al alcance de unos pocos.
Ya lo dijo Amartya Sen: “La vivienda no es un lujo; es el suelo mínimo de la dignidad.”
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